RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-01712-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01712-01

Fecha
30 de agosto de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01712-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de mayo de 2023, por medio de la cual, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la presente tutela. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Angie Paola Avendaño Urian Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2023-01712-01 TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01712-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de agosto de 2023

Demandante: Angie Paola Avendaño Urian
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01712-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01712-01
Demandante: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL

Tema: Tutela contra acto administrativo – confirma fallo de primera instancia
que declaró la improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo
de 5 de mayo de 2023, por medio de la cual la Sección Primera del Consejo de Estado,
declaró la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Angie Paola Avendaño Urian, en nombre propio, radicó acción de tutela el 10
de abril de 2023, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a cargos públicos, los cuales, consideró transgredidos con ocasión
de la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, proferida por la parte demandada,
en la que fue excluida del proceso de selección porque no acreditó el requisito mínimo
de experiencia exigido para el cargo de «juez penal municipal para adolescentes».

1.2. Pretensiones

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

[…] 2. Ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA/ UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL validar la certificación emitida por VIDRIO
PLAC, y contabilizar el tiempo de experiencia profesional allí certificado, para corroborar el
cumplimiento del requisito de experiencia requerido para el cargo al cual aspiré.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angie Paola Avendaño Urian
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01712-01

3. Ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA/ UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL que si como consecuencia de validar la
experiencia en VIDRIO PLAC, cumplo con el requisito de acreditar la experiencia
profesional por un lapso no inferior a dos (2) años es decir, 720 días, modifique la
Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 para efectos de incluirme como aspirante
admitida1.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

Mediante el Acuerdo número PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, el Consejo
Superior de la Judicatura dio inicio a la Convocatoria número 27, «por medio del cual se
adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión
de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial». La demandante se inscribió, presentó
la prueba de aptitudes y conocimientos y superó el puntaje mínimo, por lo que aprobó
dicho examen.

Sin embargo, por medio de la Resolución número CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023,
la parte demandada le notificó a la señora Angie Paola Avendaño Urian que fue excluida
del concurso por «no acreditar el requisito mínimo de experiencia para ejercer el cargo».

De manera que, el 20 de febrero de 2023, la señora Angie Paola Avendaño Urian
presentó ante las entidades una solicitud para que verificaran su hoja de vida.

No obstante, por medio de Oficio CJO-1091 de 9 de marzo de 2023, la Unidad de Carrera
Judicial reiteró que la tutelante no acreditó el requisito mínimo de experiencia exigido para
el cargo de aspiración, equivalente a dos años.

1.4. Fundamentos de la solicitud

Según la parte actora, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración
de Carrera Judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a cargos públicos.

Indicó que la parte accionada no tuvo en cuenta la experiencia que adquirió en la empresa
VIDRIO PLAC, dado que, si bien la respectiva certificación no contaba con los datos de
contacto del emisor, lo cierto es que, según la señora Avendaño Urian «dicha información
sí la aportó con la solicitud de verificación que presentó el 20 de febrero de 2023, con lo
que la entidad podía corroborar su contenido».

Precisó que, debe tenerse por válida la constancia emitida por VIDRIO PLAC
«subordinando de esta manera los requisitos formales de las certificaciones

1 Transcripción literal por lo que puede contener errores.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angie Paola Avendaño Urian
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01712-01

determinados en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto 2018, al principio
constitucional del mérito y a la primacía del derecho sustancial sobre las formas».

Adujo que, de acuerdo con «las sentencias T 052 de 2009, T 507 de 2012, entre otras,
proferidas por la Corte Constitucional, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para
la protección de los derechos fundamentales en concursos de méritos, por la ineficacia
de los medios ordinarios».

1.5. Trámite de la acción

Por medio de auto de 12 de abril de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración de Carrera Judicial, y vinculó a los demás aspirantes inscritos en la
Convocatoria 27 de 2018, como terceros con interés, para que si lo consideraban del
caso intervinieran en el presente trámite tutelar.

1.6. Intervención

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presenta el siguiente informe:

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera
Judicial

En su intervención solicitó negar el amparo deprecado, con fundamento en que no se
están transgrediendo los derechos fundamentales de la señora Avendaño Urian.

Expuso que de conformidad con el artículo 85 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia le corresponde reglamentar la carrera judicial, por lo que expidió el Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, para adelantar el concurso de méritos al que
alude la accionante.

Señaló que conforme con los numerales 2.5.3. y 2.5.7. del artículo 3 del acuerdo aludido,
las certificaciones laborales deben indicar con precisión, la dirección y número telefónico
de quien la suscribe, norma que además prevé que las constancias que no reúnan las
condiciones allí señaladas «no serán tenidas en cuenta dentro del proceso de selección
ni podrán ser objeto de posterior complementación».

Mencionó que, en ese orden de ideas, tampoco era viable valorar la información
complementaria de la certificación de experiencia de la empresa VIDRIO PLAC
relacionada con los datos del contacto del emisor, indicada por la accionante con
posterioridad al término de inscripción en la solicitud de verificación de la documentación,
puesto que se presentó extemporáneamente « toda vez que la recepción de documentos
para acreditar los requisitos del cargo en debida forma transcurrió desde el 27 de agosto
a las cero horas (0:00) hasta el 7 de septiembre de 2018 a las veinticuatro horas (24:00)».

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angie Paola Avendaño Urian
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01712-01

Expresó que no es de recibo que la accionante cuestione la exigencia referida, bajo el
argumento de que se trata de una simple formalidad, porque ese requisito está previsto
«de manera expresa y taxativa en el Acuerdo de Convocatoria y en ese sentido, la no
inclusión de dicha información en la certificación hace que el documento carezca de
validez a efectos de demostrar la experiencia allí contenida, según los parámetros de la
convocatoria».

Finalmente expuso que, en el presente caso, se debía declarar improcedente el
mecanismo constitucional por el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, puesto
que, la inconformidad de la demandante radica en la decisión contenida en la Resolución
CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, en el cual, por tratarse de un acto administrativo
de carácter general, «lo procedente es iniciar el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho».

1.7. Fallo impugnado

1.7.1. Mediante sentencia de 5 de mayo de 2023, la Sección Primera del Consejo de
Estado, declaró la improcedencia de la acción de tutela, ello, con fundamento en que la
señora Avendaño Urian contaba con otro medio de defensa judicial.

Lo anterior, teniendo en cuenta que las inconformidades planteadas en este trámite
constitucional recaen en la Resolución núm. CJR23- 0061 de 8 de febrero de 2023, en la
que se dispuso el rechazo de la actora en la convocatoria aludida, acto administrativo
cuya legalidad puede ser discutida a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, mecanismo de defensa idóneo para tal efecto y en el cual
puede solicitar las medidas cautelares dispuestas en el CPACA.

Frente al punto, precisó que esas medidas cautelares «permitirán prevenir la
consumación de un daño definitivo mientras se surte la causa judicial, tal como lo previó
la Corte Constitucional en la sentencia SU- 067 de 2022».

El a quo expuso que no evidenciaba la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, dado que, de los elementos
de juicio obrantes en el expediente, no era posible establecer dicha circunstancia.

1.7.2. El 23 de junio de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado expidió auto en
el que resolvió una solicitud de nulidad que presentó la tutelante el 13 de junio de 2023
contra la sentencia de primera instancia.

La señora Avendaño Urian alegó que la sentencia de 5 de mayo de 2023 no se había
notificado en debida forma.

Frente al punto el a quo mencionó:

[…] una vez revisado del expediente de la referencia, se tiene que tanto el auto admisorio
de la acción de tutela como la sentencia de primera instancia le fueron notificados a la
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angie Paola Avendaño Urian
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01712-01

actora al correo electrónico apau.91@gmail.com cuando ha debido ser al
apau.94@gmail.com, lo que evidencia un error involuntario de digitación por parte de la
Secretaría General de esta Corporación al surtir dicho trámite.

No obstante, el Despacho no encuentra que las situaciones que alega la actora configuren
causal para declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso, sin perjuicio de que, en
efecto, se ordene realizar en debida forma la notificación de la sentencia de 5 de mayo de
2023.

Ello, por cuanto no se configura ninguna de las causales de nulidad de la sentencia
señaladas en la jurisprudencia en cita, sin que se advierta que la falta de notificación del
auto admisorio de la solicitud de amparo haya coartado el derecho de defensa o
contradicción de la actora, pues esta situación solo podría predicarse respecto de la parte
demandada en el evento en que la omisión hubiese recaído en esta.

De manera que, tanto el auto de 23 de junio de 2023 como el fallo de primera instancia,
se le notificó a la accionante el 11 de julio de 2023, y presentó la impugnación el 18 del
mismo mes y año.

1.8. Impugnación

Por medio de escrito, la señora Avendaño Urian solicitó que se revoque la sentencia de
5 de mayo de 2023, en la que la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la
improcedencia.

Expuso que someter los casos como los de ella a la espera de una decisión judicial dentro
de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho conlleva al desconocimiento de
los principios constitucionales de carrera administrativa y merito, «que son pilares
fundamentales del Estado social y democrático de derecho que se ven amenazados,
como se indicó, en situaciones en las que la sentencia podría retraerse y consolidar la
afectación que se pretende impedir».

Precisó que «la posibilidad de iniciar un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Resolución CJR23-00061 de 08 de febrero de 2023, no implica
que no pueda configurarse en este caso un perjuicio irremediable en mi contra; toda vez
que, para el caso se hace necesaria una decisión pronta, eficaz y que proteja los
derechos fundamentales vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA/
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL»2.

Indicó que, de la ausencia de dirección y número de teléfono en una certificación de
experiencia, no se puede inferir que carezca de idoneidad para continuar en el concurso,
y que resulta ser una mera formalidad.

2 Transcripción literal, por lo que puede contener errores.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angie Paola Avendaño Urian
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01712-01

Finalmente expresó que se debe tener en cuenta «la prevalencia del derecho sustancial
sobre las formalidades», por lo que no todos los fallos deben ser decididos con la misma
resolutiva, dado que, ello genera incertidumbre.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la señora Angie
Paola Avendaño Urian, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de
2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 5 de mayo de 2023, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, que declaró la improcedencia del amparo.

Para el efecto, se analizarán los siguientes aspectos: (i) panorama general de la acción
de tutela; (ii) la procedencia excepcional del recurso de amparo frente a actos
administrativos pasibles de control ante el juez contencioso administrativo; (iii) la acción
de tutela en concurso de méritos; y (iv) el análisis del caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de
1991.

Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del
derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.4. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su procedencia excepcional
frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez contencioso
administrativo

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que
“[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angie Paola Avendaño Urian
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01712-01

judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto Ley 2591
de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa
judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que
se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de
tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de cada proceso los que
apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la jurisprudencia.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos,
no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico, ni
pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que
conoce de un asunto de su competencia3.

El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de donde
se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, ya que todos los mecanismos judiciales, en
principio, buscan la defensa de aquellos y todos los operadores judiciales deben cumplir
su función jurisdiccional como jueces de convencionalidad, de constitucionalidad y de
legalidad.

Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a la
existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos de los
artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 20114.

Ahora bien, lo expuesto no desconoce que, en determinadas oportunidades, el
mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar la
protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa que, pese
a encontrarse protegida por la presunción de legalidad, esta resulte absolutamente
arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el núcleo esencial de los
derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de amparo se torna procedente y
desplaza al mecanismo principal para conjurar la afectación de las garantías superiores.

3 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la

ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento
de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de
la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas
competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los
instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
4 La posesión contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P. Lucy

Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del Consejo
de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-33-000-2015-
00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016-00293-01.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angie Paola Avendaño Urian
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01712-01

Finalmente, es preciso mencionar que, esta acción constitucional podría ser procedente,
de manera transitoria, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En este
evento, le corresponde al juez de tutela verificar que concurran los elementos
identificados por la Corte Constitucional, así se requiere que: i) el daño sea inminente,
esto descarta la mera posibilidad de que se va a producir el perjuicio; (ii) el perjuicio sea
grave, esto implica que la afectación sea de gran intensidad sobre la persona afectada;
(iii) se requiera la adopción de medidas urgentes para evitar que ocurra; y (iv) que sean
impostergables, pues si se aplazaran la protección sobre los derechos se tornaría ineficaz
por inoportuna.5

2.5. La acción de tutela en los concursos de méritos

Para determinar la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones ocurridas en el
marco de un concurso de méritos, la jurisprudencia constitucional ha establecido que le
corresponde al juez determinar la naturaleza del acto que se acusa de vulnerar las
garantías ius fundamentales, con el objetivo de establecer si existe o no un mecanismo
judicial idóneo y eficaz para intervenir en la problemática identificada por el ciudadano.

En ese contexto, es preciso identificar la etapa en la que se encuentra el proceso de
selección y, a partir de ello, establecer el carácter general o particular de los actos
administrativos que, eventualmente, podrían ser susceptibles de control por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, a través de los medios de control de nulidad o de nulidad
y restablecimiento del derecho, respectivamente.

En cualquier caso, le corresponde al juez de tutela valorar la idoneidad y eficacia del
mecanismo judicial ordinario para conjurar la posible afectación de los derechos
fundamentales, lo que debe valorarse en cada asunto particular, e implica verificar si las
herramientas de la jurisdicción contencioso-administrativa otorgan una protección real del
derecho cuyo amparo se reclama. En la sentencia T-081 de 2022, la Corte Constitucional
explicó que las medidas cautelares del artículo 230 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
exigen examinar: “(i) el contenido de la pretensión y (ii) las condiciones de los sujetos
involucrados”.

Tanto la Corte Constitucional6 como el Consejo de Estado7 han sostenido que, por regla
general, el amparo no es el dispositivo judicial apto para controvertir los actos proferidos
en el marco de un concurso de méritos, cuando estos son susceptibles de ser
demandados ante los jueces administrativos al involucrar un debate de legalidad y el
cumplimiento de actos normativos (como leyes, reglamentos o la misma convocatoria).

5 Corte Constitucional. Sentencias T-003 de 2022, SU-508 de 2020, T-190 de 2020 y T-235 de 2018, entre

muchas otras.
6 Corte Constitucional, sentencias T-388 de 1998, T-095 de 2002, SU-913 de 2009, T-556 de 2010, T-169

de 2011, T-156 de 2012, T-604 de 2013, T-180 de 2015, T-610 de 2017, T-438 de 2018, T-227 de 2019,
T-425 de 2019, entre otras.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B. Radicación número: 23001-23-33-000-2012-00067-

01, Sentencia del 29 de noviembre de 2012.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angie Paola Avendaño Urian
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01712-01

Por ejemplo, este aspecto ha tomado protagonismo cuando se acciona en contra de los
actos proferidos en las fases eliminatorias o de la lista de elegibles.

En la misma línea de lo anterior, el Consejo de Estado8 ha señalado que los actos
administrativos de calificación que eliminan a los participantes definen la posición jurídica
del aspirante, por lo que son susceptibles de ser controvertidos ante los jueces
administrativos. Sobre el particular, se ha dicho lo siguiente:

(…) al igual que la lista de elegibles «son actos típicamente definitorios de situaciones
jurídicas, en la medida en que al asignar un puntaje o establecer la ubicación de los
convocados para efectos de proveer un cargo en propiedad, otorgan un estatus al
participante y afectan su interés de acceder a la carrera administrativa». En el
presente caso, se demanda la nulidad del artículo 7.° de la Resolución 749 del 20 de
junio de 2012 que señaló los resultados totales de las diferentes pruebas dentro del
Concurso de Méritos y conformó la lista de elegibles para los cargos de curador
urbano 2 y 3. En él se declaró que la señora (…) no superó la prueba de
conocimientos y que, por ende, no podía ser incluida en dicha lista. También se
enjuició el artículo 1.° de la Resolución 0896 del 9 de julio de 2012 que decidió el
recurso de reposición interpuesto en contra del primer acto administrativo. En los
actos referidos se calificaron todas las pruebas adelantadas en el concurso, incluida
la de conocimientos. También se sumaron los resultados y se definió la lista de
elegibles. En consecuencia, sí son demandables, en la medida que excluyeron a la
señora (…) de la posibilidad de ocupar esta y definieron su situación jurídica.

No obstante, la Corte Constitucional ha identificado algunas excepciones a la anterior
regla, cuando: (i) el empleo ofertado en el proceso de selección cuenta con un periodo
fijo determinado por la Constitución o por la ley9; (ii) se imponen trabas para nombrar en
el cargo a quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles10; (iii) el caso presenta
elementos que podrían escapar del control del juez de lo contencioso administrativo, por
lo que tiene una marcada relevancia constitucional11; y, finalmente, (iv) cuando por las
condiciones particulares del accionante (edad, estado de salud, condición social, entre
otras), a este le resulta desproporcionado acudir al mecanismo ordinario.

Bajo los anteriores derroteros jurisprudenciales, se estudiarán las pretensiones del
presente amparo con el objetivo de determinar si se acredita el requisito de la
subsidiariedad.

2.6. Caso concreto

Mediante la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, proferida por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, se estableció

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia

de 5 de noviembre de 2020, Rad. 25000-23-41-000-2012-00680-01(3562-15), M.P. Rafael Francisco
Suarez Vargas.
9 Corte Constitucional, sentencias T-509 de 2011, T-604 de 2013, T-748 de 2013, SU-553 de 2015, T-551

de 2017, T-610 de 2017 y T-059 de 2019.
10 Corte Constitucional, sentencias SU-136 de 1998, T-455 del 2000, T-102 de 2001, T-077 de 2005, T-521

de 2006, T-175 de 2009, T-556 de 2010, T-156 de 2012, entre otras.
11 Corte Constitucional, sentencias T-785 de 2013, T-160 de 2018, entre otras.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angie Paola Avendaño Urian
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01712-01

que la accionante incurrió en la causal de rechazo 3.4., esto es, «no acreditar el requisito
mínimo de experiencia para ejercer el cargo».

Para la señora Angie Paola Avendaño Urian, la anterior decisión, menoscaba sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a cargos públicos.

La Sala observa que la acción de tutela contra actos administrativos proferidos en el
marco del concurso de méritos, por regla general, es improcedente, en la medida que
definieron la posición jurídica de la aspirante frente a la Convocatoria número 27. Dicho
de otro modo, la decisión plasmada en la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de
2023 es un acto administrativo que contiene una decisión de la administración pasible de
control.

Para esta Corporación, las inconformidades de la accionante frente a la citada
manifestación de la administración, pueden plantearse ante el juez de lo contencioso
administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011:

“ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda
persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular,
expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se
le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el
inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante
o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando
la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”. (Resaltado
y subrayado fuera del texto)

Para la Sección, el escenario descrito es idóneo y eficaz para formular los reparos
presentados en esta acción constitucional, y por medio de estos controvertir la decisión
de la administración.

En ese contexto, es preciso mencionar que la señora Angie Paola Avendaño Urian puede
solicitar junto con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, como medida
cautelar12 la suspensión de los efectos de la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de
2023.

Lo anterior se refuerza si se tiene en cuenta que, pese a que la demandante formuló esta
acción en razón a la vulneración de sus derechos fundamentales, para la Sala, los
argumentos que plantea corresponden a cuestiones legales que prima facie, no
involucran la grave afectación de una garantía de naturaleza constitucional.

12 Conforme los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angie Paola Avendaño Urian
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01712-01

Finalmente, es preciso señalar que, en este caso, tampoco se acreditó ninguna de las
circunstancias excepcionales que la jurisprudencia ha admitido como válidas para
superar el requisito de la subsidiariedad. Esto es así porque:

(i) El cargo al que aspira la señora Angie Paola Avendaño Urian es el de «juez
penal municipal para adolescentes», es decir, no se trata de un cargo de
periodo fijo determinado por la Constitución o por la ley.

(ii) En este caso no se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el
primer lugar en la lista de elegibles, puesto que aún no se ha llegado a esa
etapa de la Convocatoria 27.

(iii) Aunque se exhiben circunstancias que podrían transgredir los derechos
fundamentales de la concursante, no hay evidencia de que los fundamentos de
las pretensiones y la afectación puedan escapar del control del juez de lo
contencioso administrativo, es decir, no se acreditó que este asunto contenga
“una marcada relevancia constitucional”.

(iv) La demandante no advirtió, ni en el proceso se demostró, que se encontrara
bajo condiciones particulares de edad, estado de salud, condición social u
otras, por las cuales resultase desproporcionado exigirle acudir al mecanismo
ordinario ante los jueces administrativos.

En consecuencia, al existir un medio principal y no acreditarse ninguna situación
excepcional, le corresponde a la Sala concluir que el mecanismo principal ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo es idóneo y eficaz para obtener la protección
de los derechos fundamentales. Esto porque en ese escenario judicial pueden
presentarse los argumentos para invalidar los actos e, incluso, solicitarse medidas
cautelares para evitar la ocurrencia de un perjuicio que pudiere tornarse irreparable.

2.7. Conclusión

Corolario de lo expuesto, la acción promovida no satisface el requisito de la
subsidiariedad, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, el 5 de mayo de 2023.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de mayo de 2023, por medio de la cual, la
Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la presente tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angie Paola Avendaño Urian
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01712-01

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.