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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01721-00

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01721-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo constitucional deprecado por la señora Diana Patricia Rodríguez Turmequé, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01721-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

11 de mayo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01721-00
Accionante: Diana Patricia Rodríguez Turmequé

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01721-00
Accionante: DIANA PATRICIA RODRÍGUEZ TURMEQUÉ
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial, en la que se negó el reintegro
de una empleada pública a la planta de personal reestructurada de la Fiscalía
General de la Nación. Ausencia de los defectos invocados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La accionante Diana Patricia Rodríguez Turmequé solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado.

HECHOS

La señora Diana Patricia Rodríguez Turmequé instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Fiscalía General de la Nación,
con el fin de obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos: a) Resolución
02358 del 29 de junio de 2017, que distribuyó los cargos de la planta de personal
de la referida institución; y b) Oficio STH 56 del 30 de junio de 2017, por medio del

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Accionante: Diana Patricia Rodríguez Turmequé

cual le fue comunicada la supresión de su empleo; a título de restablecimiento del
derecho, solicitó ordenar su reintegro al cargo que ocupaba al momento de su
desvinculación, o a otro de similares o de superiores condiciones, junto con el pago
de todos los salarios y demás prestaciones sociales dejadas de percibir.

El 13 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, negó las pretensiones de la demanda, al concluir que los
actos administrativos objeto de control judicial sí fueron debidamente motivados,
pues se fundamentaron en el Decreto 898 de 2017, que modificó la estructura de la
entidad y su planta de empleos, y en el estudio técnico adelantado por la Fiscalía
General de la Nación, en cumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional
previstos en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera, en el cual se analizaron, entre otros aspectos, la planta
de personal.

Contra dicha decisión, la demandante instauró recurso de apelación. El 3 de
noviembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
confirmó la sentencia de primera instancia, con similares argumentos a los del a
quo.

INCONFORMIDAD

La accionante Diana Patricia Rodríguez Turmequé expuso que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto sustantivo, por cuanto desconoció el precedente
del Consejo de Estado, en lo referente a la necesidad de motivar los actos de retiro
de los funcionarios vinculados en provisionalidad, con base en argumentos claros y
precisos; concretamente, citó las sentencias del 23 de septiembre de 2010, radicado
2005-01341; 16 de noviembre de 2017, radicado 2006-01545; y 23 de septiembre
de 2021, radicado 2017-05847.

Agregó que el análisis realizado por el Consejo de Estado desconoce que en la
Resolución 2358 del 29 de junio de 2017 se omitió referir los motivos puntuales que
justifiquen la desvinculación de la accionante de la planta de personal de la Fiscalía
General de la Nación, mientras otros funcionarios, inclusive con tipo de vinculación
provisional, sí fueron escogidos para continuar con el ejercicio de sus funciones.

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De otro lado, manifestó que la accionada desatendió el precedente jurisprudencial
fijado por la Corte Constitucional en las sentencias T-1316 de 2005, T-132 de 2007
y SU-917 de 2010, sobre el contenido de la motivación de los actos de
desvinculación de los servidores públicos en provisionalidad. Lo anterior,
justamente porque en dichas providencias se ha indicado que la administración
tiene la obligación de señalar las circunstancias particulares y concretas por las que
decide retirar del servicio a estos funcionarios.

Puntualizó que el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional ha insistido en
que este tipo de decisiones no se encuentran debidamente sustentadas cuando se
limiten a citar jurisprudencia y doctrina, pues debe existir un «principio de razón
suficiente», so pena de vulnerar los derechos fundamentales de los servidores. Así,
concluyó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, inadvirtió y
contradijo los lineamientos jurisprudenciales trazados por la Corte Constitucional,
ello al basar su decisión en explicaciones genéricas, desconociendo el derecho
fundamental al trabajo de la accionante.

Finalmente, arguyó que la accionada incurrió en un defecto fáctico, al no valorar las
pruebas que demuestran que el acto administrativo de retiro no fue debidamente
motivado, pues, en primer lugar, no tuvo en cuenta el Oficio 20173000024141 del
29 de agosto de 2017, suscrito por el subdirector de Talento Humano de la Fiscalía
General de la Nación, que informó a la accionante que no existió estudio técnico
para la expedición de la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017, así como también
indicó que no existen actas, grabaciones o registros de las sesiones de análisis de
perfiles de los cargos desvinculados, y en segundo lugar, insistió que tampoco se
estudiaron los elementos probatorios que demuestran la persecución adelantada al
interior de la entidad en su contra, la cual consistió en diversas modificaciones de
su situación laboral.

PRETENSIONES

La parte accionante requirió amparar los derechos fundamentales antes
mencionados y, en consecuencia, revocar la sentencia del 3 de noviembre de 2022
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, para que, en

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su lugar, se ordene a la autoridad judicial mencionada emitir una nueva decisión, en
la cual se tenga en cuenta que la Resolución 2358 de 2017 carece de motivación
respecto a su desvinculación de la Fiscalía General de la Nación.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción fue recibida por reparto en el despacho del magistrado ponente, de
manera virtual, el 11 de abril de 2023, y el 14 de abril del mismo año se dispuso su
admisión y se ordenó la notificación a la autoridad accionada.

POSICIÓN DE LA AUTORIDAD ACCIONADA

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, no rindió el informe
solicitado.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

Fiscalía General de la Nación, mediante apoderada, aseguró que la acción de
tutela es improcedente, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez
que la accionante contaba con diferentes mecanismos idóneos previstos en la Ley
1437 de 2011 para cuestionar las decisiones judiciales de primera y segunda
instancia y no se materializó un perjuicio irremediable.

Acto seguido, esbozó que dentro del ejercicio de la acción de tutela resulta
indispensable que, en este caso, la actora demuestre con precisión el fundamento
de la afectación de los derechos que pretende imputarle a las providencias
judiciales. En estos términos, consideró que no se encuentran acreditados los
defectos fácticos y sustantivos aludidos en el escrito de tutela, pues el juez de
instancia se ajustó a los soportes legales y constitucionales para resolver de fondo
la controversia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

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La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En primer lugar, la Sala encuentra superados los requisitos generales de
procedibilidad de la presente acción de tutela para discutir la sentencia del 9 de
marzo de 2023 censurada en esta sede, comoquiera que 1) el asunto a resolver es
de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer
si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamentales

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reclamados en protección; 2) el accionante no cuenta con otros medios de defensa
judicial para discutir lo aquí expuesto; 3) la acción se presentó dentro de los seis
meses siguientes a la ejecutoria de aquella; 4) no se está invocando una
irregularidad procesal; 5) el solicitante identificó claramente los hechos generadores
de la vulneración y los derechos transgredidos y 6) no se trata de una sentencia de
tutela.

En segundo lugar, se observa que la señora Diana Patricia Rodríguez Turmequé
estimó que la accionada no tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial relacionado
con la necesidad de motivar los actos administrativos que ordenen el retiro del
empleado público vinculado en provisionalidad con base en argumentos claros y
precisos. Concretamente, las sentencias proferidas por la Sección Segunda del
Consejo de Estado el 23 de septiembre de 2010, radicado 2005-01341; el 16 de
noviembre de 2017, radicado 2006-01545; y el 23 de septiembre de 2021, radicado
2017-05847. Así como las providencias de la Corte Constitucional T-1316 de 2005,
T-132 de 2007 y SU-917 de 2010.

Pues bien, en lo que respecta a las sentencias del 23 de septiembre de 2010,
radicado 2005-01341 y del 16 de noviembre de 2017, radicado 2006-01545, se
advierte que no constituyen precedente judicial, en los términos de la Ley 1437 de
20113, por lo que no podría exigírsele a la autoridad judicial accionada el
acatamiento de dichas providencias. Lo anterior, porque esas decisiones no
guardan identidad fáctica con el caso objeto de análisis, pues en cada una de las
situaciones se evaluaron circunstancias particulares y, a partir de tales, se decidió
el asunto concreto.

Por consiguiente, la Subsección considera que las decisiones contenidas en las
precitadas providencias no pueden instituirse como fundamento de un
desconocimiento del precedente porque, cada juez y, para el presente asunto, cada
sala de decisión, bajo los principios de autonomía e independencia judicial, pueden
dirimir el conflicto en los términos que consideren pertinentes, siempre y cuando
apliquen en debida forma para la resolución de los casos, la Constitución Política,

3 1. Sentencias de unificación, 2. Mecanismo de extensión de jurisprudencia, 3. Mecanismo de revisión eventual

o 4. Avocación oficiosa de procesos que cursan en las secciones del Consejo de Estado o en los Tribunales. Ver
ensayo del Consejero de Estado, de la Sección Cuarta, doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez “El precedente
judicial”. Publicación del Consejo de Estado “Justicia contenciosa administrativa: avances, retos y metas”, pág.
90. Bogotá, 2015.

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la ley y la jurisprudencia vigente, y justifiquen razonablemente la decisión adoptada,
sin vulnerar derechos fundamentales.

Ahora, en lo que respecta a la sentencia del 23 de noviembre de 2021, radicado
2017-05847, se observa que, si bien en aquella oportunidad se trató de un asunto
con contornos fácticos similares al de marras, al tratarse de una exempleada de la
Fiscalía General de la Nación que instaba el reintegro a su cargo, el cual fue
suprimido con ocasión de la expedición de la Resolución 2358 del 29 de junio de
2017, lo cierto es que en dicha ocasión el órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo sostuvo que aquella no allegó las pruebas tendientes a
demostrar el cumplimiento de los requisitos mínimos para el ejercicio del empleo de
los demás trabajadores.

En todo caso, debe precisarse que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado sí tuvo en cuenta pronunciamientos relacionados con el mandato
de motivar de manera clara y precisa los actos que ordenen la desvinculación del
empleado público en provisionalidad, pues, en efecto, la accionada hizo alusión a
las sentencias del 9 de mayo y del 18 de agosto, ambas de 2022, proferidas por
esta Sala de Decisión, que precisaron que la Resolución 2358 del 29 de junio de
2017, que suprimió los cargos de la Fiscalía General de la Nación entre los cuales
se encontraba el de la aquí accionante, se fundamentó en el estudio técnico
realizado por dicha entidad, en concordancia con el Decreto Ley 898 de 2017. Así,
advirtió que en aquel procedimiento se evaluaron las funciones, perfiles y cargas de
trabajo de los empleados, por lo que dicha decisión administrativa se encuentra
motivada y ajustada al contexto fáctico y jurídico que rodeó el proceso de
reestructuración de la entidad.

De otro lado, debe esclarecerse que las sentencias T-1316 de 2005 y T-132 de 2007
fueron dictadas en sede de tutela, por lo cual sus efectos al ser inter partes, no van
más allá del caso objeto de controversia. Adicionalmente, al margen de que ambas
traten de la motivación del acto administrativo de desvinculación, lo cierto es que
deben analizarse las particularidades de cada caso, ya que, en el asunto, la
autoridad accionada explicó que el retiro de la demandante obedeció a la
reorganización de la Fiscalía General de la Nación, así como al correspondiente
estudio técnico a partir del cual se suprimieron los cargos de la planta de personal.

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Finalmente, se tiene que la sentencia SU-917 de 2010, traída a colación en la
salvaguarda, examinó los casos de 20 accionantes que ostentaban la calidad de
empleados públicos en provisionalidad en diferentes entidades del Estado y fue
ordenada su desvinculación. Al respecto, la Corte Constitucional desarrolló que, a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004, no existe duda respecto al
deber de motivación de los actos de retiro de los empleados en condición de
provisionales, ello bajo el fundamento de que, si bien no se trata de un empleo de
carrera, al no haber superado las etapas propias para proveer un cargo en forma
definitiva, mal se haría al afirmarse que este carácter de provisional lo convierte en
un empleo de libre nombramiento y remoción.

Ahora, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, señaló en la
providencia accionada que la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación
estuvo acompañada de: i) las garantías legales y jurisprudenciales para proteger,
no solo los derechos de los servidores de carrera administrativa, sino aquellos que
se encontraran dentro del retén social; ii) el respectivo estudio técnico que evaluó
su estructura orgánica y funcional; y iii) la observancia del Decreto Ley 898 de 2017,
que indicó los cargos que se debían suprimir. Esta última disposición fue sometida
a un control automático de constitucionalidad en sentencia C-013 del 14 de marzo
de 2018, que la declaró exequible en su integridad. Sea pertinente resaltar que esta
decisión judicial fue tenida en cuenta por la accionada al estudiar la motivación del
acto de retiro, de ello que no pueda predicarse un apartamiento del precedente.

De esta forma, resulta diáfano que la autoridad judicial accionada no incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, toda vez que no estaba en la obligación de
aplicar los pronunciamientos referidos por la parte accionante y, en todo caso, en
su decisión tuvo en cuenta la tesis del Consejo de Estado sobre la materia objeto
de debate.

Por otro lado, la señora Rodríguez Turmequé sostuvo que la autoridad accionada
incurrió en un defecto fáctico al no darle valor probatorio, en primer lugar, al Oficio
20173000024141 del 29 de agosto de 2017, suscrito por el subdirector de Talento
Humano de la Fiscalía General de la Nación y, en segundo lugar, las presuntas
persecuciones que se ocasionaron en su contra al interior de la entidad.

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Al respecto, se observa que el referido oficio señaló frente a la petición de la
accionante sobre la expedición de copias del estudio técnico que «no existe estudio
técnico para la expedición de la Resolución N° 0-2358 de 2017, toda vez que la misma se
estructuró de conformidad con las facultades constitucionales y legales, que ostenta el
Fiscal General de la Nación». En estos términos, contrario a lo alegado por aquella,
aún si se hubiera hecho alusión expresa a esta prueba, ello no cambiaría el sentido
de la decisión, comoquiera que, si bien dicha evaluación no pudo haberse realizado
directamente para la emisión de la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017, lo cierto
es que esta fue tomada como sustento para la motivación del acto, toda vez que,
conforme se expuso en párrafos anteriores, allí se examinaron las cargas y
funciones de los servidores para determinar cuáles deberían continuar vinculados.

Asimismo, la autoridad accionada mencionó, en cuanto a la desviación de poder
reclamada por la señora Diana Patricia Rodríguez Turmequé, que aquella se
configura cuando se logre demostrar que quien ejerce la función administrativa
expidió el acto con el fin de satisfacer necesidades diferentes a las que se deben
perseguir. Para lo propio, tuvo en cuenta los testimonios de los señores José Tobías
Betancourt Ladino, Luis Enrique Aguirre Rico, Germán Castellanos Mayorga y Nelbi
Yolanda Arenas Herreño, los cuales le permitieron concluir que la desvinculación de
la accionante fue producto de la reestructuración de la Fiscalía General de la
Nación.

Bajo las anteriores circunstancias, la Subsección denota que la autoridad judicial
accionada valoró adecuadamente las pruebas a las que alude la parte accionante.
Distinto es que, a partir de aquellas, haya determinado que no tenían vocación de
prosperidad las pretensiones de la demanda. Por consiguiente, en esta sede no se
evidencia la configuración de un defecto fáctico, como causal específica de
procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.

En consecuencia, al no encontrarse acreditadas las causales de procedencia
estudiadas, se negará el amparo solicitado por la señora Diana Patricia Rodríguez
Turmequé, a través de la acción instaurada en contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el amparo constitucional deprecado por la señora Diana Patricia
Rodríguez Turmequé, a través de la acción de tutela instaurada en contra
del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.

Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no
fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firma electrónica

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica

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