Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01714-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01714-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01714-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
2 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., dos (02) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01714-00
Accionante: Constanza Castrillón Figueroa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia
/ RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por Constanza Castrillón Figueroa
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 05 de abril de 2023 Constanza Castrillón Figueroa presentó, a través de
apoderado judicial, acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia de 11 de octubre de 20222
proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 3 que
promovió contra el Distrito Especial de Santiago de Cali.
2.- Dicho proceso fue iniciado con el propósito de que se declarara la nulidad de la
Resolución No. 4152.0.9.9.1193 del 13 de octubre de 2010 “por medio de la cual se
da aplicación al artículo 6º de la Resolución 456 del 2007 y se procede a cancelar la
Tarjeta de Operación del vehículo de placas VBU-516”, así como de la Resolución
No. 411.0.21.0320 del 07 de mayo de 2012, por medio de la cual se resolvió el
recurso interpuesto por la accionante contra el anterior acto administrativo.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Decisión que fue notificada el 11 de octubre de 2022.
3 Identificado con número de radicado: 76001-33-33-006-2013-00052-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01714-00
Accionante: Constanza Castrillón Figueroa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3.- En la sentencia del 11 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca confirmó la decisión del A quo que negó las pretensiones. Consideró que:
(i) los actos administrativos demandados se expidieron con fundamento en lo
dispuesto en la Resolución 456 del 15 de agosto de 2007, a través de la cual el
secretario de tránsito y transporte del municipio de Santiago de Cali modificó la
capacidad de las empresas de transporte público colectivo de la ciudad, en marco
del proceso de implementación del sistema de transporte masivo - MIO; (ii) la referida
Resolución 456 de 2007 se presume legal en la medida en que no ha prosperado
ninguna de las demandas a través de las cuales se solicitó su declaratoria de nulidad;
(iii) no existe razón para dejar de aplicar dicho acto administrativo; (iv) la
demandante estaba enterada que en virtud de la Resolución 456 de 2007 se
expedirían los actos demandados, y adicionalmente estos fueron debidamente
notificados. De acuerdo a todo lo anterior el Tribunal concluyó que no se probó que
los actos administrativos cuya nulidad se pretendía hayan sido expedidos de manera
irregular.
4.- En el escrito de tutela, la parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada
vulneró su derecho fundamental al debido proceso. Para sustentar lo anterior expuso
los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, indicando la forma en que los mismos se cumplen en su caso. Seguidamente
descendió a las causales específicas de procedibilidad e indicó que la autoridad
accionada, al negar la nulidad solicitada, incurrió en un desconocimiento del
precedente, que a su vez conlleva a la configuración de un defecto sustantivo. Vale
aclarar que en ese punto no precisó una providencia que se refiera al tema concreto,
pues las citas incluidas corresponden a sentencias de altas cortes en las que se
define el concepto de precedente y su carácter vinculante. Expresamente indicó lo
siguiente:
“Como tal, este requisito especial de procedibilidad podría predicarse de dos
maneras, (i) Una es el desconocimiento del precedente que se aplica al caso en
concreto toda vez que la autoridad judicial accionada en el presente se apartó de las
consideraciones tomadas en varios casos con igualdad de presupuestos fácticos y
jurídicos, y por otra parte (ii) El hecho de que apartándose del precedente
evidentemente desconoce la normatividad que para el caso es aplicable y que
indefectiblemente desembocaría en una sentencia acorde con lo solicitado.
(…)
Lo anterior nos lleva a determinar (i) si realmente nos encontramos con los
argumentos suficientes como para predicar que el precedente aplicado por otros
tantos jueces y magistrados debe pasarse por alto y si (ii) Apartándonos del
precedente aplicado se desconocen presupuesto jurídico y se inaplican normas que
son, en todo caso, de obligatorio cumplimiento, predicando frente a esto un defecto
material o sustantivo.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01714-00
Accionante: Constanza Castrillón Figueroa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
5.- Así mismo, luego de sostener que en su caso está acreditada la causación de
un daño y procede el reconocimiento de una indemnización, citó un extracto de la
sentencia del 16 de agosto de 2012, proferida por el Consejo de Estado, con
ponencia del consejero Carlos Alberto Zambrano, dentro del proceso 25000-23-26-
000-1994-00427-01 (19216), para indicar que “(…) por analogía, la filosofía
previamente citada deberá ser aplicada aquí, como quiera que se generó una
vulneración del derecho o del interés tutelado por el ordenamiento jurídico”.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
6.- Mediante auto de 28 de abril de 20234, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar de su presentación a la autoridad judicial demandada, así como vincular al
Distrito Especial de Santiago de Cali y a la Cooperativa Especializada de Transporte
y Servicios La Ermita LTDA, como tercero interesado en las resultas del proceso.
Adicionalmente, se dispuso comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su cargo.
7.- También, se requirió al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali
para que remitiera, en medio magnético, copia del expediente identificado con el
radicado número 76001-33-33-006-2013-00052-00/01.
(i) Distrito Especial de Santiago de Cali 5
8.- La referida entidad solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela
porque en la misma no se identificó ninguno de los defectos reconocidos por la
jurisprudencia constitucional necesarios para la procedencia excepcional de la tutela
contra providencias judiciales. Adicionalmente indicó que no se acreditó el requisito
de la relevancia constitucional y lo que se pretende es utilizar esta acción
constitucional como una instancia adicional, a efectos de revivir el debate surtido en
el proceso ordinario, en el cual no se evidencia que las actuaciones de la autoridad
judicial merezcan ser reprochadas.
(ii) Tribunal Administrativo del Valle del Cauca6
9.- La autoridad judicial señaló que la providencia censurada se profirió con
fundamento en la realidad fáctica y procesal, con plena aplicación de la normatividad,
así como de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. En
ese sentido se negaron las pretensiones de la demanda al encontrar que en la
expedición de los actos demandados, el Distrito de Cali no incurrió en ninguna
4 Previamente, a través de auto del 12 de abril de 2023 se requirió a la apoderada de la accionante que aportara
el certificado de existencia y representación legal de la firma de abogados a la cual la señora Castrillón Figueroa
había concedido el poder, para verificar la calidad en la que actuaba.
5 Intervención digital contenida en 6 folios.
6 Intervención digital contenida en 2 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01714-00
Accionante: Constanza Castrillón Figueroa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
irregularidad que viciara de nulidad dicha actuación. En ese sentido solicitó que se
niegue el amparo.
II. CONSIDERACIONES
C. La acción de tutela contra providencias judiciales
10.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales, son los siguientes 7 : (i) que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos y que
hubiere alegado tal afectación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido
posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.
11.- Interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone la
presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez
constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un
efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que en la práctica, no existen
temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional8.
12.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
13.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos9: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha
relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,
exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
8 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
9 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01714-00
Accionante: Constanza Castrillón Figueroa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada.
D. Análisis del caso concreto
14.- Revisado el escrito de tutela, la sentencia censurada y el expediente contentivo
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala no encuentra que los
argumentos que presenta la accionante se proyecten como trasgresión del derecho
fundamental que invoca. Por el contrario, se estima que la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, por carecer de una carga
argumentativa suficiente.
15.- Como se indicó previamente la accionante sostiene que el Tribunal accionado
incurrió en desconocimiento del precedente, en tanto “se apartó de las
consideraciones tomadas en varios casos con igualdad de presupuestos fácticos y
jurídicos”, pasando por alto lo indicado por otros jueces y magistrados. Agrega que
esa situación implica indefectiblemente un desconocimiento de la normatividad, lo
que configura un defecto sustantivo. Finalmente indica que por analogía debió
aplicarse la filosofía que determinó que el Consejo de Estado accediera a las
pretensiones en el caso 25000-23-26-000-1994-00427-01 (19216).
16.- En este punto la Sala encuentra oportuno recordar que el precedente
jurisprudencial ha sido considerado como “(…)el conjunto de sentencias anteriores
al caso estudiado por el juez, que debido a su pertinencia para resolver el problema
jurídico planteado deben ser tenidas en cuenta por la autoridad a quien le competa
para la resolución de su caso concreto” 10. La manera para determinar cuándo el
precedente resulta necesario para la solución del caso, impone observar si: “(i) la
ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla
judicial relacionada con el caso a resolver; (ii) se trata de un problema jurídico
semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son
[similares] o plantean un punto de derecho [de igual característica] al que se debe
resolver posteriormente” 11 . De esta forma, el precedente utilizado debe guardar
semejanza entre los hechos, el problema jurídico planteado y la normativa utilizada
para resolver los casos.
17.- Bajo los parámetros indicados, no toda decisión judicial anterior a la solución
de un proceso constituye un precedente judicial, pues este se configura cuando la
sentencia pretende resolver un problema idéntico desde la perspectiva jurídica y
fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar y hechos similares.
10 Corte Constitucional, sentencia T-1033 de 2012.
11 Ibídem.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01714-00
Accionante: Constanza Castrillón Figueroa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
18.- A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que se
ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone
al actor la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia
cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente,
determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho.
19.- En el caso bajo estudio se extraña ese análisis, y en esa medida es claro que
la parte accionante no cumplió con la carga de estructurar una argumentación clara,
que permita evidenciar la existencia real de un precedente que resultara aplicable al
caso, y el desconocimiento del mismo por parte del Tribunal accionado. En ese
sentido, se destacan las siguientes omisiones que se traducen en falencias
argumentativas:
(i). No se indica de manera clara cuáles fueron los precedentes desconocidos. En
el escrito de tutela la parte accionante se limita a indicar que el Tribunal “se
apartó de las consideraciones tomadas en varios casos con igualdad de
presupuestos fácticos y jurídicos”, pero no se identifican esos “varios casos”.
(ii). Se reprocha no atender “el precedente aplicado por otros tantos jueces y
magistrados”. Además de que se incurre en la indeterminación ya resaltada en
el punto anterior, ese argumento parte de un presupuesto errado y es
considerar que las decisiones adoptadas por jueces administrativos y otros
Tribunales resultaban precedentes vinculantes para el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, pasando por alto que sólo las decisiones de los órganos
de cierre tienen ese carácter.
(iii). Ante el supuesto desconocimiento de tales decisiones se pretende implicar la
configuración de un defecto sustantivo, asumiendo que las normas aplicadas
por aquellos juzgados y tribunales fueron las adecuadas, en oposición a las
utilizadas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En este punto ni
siquiera se precisa a qué normas se hace referencia, y mucho menos de qué
manera la autoridad judicial accionada incurrió en alguna de las situaciones que
caracterizan el defecto sustantivo.
(iv). Finalmente al citar la sentencia proferida por el Consejo de Estado en el caso
25000-23-26-000-1994-00427-01 (19216), la parte accionante pretende que
“por analogía” se aplique “la filosofía” que llevó a conceder las pretensiones en
aquel proceso. Sin embargo, omitió explicar en qué medida los presupuestos
fácticos de ambos casos son asimilables, al punto que sea posible extrapolar
el análisis normativo y resulte viable la aplicación de la misma ratio decidendi.
Una revisión de la sentencia del 16 de agosto de 2012 proferida en el caso
25000-23-26-000-1994-00427-01 (19216) permite a la Sala advertir que en el
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01714-00
Accionante: Constanza Castrillón Figueroa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
mismo se estudió la legalidad de unos actos administrativos a través de los
cuales se adjudicó un contrato, y la parte demandante pretendía que a título de
restablecimiento del derecho se condenara a la entidad demandada al pago de
una indemnización en razón a que no resultó favorecida en dicha adjudicación.
Esos hechos son sustancialmente diferentes a los que dieron lugar al proceso
en el cual se profirió la sentencia censurada, pues en éste la accionante
pretendía la nulidad de unas resoluciones a través de las cuales se canceló la
tarjeta de operación de un vehículo destinado al servicio público de transporte.
20.- La Sala recuerda que por oposición al principio de informalidad que
caracteriza a la acción de tutela, cuando esta se formula contra providencias
judiciales, es necesario que quien reclama la protección iusfundamental no sólo
señale los derechos que estima afectados, sino que identifique con cierto nivel de
detalle en qué consiste la violación que le atribuye al pronunciamiento judicial y
demuestre de qué forma aquel se aparta del ámbito del derecho o incurre en una
actuación abusiva contraria al ordenamiento jurídico, no sólo por la materialidad de
la decisión y sus implicaciones, sino por las razones y fundamentos que la sustentan.
De no ser así, toda providencia judicial que desestima una demanda o accede a las
pretensiones, materialmente sería transgresora de los derechos fundamentales de
la parte vencida, asunto que, a no dudarlo, cuestionaría los fundamentos del pacto
político y social en que se soporta la existencia del Estado, y con éste, el
establecimiento de autoridades que detentan el poder público bajo las diferentes
manifestaciones requeridas para la realización de los fines estatales y los derechos
de los asociados.
21.- Para el caso concreto, comoquiera que la parte actora no se sirvió explicar,
especificar, construir, ni adecuar los cargos relacionados con el desconocimiento del
precedente judicial alegado contra el fallo del 11 de octubre de 2022, proferido por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el juez de tutela no puede proceder a
ello de forma supletiva, dado que, como ya tuvo la oportunidad de señalarse,
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la carga de contar
con una argumentación coherente y suficiente recae en quien invoca el amparo
constitucional y no en quien la decide, en razón a que están de por medio el respeto
por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica y la garantía de
la independencia y autonomía de los jueces, que son elementos que hacen parte de
los cimientos del Estado y como tal legitiman el obrar de sus autoridades. Por lo
anterior, este cargo carece de relevancia constitucional ante su falta de carga
argumentativa.
22.- Por lo demás, no sobra mencionar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01714-00
Accionante: Constanza Castrillón Figueroa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así,
habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera
grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los
cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal 12.
23.- Por todo lo anterior, al no acreditarse el requisito de relevancia constitucional,
habrá de declararse improcedente la solicitud de amparo.
24.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
12 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
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