Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01723-01
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01723-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01723-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
29 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-01723-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: EDWIN RODRIGO PARDO MARCONI
TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SOBREVINIENTE. LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA – TERCERO – LOGRÓ QUE LAS
PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA SE SATISFAGAN, PUES
DEJÓ SIN EFECTO EL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO, POR
MEDIO DEL CUAL SE RECHAZÓ AL ACTOR PARA CONTINUAR EN LA
CONVOCATORIA 27. ADEMÁS, EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE
TUTELA EMITIDO POR ESE TERCERO, LA UNIDAD DE CARRERA
JUDICIAL A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN CJR23-0213 DE 8 DE
JUNIO DE 2023, ADMITIÓ A TODOS LOS ASPIRANTES, INCLUYENDO
AL ACCIONANTE, QUE FUERON RECHAZADOS POR LA CAUSAL 3.5
REFERENTE A LA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE AUSENCIA DE
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTINUAR EN EL
CONCURSO DE MÉRITOS DE LA RAMA JUDICIAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD Y AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor, contra la
sentencia de 4 de mayo de 2023, proferida por la SECCIÓN QUINTA
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DEL CONSEJO DE ESTADO1 que declaró improcedente la solicitud
de amparo.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor EDWIN RODRIGO PARDO MARCONI, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a cargos públicos, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL2 y la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA3 al expedir la Resolución núm. CJR 23-
0061 de 8 de febrero de 2023, dentro del concurso de méritos
adelantado con ocasión de la Convocatoria núm. 27, para proveer
cargos de carrera en la Rama Judicial.
I.2.- Hechos
1
En adelante la SECCIÓN QUINTA.
2
En adelante la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL.
3
En adelante la UNIVERSIDAD.
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Manifestó que se inscribió como aspirante al cargo de JUEZ CIVIL
MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS dentro de la Convocatoria núm. 27, adelantada con
fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de
2018, emitido por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
Precisó que, aprobado el examen de conocimientos y aptitudes, la
UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL expidió la Resolución núm.
CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, a través de la cual fue
rechazado del concurso por la causal 3.5 del referido acuerdo, esto
es, “[…] No presentar la declaración juramentada de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades […]”.
Expuso que solicitó a la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL la
verificación de los documentos que aportó con la inscripción, no
obstante, dicha autoridad confirmó la decisión inicial por cuanto no
se había aportado la declaración en formato PDF al momento de la
inscripción.
Mencionó que para poder efectuar la inscripción en línea aceptó de
forma digital un recuadro sobre la inexistencia de inhabilidades e
incompatibilidades, por lo que la entidad debía entender satisfecho
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ese requisito.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, las accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a cargos
públicos, en la medida en que ignoraron caprichosamente que la
declaración de inhabilidades e incompatibilidades se encontraba
presente al momento de la inscripción a través de diferentes
mecanismos, incurriendo así en un exceso ritual manifiesto, máxime
cuando es un requisito que varía día tras día y que solo se determina
al momento de posesionarse en el cargo.
En efecto, adujo que al momento de crear el usuario o perfil en el
sistema Kactus para la inscripción a la convocatoria era obligatorio
aceptar la manifestación de no encontrarse incurso en ninguna causal
de inhabilidad para el nombramiento o de incompatibilidad para el
ejercicio del cargo; sumado a ello, dentro del instructivo de la
convocatoria se declaraba igualmente lo mismo.
Comentó que al haber realizado la inscripción por medios electrónicos
para la Convocatoria núm. 27 y habiéndose habilitado que “este
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requisito se entiende incorporado con el diligenciamiento de la
inscripción vía web, o en su defecto, si se habilita la entrega de
documentación física, se acredita mediante la firma del formulario de
inscripción” quedaría subsanada la falencia echada de menos por
parte de la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL, sin que sea posible
ahora declarar su rechazo cuando la entidad ya contaba con dicho
requisito.
Agregó que debe tenerse en cuenta que también participó en la
convocatoria núm. 22 para la provisión de cargos de funcionarios de
la Rama Judicial, así como en las Convocatorias núms. 3 y 4 de
empleados, en los cuales se tuvo por acreditado la declaración bajo
la gravedad de juramento de no estar incurso en causal alguna de
inhabilidad o incompatibilidad.
Aseveró que la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL no hizo consulta
alguna en el sistema Kactus, sino que únicamente tuvo en cuenta
archivos que se encuentran en un escritorio y cuya procedencia y
manejo de cadena de custodia, no permiten establecer la mismidad
y trazabilidad de la evidencia digital.
Finalmente, puso de presente que resulta vulnerador del derecho a
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la igualdad que las accionadas aseguren que convalidaron dicho
requisito con posterioridad a la inscripción, permitiendo darlo como
válido con la firma que se hizo en el cuadernillo de las pruebas
escritas, para no excluir a nadie por la causal 3.8. y luego procedan
a inadmitirlo por la causal 3.5. que se encuentra contenida en el
mismo juramento o requisitos mínimos fijados en el acuerdo de la
convocatoria.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] DEJAR SIN EFECTOS parcialmente la Resolución CJR23-
0061 del 8 de febrero en donde se publicaron los anexos 1 y 2 de
admitidos e inadmitidos expedida por la directora de la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, en cuanto a mi inadmisión del concurso de méritos
convocado a través del Acuerdo PCSJA18-1077 de 2018.
TERCERO: ORDENAR a la directora de la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del fallo, profiera una nueva decisión
admitiéndome en el concurso de méritos convocado a través del
Acuerdo PCSJA18- 1077 de 2018, de tal manera que me permita
continuar en las siguientes etapas del proceso de selección.
[…]”.
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I.5.- Defensa
I.5.1.- La UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL solicitó denegar el
amparo deprecado por ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
Apuntó que teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo
85 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, le corresponde
reglamentar la carrera judicial, expidió el Acuerdo PCSJA18-11077
de 16 de agosto de 2018, para adelantar el concurso de méritos al
que alude el actor.
Señaló que con las inscripciones al concurso los aspirantes
manifestaban que se encontraban conformes con las normas
establecidas en el acuerdo de la Convocatoria, sin que hasta el
momento curse una demanda contenciosa por el asunto aquí
debatido.
Añadió que, en efecto, los numerales 1.1 y 2.4 del artículo 3 del
acuerdo aludido, establecen como requisito de la inscripción que los
concursantes debían anexar un documento escaneado y cargado en
formato PDF en el que manifestaran bajo juramento no estar incursos
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en causal de inhabilidad o incompatibilidad alguna, por lo que no
hacerlo era causal de rechazo conforme con el numeral 3.5 de la
misma norma.
Resaltó que revisados los documentos cargados en la base del
sistema Kactus, verificó que el accionante no aportó el documento
en formato PDF; además en cuanto al requisito establecido en el
numeral 3.8, sostuvo que difería del dispuesto en el numeral 3.5. por
lo que no era válida su comparación.
Respecto del argumento relacionado con la manifestación de
cumplimiento de requisitos para otras convocatorias, destacó que los
concursos de méritos adelantados por la Rama Judicial son
administrados de manera independiente y autónoma de conformidad
con el acto de convocatoria definido para cada concurso, por lo que
no es posible aplicar para la presente convocatoria criterios de
valoración y puntuación establecidos en otras.
Comentó que, en todo caso, los actos administrativos implicados
gozan de presunción de legalidad, por lo que el actor cuenta con los
mecanismos ordinarios para cuestionarlos y, en consecuencia, la
acción de tutela carecería del requisito de procedibilidad de la
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subsidiariedad para abordar el estudio del fondo del asunto.
I.5.2.- La UNIVERSIDAD sostuvo que precisamente a través de las
resoluciones que el actor cuestionaba, dio una respuesta clara,
completa y de fondo a todos los reparos y solicitudes invocados en
su recurso de reposición.
Arguyó que, en todo caso, “[…] la acción de tutela no resulta ser el
mecanismo idóneo para atacar actos administrativos, en especial,
por inconformidades particulares que no devienen de una vulneración
directa a los derechos fundamentales del accionante […]”.
Agregó que la acción de tutela tampoco es el mecanismo idóneo para
controlar eventuales irregularidades por parte de la administración,
puesto que el aspirante debe acudir a los medios jurídicos propios
dispuestos para dicho fin, máxime cuando no se advierte la existencia
de un perjuicio irremediable.
Destacó que, en su sentir, el actor no acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable ni tampoco de algún elemento que acredite
algún indico frente a la vulneración de los derechos del actor, máxime
cuando “[…] la presente acción carece de objeto por cuanto lo
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pretendido por él fue resuelto de fondo mediante los Actos
Administrativos antes mencionados […]”.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El señor FREDDY ALEXANDER NIÑO CORTES, con ocasión
de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio de la
solicitud de amparo para los demás participantes del proceso de
selección origen de la controversia, allegó memorial en el que
manifestó que intervenía con el fin de coadyuvar a la solicitud de
amparo.
Indicó que las accionadas generan escenarios de desigualdad de
algunos participantes dentro de la Convocatoria núm. 27 respecto de
otros, máxime cuando no existe norma que exija que la declaración
juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades deba
aportarse en un momento específico, como si sucede con otros
documentos.
Añadió que lo pretendido con esta solicitud de amparo no es
desconocer el acuerdo que regula el concurso, sino hacer ver como
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se está imponiendo una limitación para el acceso al concurso sin
tener fundamento legal para ello.
Finalmente, sostuvo que la acción de tutela resulta ser el mecanismo
de defensa idóneo para el asunto, ante la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
I.6.2.- La señora JESSICA TATIANA GÓMEZ MACIAS, con ocasión
de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio de la
solicitud de amparo para los demás participantes del proceso de
selección origen de la controversia, puso de presente que también es
aspirante en la Convocatoria núm. 27 y que intervenía con el fin de
solicitar que se acceda al amparo deprecado.
Comentó que las accionadas incurrieron en un exceso ritual
manifiesto frente a un requisito que sí se cumplió al momento de
generarse el registro en el sistema Kactus, por lo que así se declaró
a su ingreso, adicionalmente, en el perfil de hoja de vida se debió
declarar nuevamente bajo gravedad de juramento que se cumplía y
acreditaba los requisitos mínimos para el cargo seleccionado y que
eran veraces y fidedignos los documentos que soportaban la
inscripción.
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Refirió que se indujo en error y se desconoció el principio de
confianza legítima y buena fe, pues pese a señalarse en los diferentes
actos administrativos que la información de la web se emplearía para
recopilar la información, jamás se indicó que la declaración
juramentada dispuesta en Kactus y que se debía aceptar, no se
tendría en cuenta, pese a ser un equivalente electrónico con la misma
validez jurídica que un documento físico escaneado.
Por lo anterior, solicitó acceder al amparo, toda vez que acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo no resulta eficaz debido
a la congestión judicial.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN QUINTA, mediante sentencia de 4 de mayo de 2023,
declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se
cumplió con el requisito de subsidiariedad, comoquiera que los actos
administrativos mediante los cuales se rechazó al actor del concurso
constituyen actos particulares y concretos, de tal forma que pueden
ser controvertidos a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
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Así las cosas, estimó que el actor cuenta con otro mecanismo de
defensa idóneo y eficaz para discutir el acto que aquí cuestiona y así
lograr la protección de los derechos que considera vulnerados,
máxime cuando no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN QUINTA,
en los siguientes términos:
Solicitó que sea revisada la sentencia impugnada, toda vez que el a
quo no se pronunció de fondo sobre la solicitud de tutela,
declarándola improcedente, a pesar de que existen suficientes
antecedentes que hacen viable decidir de fondo el caso para proteger
los derechos invocados.
Refirió que, precisamente en sentencia SU-067 de 2022, la Corte
Constitucional dispuso estudiar de fondo el asunto respecto a la
realización de las pruebas en la Convocatoria núm. 27, pese a que
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en ese asunto también se trataban de actos de trámite susceptibles
de ser demandados ante la jurisdicción.
Resaltó que son evidentes los actos discriminatorios e injustificados
en los que ha incurrido la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL, de tal
forma que someter la controversia al conocimiento de la jurisdicción
contencioso administrativo implicaría la configuración de un perjuicio
irremediable dado el tiempo que el pronunciamiento de fondo podría
tardar en suscribirse, en la medida en que es altamente probable que
para el momento en que se profiera fallo ni siquiera sea posible
continuar en el concurso porque el mismo ya esté finalizado.
Arguyó que la sentencia SU-067 DE 2022 no es el único antecedente
jurisprudencial a través del cual sí procedió la tutela para proteger
los derechos de los concursantes excluidos por asuntos relacionados
con la presentación de juramento durante el desarrollo de un
concurso de méritos, pues a través de la sentencia T-059 de 2019 la
Corte Constitucional accedió a las pretensiones en un asunto similar
al presente.
Relató que en múltiples oportunidades la Alta Corte Constitucional ha
dejado claro que, respecto a los concursos de méritos, la acción
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viable, eficaz y oportuna para proteger los derechos fundamentales
e impedir perjuicios irremediables es la acción de tutela, por lo que
solicita que se acoja tal criterio, máxime cuando en el presente caso
constituye un hecho notorio y que requiere la intervención del juez
constitucional.
Reiteró que no tiene sentido exigir dicho requisito previsto en el
numeral 3.5, comoquiera que al momento de la posesión al cargo el
aspirante debe presentar el juramento de inhabilidades e
incompatibilidades, por lo que rechazarlo del concurso no tienen
ningún fin constitucional, sino que, por el contrario, vulnera
flagrantemente la Constitución Política.
Sumado a lo anterior, expuso que en una adecuada interpretación de
la Ley 270 de 1996, dicha exigencia no es indispensable antes de
proveer el cargo, inclusive antes de la conformación de la lista de
elegibles, lo que lleva a concluir que tal requisito no es necesario en
ninguna de las etapas del concurso ni tampoco cumple con las
finalidades de garantizar la imparcialidad, la objetividad y la
transparencia, por lo que si bien hace parte de las reglas de la
convocatoria, resulta ser inane y violatorio de derechos.
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Finalmente, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela
y refirió que tampoco existe norma que prohíba o imposibilite la
subsanación de algún requisito para continuar en el concurso.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
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amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, la Sala se pronunciará
respecto de las solicitudes de coadyuvancia presentadas por los
señores FREDDY ALEXANDER NIÑO CORTES y JESSICA
TATIANA GÓMEZ MACIAS.
La coadyuvancia está prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de
19 de noviembre de 19915, en el cual se establece que las personas
que tengan un interés legítimo en el resultado del proceso también
pueden intervenir en el mismo para coadyuvar u oponerse a las
pretensiones de la demanda.
4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al
trámite de la acción de tutela por remisión del artículo 4 del Decreto
306 de 19 de febrero de 19926, prevé que las personas que tengan
relación sustancial con una de las partes del proceso pueden
intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia
de segunda instancia.
A propósito de la Convocatoria núm. 27, en sentencia SU 067 de
24 de febrero de 2022, con ponencia de la Magistrada Paola Andrea
Meneses Mosquera, la Corte Constitucional hizo algunas precisiones
en relación con la figura de la coadyuvancia e intervinientes en este
tipo de asuntos, así:
“[…] Cuestión previa: la intervención de coadyuvantes en
los procesos bajo revisión
75. Asunto que debe resolverse. Antes de dar comienzo al
análisis anunciado, la Sala Plena encuentra necesario analizar un
asunto previo, que incide en los efectos de la decisión que habrá
de adoptarse en esta oportunidad. Esta cuestión tiene origen en
la ingente cantidad de intervenciones que se han presentado,
durante los trámites de instancia y de revisión de los fallos bajo
revisión, por personas que se encuentran en una situación
similar a la de los demandantes.
76. Fundamento normativo de la figura de la coadyuvancia. El
inciso segundo del artículo trece del Decreto 2591 de 1991
establece que la persona que tenga «un interés legítimo en el
resultado del proceso podrá intervenir en él», para respaldar las
pretensiones del actor o de la persona o autoridad pública contra
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“Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.
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la cual se dirige la acción de tutela[32]. La jurisprudencia
constitucional ha definido la coadyuvancia en los procesos de
tutela como «la participación de un tercero con interés en el
resultado del proceso que manifiesta compartir las
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la
tutela»[33]. En este sentido, ha considerado que los
coadyuvantes poseen la facultad para intervenir dentro del
proceso, por el interés personal en la suerte de las pretensiones
de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a
estas[34].
77. Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de
la acción de tutela, que se transmite a la figura procesal bajo
análisis, la jurisprudencia ha advertido que la coadyuvancia se
encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole
jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien
actúa empleando este título lo hace para coadyuvar las
pretensiones de una parte, no puede actuar en contra de los
intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro
del proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo
caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia de la
coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única
o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer
valer pretensiones propias»[35] [énfasis fuera de texto]. De igual
manera, atendiendo la remisión al Código General del Proceso,
se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos
procesales que «impliquen disposición del derecho en litigio»[36].
De lo anterior resulta que las facultades del coadyuvante se
encuentran sometidas a límites, que surgen de la propia
naturaleza de la institución procesal que permite su intervención
en la causa judicial.
78. Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por
la vía de la coadyuvancia. En esta oportunidad, es preciso
analizar la posibilidad de modificar, por esta vía, el problema
jurídico planteado en la acción de tutela, mediante la
formulación de argumentos y razonamientos distintos a los
planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue
examinado en la Sentencia T-1062 de 2010. En dicha ocasión,
la Corte conoció una acción de tutela que fue coadyuvada por
terceros que tenían un interés legítimo en la decisión. En calidad
de coadyuvantes, plantearon argumentos diferentes a los que
fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones
específicas, que tenían por objeto favorecer sus intereses
particulares. Al analizar este asunto, la Corte manifestó lo
siguiente:
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[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos
de tutela, como la participación de un tercero con interés en el
resultado del proceso que manifiesta compartir las
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la
tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que
difieran de las hechas por el demandante, pues de
suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela,
lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la
coadyuvancia [énfasis fuera de texto].
79. Atendiendo esta consideración, en la providencia en
comento, la Corte acotó en los siguientes términos el alcance de
los escritos de coadyuvancia presentados: «Bajo esa calidad [de
coadyuvantes], se entenderá que su participación en el trámite
de esta tutela, se limita a apoyar y compartir las reclamaciones
que hace la parte demandante […], razón por la cual, el
pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de
Revisión, se atendrá a los fundamentos contenidos en la
demanda de tutela, y no se pronunciará respecto de
aquellos que difieran o no hagan parte en ésta» [énfasis
fuera de texto].
80. Conclusión en el caso concreto. Durante el trámite de
instancia de los expedientes T-8.252.659 y T-8.258.202, se
recibió un número ingente de escritos de personas que
coadyuvaron las demandas interpuestas. En su gran mayoría, se
trataba de aspirantes que, al igual que los accionantes,
superaron la prueba de conocimientos y aptitudes practicada el
2 de diciembre de 2018. Los intervinientes manifestaron su
respaldo a las pretensiones formuladas en los procesos bajo
revisión, plantearon diversos argumentos contra la Resolución
CJR20-0202, solicitaron la práctica de pruebas y el
reconocimiento de dictámenes periciales preparados por ellos y
reclamaron la extensión de los efectos de esta providencia, a
través de los dispositivos establecidos con dicho propósito por la
jurisprudencia (efectos inter comunis e inter pares).
81. Teniendo en cuenta que quien actúa en calidad de
coadyuvante tiene vedado «realizar planteamientos distintos […]
que difieran de los hechos por el demandante»[37], la Sala Plena
centrará su atención en los argumentos planteados en las cuatro
acciones de tutela que aquí se revisan. Por consiguiente, en
cuanto a las peticiones elevadas por los intervinientes,
únicamente habrá de pronunciarse sobre la solicitud de conceder
la extensión de los efectos de esta sentencia. Tal petición debe
ser resuelta como consecuencia de la jurisprudencia
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constitucional que impone este remedio cuando el principio de
igualdad así lo exige […]”. (Destacados originales)
Conforme con la sentencia de unificación en cita, los coadyuvantes
poseen la facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés
personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes y solo
con el fin de manifestar su apoyo a estas, más no para hacer valer
sus propias demandas.
Además, en los asuntos que se presenten coadyuvancias o
intervenciones, el estudio de los casos solo debe limitarse a los
fundamentos formulados por las partes, sin que haya lugar a
pronunciarse respecto de aquellos que difieran o no hagan parte de
sus argumentaciones.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que aceptará la solicitud de
coadyuvancia de los señores FREDDY ALEXANDER NIÑO CORTES
y JESSICA TATIANA GÓMEZ MACIAS comoquiera que sus
intervenciones están encaminadas a apoyar la solicitud de amparo
de la referencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de la presente providencia.
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No obstante, la Sala advierte que, en todo caso, el análisis del caso
versará solo sobre los argumentos planteados por el actor, sin
perjuicio de que eventualmente, si aún no lo han hecho, los
coadyuvantes puedan hacer valer sus propias pretensiones en
ejercicio de su derecho de acción, en el caso de que no se den los
presupuestos para proferir una sentencia con efectos extensivos7.
Caso concreto
En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y al acceso a cargos públicos, los cuales, a su juicio, le
fueron vulnerados por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL y por la
UNIVERSIDAD, al expedir la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de
febrero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado con
ocasión de la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera
en la Rama Judicial.
A través de la referida decisión la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL
rechazó del concurso aludido al actor, bajo el argumento de que no
7
Ver sentencia SU 067 de 22 “[…]es preciso tener en cuenta que los efectos expansivos del fallo de
tutela (sentencias con efectos inter comunis e inter pares y fallos estructurales) únicamente son
aplicables cuando el juez de amparo concede la protección de los derechos fundamentales […]”.
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aportó en documento independiente, escaneado y en formato PDF la
declaración juramentada de no estar incurso en inhabilidades e
incompatibilidades, conforme con las normas que regulan la
convocatoria.
El actor cuestiona la exigencia del referido requisito, bajo el
argumento de que constituye un exceso ritual manifiesto, además
porque asegura haber cumplido con la exigencia al aceptar y llenar
algunas de las casillas del formulario electrónico en tal sentido.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 4 de mayo de 2023,
declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se
cumplió con el requisito de la subsidiaridad, toda vez que el actor
cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para controvertir el acto que lo rechazó del concurso de
méritos, sin que en el caso concreto se advierta la existencia de un
perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez
constitucional.
Inconforme con lo anterior, el actor impugnó el fallo de primera
instancia, para lo cual refutó que el a quo debió acoger el criterio
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establecido por la Corte Constitucional en cuanto a la procedencia de
la acción de tutela en los concursos de mérito, por lo que se debieron
analizar de fondo los reparos expuestos, máxime cuando, a su juicio,
es evidente que las accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al rechazarlo, pues el requisito previsto en el numeral
3.5 relacionado con la declaración juramentada de no estar incurso
en inhabilidades e incompatibilidades, ya estaba cumplido y, en todo
caso, dicha exigencia no es indispensable antes de proveer el cargo.
En este punto, sería del caso entrar a establecer si el presente caso
cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, en especial, el requisito de la subsidiariedad, para así
entrar a determinar si las accionadas vulneraron los derechos
deprecados por el actor, al expedir la Resolución núm. CJR26-0061
de 8 de febrero de 2023, en cuanto se le rechazó del concurso de
méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria núm. 27.
No obstante, la Sala advierte que estando en trámite la acción de
tutela de la referencia la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL expidió
la Resolución CJR23-2013 de 8 de junio de 2023, por medio de la
cual dispuso lo siguiente:
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“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: ADMITIR al concurso de méritos destinado a la
confirmación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de
cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante
Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, a los aspirantes
que se relacionan en el anexo y que fueron rechazados
exclusivamente por la causal “3.5 No presentar la declaración
juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades […]” (Destacado fuera de texto).
En efecto, la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL dio cumplimiento a
la orden judicial, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia el 31 de mayo de 2023 dentro de la acción de
tutela identificada con el número único de radicación
11001023000020230033500, por medio de la cual se dispuso:
“[…] “1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, acceso a cargos públicos, trabajo e igualdad de
FREDDY ALEXÁNDER NIÑO CORTÉS, JESSICA TATIANA GÓMEZ
MACÍAS, REYNALDO NICOLÁS FRANCO CORTÉS, LADY ANDREA
BELTRÁN CÁRDENAS y CAMILO ANDRÉS BARRAGÁN DÍAZ y, por
efecto inter comunis, de los demás excluidos en la Fase II de la
etapa de selección de la Convocatoria 27 con sustento en el
numeral 3.5. del artículo 3° del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de
agosto de 2018, el cual establece la «[n]o presentación de la
declaración jurada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades».
2. DEJAR SIN EFECTO parcialmente la Resolución CJR23-
0061 del 8 de febrero de 2023, mediante la cual se admitió
al concurso de méritos a algunos aspirantes, al tiempo que
rechazó la postulación de quienes «[n]o acreditaron las
calidades señaladas en el Acuerdo PCSJA18- 11077 de
2018», exclusivamente respecto de la exclusión de
aspirantes del concurso Convocatoria 27 por la
configuración de la causal de rechazo 3.5. del artículo 3° del
Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, y todas
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las actuaciones administrativas que se derivaron de ésta
desde ese momento.
En su lugar, ORDENAR a la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura que, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este
pronunciamiento, emita un nuevo acto administrativo teniendo en
cuenta las consideraciones aquí contenidas, así como que adelante
los trámites a que haya lugar para permitir que las personas
favorecidas y cobijadas por esta decisión puedan continuar con el
concurso […]” (Destacado fuera de texto)
De lo anterior, es dable afirmar que la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia a través de providencia de 31 de mayo de
2023 dejó sin efecto parcialmente la Resolución CJR23-0061 de 8 de
febrero de 2023 y, en consecuencia, le ordenó a la UNIDAD DE
CARRERA JUDICIAL emitir un nuevo acto administrativo, en el cual
admitiera al concurso de méritos dispuesto en la Convocatoria 27 a
los aspirantes que fueron rechazados exclusivamente por la causal
3.5 relacionada con la presentación de la declaración juramentada de
ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, orden cumplida
mediante la Resolución CJR23-2013 de 8 de junio de 2023.
En ese entendido, para la Sala es evidente que se configuró la
carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente, en la
medida en que, durante el trámite del amparo, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante fallo de tutela de 31
de mayo de 2023 dejó sin efectos parcialmente la Resolución CJR23-
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0061 de 8 de febrero de 2023 y, en cumplimiento de dicho fallo, la
UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL admitió dentro de la
Convocatoria núm. 27, adelantada con fundamento en el Acuerdo
núm. PCSJA18-11077 de 2018, a todos los aspirantes, incluido al
aquí accionante, que fueron rechazados exclusivamente por la causal
3.5.
Analizado lo anterior, la Sala encuentra que en el presente caso se
configuró la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, por
cuanto acaeció una circunstancia que no resulta atribuible a las
partes, pues la presunta vulneración de los derechos fundamentales
cesó por una situación imputable a un tercero, esto es, a la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como se explicó en
precedencia, de tal forma que una eventual orden de amparo de esta
Sala no tendría efecto alguno.
Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia
actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han
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sido encomendados»8.
En ese mismo sentido, en sentencia SU-522 de 20199 se precisó que
el fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de
las siguientes figuras:
“[…] el hecho superado responde al sentido obvio de las
palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto
de la satisfacción de lo pedido en tutela10, como producto del obrar
de la entidad accionada. En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna11. Es importante precisar
que en estos casos le corresponde al juez de tutela constatar que:
(i) efectivamente se ha satisfecho por completo12 lo que se
pretendía mediante la acción de tutela13; (ii) y que la entidad
demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu propio,
es decir, voluntariamente14.
42. El daño consumado, por su parte, tiene lugar cuando se
ha perfeccionado la afectación que con la tutela se pretendía evitar,
8
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.
9
Magistrado Ponente: Diana Fajardo Rivera.
10
Sentencia SU-540 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
11
Sentencia T-533 de 2009. M.P. Humberto Sierra Porto.
12
En reciente Sentencia T-009 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, por ejemplo, la Sala advirtió
que no obstante la afirmación de la entidad pensional demandada en el sentido que ya habían
reconocido los periodos cotizados en el exterior, la Corte encontró que “lo cierto es que éste aún no
percibe la prestación pensional a la cual tiene derecho”. Por ello, entró a resolver el asunto de fondo.
13
Ver, entre otras, sentencias T-533 de 2009. M.P. Humberto Sierra Porto; T-585 de 2010. M.P.
Humberto Sierra Porto; SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada;
14
“la superación del objeto atiende a la satisfacción espontánea de los derechos alegados en el escrito
de tutela, a partir de una decisión voluntaria y jurídicamente consciente del demandado; de forma que
nunca se estructurará esta figura procesal en aquellos eventos en los que tal satisfacción ha sido
producto del cumplimiento de una orden dispuesta en una instancia judicial previa, pues en ese caso
de lo que se trata no es de la superación del hecho vulnerador, sino de su salvaguarda por parte del
operador judicial que, en últimas, actuó en ejercicio de la jurisdicción para resolver el conflicto
constitucional integrado en la petición de amparo, susceptible de valoración integral por parte la
instancia posterior o en sede de revisión, según corresponda”. Sentencia T-216 de 2018. M.P. Diana
Fajardo Rivera. En un sentido similar, Sentencia T-403 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido. Aunque en
algunos fallos se ha sugerido que el hecho superado puede derivarse del cumplimiento de una
providencia judicial dictada en el mismo trámite de tutela o en otro proceso que impacta en la solicitud
original (Sentencia SU-124 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), siempre será preferible que la
entidad demandada corrija la violación a un derecho fundamental, de forma voluntaria y oportuna, sin
tener que esperar para ello a una orden judicial, en tanto el acatamiento de la Constitución y la ley es
un deber inmediato y universal para todos los residentes del territorio nacional (CP, Artículo 4).
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de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden para retrotraer la situación15. De ahí que el
daño consumado tenga un efecto simbólico más reprochable que el
hecho superado, en la medida en que en el primer caso la
accionada “lleva la situación a un límite extremo en que el
restablecimiento del derecho es imposible”16. Esta figura amerita
algunas precisiones adicionales: (i) si al interponer la acción de
tutela ya es claro que el daño se generó, el juez debe declarar
improcedente el mecanismo de amparo17; pero si el daño se
consuma durante el trámite judicial, bien sea en primera o en
segunda instancia o en sede de revisión, el juez puede proferir
órdenes adicionales tendientes a proteger la dimensión objetiva del
derecho, evitar repeticiones o identificar los responsables; (ii) el
daño causado debe ser irreversible, pues respecto a los daños que
son susceptibles de ser interrumpidos, retrotraídos o mitigados por
una orden judicial, no es dable decretar la carencia de objeto18. De
ahí que uno de los escenarios más comunes en los que se ha
invocado esta categoría ha sido cuando el peticionario fallece en el
trascurso de la tutela19.
43. Ahora bien, es posible que la muerte del accionante no sea
una consecuencia directa de la violación de derechos alegada en el
escrito de tutela y atribuible a la entidad demandada. La Sentencia
T-401 de 201820, por ejemplo, conoció una tutela formulada a
partir de la negativa de Colpensiones a reconocer una pensión de
invalidez. En el trámite de revisión, la Corte fue informada que el
accionante había fallecido, “circunstancia que no necesariamente
puede endilgarse a las actuaciones desplegadas por las entidades
demandadas” como un daño consumado; evidentemente, tampoco
era un hecho superado por cuanto la pretensión final del amparo
no fue satisfecha. En casos como este, la Corte ha recurrido a una
nueva categoría: la situación sobreviniente.
44. El hecho sobreviniente es un tercer tipo de
configuración de la carencia actual de objeto, diseñada para
cubrir escenarios que no encajan en las categorías
originales. Se trata de un concepto más reciente y más
15
Sentencia T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos.
16
Sentencia T-213 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
17
En virtud a lo estipulado en el artículo 6, numeral 4, del Decreto 2591 de 1991. Sentencia T-495 de
2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18
Sentencia SU-667 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández. Para un listado de los escenarios en los
que la jurisprudencia ha aplicado esta categoría ver Sentencia T-448 de 2004 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
19
Entre muchas otras, ver sentencias T-980 de 2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-165 de 2013. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva y T-027 de 2014. M.P. María Victoria Calle.
20
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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amplio, el cual fue propuesto por primera vez con la
Sentencia T-585 de 201021, en un caso originado por las
trabas administrativas impuestas por una EPS para impedir
la interrupción voluntaria del embarazo. En sede de
revisión, la Sala fue avisada que la accionante “no había
continuado con el embarazo”. No se trataba entonces de un
hecho superado, pues la pretensión de la actora de acceder
a una IVE dentro del sistema de salud en condiciones de
calidad fue rechazada, pero tampoco de un daño consumado
en vista de que el nacimiento tampoco se produjo. La Sala
Octava de Revisión explicó entonces que existen “otras
circunstancias” en las que la orden del juez resultaría inocua
dado que el accionante perdió “el interés en la satisfacción
de la pretensión solicitada o ésta fuera imposible de llevar a
cabo”22.
45. El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por
la Sala Plena23 como por las distintas Salas de Revisión24. Es
una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para
el concepto de carencia actual de objeto, pues por su
amplitud cobija casos que no se enmarcan en los conceptos
tradicionales de daño consumado y hecho superado. El
hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia
que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta
ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”25. No se trata
entonces de una categoría homogénea y completamente
delimitada. A manera de ilustración, la jurisprudencia ha
declarado un hecho sobreviniente cuando: (i) el actor
mismo es quien asume la carga que no le correspondía para
superar la situación vulneradora26; (ii) un tercero –distinto
al accionante y a la entidad demandada- ha logrado que la
21
M.P. Humberto Sierra Porto.
22
Sentencia T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto. En la misma dirección, la Sentencia T-841 de
2011 M.P. Humberto Sierra Porto, señala que “es posible que la carencia actual de objeto no se derive
de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de alguna otra circunstancia que
determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo
no surta ningún efecto”.
23
Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.
24
Ver, entre otras, T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas
Ríos; T-319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo; T-379 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-
009 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
25
Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
26
Por ejemplo, cuando es el afiliado quien, al evidenciar la excesiva demora en el suministro del
medicamento que solicitó vía tutela, decide asumir su costo y procurárselos por sus propios medios.
Sentencia T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos. Son también los casos en los que las accionantes,
ante las trabas y demoras injustificadas, deciden practicarse la interrupción voluntaria al embarazo, en
establecimientos particulares (Ver T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto y T-988 de 2007. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto)
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pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental27; (iii)
es imposible proferir alguna orden por razones que no son
atribuibles a la entidad demandada28; o (iv) el actor
simplemente pierde interés en el objeto original de la litis29.
46. En resumen, la carencia actual de objeto es un concepto
desarrollado jurisprudencialmente en respuesta a casos en los que,
por circunstancias acaecidas durante el trámite de la tutela, esta
ha perdido su sustento, así como su razón de ser como mecanismo
de protección inmediata y actual30. Ante tales escenarios, no se
justifica que el juez de tutela profiera órdenes inocuas o destinadas
a caer al vacío. Hasta el momento, la jurisprudencia ha formulado
tres categorías en las que estos casos podrían enmarcarse: hecho
superado, daño consumado y hecho sobreviniente.
[…]”31 (Negrilla fuera del texto).
En conclusión, no hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno en el
asunto sometido a consideración de la Sala, debido a una situación
sobreviniente que ha sido originada por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, lo que quiere decir que un tercero logró
que las pretensiones de la acción de tutela de la referencia se
27
En Sentencia T-025 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos, un inmigrante venezolano, portador de VIH,
solicitó a la Secretaría de Salud de Santa Marta entrega de unos medicamentos indispensables para el
tratamiento de su enfermedad. En el trascurso del proceso de tutela, el accionante logró regularizar su
situación en el país y acceder al régimen contributivo en salud. Fue entonces EPS Sanitas la que hizo
entrega de los medicamentos solicitados inicialmente en la tutela. Ver también T-152 de 2019. M.P.
José Fernando Reyes Cuartas.
28
Son casos relacionados, por lo general, con el fallecimiento del accionante. En Sentencia T-401 de
2018. M.P. José Antonio Lizarazo Ocampo, la Sala conoció una demanda para que se reconociera la
pensión de invalidez. Sin embargo, en sede de revisión se constató el fallecimiento del demandante,
“circunstancia que no necesariamente puede endilgarse a las actuaciones desplegadas por las entidades
demandadas, y que imposibilita conceder el amparo solicitado”. Ver también T-038 de 2019. M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.
29
En Sentencia T-200 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, la Sala evidenció que “como consecuencia del
trámite de su pensión de invalidez, desaparece el interés en lo pretendido mediante la tutela relativo a
que se ordene nuevamente su traslado como docente al municipio de Arjona o a uno cercano a la ciudad
de Cartagena, y por ende cualquier orden emitida en este sentido por la Corte caería al vacío”. Ver
también T-319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero.
30
Entre otras, sentencias T-308 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-170 de 2009. M.P. Humberto
Sierra Porto; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
31
Ibídem.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2023-01723-01
ACTOR: EDWIN RODRIGO PARDO MARCONI
satisfagan, razón por la que se declarará la carencia actual de objeto
por hecho sobreviniente del amparo solicitado, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia presentadas
por los señores FREDDY ALEXANDER NIÑO CORTES y JESSICA
TATIANA GÓMEZ MACIAS, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SOBREVINIENTE, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de junio de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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