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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01683-02

Fecha
21 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01683-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase la sentencia de 21 de julio de 2023, por medio de la cual la Sección Primera del Consejo de Estado accedió al amparo transitorio de los derechos fundamentales del tutelante, por los motivos indicados en precedencia. SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, por lo señalado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01683-02

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

21 de septiembre de 2023

Demandante: Rafael Ángel Rosales Jiménez
Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-01683-02

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01683-02
Demandante: RAFAEL ÁNGEL ROSALES JIMÉNEZ
Demandados: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLÍVAR
Y OTROS

Temas: Acción de tutela de fondo. Revoca

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandada y la señora
Laura María Newball Forero contra la sentencia de 21 de julio de 2023, por
medio de la cual la Sección Primera del Consejo de Estado accedió al amparo
transitorio de los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos y trabajo
del señor Rafael Ángel Rosales Jiménez.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 31 de marzo de 2023, el señor Rafael Ángel
Rosales Jiménez instauró acción de tutela en contra del Consejo Seccional de
la Judicatura de Bolívar, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina y la Oficina de Control, Circulación y Residencia de la
Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales a la
igualdad, al trabajo, al debido proceso y el acceso a cargos públicos.

Para la parte actora sus garantías constitucionales se vulneraron con la
expedición del Acuerdo 08 del 14 de marzo de 2023, mediante el cual el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dispuso
que no acreditó el cumplimiento de los requisitos especiales, esto es, en tener
la calidad de residente del departamento y dominar el idioma inglés hablado en

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Demandante: Rafael Ángel Rosales Jiménez
Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y otros
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el territorio y, por ende, se abstuvo de proceder a nombrarlo en propiedad en el
cargo de oficial mayor o sustanciador nominado en dicha corporación.
En consecuencia, la parte demandante pretende:

PRIMERA: Presentadas la situación fáctica y jurídica, ruego a su señoría
amparar mis derechos fundamentales a la igualdad (art. 13), trabajo (art. 25),
debido proceso (art. 29) y acceso a cargos públicos (art. 40 numeral 7).

SEGUNDO: Dejar sin efecto el Acuerdo nro. 08 del 14 de marzo de 2023,
dictado por el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por medio del cual se
abstiene de proveer un cargo en propiedad.

TERCERO: Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que proceda a
realizar mi nombramiento en el cargo de oficial mayor o sustanciador de tribunal
y acepte el certificado de idioma inglés que actualmente poseo con el nivel B2,
en observancia del artículo 45 de la Ley 47 de 1993 y obedeciendo los términos
establecidos en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996.

CUARTO: En consecuencia, se ordene a la OCCRE expida la tarjeta de
residencia con fines de registro en el término de 48 horas posterior al fallo, sin
que se pueda inferir condición o plazo alguno, toda vez que es un cargo de
empleado judicial

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.2. Hechos

Sostuvo que por medio del Acuerdo CSJBOA17-609 del 6 de octubre de 2017,
el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar convocó a concurso de méritos
para la provisión de los cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados
y centros de servicios de los distritos judiciales de Bolívar y San Andrés Isla.

Afirmó que se inscribió para el cargo de oficial mayor o sustanciador de tribunal,
identificado con el código 260420 y que, fue admitido, aprobó las pruebas y
que, mediante la Resolución CSJBOR21-591 del 24 de mayo de 2021, quedó
en firme el registro de elegibles en el que fue incluido para el cargo de oficial
mayor o sustanciador de tribunal.

Anotó que el 28 de julio de 2022 solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura
de Bolívar que le indicara cuáles eran los requisitos especiales para aspirar al
cargo de oficial mayor de tribunal en San Andrés, a lo que le respondieron que
uno de los requisitos era tener la tarjeta de residencia expedida por la OCCRE y
cumplir lo dispuesto por los artículos 42 y 45 de la Ley 47 de 1993.

Expuso que en el mes de enero de 2023 optó por el cargo de oficial mayor o
sustanciador de tribunal en San Andrés Isla y que el 16 de febrero de 2023 el
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Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar le notificó el oficio CSJBOO23-39
del 14 de febrero de 2023, dirigido al Tribunal Administrativo de San Andrés
Islas, a través del cual se remitió el Acuerdo CSJBOA23-15 del 8 de febrero de
2023, por el que se formuló ante dicho tribunal la lista de candidatos para
proveer en propiedad el precitado cargo.

Aseveró que es la única persona en la lista de candidatos para proveer en
propiedad el cargo de oficial mayor o sustanciador de tribunal y que, solicitó a la
Oficina de Control, Circulación y Residencia del Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina (OCCRE) la tarjeta de residencia
para trabajo con fines de registro, que constituye requisito para la posesión en
el mencionado cargo; sin embargo, su petición fue resuelta de manera
desfavorable.

Señaló que el 28 de febrero de 2023, vía correo electrónico, el Tribunal
Administrativo de San Andrés Islas le notificó el oficio 091, a través del cual le
solicitó: i) la acreditación de su condición de residente de la isla, por parte de la
OCCRE y, ii) la certificación de dominio del idioma inglés comúnmente hablado
en el archipiélago.

Mencionó que el 7 de marzo de 2023 presentó una solicitud ante el referido
tribunal con la finalidad de que se efectuara el nombramiento de conformidad
con el artículo 133 de la Ley 270 de 1996, pues consideró que los únicos
requisitos exigibles eran la tarjeta de residencia emitida por la OCCRE y el
idioma inglés, pero no el típico de la isla (“creole o kriol”), como se le requirió en
el oficio del 28 de febrero de 2023.

Refirió que por oficio 120 del 10 de marzo de 2023, el tribunal demandado
respondió la petición e indicó que se debía dar aplicación al artículo primero del
Acuerdo 574 de 1999 que establece que quienes opten por los despachos
ubicados en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina “deberán acreditar, de conformidad con lo establecido en el Decreto-
Ley 2762 de 1991 y la Ley 47 de 1993, los siguientes requisitos adicionales: 1)
tener la calidad de residente y, 2) hablar inglés.

Señaló que, con posterioridad, el tribunal acusado le comunicó el oficio 0142 del
15 de marzo de 2023, mediante el cual le notificó el Acuerdo 08 del 14 de
marzo de 2023, “por medio del cual se abstiene de proveer un cargo en
propiedad” por falta de cumplimiento de requisitos.

Aseveró que tiene un certificado de inglés con el que acredita el nivel B2, de
conformidad con el marco común europeo, expedido por el centro de idiomas y
turismo de Cartagena – CITUCAR; y que, al momento de presentar su petición
al tribunal cuestionado, no lo remitió porque estimó que primero debe hacerse el
nombramiento, manifestar su aceptación y después presentar la documentación
que demuestre el cumplimiento de los requisitos especiales para poder tomar
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posesión.

1.3. Sustento de la petición

El accionante manifestó que el tribunal demandado no ha efectuado su
nombramiento y posesión en el cargo de oficial mayor o sustanciador de
tribunal para el cual concursó, aprobó las pruebas y quedó en el registro de
elegibles, pues le exigen requisitos que no se encuentran estipulados en la ley.

Sostuvo que, adicionalmente la OCCRE no tuvo en cuenta lo expuesto por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-913 de 2009 e interpretó de manera
errada la sentencia C-530 de 1993 “… tal como lo ha venido haciendo en
reiteradas ocasiones, que han dado como resultado la intervención de jueces
de tutela que han salvaguardado los derechos de quienes los invocan, como el
caso de la sentencia T-1117 de 2002 donde se tutelaron los derechos de los
empleados de la contraloría…”

Indicó que la respuesta negativa de la OCCRE está amenazando su derecho a
ocupar cargos públicos por la mala interpretación normativa, al no aplicar el
criterio de razonabilidad desarrollado por la Corte Constitucional, “…toda vez
que el tratar de garantizar que los raizales ocupen todos los cargos del
archipiélago no puede estar por encima del derecho al mérito, habida cuenta
que sería un juicio de ponderación errado, por tratarse de un concurso público
de méritos donde ellos también tuvieron participación, ganando incluso algunos
su derecho a ocupar varios cargos ofertados…”.

Refirió que el tribunal demandado debió hacer el nombramiento desde la fecha
que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar le comunicó el oficio
CSJBOO23-39 del 14 de febrero de 2023, a través del cual se remitió el
Acuerdo CSJBOA23-15 del 8 de febrero de 2023, con el que se formuló ante
dicho tribunal la lista de candidatos para proveer en propiedad el cargo en
cuestión y llevar a cabo todas las etapas del proceso conforme con lo dispuesto
por el artículo 133 de la Ley 270 de 1996; sin embargo, no lo hizo.

1.4. Trámite en primera instancia

Mediante providencia del 13 de abril de 2023, el a quo admitió la acción de
tutela y, en consecuencia, dispuso notificar a la Presidencia del Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la Presidencia
del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y a la Oficina de Control,
Circulación y Residencia de la Gobernación del Departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina – OCCRE.

Posteriormente, con auto del 2 de mayo de 2023, se dispuso la vinculación de
la señora Laura María Newball Forero, quien actualmente ocupa el cargo al que
aspira ser nombrado el accionante, por tener interés en las resultas del proceso.
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1.5. Contestaciones

1.5.1. Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar

Esta autoridad se opuso a lo pretendido por el actor, previo a solicitar que se
declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la facultad
para expedir el permiso de residencia temporal necesario para tomar posesión
en el cargo de interés del accionante corresponde a la OCCRE.

Precisó que, en lo relacionado con los nombramientos y posesiones de
servidores judiciales, esta es una competencia que, de conformidad con el
artículo 175 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, le corresponde
a las corporaciones judiciales y jueces de la República.

Mencionó que las condiciones y requisitos para tomar posesión en los cargos
del circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina están establecidos en
el Acuerdo CSJBOA17-609 de 2017, norma que regula la Convocatoria 4 de
Empleados de Tribunales, Juzgados y Centro de Servicios de la Rama Judicial,
los cuales fueron reiterados a los aspirantes en los formatos de “opción de
sede” que estos presentan, y, por lo tanto, corresponde a cada aspirante
acreditarlos ante el respectivo nominador.

1.5.2. Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, luego
de considerar que, no hay lugar amparar los derechos fundamentales del
accionante debido a que no existe ninguna vulneración.

Refirió que, a través de los oficios 93 y 94 del 28 de febrero de 2023, se solicitó
a la OCCRE y a la Secretaría de Educación Departamental que expidieran la
certificación en la que constara si el señor Rafael Ángel Rosales Jiménez tenía
la calidad de residente en la isla de San Andrés y si había presentado el
examen que acreditaba el dominio del idioma inglés comúnmente hablado en el
Archipiélago (“creole”), respectivamente.

Adujo que la Secretaría de Educación del departamento comunicó que, en su
base de datos, no existe evidencia de que el accionante haya elevado solicitud
alguna para la aplicación del San Andrés Creole Oral Proficiency Test
(SACOPT), examen con el cual se acredita el dominio del idioma inglés
comúnmente hablado en el Archipiélago, y que la OCCRE indicó que el señor
Rosales Jiménez no tiene residencia, ni registros de ingreso al departamento,
pero que presentó una solicitud de residencia con fines de registro, que se
encontraba en trámite.

Precisó que, la razón por la cual dicha corporación se abstuvo de nombrar en el
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cargo de oficial mayor al actor fue que no acreditó los requisitos especiales, a
pesar de haber sido oficiado para subsanar la omisión de aquellos al momento
de presentar la opción de sede, en cumplimiento del Acuerdo 574 de 1999.

Solicitó que, se vinculara al proceso a la señora Laura María Newball Forero, en
atención a que, es quien ocupa el cargo de oficial mayor objeto de demanda.

1.5.3. Oficina de Control, Circulación y Residencia del departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - OCCRE

Pese a su notificación, esta entidad guardó silencio.

1.5.4. Laura María Newball Forero

La vinculada en mención se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, al
considerar que no se desprende la real existencia de un perjuicio irremediable
con las características requeridas para activar la herramienta constitucional en
aras de proteger los derechos del accionante.

1.6. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 21 de julio de 2023, la Sección Primera del Consejo de
Estado accedió al amparo transitorio de los derechos fundamentales de acceso
a cargos públicos y trabajo del señor Rafael Ángel Rosales Jiménez, de la
siguiente manera:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bolívar, atendiendo lo señalado en la parte motiva.

SEGUNDO: AMPARAR TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales de
acceso a cargos públicos y trabajo del señor Rafael Ángel Rosales Jiménez, de
conformidad con las razones expuestas en precedencia.

TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Oficina de Control, Circulación y
Residencia del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina- OCCRE, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, expida de
manera provisional al actor la tarjeta de residencia que le permita desempeñar
las funciones del cargo público al que accedió a través del concurso de méritos
efectuado por la Rama Judicial.

CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a
nombrar y a posesionar, luego de que acredite el idioma inglés con cualquiera de
los exámenes enlistados en la Resolución nro. 018035 del 21 de septiembre de
2021 proferida por el Ministerio de Educación Nacional, de manera transitoria y
mientras se resuelve la controversia en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, al señor Rafael Ángel Rosales Jiménez en el cargo de oficial
mayor o sustanciador nominado en la corporación.
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QUINTO: Atendiendo lo previsto por el artículo octavo del Decreto 2591 de 1991,
el actor deberá promover, en un término máximo de cuatro meses, a partir de la
notificación del fallo de tutela, el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho para controvertir el Acuerdo nro. 08 del 14 de marzo de 2023 y los
demás actos administrativos que considere afectan sus derechos fundamentales;
en caso de no interponerse el mecanismo de defensa judicial en dicho plazo,
cesarán los efectos del amparo. Adicionalmente, se precisa que las órdenes
proferidas en este fallo de tutela permanecerán vigentes sólo durante el término
que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción
instaurada por el afectado.

SEXTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SÉPTIMO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados
por la Ley.

El a quo motivó su decisión de la siguiente manera:

Advirtió que, en principio, el accionante podría controvertir la legalidad del
precitado acto administrativo a través de los medios de control previstos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo e
incluso solicitar el decreto de las medidas cautelares que considere pertinentes.

Consideró que, en este caso, la acción de tutela es procedente de manera
transitoria con el fin de precaver que se configure un perjuicio irremediable
sobre los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos y al trabajo del
accionante, por lo siguiente:

Señaló que, en cuanto a la inminencia, se advertía a prima facie que existe una
posible afectación sobre los derechos fundamentales del accionante porque,
aunque está en el primer lugar de la lista de elegibles para ocupar en propiedad
el cargo de oficial mayor o sustanciador en el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, no ha sido nombrado, debido a que,
mediante el Acuerdo nro. 08 del 14 de marzo de 2023, la precitada autoridad
judicial resolvió abstenerse de hacer el nombramiento.

Refirió que estaban comprometidos los derechos fundamentales de acceso a
cargos públicos y al trabajo, toda vez que el actor, al ocupar el primer lugar,
tiene el derecho subjetivo de ser nombrado; no obstante, este derecho no ha
sido satisfecho, pese a superar el concurso de méritos, en razón a que el
tribunal accionado aduce que no ha cumplido unas condiciones legales.

Destacó que, el requisito de la inminencia estaba verificado porque cada día
que pasa equivale a que el actor esté en la imposibilidad de ejercer los
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derechos fundamentales en mención, pese a que superó el concurso de méritos
y ocupó el primer lugar en la lista de elegibles.

Indicó que el perjuicio cumple con la característica de ser grave toda vez que
están comprometidos dos derechos de carácter fundamental, como lo son el
acceso a cargos públicos y el trabajo; a lo que se agrega que la discusión
planteada por el actor involucra el principio de mérito como una garantía de
acceso a la función pública.

Adujo que, las medidas a adoptar son urgentes, pues el actor no ha sido
nombrado en propiedad, pese a que tiene el derecho subjetivo de ser nombrado
por haber ocupado el primer lugar en la lista de elegibles, de donde se
desprende que hay un hecho que presuntamente está afectando los derechos
fundamentales de acceso a cargos públicos y trabajo; y, por ende, al existir
inminencia, las medidas a adoptar para conjurar la situación, son igualmente
urgentes.

Precisó que, las medidas a adoptar también son impostergables y ello se
desprende por la urgencia y la gravedad que se advirtió en precedencia.

Concluyó que la acción de tutela es procedente de manera transitoria, puesto
que se advierte que, con lo dispuesto en el Acuerdo 08 del 14 de marzo de
2023, están comprometidos las mencionadas garantías; además, en la
actualidad, pese a que el accionante ocupó el primer lugar en la lista de
elegibles para ser nombrado en propiedad, está en la imposibilidad de ejercer
tales derechos.

Examinó la controversia presentada a partir de los siguientes elementos:

i) En cuanto al requisito consistente en acreditar el dominio del idioma inglés
comúnmente hablado en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina

Expuso que la decisión del tribunal demandado de abstenerse de nombrar en
propiedad al aquí accionante porque no acreditó el dominio del idioma inglés
comúnmente hablado en el territorio afecta los precitados derechos
fundamentales.

Agregó que, lo anterior, dado que en el Acuerdo CSJBOA17-609 del 6 de
octubre de 2017, norma obligatoria que regula todo el proceso de selección
mediante concurso de méritos, no se dispuso expresamente, como lo señaló el
tribunal, que, de manera previa a optar por la sede de San Andrés Isla, el actor
tendría que probar el dominio del idioma, ni tampoco el precitado acuerdo
señaló en qué condiciones debía acreditarse. De manera que, para el
nombramiento y posesión del señor Rosales Jiménez, el nominador está
exigiendo requisitos que no están previstos expresamente en el acuerdo de
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convocatoria.

Mencionó que, el Acuerdo nro. CSJBOA17-609 del 6 de octubre de 2017, que
convocó al proceso de selección, en el numeral octavo relativo a la etapa de
“opción de sedes”, indicó que “para quienes aspiren a vacantes en San Andrés
Isla, deberán acreditar el cumplimiento de lo previsto en la Ley 47 de 1993,
junto con los demás requisitos legales”.

Refirió que si bien es cierto el artículo 42 de la Ley 47 de 1993 estableció que
son idiomas oficiales en el departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina el castellano y el inglés comúnmente hablado por
las comunidades nativas, también lo es que, el artículo 45 ibidem, relativo a los
empleados públicos, prevé que quienes “ejerzan sus funciones dentro del
territorio del Departamento Archipiélago y tengan relación directa con el público,
deberán hablar los idiomas castellano e inglés”.

Mencionó que atendiendo una interpretación gramatical del artículo 45 ibidem,
es posible concluir que (i) los destinatarios de dicha disposición son los
empleados públicos que ejercen funciones en el departamento y tengan
relación directa con el público y que, (ii) a tales funcionarios, se les exige hablar
los idiomas castellano e inglés, éste último, sin que el legislador se haya
referido al comúnmente hablado por las comunidades nativas, por lo que debe
entenderse que se trata del inglés general.

Consideró que en atención a que el acuerdo de convocatoria, en el numeral
octavo, dispuso que quienes aspiren a vacantes en San Andrés Isla deberán
acreditar el cumplimiento de lo previstos en la Ley 47 de 1993 y, a su turno, el
45 ibidem, destinado de manera especial a los empleados públicos, exige que
deberán hablar los idiomas castellano e inglés general, señaló que, el tribunal
accionado al requerir al actor acreditar el idioma inglés comúnmente hablado en
el territorio para nombrarlo en el cargo, solicitó requisitos que no están
expresamente previstos en el acuerdo.

Adujo que, por el contrario, lo razonable es pedirle que compruebe el manejo
del idioma inglés en los términos del artículo 45 ibidem. Precisado lo anterior, el
a quo adujo que la Sala deberá determinar la manera cómo el actor deberá
acreditar el manejo del idioma inglés general, toda vez que el acuerdo de
convocatoria, ni la Ley 47 de 1993 lo prevén.

ii) En cuanto al requisito consistente en tener la calidad de residente en el
departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Hizo referencia a la regulación de dicho asunto, para destacar que el tribunal
accionado, para exigirle al actor que tuviera la calidad de residente en el
departamento y proceder a nombrarlo en propiedad, acudió a un marco
normativo que no está expresamente definido en el acuerdo de convocatoria del
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concurso, esto es, el Acuerdo CSJBOA17-609 del 6 de octubre de 2017, norma
que, como se ha dicho, es obligatoria y regula todo el proceso de selección
mediante concurso de méritos.

Añadió que, el referido acuerdo no dispuso de manera expresa que previo a
aspirar a una vacante en San Andrés Isla, el actor debía acreditar que tenía la
calidad de residente en el departamento y tampoco hizo una remisión a las
reglas del Decreto 2762 de 1991.

Precisó que, frente al acto administrativo controvertido, se desprende que el
señor Rosales Jiménez solicitó a la Oficina de Control, Circulación y Residencia
• OCCRE del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina la
expedición de la “tarjeta temporal con fines de registro”.

Adujo que, cuando fue expedido el acto aquí reprochado, se indicó que el actor
no había acreditado la calidad de residente; y señaló que, según lo informado
por la OCCRE, el actor no tenía residencia en el departamento y que la solicitud
con fines de registro estaba en trámite.

Manifestó que, pese a lo dicho por la OCCRE, se debía insistir en que el
ejercicio de un cargo público en el territorio nacional es un derecho fundamental
de quien acredita idoneidad a través de un concurso de méritos y cumple con
los requisitos previstos para ello, y más cuando se trata del ejercicio de un
cargo del nivel nacional.

Recordó que, en este evento la convocatoria a ocupar el cargo al que aspiró el
tutelante fue abierta, y en ella bien podían participar los residentes del
archipiélago en condiciones de igualdad. Y si es el accionante quien acreditó
ser el más idóneo para desempeñar el cargo, no es procedente entonces que
se le niegue la residencia, pues ello atenta contra un derecho fundamental del
ciudadano que ha aspirado legítimamente a ocupar un cargo público y ha
demostrado su idoneidad; a lo que se agrega que precisamente el mérito se ha
establecido no sólo en favor del concursante, sino también del servicio público,
que se ve favorecido cuando acceden a él quienes acreditan formación para su
ejercicio.

1.7. Impugnaciones

1.7.1. Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de lo solicitado, para lo cual
hizo referencia al régimen legal especial vigente para dicho departamento,
particularmente de lo establecido en el Decreto 2762 de 1991, por medio del
cual se adoptan medidas para controlar la densidad poblacional en el
departamento archipiélago de san Andrés, Providencia y Santa Catalina, a partir
de lo cual concluyó:
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Rad: 11001-03-15-000-2023-01683-02

Mencionó que el régimen especial consagrado para el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no es arbitrario y
tiene su razón de ser constitucionalmente justificada y protegida en tanto que en
San Andrés continúan subsistiendo los mismos problemas de densidad
poblacional que existían al momento de la expedición del Decreto 2762 de 1991
e incluso puede decirse que hoy en día son mayores.

Adujo que el derecho al trabajo no es absoluto, por lo tanto, para el ejercicio de
este derecho en el departamento insular se debe contar con residencia
permanente o temporal según sea el caso, conforme a las reglas establecidas
en el Decreto 2762 de 1991, otorgada por la autoridad competente para ello,
esto es, la Oficina de Circulación, Control y Residencia – OCCRE.

Mencionó que las limitaciones a los derechos de las personas no residentes en
el Departamento Archipiélago establecidas en el Decreto 2762 de 1991, no
cobijan a las autoridades nacionales en el ejercicio de sus funciones.

Señaló que los cargos de “empleados” de la Rama Judicial son de carácter
permanente y que, si bien cumplen funciones de apoyo a la función misional de
la Rama Judicial que es la de administrar justicia, no revisten carácter de
autoridad nacional.

Consideró que, para el caso de la Rama Judicial, son solo los Jueces y
Magistrados quienes ostentan la categorización de “funcionarios” así como la
facultad de ejercer autoridad jurisdiccional, y por eso se les llama “Jueces de la
República”, sus providencias son emitidas “[e]n nombre de la República de
Colombia” y son de obligatorio cumplimiento so pena de las sanciones que por
el desobedecimiento a las órdenes judiciales haya lugar.

Precisó que, por consiguiente, para los cargos de “empleados” de la Rama
Judicial en San Andrés y Providencia, existe la limitación constitucionalmente
protegida de que estos sean ocupados únicamente por quienes en los términos
del Decreto 2762 de 1991 ostenten la calidad de “residentes permanentes”.

Añadió que, conforme a los artículos 42 y 45 de la Ley 47 de 1993, es el “creole
o kriol” el idioma o lengua de uso común y oficial en el Departamento
Archipiélago el cual, independientemente de haber sido denominada por el
legislador bajo el nombre de “inglés comúnmente hablado” conforme a la
interpretación dada por la jurisprudencia constitucional ha de entenderse que se
trata de la lengua nativa del pueblo raizal de este departamento.

Manifestó que, por ende, la exigencia de acreditar su dominio para el ejercicio
de empleos en la Rama Judicial en virtud de lo dispuesto en el artículo 57
ibidem, se entiende incluido en las disposiciones legales que regulan la carrera
administrativa o la función pública. Surge entonces a partir de la Ley 47 de
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1993, la obligación de que en todo concurso de méritos se entienda incluida la
exigencia de acreditar el dominio del kriol, así no se diga en forma expresa en
los acuerdos de convocatoria respectivos.

Expuso los siguientes motivos de inconformidad frente al fallo cuestionado:

Indicó que, la sentencia impugnada desconoce por completo la correcta
interpretación y alcances dados por la Corte Constitucional a la limitación de los
derechos fundamentales al trabajo y acceso a cargos públicos dispuesta por el
régimen legal especial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para los
colombianos no residentes en el archipiélago, y bajo el criterio de la unidad
nacional revierte lo que precisamente había sido un logro con la Constitución de
1991 y en especial en su artículo 7, esto es, el reconocimiento y respeto por las
diferencias étnicas, culturales, religiosas y lingüísticas de la población del
archipiélago, que justifican la existencia de este régimen especial ampliamente
descrito.

Aclaró que, la corporación nunca ha sido ajena a las reglas que se establecen
para el ejercicio de los cargos públicos en Colombia, ni tampoco de la
importancia que tiene en este entorno el mérito, tanto es así, que hoy en día en
la Corporación fungen empleados en carrera, que han ganado el concurso de
méritos y que a su vez acreditaron con suficiencia el cumplimiento de los
requisitos especiales de residencia y dominio del idioma “inglés comúnmente
hablado” (Kriol) en el archipiélago.

Señaló que, tampoco en sus actos ha indicado que la idoneidad para el ejercicio
de cargos de empleados en la Rama Judicial está definida por el dominio del
idioma inglés como se indica en la sentencia impugnada, y mucho menos ha
perdido de vista el contexto de la unidad nacional como principio fundamental
de nuestro estado colombiano.

Mencionó que ha procurado mantener el orden legal especial establecido para
el archipiélago y constitucionalmente protegido, dando pleno reconocimiento al
pluralismo, a la diversidad étnica y cultural de este territorio, como valores
fundantes del Estado colombiano, conservando con ello la unidad nacional en
un ambiente pluralista y heterogéneo, tal y como lo expresó la Corte
Constitucional en su sentencia C-530 de 1993.

Agregó que, el concurso de méritos como medio por el cual se accede a
derechos de carrera para el ejercicio de cargos públicos, está sujeto al imperio
de la constitución y la ley, y no únicamente al acuerdo de convocatoria.

Añadió que, el Acuerdo 08 de 2023 proferido por el tribunal administrativo de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no establece requisitos adicionales
para que el accionante tomara posesión del cargo.

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Manifestó que, el a quo incurrió en desconocimiento del precedente judicial para
lo cual hizo mención de los siguientes pronunciamientos:

a) Consejo de Estado el que mediante sentencia del 8 de abril de 2010 al
resolver la acción de nulidad simple surtida bajo el radicado 11001-03-25- 000-
2009- 00113-00 (1570-09) y que fue impetrada contra el Acuerdo PSAA06-
3536 de 25 de julio de 2006, expedido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.

b) Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 14 de agosto
de 2012 expedida precisamente con posterioridad a la sentencia de nulidad
antes descrita.

Afirmó que, dicha corporación en ningún momento ha establecido ni exigido al
accionante el cumplimiento de requisitos adicionales o diferentes a los
establecidos en la Ley para ejercer el cargo de oficial mayor y/o sustanciador
nominado en el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, puesto que la acreditación de su residencia conforme a lo establecido
en el Decreto Ley 2762 de 1991 y el dominio del idioma “inglés comúnmente
hablado”, esto es, el Kriol, son exigencias establecidas en el concurso de
méritos dispuesto mediante el Acuerdo de convocatoria CSJBOA17-609 de
2017, exigencias que debían ser acreditadas incluso antes del nombramiento,
esto es, al momento de optar por la sede del Distrito Judicial de San Andrés
Islas.

Expuso que, con el fallo impugnado también se incurrió en un desconocimiento
del Acuerdo 574 del 14 de septiembre de 1999 del Consejo Superior de la
Judicatura, como norma integrante del reglamento vigente aplicable a la
convocatoria CSJBOA17-609 de 2017.

Consideró que con el numeral 5º del artículo 91 del CPACA, salvo norma en
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no
hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y
perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados entre otros
casos, cuando pierdan vigencia.

Recordó que para el caso de la convocatoria CSJBOA17-609 de 2017 es claro
que el Acuerdo 574 de 1999 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
hace parte “del reglamento vigente” dispuesto para la etapa del concurso de
méritos denominada “opción de sedes”.

Mencionó que, si bien la exigencia de acreditación de los requisitos de
residencia y dominio del idioma kriol, junto con los demás requisitos legales son
“a efectos de obtener la posesión por el correspondiente nominador” lo que
significa que tienen como finalidad que el aspirante pueda tomar la debida
posesión del cargo, esto no contraría la reglamentación que establece que tal
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acreditación debe hacerse al momento de optar por esta sede judicial.

Resaltó que, esto es lo que la sentencia objeto de impugnación desconoce,
puesto que omitió un análisis respecto de la vigencia y alcance del Acuerdo 574
de 1999, que en últimas fue la razón por la cual este Tribunal se abstuvo de
nombrar al accionante al cargo de oficial mayor que aspira el actor, por cuanto
teniendo la obligación de acreditar en el momento que optó por esta sede
judicial el cumplimiento de los requisitos especiales ampliamente definidos, no
lo hizo, pese a que el Tribunal le brindó la oportunidad de hacerlo.

1.7.2. Laura María Newball Forero

Sostuvo que el accionante conocía que debía cumplir los requisitos especiales
para laborar en el Archipiélago.

Precisó que de ninguna manera se está desconociendo el mérito del actor quien
puede optar a los cargos disponibles en el departamento de Bolívar sin que se
le pueda requerir ningún requisito adicional, pero para laborar en el territorio del
departamento Archipiélago sí debe cumplir los requisitos adicionales que sí
estaban establecidos en la convocatoria del Acuerdo CSJBOA17-609 del 6 de
octubre de 2017 y son: el dominio del inglés comúnmente hablado en las islas -
Creole- y el requisito de la residencia otorgada por la OCCRE, de acuerdo con
las disposiciones del Decreto 2762 de 1991 y lo dispuesto en la sentencia C-
530 de 1993.

Señaló que en todo concurso de méritos además de la aprobación de la prueba
objetiva se exige el cumplimiento de requisitos, y con ello nunca se ha
considerado que se desconoce el mérito. En efecto, la revisión documental que
en muchas ocasiones se efectuó post prueba de méritos ha excluido a
candidatos que demuestran los conocimientos para los cargos a los cuales
aspiran, pero la ausencia de los documentos solicitados como la cédula de
ciudadanía, los títulos que acreditan la idoneidad e inclusive, las declaraciones
de no hallarse impedidos, han justificado la exclusión de quienes objetivamente
acreditan el mérito.

Consideró que no comprende la razón por la cual la verificación de
cumplimiento de los requisitos para laborar en el territorio insular se mira con
extrañeza, como si tales requisitos no hicieran parte de nuestro ordenamiento
jurídico máxime cuando su propósito es procurar la garantía de los valores
constitucionales, como la protección de la cultura y del ambiente y la
sostenibilidad del Archipiélago para futuras generaciones.

Informó que se encuentra en controles médicos cada tres meses con el
ortopedista oncológico y con el cirujano de pie y tobillo, pues fue sometida a
procedimiento quirúrgico el 28 de abril de 2021 por ortopedia oncológica, por
diagnóstico de tumor de células gigantes en la tibia distal izquierda que requirió
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salvamento de extremidad consistente en manejo intralesional con curetaje
extendido, injerto óseo y osteosíntesis. Luego, el 9 de septiembre de 2021, le
fue realizado procedimiento quirúrgico de secuestrectomía, drenaje,
desbridamiento de tibia y peroné – desbridamiento, lavado y limpieza de tobillo
por vía abierta, realizado por el ortopedista oncológico.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19911, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, a la Sala le corresponde determinar si
hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia impugnada conforme lo
planteado por los impugnantes.

Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuestos en los
escritos de impugnación contra el fallo de primera instancia, resulta procedente
la acción de tutela promovida por el accionante contra del Acuerdo 08 del 14 de
marzo de 2023, mediante el cual el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina dispuso que el actor no acreditó el cumplimiento
de los requisitos especiales, consistentes en tener la calidad de residente del
departamento y dominar el idioma inglés comúnmente hablado en el territorio
(creole o kriol); y, por ende, se abstuvo de proceder a nombrarlo en propiedad
en el cargo de oficial mayor o sustanciador nominado en dicha corporación.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
1
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.

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es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas
en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19912, entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).

En ese caso, señala el numeral 1° de la citada norma que la acción de tutela no
procederá cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.

Por lo que, se precisa que al momento de analizar si en un caso particular se
está ante un perjuicio irremediable que justifique el amparo transitorio, deben
evaluarse en conjunto los siguientes elementos, los cuales han sido definidos
de forma reiterativa bajo los siguientes términos3:

i) Que el perjuicio sea inminente, lo cual implica que la amenaza exista o esté
por existir.

ii) Que éste sea grave y tenga la suficiente entidad para comprometer un bien
moral o material de la persona.

iii) Que haya necesidad de adoptar medidas urgentes para superar la condición
de amenaza del derecho fundamental.

iv) Que no se pueda postergar la acción de tutela, pues de lo contrario el
mecanismo de protección sería ineficaz.

Por tanto, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además ha
de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables4.

2
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
3
Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, T-809 de 2013, T-695 de 2014 y T-884 de
2014.
4
Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la
Corte Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro
Naranjo Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531
de 1993. A continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: «… son elementales para la
comprensión de la figura del perjuicio irremediable,… A).El perjuicio ha de ser inminente: "que
amenaza o está por suceder prontamente’…. || B). Las medidas que se requieren para conjurar
el perjuicio irremediable han de ser urgentes,… || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere
que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral
en el haber jurídico de la persona… || D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de
tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo
en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz
por inoportuna… Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo
de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento
de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social».

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El criterio jurisprudencial decantado al respecto, se resume de la siguiente
manera:

En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige
un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo
demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar,
el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea
susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva:
como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las
medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a
criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño
antijurídico irreparable5.

2.4. Caso concreto

Para la parte actora consideró que sus garantías constitucionales se vulneraron
con la expedición del Acuerdo 08 del 14 de marzo de 2023, mediante el cual el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dispuso
que no acreditó el cumplimiento de los requisitos especiales, esto por no tener
la calidad de residente del departamento y dominar el idioma inglés hablado en
el territorio y, por ende, se abstuvo de proceder a nombrarlo en propiedad en el
cargo de oficial mayor o sustanciador nominado en dicha corporación.

El a quo constitucional accedió al amparo solicitado por considerar la
configuración del perjuicio irremediable alegado por el accionante, consistente
en que:

i) La Oficina de Control, Circulación y Residencia del departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (OCCRE), que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, expidiera de manera provisional al actor la tarjeta
de residencia que le permita desempeñar las funciones del cargo público al que
accedió a través del concurso de méritos efectuado por la Rama Judicial,

ii) y el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que,
en el término de cuarenta y ocho (48) horas, procediera a nombrar y a
posesionar, luego de que acredite el idioma inglés con cualquiera de los
exámenes enlistados en la Resolución nro. 018035 del 21 de septiembre de
202140 proferida por el Ministerio de Educación Nacional, de manera
transitoria y mientras se resuelve la controversia en la jurisdicción de lo

5
Corte Constitucional, sentencia T - 1316 de 2001, con ponencia del magistrado Rodrigo
Uprimny Yepes.

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contencioso administrativo, al señor Rafael Ángel Rosales Jiménez en el cargo
de oficial mayor o sustanciador nominado en la corporación.

El tribunal demandado y la señora Laura María Newball Forero, la vinculada
como tercera interés, impugnaron la sentencia de 21 de julio de 2023 proferida
por la Sección Primera de esta corporación, para lo cual se opusieron a la orden
emitida en primera instancia, principalmente, porque no se desconoció la
regulación del asunto en particular.

Así las cosas, se resolverán los asuntos de la siguiente manera: en primer
lugar, se abordará lo atinente al presupuesto de la subsidiariedad y, en segundo
lugar, lo relativo al perjuicio irremediable alegado por el actor que, habilita la
procedencia transitoria de la acción de tutela.

En el fallo de primera instancia se indicó que, la acción de tutela es procedente
de manera transitoria, puesto que se advierte que, con lo dispuesto en el
Acuerdo nro. 08 del 14 de marzo de 2023, están comprometidos los derechos
fundamentales de acceso a cargos públicos y trabajo del señor Rafael Ángel
Rosales Jiménez; además, en la actualidad, pese a que el accionante ocupó el
primer lugar en la lista de elegibles para ser nombrado en propiedad, está en la
imposibilidad de ejercer tales derechos.

En lo particular se observa que mediante el Acuerdo 08 del 14 de marzo de
2023, el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se abstuvo de proveer el cargo en
propiedad, por falta de cumplimiento de requisitos del actor.

En dicho acto administrativo se señaló lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO: Disponer que el señor RAFAEL ANGEL ROSALES
JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.047.368.080, no acreditó
conforme a las reglas del concurso convocado mediante Acuerdo CSJBOA17-
609 del 06 de octubre de 2017 Art.2º numeral 8, y en la oportunidad señalada en
el Acuerdo 574 de 1999 del Consejo Superior de la Judicatura, el cumplimiento
de los requisitos especiales constitucionales y legales establecidos en el Decreto
Ley 2762 de 1991 y la Ley 47 de 1993 a fin de poder ser nombrado para el cargo
de Oficial Mayor o Sustanciador Nominado en esta Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Abstenerse de nombrar en propiedad en el cargo de
OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR NOMINADO del Tribunal Contencioso
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina al
señor RAFAEL ANGEL ROSALES JIMENEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.047.368.080, por no reunir los requisitos constitucionales y
legales correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese esta decisión al interesado y comuníquesele
al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar.

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ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición.

Entre sus motivaciones, el tribunal sostuvo:

Que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, no remitió junto con la lista
de elegibles comunicada mediante el Oficio CSJBOO23-39 fechado 14 de
febrero de 2023, recibido en este Tribunal el día 16 de febrero de la misma
anualidad, el documento de acreditación de cumplimiento de los requisitos
especiales por parte del aspirante al cargo de Oficial Mayor de este Tribunal
señor RAFAEL ANGEL ROSALES JIMENEZ, por lo que en aras de garantizar el
concurso de méritos, se le solicitó al interesado remitiera la documentación que
al momento de optar a esta sede judicial no presentó.

Que a la fecha, y vencido el plazo concedido al aspirante RAFAEL ANGEL
ROSALES JIMENEZ para la acreditación de los requisitos especiales contenidos
en el Decreto Ley 2762 de 1991 y la Ley 47de 1993 a fin de poder ser nombrado
para el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador Nominado en esta Corporación,
este no allegó prueba que acredite el cumplimiento de los mencionados
requisitos especiales.

En consideración a lo antes expuesto, la Sala Plena de la Corporación en sesión
extraordinaria verificada el 14 de marzo de 2023, determinó que el señor
RAFAEL ANGEL ROSALES JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.047.368.080, al no acreditar su condición de residente en la Isla de San
Andrés ni el dominio del idioma inglés comúnmente hablado en el Archipiélago,
no es posible proceder a su nombramiento para ejercer en propiedad el cargo de
Oficial Mayor o Sustanciador Nominado al que aspira en esta sede judicial, por lo
que se dispondrá abstenerse de efectuar su nombramiento.

Por tanto, el actor pretende obviar tal decisión de la administración, la cual
corresponde a un acto administrativo de naturaleza definitiva y, de paso, utilizar
la acción de tutela para cuestionar la validez de las decisiones administrativas
del tribunal demandado, bajo el sustento de un perjuicio irremediable, el cual
para el a quo se encuentra demostrado pues consideró la procedencia
transitoria del amparo, pese a que cuenta con el medio de control consagrado
en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

Por lo expuesto, la Sala considera que conforme al Decreto 2591 de 1991, es
necesario recordar que el amparo transitorio se consagró para evitar un daño
irreparable, lo cual en todo caso debe ser objeto de análisis por el juez
ordinario, pues tal protección es temporal por el término máximo de cuatro (4)
meses a partir del fallo de tutela y, cesará el amparo si no se instaura el medio
de control principal.

ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción
de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
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aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.

ARTICULO 8o. LA TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO. Aun cuando
el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela
procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que
su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial
competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el
afectado.

En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de
cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela.

Si no la instaura, cesarán los efectos de éste.

Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la
acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad
y de las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique
el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se
solicita, mientras dure el proceso.

En lo particular, la Sala no encuentra que tales elementos se configuren en el
presente asunto, puesto que la inminencia no se encuentra demostrado en
tanto la lista de elegible no ha fenecido, lista en la cual se encuentra el actor en
el primer lugar.

Así las cosas, se advierte que es en dicho proceso contencioso-administrativo
en donde el demandante puede cuestionar la presunción de legalidad que recae
sobre dicho acuerdo; así como lo que alega y la presunta afectación de sus
derechos fundamentales. Esto, con la salvedad de que el medio de control debe
promoverse oportunamente en contra de la decisión que se pretende atacar, en
atención a lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

De modo que, los acuerdos como el de la referencia son demandables ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, vía en la cual es posible solicitar el
decreto de medidas cautelares, según lo previsto en los artículos 229 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011.

De manera que, en el presente asunto, la acción de tutela no puede remplazar
ni sustituir los medios de defensa con los que cuenta el actor, ni mucho menos

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considerarse una vía anticipada de defensa, ni concomitante al mecanismo
judicial, pues se desconocería su naturaleza residual y subsidiaria.

Finalmente, debe indicarse que, para que se configure un perjuicio irremediable
no basta la sola manifestación del accionante, sino que aquél debe estar
plenamente acreditado al interior del proceso.

Además, tal perjuicio debe ser de tal gravedad que permita la procedencia de la
acción de tutela como mecanismo transitorio mientras se resuelve el derecho
por parte del juez ordinario competente para decidir la situación en forma
definitiva, puesto que así lo establece el Decreto 2591 de 1991, en sus artículos
6° (numeral 1°) y 8°.

A su vez, tampoco se observa que el actor cuente con una especial situación
que lo condicione como sujeto de especial protección constitucional y que, le
impida ejercer sus derechos a través del mecanismo ordinario de defensa.

Al respecto, si bien la Corte Constitucional ha definido un criterio más amplio
para la procedencia de la acción de tutela, dadas las circunstancias de
vulnerabilidad en virtud de las condiciones físicas, económicas o mentales en
que se encuentre la parte demandante, como es el caso de las mujeres
embarazadas, madres o padres cabeza de familia, personas con algún tipo de
discapacidad, de la tercera edad, menores de edad, entre otros, en este caso
en concreto no se advierte ninguna de tales condiciones.

De manera que, luego de verificar las circunstancias alegadas por la parte
demandante, para la Sala no se configura un perjuicio irremediable que permita
tramitar esta solicitud de amparo como mecanismo transitorio y porque,
además, el actor no logró demostrar que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no fuera la vía idónea ni eficaz o que, de haberlo
promovido, ese medio efectivamente no brindó la protección requerida.

Finalmente, es preciso señalar que, en este caso, tampoco se acreditó ninguna
de las circunstancias excepcionales que la jurisprudencia ha admitido como
válidas para superar el requisito de la subsidiariedad. Esto es así porque:

a) El cargo al que aspira el accionante no es de aquellos de periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley6.

b) En este caso no se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó
el primer lugar en la lista de elegibles7, puesto que, el acto administrativo

6
Corte Constitucional, sentencias T-509 de 2011, T-604 de 2013, T-748 de 2013, SU-553 de
2015, T-551 de 2017, T-610 de 2017 y T-059 de 2019.
7
Corte Constitucional, sentencias SU-136 de 1998, T-455 del 2000, T-102 de 2001, T-077 de
2005, T-521 de 2006, T-175 de 2009, T-556 de 2010, T-156 de 2012, entre otras.

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demandado, el cual se presume legal, contiene la motivación por las cuales el
tribunal decidió abstenerse de nombrar al actor al no acreditar los requisitos
conforme a las reglas del concurso. De modo que, a prima facie no puede
entenderse que tales decisiones constituyan una traba administrativa sin
justificación alguna.

c) Aunque se exhiben circunstancias que podrían afectar los derechos
fundamentales de los concursantes, no hay evidencia de que los fundamentos
de las pretensiones y la afectación puedan escapar del control del juez de lo
contencioso administrativo. Por tanto, no se acreditó que este asunto contenga
“una marcada relevancia constitucional”8.

d) La parte actora no demostró ni en el proceso constitucional se observó que
esta se encontrara bajo condiciones particulares de edad, estado de salud,
condición social u otras, por las cuales resultase desproporcionado exigirle
acudir al mecanismo ordinario ante los jueces administrativos.

Así las cosas, al existir un medio principal y no acreditarse ninguna situación
excepcional, se encuentra que, el mecanismo principal ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es el idóneo y eficaz para obtener la protección de
los derechos fundamentales invocaos por la parte demandante.

En consecuencia, se revocará el fallo impugnado, para en su lugar declarar la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el presupuesto de la
subsidiariedad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Revócase la sentencia de 21 de julio de 2023, por medio de la cual
la Sección Primera del Consejo de Estado accedió al amparo transitorio de los
derechos fundamentales del tutelante, por los motivos indicados en
precedencia.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, por lo
señalado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

8
Corte Constitucional, sentencias T-785 de 2013, T-160 de 2018, entre otras.

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CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

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