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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01663-01

Fecha
24 de julio de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01663-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 26 de mayo de 2023, que dictó el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante el que declaró improcedente el amparo y, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, de conformidad con la parte considerativa que antecede. Segundo. Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01663-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

24 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01663 01
Demandante: Rosa Angélica Quintero Jaimes
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Temas: Vulneración de los derechos a la igualdad, al debido proceso, y al acceso a
cargos públicos. Convocatoria 27 de 2018. Actos de exclusión del concurso
por no allegar declaración juramentada de ausencia de inhabilidades o
incompatibilidades, en formato PDF.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que interpone la parte demandante contra la sentencia
del 26 de mayo de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Primera,
declaró improcedente el amparo deprecado.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

La señora Rosa Angélica Quintero Jaimes promueve acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, para que se
protejan sus derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a cargos públicos.

1.2. Pretensiones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 01663 01
Demandante: Rosa Angélica Quintero Jaimes

La accionante formula las siguientes súplicas:

1. TUTELEN mis derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a
cargos públicos.

2. Que como consecuencia de ello DEJEN SIN EFECTO parcialmente las resoluciones
CJR23-0061 (08 DE FEBRERO DE 2023) Y CJR23-0110 (21 DE MARZO DE 2023)
proferidas por la doctora CLAUDIA M. GRANADOS R., directora de la Unidad de
Carrera Judicial en punto de haberme excluido del Concurso de Méritos convocado
mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 DE 16 DE AGOSTO DE 2018 y, en su lugar,
dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de su decisión profiera
una nueva decisión admitiéndome en el concurso para que pueda continuar con
todo el proceso de selección.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la accionante señala los siguientes:

i) El 31 de agosto de 2018, realizó el proceso de inscripción dentro del proceso de
selección de funcionarios de la Rama Judicial convocado mediante Acuerdo PCSJA18-
11077, para el cargo de juez penal municipal.

ii) Una vez presentada la primera prueba para la que se requería un puntaje mínimo
de 800 y publicados los resultados en el anexo a la Resolución CJR18-0559 del 28 de
diciembre de 2018, obtuvo una calificación total de 800.65.

iii) Luego, por diversas razones jurídicas, administrativas y constitucionales, se anuló
la prueba de conocimientos y aptitudes; en consecuencia, se llevó a cabo nuevamente
el 24 de julio de 2022, en la cual logró una puntuación de 874.63, la mayor en el
departamento de Santander y ocupó el puesto 22 a nivel nacional.

iv) Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura dictó la Resolución CJR23-
0061 del 8 de febrero de 2023 por medio de la cual se decide acerca de la admisión
de aspirantes al concurso de méritos destinado a la conformación del Registro
Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
inadmitiéndola por la causal 3.5., esto es, por no adjuntar en PDF al momento de la
inscripción en 2018, declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades para ejercer como juez.

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Demandante: Rosa Angélica Quintero Jaimes

v) El 17 de febrero de 2023, a través de correo electrónico, allegó memorial en el que
solicitó la verificación de los requisitos, es decir, la documentación que subió a la
plataforma Kactus, interpuso recurso de reposición y pidió la revocatoria directa del
aludido acto.

vi) Tanto en la Corte Constitucional como en el Consejo de Estado existen
precedentes en los que se han estudiado casos análogos, donde fueron inadmitidas
personas ante la ausencia de la declaración de inhabilidades e incompatibilidades y
las altas cortes zanjaron el tema en el sentido de considerar que una mera formalidad
no puede prevalecer sobre los aspectos sustanciales del procedimiento administrativo
de escogencia de futuros empleados del Estado.

vii) Acorde con la propia reglamentación del Consejo Superior de la Judicatura y la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia, analizadas sistemáticamente, desde el punto
de vista material, cumplió con la exigencia de no estar inhabilitada o bajo una
incompatibilidad para ejercer el cargo de juez penal municipal.

viii) Sin embargo, la entidad demandada profirió la Resolución CJR23-0110 del 21 de
marzo de 2023, persistiendo en la inadmisión. Además, le remitió los oficios
complementarios CJO23-1366 del 16 de marzo de 2023 y CJO23-1429 del 17 de marzo
de 2023, suscritos por la directora de la Unidad de Carrera Judicial, en los que de
manera genérica y sin dar respuesta a sus argumentos, simplemente manifiesta que,
una vez verificado el sistema, no aparece el PDF y, por ende, no accedió a su petición
de revocación de la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023.

ix) En ese sentido, no se resolvieron de fondo los más de seis argumentos esgrimidos,
sino que fueron evadidos, en el Oficio CJO23-1429 del 17 de marzo de 2023 tan solo
se indicó que la entidad tiene la facultad para reglamentar el concurso, por ello,
mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, se establecieron los
parámetros que debían cumplirse en la inscripción al concurso, entre los que se halla
«no estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad, lo cual deberá
acreditarse con una declaración juramentada suscrita por el aspirante, escaneada y

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Demandante: Rosa Angélica Quintero Jaimes

cargada en formato PDF»; en consecuencia mantuvo la decisión de exclusión.

1.4. Fundamentos jurídicos

La accionante alega la violación de sus derechos a la igualdad, al debido proceso y al
acceso a cargos públicos, por los siguientes motivos:

i) Aunque en la base de datos del Consejo Superior de la Judicatura no aparezca la
declaración en el formato PDF,«el que sí allegó», de allí no se sigue que estuviera
incursa en causal de inhabilidad o incompatibilidad, máxime cuando por otros medios
se puede llegar a la conclusión de que cumple tal requisito y, adicionalmente, era una
mera ritualidad subsanable inclusive en el momento de la posesión, que es cuando
sustancialmente importa no estar en esas condiciones particulares.

ii) Tampoco se puede concluir que no lo subió, pues pudo ocurrir que por problemas
en la Plataforma Kactus no se cargara o que la administradora informática no entregara
los documentos completos. Tan cierto es esto, que en el Oficio CJO23-1366 del 16 de
marzo de 2023, no se observa «en los pantallazos de respuesta que el documento lo
estén descargando de la plataforma, sino de una especie de archivos personales de
un computador particular».

iii) En el escrito del recurso de reposición acreditó, acudiendo a la libertad probatoria,
que para esa época no estaba inhabilitada o incursa en alguna circunstancia de
incompatibilidad para ejercer el cargo de juez y que sí aportó tal documento. Además,
que materialmente no estaba inhabilitada o en situación de incompatibilidad para
desempeñarse como juez penal municipal y así lo demostró por otros medios.

iv) Se desconocieron los precedentes judiciales de la Corte Constitucional sentados
en la Sentencia T-059 de 2019 y del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en fallo del 9 de diciembre de 2021, emitido dentro de la acción de tutela
con radicación 11001 03 15 000 2021 05927 01.

1.5. Actuación procesal

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 01663 01
Demandante: Rosa Angélica Quintero Jaimes

Por medio de auto del 18 de abril de 2023, el consejero de Estado, Hernando Sánchez
Sánchez ordenó a la Secretaría General remitir el expediente con radicación 11001 03
15 000 2023 01663 00, al despacho del doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, por
cuanto había avocado primero conocimiento del proceso con radicado 11001 03 15
000 2023 01559 00, que guarda iguales características con identidad de causa, objeto
y sujeto pasivo. A través de providencia del 21 de abril de 2023, se negó la
acumulación y se ordenó devolver la acción de tutela a la oficina de origen para los
fines pertinentes.

El Consejo de Estado, Sección Primera, admitió la acción de tutela mediante proveído
del 3 de mayo de 2023, que se ordenó notificar al presidente del Consejo Superior de
la Judicatura y a la directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial,
como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación a los participantes en la
convocatoria pública prevista en el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018,
como terceros interesados en las resultas de este proceso, para que dentro del término
de tres días rindieran el respectivo informe.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Consejo Superior de la Judicatura. La directora de la Unidad de
Administración de Carrera Judicial solicita se niegue la protección que reclama la
accionante, por las siguientes razones:

i) En el caso concreto, de la revisión de los documentos cargados en la base del
sistema Kactus durante el término previsto para la inscripción, se verificó que la
accionante no aportó documento en formato PDF contentivo de la declaración
juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, como quedó
establecido en el acuerdo de convocatoria, de lo cual se informó a la aspirante.

ii) Respecto a la interpretación dada por la accionante sobre las causales de rechazo
3.8 y 3.5., se precisa que se trata de dos situaciones diferentes. La primera, se refiere
a «no haber declarado bajo juramento al momento de la inscripción, que cumple y

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Demandante: Rosa Angélica Quintero Jaimes

acredita los requisitos mínimos exigidos para el cargo seleccionado y que son veraces
y fidedignos los documentos que los soportan», la cual se cumplió en dos
oportunidades 1) al diligenciar el formulario en el aplicativo y 2) al momento de
presentar las pruebas. La segunda, esto es, el requisito de la declaración de ausencia
de inhabilidades e incompatibilidades, el acuerdo dispuso de manera expresa que
debía allegarse en documento independiente, en formato PDF en el término de las
inscripciones, por tanto, no le asiste razón al señalar que se proporcionó un trato
desigual.

iii) Por otro lado, en relación con las pretensiones de la parte actora para que se
incluya la declaración extrajuicio realizada ante notaría y aportada con la solicitud de
revisión de los documentos, dado que esa valoración se efectuó teniendo en cuenta la
estricta aplicación de las normas instituidas en la convocatoria, en igualdad de
condiciones con los demás participantes, no es posible darle un tratamiento diferente;
por consiguiente, solo se tendrán en cuenta los documentos presentados dentro del
término legal de la inscripción, esto es, entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre de
2018 y, en ningún caso, los allegados con la solicitud de verificación de
documentación.

iv) En ese orden de ideas, no es viable apreciar la declaración juramentada de
ausencia de inhabilidades e incompatibilidades aportada con la solicitud de verificación
de la documentación, porque se presentó de manera extemporánea, es decir, con
posterioridad al término de inscripción previsto en la convocatoria, que transcurrió
desde el 27 de agosto a las cero horas (0:00) hasta el 7 de septiembre de 2018 a las
veinticuatro horas (24:00).

v) En cuanto a las alegaciones de la accionante sobre la imposibilidad de revisión y
verificación de los documentos anexados, se precisa que el aplicativo Kactus dio la
oportunidad a cada una de las personas inscritas de generar un resumen de la
documentación, tal como fue informado en el instructivo de inscripción en el que se
señaló que se podía obtener el listado de documentos subidos y se ilustró sobre la
forma de hacerlo.

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vi) Así mismo, sobre la consideración de la parte actora en el sentido de que el
requisito de la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades debe ser requerido para la posesión y no para la inscripción, y que,
por tal motivo, puede subsanarse luego, se debe tener presente que en el Acuerdo
PCSJA18-11077 de 2018, no se encuentra contemplada esa posibilidad, por esa razón

la verificación de requisitos mínimos de la accionante, así como de todos los aspirantes
que aprobaron la fase I, se realizó con la documentación cargada al momento de la
inscripción, según las reglas establecidas en la convocatoria, por lo que no es posible
acudir a criterios diferentes para considerar corregida dicha causal de rechazo.

vii) Adicionalmente en cuanto a la afirmación de la demandante consistente en que
ejercía como juez municipal, de manera previa a la revisión de requisitos mínimos y
comoquiera que a su juicio rige idéntico sistema de inhabilidades e incompatibilidades
se debe entender que para el momento de la posesión presentó una declaración
juramentada y en esa medida la revisión documental no se debe restringir solo a los
archivos cargados, sino también a la documentación aportada y obrante en los
archivos de la Unidad de Administración de Carrera Judicial, se reitera que, los
concursos de méritos adelantados por la Rama Judicial son administrados de manera
independiente y autónoma de conformidad con el acto de convocatoria definido para
cada proceso.

viii) Conforme a lo anterior, se resalta que la accionante se registró en el sistema de
reclutamiento de la Rama Judicial en el año 2017 y seleccionó la casilla «aceptar»,
situación que se evidencia en los pantallazos del administrador, por lo que durante el
proceso de inscripción a la convocatoria 27, ya no se encontraba habilitada esa opción
y, por tanto, no hubo manifestación en el sistema respecto de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades.

ix) Adicionalmente, al recurso de reposición que interpuso contra la resolución en
comento, se le dio respuesta mediante Oficio CJO23-1429 del 17 de marzo de 2023,
en el que se señaló que por disposición de la Ley 270 de 1996 no procedía ningún
mecanismo de impugnación; por consiguiente, los argumentos esgrimidos resultaban
improcedentes. Y con el Oficio CJO-2669 del 26 de abril de 2023 se atendieron

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múltiples aspectos relacionados con el concurso y la inadmisión, entre otros.

x) Respecto de la solicitud de revocatoria directa, se decidió por medio del Oficio
CJO23-3030 del 15 de mayo de 2023 en sentido desfavorable, al encontrar que tanto

el Acuerdo de Convocatoria PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, como la
Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, se encuentran ajustados a la ley, no
van en contravía del interés público o social ni causan agravio injustificado alguno,
como allí se explica.

xi) En virtud de lo expuesto, se señala que la actuación de la entidad responde a la
naturaleza del concurso y preserva la garantía de transparencia e imparcialidad, sin
que ello pueda considerarse violatorio de los derechos fundamentales de la
accionante, toda vez que el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 es de
obligatorio cumplimiento tanto para la administración como para los concursantes y
prevé de manera integral todos los requisitos generales y específicos para participar
en el concurso, cuyo incumplimiento da lugar al rechazo.

xii) Así las cosas, si la accionante considera que la decisión de inadmisión no se ajusta
a derecho, debe acudir al juez natural del asunto, pues la acción constitucional no
puede ser utilizada como mecanismo paralelo de protección cuando la legislación tiene
establecidas las vías adecuadas para debatir judicialmente asuntos como el que aquí
se propone, a través del ejercicio del correspondiente medio de control previsto en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ( CPACA).

1.6.2. La presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y los terceros interesados
vinculados al proceso guardaron silencio.

1.7. La sentencia que se impugna

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante fallo del 26 de mayo de 2023,
reconoció como coadyuvantes a los señores Pili Natalia Salazar Salazar y José María
Peláez Mejía y negó el amparo, con fundamento en lo siguiente:

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Demandante: Rosa Angélica Quintero Jaimes

i) La controversia planteada por la señora Esther Angélica Quintero Jaimes deviene
del hecho de que estima que si bien no aportó en formato PDF la declaración
juramentada de no estar incursa en inhabilidades e incompatibilidades, el requisito
puede tenerse por cumplido a través de otras vías, partiendo del hecho de que en el
momento en que se inscribió era empleada de la Rama Judicial, por lo que en su hoja
de vida obraba una manifestación como la requerida.

ii) Por otro lado, la accionante censura la exigencia del referido requisito, bajo el
argumento de que constituye un exceso ritual manifiesto, además porque lo satisfizo
al aceptar y diligenciar algunas de las casillas del formulario electrónico.

iii) El mecanismo de amparo ostenta un carácter excepcional y subsidiario, pues solo
es procedente cuando el interesado no cuenta con otros medios judiciales para que
sus peticiones se examinen, a menos que existiendo, la tutela se instaure en forma
transitoria, con el fin de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

iv) Según lo dispuesto en la Sentencia SU-067 del 24 de febrero de 2022, la acción de
tutela es improcedente para reclamar la protección de derechos fundamentales cuando
la vulneración se atribuye a un acto administrativo, excepto si no tiene otro mecanismo
judicial que permita demandar la protección de la garantía fundamental quebrantada,
se vislumbre la configuración de un perjuicio irremediable o se trate de un asunto cuyo
problema constitucional desborde el marco de competencias del juez administrativo.

v) Así las cosas, la presente acción de tutela es improcedente por la existencia de
otra herramienta de defensa judicial, comoquiera que las inconformidades planteadas
recaen en la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, en cuanto dispuso el
rechazo de la accionante de la convocatoria aludida, acto cuya legalidad puede
discutirse a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, previo el
cumplimiento de los requisitos legales.

vi) De conformidad con lo expuesto, se considera que no hay lugar a amparar los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, toda vez que no se advierte la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la solicitud de amparo

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como mecanismo transitorio, dado que de los elementos de juicio obrantes en el
expediente no es posible establecer dicha circunstancia.

1.8. Impugnación

La accionante impugna la providencia anterior, para que se revoque y, en su lugar, se
protejan sus derechos fundamentales, como razones de inconformidad alega las
siguientes:

i) El juez de primera instancia omitió estudiar la configuración de un perjuicio
irremediable, pues como se explicó en la demanda de tutela, independientemente de
la existencia o no de una vía judicial ordinaria para solucionar la violación de garantías
fundamentales por parte del Consejo Superior de la Judicatura, lo relevante es que de
no absolver su pretensión, perderá la oportunidad de ser juez en la Convocatoria 27
de 2018, y particularmente la posibilidad de participar en el curso-concurso, porque
según el cronograma la inscripción debe hacerse a más tardar el 6 de octubre de 2023,
y, si se toman los tiempos reales, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho duraría más de cinco años.

ii) A modo de ejemplo se pueden examinar los siguientes casos: 1) expediente 25000
23 24 000 2006 00165 01, se interpuso en 2005, se resolvió, en primera instancia, el
14 de abril de 2015 y, en segunda, el 4 de marzo de 2022, es decir, diecisiete años, y
2) radicado 76001 23 31 000 2007 01179 01, se promovió en 2007, la primera instancia
se decidió el 13 de julio de 2013, y la segunda instancia, el 22 de noviembre de 2021,
esto es, catorce años.

iii) En ese sentido, puede que se fallen en más o menos años, pero lo importante es
que no obtendrá el fallo de primera instancia antes de la fecha límite de inscripción al
curso-concurso; en consecuencia, aunque se profiera una decisión favorable, no podrá
ser juez, ya que no obstante el gran puntaje en la prueba de conocimientos, ante la
ausencia del PDF «que […] creo sí subí», el a quo remite al proceso ordinario, sin
analizar su ineficacia, por los tiempos en que se produzca una sentencia y el
vencimiento del cronograma.

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iv) El fallo de primera instancia carece de justificación interna y externa, ya que cita la
jurisprudencia con la que cree respalda su tesis y de allí se salta argumentativamente
a la conclusión, sin indicar cuáles eran los hechos de su caso concreto.

v) Se viola el derecho fundamental a la igualdad porque se le está brindando un
tratamiento diferente, aunque, en lo relevante, está en idénticas condiciones a los
demandantes a los que les prosperó el amparo constitucional en los procesos de la
Corte Constitucional, Sentencia T-059 de 2019 y, del Consejo de Estado del 9 de
diciembre de 2021, dictada dentro del proceso con radicado 11001 03 15 000 2021
05927 01. En igual sentido se vulnera el debido proceso, porque el a quo no motivó
cuáles eran las razones jurídicas que hacían inaplicables dichos precedentes a pesar
de que en lo fundamental los accionantes están en iguales condiciones en las que hoy
se halla.

vi) Finalmente, se pide la aplicación inter comunis por derecho a la igualdad del fallo
STPO5284-2023, radicado 129939 del 31 de mayo de 2023, proferido por la Corte

Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en el que ordena al Consejo Superior
de la Judicatura que admita a todos los afectados por la exclusión basada en la causal
3.5., porque, en esencia, corresponde a idéntica situación fáctica y la inminente
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para

1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Primera de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la entidad demandada vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a cargos públicos de la
señora Rosa Angélica Quintero Jaimes, al expedir la Resolución CJR23-0061 del 8 de
febrero de 2023, por medio de la cual se publicó la lista de aspirantes rechazados
dentro de la Convocatoria 27 de 2018, entre los cuales se encuentra la accionante.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de esta acción,
ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que se
encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.

Por ello el artículo 6.º numeral 1 del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de
improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional2 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo procede cuando dentro

2 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-

972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.

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de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También tiene lugar el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.

2.3.2. Sobre la procedencia de la acción de tutela para controvertir actos
dictados en el marco de un concurso público

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha estimado que aunque, en principio, los
afectados por algunas de las disposiciones adoptadas dentro de las etapas de un
concurso público de méritos —las cuales están contenidas en actos de carácter
general o particular—, pueden controvertirse mediante los medios de control
establecidos en el Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), las vías judiciales ordinarias no son siempre idóneas y eficaces para restaurar
los derechos fundamentales conculcados.

Así, en la Sentencia T-256 de 1995, la Corte sostuvo que la provisión de empleos
públicos a través de la figura del concurso obedece a la satisfacción de los altos
intereses públicos y sociales del Estado, en cuanto i) garantiza un derecho
fundamental como es el acceso a la función pública, ii) realiza el principio de igualdad
de tratamiento y de oportunidades de quienes aspiran a los cargos públicos en razón
del mérito y la calidad, y iii) constituye un factor de moralidad, eficiencia e imparcialidad
en el ejercicio de la función administrativa.

Por tanto, la oportuna provisión de los empleos, con arreglo al cumplimiento estricto
de las reglas del concurso y el reconocimiento efectivo de las calidades y el mérito de
los concursantes, asegura el buen servicio administrativo y demanda, cuando se
presenten controversias entre la administración y los participantes en el concurso, de

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decisiones rápidas que garanticen en forma oportuna la efectividad de sus derechos,
más aún cuando se trata de amparar los que tienen el carácter de fundamentales.

A su turno, en la Sentencia SU-553 de 2015, la Corte refirió que «la acción de tutela
es procedente contra actos administrativos expedidos en el marco de un concurso de
méritos relacionados con la provisión de cargos en la rama judicial», y reiteró las dos
subreglas fijadas por la jurisprudencia para la procedencia excepcional de la tutela
contra actos administrativos que regulan o ejecutan un proceso de concurso de
méritos, así: i) cuando el accionante la ejerce como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable, el cual debe cumplir con los requisitos de ser inminente, de
requerir medidas urgentes, de ser grave y de ser impostergable, y ii) cuando el medio
de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental.

En virtud de lo anterior, la Sala considera que la procedencia de las acciones de tutela
en las que se invoca la vulneración de los derechos fundamentales al interior de un
concurso de méritos debe analizarse en cada caso concreto, configurándose su
procedencia solo en asuntos en que se avizore que los medios de control dispuestos
por el ordenamiento jurídico no garantizan la inmediatez de las medidas que se
llegaren a necesitar para conjurar el daño ocasionado a los intereses de quien acude
al mecanismo de amparo, por cuanto las etapas del concurso de méritos se desarrollan
de manera ágil y pronta.

2.3.3. Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 «por medio del cual se
adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial»

El Consejo Superior de la Judicatura convocó mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del
16 de agosto de 2018 a un proceso de selección para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, que según lo establecido en el artículo 162 de la Ley
270 de 1996, comprende las etapas de: i) concurso de méritos, ii) conformación del
Registro Nacional de Elegibles, iii) elaboración de lista de candidatos, iv)
nombramiento y v) confirmación.

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Conforme con el artículo 3.º ibidem el concurso sería público, abierto y señaló que «La
convocatoria es norma obligatoria y reguladora de este proceso de selección; por
tanto, de perentorio cumplimiento tanto para la administración como para los
participantes, quienes con su inscripción, aceptan las condiciones y términos
señalados en el presente [acto]».

En el numeral 1.1. del aludido artículo se dispuso como uno de los requisitos generales,
que en el término de inscripción los participantes debían demostrar «no estar incurso
en causal de inhabilidad o incompatibilidad, lo cual deberá acreditarse con una
declaración juramentada suscrita por el aspirante, escaneada y cargada en formato
PDF».

A su vez en el numeral 2.3., fijó como reglas de inscripción, entre otras, las siguientes:

2.3 Lugar y término

Las inscripciones podrán hacerse durante las 24 horas, desde el día 27 de
agosto a las cero horas (0:00) hasta el 7 de septiembre a las venticuatro (sic)
horas (24:00), vía WEB, a través del Portal de la Rama Judicial
www.ramajudicial.gov.co, link concursos. Para el efecto, el instructivo de
inscripción hará parte del presente Acuerdo y se publicará en el citado Portal de la
Rama Judicial; la información allí reportada se validará con la documentación que
haya sido digitalizada y se vea reflejada en el aplicativo.

Y, el numeral 2.4., determinó que los aspirantes debían anexar, de conformidad con el
instructivo, copia en archivo de formato PDF de los documentos para acreditar el
cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el cargo; en el numeral 2.4.6.
enlistó la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades;
y, a su turno, en el numeral 3.5., precisó la obligación de presentar la referida
manifestación, so pena de rechazo.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente se puede establecer
lo siguiente:

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2.4.1. El 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el
Acuerdo PCSJA18-11077 «por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se
convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la
Rama Judicial».3

2.4.2. El 31 de agosto de 2018, la señora Rosa Angélica Quintero Jaimes se inscribió
en el concurso de méritos convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, para
el cargo de juez penal municipal.4

2.4.3. El 31 de agosto de 2018, a través de la plataforma de Reclutamiento Kactus-
HR convocatorianivelcentral3@cendoj.ramajudicial.gov.co, se notificó a la accionante

la constancia de inscripción en la Convocatoria 27 de 2018.5

2.4.4. El 8 de febrero de 2023, la Unidad de Administración de Carrera Judicial emitió
la Resolución CJR23-0061 «por medio de la cual se decide acerca de la admisión de
aspirantes al concurso de méritos destinado a la conformación del Registro Nacional
de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018», en que
resolvió lo siguiente: 6

[…]

ARTÍCULO 2º: RECHAZAR a los aspirantes que no acreditaron las calidades
señaladas en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, que se
relacionan en el anexo 2.

ARTÍCULO 3º: SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS. Los aspirantes
rechazados podrán pedir la verificación de su documentación, dentro de los tres
(3) días siguientes a la notificación esta decisión […] Cualquier solicitud
extemporánea o enviada por un medio diferente al correo indicado, se entenderá
como no presentada.

ARTÍCULO 4º: NO PROCEDEN RECURSOS en sede administrativa contra la presente
resolución […]

ARTÍCULO 5º: NOTIFICAR está decisión, mediante su fijación, durante el término de
cinco (5) días hábiles, en el Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera se

3 Índice 28, del expediente electrónico.
4 Índice 2, del expediente electrónico.
5 Índice 2, del expediente electrónico.
6 Índice 28, del expediente electrónico.

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informará a través de la página web de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co
y en los Consejos Seccionales de la Judicatura.

2.4.5. En el Anexo 2 de la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, se
rechazó a la accionante por la causal de inadmisión 3.5., esto es, «no presentar la
declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades».7

2.4.6. El 16 de febrero de 2023, la accionante interpuso recurso de reposición o, en
su defecto, revocatoria directa y solicitud de verificación de la documentación contra la
Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023.8

2.4.7. El 16 de marzo de 2023, la directora de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, a través del Oficio CJO23-1366, dio respuesta a la petición de la accionante
encaminada a verificar los documentos que adjuntó al momento de inscripción en la
Convocatoria 27 de 2018.9

2.4.8. El 17 de marzo de 2023, la directora de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, mediante el Oficio CJO23-1429, negó la solicitud de la accionante para que se
generara «estado de admitido» dentro de la Convocatoria 27, porque no encontró en
la base del sistema Kactus el formato PDF contentivo de la declaración juramentada de
ausencia de inhabilidades e incompatibilidades y le informó que contra la Resolución
CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023 no procedía recurso alguno, de conformidad con

lo previsto en el artículo 164, numeral tercero, de la Ley 270 de 1996.10

2.4.9. El 22 de marzo de 2023, se remitieron al correo electrónico
rangelicaquintero@gmail.com, registrado por la accionante para notificaciones, los
oficios CJO23-1366 del 16 de marzo de 2023 y CJO23-1429 del 17 de marzo de 2023.11

2.4.10. El 2 de mayo de 2023, la Unidad de Administración de Carrera Judicial dictó la
Resolución CJR23-0136 «por medio de la cual se modifica la Resolución CJR23-0061

7 Índice 28, del expediente electrónico.
8 Índice 28, del expediente electrónico.
9 Índice 28, del expediente electrónico.
10 Índice 28, del expediente electrónico.
11 Índice 28, del expediente electrónico.

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de 8 de febrero de 2023, para efectos de incluir a algunos aspirantes que resultaron
admitidos con base en las solicitudes por ellos presentadas», en la que no incorporó a
la accionante.12

2.4.11. El 15 de mayo de 2023, la directora de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial mediante el Oficio CJO23-3030 negó la solicitud de revocatoria directa de la
Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023 y reiteró que contra esa decisión no
procedía recurso alguno. En la aludida fecha se notificó a la interesada a través de
correo electrónico.13

2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

La señora Rosa Angélica Quintero Jaimes impugna la sentencia del 26 de mayo de
2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, en cuanto declaró
improcedente el amparo, porque consideró que las inconformidades planteadas
recaen sobre la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, cuya legalidad puede
ser discutida a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho;
además, no advirtió la existencia de un perjuicio irremediable, ya que de los elementos
de juicio obrantes en el expediente no era posible establecer dicha circunstancia.

La Unidad de Administración de Carrera Judicial, por medio de la Resolución CJR23-
0061 del 8 de febrero de 2023, rechazó, entre otros, a la accionante por la causal 3.5
establecida en el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, pues no acreditó
que en el momento de la inscripción hubiera aportado archivo en formato PDF de la
declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.

Igualmente, a través de los oficios CJO23-1366 del 16 de marzo, CJO23-1429 del 17 de
marzo, CJO23-3030 del 15 de mayo de 2023, le informó a la señora Quintero Jaimes
sobre los documentos que reposaban en el módulo de selección Kactus, reiteró que,
una vez verificado el sistema, se constató que no aportó documento en formato PDF

12 Índice 28, del expediente electrónico.
13 Índice 28, del expediente electrónico.

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contentivo de la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades, como quedó establecido en el acuerdo de convocatoria.

Además, le advirtió que contra la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, no
procedía recurso alguno según lo dispuesto en el inciso segundo del numeral tercero
del artículo 164 de la Ley 270 de 1996 y tampoco la revocatoria directa porque no
había una contradicción manifiesta, palmaria o flagrante con los preceptos
constitucionales y legales.

Pues bien, sería del caso resolver si la solicitud de amparo es procedente para discutir
la legalidad de los actos emitidos por la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
a los que la accionante les atribuye la violación a sus derechos a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a cargos públicos y la configuración de un perjuicio irremediable,
por cuanto perderá la oportunidad de ser juez, dado que no tendría la posibilidad de
participar en el curso-concurso, porque, según el cronograma la inscripción, debe
hacerse a más tardar el 6 de octubre de 2023, y si se toman los tiempos reales en que
se surte el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho podría tardar
más de cinco años en obtener una decisión de fondo.

Sin embargo, advierte la Sala que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, dictó sentencia el 31 de mayo de 2023,14 dentro de la acción de tutela con
radicado 11001 02 30 000 2023 00335 00, decisión que adoptó con efectos inter
comunis porque determinó que en el asunto i) concurren otras personas en la misma
situación; hay identidad de ii) derechos fundamentales violados, iii) hecho generador;
iv) accionado, además de v) un derecho común a reconocer y vi) identidad en la
pretensión. Al respecto, dispuso lo siguiente:

Esto supone que, como ya se expuso, pese a la existencia de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho resulta procedente la tutela contra la Convocatoria
27 ante la configuración de un perjuicio irremediable y el planteamiento de un
problema constitucional excepcional. Dicho debate involucra la garantía de acceso
a la función pública frente a la de legalidad, un tema que desborda el marco de
competencias del juez administrativo.

14 STP5284-2023. Radicación #1299939.

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Por tanto, la Corte considera apropiado ampliar los efectos de esta sentencia para
que se aplique a todos los excluidos en la Fase II de la etapa de selección de la
Convocatoria 27 con sustento en el numeral 3.5. del artículo 3° del Acuerdo
PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el cual establece la «[n]o presentación
de la declaración jurada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades».

Así las cosas, ordenará dejar sin efecto parcialmente la Resolución CJR23-0061
del 8 de febrero de 2023, mediante la cual se admitió al concurso de méritos a
algunos aspirantes, al tiempo que rechazó la postulación de quienes «[n]o
acreditaron las calidades señaladas en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018»,
exclusivamente respecto de la exclusión de aspirantes del concurso Convocatoria
27 por la configuración de la referida causal 3.5., y todas las actuaciones
administrativas que se derivaron de ésta desde ese momento.

En su lugar, ordenará a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, emita un nuevo acto administrativo
teniendo en cuenta las consideraciones aquí contenidas, así como que adelante
los trámites a que haya lugar para permitir que las personas favorecidas y
cobijadas por esta decisión puedan continuar en el concurso.

Con base en esas consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, amparó los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, acceso
a cargos públicos, trabajo e igualdad de los señores Freddy Alexánder Niño Cortés,
Jessica Tatiana Gómez Macías, Reynaldo Nicolás Franco Cortés, Lady Andrea Beltrán
Cárdenas y Camilo Andrés Barragán Díaz y «por efecto inter comunis, de los demás
excluidos en la Fase II de la etapa de selección de la Convocatoria 27 con sustento en
el numeral 3.5. del artículo 3.º del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018,
que establece la [n]o presentación de la declaración jurada de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades».

En cumplimiento de la referida decisión, la Unidad de Administración de Carrera
Judicial expidió la Resolución CJR23-0213 del 8 de junio de 2023, en la que resolvió lo
siguiente:

ARTÍCULO 1º: ADMITIR al concurso de méritos destinado a la confirmación del
Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la
Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de
2018, a los aspirantes que se relacionan en el anexo y que fueron rechazados
exclusivamente por la causal «3.5 No presentar la declaración juramentada de
ausencia de inhabilidades e incompatibilidades».

ARTÍCULO 2º: NO PROCEDEN RECURSOS en sede administrativa contra la presente
resolución.

21

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[…]

En esas condiciones, se tiene que en el asunto sub examine, la accionante, que se
encuentra en iguales circunstancias a las que dieron lugar a la protección otorgada en
el caso a que se hizo referencia, por cuanto su inclusión en el Anexo 2 de la Resolución
CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023 o listado de aspirantes rechazados se produjo

por la causal 3.5., establecida en el artículo 3.º del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018,
fue admitida en el acto por medio del cual la demandada dio cumplimiento a la orden
de tutela proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, según
verificación efectuada por la Sala, en la que consta lo siguiente:15

CONVOCATORIA ASPIRANTES A FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL – ACUERDO
PCSJA18-11077
ANEXO RESOLUCIÓN CJR23-0213 DE 8 DE [J]UNIO DE 2023

Cédula Cargo

1090478038 Juez Penal Municipal

En tal sentido, se tiene que dentro del trámite de tutela se dio un hecho sobreviniente
consistente en que, en virtud del fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal, la accionante fue admitida al concurso de méritos para la provisión
del cargo de juez penal municipal, en el que se inscribió y superó la prueba escrita de
aptitudes y conocimientos que se efectuó el 24 de julio de 2022.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el hecho sobreviniente16
es una categoría dentro de la noción de carencia actual de objeto,17 que por su
amplitud cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado y que tiene ocurrencia cuando «(i) el actor mismo es
quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora:
(ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada– ha logrado que

15 www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrerajudicial/listado-de-admitidos-e-

inadmitidos1
16 Sentencia SU-522 de 2019.
17 Véase, por ejemplo, la Sentencia T-533 de 2009, donde decidió que la característica esencial del

fenómeno de la carencia actual de objeto es que la orden del juez de tutela, destinada a conceder lo
pretendido en la demanda de amparo, no ejerce ningún efecto sobre la protección, es decir, es
infructuosa. Esto como resultado de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 01663 01
Demandante: Rosa Angélica Quintero Jaimes

la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental, (iii) es imposible proferir
alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada, o (iv) el actor
simplemente pierde interés en el objeto original de la litis»; lo que acarrea que «la
solicitud de amparo [pierda] eficacia en la medida en que desaparece el objeto jurídico
sobre el que recaería una eventual decisión del juez de tutela».18

Así las cosas, si la actuación u omisión que causa la supuesta amenaza o vulneración
se encuentra superada por circunstancias acaecidas durante el trámite de la tutela,
pierde su razón de ser como mecanismo idóneo y expedito de protección judicial, pues
el fallo que puede adoptar el juez, respecto del caso concreto, resultaría inocuo e iría
en contra del objetivo constitucionalmente previsto para esta acción. 19

Conforme a lo expuesto, se tiene que dentro del curso del proceso se resolvió la
cuestión fundamental que planteó la accionante. En este sentido, se encuentra
satisfecha la pretensión que dio lugar a la interposición de la solicitud de amparo, lo
que deja sin objeto cualquier decisión que pueda emitir el juez constitucional al
respecto.

3. Conclusión

La Sala concluye que debe declararse la carencia actual de objeto por hecho
sobreviniente, toda vez que como se pudo establecer, la entidad demandada admitió
a la accionante dentro de la Convocatoria 27 de 2018, en razón al fallo que con efectos
inter comunis profirió la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el 31 de
mayo de 2023 dentro de la acción de tutela con radicado 11001 02 30 000 2023 00335
00.

En tal sentido se revocará el ordinal segundo de la sentencia que dictó el Consejo de
Estado, Sección Primera, mediante el que declaró improcedente el amparo solicitado
por la señora Rosa Angélica Quintero Jaimes y, en su lugar, se declarará la carencia
actual de objeto por hecho sobreviniente.

18 Ibidem.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003.

23

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Demandante: Rosa Angélica Quintero Jaimes

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 26 de mayo de 2023, que
dictó el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante el que declaró improcedente
el amparo y, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente,
de conformidad con la parte considerativa que antecede.

Segundo. Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

MAM

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