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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01690-01

Fecha
31 de julio de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01690-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 26 de mayo de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela para para, en su lugar, AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso invocado por el actor, el cual fue vulnerado por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el auto de 20 de enero de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el número único de radicación 440013340003201700080-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de La Guajira que, mediante la providencia respectiva, dé cumplimiento al artículo 137 del Código General del Proceso y, en consecuencia, ponga en conocimiento de la parte afectada la configuración de la causal de nulidad prevista en el numeral 8.° del artículo 133 ibidem, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 25 Núm. único de radicación: 110010315000202301690-01 Actor: Edwin José López Fuentes en Calidad de Procurador 91 Judicial I para Asuntos Administrativos

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01690-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

31 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202301690-01
Actor: Edwin José López Fuentes en calidad de Procurador 91 Judicial I para
Asuntos Administrativos1
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira

Temas: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente/alcance

Defecto procedimental/alcance

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derecho Fundamental Amparado: Debido proceso

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 26 de mayo de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202301690-01
Actor: Edwin José López Fuentes en Calidad de Procurador 91
Judicial I para Asuntos Administrativos

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en calidad de Procurador 91 Judicial I para Asuntos Administrativos
de La Guajira, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de La
Guajira, porque, a su juicio, al proferir los autos de 20 de octubre de 2022 y de 20
de enero de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el número único
de radicación 440013340003201700080-01, vulneró su derecho fundamental
invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, Franklin Tomas Coral Delgado presentó demanda en ejercicio del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos contra el
Municipio El Molino, al considerar que se encontraban amenazados los derechos
colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, con
ocasión del proceso de licitación pública núm. 002 de 2016, el cual, dio lugar a la
firma del contrato LP-001 de 2017; proceso judicial dentro del cual se dispuso la
vinculación del Consorcio El Molino 02.

4. Indicó que, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Riohacha
profirió sentencia el 2 de mayo de 2019, mediante la cual resolvió “[…] Declarar
improcedente la acción popular impetrada de conformidad con la parte motiva de
la presente providencia […]”; decisión contra la cual el Procurador 91 Judicial I para
Asuntos Administrativos de La Guajira presentó recurso de apelación.

5. Sostuvo que, el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante auto de 20
de octubre de 2022, resolvió lo siguiente:

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Núm. único de radicación: 110010315000202301690-01
Actor: Edwin José López Fuentes en Calidad de Procurador 91
Judicial I para Asuntos Administrativos

“[…] PRIMERO: Declárase la nulidad de lo actuado en el proceso, a partir de la
sentencia de primera instancia de fecha 2 de mayo de 2019 proferida por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Riohacha; las pruebas practicadas dentro de
dicha actuación conservarán su validez y tendrán eficacia respecto a quienes tuvieron
oportunidad de contradecirlas.

SEGUNDO: En consecuencia, ordénese al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Riohacha vincular al proceso como litisconsortes necesarios por pasiva a
cada uno de los integrantes del CONSORCIO EL MOLINO 02, en los términos de la
parte considerativa de este proveído.

TERCERO: Por Secretaría, remítase de manera inmediata el presente proceso al
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Riohacha, para lo de su competencia.

CUARTO: Solicítese al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Riohacha que
dé prioridad al presente asunto adelantando las actuaciones correspondientes en el
menor tiempo posible […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que.

“[…] El Despacho declara la nulidad de la sentencia de fecha 2 de mayo de 2019, con
fundamento a los (sic) siguientes argumentos […].

Que el del Código General del Proceso - en el artículo 133, numeral 8º, dispone que
el proceso será nulo , cuando no se practica en legal forma la notificación del auto
admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás
personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de
aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley
así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra
persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

3°. Concordante con esta norma, el artículo 61 del Código General del Proceso
enseña que es deber del juez de oficio o petición de parte, velar por la comparecencia
de todas las personas que sean sujetos de las relaciones o hayan intervenido en los
actos jurídicos respecto de los cuales verse el proceso, y que por su naturaleza o por
disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme, siendo imposible decidir
de mérito sin su comparecencia.

4°. El inciso final del artículo 134 del Código General del Proceso prevé que “(…).
Cuando exista litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se
anulará y se integrará el contradictorio.”

5°. Con base en esta disposición, el Consejo de Estado ha señalado que es deber del
juez realizar la valoración de los supuestos de hecho que determinen la existencia de
un litisconsorte necesario y garantizar su comparecencia al proceso, so pena de
incurrir en la violación del derecho de defensa y contradicción de quien no ha sido
demandado y la expedición de una sentencia ilegitima e inoponible […]”.

[…]

“[…] Aunque la actuación procesal en si genera serias confusiones entorno (sic) a la
debida notificación del auto admisorio de la demanda, de conformidad con las
precisiones establecidas en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, lo cierto es que la

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actuación cumplió su cometido frente al MUNICIPIO DE EL MOLINO, entidad que,
dentro de la oportunidad legal, dio contestación a la demanda.

No obstante, no puede arribarse a la misma conclusión frente a la notificación del auto
admisorio de la demanda al vinculado al CONSORICIO (sic) EL MOLNO (sic) 02; toda
vez que la actuación procesal no se surtió en cumplimiento de los lineamientos
jurisprudenciales sobre la materia […] Ahora bien, en lo que respecta a la forma de
notificar el auto admisorio de la demanda a los Consorcios y Uniones Temporales, el
Consejo de Estado ha sido enfático en precisar que ésta debe practicarse de forma
individual a cada uno de los integrantes que conforman el Consorcio, por ser
necesaria su comparecencia por su condición de litisconsortes necesarios […]”.

[…]

“[…] En ese orden de ideas, es claro para el Despacho que la vinculación del
CONSORCIO EL MOLINO 02 como litisconsorte necesario, requería la notificación
personal del auto admisorio de la demanda a cada uno de los integrantes de la
asociación, que como se extrae el acta de liquidación bilateral del contrato de obra
pública No. LP-001-2007 está constituido por LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN, CQK
CONSTRUCCIONES S.A.S. y OBRAS MAQUILAS Y QUIPOS TRES S.A.S.

Sin embargo, en auto de fecha 10 de mayo de 2017 el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Riohacha dispuso la notificación al representante legal del
CONSORCIO EL MOLINO 02, sin que se pueda derivar de las consideraciones de la
providencia, ni de los documentos que acompañan el expediente, que en efecto el
señor LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN tenga facultades para representar
judicialmente de forma individual o en conjunto a cada uno de los integrantes del
CONSORCIO EL MOLINO 02.

10°. Debido a que en este proceso era necesaria la participación de CQK
CONSTRUCCIONES S.A.S. y OBRAS MAQUILAS Y QUIPOS TRES S.A.S, y que a
pesar de ello se profirió sentencia de primera instancia sin su comparecencia –desde
la admisión de la demanda no se le vinculó–, se encuentra configurada la causal de
nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 133 Código General del Proceso;
imponiéndose el deber oficioso del juez en este instancia de declarar la nulidad de la
sentencia de primera instancia y ordenar la vinculación de cada uno de los integrantes
del CONSORCIO EL MOLINO 02 […]”.

6. Afirmó que, contra la decisión referida supra interpuso recurso de reposición,
el cual fue resuelto el 20 de enero de 2023, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: No reponer la decisión adoptada en auto de fecha 26 de octubre de
2022 proferido por este Despacho, mediante el cual se declaró la nulidad de lo
actuado en el proceso a partir de la sentencia de primera instancia de fecha 2 de
mayo de 2019 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Riohacha; por las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaria (sic) dar estricto
cumplimiento a las ordenes (sic) impartidas en auto de fecha 26 de octubre de 2022
[...]”.

6.1. Como fundamento de su decisión el Tribunal consideró lo siguiente:

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“[…] es suficientemente claro que los consorcios y uniones temporales pueden
comparecer al proceso judicial (i) por conducto de su representante legal o, (ii) de
forma individual, en la medida que cada integrante del consorcio y unión temporal
puede acudir al proceso a través de apoderado judicial legalmente constituido.

Ahora bien, para garantizar el derecho de los integrantes de los consorcios y uniones
temporales de intervenir dentro del proceso a través de su representante legal o
individualmente por apoderado judicial, es necesario que la notificación del auto
admisorio de la demanda se realice separadamente a cada uno de los integrantes;
pues bien, a quien le asiste el derecho de decidir entre las formas de acudir al proceso
es a los integrantes del consorcio y de ninguna manera al juez conductor del proceso
[…]”.

[…]

“[…] Así las cosas, se mantiene el Despacho en su posición de considerar necesario,
en este caso particular, surtir la notificación del auto admisorio de la demanda a cada
uno de los integrantes del CONSORCIO EL MOLINO 02, en condición de
litisconsortes necesarios; y al no haberse efectuado de esta forma en el trámite de
primera instancia, se configura la nulidad procesal prevista en el numeral 8 del artículo
133 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 208 de la Ley 1437 de 2011,
esto es, no haberse practicado en legal forma la notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas, que como se extrae del acta de liquidación
bilateral del contrato de obra pública No. LP-001- 2007 está constituido por LUIS
JAVIER CARRASCAL QUIN, CQK CONSTRUCCIONES S.A.S. y OBRAS
MAQUILAS Y QUIPOS TRES S.A.S.

La configuración de la causal de nulidad advertida en sede de segunda instancia
impone al juez el deber de declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia y
ordenar la debida integración del contradictorio, a partir de la notificación del auto
admisorio de la demanda a cada uno de los integrantes del CONSORCIO EL MOLINO
02, a fin de garantizar el derecho al debido proceso, contradicción y defensa de los
integrantes del consorcio.

Finalmente, frente al saneamiento de la nulidad en los términos del artículo 137 del
CGP, al que hace alusión el representante del Ministerio Público, es preciso destacar
que corresponde al juez de primera instancia dar aplicación de tal normativa, teniendo
en cuenta que la causal de nulidad se configuró en sede de primera instancia, por
tanto, la competencia para el saneamiento de la irregularidad procesal corresponde
al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Riohacha y no al Tribunal
Administrativo de La Guajira.

Adicionalmente, en el presente asunto se dictó sentencia de primera de fecha 2 de
mayo de 2019, sin la debida vinculación del litisconsorte necesario – CONSORCIO
EL MOLINO 02 –, tal como explicó en líneas anteriores; circunstancia que hace
aplicable el inciso final del artículo 134 del CGP, que dispone “Cuando exista
litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anulará y se
integrará el contradictorio.” […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

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7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se ampare la protección del derecho constitucional fundamental al debido
proceso conculcado por la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo de La Guajira al
decretar en el trámite de la segunda instancia en el medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos con radicado 44-001-33-40-003-2017-00080-01,
la nulidad de todo lo actuado mediante los autos del 20 de octubre de 2022 y 20 de
enero de 2023.

II.2. Como consecuencia de la anterior declaración, se solicita, DEJAR SIN EFECTOS
los precitados autos, y, en su lugar, se disponga se continúe, a la mayor brevedad
posible, con el trámite de segunda instancia en el medio de control precitado [...]”.

8. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que la autoridad judicial
demandada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente,
por las siguientes razones:

“[...] Desconocimiento del precedente unificado del 25 de septiembre de 20132
expedido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la
legitimación en la causa de los consorcios y uniones temporales […] la decisión se
apartaba de la ratio decidendi de la sentencia de unificación del 25 de septiembre de
2013, en donde, se concluía que tanto los consorcios como las uniones temporales se
encontraban facultados para concurrir por conducto de su representante, a los
procesos judiciales, cuestión que de ninguna manera excluía que sus integrantes lo
pudiesen hacer, si así lo deciden, por lo que la decisión del Juzgado de primera
instancia de notificar al representante legal del consorcio, no conculca el debido
proceso, sino que por el contrario respetaba el precedente unificado […]”.

[…]

“[…] Desconocimiento del precedente del 19 de octubre de 2005 de la Sección
Tercera3, en donde, se analizó la solicitud de nulidad de la sentencia de primer grado,
con sustento, entre otras causales, en la falta de integración del litisconsorcio
necesario […] No obstante, la Sección Tercera, en un caso con contornos fácticos
análogos, en donde en apelación y en sede de una acción popular que provenía
precisamente del Tribunal Administrativo de La Guajira, se solicitó la nulidad procesal
al haberse, entre otros aspectos, omitido la integración del litisconsorcio necesario de
la parte pasiva, dicha sección consideró, como una subregla que el ejercicio de la
facultad oficiosa del juez de citar al presunto responsable en las acciones populares
(art. 14 de la Ley 472 de 1998), como la que utilizó el juez administrativo vinculando y
notificando al representante legal del consorcio, no se debe confundir ni asemejar a la
figura procesal del litis consorcio necesario [...]”. (Resaltado por la Sala)

2 “[…] CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA, SALA PLENA Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO

GOMEZ Bogotá., D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece (2013) Radicación número: 25000-23-
26-000-1997-03930-01(19933) […]”.
3 “[….] Sección Tercera, CP: María Elena Giraldo Gómez, Radicación Número: 44001-23-31-000-2004-00478-

01(Ap), Sentencia del 19 de octubre de 2005 […]”.

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9. Igualmente, el actor adujo que se configuró un defecto procedimental, el cual
sustentó en los siguientes términos:

“[...] En este asunto, como se señaló en el hecho 4º, en el recurso de reposición contra
el auto del 20 de octubre de 2022, se le señalaba a la Sala Unitaria que no hizo la
advertencia de la nulidad como expresamente lo consagra el artículo 137 del CGP,
cuando el vicio se origina expresamente en la causal 8 del artículo 133 ibídem, que
era precisamente la causal esgrimida en el auto recurrido […] No obstante, la Sala
unitaria en el proveído del 20 de enero de 2023, con todo respeto, en nuestro entender,
no sólo se desvía por completo del procedimiento fijado en la norma transcrita,
sino que con una exegesis (sic) contraevidente mantiene la decisión, esgrimiendo que
la advertencia de la nulidad le correspondía al Juez Tercero Administrativo del Circuito
de Riohacha y no al Tribunal Administrativo de La Guajira, teniendo en cuenta que la
causal de nulidad se configuró en sede de primera instancia.

La postura de la Sala Unitaria no es plausible al tenor de la norma transcrita, por lo
siguiente:

1. El juez que pretende sanear el trámite ordena poner en conocimiento de la parte
afectada las nulidades que no hayan sido saneadas.

2. Cuando la nulidad se origine en las causales 4 y 8 del artículo 133 del CGP el auto
que ordena poner en conocimiento se le notificará al afectado de conformidad con las
reglas generales previstas en los artículos 291 y 292.

3. Si dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación dicha parte no alega la
nulidad, ésta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario el
juez la declarará.

Lo anterior patentiza, que haber declarado la nulidad de lo actuado en el proceso
con radicado 44-001-33-40-003-2017-00080-00, de facto y sin tener en cuenta el
procedimiento fijado en el artículo 137 del CGP, en especial, haber pretermitido
la expedición del auto que ordena poner en conocimiento de los integrantes del
consorcio, conculcó en forma evidente las formas propias del juicio contencioso
[…]”.

[…]

“[…] Con todo, el auto que ordena poner en conocimiento y que debe notificarse al
afectado en este caso a los integrantes del consorcio, materialmente, no podría ser
expedido por el juzgador de primer grado, no solo porque este no detecta la presunta
irregularidad, sino superlativamente, porque luego de dictada la sentencia de primer
grado pierde total competencia [...]”. (Resaltado por la Sala)

Actuación

10. El Despacho sustanciador de la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 14 de abril de 2023: i) admitió la acción de
tutela; ii) ordenó notificar a la autoridad judicial demandada; iii) vinculó, como
terceros con interés legítimo, al Municipio de El Molino, al Consorcio El Molino 02 y

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a Franklin Tomas Coral Delgado, concediéndoles el término de tres (3) días para
que rindieran informe sobre el particular; y iv) ordenó publicar esta providencia en la
página web del Consejo de Estado para el conocimiento de quienes pudieran tener
interés en el asunto.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

11. El Tribunal Administrativo de La Guajira rindió informe en los siguientes
términos:

“[…] El motivo por el que se declaró la nulidad de lo actuado en la acción popular
obedeció a garantizarle el debido proceso, derecho de defensa y contradicción a cada
uno de los miembros del CONSORCIO EL MOLINO 02, vinculados al proceso que
originó la presente acción, siendo necesaria la notificación personal del auto
admisorio de la demanda a cada uno de los integrantes de la asociación- LUIS
JAVIER CARRASCAL QUIN, CQK CONSTRUCCIONES S.A.S. y OBRAS
MAQUILAS Y QUIPOS TRES S.A.S.

Por consiguiente, de atender lo solicitado en la tutela, a juicio de este Despacho, se
vulneran los derechos fundamentales mencionados y de acceso a la administración
de Justicia a los demás integrantes del CONSORCIO EL MOLINO 02, que no fueron
notificados, teniendo sujeto (sic) el deber de contribuir a la buena administración
justicia, según manda el artículo 95 superior y especialmente tratándose de acción
constitucional como lo es la popular bajo estudio […]”.

[…]

“[…] considero respetuosamente que el asunto sometido a conocimiento de la
honorable Corporación no es procedente, porque se trata de asuntos que deben ser
dilucidado a través del juez de la causa, y además, el accionante no cumplió con la
carga de acreditar la existencia de un perjuicio irremediable, que haga procedente la
acción de tutela procedente de manera transitoria […]”.

[…]

“[…] Aunado lo anterior, se pone de presente que esta Corporación advirtió en sede
de segunda instancia la configuración de la causal de nulidad advertida lo que imponía
el deber de declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia y ordenar la debida
integración del contradictorio, a partir de la notificación del auto admisorio de la
demanda a cada uno de los integrantes del CONSORCIO EL MOLINO 02, a fin de
garantizar el derecho al debido proceso, contradicción y defensa de los integrantes
del consorcio, en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política,
tal como se dejó consignado en la providencia del 20 de enero de 2023 que resolvió
el recurso de reposición.

[…]

“[…] Sobre este particular, es de resaltar que el Tribunal ejerció el control de legalidad
en virtud de la facultad oficiosa prevista en el artículo 207 del CPACA, actuación

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procesal que no establece el traslado a las partes del proceso, toda vez, que lo
pretendido con la decisión es aplicar el saneamiento “oficioso” del proceso, por
vulneración de orden constitucional […]”.

12. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Riohacha allegó
copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el
número único de radicación 440013340003201700080-01.

13. El Municipio de El Molino, el Consorcio El Molino 02 y Franklin Tomas Coral
Delgado guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

14. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
sentencia, en primera instancia, el 26 de mayo de 2023, por medio de la cual resolvió
lo siguiente:

“[…] PRIMERO. DECLÁRASE improcedente la solicitud de tutela de Edwin José
López Fuentes, actuando en calidad de Procurador 91 Judicial I para asuntos
Administrativos, contra el Tribunal Administrativo de La Guajira […]”.

14.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] La tutela contra providencia judicial tiene un carácter excepcional, por ello, no
le corresponde al juez del amparo revisar, ni evaluar la interpretación y el alcance
dado por el juez natural del asunto a los preceptos aplicados al resolver la
controversia. Este recurso judicial tampoco constituye una instancia adicional al
proceso ordinario, ni es un escenario para refutar la valoración probatoria del juez
de conocimiento o para que la parte desfavorecida por una decisión proponga “una
mejor solución” al caso. Como no se advierte que las decisiones cuestionadas sean
caprichosas o arbitrarias y los argumentos expuestos por el solicitante están
encaminados a volver sobre la controversia decidida por el juez natural, la tutela es
improcedente […]”.

La impugnación

15. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, con fundamento en lo siguiente:

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“[…] Como se constató con anterioridad, no existe una carga argumentativa concreta
en relación con la improcedencia de la acción de tutela, como quiera que la sentencia
recurrida para efectos de llegar a la precitada determinación, en un primer momento,
señala sobre su competencia, requisitos de procedencia, sobre la postura exclusiva
del Tribunal y las limitaciones del juez constitucional, no obstante, abruptamente y
sin dar razones para ello, entra al fondo del asunto determinando, por una parte, que
no advierte que las decisiones cuestionadas sean caprichosas o arbitrarias y, por la
otra, que los argumentos expuestos por el suscrito se encaminan a volver sobre la
controversia decidida por la accionada […]”.

[…]

“[…] Sin perjuicio de la ausencia absoluta de motivación por parte del a quo al indicar
que no advertía que “las decisiones cuestionadas sean caprichosas o arbitrarias”,
me permito remitir a las planteamientos esbozados en la demanda que fundamentan
las causales específicas de desconocimiento del precedente y defecto
procedimental absoluto, resaltando este último, en donde el desvío caprichoso y
arbitrario, es más manifiesto al no advertir la nulidad la accionada, como
explícitamente lo consagra el artículo 137 del CGP, cuando el vicio se origina
expresamente en la causal 8 (falta de notificación del auto admisorio) del artículo
133 ibidem, que era precisamente la causal esgrimida por la accionada para anular
todo el proceso dentro de la acción popular.

Se reitera que, la Sala Unitaria del Tribunal no sólo se desvía por completo del
procedimiento fijado en el artículo 137 del CGP, al no advertir sobre la nulidad, sino
que en el proveído del 20 de enero de 2023, confirma su decisión con una exegesis
contraevidente, esgrimiendo que la advertencia de la nulidad le correspondía al Juez
de primera instancia, como quiera que la expresión “En cualquier estado del proceso
el juez ordenará poner en conocimiento de la parte afectada las nulidades que no
hayan sido saneadas” (artículo 137 del CGP), se refiere al juez que detecta la
irregularidad, que, en este caso, lo fue la Sala Unitaria y no el Juez de primera
instancia.

Con todo, el auto que ordena poner en conocimiento a los afectados, no podría
materialmente ser expedido por el juzgador de primer grado, no solo porque este no
detecta la presunta irregularidad, sino superlativamente, porque luego de dictada la
sentencia de primer grado pierde total competencia […]”.

[…]

“[…] En efecto, se le indicaba al a quo, que seis (6) años atrás(2017), un ciudadano
demandó en acción popular a un municipio, con ocasión de un proceso licitatorio,
que el juzgado de origen profirió fallo de primera instancia el 2 de mayo de 2019, y
los autos que se impugnan fueron emitidos más de tres años después (20 de octubre
de 2022 y 20 de enero de 2023), por lo que es apenas proporcional, que sea
relevante desde el ámbito constitucional, que se revise por una autoridad judicial
distinta, si la decisión tan radical de declarar la nulidad de todo lo actuado y volver
las cosas procesalmente al 10 de mayo de 2017, fue tomada con apego irrestricto al
debido proceso.

Con todo, la transgresión manifiesta del trámite de la nulidad oficiosa, como lo
establece el artículo 137 del CGP, al no efectuar la advertencia del vicio a la parte
afectada, tuvo una incidencia definitiva o determinante en la decisión judicial
cuestionada, como quiera, que si ello, se hubiese realizado, y los integrantes del
consorcio no invocan la nulidad, ésta se hubiese saneado, no teniendo la judicatura

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opción distinta que continuar el proceso definiendo la litis constitucional en segunda
instancia […]”. (Resaltado por la Sala)

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20215 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20186 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

18. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el Tribunal
Administrativo de La Guajira, al proferir los autos de 20 de octubre de 2022 y de 20
de enero de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el número único
de radicación 440013340003201700080-01, incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y en un defecto procedimental absoluto, lo
que trajo como consecuencia que se declarara la nulidad de lo actuado en el
proceso de la referencia a partir de la sentencia de primera instancia,
desconociéndose el precedente sobre la vinculación y notificación de los consorcios
en procesos judiciales, y sin que previamente se haya puesto en conocimiento de
los afectados la configuración de la causal de nulidad.

19. Para resolver este problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas:
i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) requisitos
generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige
contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad en el caso concreto, iv) el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial; v) el defecto procedimental absoluto; vi) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vii) análisis del caso en
concreto y, finalmente viii) las conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello8, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.

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21. Esta Sección9 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

23. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”10.

24. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material
o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos
parámetros.

26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto

28. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.

29. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:

29.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración del derecho fundamental del actor
al debido proceso.

29.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación
del derecho fundamental invocado supra, y además, ii) el actor cumplió con la carga

11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial y en un defecto procedimental absoluto.

29.3. Para la Sala exigirle al actor una carga argumentativa mínima se justifica, toda
vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la
informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas procesales13, en el escenario del amparo
contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la
cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa
juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación
jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia
arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.

29.4. Cumplió con el requisito general de inmediatez14.

29.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección del derecho invocado.

29.6. El actor identificó los hechos y el derecho cuya vulneración alega; y

29.7. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

30. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.

13 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las

actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
14 Puesto que la última actuación que cuestiona el actor corresponde al auto de 20 de enero de 2023, notificado

el 31 de enero de 2023; en tanto que la acción de tutela se interpuso el 2 de abril de 2023, es decir, antes de
que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 20 de enero de 2023.

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31. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189615 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201116;
así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200117; C-816 de
201118; C-179 de 201619; y T-102 de 201420.

32. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”21 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto
de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.

33. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional22, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que,
en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).

34. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria23, la regla del respeto del precedente no

15 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
16 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de

Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
17 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
18 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
19 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
20 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
21 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
22 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
23 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5 de

febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.

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es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente
a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a
resolver una situación concreta.

35. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala24, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la
regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como
precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser
tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta
errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que
se fundamenta el ordenamiento jurídico.

36. En efecto, la Sala25 ha reconocido que, “[…] en los eventos referidos, el juez
que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en
virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones
en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial26 […]”, para lo
cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso
concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta
la decisión de apartarse.

37. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo
los órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado
y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser
tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de 2013,
C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
25 Ibídem.
26 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez

y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.

El defecto procedimental como causal de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales

38. Frente al defecto procedimental la Corte Constitucional ha establecido que
existen dos clases, a saber: i) defecto procedimental absoluto y ii) exceso ritual
manifiesto. En sentencia SU-159 de 2002 la Alta Corporación consideró que el
defecto procedimental se configura cuando “[…] el juez se desvía por completo del
procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones […]” y
actúa “[…] en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad […]”. Asimismo,
señala que el proceso está viciado cuando “[…] se pretermiten eventos o etapas
señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le
reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, (i.) puedan ejercer
el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la
asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el
derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere
pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del
proceso y se permita su participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las
providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles
notificadas […]”27.

39. De igual manera, la Alta Corte, en sentencia T-204/15, consideró28:

“[…] El defecto procedimental absoluto ha sido definido por la Corte Constitucional
como el vicio que se configura cuando el juez se aparta completamente del
procedimiento establecido por las normas jurídicas, ocasionando una vulneración
del derecho fundamental al debido proceso. Tal como lo ha reseñado la
jurisprudencia constitucional, la razón de ser de la consagración de esta causal de
procedibilidad contra sentencias judiciales está relacionada con la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, que sujetan al juez a los procedimientos previamente establecidos, en virtud
del principio de legalidad.

De esta manera, en aquellos casos en que un juez resuelve, en forma arbitraria,
desconocer los procedimientos y las formas establecidas para el desarrollo de los

27Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 20 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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juicios, vulnera no sólo los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, relacionados con los derechos a la defensa y
contradicción que le asiste a las partes en el marco de un proceso judicial o de un
procedimiento activo. En realidad, con esta omisión, el juez natural pone en peligro
la protección y efectividad de los derechos subjetivos de las partes en el referido
trámite, lo cual supone una afectación de carácter sustancial, si se tiene en cuenta
que los procedimientos están concebidos para asegurar la efectividad de dichos
derechos sustanciales […]”.

40. En conclusión a lo anterior, la Sala advierte que el defecto procedimental
absoluto se configura cuando la autoridad judicial de manera grosera y arbitraria se
desvía completamente del procedimiento establecido en la ley, lo que trae como
consecuencia la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

41. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

42. Atendiendo a que, la Corte Constitucional29 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa

29 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Análisis del caso concreto

43. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

44. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

45. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

45.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el
número único de radicación 440013340003201700080-01.

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Solución del caso concreto

Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial

46. El actor señaló que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, por las siguientes razones:

“[...] Desconocimiento del precedente unificado del 25 de septiembre de 201330
expedido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la
legitimación en la causa de los consorcios y uniones temporales […] la decisión se
apartaba de la ratio decidendi de la sentencia de unificación del 25 de septiembre de
2013, en donde, se concluía que tanto los consorcios como las uniones temporales se
encontraban facultados para concurrir por conducto de su representante, a los
procesos judiciales, cuestión que de ninguna manera excluía que sus integrantes lo
pudiesen hacer, si así lo deciden, por lo que la decisión del Juzgado de primera
instancia de notificar al representante legal del consorcio, no conculca el debido
proceso, sino que por el contrario respetaba el precedente unificado […]”.

[…]

“[…] Desconocimiento del precedente del 19 de octubre de 2005 de la Sección
Tercera31, en donde, se analizó la solicitud de nulidad de la sentencia de primer grado,
con sustento, entre otras causales, en la falta de integración del litisconsorcio
necesario […] No obstante, la Sección Tercera, en un caso con contornos fácticos
análogos, en donde en apelación y en sede de una acción popular que provenía
precisamente del Tribunal Administrativo de La Guajira, se solicitó la nulidad procesal
al haberse, entre otros aspectos, omitido la integración del litisconsorcio necesario de
la parte pasiva, dicha sección consideró, como una subregla que el ejercicio de la
facultad oficiosa del juez de citar al presunto responsable en las acciones populares
(art. 14 de la Ley 472 de 1998), como la que utilizó el juez administrativo vinculando y
notificando al representante legal del consorcio, no se debe confundir ni asemejar a la
figura procesal del litis consorcio necesario [...]”. (Resaltado por la Sala)

47. Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario
verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la
sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en

30 “[…] CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA, SALA PLENA Consejero ponente: MAURICIO
FAJARDO GOMEZ Bogotá., D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece (2013) Radicación número:
25000-23-26-000-1997-03930-01(19933) […]”.
31 “[….] Sección Tercera, CP: María Elena Giraldo Gómez, Radicación Número: 44001-23-31-000-2004-00478-

01(Ap), Sentencia del 19 de octubre de 2005 […]”.

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el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente32.

Sentencia de 25 de septiembre de 201333

48. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado procedió “[…] a
unificar su Jurisprudencia en torno al problema jurídico consistente en dilucidar si
los consorcios y las uniones temporales cuentan con capacidad para comparecer
como parte en los procesos judiciales en los cuales se debaten asuntos
relacionados con los derechos o intereses de los que son titulares o que discuten
o que de alguna otra manera les conciernen bien en su condición de contratistas
de las entidades estatales o bien como participantes en los correspondientes
procedimientos de selección contractual, para cuyo propósito se avoca el
conocimiento del presente litigio […]”.

49. Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado
consideró lo siguiente:

“[…] A juicio de la Sala, en esta ocasión debe retomarse el asunto para efectos de
modificar la tesis jurisprudencial que se ha venido siguiendo y, por tanto, debe
puntualizarse que si bien las uniones temporales y los consorcios no constituyen
personas jurídicas distintas de quienes integran la respectiva figura plural de oferentes
o de contratistas, lo cierto es que además de contar con la aptitud para ser parte en
el correspondiente procedimiento administrativo de selección de contratistas –
comoquiera que por ley cuentan con capacidad suficiente para ser titulares de los
derechos y obligaciones derivadas tanto de los procedimientos administrativos de
selección contractual como de los propios contratos estatales─, también se
encuentran facultados para concurrir a los procesos judiciales que pudieren tener
origen en controversias surgidas del mencionado procedimiento administrativo de
selección de contratistas o de la celebración y ejecución del contrato estatal
respectivo –legitimatio ad processum-, por intermedio de su representante […]”.

[…]

“[…] la Sala estima necesario precisar y enfatizar que la rectificación jurisprudencial
que mediante la presente decisión se efectúa en relación con la capacidad procesal
que les asiste a los consorcios y a las uniones temporales para comparecer como
sujetos en los procesos judiciales en los cuales se debaten asuntos relacionados con
los derechos o intereses de los que son titulares o que discuten o que de alguna otra
manera les conciernen en razón de su condición de contratistas de las entidades

32 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.

Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de septiembre

de 2013, número único de radicación 250002326000199703930-01(19933), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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estatales o de interesados o participantes en los procedimientos de selección
contractual, de ninguna manera debe considerarse como una cortapisa para que los
integrantes de los respectivos consorcios o uniones temporales, individualmente
considerados –sean personas naturales o jurídicas– puedan comparecer al proceso
–en condición de demandante(s) o de demandado(s)–.
[…]”.

[…]

“[…] En consecuencia, a partir del presente proveído se concluye que tanto los
consorcios como las uniones temporales sí se encuentran legalmente facultados para
concurrir, por conducto de su representante, a los procesos judiciales que pudieren
tener origen en controversias surgidas del procedimiento administrativo de selección
de contratistas o de la celebración y ejecución de los contratos estatales en relación
con los cuales tengan algún interés, cuestión que de ninguna manera excluye la
opción, que naturalmente continúa vigente, de que los integrantes de tales consorcios
o uniones temporales también puedan, si así lo deciden y siempre que para ello
satisfagan los requisitos y presupuestos exigidos en las normas vigentes para el
efecto, comparecer a los procesos judiciales –bien como demandantes, bien como
demandados, bien como terceros legitimados o incluso en la condición de
litisconsortes, facultativos o necesarios, según corresponda–, opción que de ser
ejercida deberá consultar, como resulta apenas natural, las exigencias relacionadas
con la debida integración del contradictorio, por manera que, en aquellos eventos en
que varios o uno solo de los integrantes de un consorcio o de una unión temporal
concurran a un proceso judicial, en su condición individual e independiente, deberán
satisfacerse las reglas que deban aplicarse, según las particularidades de cada caso
específico, para que los demás integrantes del correspondiente consorcio o unión
temporal deban o puedan ser vinculados en condición de litisconsortes, facultativos o
necesarios, según corresponda […]”.

50. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que el Tribunal
Administrativo de La Guajira no desconoció la sentencia de unificación referida
supra; incluso, dentro de las providencias cuestionadas por el actor, se observa que
el Tribunal trajo a colación su contenido, en el sentido de indicar lo siguiente:

50.1. Auto de 20 de octubre de 2022:

“[…] 8°. En sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de septiembre de 2013
el Consejo de Estado aclaró que, si bien los consorcios y uniones temporales carecen
de personalidad jurídica propia e independiente, les resulta dable comparecen a los
procesos judiciales sea a través de su representante legal o de forma individual e
independiente, satisfaciendo los requisitos legales y presupuestos exigidos en las
normas vigentes para el efecto […]”. (Resaltado por la Sala)

50.2. Auto de 20 de enero de 2023:

“[…] Al respecto de los motivos de inconformidad planteados por el Ministerio Público,
es importante aclarar que el Despacho no se ha apartado de la interpretación
jurisprudencial expuesta en la sentencia de unificación del 25 de septiembre de

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2013 del Consejo de Estado, en la medida a que a ella se hizo referencia en el auto
de fecha 26 de octubre de 2022 mediante el cual se declaró la nulidad de la sentencia
por indebida notificación del auto admisorio de la demanda a los integrantes del
CONSORCIO EL MOLINO 02 […] Desde esta perspectiva, es suficientemente claro
que los consorcios y uniones temporales pueden comparecer al proceso
judicial (i) por conducto de su representante legal o, (ii) de forma individual, en
la medida que cada integrante del consorcio y unión temporal puede acudir al proceso
a través de apoderado judicial legalmente constituido.

Ahora bien, para garantizar el derecho de los integrantes de los consorcios y uniones
temporales de intervenir dentro del proceso a través de su representante legal o
individualmente por apoderado judicial, es necesario que la notificación del auto
admisorio de la demanda se realice separadamente a cada uno de los integrantes;
pues bien, a quien le asiste el derecho de decidir entre las formas de acudir al proceso
es a los integrantes del consorcio y de ninguna manera al juez conductor del proceso
[…]”. (Resaltado por la Sala)

51. En ese orden de ideas, para la Sala no se configuró el desconocimiento del
precedente que adujo el actor, en la medida en que, al comparar el contenido de la
sentencia de unificación y las providencias cuestionadas por el tutelante, se observa
que el Tribunal demandado sí la tuvo en cuenta al resolver el asunto.

Sentencia de 19 de octubre de 200534

52. La Sección Tercera del Consejo de Estado estudió el recurso de apelación
que, dentro de una acción popular contra el Instituto Colombiano De Bienestar
Familiar, presentó Isabel María Bruges Arias, al considerar que, en primera
instancia, se presentó una indebida representación de la parte demandada, una
indebida notificación y la falta de integración del contradictorio necesario.

53. Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró lo
siguiente:

“[…] no debe perderse de vista que la nulidad procesal derivada de la indebida
representación de la parte (art. 140-7 C. P. C.), en materia de apoderamiento judicial,
sólo se configura por carencia total de poder, y es indudable que la representación en
cabeza de la Dirección Regional sí es debida y menos carecía en absoluto de poder
judicial. Tampoco ocurrió el hecho de no haber practicado en legal forma de la
notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de cualquiera de los
dos (art. 140-8 ib), porque se notificó a la Directora Regional del I. C. B. F., quien
designó abogado para que representara judicialmente al ICBF.

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de

2005, número único de radicación 440012331000200400478-01, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

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Si en gracia de discusión se aceptara que la Regional no puede representar al I. C.
B. F., lo cierto es que el A Quo no incurrió en hecho constitutivo de nulidad procesal,
pues su actuación estuvo acorde con la ley, en efecto: admitió la demanda contra
dicho Instituto y notificó al funcionario de mayor categoría de la entidad que
desempeñe funciones a nivel seccional, quien es quien debe comunicar lo ocurrido al
representante de la entidad, so pena de sanción disciplinaria (inc. 2, art. 23 ley 446
de 1998), sin que la norma aluda a causal de nulidad procesal o a efecto de anulación,
y mal lo haría porque se trata de la misma entidad, solo que en sus niveles nacional
y regional, pero a fin de cuentas una sola […]”.

[…]

“[…] El actor demandó en acción popular “contra el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y las demás entidades públicas que se determinen dentro del trámite de esta
acción conforme lo establece el artículo 14 de la ley 472 de 1998, por omitir sus
funciones respecto del cobro y pago de los ingresos tributarios constituidos por los
aportes parafiscales 3% a favor de la primera entidad mencionada (ICBF)”. Pero esos
demandados no integran un litis consorcio necesario, por lo siguiente:

. Las conductas imputadas son autónomas e independientes, pues al I. C. B. F
se le atribuye el no cobro y a las demás, el no pago;

. Las competencias y deberes legales de cada una de esas entidades, en cuanto
al pago de la contribución parafiscal, son autónomas y fácilmente determinables
en su propio ámbito.

. Las entidades (I.C.B.F y las demás que se determinen dentro del trámite) las
vincula el actor pero a la vulneración del derecho colectivo y por conductas
separadas; pero ni la ley, ni la naturaleza de la situación ni el eventual sinsentido de
la decisión sobre los intereses colectivos que se discuten, evidencian la necesaria
comparecencia de las supuestas entidades infractoras, tanto así que la
responsabilidad podría declararse frente a uno o varios de los demandados y negarse
con respecto a los demás; consideración que implica, por si misma, que la decisión
judicial no requiere que sea uniforme e idéntica para todos. Es más la sentencia
que se apela, resolvió denegar las súplicas pero porque no se probó la conducta
omisiva del I. C. B. F. ni de otros posibles responsables.

. La supuesta vulneración a los derechos colectivos que acusa el actor,
en desmedro del I. C. B. F, no proviene de una misma relación o acto jurídico
sustanciales, en tanto simplemente serían protagonistas de hechos independientes.

Por lo tanto, en este caso, el ICBF no está ligado sustancialmente con otras personas
como lo entiende el actor […]”. (Resaltado del texto original)

54. De conformidad con lo expuesto, para la Sala, la autoridad judicial
demandada no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, toda vez que las situaciones fácticas y los problemas jurídicos son
totalmente diferentes, puesto que, si bien la sentencia analizada previamente y el
caso del actor giran en torno a acciones populares, lo cierto es que, mientras que
en el caso del actor se debate la vulneración de unos derechos colectivos con
ocasión de un proceso de licitación pública, en el otro caso se cuestiona la presunta

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omisión de funciones respecto al cobro y pago de los ingresos tributarios
constituidos por los aportes parafiscales del 3% a favor del ICBF; además, los
sujetos demandados en ambos procesos ostentan una naturaleza diferente, que
impide su comparación.

55. En ese orden de ideas, no se desconoció la ratio decidendi establecida en
dicha sentencia, puesto que, tal como se expuso previamente, los supuestos
fácticos y jurídicos son diferentes y, en consecuencia, la razón de la decisión en esa
providencia obedeció a fundamentos que no se pueden aplicar al caso sub examine.

Análisis del presunto defecto procedimental absoluto

56. El actor adujo que se configuró un defecto procedimental, el cual sustentó en los
siguientes términos:

“[...] En este asunto, como se señaló en el hecho 4º, en el recurso de reposición contra
el auto del 20 de octubre de 2022, se le señalaba a la Sala Unitaria que no hizo la
advertencia de la nulidad como expresamente lo consagra el artículo 137 del CGP,
cuando el vicio se origina expresamente en la causal 8 del artículo 133 ibídem, que
era precisamente la causal esgrimida en el auto recurrido […] No obstante, la Sala
unitaria en el proveído del 20 de enero de 2023, con todo respeto, en nuestro entender,
no sólo se desvía por completo del procedimiento fijado en la norma transcrita,
sino que con una exegesis (sic) contraevidente mantiene la decisión, esgrimiendo que
la advertencia de la nulidad le correspondía al Juez Tercero Administrativo del Circuito
de Riohacha y no al Tribunal Administrativo de La Guajira, teniendo en cuenta que la
causal de nulidad se configuró en sede de primera instancia.

La postura de la Sala Unitaria no es plausible al tenor de la norma transcrita, por lo
siguiente:

1. El juez que pretende sanear el trámite ordena poner en conocimiento de la parte
afectada las nulidades que no hayan sido saneadas.

2. Cuando la nulidad se origine en las causales 4 y 8 del artículo 133 del CGP el auto
que ordena poner en conocimiento se le notificará al afectado de conformidad con las
reglas generales previstas en los artículos 291 y 292.

3. Si dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación dicha parte no alega la
nulidad, ésta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario el
juez la declarará.

Lo anterior patentiza, que haber declarado la nulidad de lo actuado en el proceso
con radicado 44-001-33-40-003-2017-00080-00, de facto y sin tener en cuenta el
procedimiento fijado en el artículo 137 del CGP, en especial, haber pretermitido
la expedición del auto que ordena poner en conocimiento de los integrantes del

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consorcio, conculcó en forma evidente las formas propias del juicio contencioso
[…]”.

[…]

“[…] Con todo, el auto que ordena poner en conocimiento y que debe notificarse al
afectado en este caso a los integrantes del consorcio, materialmente, no podría ser
expedido por el juzgador de primer grado, no solo porque este no detecta la presunta
irregularidad, sino superlativamente, porque luego de dictada la sentencia de primer
grado pierde total competencia [...]”. (Resaltado por la Sala)

57. Al respecto, la Sala advierte que, en las providencias cuestionadas por el
actor, el Tribunal de La Guajira consideró que:

“[…] se mantiene el Despacho en su posición de considerar necesario, en este caso
particular, surtir la notificación del auto admisorio de la demanda a cada uno de los
integrantes del CONSORCIO EL MOLINO 02, en condición de litisconsortes
necesarios; y al no haberse efectuado de esta forma en el trámite de primera
instancia, se configura la nulidad procesal prevista en el numeral 8 del artículo
133 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 208 de la Ley 1437 de 2011,
esto es, no haberse practicado en legal forma la notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas, que como se extrae del acta de liquidación
bilateral del contrato de obra pública No. LP-001- 2007 está constituido por LUIS
JAVIER CARRASCAL QUIN, CQK CONSTRUCCIONES S.A.S. y OBRAS
MAQUILAS Y QUIPOS TRES S.A.S.

La configuración de la causal de nulidad advertida en sede de segunda
instancia impone al juez el deber de declarar la nulidad de la sentencia de
primera instancia y ordenar la debida integración del contradictorio, a partir de
la notificación del auto admisorio de la demanda a cada uno de los integrantes del
CONSORCIO EL MOLINO 02, a fin de garantizar el derecho al debido proceso,
contradicción y defensa de los integrantes del consorcio.

Finalmente, frente al saneamiento de la nulidad en los términos del artículo 137 del
CGP, al que hace alusión el representante del Ministerio Público, es preciso destacar
que corresponde al juez de primera instancia dar aplicación de tal normativa,
teniendo en cuenta que la causal de nulidad se configuró en sede de primera
instancia, por tanto, la competencia para el saneamiento de la irregularidad
procesal corresponde al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Riohacha y no al Tribunal Administrativo de La Guajira.

Adicionalmente, en el presente asunto se dictó sentencia de primera de fecha 2 de
mayo de 2019, sin la debida vinculación del litisconsorte necesario – CONSORCIO
EL MOLINO 02 –, tal como explicó en líneas anteriores; circunstancia que hace
aplicable el inciso final del artículo 134 del CGP, que dispone “Cuando exista
litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anulará y se
integrará el contradictorio.” […]”. (Resaltado por la Sala)

58. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que, en efecto, tratándose
de las nulidades procesales y su trámite, es necesario remitirse al Código General
del Proceso, el cual prevé regulación expresa en la materia.

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59. En ese orden de ideas, la Sala advierte que, de conformidad con el numeral
8.° del artículo 133 del Código General del Proceso, constituye causal de nulidad
del proceso “[…] 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto
admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las
demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes,
o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando
la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier
otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado […]”.

60. Ahora bien, frente a dicha causal de nulidad, el artículo 137 ibidem prevé lo
siguiente:

“[…] ARTÍCULO 137. ADVERTENCIA DE LA NULIDAD. En cualquier estado del
proceso el juez ordenará poner en conocimiento de la parte afectada las
nulidades que no hayan sido saneadas. Cuando se originen en las causales 4 y 8
del artículo 133 el auto se le notificará al afectado de conformidad con las reglas
generales previstas en los artículos 291 y 292. Si dentro de los tres (3) días siguientes
al de la notificación dicha parte no alega la nulidad, esta quedará saneada y el
proceso continuará su curso; en caso contrario el juez la declarará […]”.
(Resaltado por la Sala)

61. En ese orden de ideas, la Sala considera que frente a la configuración de la
causal de nulidad prevista en el numeral 8.° del artículo 133 del Código General del
Proceso, la Ley es clara en prever que se debe poner en conocimiento de la parte
afectada su configuración, con el fin de que sea esta quien la alegue o no, último
evento en el cual se entenderá saneada.

62. La Sala advierte que, contrario a lo expuesto por la autoridad judicial
accionada, si bien el artículo 134 del mismo Código prevé que “[…] Cuando exista
litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anulará y se
integrará el contradictorio […]”, a esta consecuencia habrá lugar una vez se haya
realizado la advertencia previa de la configuración de la causal de nulidad, que el
artículo 137 prevé expresamente.

63. La Sala advierte que, esta Sección35 ha considerado lo siguiente:

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 28 de octubre de 2020,

medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el número único de
radicación 15-001-23-33-000-2016-00624-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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“[…] Una vez culminó el trámite procesal de primera instancia, la Sala de Decisión N.º
6 del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de 18 de julio de 201936,
resolvió lo siguiente […] Contra la referida providencia, el demandante, Jorge Enrique
Lancheros Delgadillo, así como el apoderado judicial del municipio de Chiquinquirá,
interpusieron sendos recursos de apelación.

8. Este Despacho, mediante auto del 1° de septiembre de 202037, advirtió la falta de
integración del litisconsorcio necesario por pasiva, toda vez que no fueron vinculados la
totalidad de los presuntos responsables de la vulneración o amenaza identificada en el
escrito de demanda […] Visto ello, de conformidad con el artículo 137 del C.G.P.38, el
Despacho decidió poner en conocimiento de las autoridades ausentes la causal de
nulidad mencionada, haciéndoles saber que si dentro de los tres (3) días siguientes
no alegaban su configuración, la misma quedaría saneada y el proceso continuaría
su curso; en caso contrario se declararía la nulidad39 […]”.

[…]

“[…] En cuanto al traslado que corrió el Despacho para que los sujetos afectados se
pronunciaran sobre la posible configuración de la causal de nulidad contenida en el
numeral 8.° del artículo 133 del C.G.P.40, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, las gobernaciones
departamentales de Boyacá y Cundinamarca y las alcaldías municipales de Ráquira,
San Miguel de Sema y Susa, optaron por guardar silencio, aun cuando fueron
notificados de la providencia respectiva mediante correo electrónico de 3 de
septiembre de 2020.

31. Por otro lado, se advierte que el apoderado judicial de la Alcaldía Municipal de
Fúquene optó por «no pronunciarse sobre la solicitud de nulidad», mientras que su
homólogo del municipio de Guachetá solicitó la declaratoria de nulidad por fuera del
término legal establecido41.

32. Sin embargo, el apoderado judicial de la Alcaldía Municipal de Simijaca manifestó,
de manera oportuna, estar de acuerdo con la nulidad generada con ocasión de la falta
de integración del litis consorcio necesario por la parte pasiva y, en consecuencia,
solicitó que se proceda con la notificación respectiva.

36 Cita del texto original: “Ibid., folios 1222 a 1252”.
37 Cita del texto original: “Providencia notificada el jueves 3 de septiembre de 2020”.
38 Cita del texto original: “ARTÍCULO 137. ADVERTENCIA DE LA NULIDAD. En cualquier estado del proceso

el juez ordenará poner en conocimiento de la parte afectada las nulidades que no hayan sido saneadas. Cuando
se originen en las causales 4 y 8 del artículo 133 el auto se le notificará al afectado de conformidad con las
reglas generales previstas en los artículos 291 y 292. Si dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación
dicha parte no alega la nulidad, esta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario el
juez la declarará”.
39 Cita del texto original: “Criterio que ha sido prohijado por esta Sección en los autos de 21 de junio de 2018,

Radicación:44001-23-33-000-2011-00097-01 (AP), Demandante: Defensoría del Pueblo; y de 28 de junio de
2019, Radicación: 15001-23-33-000-2013-00354-02 (AP), Demandante: Luis Francisco Forero Padilla y Omaira
Rivas Rivas”.
40 Cita del texto original: “ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte,

solamente en los siguientes casos: […]. 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto
admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque
sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a
cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a
cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. […]”. [Resalta el Despacho]”.
41 Cita del texto original: “El plazo para solicitar la declaratoria de nulidad venció el martes 8 de septiembre de

2020, y la solicitud de nulidad de la Alcaldía Municipal de Guachetá, fue presentada el mismo día, pero por fuera
del horario judicial establecido (20:26 horas). Por tal motivo, la solicitud se tiene como legalmente presentada
el día 9 de septiembre de 2020”.

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33. En tal virtud, de conformidad con las consideraciones expuestas en la providencia
del 1° de septiembre de 2020 y, en atención a lo dispuesto en los artículos 13742 del
C.G.P. y 29443 del C.P.A.C.A, el Despacho procederá a declarar la nulidad de la
sentencia proferida el 18 de julio de 2019 por la Sala de Decisión N.º 6 del Tribunal
Administrativo de Boyacá44.

34. Esto, con el fin de que dicho Tribunal, al tenor de lo dispuesto en el inciso final del
artículo 134 del C.G.P.45, proceda a integrar el contradictorio y se surtan las
actuaciones propias de la primera instancia en relación con el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, las
gobernaciones departamentales de Boyacá y Cundinamarca y las alcaldías
municipales de Fúquene, Guachetá, Ráquira, San Miguel de Sema, Simijaca y Susa
[…]”.

64. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que el Tribunal
Administrativo de La Guajira desconoció el procedimiento establecido por la Ley
para el trámite de la nulidad que advirtió dentro del medio de control de la referencia,
conforme el cual, correspondía a los afectados alegar o no la nulidad, previamente
expuesta por la autoridad judicial.

65. En ese sentido, ante la ausencia de providencia que acredite que antes de
resolver “[…] Declárase la nulidad de lo actuado en el proceso, a partir de la
sentencia de primera instancia de fecha 2 de mayo de 2019 proferida por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Riohacha […]”, el Tribunal Administrativo de
La Guajira puso en conocimiento de los afectados la configuración de dicha causal
de nulidad; la Sala considera que le asiste razón al actor.

42 Cita del texto original: “ARTÍCULO 137. ADVERTENCIA DE LA NULIDAD. En cualquier estado del proceso

el juez ordenará poner en conocimiento de la parte afectada las nulidades que no hayan sido saneadas.
Cuando se originen en las causales 4 y 8 del artículo 133 el auto se le notificará al afectado de conformidad con
las reglas generales previstas en los artículos 291 y 292. Si dentro de los tres (3) días siguientes al de la
notificación dicha parte no alega la nulidad, esta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en
caso contrario el juez la declarará”. [Resalta el Despacho]”.
43 Cita del texto original: “Artículo 294. Nulidades originadas en la sentencia. La nulidad procesal originada

en la sentencia únicamente procederá por incompetencia funcional, indebida notificación del auto
admisorio de la demanda al demandado o a su representante, por omisión de la etapa de alegaciones y
cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de Magistrados al previsto por la ley. […]”.
[Resalta el Despacho]”.
44 Cita del texto original: “Criterio que ha sido prohijado por esta Sección en los autos de 21 de junio de 2018,

Radicación:44001-23-33-000-2011-00097-01 (AP), Demandante: DEFENSORÍA DEL PUEBLO; y de 28 de junio
de 2019, Radicación: 15001-23-33-000-2013-00354-02 (AP), Demandante: LUIS FRANCISCO FORERO
PADILLA Y OMAIRA RIVAS RIVAS”.
45 Cita del texto original: “ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en

cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. […].
La nulidad por indebida representación, notificación o emplazamiento, solo beneficiará a quien la haya invocado.
Cuando exista litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anulará y se integrará
el contradictorio”.

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66. En ese orden de ideas, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de La
Guajira se apartó del procedimiento a seguir, toda vez que, desconoció la
advertencia de la nulidad prevista en el artículo 137 del Código General del Proceso.

67. Para la Sala, el Tribunal desconoció el derecho fundamental del actor al
debido proceso, puesto que se apartó del procedimiento previamente establecido
por el legislador, al omitir poner en conocimiento de los afectados la configuración
de la causal de nulidad, con el fin de que estos la alegaran o no, último evento en el
cual se entiende saneada y el proceso continúa su curso.

68. En ese orden de ideas, la Sala i) concederá el amparo del derecho
fundamental al debido proceso del actor, por encontrarse configurado el defecto
procedimental absoluto que alegó, y en consecuencia;

ii) dejará sin efectos el auto de 20 de enero de 2023, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
identificado con el número único de radicación 440013340003201700080-01; y

iii) ordenará al Tribunal Administrativo de La Guajira que, mediante la providencia
respectiva, dé cumplimiento al artículo 137 del Código General del Proceso y, en
consecuencia, ponga en conocimiento de la parte afectada la configuración de la
causal de nulidad prevista en el numeral 8.° del artículo 133 ibidem, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Conclusiones de la Sala

69. En suma, la Sala revocará la sentencia de tutela de 26 de mayo de 2023
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela para, en su lugar,
amparar el derecho fundamental al debido proceso del actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

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Núm. único de radicación: 110010315000202301690-01
Actor: Edwin José López Fuentes en Calidad de Procurador 91
Judicial I para Asuntos Administrativos

III. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 26 de mayo de 2023 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual
declaró improcedente la solicitud de tutela para para, en su lugar, AMPARAR el
derecho fundamental al debido proceso invocado por el actor, el cual fue vulnerado
por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el auto de 20 de enero de 2023, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos identificado con el número único de radicación
440013340003201700080-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de La Guajira que, mediante la
providencia respectiva, dé cumplimiento al artículo 137 del Código General del
Proceso y, en consecuencia, ponga en conocimiento de la parte afectada la
configuración de la causal de nulidad prevista en el numeral 8.° del artículo 133
ibidem, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

25

Núm. único de radicación: 110010315000202301690-01
Actor: Edwin José López Fuentes en Calidad de Procurador 91
Judicial I para Asuntos Administrativos

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
Salva voto

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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