Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01695-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01695-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01695-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
25 de mayo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01695-00
Demandante: Gonzalo Pinzón Pinzón
Demandado: Comisión Primera del Senado de la República –
Mesa Directiva
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01695-00
Demandante: GONZALO PINZÓN PINZÓN
Demandados: COMISIÓN PRIMERA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA – MESA
DIRECTIVA
Temas: Tutela de fondo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a pronunciarse sobre la acción de tutela presentada por el señor
Gonzalo Pinzón Pinzón contra la Comisión Primera del Senado, Mesa Directiva, por
la vulneración a sus derechos fundamentales “de participación Política (art.40 C.N.) y
al debido proceso en el trámite legislativo (art. 29 C.N.)”
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito presentado el 10 de abril de 2023, el señor Gonzalo Pinzón Pinzón,
actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Comisión Primera del
Senado de la República – Mesa Directiva, con el fin de que sean amparados sus
derechos fundamentales “de participación Política (art.40 C.N.) y al debido proceso
en el trámite legislativo (art. 29 C.N.)”
2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales debido
al retiro del Acto Legislativo 018 de 20221 “por medio del cual se adopta una reforma
política”, toda vez que se cometió una “evidente infracción al Reglamento del
Congreso” por presuntamente desatender el artículo 155 de la Ley 5° de 1992, así
como los artículos de la misma ley que versan sobre la participación ciudadana.
3. Solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y reclamó lo siguiente:
Que se declare la vulneración de mis derechos fundamentales al ejercicio y
control del poder político, así como del derecho a la participación ciudadana, y se
1 (Acumulado con los proyectos de Acto Legislativo No 006, 016 y 026 de 2022).
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Demandante: Gonzalo Pinzón Pinzón
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tomen las medidas necesarias para garantizar que en el futuro se respeten
plenamente estos derechos y principios democráticos en el marco del proceso
legislativo.
2. Ordenar a la entidad demandada que adopte las medidas necesarias para
cesar la vulneración de los derechos fundamentales conculcados.
4. Como solicitud de medida provisional, requirió lo siguiente:
Solicito que se ordene la suspensión provisional de los términos y los efectos de
lo aprobado en la sesión de la Comisión Primera del Senado de la República,
llevada a cabo el día 23 de marzo de los corrientes. Esta medida es necesaria
para evitar un perjuicio irremediable tanto en trámite legislativo como de
participación ciudadana…
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. En sesión del día 23 de marzo de 2023 la Comisión Primera del Senado de la
República aprobó el retiro del Acto Legislativo N° 018 de 2022 Senado – 243 de 2022
Cámara “Por medio del cual se adopta una reforma política”. (Acumulado con los
PAL 06, 16 y 26 de 2022).
5. El fundamento normativo de dicho retiro fue el artículo 155 de la Ley 5° de 1992,
que indica que “un proyecto de ley podrá ser retirado por su autor, siempre que no se
haya presentado ponencia para primer debate y sea de iniciativa congresional. En los
demás eventos se requerirá la aceptación de la Comisión o Cámara respectiva”.
6. Así, teniendo en cuenta que hubo 16 votos por el sí, la Comisión Primera del
Senado de la República aprobó por unanimidad la proposición del Gobierno Nacional
para el retiro de la reforma política y por medio de su secretaria manifestó en el
trámite de la audiencia lo siguiente:
La proposición que solicita el retiro del Acto Legislativo 018 de 2022 Senado,
acumulado con los proyectos de Acto Legislativo N.° 006, 016 y 026 de 2022,
obtuvo el siguiente resultado: votaron un total de 16 senadores, todos por el sí,
en consecuencia el proyecto fue retirado.
1.3. Fundamentos de la vulneración
7. La parte accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales debido al
retiro del Acto Legislativo 018 de 2022 “por medio del cual se adopta una reforma
política”, toda vez que se cometió una “evidente infracción al Reglamento del
Congreso” por presuntamente desatender el artículo 155 de la Ley 5° de 1992, ya
que “para proceder con el retiro del proyecto era necesario que la proposición
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incluyera la totalidad de los firmantes de los proyectos que se acumulaban al PAL
No. 018 de 2022 Senado – 243 de 2022 Cámara”.
8. Agregó que, debido a lo anterior, se le impidió como ciudadano intervenir para
presentar observaciones al referido proyecto de acto legislativo, derechos que se
encuentran garantizados en los artículos 230, 231 y 232 de la Ley 5° de 1992.
9. Adujo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha
reiterado que es de vital importancia seguir los procedimientos establecidos en la Ley
5° de 1992 para el retiro de un proyecto de ley en el Congreso de la República.
10. Indicó que, así mismo, se ha enfatizado en la necesidad de tomar decisiones
informadas y justificadas, con pleno respeto a los principios de transparencia y
publicidad, en aras de garantizar la participación ciudadana y la protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos.
11. Arguyó que, de igual forma, se ha establecido que cualquier acto de retiro de un
proyecto de acto legislativo que no se ajuste a las normas vigentes debe ser anulado
por violación al debido proceso legislativo. Esta situación afecta directamente los
derechos de participación de los ciudadanos, “lo cual conlleva a que la intervención
judicial actúe como control para evitar excesos y arbitrariedades que puedan estar
ocurriendo en la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado de la República,
que aplicaría discrecionalmente el reglamento del Congreso.”
1.4. Trámite de la acción de tutela
1.4.1. Auto admisorio
12. Mediante auto del 28 de abril de 2022, la magistrada ponente admitió la demanda
y ordenó la notificación de la Comisión Primera del Senado de la República – Mesa
Directiva, como sujeto accionado. Igualmente, requirió a la comisión para que
allegara los documentos, actas o informes que fueron proferidos en el marco de la
audiencia realizada el 23 de marzo de 2023, en la cual se aprobó el retiro del
proyecto de Acto Legislativo 018 de 2022.
13. Por último, se consideró abiertamente improcedente ordenar el decreto de la
medida provisional solicitada2, que implicaba la suspensión de la decisión adoptada
por la Comisión Primera del Senado, la cual en principio goza de presunción de
legalidad, aunado a que no se avizoró la configuración de un perjuicio irremediable.
2 La parte actora solicitó como medida provisional suspender provisionalmente los efectos de lo
aprobado en la sesión llevada a cabo el 23 de marzo de 2023 en la Comisión Primea del Senado de la
República ya que, a su juicio, la mesa directiva cometió evidentes infracciones al Reglamento del
Congreso
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1.5. Intervenciones
14. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron
las siguientes intervenciones:
1.5.1. Comisión Primera del Senado
15. Solicitó negar las pretensiones de la demanda, toda vez que no se vulneró el
debido proceso legislativo, ni tampoco el derecho a la participación ciudadana del
señor Gonzalo Pinzón Pinzón. Agregó que tampoco se evidenciaba la vulneración de
ningún derecho fundamental del accionante que deba ser protegido en sede el
amparo de tutela.
16. En primer lugar, hizo un recuento de los hechos y manifestó que en sesión del
día 23 de marzo de 2023 se realizó la discusión y votación del retiro del Proyecto de
Acto Legislativo N° 018 de 2022 Senado – 243 de 2022 Cámara “Por medio de la
cual se adopta una reforma política” (Acumulado con los PAL 06, 16 y 26 de 2022
Senado), tal como lo expone el accionante. En tal sentido, la proposición que solicitó
el retiro de la iniciativa fue firmada por el ministro del Interior, Alfonso Prada, y
acompañada por autores de cada uno de los proyectos de acto legislativo que fueron
acumulados al PAL 18 de 2022 Senado.
17. Reiteró que, además del senador Roy Barreras, respaldaron el retiro de la
iniciativa los senadores: María José Pizarro, coautora del Proyecto de Acto
Legislativo 016 de 2022 Senado; Alexánder López Maya, coautor del Proyecto de
Acto Legislativo 026 de 2022 Senado, y Julián Gallo Cubillo como coautor del
Proyecto de Acto Legislativo 06 de 2022 Senado.
18. Indicó que no se configuró infracción al reglamento del Congreso, toda vez que
los autores de las iniciativas en cuestión actuaron en estricto cumplimiento de lo
establecido en el artículo 155 de la Ley 5° de 1992.
19. Por otro lado, aclaró que, contrario a lo alegado por el accionante, dentro del
trámite de los proyectos de acto legislativo no se establece como requisito la
realización de audiencias de participación ciudadana, según lo establecido por la
Corte Constitucional en la sentencia C-1046 de 2005.3
20. Igualmente, arguyó que, pese a que la audiencia de participación ciudadana no
es requerida para proyectos de Acto Legislativo, el pasado 5 de septiembre de 2022,
la Comisión Primera del Senado de la República llevó a cabo audiencia pública,
dentro de la cual no se observa la solicitud de inscripción del accionante. Esta
3 Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo N° 02 de 2004 “Por el cual se reforman
algunos artículos de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
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Demandante: Gonzalo Pinzón Pinzón
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audiencia fue debidamente publicitada para garantizar la participación del mayor
número de ciudadanos posible dada la trascendencia del tema.
21. Explicó que las intervenciones ciudadanas dentro del trámite legislativo se
encuentran reguladas en el reglamento del Congreso, específicamente en los
artículos 230 a 232, dentro de los cuales se establecen distintos requisitos.
22. Concluyó que el accionante no demostró que hizo una solicitud expresa para
presentar observaciones en el proyecto de acto legislativo retirado ante la cual se le
haya denegado su derecho a participar por parte de la Mesa Directiva de la Comisión
Primera de Senado. Adicional a esto, no se evidenció un nexo de causalidad entre el
retiro del proyecto y la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
23. Por último, en cumplimiento a la orden plasmada en el auto admisorio, allegó las
siguientes pruebas:
-Copia de los documentos mediante los cuales se convocó a audiencia pública
durante el trámite en primera vuelta del Proyecto de Acto Legislativo N° 018 de
2022 Senado – 243 de 2022 Cámara. “Por medio de la cual se adopta una
reforma política”. (Acumulado con los PAL 06, 16 y 26 de 2022 Senado. A través
de estos documentos se comprueba que si se habilitó un espacio, en la Comisión
Primera de Senado, para que la ciudadanía presentara sus observaciones a este
proyecto de reforma constitucional.
-Link de YouTube donde se verifica la realización de la audiencia pública, el día
05 de septiembre de 2022, en la que se escucharon las observaciones y
comentarios para el Proyecto de Acto Legislativo objeto de esta solicitud de
tutela.
-Copia de la Gaceta 1092 de 2022 en la que se publicó la ponencia para primer
debate – en primera vuelta – del Proyecto de Acto Legislativo objeto de esta
solicitud de tutela. En esta gaceta se puede verificar la relación de las
intervenciones ciudadanas de la audiencia pública realizada el 05 de septiembre
de 2022 – página 3.
-Acta 35, publicada en gaceta 434 de 2023, correspondiente a la sesión ordinaria
de la Comisión del 23 de marzo de 2023 – páginas 24 - 28.
-Link de YouTube con la transmisión de la sesión de la Comisión Primera de
Senado del 23 de marzo de 2023.
I. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
24. Si se atiende a lo indicado en la demanda, al Consejo de Estado no le
correspondería conocer de la solicitud de amparo, comoquiera que la tutela se dirige
contra la Comisión Primera del Senado de la República – Mesa Directiva y por ello el
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reparto del mecanismo de protección constitucional debería hacerse en primera
instancia, a los Jueces del Circuito.
25. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y al numeral 2º4 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
26. Sin embargo, la Corte Constitucional, de manera reiterada, ha indicado que:
3. Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las
disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los
despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de
tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser
usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia.
Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la
administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir
este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la
resolución del asunto en sede de instancia. (Negrita y subrayado fuera del texto).
27. Igualmente, las consideraciones del máximo Tribunal Constitucional coinciden
con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, en el que se advirtió:
PARÁGRAFO 2. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por
ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de
competencia.
28. En cumplimiento de las directrices jurisprudenciales y normativas expuestas, el
Consejo de Estado asume la competencia para conocer de la demanda que presentó
el señor Pinzón Pinzón.
2.3. Problema jurídico
29. Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:
¿La Comisión Primera del Senado vulneró los derechos fundamentales del actor “de
participación Política (art.40 C.N.) y al debido proceso en el trámite legislativo (art. 29
C.N.)” con ocasión al retiro del Acto Legislativo 018 de 2022 “por medio del cual se
adopta una reforma política”?
30. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
panorama general de la acción de tutela; (ii) el caso concreto.
4 Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública
del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del
Circuito o con igual categoría.
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2.4. Panorama general de la acción de tutela
31. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
32. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad.
El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que
se dice vulnerado o amenazado.
33. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio
de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental.
2.5. Estudio del requisito de subsidiariedad
34. Se tiene que, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia
SU-150 de 2021 se ha admitido que los actos congresionales que se adoptan con
ocasión del impulso del proceso legislativo son actos de carácter general, impersonal
y abstracto, y respecto de ellos se admite la regla del numeral 5 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991.5
35. Igualmente, en dicha providencia se explicó que, previamente con la C-132 de
2018 se indicó que dado que no existe un medio de defensa judicial distinto para
controvertir tales actos, mientras ellos no den lugar a la expedición de una ley o de
un acto de reforma constitucional (toda vez que allí cabría la acción pública de
inconstitucionalidad), es la acción de tutela el único mecanismo judicial con el
que se cuenta, tanto por los congresistas como por otros sujetos con interés,
para cuestionar las hipótesis que se consideran vulneran derechos
fundamentales.
36. Al respecto, en la mencionada sentencia se unificación se citan las
consideraciones plasmadas en la sentencia T-382 de 20066, en la cual la Corte
manifestó lo siguiente:
5 ARTICULO 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
(…)
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.
6 La Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas –
CRIMA- instauró acción de tutela para la protección del derecho fundamental de consulta previa frente
al trámite de un proyecto de ley del cual, según los demandantes, no se les participó a las
comunidades indígenas o sus representantes.
Fue por lo anterior, que en dicha sentencia se dispuso el análisis de un acápite denominado
“Procedencia excepcional de la tutela contra actuaciones legislativas” en el cual se concluyó que, en
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“En tratándose de órganos como el Congreso, la acción de tutela procede
siempre y cuando ello sea necesario e imperioso para garantizar los
derechos de los titulares de potestades parlamentarias e, inclusive, de
aquellos que por disposición de la ley tengan derecho a intervenir en los
debates o a participar de audiencias o sesiones. Por supuesto, conforme a los
fundamentos de la sentencia en comento [refiere a la T-983A de 2004], la
protección del amparo está condicionada a la configuración orgánica que
determine el alcance y los límites a los cuales está sujeto el ejercicio de la
actividad legislativa. (…)
Así pues, frente a las diferentes funciones encomendadas al Congreso, la acción
de tutela podría ejercerse cuando quiera que se desconozcan los derechos
fundamentales que conforman el procedimiento legislativo y que tengan
efectos relevantes sobre la función representativa, de acuerdo a las normas
orgánicas aplicables a esa Corporación. (…)
Bajo el anterior contexto, lo primero que debe destacar esta Sala de Revisión
dentro del presente caso, es que el proyecto al cual se le achaca la vulneración de
derechos fundamentales, ascendió a la categoría de ley y en este momento se
encuentra vigente debido a su sanción y promulgación. En efecto, de acuerdo al
diario oficial número 46249, la Ley 1021, ‘por la cual se expide la Ley General
Forestal”, fue promulgada el 24 de abril de 2006.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la iniciativa legislativa adquirió el status y la
categoría de ley, se hace necesario concluir que a esta altura corresponde a la
acción de inconstitucionalidad, conforme al artículo 241 de la Constitución y bajo
el procedimiento previsto en el Decreto 2067 de 1991, el examen sobre la
aplicación del derecho de consulta previa, antes o durante el desarrollo del debate
legislativo. En efecto, de acuerdo a dichas circunstancias, la acción en comento
constituye el mecanismo idóneo para verificar que las condiciones del derecho
fueron respetadas suficientemente antes de dar aprobación al proyecto.”
37. De lo anterior, se puede extraer que la acción de tutela procede para garantizar
los derechos de las personas a intervenir en los debates o participar en las
audiencias y en tal sentido, el juez constitucional pueda verificar que las condiciones
del derecho fueron respetadas suficientemente antes de dar aprobación al proyecto.
Esto, toda vez que no se cuenta con otro mecanismo judicial idóneo para ventilar
dichas pretensiones.
tratándose de órganos como el Congreso, la acción de tutela procede siempre y cuando ello sea
necesario e imperioso para garantizar los derechos de los titulares de potestades parlamentarias e,
inclusive, de aquellos que por disposición de la ley tengan derecho a intervenir en los debate o a
participar de audiencias o sesiones. Aunado a que, frente a las diferentes funciones encomendadas al
Congreso, la acción de tutela también podría ejercerse cuando quiera que se desconozcan los
derechos fundamentales que conforman el procedimiento legislativo y que tengan efectos relevantes
sobre la función representativa, de acuerdo a las normas orgánicas aplicables a esa Corporación.
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38. Igualmente, la acción de tutela resulta procedente siempre y cuando no haya
ascendido a la categoría de ley (pues en dicha circunstancia contraria con la acción
de inconstitucionalidad).
39. Así, teniendo en cuenta que los anteriores supuestos se cumplieron en el caso
concreto, resulta procedente el estudio de fondo de los reparos traídos por el actor
en su escrito de tutela.
2.6. Caso concreto
40. Se reitera que los repartos del actor se centran en que la Comisión Primera del
Senado, al aprobar el retiro del Acto Legislativo 018 de 2022 “por medio del cual se
adopta una reforma política”, cometió una “evidente infracción al Reglamento del
Congreso”.
41. Esto, toda vez que “para proceder con el retiro del proyecto era necesario que la
proposición incluyera la totalidad de los firmantes de los proyectos que se
acumulaban al PAL No. 018 de 2022 Senado – 243 de 2022 Cámara”, por lo que se
desatendió el artículo 155 de la Ley 5° de 1992, que reza lo siguiente:
ARTÍCULO 155. RETIRO DE PROYECTOS. Un proyecto de ley podrá ser
retirado por su autor, siempre que no se haya presentado ponencia para primer
debate y sea de iniciativa congresional. En los demás eventos se requerirá la
aceptación de la Comisión o Cámara respectiva.”
42. Agregó que, debido a lo anterior, se le impidió como ciudadano intervenir para
presentar observaciones al referido proyecto de acto legislativo, derechos que se
encuentran garantizados en los artículos 230, 231 y 232 de la Ley 5° de 1992.
43. Ahora bien, esta Sala, del análisis de las pruebas obrantes en el expediente,
específicamente el video institucional y el acta 35, correspondientes a la sesión del
23 de marzo de 2023, llevada a cabo en la Comisión Primera del Senado, se puede
evidenciar que después de 3 horas de constantes debates y argumentaciones, la
referida comisión aprobó el retiro del Acto Legislativo 018 de 2022, por solicitud
formal de Gobierno Nacional, acompañada por autores de cada uno de los Proyectos
de Acto Legislativo que fueron acumulados al PAL 18 de 2022 Senado, como se
corrobora de la siguiente imagen:
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44. El fundamento normativo fue el artículo 155 de la Ley 5° de 1992, que indica que:
“un proyecto de ley podrá ser retirado por su autor, siempre que no se haya
presentado ponencia para primer debate y sea de iniciativa congresional. En los
demás eventos se requerirá la aceptación de la Comisión o Cámara respectiva”;
así como el artículo 3° ibidem que establece: “Regla de mayorías. El Reglamento
debe aplicarse en forma tal que toda decisión refleje la voluntad de las mayorías
presentes en la respectiva sesión y consulte, en todo momento, la justicia y el bien
común”.
45. En el marco de la votación que se llevó a cabo en la sesión, con 16 votos por el
sí, la Comisión Primera del Senado de la República aprobó por unanimidad la
proposición del Gobierno Nacional para el retiro del articulado de la reforma política.
Lo anterior, se corrobora de la siguiente imagen:
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46. Es así que esta Sala considera que en la realización de la sesión llevada a cabo
el 23 de marzo de 2023 en la Comisión Primera del Senado, en la cual se aprobó por
unanimidad la proposición del Gobierno Nacional para el retiro del articulado de la
reforma política, no se cometió una “evidente infracción al Reglamento del
Congreso”.
47. Lo anterior, pues el artículo 155 de la Ley 5° de 19227, precisamente permite la
aplicación de dicha figura cuando se cuente con la aceptación de la Comisión, lo que
aconteció en el caso concreto debido a la votación unánime por parte de los
senadores, como se corroboró del video institucional y el acta 35 correspondientes a
la sesión del 23 de marzo de 2023 llevada a cabo en la Comisión Primera del
Senado.
7 ARTÍCULO 155. RETIRO DE PROYECTOS. Un proyecto de ley podrá ser retirado por su
autor, siempre que no se haya presentado ponencia para primer debate y sea de iniciativa
congresional. En los demás eventos se requerirá la aceptación de la Comisión o Cámara
respectiva. (Negritas propias).
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48. Corolario a lo expuesto, se recuerda que al juez constitucional le está vedado
inmiscuirse en asuntos propios de la órbita del Congreso de la República, pues este
órgano, por disposición constitucional contenida en el numeral 20 del artículo 150 de
la Carta del 91, en armonía con el 135, tiene autonomía y plena capacidad para auto
organizarse, lo que se traduce, en que puede dictar normas para su propio
funcionamiento, sin la intromisión ni la interferencia de ningún otra rama del poder,
esto en aras de cumplir con eficiencia y eficacia sus funciones.
49. Por otro lado, el actor adujo que se le impidió como ciudadano intervenir para
presentar observaciones al referido proyecto de acto legislativo, derechos que se
encuentran garantizados en los artículos 230, 231 y 232 de la Ley 5° de 1992.
50. Dichos artículos establecen lo siguiente:
ARTÍCULO 230. OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS POR
PARTICULARES. Para expresar sus opiniones toda persona, natural o jurídica,
podrá presentar observaciones sobre cualquier proyecto de ley o de acto
legislativo cuyo examen y estudio se esté adelantando en alguna de las
Comisiones Constitucionales Permanentes.
La respectiva Mesa Directiva dispondrá los días, horarios y duración de las
intervenciones, así como el procedimiento que asegure la debida atención y
oportunidad.
PARÁGRAFO. Para su intervención, el interesado deberá inscribirse previamente
en el respectivo libro de registro que se abrirá por cada una de las secretarías de
las Comisiones.
Cuando se trate del trámite de leyes de iniciativa popular a las que se refiere el
artículo 155 de la Constitución Nacional, el vocero designado por los ciudadanos
podrá intervenir con voz ante las Plenarias de cada una de las Cámaras para
defender o explicar la iniciativa. Para este propósito el vocero deberá inscribirse
ante la Secretaría General y acogerse a las normas que para su intervención fije
la Mesa Directiva.
ARTÍCULO 231. PUBLICIDAD DE LAS OBSERVACIONES. Las observaciones u
opiniones presentadas deberán formularse siempre por escrito, en original y tres
copias, de las cuales una corresponderá al ponente del proyecto. Mensualmente
serán publicadas en la Gaceta del Congreso las intervenciones escritas que se
realicen en los términos indicados, y cuando ellas, a juicio del respectivo
Presidente, merezcan destacarse para conocimiento general de las
corporaciones legislativas. En igual forma se procederá cuando se formule una
invitación a exponer los criterios en la Comisión, evento en el cual sesionará
informalmente.
ARTÍCULO 232. CONTENIDO DE LA PONENCIA. El ponente del respectivo
proyecto deberá consignar la totalidad de las propuestas o modificaciones
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planteadas que considere importantes y las razones para su aceptación o
rechazo, siempre que las observaciones se hayan efectuado a más tardar tres (3)
días antes de la presentación del informe con entrega personal de las
exposiciones.”
51. De lo relatado por la comisión accionada en la contestación de la demanda, se
tiene que si bien el Acto Legislativo N° 018 de 2022 Senado fue retirado al inicio de
su trámite en segunda vuelta, lo cierto es que durante el trámite de la primera vuelta
la Mesa Directiva de la Comisión Primera mediante la Resolución 04 del 31 de
agosto de 2022, convocó a audiencia pública sobre dicho proyecto de reforma
constitucional, como se corrobora a continuación:
52. En dicha resolución se indicó que “las preinscripciones para intervenir en la
audiencia pública se podrán realizar telefónicamente en la secretaría de la comisión
primera del senado, en el horario de 9:00 a.m. a 5:30 pm, los días jueves 01 y
viernes 02 de septiembre de 2022. Tel: 3823141 o en el correo electrónico
comisión.primera@senado.gov.co.”
53. Posteriormente, mediante Resolución 5 del 2 de septiembre de 2023 se modificó
la hora de la audiencia pública y dispuso lo siguiente:
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54. Fue así que la referida audiencia se llevó a cabo el 5 de septiembre de 2022 con
una amplia participación de diversos sectores académicos, institucionales, políticos,
de organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas, personas naturales,
entre otros, que permitieron exponer a los senadores miembros de la comisión las
diversas consideraciones sobre las iniciativas de reforma constitucional.
55. Así, no se observa que la comisión accionada haya vulnerado los referidos
artículos que versan sobre la participación ciudadana, toda vez que dicha diligencia
fue debidamente publicitada para garantizar la participación del mayor número de
ciudadanos posible dada la trascendencia del tema y esta se llevó a cabo en la fecha
estipulada. Sin embargo, lo cierto es que el actor no allegó prueba documental
alguna de haber cumplido con los parámetros antes mencionados para la
participación de la misma, por lo que no se evidencia la vulneración a sus derechos
fundamentales.
56. Por último, si bien la comisión en la contestación de la demanda adujo que dentro
del trámite de los proyectos de acto legislativo no se establece como requisito la
realización de audiencias de participación ciudadana, según lo establecido por la
Corte Constitucional en la sentencia C-1046 de 2005, lo cierto es en dicha sentencia
no se estableció dicha regla.
57. De hecho en la providencia se dispuso estarse a lo resuelto las sentencias C-
1040 y C- 1043 de 2005, en las cuales se declaró la exequibilidad del Acto
Legislativo 02 de 2004, toda vez que ya se había hecho el estudio correspondiente y
operó el fenómeno de la cosa juzgada.
58. Igualmente, se tiene que en dicho fallo, se citaron los artículos 230, 231 y 232
para concluir que en dicho caso la Comisión Primera del Senado “realizó audiencia
pública convocada el 14 de abril a fin de escuchar a 21 personas naturales y jurídicas
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inscritas,” por lo que dicho argumento no tiene vocación de prosperar por su falta de
incidencia en el caso concreto.
2.7. Conclusión
59. Por lo expuesto, se negarán las pretensiones de la demanda, ya que la Mesa
Directiva de la Comisión Primera del Senado de la República no vulneró ningún
derecho fundamental durante el trámite del Proyecto de Acto Legislativo N° 018 de
2022 Senado, pues el procedimiento de retiro de la iniciativa se llevó a cabo de
conformidad con lo previsto en la ley, aunado a que el accionante no demostró que
hizo una solicitud expresa para presentar observaciones en el proyecto de acto
legislativo retirado ante la cual se le haya denegado su derecho a participar, por
parte de la Mesa Directiva de la Comisión Primera de Senado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
II. FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado por el señor Gonzalo Pinzón Pinzón, por lo
expuesto.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
(Firmado electrónicamente)
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
(Firmado electrónicamente)
Magistrada
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CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
(Firmado electrónicamente)
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
(Firmado electrónicamente)
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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