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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01683-00

Fecha
21 de julio de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01683-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, atendiendo lo señalado en la parte motiva. SEGUNDO: AMPARAR TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos y trabajo del señor Rafael Ángel Rosales Jiménez, de conformidad con las razones expuestas en precedencia. TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Oficina de Control, Circulación y Residencia del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- OCCRE, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, expida de manera provisional al actor la tarjeta de residencia que le permita desempeñar las funciones del cargo público al que accedió a través del concurso de méritos efectuado por la Rama Judicial. CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a nombrar y a posesionar, luego de que acredite el idioma inglés con cualquiera de los exámenes enlistados en la Resolución nro. 018035 del 21 de septiembre de 202140 proferida por el Ministerio de Educación Nacional, de manera transitoria y mientras se resuelve la controversia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al señor 40 “Por la cual se publica la lista de exámenes estandarizados para la certificación del nivel de dominio lingüístico y se deroga la Resolución 12730 de 2017”. 40 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2023 01683 00 Accionante: Rafael Ángel Rosales Jiménez Rafael Ángel Rosales Jiménez en el cargo de oficial mayor o sustanciador nominado en la corporación. QUINTO: Atendiendo lo previsto por el artículo octavo del Decreto 2591 de 1991, el actor deberá promover, en un término máximo de cuatro meses, a partir de la notificación del fallo de tutela, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir el Acuerdo nro. 08 del 14 de marzo de 2023 y los demás actos administrativos que considere afectan sus derechos fundamentales; en caso de no interponerse el mecanismo de defensa judicial en dicho plazo, cesarán […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01683-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

21 de julio de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2023 01683 00
Accionante: Rafael Ángel Rosales Jiménez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01683 00
Accionante: RAFAEL ÁNGEL ROSALES JIMÉNEZ
Accionados: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLÍVAR;
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA; OFICINA DE
CONTROL, CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA DE LA
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Tesis: Hay lugar amparar de manera transitoria los derechos
fundamentales de acceso a cargos públicos y trabajo
cuando el nominador se abstiene de nombrar en
propiedad al ciudadano que ocupa el primer lugar en la
lista de elegibles bajo la consideración de que no cumplió
los requisitos especiales para ser nombrado en el distrito
judicial de San Andrés Isla, sin que las condiciones
exigidas estén previstas en el acuerdo de convocatoria del
concurso de méritos.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Rafael Ángel
Rosales Jiménez en contra del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina y la Oficina de Control, Circulación y Residencia de la
Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina.

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Radicación: 11001 03 15 000 2023 01683 00
Accionante: Rafael Ángel Rosales Jiménez

1. SÍNTESIS DEL CASO

El accionante promovió acción de tutela en contra de las precitadas
autoridades, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales a
la igualdad, al trabajo, al debido proceso y el acceso a cargos públicos, y
para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] PRIMERA: Presentadas la situación fáctica y jurídica, ruego a
su señoría amparar mis derechos fundamentales a la igualdad (art.
13), trabajo (art. 25), debido proceso (art. 29) y acceso a cargos
públicos (art. 40 numeral 7).

SEGUNDO: Dejar sin efecto el Acuerdo nro. 08 del 14 de marzo
de 2023, dictado por el Tribunal Contencioso Administrativo del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, por medio del cual se abstiene de proveer un cargo en
propiedad.

TERCERO: Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, que proceda a realizar mi nombramiento en el cargo de
oficial mayor o sustanciador de tribunal y acepte el certificado de
idioma inglés que actualmente poseo con el nivel B2, en observancia
del artículo 45 de la Ley 47 de 1993 y obedeciendo los términos
establecidos en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996.

CUARTO: En consecuencia, se ordene a la OCCRE expida la tarjeta
de residencia con fines de registro en el término de 48 horas
posterior al fallo, sin que se pueda inferir condición o plazo alguno,
toda vez que es un cargo de empleado judicial […]”. [Mayúsculas y
negrillas del escrito de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que, por medio del Acuerdo CSJBOA17-609 del 6
de octubre de 2017, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar
convocó a concurso de méritos para la provisión de los cargos de
empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios de
los distritos judiciales de Bolívar y San Andrés Isla. Afirmó que se inscribió

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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para el cargo de oficial mayor o sustanciador de tribunal, identificado con
el código 260420.

Señaló que fue admitido, aprobó las pruebas y que, mediante la
Resolución CSJBOR21-591 del 24 de mayo de 2021, quedó en firme el
registro de elegibles en el que fue incluido para el cargo de oficial mayor
o sustanciador de tribunal.

Anotó que el 28 de julio de 2022 solicitó al Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar le indicara cuáles eran los requisitos especiales para
aspirar al cargo de oficial mayor de tribunal en San Andrés, a lo que
respondieron que uno de los requisitos era tener la tarjeta de residencia
expedida por la OCCRE y cumplir lo dispuesto por los artículos 42 y 45 de
la Ley 47 de 1993.

Expuso que en el mes de enero de 2023 optó por el cargo de oficial mayor
o sustanciador de tribunal en San Andrés Isla y que el 16 de febrero de
2023 el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar le notificó el oficio
nro. CSJBOO23-39 del 14 de febrero de 2023, dirigido al Tribunal
Administrativo de San Andrés Islas, a través del cual se remitió el
Acuerdo nro. CSJBOA23-15 del 8 de febrero de 2023, por el que se
formuló ante dicho tribunal la lista de candidatos para proveer en
propiedad el precitado cargo. Aseveró que es la única persona en la lista
de candidatos para proveer en propiedad el cargo de oficial mayor o
sustanciador de tribunal

Agregó que solicitó a la Oficina de Control, Circulación y Residencia del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
(OCCRE) la tarjeta de residencia para trabajo con fines de registro, que
constituye requisito para la posesión en el mencionado cargo; sin
embargo, su petición fue resuelta de manera desfavorable.

Sostuvo que la OCCRE no tuvo en cuenta lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-913 de 2009 e interpretó de manera
errada la sentencia C-530 de 1993 “(…) tal como lo ha venido haciendo
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Accionante: Rafael Ángel Rosales Jiménez

en reiteradas ocasiones, que han dado como resultado la intervención de
jueces de tutela que han salvaguardado los derechos de quienes los
invocan, como el caso de la sentencia T-1117 de 2002 donde se tutelaron
los derechos de los empleados de la contraloría (…)2”.

Alegó que la respuesta negativa de la OCCRE está amenazando su
derecho a ocupar cargos públicos en virtud de una mala interpretación
normativa, al no aplicar el criterio de razonabilidad desarrollado por la
Corte Constitucional, “(…) toda vez que el tratar de garantizar que los
raizales ocupen todos los cargos del archipiélago no puede estar por
encima del derecho al mérito, habida cuenta que sería un juicio de
ponderación errado, por tratarse de un concurso público de méritos
donde ellos también tuvieron participación, ganando incluso algunos su
derecho a ocupar varios cargos ofertados (…)”3.

Manifestó que el tribunal accionado debió hacer el nombramiento desde
la fecha que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar le comunicó
el oficio CSJBOO23-39 del 14 de febrero de 2023 y llevar a cabo todas
las etapas del proceso conforme con lo dispuesto por el artículo 133 de
la Ley 270 de 1996; sin embargo, no lo hizo.

Indicó que el 28 de febrero de 2023, vía correo electrónico, el Tribunal
Administrativo de San Andrés Islas le notificó el oficio nro. 091, a través
del cual le solicitó (i) la acreditación de su condición de residente de la
isla, por parte de la OCCRE, y (ii) la certificación de dominio del idioma
inglés comúnmente hablado en el archipiélago, sin que se haya procedido
con el nombramiento y exigiendo requisitos que no se encuentran
estipulados en la ley.

Informó que el 7 de marzo de 2023 formuló derecho de petición ante el
precitado tribunal en el que solicitó hacer el nombramiento de
conformidad con el artículo 133 de la Ley 270 de 1996 y aclaró que los

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Ibídem.
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únicos requisitos exigibles eran la tarjeta de residencia emitida por la
OCCRE y el idioma inglés, pero no el típico de la isla, como se le requirió
en el oficio del 28 de febrero de 2023.

Aludió que, por oficio nro. 120 del 10 de marzo de 2023, el tribunal
accionado respondió la petición e indicó que se debe dar aplicación al
artículo primero del Acuerdo 574 de 1999 que establece que quienes
opten por los despachos ubicados en el Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, “deberán acreditar, de
conformidad con lo establecido en el Decreto- Ley 2762 de 1991 y la Ley
47 de 1993, los siguientes requisitos adicionales: // 1. Tener la calidad
de residente // 2. Hablar inglés”.

Anotó que, de manera posterior a la respuesta negativa de la petición,
el tribunal accionado le comunicó el oficio nro. 0142 del 15 de marzo de
2023, a través del cual le notificó el Acuerdo nro. 08 del 14 de marzo de
2023, “por medio del cual se abstiene de proveer un cargo en propiedad”
por falta de cumplimiento de requisitos.

Aseveró que tiene un certificado de inglés con el que acredita el nivel
B2, de conformidad con el marco común europeo, expedido por el centro
de idiomas y turismo de Cartagena – CITUCAR; y que, al momento de
presentar su derecho de petición al tribunal accionado, no lo remitió
porque estima que primero debe hacerse el nombramiento, manifestar
su aceptación y después presentar la documentación que pruebe el
cumplimiento de los requisitos especiales para poder tomar posesión.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

3.1. La tutela fue radicada a través del aplicativo de recepción de tutelas
en línea de la página web de la Rama Judicial el 31 de marzo de 20234 y
correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto del 13 de

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Accionante: Rafael Ángel Rosales Jiménez

abril de 20235, la admitió y dispuso notificar a la Presidencia del Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la
Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y a la Oficina
de Control, Circulación y Residencia de la Gobernación del Departamento
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - OCCRE6.

3.2. La presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar
remitió escrito7 vía correo electrónico, en el que solicitó se declare la falta
de legitimación en la causa por pasiva de esa Corporación, debido a que
la facultad para expedir el permiso de residencia temporal necesario para
tomar posesión en el cargo de interés del accionante corresponde a la
OCCRE; y que, en lo relacionado con los nombramientos y posesiones de
servidores judiciales, esta es una competencia que, de conformidad con
el artículo 175 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia,
corresponde a las corporaciones judiciales y jueces de la República.

Precisó que las condiciones y requisitos para tomar posesión en los cargos
del circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina están
establecidos en el Acuerdo nro. CSJBOA17-609 de 2017, norma que
regula la Convocatoria nro. 4, los cuales fueron reiterados a los aspirantes
en los formatos de “opción de sede” que estos presentan, y, por lo tanto,
corresponde a cada aspirante acreditarlos ante el respectivo nominador.

3.3. Los magistrados del Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina rindieron informe8 vía mensaje de datos, en
el que manifestaron que no hay lugar amparar los derechos
fundamentales del accionante debido a que no existe ninguna
vulneración.

5
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01683 00.
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Esta orden se cumplió el 21 de abril de 2023. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01683 00.
7
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01683 00.
8
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01683 00.
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Accionante: Rafael Ángel Rosales Jiménez

Indicaron que, a través de los oficios nro. 93 y 94 del 28 de febrero de
2023, solicitaron a la OCCRE y a la Secretaría de Educación
Departamental que expidieran la certificación en la que constara si el
señor Rafael Ángel Rosales Jiménez tenía la calidad de residente en la
isla de San Andrés y si había presentado el examen que acreditaba el
dominio del idioma inglés comúnmente hablado en el Archipiélago
(“creole”), respectivamente.

Que la secretaría de educación del departamento comunicó que, en su
base de datos, no existe evidencia de que el hoy accionante haya elevado
solicitud alguna para la aplicación del San Andrés Creole Oral Proficiency
Test (SACOPT), examen que acredita el dominio del idioma inglés
comúnmente hablado en el Archipiélago, y que la OCCRE indicó que el
señor Rosales Jiménez no tiene residencia, ni registros de ingreso al
departamento, pero que elevó solicitud de residencia con fines de
registro, que se encontraba en trámite.

Argumentaron que “(…) la razón por la cual esta Corporación se abstuvo
de nombrar en el cargo de oficial mayor al señor Rafael Ángel Rosales
Jiménez fue que no acreditó los requisitos especiales, a pesar de haber
sido oficiado para subsanar la omisión de aquellos al momento de
presentar la opción de sede, en cumplimiento del Acuerdo 574 de 1999
(…)”.

Finalmente, solicitaron que se vinculara al proceso a la señora Laura
María Newball Forero quien ocupa el cargo de oficial mayor de esa
Corporación, y podría verse afectada con el resultado del proceso.

3.4. Por auto del 2 de mayo de 20239, se dispuso vincular10 al proceso a
la señora Laura María Newball Forero, quien actualmente ocupa el cargo

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Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01683 00.
10
Esta orden se cumplió el 8 de mayo de 2023. Visto en el índice 16 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
01683 00.
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Accionante: Rafael Ángel Rosales Jiménez

al que aspira ser nombrado el accionante, por tener interés en las
resueltas del proceso.

3.5. La señora Laura María Newball Forero presentó escrito11 vía correo
electrónico en el que manifestó que, ni del escrito de tutela, ni de las
pruebas aportadas, se desprende la real existencia de un perjuicio
irremediable con las características requeridas para activar la
herramienta constitucional en aras de proteger los derechos del
accionante.

3.6. La Oficina de Control, Circulación y Residencia del departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - OCCRE,
guardó silencio.

3.7. El expediente ingresó al despacho para fallo el 16 de mayo de 202312.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,13 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202114, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201915 proferido por la Sala Plena del

11
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01683 00.
12
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01683 00.
13
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
14
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente
a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
15
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 01683 00
Accionante: Rafael Ángel Rosales Jiménez

Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:

4.2.1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, a través del
Acuerdo nro. CSJBOA23-15 del 8 de febrero de 2023, “Por medio del cual
se formula ante el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés,
Isla, lista de candidatos para proveer en propiedad el cargo de OFICIAL
MAYOR O SUSTANCIADOR DE TRIBUNAL NOMINADO – Identificado con
el código 260420”, dispuso lo siguiente:

“[…] ARTICULO 1°: Formular ante el Tribunal Contencioso
Administrativo de San Andrés, Isla, la siguiente lista de candidatos en
orden descendente del puntaje total obtenido, con inscripción vigente
en el Registro Seccional de Elegibles, conformada con los aspirantes
que manifestaron su disponibilidad, destinada exclusivamente a
proveer en propiedad el cargo de OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR
DE TRIBUNAL NOMINADO que se encuentra en vacancia definitiva.

No. De APELLIDOS NOMBRE CÉDULA GRADO TOTAL
orden
1 ROSALES RAFAEL 1047368080 Nominado 669.09
JIMENEZ ANGEL

[…]”.

El precitado acuerdo fue remitido al Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina por oficio nro. CSJBOO23-39 del 14
de febrero de 2023, expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura
de Bolívar.

4.2.2. El 24 de febrero de 2023 el señor Rafael Ángel Rosales Jiménez
solicitó a la Oficina de Control, Circulación y Residencia del departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - OCCRE la
expedición de “(…) la tarjeta de residencia temporal por actividades

16
Lo que se extrae de las pruebas aportadas por el accionante y el tribunal accionado.
Visto en los índices 2 y 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01683 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 01683 00
Accionante: Rafael Ángel Rosales Jiménez

laborales con fines de registro (…)”, necesaria para poder acceder a un
empleo público como empleado judicial en la isla de San Andrés, en el
cargo de oficial mayor o sustanciador de tribunal.

4.2.3. El 28 de febrero de 2023, mediante oficio nro. 091, el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina solicitó al hoy
accionante (i) la acreditación de su condición de residente en la isla de
San Andrés por parte de la OCCRE, y, (ii) la certificación de dominio del
idioma inglés comúnmente hablado en el Archipiélago.

En la misma fecha, por oficio nro. 093, requirió a la Secretaría de
Educación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina certificaran si el señor Rafael Ángel Rosales Jiménez había
presentado el examen correspondiente para acreditar el dominio del
idioma inglés comúnmente hablado en el archipiélago.

De igual forma, por oficio nro. 094, solicitó a la OCCRE expidieran
certificación en la que constara la condición de residente o el inicio del
trámite pertinente para adquirir tal calidad por parte del accionante.

4.2.4. El 6 de marzo de 2023, la Secretaría de Educación del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
respondió la solicitud del tribunal indicando que “(…) en los archivos de
esta Secretaría no hay evidencia, de que el Señor RAFAEL ANGEL
ROSALES JIMENEZ, (…), haya hecho solicitud alguna para la aplicación
del San Andrés Creole Oral Proficiency test (SACOPT), examen que
acredita el dominio del idioma inglés comúnmente hablado en el
Archipiélago (…)”.

4.2.5. El 9 de marzo de 2023, vía correo electrónico, la OCCRE le informó
al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
que el señor Rosales Jiménez había presentado solicitud de residencia
con fines de registro y que estaba en trámite.

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Accionante: Rafael Ángel Rosales Jiménez

4.2.6. En la misma fecha del 9 de marzo de 2023, por oficio nro. 4810,
la OCCRE respondió la solicitud presentada por el accionante el 24 de
febrero de 2023 en el sentido de negar la expedición de la “tarjeta de
residencia temporal con fines de registro”.

4.2.7. El accionante presentó derecho de petición ante el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el que
solicitó ser nombrado en el cargo de oficial mayor o sustanciador de
tribunal.

4.2.8. Mediante oficio nro. 120 del 10 de marzo de 2023, el precitado
tribunal respondió la petición del señor Rosales Jiménez señalando lo
siguiente:

“[…] esta Corporación solo puede definir la procedencia de su
petición mediante el respectivo Acuerdo de Sala Plena que disponga
lo pertinente a su eventual nombramiento o no, dependiendo de la
acreditación de los requisitos especiales establecidos en la Ley 47 de
1993 y el Decreto 2762 de 1991 que debió presentar al momento de
optar por un cargo en esta sede judicial y de lo cual se le requirió
mediante Oficio No. 091 del 28 de febrero de 2023, a fin de que
tuviera oportunidad de completar la documentación requerida para
optar a un cargo en el territorio del Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina conforme los precisos
términos del Acuerdo 574 de 1999, que está vigente y es
plenamente aplicable […]”.

4.2.9 El 15 de marzo de 2023, por oficio nro. 0142, el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina le notificó al
accionante el Acuerdo nro. 08 del 14 de marzo de 2023 en el que se
resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Disponer que el señor RAFAEL ANGEL
ROSALES JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.047.368.080, no acreditó conforme a las reglas del concurso
convocado mediante Acuerdo CSJBOA17-609 del 06 de octubre de
2017 Art. 2º numeral 8, y en la oportunidad señalada en el Acuerdo
574 de 1999 del Consejo Superior de la Judicatura, el cumplimiento
de los requisitos especiales constitucionales y legales establecidos
en el Decreto Ley 2762 de 1991 y la Ley 47 de 1993 a fin de poder
ser nombrado para el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador
Nominado en esta Corporación.

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Accionante: Rafael Ángel Rosales Jiménez

ARTÍCULO SEGUNDO: Abstenerse de nombrar en propiedad en el
cargo de OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR NOMINADO del
Tribunal Contencioso Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina al señor RAFAEL ANGEL ROSALES
JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.047.368.080,
por no reunir los requisitos constitucionales y legales
correspondientes […]”. [Mayúsculas y negrillas del texto original].

4.3. CUESTIÓN PREVIA

La Sala advierte que, frente a la solicitud formulada por la presidencia del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, en el sentido que se declare
la falta de legitimación en la causa por pasiva de esa Corporación, que
dicha petición no es procedente, comoquiera que, acorde con los artículos
101, 162, 164 y 165 de la Ley 270 de 1996, corresponde a los consejos
seccionales adelantar los procesos de selección y convocar a los
concursos de mérito, para la conformación de los registros seccionales de
elegibles para proveer los cargos de empleados de carrera de tribunales,
juzgados y centros de servicios de su circunscripción territorial.

Lo señalado, en consonancia con lo previsto en el Acuerdo No. PCSJA17-
10643 del 14 de febrero de 2017, expedido por la presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura, “Por medio del cual se dispone que los Consejos
Seccionales de la Judicatura adelanten los procesos de selección, actos
preparatorios, expidan las respectivas convocatorias, de conformidad con
las directrices que se impartan para la provisión de los cargos de
empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios”.

En ese sentido, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar está
legitimado por pasiva para concurrir a este trámite tutelar.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, el señor Rafael Ángel Rosales Jiménez
promovió acción de tutela con el fin de que se deje sin efectos el Acuerdo
nro. 08 del 14 de marzo de 2023 expedido por el Tribunal Administrativo
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el que

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Accionante: Rafael Ángel Rosales Jiménez

se abstuvo de nombrarlo en propiedad en el cargo de oficial mayor o
sustanciador nominado por considerar que no reunía los requisitos
constitucionales y legales.

La Sala, para resolver los reparos del accionante, estima necesario, en
primer lugar, determinar si la presente acción de tutela cumple con el
requisito de subsidiariedad. De estar superado, la Sala examinará de
fondo el asunto.

4.4.1 El requisito de subsidiariedad respecto de los actos
administrativos proferidos en el marco de un concurso de méritos

El señor Rosales Jiménez estima que los derechos fundamentales a la
igualdad, trabajo, debido proceso y acceso a cargos públicos están siendo
vulnerados con ocasión del Acuerdo nro. 08 del 14 de marzo de 2023
expedido por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, que se abstuvo de nombrarlo en propiedad
en el cargo de oficial mayor o sustanciador nominado.

En ese contexto, la Sala advierte que, en principio, el accionante podría
controvertir la legalidad del precitado acto administrativo a través de los
medios de control previstos en el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo e incluso solicitar el decreto de las
medidas cautelares que considere pertinentes.

No obstante, si bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
explicado que, por regla general, la acción de tutela no procede contra
los actos administrativos expedidos en un concurso de méritos por cuanto
los ciudadanos pueden acudir a los medios de defensa disponibles en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, también ha sostenido que
existen dos hipótesis que permiten la procedencia excepcional de la
tutela: -) la primera, cuando existe el riesgo de que se configure un
perjuicio irremediable, y, en este evento, la acción es procedente de
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manera transitoria, y -) la segunda, cuando el medio existente no es
idóneo y eficaz para resolver la controversia, teniendo en cuenta la
naturaleza de la disputa, de los hechos del caso y del impacto respecto
de derechos o garantías constitucionales17; en esta circunstancia, el
amparo es procedente de forma definitiva.

La Sala considera que, en este caso, la acción de tutela es procedente de
manera transitoria con el fin de precaver que se configure un perjuicio
irremediable sobre los derechos fundamentales de acceso a cargos
públicos y al trabajo del accionante, por las razones que pasan a
explicarse.

(i) De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el
perjuicio irremediable es el riesgo de consumación de un daño o
afectación cierta, negativa, jurídica o fáctica a los derechos
fundamentales y, además, ha indicado que el perjuicio tiene la
característica de irremediable cuando es -) inminente, es decir, que existe
una amenaza o que la lesión o afectación al derecho está por ocurrir18; -
) grave, esto es, que el daño del bien jurídico debe ser de una gran
intensidad; -) urgente, en tanto que las medidas para conjurar la
violación o amenaza del derecho se requieren con rapidez, e -)
impostergable, porque busca el restablecimiento de forma inmediata19.

(ii) En este caso, están reunidos los requisitos para que el perjuicio sea
irremediable. En cuanto a la inminencia, se advierte prima facie que
existe una posible afectación sobre los derechos fundamentales del
accionante porque, aunque está en el primer lugar de la lista de elegibles
para ocupar en propiedad el cargo de oficial mayor o sustanciador en el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no

17
Corte Constitucional. Sentencia T – 340 del 21 de agosto de 2020. M.P.: Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
18
Sobre la inminencia puede verse la sentencia T – 796 del 21 de octubre de 2011. M.P.
Huberto Sierra Porto.
19
Al respecto, puede verse la sentencia T – 003 del 13 de enero de 2022 de la Corte
Constitucional. M.P.: Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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ha sido nombrado, debido a que, mediante el Acuerdo nro. 08 del 14 de
marzo de 2023, la precitada autoridad judicial resolvió abstenerse de
hacer el nombramiento.

En ese sentido, se observa que están comprometidos los derechos
fundamentales de acceso a cargos públicos y al trabajo, toda vez que el
actor, al ocupar el primer lugar, tiene el derecho subjetivo de ser
nombrado; no obstante, este derecho no ha sido satisfecho, pese a
superar el concurso de méritos, en razón a que el tribunal accionado
aduce que no ha cumplido unas condiciones legales.

En otras palabras, el requisito de la inminencia está verificado porque
cada día que pasa equivale a que el actor esté en la imposibilidad de
ejercer los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos y al
trabajo, pese a que superó el concurso de méritos y ocupó el primer lugar
en la lista de elegibles. Es de anotar que el numeral séptimo del artículo
40 de la Constitución Política estableció que los ciudadanos tienen el
derecho de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, y, a su
turno, el artículo 8520 ibidem prevé que es un derecho de aplicación
inmediata.

El perjuicio cumple con la característica de ser grave toda vez que están
comprometidos dos derechos de carácter fundamental, como lo son el
acceso a cargos públicos y el trabajo; a lo que se agrega que la discusión
planteada por el actor involucra el principio de mérito como una garantía
de acceso a la función pública. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha explicado que el mérito es un principio fundante del
Estado colombiano y fue establecido con la finalidad de garantizar un
medio objetivo de acceso, permanencia y retiro del servicio público, “y,

20
“ARTICULO 85. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los
artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33
, 34, 37 y 40”.
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por último, para hacer efectivo otros derechos que encuentran garantía
plena” a través del mérito21.

Las medidas a adoptar son urgentes, en tanto que, como lo ha explicado
la Corte Constitucional, la urgencia es “una adecuación entre la
inminencia y la respectiva actuación”22. En este caso, el actor no ha sido
nombrado en propiedad, pese a que tiene el derecho subjetivo de ser
nombrado por haber ocupado el primer lugar en la lista de elegibles, de
donde se desprende que hay un hecho que presuntamente está afectando
los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos y trabajo; y, por
ende, al existir inminencia, las medidas adoptar para conjurar la
situación, son igualmente urgentes.

Finalmente, las medidas a adoptar son impostergables y ello se
desprende porque “la urgencia y la gravedad determinan que la acción
de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna”23.

Por lo anotado, la acción de tutela es procedente de manera transitoria,
puesto que se advierte que, con lo dispuesto en el Acuerdo nro. 08 del
14 de marzo de 2023, están comprometidos los derechos fundamentales
de acceso a cargos públicos y trabajo; además, en la actualidad, pese a
que el accionante ocupó el primer lugar en la lista de elegibles para ser
nombrado en propiedad, está en la imposibilidad de ejercer tales
derechos.

21
Corte Constitucional. Sentencia T – 340 del 21 de agosto de 2020. M.P.: Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
22
Corte Constitucional. Sentencia T – 956 del 19 de diciembre de 2013. M.P.: Luis
Ernesto Vargas Silva.
23
Corte Constitucional. Sentencia T – 796 del 21 de octubre de 2011. M.P. Huberto
Sierra Porto.
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Por consiguiente, la Sala examinará de fondo la controversia propuesta
por el actor y, para ello, se detendrá en (i) el contenido de los derechos
fundamentales de acceso a cargos públicos y trabajo, para luego, abordar
el (ii) caso concreto.

4.4.2. El contenido de los derechos fundamentales de acceso a
cargos públicos y trabajo

El artículo 125 de la Constitución Política establece el régimen de carrera
administrativa para la provisión de los empleos en los órganos y
entidades del Estado, salvo algunas excepciones como los cargos de
elección popular, de libre nombramiento y remoción, de trabajos oficiales,
y los demás que determine la ley24.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado que el propósito
de esta norma “es crear un mecanismo objetivo de acceso a los cargos
públicos, en el cual las condiciones de ingreso, ascenso, permanencia y
retiro respondan al mérito, conforme a criterios reglados y no a la
discrecionalidad del nominador. De acuerdo con esta disposición, la Corte
ha sostenido que la carrera administrativa es el mecanismo preferente
para el acceso y la gestión de los empleos públicos, en donde quien
supere satisfactoriamente las etapas del concurso de méritos, adquiere
un derecho subjetivo de ingreso al empleo público, el cual puede ser
exigible frente a la Administración como a los funcionarios públicos que
se encuentran desempeñando el cargo ofertado en provisionalidad”25.

El derecho de acceso a cargos públicos está previsto en el numeral
séptimo del artículo 40 de la Constitución Política y desde sus inicios la

24
Corte Constitucional. Sentencia T – 464 del 8 de octubre de 2019. M.P.: Antonio José
Lizarazo Ocampo.
25
Corte Constitucional. Sentencia T – 464 del 8 de octubre de 2019. M.P.: Antonio José
Lizarazo Ocampo.

17

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jurisprudencia constitucional le reconoció el carácter de fundamental 26.
Asimismo, ha explicado que el alcance de este derecho “debe entenderse
en el sentido de inmunizar a la persona contra las decisiones estatales
que de manera arbitraria le impida acceder a un cargo público, a no ser
desvinculado de manera arbitraria del mismo y, ocupando uno, que no
se le impida arbitrariamente el ejercicio de sus funciones” 27.

Sobre el ámbito de protección en sede de tutela del derecho fundamental
de acceso a cargos públicos, en la sentencia SU – 339 de 2011, la Corte
Constitucional señaló28 que corresponde, en principio, establecer si en el
caso concreto, a una persona le ha sido desconocido un derecho subjetivo
de acceso a un cargo público determinado y que “en tales juicios, prima
facie, no resulta suficiente la norma constitucional, sino que ésta ha de
ser completada por disposiciones legales relativas al cumplimiento de
condiciones para el acceso al cargo y su permanencia”.

Igualmente, en la precitada providencia indicó que la jurisprudencia
constitucional ha entendido que, dentro del ámbito de protección del
derecho fundamental de acceso a cargos públicos, está: (i) la posesión
de las personas que han cumplido con los requisitos para acceder a un
cargo, (ii) la prohibición de establecer requisitos adicionales para entrar
a tomar posesión de un cargo, cuando el ciudadano ha cumplido a
cabalidad con las exigencias establecidas en el concurso de méritos, (iii)
la facultad de elegir de entre las opciones disponibles aquella que más se
acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido seleccionado
en dos o más concursos, (iv) la prohibición de remover de manera
ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una
persona que ocupen un cargo público.

26
Corte Constitucional. Sentencia T – 003 del 11 de mayo de 1992. M.P.: José Gregorio
Hernández Galindo.
27
Corte Constitucional. Sentencia SU – 544 del 24 de mayo de 2001. M.P.: Eduardo
Montealegre Lynett.
28
M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
18

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A partir de lo anterior, la Corte Constitucional ha sostenido que, “cuando
no está en discusión la titularidad del derecho subjetivo a ocupar el cargo
público, se puede considerar la existencia de una amenaza o violación del
derecho fundamental. No obstante, en casos en los que está en discusión
el hecho de si el actor cumple o no con los requisitos para acceder al
cargo, es posible proteger otra faceta de dicho derecho: la garantía de
que los cuestionamientos en torno al nombramiento y a la posesión se
hagan respetando plenamente los procedimientos previstos para ello en
la ley”29.

También ha señalado que, para el ejercicio efectivo del derecho de acceso
a cargos públicos, es necesario “la concurrencia del acto de
nombramiento, en virtud del cual el Estado designa en cabeza de una
persona, las funciones, deberes y responsabilidades propias del cargo, y
la posesión, que es el hecho por el cual la persona asume esas funciones,
deberes y responsabilidades”30.

Por último, frente a la relación que existe entre el derecho de acceso a
cargos públicos y el trabajo, la Corte Constitucional ha señalado31 que la
última garantía se materializa en cabeza del ganador del concurso, a
quien le asiste el derecho de ser nombrado; en esa medida, a la
posibilidad de acceder a un empleo se suma la garantía del deber estatal
de impedir que terceros restrinjan dicha opción. De lo anterior, se
desprende que “el derecho al trabajo, en las situaciones de acceso a
cargos públicos se materializa cuando se crea en el titular el nacimiento
del derecho subjetivo, es decir, cuando en virtud del mérito y la capacidad
del aspirante obtiene el mejor puntaje, de lo cual se sigue o deviene su
nombramiento y posesión”32.

29
Corte Constitucional. Sentencia T – 257 del 29 de marzo de 2012. M.P.: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
30
Corte Constitucional. Sentencia T – 257 del 29 de marzo de 2012. M.P.: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
31
Corte Constitucional. Sentencia T – 257 del 29 de marzo de 2012. M.P.: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
32
Corte Constitucional. Sentencia T – 257 del 29 de marzo de 2012. M.P.: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
19

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4.4.3. Caso concreto

En el asunto bajo examen, el hecho que presuntamente estaría
vulnerando los derechos fundamentales del actor se concreta en la
expedición del Acuerdo nro. 08 del 14 de marzo de 2023, mediante el
cual el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina dispuso que el aquí accionante no acreditó el cumplimiento de
los requisitos especiales, consistentes en tener la calidad de residente del
departamento y dominar el idioma inglés comúnmente hablado en el
territorio; y, por ende, se abstuvo de proceder a nombrarlo en propiedad
en el cargo de oficial mayor o sustanciador nominado en dicha
corporación.

En esa medida, la Sala estima pertinente retrotraerse a las
consideraciones expuestas por el tribunal accionado para exigirle al actor
el cumplimiento de los precitados requisitos. Al efecto, el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, señaló 33:

“[…] En los términos de los artículos 133, 162 y 167 de la Ley 270
de 1993, concordado con el Acuerdo 4856 de 2008, la Sala Plena
Ordinaria verificada el 23 de febrero de 2023, en cumplimiento a las
normas que integran el régimen especial del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tales
como, el artículo 310 de la Constitución Política, Decreto Ley 2762
de 1991, Ley 47 de 1993, sentencia de la Corte Constitucional C-
530 de 1993, y en especial el Acuerdo nro. 574 de 1999 proferido
por el Consejo Superior de la Judicatura, acordó solicitar a la Oficina
de Control de Circulación y Residencia – OCCRE y a la Secretaría de
Educación de la Gobernación Departamental expedir certificación
donde constara si el señor RAFAEL ANGEL ROSALES JIMENEZ, tiene
la calidad de residente en la isla de San Andrés y si este presentó el
examen para acreditar el dominio del idioma inglés comúnmente
hablado en el Archipiélago (creole), respectivamente.

Mediante Oficio nro. 091 comunicado el 28 de febrero de 2023, esta
Sala requirió al señor RAFAEL ANGEL ROSALES JIMENEZ, para que
en el término de cinco (5) días acreditara el cumplimiento de los

33
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01683 00.

20

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requisitos especiales establecidos en el Decreto Ley 2762 de 1991 y
la Ley 47 de 1993, los cuales conforme lo establece el Acuerdo nro.
0574 de 1999 , debió aportar junto con su solicitud de opción de
sede, esto es, su condición de residente del Departamento
Archipiélago y el dominio del idioma inglés comúnmente hablado, a
lo cual guardó silencio. No obstante, en derecho de petición remitido
a esta Corporación el día 07 de marzo del año en curso, manifestó
que tenía en trámite su tarjeta de residencia ante la OCCRE. Sobre
el conocimiento del inglés comúnmente hablado indicó que había
elevado derecho de petición al Consejo Seccional de la Judicatura
pero no aportó certificación alguna que acreditara su conocimiento
del mismo.

Así mismo, y de manera oficiosa con el propósito de asegurar el
cumplimiento de los requisitos especiales establecidos en la
Constitución Política y la ley, de quienes opten a los cargos en la
Rama Judicial en el territorio insular, esta Corporación mediante
oficio No. 093 del 28 de febrero de 2023, solicitó a la Secretaría de
Educación de la Gobernación del Departamento Archipiélago y su
Comité Lingüístico, certificar si en sus bases de datos existía
evidencia de que el señor RAFAEL ANGEL ROSALES JIMENEZ hubiera
presentado y aprobado el examen que acredita el dominio del inglés
comúnmente hablado en el archipiélago.

La Secretaría de Educación del Departamento Archipiélago dio
respuesta mediante oficio de fecha 9 de marzo de 2023, indicando
que en su base de datos no existe evidencia de que el Señor RAFAEL
ANGEL ROSALES JIMENEZ, haya elevado solicitud alguna para la
aplicación del San Andrés Creole Oral Proficiency Test (SACOPT),
examen que acredita el dominio del idioma inglés comúnmente
hablado en el Archipiélago.

Igualmente, mediante oficio nro. 094 del 28 de febrero de 2023 se
le solicitó a la Oficina de Control y Circulación de Residencia OCCRE
certificara si el señor RAFAEL ANGEL ROSALES JIMENEZ ostenta la
calidad de residente del archipiélago o, si ha iniciado trámite alguno
con este propósito.

El 9 de marzo de 2023, se recibió respuesta por parte de la Oficina
de la OCCRE en la cual se indica que el señor RAFAEL ANGEL
ROSALES JIMENEZ “no detenta residencia, ni registros de ingreso al
Departamento”, sin embargo, elevó solicitud de residencia con fines
de registro la cual se encuentra en trámite.

Que de conformidad con el Acuerdo nro. 574 de 1999, “Por medio
del cual se dictan disposiciones acerca de la integración de las listas
de elegibles para los cargos de empleados de carrera de los
despachos judiciales ubicados en el Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, proferido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el cual se
encuentra vigente, quienes aspiren a ocupar los cargos de
empleados que se encuentren vacantes en el distrito judicial de San
Andrés Islas deben allegar al Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar, la certificación expedida por la Oficina de Control de

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Circulación y Residencia OCCRE donde se haga constar la calidad de
Residente, siendo esta una calidad que debe ostentar el participante
con anterioridad a la etapa de opción de sedes. De no hacerlo en ese
momento, no estaría habilitado para integrar la lista de elegibles
remitida para ocupar cargos vacantes en este territorio insular.

Así mismo, tratándose de cargos cuyas funciones tengan relación
directa con la atención al público, también se hace necesario
verificar al momento de optar por cargos en esta sede judicial, que
el participante tenga el documento que le acredita tener dominio del
idioma inglés.

Al respecto ha de precisarse, que el idioma inglés que ha de ser
acreditado, es el que comúnmente se habla por la comunidad étnica
raizal ancestralmente radicada en las islas, conocido como “Creole”
y no el inglés estándar americano o europeo. Al respecto, y al
analizar la constitucionalidad del art. 42 de la Ley 47 de 1993, la
Corte Constitucional en sentencia C-086 de 1994 expresó:

“La población “raizal” de San Andrés y Providencia es un
grupo étnico perfectamente definido, como lo evidencian su
aspecto físico, sus costumbres, su idioma y su pertenencia
mayoritaria al Protestantismo. Negarle tal carácter aduciendo
que las islas fueron pobladas por gentes de diversos orígenes
raciales, es razón baladí, pues bien sabido es que no existen
razas puras.

En lo relativo a los empleados públicos, es apenas
normal que éstos deban, al menos, hablar el idioma del
territorio en que actúan.

Lo que sí violaría la Constitución, sería obligar a los isleños a
abandonar su lengua, que es parte de su herencia cultural”.
(…)

Para la acreditación del requisito del dominio del inglés comúnmente
hablado en las islas (Creole), el Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuenta con un Comité
Lingüístico Departamental adscrito a la Secretaría de Educación de
la Gobernación del Departamento, que realiza la respectiva prueba
denominada “San Andrés Creole Oral Proficiency Test (SACOPT)”,
siendo esta en la actualidad la única prueba admisible para
demostrar que los aspirantes a cargos públicos en la isla de San
Andrés, dominan la lengua nativa de nuestro territorio.

Que el Acuerdo nro. CSJBOA17-609 del 06 de octubre de 2017, “Por
medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al
concurso de méritos para la conformación del Registro Seccional de
Elegibles para la provisión de los cargos de empleados de carrera de
Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios, de los Distritos
Judiciales de Cartagena, Bolívar y San Andrés, Isla”, modificado por
el Acuerdo nro. CSJBOA17-612 del 11 de octubre de 2017,
proferidos por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,
estableció lo siguiente:

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“ARTÍCULO 2.- El concurso es público y abierto. La
convocatoria es norma obligatoria y reguladora de este
proceso de selección, por tanto, es de obligatorio
cumplimiento para los participantes como para la
administración, quienes están sujetos a las condiciones y
términos señalados en el presente Acuerdo.
…

8. OPCION DE SEDES

Esta se realizará de conformidad con el parágrafo del artículo
162 y 165 de la Ley 270 de 1996 y el reglamento vigente.
Para quienes aspiren a vacantes en San Andrés Isla,
deberán acreditar el cumplimiento de lo previsto en la
Ley 47 de 1993, junto con los demás requisitos legales,
a efectos de obtener la posesión por el correspondiente
nominador”.

Que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, no remitió
junto con la lista de elegibles comunicada mediante el Oficio
CSJBOO23-39 fechado 14 de febrero de 2023, recibido en este
Tribunal el día 16 de febrero de la misma anualidad, el documento
de acreditación de cumplimiento de los requisitos especiales por
parte del aspirante al cargo de Oficial Mayor de este Tribunal señor
RAFAEL ANGEL ROSALES JIMENEZ, por lo que en aras de garantizar
el concurso de méritos, se le solicitó al interesado remitiera la
documentación que al momento de optar a esta sede judicial no
presentó.

Que a la fecha, y vencido el plazo concedido al aspirante RAFAEL
ANGEL ROSALES JIMENEZ para la acreditación de los requisitos
especiales contenidos en el Decreto Ley 2762 de 1991 y la Ley 47
de 1993 a fin de poder ser nombrado para el cargo de Oficial Mayor
o Sustanciador Nominado en esta Corporación, este no allegó prueba
que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos
especiales.

En consideración a lo antes expuesto, la Sala Plena de la Corporación
en sesión extraordinaria verificada el 14 de marzo de 2023,
determinó que el señor RAFAEL ANGEL ROSALES JIMENEZ, (…), al
no acreditar su condición de residente en la Isla de San Andrés ni el
dominio del idioma inglés comúnmente hablado en el Archipiélago,
no es posible proceder a su nombramiento para ejercer en propiedad
el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador Nominado al que aspira en
esta sede judicial, por lo que se dispondrá abstenerse de efectuar su
nombramiento […]”. [Negrillas originales]

De las consideraciones del precitado acto administrativo, se desprende
que el tribunal accionado indicó que, junto con la solicitud de opción de
sede, debía acreditarse que el señor Rosales Jiménez tenía (i) el dominio

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del idioma inglés comúnmente hablado en el territorio, y (ii) la condición
de residente en el departamento; lo anterior, con fundamento en el
Acuerdo nro. CSJBOA17-609 de 2017, la Ley 47 de 1993, el Decreto 2762
de 1991 y el Acuerdo nro. 574 del 14 de septiembre de 1999.

(i) En cuanto al requisito consistente en acreditar el dominio del
idioma inglés comúnmente hablado en el departamento de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina

El tribunal accionado fundamentó la exigencia de acreditar el dominio del
idioma inglés comúnmente hablado en el departamento, específicamente,
en el Acuerdo nro. 574 de 1999, en la Ley 47 de 1993 y en la sentencia
C - 086 de 1994.

La Sala considera que, del fundamento normativo al que aludió el tribunal
accionado, no se desprende con claridad que el requisito para nombrar
en propiedad al accionante sea acreditar el dominio del idioma inglés
comúnmente hablado en el departamento de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, por las razones que pasan a explicarse.

(i) En el Acuerdo nro. CSJBOA17-609 del 6 de octubre de 2017, “por
medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al
concurso de méritos para la conformación del Registro Seccional de
Elegibles para la provisión de los cargos de empleados de carrera de
Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios, de los Distritos Judiciales de
Cartagena, Bolívar y San Andrés, Isla”, expedido por el Consejo Seccional
de la Judicatura de Bolívar, se indicó en el numeral octavo relativo a la
etapa de “opción de sedes”, lo siguiente34:

34
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01683 00.

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“[…] 8. OPCIÓN DE SEDES

Esta se realizará de conformidad con el parágrafo del artículo 162 y
165 de la Ley 270 de 1996 y el reglamento vigente. Para quienes
aspiren a vacantes en San Andrés Isla, deberán acreditar el
cumplimiento de lo previsto en la Ley 47 de 1993, junto con los
demás requisitos legales, a efectos de obtener la posesión por el
correspondiente nominador […]”. (Negrillas originales y subrayas
ajenas)

Es de anotar que, acorde con el numeral segundo del artículo 164 de la
Ley 270 de 1996, la convocatoria “es norma obligatoria que regula todo
el proceso de selección mediante concurso de méritos”.

En ese sentido, lo primero que se advierte es que la convocatoria, norma
que regula el proceso de selección del concurso de méritos, no dispuso
de manera expresa que para ser nombrado en propiedad en el distrito
judicial de San Andrés Isla debía comprobarse el dominio del idioma
inglés comúnmente hablado en el territorio, sino que señaló que debe
acreditarse el cumplimiento de las condiciones de la Ley 47 de 1993 y
“los demás requisitos legales”.

(ii) En segundo lugar, la Sala observa que el tribunal accionado, para
establecer cuáles eran las condiciones a las que se refería el acuerdo de
convocatoria, en el numeral octavo acudió lo previsto por el Acuerdo nro.
574 del 14 de septiembre de 1991, respecto del que indicó estaba vigente
y, por ende, era aplicable.

El Acuerdo nro. 574 del 14 de septiembre de 1999, “por medio del cual
se dictan disposiciones acerca de la integración de las listas de elegibles
para los cargos de empleados de carrera de los despachos judiciales
ubicados en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina”, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, estableció:

“[…] ARTICULO PRIMERO.- Los integrantes del Registro Seccional
de Elegibles conformado por la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bolívar que deseen optar, en las
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oportunidades previstas en la convocatoria a concurso y en el
Acuerdo nro. 481 de 1999, reglamentario del artículo 165 de la Ley
270 de 1996, por los despachos ubicados en el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, deberán
acreditar, de conformidad con lo establecido en el Decreto-Ley 2762
de 1991 y la Ley 47 de 1993, los siguientes requisitos adicionales:

1. Tener la calidad de Residente
2. Hablar Inglés

Al efecto, con el formato de opción de sedes, en las oportunidades
previstas en la ley y los reglamentos, deberán allegar certificación
expedida por la Oficina de Control de Circulación y Residencia -
OCCRE-, donde conste la calidad de Residente y acreditar el dominio
del idioma Inglés.

ARTICULO SEGUNDO. El requisito señalado en el numeral segundo
del artículo anterior sólo será exigible para quienes aspiren a cargos
cuyas funciones tengan relación directa con la atención al público
[…]”.

Sin embargo, se advierte que el numeral octavo del Acuerdo nro.
CSJBOA17-609 de 2017 no remitió a lo previsto en el Acuerdo nro. 574
de 1991 y, por el contrario, se refirió al cumplimiento de “los demás
requisitos legales”. De manera que, en el acto administrativo reprochado,
no se observan los motivos por los que el tribunal accionado exigió los
requisitos del Acuerdo nro. 574 de 1991, cuando ello no estaba dispuesto
de manera expresa en el acuerdo de convocatoria del concurso de méritos
en el que participó el accionante.

(iii) En tercer lugar, el tribunal accionado, para considerar que el
requisito que debía acreditar el actor era el dominio del idioma inglés
comúnmente hablado en el departamento, también tuvo como
fundamento lo previsto en la Ley 47 de 1993, específicamente los
artículos 42 y 45, así como la sentencia C – 086 de 1994, que examinó
la constitucionalidad de las precitadas normas.

El artículo 42 de la Ley 47 de 1993 establece que “son oficiales en el
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
el castellano y el inglés, comúnmente hablado por las comunidades
nativas del archipiélago”. Seguidamente, el artículo 45 ibidem dispone

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que “los empleados públicos que ejerzan sus funciones dentro del
territorio del Departamento Archipiélago y tengan relación directa con el
público, deberán hablar los idiomas castellano e inglés”.

A su turno, la sentencia C – 086 de 1994, citada por el tribunal accionado
en el acto cuestionado, consideró que las anteriores disposiciones
estaban conforme con la Constitución. Lo anterior, debido a que el
artículo décimo de la Constitución establece que las lenguas y dialectos
de los grupos étnicos son también oficiales en su territorio, a lo que
agregó que “la población “raizal” de San Andrés y Providencia es un grupo
étnico perfectamente definido”, y, en lo relativo a la obligación de los
empleados públicos que ejerzan sus funciones dentro del territorio del
departamento “de hablar los dos idiomas oficiales”, sostuvo que “es
apenas normal que éstos deban, al menos, hablar el idioma del territorio
en que actúan”. Concluyó que dichas disposiciones “(…) no violan el
artículo 13 que consagra la igualdad, pues ésta no riñe con la exigencia
del conocimiento del inglés; como tampoco el 25, que establece el
derecho al trabajo, ni el 26, que garantiza la libertad de escoger profesión
u oficio. Basta recordar que este último permite que la ley exija “títulos
de idoneidad” (…)”.

Sobre este aspecto, la Sala advierte que en el numeral octavo del Acuerdo
nro. CSJOA17-609 de 2017 sí se estableció que quienes aspiren a
vacantes en San Andrés Isla deberán acreditar “el cumplimiento de lo
previsto en la Ley 47 de 1993”; no obstante, si bien se remitió a lo allí
establecido, no dispuso de manera expresa que el requisito era el de
acreditar el dominio del idioma inglés comúnmente hablado en el
territorio, ni tampoco las condiciones para probarlo.

Lo anterior, debido a que, en el acto administrativo reprochado, el
tribunal accionado sostuvo que “para la acreditación del requisito del
dominio del inglés comúnmente hablado en las islas (Creole), el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,

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cuenta con un Comité Lingüístico Departamental adscrito a la Secretaría
de Educación de la Gobernación del Departamento, que realiza la
respectiva prueba denominada “San Andrés Creole Oral Proficiency Test
(SACOPT)”, siendo esta en la actualidad la única prueba admisible para
demostrar que los aspirantes a cargos públicos en la isla de San Andrés,
dominan la lengua nativa de nuestro territorio”.

Bajo tales consideraciones, la Sala concluye que la decisión del tribunal
accionado de abstenerse de nombrar en propiedad al aquí accionante
porque no acreditó el dominio del idioma inglés comúnmente hablado en
el territorio afecta los derechos fundamentales de acceso a cargos
públicos y trabajo.

Lo anterior, dado que, en el Acuerdo nro. CSJBOA17-609 del 6 de octubre
de 2017, norma obligatoria que regula todo el proceso de selección
mediante concurso de méritos, no se dispuso expresamente, como lo
señaló el tribunal, que, de manera previa a optar por la sede de San
Andrés Isla, el actor tendría que probar el dominio del idioma, ni tampoco
el precitado acuerdo señaló en qué condiciones debía acreditarse. De
manera que, para el nombramiento y posesión del señor Rosales
Jiménez, el nominador está exigiendo requisitos que no están previstos
expresamente en el acuerdo de convocatoria.

Al efecto, como quedó señalado en líneas precedentes, la jurisprudencia
constitucional ha explicado que hace parte del ámbito de protección del
derecho fundamental de acceso a cargos públicos “la prohibición de
establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un
cargo, cuando el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias
establecidas en el concurso de méritos”35.

35
Corte Constitucional. Sentencia SU 339 del 4 de mayo de 2011. M.P.: Humberto
Antonio Sierra Porto.
28

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A su turno, también se indicó, en el acápite anterior, que en los casos de
concurso de méritos existe una relación entre el derecho fundamental de
acceso a cargos públicos y el trabajo36, toda vez que este último derecho
se materializa en cabeza del ganador del concurso, puesto que le asiste
el derecho a ser nombrado y también la garantía de que terceros no lo
restrinjan, debido a que, tal y como ocurre en este caso, el señor Rosales
Jiménez, está en el primer lugar en la lista de elegibles para ocupar el
cargo de oficial mayor o sustanciador nominado en el tribunal accionado;
es decir que, dado el mérito del accionante, le asiste un derecho subjetivo
a ser nombrado, así como la garantía de impedir que dicha opción se vea
afectada con la exigencia de requisitos que no fueron expresa y
claramente previstos en el acuerdo de convocatoria.

A estos efectos, debe tenerse en cuenta que el territorio de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina no puede ser ajeno a las reglas que se
establecen para el ejercicio de los cargos públicos en Colombia y la
importancia que tiene en ese entorno el mérito, pues lo que se pretende
con ello es que sean los más idóneos para ejercer la función pública
quienes accedan a dichos cargos, que han de proveerse por concurso de
méritos. A tales efectos, no es precisamente el dominio del inglés que se
habla en el archipiélago el que debe definir la idoneidad en el ejercicio de
un cargo del orden nacional en el territorio de la República de Colombia,
pues en tales condiciones el derecho fundamental de acceso a cargos
públicos y al trabajo en el territorio nacional debe ser respetado y
respaldado; en especial por los jueces, que se caracterizan porque
cumplen funciones que, aunque en la rica diversidad étnica que tiene el
país, no pueden perder de vista el contexto de la unidad nacional.

Bajo el contexto explicado, la Sala observa que el Acuerdo nro.
CSJBOA17-609 del 6 de octubre de 2017, que convocó al proceso de
selección, en el numeral octavo relativo a la etapa de “opción de sedes”,

36
Corte Constitucional. Sentencia T – 257 del 29 de marzo de 2012. M.P.: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
29

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indicó que “para quienes aspiren a vacantes en San Andrés Isla, deberán
acreditar el cumplimiento de lo previsto en la Ley 47 de 1993, junto con
los demás requisitos legales”.

En ese sentido, si bien es cierto el artículo 42 de la Ley 47 de 1993
estableció que son idiomas oficiales en el departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina el castellano y el inglés
comúnmente hablado por las comunidades nativas, también lo es que, el
artículo 45 ibidem, relativo a los empleados públicos, prevé que quienes
“ejerzan sus funciones dentro del territorio del Departamento
Archipiélago y tengan relación directa con el público, deberán hablar los
idiomas castellano e inglés”.

La Sala considera que atendiendo una interpretación gramatical del
artículo 45 ibidem, es posible concluir que (i) los destinatarios de dicha
disposición son los empleados públicos que ejercen funciones en el
departamento y tengan relación directa con el público y que, (ii) a tales
funcionarios, se les exige hablar los idiomas castellano e inglés, éste
último, sin que el legislador se haya referido al comúnmente hablado por
las comunidades nativas, por lo que debe entenderse que se trata del
inglés general.

Frente a este punto, la Corte Constitucional ha señalado que “sin perjuicio
de lo que decida el Legislador en el futuro y los jueces naturales en cada
caso concreto, en este punto, la Sala considera que el artículo 45 de la
Ley 47 de 1993 exige el inglés, en cualquiera de sus modalidades, pues
la interpretación sistemática propuesta por la OCCRE (exigencia del
creole) no se desprende de la literalidad de la disposición legal y, en
cambio, debe primar, prima facie, el criterio gramatical, por tratarse de
una limitación al derecho al acceso a los cargos públicos”, a lo que agregó
que, “sin embargo, comparte la preocupación de la OCCRE en el sentido
de que la funcionaria deberá responder peticiones y adelantar diversos
procedimientos en la Isla, en los que se puede ver comprometida la

30

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vigencia de diversos derechos fundamentales, tanto de los nativos o
raizales como de la población foránea, lo que justifica plenamente la
exigencia de que esta funcionaria deba acreditar el requisito de hablar el
idioma inglés, mediante un examen de suficiencia”37. (se destaca)

En esa medida, atendiendo que el acuerdo de convocatoria, en el numeral
octavo, dispuso que quienes aspiren a vacantes en San Andrés Isla
deberán acreditar el cumplimiento de lo previstos en la Ley 47 de 1993
y, a su turno, el 45 ibidem, destinado de manera especial a los empleados
públicos, exige que deberán hablar los idiomas castellano e inglés
general, la Sala considera que el tribunal accionado al requerir al actor
acreditar el idioma inglés comúnmente hablado en el territorio para
nombrarlo en el cargo, solicitó requisitos que no están expresamente
previstos en el acuerdo y, por el contrario, lo razonable es pedirle que
compruebe el manejo del idioma inglés, en los términos del artículo 45
ibidem.

Precisado lo anterior, la Sala deberá determinar la manera cómo el actor
deberá acreditar el manejo del idioma inglés general, toda vez que el
acuerdo de convocatoria, ni la Ley 47 de 1993 lo prevén.

Al respecto, la Sala, al igual que la precitada sentencia de la Corte
Constitucional, estima que ello deberá hacerse a través de un examen de
suficiencia del idioma inglés general, por lo que el actor podrá presentar
y luego allegar al tribunal cualquiera de los exámenes enlistados en la
Resolución nro. 018035 del 21 de septiembre de 2021 proferida por el
Ministerio de Educación Nacional, “por la cual se publica la lista de
exámenes estandarizados para la certificación del nivel de dominio
lingüístico y se deroga la Resolución 12730 de 2017”.

Es de anotar que, el artículo primero, establece que dicha resolución tiene
por objeto publicar y actualizar el listado de exámenes estandarizados

37
Corte Constitucional. Sentencia T – 183 del 28 de marzo de 2017.
31

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que permiten certificar el nivel de dominio lingüístico de acuerdo con los
niveles del “marco común europeo de referencia para las lenguas:
aprendizaje, enseñanza, evaluación”, avalados por el Ministerio de
Educación Nacional.

(ii) En cuanto al requisito consistente en tener la calidad de
residente en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina

El tribunal accionado fundamentó la exigencia del requisito de tener la
calidad de residente en el departamento de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina en el artículo 310 de la Constitución Política, en el Decreto
2762 de 1991, en la sentencia C – 530 de 1993 y en el Acuerdo nro. 574
de 1999.

Sin embargo, la Sala estima que del fundamento normativo al que aludió
el tribunal accionado no se desprende que, para nombrar en propiedad al
aquí accionante, le era exigible tener la calidad de residente en dicho
departamento, de conformidad con las razones que pasan a explicarse.

(i) En el numeral octavo del Acuerdo nro. CSJBOA17-609 del 6 de octubre
de 2017, norma que regula el proceso de selección en el concurso de
méritos en el que el accionante participó, no se dispuso de manera
expresa que, previamente a aspirar a una vacante en San Andrés Isla,
debía acreditarse tener la calidad de residente en el departamento.

(ii) Adicionalmente, como ya se mencionó, el numeral octavo del acuerdo
de convocatoria tampoco remitió a los requisitos establecidos en el
Acuerdo nro. 574 de 1999, sino que señaló que “para quienes aspiren a
vacantes en San Andrés Isla, deberán acreditar el cumplimiento de lo
previsto en la Ley 47 de 1993, junto con los demás requisitos legales, a
efectos de obtener la posesión por el correspondiente nominador”.

32

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De manera que no es razonable para la Sala que el tribunal accionado,
para nombrar en propiedad al actor, acuda a los requisitos del Acuerdo
nro. 574 de 1999, entre los que se encuentra “tener la calidad de
residente”, cuando el acuerdo de convocatoria no remitió a dicha
disposición.

(iii) Ahora bien, en cuanto al artículo 310 de la Constitución Política, el
Decreto 2762 de 1991 y la sentencia C – 530 de 1993 a los que aludió el
tribunal accionado, la Sala observa lo siguiente:

El artículo 310 de la Constitución Política establece que “mediante ley
aprobada por la mayoría de los miembros de cada cámara se podrá limitar
el ejercicio de los derechos de circulación y residencia, establecer
controles a la densidad de la población, regular el uso del suelo y someter
a condiciones especiales la enajenación de bienes inmuebles con el fin de
proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el
ambiente y los recursos naturales del Archipiélago”. Es de anotar que el
artículo transitorio 42 ibidem estableció que “mientras el Congreso expide
las leyes de que trata el artículo 310 de la Constitución, el Gobierno
adoptará por decreto, las reglamentaciones necesarias para controlar la
densidad de población del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, en procura de los fines expresados en el
mismo artículo”.

Con fundamento en lo anterior, fue expedido el Decreto 2762 del 13 de
diciembre de 1991, “por medio del cual se adoptan medidas para
controlar la densidad poblacional en el departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina”. El artículo primero del precitado
decreto establece que tiene por objeto limitar y regular los derechos de
circulación y residencia en el departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina en procura de los fines expuestos en el
artículo 310 de la Constitución Política.

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En esa medida, el artículo segundo del Decreto 2762 de 1991 estableció
que tendrán derecho a fijar residencia en el departamento quien esté en
alguna de las siguientes situaciones:

a) Nacer en territorio del departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, siempre que alguno de los padres tenga,
para tal época, su domicilio en el archipiélago; b) si no nació en territorio
del departamento, tener padres nativos del archipiélago; c) tener
domicilio en las islas, comprobado mediante prueba documental, por más
de tres años continuos e inmediatamente anteriores a la expedición del
decreto; d) haber contraído matrimonio válido, o vivir en unión singular,
permanente y continua con persona residente en las islas siempre que
hayan fijado por más de tres años, con anterioridad a la expedición del
decreto, el domicilio común en territorio del departamento archipiélago,
y, e) obtener tal derecho en los términos previstos en el artículo tercero
del Decreto 2762 de 1991.

A su turno, el artículo tercero del Decreto 2762 de 1991 prevé que podrá
adquirir el derecho a residir en forma permanente en el departamento
quien:

a) Con posterioridad a la fecha de expedición del decreto, contraiga
matrimonio o establezca unión permanente con un residente, siempre
que se fije el domicilio común en el departamento, a lo menos por tres
años continuos. Al momento de solicitar la residencia permanente se
deberá acreditar la convivencia de la pareja, y, quien b) haya
permanecido en el departamento en calidad de residente temporal por un
término no inferior a tres años, haya observado buena conducta,
demuestre solvencia económica y, a juicio de la Junta Directiva de la
Oficina de Control de Circulación y Residencia, resulte conveniente su
establecimiento definitivo en el archipiélago.

Por último, el artículo quinto del Decreto 2762 de 1991 dispuso que sólo
los residentes del departamento del Archipiélago de San Andrés,
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Providencia y Santa Catalina podrán ejercer dentro del territorio los
siguientes derechos: a) Trabajar en forma permanente; b) estudiar en
un establecimiento educativo del Archipiélago; c) inscribirse en el registro
mercantil y ejercer actividades de comercio de manera permanente, y d)
ejercer el derecho al sufragio para las elecciones departamentales y
municipales.

En la sentencia C – 530 de 1993, la Corte Constitucional examinó el
precitado decreto y concluyó que estaba conforme con la Constitución
Política. Específicamente en lo relacionado con el derecho al trabajo,
explicó que, por la alta densidad de las islas, que compromete incluso la
supervivencia, la limitación al núcleo esencial del derecho al trabajo es
constitucional “puesto que no lo suprime del todo” y busca evitar “los
riesgos letales involucrados”; además enfatizó que el artículo 310
Superior autorizó la expedición de normas especiales para el
departamento con el fin de establecer una discriminación positiva en
favor de la comunidad que allí habita, comoquiera que “se encuentra
amenazada su supervivencia, su cultura y su entorno físico”.

Sin perjuicio de lo anotado, la Corte Constitucional aclaró que el decreto
es constitucional bajo el siguiente entendimiento:

“[…] No obstante, lo anterior, la Corte Constitucional desea aclarar
el alcance de esta limitación respecto de los servidores públicos
nacionales que ejercen jurisdicción o autoridad política, judicial, civil,
administrativa o militar, al igual que todos los integrantes de las
fuerzas militares o de policía y los funcionarios del Departamento
Administrativo de Seguridad DAS, que ingresen en ejercicio de sus
funciones al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, así:

Este grupo de servidores públicos del nivel nacional son ciertamente
objeto de la tarjeta de residente temporal, pero con fines de registro
mas no de control, de suerte que no les son aplicables las normas
relativas a el cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso
segundo del artículo 8°, ni el tiempo de duración de la tarjeta (art.
10), ni las causales de pérdida de la tarjeta (art. 11), ni tendrán que
pagar por la tarjeta (art. 32).

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Es pues en este sentido que la norma revisada es conforme con la
Constitución […]”.

Conforme con lo expuesto, la Sala advierte que el tribunal accionado,
para exigirle al actor que tuviera la calidad de residente en el
departamento y proceder a nombrarlo en propiedad, acudió a un marco
normativo que no está expresamente definido en el acuerdo de
convocatoria del concurso, esto es, el Acuerdo nro. CSJBOA17-609 del 6
de octubre de 2017, norma que, como se ha dicho, es obligatoria y regula
todo el proceso de selección mediante concurso de méritos.

Lo anterior, dado que el referido acuerdo no dispuso de manera expresa
que, previamente a aspirar a una vacante en San Andrés Isla, el actor
debía acreditar que tenía la calidad de residente en el departamento, ni
tampoco remitió claramente a las reglas del Decreto 2762 de 1991.

(iv) Finalmente, del acto administrativo aquí controvertido, se desprende
que el señor Rosales Jiménez solicitó a la Oficina de Control, Circulación
y Residencia - OCCRE del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina la expedición de la “tarjeta temporal con fines de registro”.

Al efecto, la Sala pone de presente que, cuando fue expedido el acto aquí
reprochado, se indicó que el actor no había acreditado la calidad de
residente; y señaló que, según lo informado por la OCCRE, el actor no
tenía residencia en el departamento y que la solicitud con fines de registro
estaba en trámite.

En el expediente de tutela obra la contestación del 9 de marzo de 2023
de la OCCRE a la solicitud elevada por el accionante consistente en que
fuera expedida la “tarjeta temporal con fines de registro”. En la
respuesta, la entidad le explicó al actor que no era posible acceder a lo
pedido con fundamento en los artículos 2, 3 y 5 del Decreto 2762 de 1991
y la sentencia C -530 de 1993, puesto que las “personas que ganan un
cargo por Convocatoria o Concurso de Mérito y acceso a cargos públicos,

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no se ajustan en ninguna de las circunstancias, ni se acredita derecho
para ser objeto de la permanencia en el departamento, por lo
consiguiente no pueden hacer posesión del cargo adquirido”; y agregó
que “es cierto que para tomar posesión de un cargo adquirido por
concurso de mérito y acceso a cargos públicos, debe tener la permanencia
resuelta y definitiva en el departamento, también es cierto que para ello
debe adquirir este derecho cumpliendo con alguno de los incisos que
consagran los artículos 2, 3 y 5 del Decreto 2762 de 1991”. De otro lado,
en cuanto a la sentencia C – 530 de 1993 sostuvo que38:

“[…] En el presente asunto hablamos de un nombramiento para
ejercer el cargo de oficial mayor o sustanciador de tribunal nominado
(Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés Islas), lo cual
le daría al administrado la calidad de servidor público, pero a su vez
es importante señalar que la sentencia C – 530 de 1993, no se
refiere a todos los servidores públicos, sino aquellos que revestidos
de la calidad de servidor público de orden nacional que ejercen
jurisdicción o autoridad política, judicial, civil, administrativa o
militar, al igual que todos los integrantes de las fuerzas militares o
de policía y los funcionarios del Departamento Administrativo de
Seguridad DAS. Ahora bien, estamos hablando que el administrado
pretende vincularse al Tribunal Contencioso Administrativo de San
Andrés Islas, en un cargo el cual no se ajusta dentro de la literalidad
normativa, ya que es un ente del orden si bien es cierto nacional,
pero que no cumple con la calidad de autoridad, ya que, lo que se
califica es el funcionario y no a la entidad como lo pretende el
accionante, por esa razón principal, no es aceptable que este ente
de control poblacional acredite el ingreso del administrado al
departamento bajo la modalidad a la que pretende vincularse
laboralmente, ya que no existe en el Decreto 2762 de 1991 trámite
que el corresponda según lo argumentado en (sic) hasta el momento
en la petición.

Finalmente debemos agregar a los argumentos aquí plasmados, que
de los servidores públicos que refiere la sentencia C – 530 de 1993
hace alusión a que este tipo de empleados cubren una necesidad de
provisionar el cargo en el territorio, tal ingreso estaría sujetos (sic)
a modificaciones, las cuales por comprensión se encuentra claro que
obedece a posibles traslados a otros lugares del país; por ello,
recordamos al solicitante que tenemos una función especial como
autoridad migratoria en el archipiélago propendiendo salvaguardar
los derechos de circulación y residencia tal como lo describe nuestra
Carta Política en su artículo 310 y el Decreto 2762 de 1991, en
concordancia con las demás normas de control poblacional […]”.

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01683 00.

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No obstante, lo dicho por la OCCRE, la Sala debe insistir en que el
ejercicio de un cargo público en el territorio nacional es un derecho
fundamental de quien acredita idoneidad a través de un concurso de
méritos y cumple con los requisitos previstos para ello, y más cuando se
trata del ejercicio de un cargo del nivel nacional. Como lo dijo el actor,
en este evento la convocatoria a ocupar el cargo al que aspira fue abierta,
y en ella bien podían participar los residentes del archipiélago en
condiciones de igualdad. Y si es el accionante quien acreditó ser el más
idóneo para desempeñar el cargo, no es procedente entonces que se le
niegue la residencia, pues ello atenta contra un derecho fundamental del
ciudadano que ha aspirado legítimamente a ocupar un cargo público y ha
demostrado su idoneidad; a lo que se agrega que precisamente el mérito
se ha establecido no sólo en favor del concursante, sino también del
servicio público, que se ve favorecido cuando acceden a él quienes
acreditan formación para su ejercicio.

Por lo expuesto en precedencia, la Sala considera que hay lugar amparar
transitoriamente los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos
y trabajo del actor.

Lo anterior, debido a que, con la decisión adoptada por el tribunal
accionado en el Acuerdo nro. 08 del 14 de marzo de 2023, en el que se
abstuvo de nombrar en propiedad al aquí accionante, pese a estar en el
primer lugar en la lista de elegibles para ocupar el cargo de oficial mayor
o sustanciador nominado en la corporación, se está causando un perjuicio
irremediable, en la medida en que los derechos de acceso a cargos
públicos y trabajo son afectados con lo decidido.

En ese sentido, comoquiera que el amparo es procedente de manera
transitoria, son aplicables las reglas previstas en el artículo octavo del
Decreto 2591 de 1991, lo que quiere significar que el actor deberá
promover, en un término máximo de cuatro meses, a partir de la

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notificación del fallo de tutela, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para controvertir el Acuerdo nro. 08 del 14
de marzo de 2023 y los demás actos administrativos que considere
afectan sus derechos fundamentales; en caso de no interponerse el
mecanismo de defensa judicial en dicho plazo, cesarán los efectos del
amparo. Adicionalmente, se precisa que las órdenes proferidas en este
fallo de tutela permanecerán vigentes sólo durante el término que la
autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción
instaurada por el afectado.

Por último, con el fin de proteger los derechos fundamentales del actor
de acceso a cargos públicos y trabajo, la Sala ordenará a la Oficina de
Control, Circulación y Residencia del departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina- OCCRE, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, le expida de manera provisional la tarjeta de
residencia que le permita desempeñar las funciones del cargo público al
que accedió a través del concurso de méritos efectuado por la Rama
Judicial.

Adicionalmente, le ordenará al Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina que, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas, proceda a nombrar y a posesionar, luego de que acredite el idioma
inglés con cualquiera de los exámenes enlistados en la Resolución nro.
018035 del 21 de septiembre de 202139 proferida por el Ministerio de
Educación Nacional, de manera transitoria y mientras se resuelve la
controversia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al señor
Rafael Ángel Rosales Jiménez en el cargo de oficial mayor o sustanciador
nominado en la corporación.

39
“Por la cual se publica la lista de exámenes estandarizados para la certificación del
nivel de dominio lingüístico y se deroga la Resolución 12730 de 2017”.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, atendiendo lo señalado en
la parte motiva.

SEGUNDO: AMPARAR TRANSITORIAMENTE los derechos
fundamentales de acceso a cargos públicos y trabajo del señor Rafael
Ángel Rosales Jiménez, de conformidad con las razones expuestas en
precedencia.

TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Oficina de Control,
Circulación y Residencia del departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina- OCCRE, que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas, expida de manera provisional al actor la tarjeta de
residencia que le permita desempeñar las funciones del cargo público al
que accedió a través del concurso de méritos efectuado por la Rama
Judicial.

CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina que, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas, proceda a nombrar y a posesionar, luego de que acredite el idioma
inglés con cualquiera de los exámenes enlistados en la Resolución nro.
018035 del 21 de septiembre de 202140 proferida por el Ministerio de
Educación Nacional, de manera transitoria y mientras se resuelve la
controversia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al señor

40
“Por la cual se publica la lista de exámenes estandarizados para la certificación del
nivel de dominio lingüístico y se deroga la Resolución 12730 de 2017”.

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Rafael Ángel Rosales Jiménez en el cargo de oficial mayor o sustanciador
nominado en la corporación.

QUINTO: Atendiendo lo previsto por el artículo octavo del Decreto 2591
de 1991, el actor deberá promover, en un término máximo de cuatro
meses, a partir de la notificación del fallo de tutela, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir el Acuerdo
nro. 08 del 14 de marzo de 2023 y los demás actos administrativos que
considere afectan sus derechos fundamentales; en caso de no
interponerse el mecanismo de defensa judicial en dicho plazo, cesarán
los efectos del amparo. Adicionalmente, se precisa que las órdenes
proferidas en este fallo de tutela permanecerán vigentes sólo durante el
término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo
sobre la acción instaurada por el afectado.

SEXTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SÉPTIMO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

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(Ausente con excusa)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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