RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-01679-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01679-01

Fecha
24 de julio de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01679-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 1.º de junio de 2023, que dictó el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual declaró la improcedencia de la acción de 18 Radicado: 11001 03 15 000 2023 01679 01 Demandante: Armando Salazar Tamayo tutela. En su lugar, negar el amparo que solicita el señor Armando Salazar Tamayo, conforme a la parte considerativa que antecede. Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01679-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

24 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01679 01
Demandante: Armando Salazar Tamayo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reconocimiento de pensión de vejez por
exposición a alto riesgo. No se configura el defecto sustantivo alegado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 1.º de junio de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
declaró improcedente la tutela interpuesta.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señor Armando Salazar Tamayo, por medio de apoderado, promueve acción de
tutela contra la providencia del 1.º de septiembre de 2022, que dictó el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante la que confirmó parcialmente el
fallo del 3 de noviembre de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo del Huila.

1.2. Pretensiones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01679 01
Demandante: Armando Salazar Tamayo

El accionante formula las siguientes súplicas:

1. Solicito al señor [juez de tutela], declarar vulnerados los derechos fundamentales
al debido proceso, seguridad social, mínimo vital y aquellos que considere fueron
quebrantados.

2. Se declare la nulidad de las [r]esoluciones GNR 296732 de 8 de noviembre de
2013, GNR 73773 de 5 de marzo de 2014 y VPB 15802 de 20 de febrero de 2015, a
través de las cuales Colpensiones le negó al actor el reconocimiento de una
pensión de jubilación.

3. A título de restablecimiento del derecho [c]onstitucional, se ordene a la
accionada reconocer la mencionada prestación «[…] en los términos del Decreto
1047 de 1978, y 1835 de 1994 […] tomando como base de liquidación de la
mesada pensional el salario más alto devengado en el último año laborado,
incluyendo la totalidad de los factores salariales que devengaba como detective
del […] (DAS) y la Fiscalía General de la Nación […]» (sic para toda la cita); junto
con la indexación y los intereses moratorios; y condenarla en costas procesales.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, el apoderado del accionante señaló los siguientes:

i) Nació el 29 de enero de 1967, y prestó sus servicios al Estado en actividades de
alto riesgo durante veintiún años, cuatro meses y veintidós días, así: del 10 de enero
al 30 de diciembre de 1986, como soldado regular; del 3 de febrero de 1992 al 1.º de
enero de 2012 como detective del Departamento Administrativo de Seguridad ( DAS) y,
desde esta última fecha al 14 de agosto de 2012, como detective de la Fiscalía General
de la Nación.

ii) Con fundamento en lo anterior solicitó a la Administradora Colombiana de
Pensiones (COLPENSIONES) en su condición de detective del extinto Departamento
Administrativo de Seguridad ( DAS), el reconocimiento de la pensión de vejez, que fue
despachada desfavorablemente, porque consideró que no acreditó la edad exigida en
la Ley 100 de 1993 y por no ser beneficiario del régimen de transición, ya que al 25 de
julio de 2005, no había cotizado 750 semanas.

iii) Inconforme con esa decisión interpuso los recursos de reposición y apelación, los
cuales fueron desatados adversamente. El primero, mediante la Resolución GNR 73773
del 5 de marzo de 2014 y, el segundo, a través de la Resolución VPB 15802 del 20 de

3

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01679 01
Demandante: Armando Salazar Tamayo

febrero de 2015.

iv) En uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho impetró
demanda contra los referidos actos para que se declararan nulos y, en consecuencia,
se ordenara a la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), el
reconocimiento de la pensión como cotizante de alto riesgo dado que se desempeñó
durante más de veinte años como detective del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS).

v) El Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia el 3 de noviembre de 2020,
denegando las súplicas, porque estimó que su situación pensional se rige por lo
dispuesto en los Decretos 1047 de 1978 y 1835 de 1994; sin embargo, no conservó
los beneficios especiales de los funcionarios que desempeñaban actividades de alto
riesgo, porque consolidó el estatus el 14 de febrero de 2011, es decir, con posterioridad
al 31 de julio de 2010, fecha a partir de la cual dicho régimen expiró —parágrafo
transitorio 2 del Acto Legislativo 1 de 2005—.

vi) Le correspondió al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, desatar
la alzada, lo que efectuó mediante fallo del 1.º de septiembre de 2022, confirmando
parcialmente el proveído de primera instancia con similares argumentos a los que
expresó el a quo, insistiendo en que se debe dar aplicación al Acto Legislativo 1 de
2005.

1.4. Fundamentos jurídicos

El accionante alega que con la sentencia acusada se vulneraron sus derechos al
debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital y se incurrió en un yerro de
interpretación al abordar el estudio del parágrafo transitorio 2 del Acto Legislativo 1 de
2005 y concluir que los beneficios especiales de los funcionarios que laboraban en
actividades de alto riesgo expiraron el 31 de julio de 2010, al efecto expuso las
siguientes razones:

i) En la providencia objetada se reconoce que cumple con los requisitos para
alcanzar el estatus de pensionado conforme con lo dispuesto en los Decretos 1047 de

4

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01679 01
Demandante: Armando Salazar Tamayo

1978 y 1933 de 1989, pero consideró necesario el ad quem establecer si esa normativa
se encontraba vigente para la fecha de consolidación del derecho pensional, es decir,
para el 14 de febrero de 2011.

ii) Según lo previsto en el Decreto 691 de 1994, artículos 1.º, literal a, 2.º y 5.º; el
Decreto 2090 de 2003, artículo 8.º y la Ley 860 de 2003, norma que estatuye un
régimen de transición, del que es beneficiario, porque para la fecha en que entró en
vigor tenía cotizadas 618 semanas, lo que sin lugar a duda representa un derecho
adquirido.

iii) Los preceptos que integran el sistema general de pensiones no han sido
derogados por el Acto Legislativo 1 de 2005; por el contrario, mantiene las normas que
versan sobre pensiones por actividades de alto riesgo tanto para los particulares como
para los servidores públicos. Al respecto se pronunció la Corte Constitucional en
Sentencia C-651 de 2015, donde analizó la exequibilidad del Decreto Ley 2090 de
2003.

iv) No es cierto que el parágrafo transitorio 2 del Acto Legislativo 1 de 2005, hubiera
extinguido la normativa que le concede la prestación reclamada, pues, se repite, la
preserva y se encuentra integrando el sistema general de pensiones, como la Ley 860
de 2003, que en el parágrafo 5.º le otorga un derecho adquirido, al establecer un
régimen de transición que lo favorece.

v) Así las cosas, se le debe reconocer la pensión con arreglo en la norma ibidem, la
cual lo remite como beneficiario del régimen de transición instituido en el Decreto 1835
de 1994, dado que su vinculación es anterior al 4 de agosto de 1994 y porque a la
fecha en que empezó a regir la Ley 860 de 2003 tenía cotizadas más de 500 semanas,
por lo que su situación pensional está gobernada por los Decretos 1047 de 1978 y
1933 de 1989.

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante auto del 12 de abril de 2023, que se ordenó
notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y

5

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01679 01
Demandante: Armando Salazar Tamayo

del Tribunal Administrativo del Huila, como demandados. Así mismo, se dispuso la
notificación a la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) como
tercero interesado en las resultas de esta acción, para que dentro del término de dos
días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. El consejero de
Estado, doctor Carmelo Perdomo Cuéter señaló que en lo concerniente a los hechos
sobre los cuales se fundamenta la acción de tutela impetrada por el señor Armando
Salazar Tamayo, se atiene a lo que se demuestre durante el trámite, y en cuanto hace
relación a las razones de inconformidad con la providencia del 1.º de septiembre de
2022, proferida dentro del proceso con radicación 41001 23 33 000 2015 00553 01,
las consideraciones que le sirvieron de soporte están consignadas en sus
motivaciones.

1.6.2. El Tribunal Administrativo del Huila y la Administradora Colombiana Pensiones
(COLPENSIONES), pese a que fueron debidamente notificados, guardaron silencio.

1.7. La sentencia que se impugna

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante fallo del 1.º de junio de 2023, declaró
improcedente la solicitud de amparo, por los siguientes motivos:

i) Los reproches formulados por la parte actora, independientemente de que se
quieran encuadrar en la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital, que atribuye a la que considera
errada interpretación del Acto Legislativo 1 de 2005, en lo que atañe a las pensiones
de alto riesgo para integrantes del Departamento Administrativo de Seguridad ( DAS),
realmente pretende darle continuidad a la discusión legal que fue resuelta en dos
instancias.

ii) La Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación y el Tribunal
Administrativo del Huila analizaron con suficiencia el Acto Legislativo 1 de 2005 y todo

6

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01679 01
Demandante: Armando Salazar Tamayo

el marco normativo que regula la pensión de vejez por exposición de alto riesgo, Ley
100 de 1993, Decreto 1835 de 1994, Decreto 2090 de 2003 y Ley 860 de 2003, a partir
de lo cual se realizó el juicio de contraste con las pruebas aportadas al proceso
ordinario, lo que llevó a concluir que el accionante no cumple con los requisitos para
su reconocimiento y pago.

iii) Igualmente, las autoridades judiciales accionadas, como jueces naturales,
señalaron que el parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 1 de 2005 estableció que
el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que aplica para los servidores que
desarrollan actividades de alto riesgo, no puede extenderse más allá del 31 de julio de
2010; no obstante, incluyó una excepción que mantuvo hasta 2014 para quienes
gozaran del régimen y tuvieran cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en
tiempo de servicio a su entrada en vigor, sin hacer alguna otra distinción. Con base en
esas previsiones encontró que el acervo probatorio obrante en el expediente ordinario
permitía colegir que el accionante no reunía los requerimientos para aplicar la norma
de excepción.

iv) El accionante insiste en la violación de sus derechos fundamentales que sustenta
en una errónea interpretación del Acto Legislativo 1 de 2005 y la Ley 860 de 2003; sin
embargo, las autoridades demandadas examinaron con suficiencia en las decisiones
de primera y segunda instancia el asunto, cuestión diferente es que la parte actora por
no estar de acuerdo con la apreciación del marco normativo que regula la pensión de
vejez por exposición a alto riesgo impetrara la tutela, lo que evidencia su inconformidad
con el fallo y el propósito de continuar con un debate que ya fue abordado por el juez
natural.

v) Así mismo, el hecho de que se alegue un presunto quebrantamiento a garantías
fundamentales sin desarrollar algún otro argumento que justifique verdaderamente la
relevancia o transcendencia constitucional, no da por superado automáticamente ese
presupuesto, pues es necesario que se proponga un genuino debate constitucional
alejado de apreciaciones subjetivas y que esté relacionado con el contenido, alcance
y goce de derechos, lo que no ocurre en esta oportunidad, ya que se trata de una
discusión que tiene visos de estricta legalidad, lo que impide efectuar el estudio de
fondo de la solicitud.

7

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01679 01
Demandante: Armando Salazar Tamayo

vi) Ahora, como se censura una providencia emitida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, la verificación de la exigencia de relevancia
constitucional adquiere mayor importancia y se torna más estricto, por tratarse de una
decisión proferida por una alta corte.

vii) Lo anterior es suficiente para concluir que el accionante acudió a la tutela a manera
de una tercera instancia, toda vez que insiste en igual debate litigioso, dirigido a la
aplicación del marco normativo para acceder al reconocimiento y pago de la pensión
de vejez por exposición a alto riesgo.

1.8. Impugnación

El accionante a través de apoderado impugna la providencia anterior, para que se
revoque y, en su lugar, se protejan sus derechos fundamentales. Como motivos de
inconformidad alega lo siguiente:

i) Resulta palmario el yerro en que incurre la Sección Cuarta al considerar que la
acción incoada carece de relevancia constitucional y que lo que se persigue es utilizar
la tutela como una instancia más.

ii) La decisión objeto de censura viola el debido proceso por la aplicación que hizo
del Acto Legislativo 1 de 2005, porque esa norma no afectó al personal del
Departamento Administrativo de Seguridad ( DAS), máxime cuando es precisamente su
uso, la razón principal y única por la que se niega el derecho pensional. Por ello lo
que se cuestiona es el empleo de la norma no su mala interpretación como lo indica el
fallo de tutela impugnado.

iii) En lo que se refiere a la procedencia de la acción de tutela cuando se trata de fallos
judiciales por violación al debido proceso, la Corte Constitucional se ha pronunciado
en innumerables oportunidades como en las sentencias SU-448 del 22 de agosto de
2016, T-344 de 2014, T-016 de 2019 y T-459 de 2017, en las que se establecen los
requisitos de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, esto es, la
relevancia constitucional, inmediatez, agotamiento de todos los mecanismos

8

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01679 01
Demandante: Armando Salazar Tamayo

judiciales, si hay un error de procedimiento y este tiene un efecto decisivo en la
sentencia en cuestión que afecta los derechos fundamentales del solicitante y que no
se trate de juicio de tutela.

iv) Así las cosas, si se cercena el derecho fundamental al debido proceso, a la
seguridad social y al mínimo vital, es lógico que el asunto tiene relevancia
constitucional, además la tutela se instauró pocos días después del fallo, es decir, fue
inmediata y se agotaron todos los recursos judiciales.

v) Además, no se trata de hacer un juicio de la valoración probatoria, sino de estudiar
si a los agentes del Departamento Administrativo de Seguridad ( DAS), se les aplica o
no el Acto Legislativo 1 de 2005, tampoco determinar si hay una errónea interpretación,
es el empleo o no a su caso en su condición de detective del extinto DAS.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Cuarta de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso, se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el señor
Armando Salazar Tamayo contra la providencia del 1.º de septiembre de 2022, que

1
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

9

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01679 01
Demandante: Armando Salazar Tamayo

profirió el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 41001 23 33 000 2015 00553
01.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,3 donde la Corte concentró y diferenció

2
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

10

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01679 01
Demandante: Armando Salazar Tamayo

las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que, para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012, 4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,

4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
5
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

11

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01679 01
Demandante: Armando Salazar Tamayo

con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 19 de mayo de 2015, el señor Armando Salazar Tamayo, por medio de
apoderado, interpuso demanda contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(COLPENSIONES) para que se declararan nulas las Resoluciones GNR 296732 del 8 de
noviembre de 2013, GNR 73773 del 5 de marzo de 2014 y VPB 15802 del 20 de febrero
de 2015, mediante las cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de
vejez.6

2.4.2. El 3 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo del Huila profirió fallo
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
41001 23 33 000 2015 00553 00, en el que resolvió lo siguiente:7

PRIMERO.- Denegar las súplicas de la demanda.

SEGUNDO.- Condenar en costas a ARMANDO SALAZAR TAMAYO y a favor de la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES–. Para tal efecto, se
fijan como agencias en derecho el valor equivalente a 1 salario mínimo legal
mensual vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia. Por Secretaría
liquídense.

[…]

2.4.3. El 1.º de septiembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, al desatar el recurso de apelación interpuesto por el accionante, decidió
lo siguiente:8

1 º. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2020
por el Tribunal Administrativo del Huila (sala cuarta), que negó las súplicas de la
demanda en el proceso instaurado por el señor Armando Salazar Tamayo contra
la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), conforme a lo
6
Índice 19, del expediente electrónico 41001 23 33 000 2015 00553 01.
7
Índices 2, 8 y 9, del expediente electrónico 11001 03 15 000 2023 01679 00.
8
Índices 2, 8 y 9, del expediente electrónico 11001 03 15 000 2023 01679 00.

12

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01679 01
Demandante: Armando Salazar Tamayo

consignado en la parte motiva.

2. Revócase el ordinal segundo de la parte decisoria de la sentencia de primera
instancia, que condenó en costas a la parte demandante, que incluyen las agencias
en derecho, de acuerdo con la motivación expuesta.

[…]

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.5.1. Examen de procedencia de la acción de tutela

2.5.1.1. Considera la Sala que, contrario a lo que decidió la primera instancia, el caso
en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate que
plantea el señor Armando Salazar Tamayo gira en torno a la presunta vulneración de
sus derechos al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital.

2.5.1.2. En el presente asunto, se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en
cuanto se censura la sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión que
se propuso dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 41001 23 33 000 2015 00553 01.

2.5.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», por cuanto el fallo objeto de
reproche constitucional data del 1.º de septiembre de 2022, se notificó
electrónicamente a las partes el 1.º de noviembre de 2022, 9 y la presente acción de
tutela se radicó en la Secretaría General del Consejo de Estado el 10 de abril de
2023,10 es decir, dentro del término de los seis meses que señaló esta corporación
como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.5.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».

2.5.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos
y argumentos frente a los que se alega vulneración».

2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión

9
Índice 23, del expediente electrónico 41001 23 33 000 2015 00553 01.
10
Índice 1, del expediente electrónico 11001 03 15 000 2023 01679 00.

13

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01679 01
Demandante: Armando Salazar Tamayo

que se cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa al interrogante que se
presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que en el asunto se cumplen las
exigencias que habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir la providencia del 1.º
de septiembre de 2022, que emitió el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.

2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela

2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo

La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.

De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.11

11
Corte Constitucional. Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.

14

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01679 01
Demandante: Armando Salazar Tamayo

2.5.2.2. Fundamento de la providencia objeto de impugnación

El señor Armando Salazar Tamayo acude a la acción de tutela para que se protejan
sus derechos al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital cuya
vulneración le atribuye a la sentencia del 1º de septiembre de 2022, dictada dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001 23 33 000 2015
00553 01, que confirmó parcialmente la decisión que denegó las súplicas de la
demanda.

Igualmente, alega que se configura un defecto sustantivo, ya que el juzgador de
segunda instancia no tuvo en cuenta que en su caso no resulta aplicable el parágrafo
transitorio 2 del Acto Legislativo 1 de 2005, para el reconocimiento de la pensión de
vejez al que tiene derecho en su calidad de detective del Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS).

En la providencia objeto de censura, la Sección Segunda, Subsección B, explicó que
la pensión de vejez del accionante se rige por lo previsto en los Decretos 1047 de 1978
y 1933 de 1989, en virtud del régimen de transición establecido en el artículo 2.º de la
Ley 860 de 2003, norma que a su vez remite al artículo 4.º del Decreto 1835 de 1994,
al que pertenece el señor Armando Salazar Tamayo porque estaba vinculado al
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para el 4 de agosto de 1994, en el
cargo de detective, esto es, desarrollaba una de las denominadas actividades de alto
riesgo.12 Al respecto señaló lo siguiente:

Ahora bien, con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa en torno a la aplicación de
los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, ha de advertirse que comoquiera que
el régimen de transición previsto en el artículo 2º de la Ley 860 de 2003 remite al
artículo 4º del Decreto 1835 de 1994, se observa que el actor cumple el requisito
allí exigido, como es haber estado vinculado al DAS al momento de entrar en vigor
el citado [d]ecreto, toda vez que al 4 de agosto de 1994 […] laboraba para esa
entidad,13 por ende, en principio, su situación se halla regida por las normas

12
Artículo 2. Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, sólo se
consideran actividades de alto riesgo las siguientes:

1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de detectives en sus distintos
grados y denominaciones de especializado, profesional y agente.

[…]
13
«Además de eso a 2003 tenía más de 500 semanas de cotización».

15

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01679 01
Demandante: Armando Salazar Tamayo

anteriores a la Ley 100 de 1993.

[…]

Sin embargo, destacó que según el parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 1 de
2005, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y demás normas que lo
desarrollen, entre las cuales se encuentran las de actividades de alto riesgo,
contenidas en el Decreto 1835 de 1994, Decreto Ley 2090 de 2003 y la Ley 860 de
2003, no puede extenderse más allá del 31 de julio de 2010 y, si bien, instituyó una
excepción, manteniéndolo hasta 2014 para «quienes gozaran del régimen y tuvieran
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a [su]
entrada en vigor, sin hacer alguna otra [distinción]», no era el caso del accionante.
Sobre el particular se pronunció así:

[…] evidencia la Sala que para el 25 de julio de 2005 14 el actor contaba con 14
años, 5 meses y 12 días de servicio (741,33 semanas), puesto que el año en
materia pensional tiene 360 días (el mes es de 30 días), tal como lo ha sostenido
la jurisprudencia de las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia en [varios
proveídos],15 en los que se ha reiterado el criterio que esta [c]orporación sostuvo
en fallo de 4 de marzo de 1994 […]

En ese orden de ideas, en atención a que el demandante no conservó el régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 «y demás normas que desarrollen dicho
régimen», tampoco le asiste el derecho a la pensión de jubilación contenida en el
Decreto 1047 de 1978 como lo pretende, por lo que su situación se rige por el
artículo 2º (parágrafos 1º y 2º) de la Ley 860 de 2003, que previó la pensión de
vejez por exposición a alto riesgo, entre otros, para los detectives del DAS.

Así las cosas, en virtud de que el señor Salazar Tamayo no pudo acreditar que tenía
55 años16 de edad más el número de semanas preceptuado para el sistema general
de seguridad social en pensiones al que se refiere el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
(1300),17 como lo exige la Ley 860 de 2003, no satisfacía las condiciones para ser
beneficiario de la pensión de vejez por exposición a alto riesgo, en consecuencia,

14
«Fecha de entrada en vigor del Decreto 1835 de 1994».
15
«Posición reiterada en las sentencias de la Corte Constitucional T-248 de 6 de marzo de 2008,
magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil, y de la Corte Suprema de Justicia (sala laboral) SL10091-
2017 de 12 de julio de 2012, expediente 49088 (en la que se menciona que ha sido una posición
reiterada por esa Corporación en las sentencias de 22 de julio de 2009, expediente 35402 y «CSJ
SL3794-2015, rad. 56639 y CSJ SL7995-2015, rad. 53082 y CSJ SL2050-2017, rad. 4601»)».
16
«Los cumplió el 29 de enero de 2022».
17
«A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º
de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015».
Comoquiera que la edad pensional la alcanzaría en el 2022, debía acreditar este último número de
semanas, pero solo obtuvo 1028,4».

16

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01679 01
Demandante: Armando Salazar Tamayo

confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila en cuanto negó
las pretensiones de la demanda.

En ese sentido, considera la Sala que la providencia que profirió la Sección Segunda,
Subsección de esta corporación se encuentra debidamente sustentada, conforme con
lo dispuesto en las normas legales en relación con el reconocimiento de la pensión de
vejez por exposición a alto riesgo que reclama el accionante, lo cual, en modo alguno,
constituye transgresión de sus garantías fundamentales, sino que corresponde a las
atribuciones de autonomía e independencia de las que está investido el juez de la
causa y que en forma precisa lo habilitan para aplicar la ley sustancial y fijarle su
verdadero sentido y alcance frente al caso concreto.

Y es que el fallador constitucional no puede tomar posición en juicios de interpretación,
pues ello compete estrictamente al juez natural. El oficio del juez de tutela, cuando se
trata de providencias judiciales, es revisar que la decisión no sea manifiestamente
arbitraria y desproporcionada.

En el asunto sometido a examen se tiene que la Sección Segunda, Subsección B,
expresó las razones por las cuales consideró que de conformidad con lo dispuesto en
el Acto Legislativo 1 de 2005, que adiciona el artículo 48 de la Constitución Política, si
bien al accionante por ser beneficiario del régimen de transición del artículo 2º de la
Ley 860 de 2003,18 que remite a lo preceptuado en el artículo 2º del Decreto 1835 de
1994,19 le eran aplicables las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, también lo era
que esa norma estableció que los regímenes de transición no podían extenderse más
allá del 31 de julio de 2010 y, no obstante, prevé una regla de excepción que se
mantuvo hasta 2014, «para quienes gozaran del régimen y tuvieran cotizadas al menos
750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios», el señor Salazar Tamayo no
cumplía los requisitos para que lo cobijara, toda vez que para el 25 de julio de 2005,
cuando entró en vigor, contaba con catorce años, cinco meses y doce días de servicio,
esto es, 741.33 semanas de aportes.

18
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se dictan otras disposiciones».
19
«Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos».

17

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01679 01
Demandante: Armando Salazar Tamayo

Con fundamento en lo anterior, concluyó la Sección Segunda, Subsección B, que lo
resuelto en los actos enjuiciados se ajusta a la normativa que gobierna la prestación
pensional cuyo reconocimiento pretende el accionante y, por consiguiente, se debía
confirmar la decisión que denegó las súplicas del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra las decisiones a través de las cuales
la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) le negó el reconocimiento
y pago de la pensión de vejez por exposición a alto riesgo.

Así las cosas, la Sala estima que la providencia emitida por la autoridad accionada no
se avizora una actuación constitutiva de vía de hecho que vulnere los derechos
fundamentales de la parte accionante, en tal virtud, se denegará el amparo deprecado
por el señor Armando Salazar Tamayo.

3. Conclusión

La Sala concluye que la providencia del 1.º de septiembre de 2022, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que confirmó parcialmente el
fallo del 3 de noviembre de 2020, dictado por el Tribunal Administrativo del Huila, no
incurrió en defecto sustantivo como lo alega el accionante.

En tal sentido, la Sala procederá a revocar la sentencia de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado mediante la cual declaró improcedente la acción interpuesta por
falta del requisito de relevancia constitucional y, en su lugar, se denegará el amparo
que solicita el señor Armando Salazar Tamayo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 1.º de junio de 2023, que dictó el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, mediante la cual declaró la improcedencia de la acción de

18

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01679 01
Demandante: Armando Salazar Tamayo

tutela. En su lugar, negar el amparo que solicita el señor Armando Salazar Tamayo,
conforme a la parte considerativa que antecede.

Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

MAM

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.