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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01731-00

Fecha
17 de mayo de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01731-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE el amparo constitucional por no acreditarse el requisito de subsidiariedad con respecto a los cargos relacionados con las tasas de peaje del contrato de concesión discutido, los efectos de la sentencia C-200 de 2021 y la falta de entrega de facturas por parte del concesionario accionado. SEGUNDO: NIÉGASE el amparo de los derechos fundamentales invocados por la parte actora con respecto al cargo relacionado con presuntos excesos de la fuerza pública en las estaciones de peaje operadas en el marco del contrato de concesión cuestionado. TERCERO: AMPÁRASE el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia con respecto a la mora judicial injustificada del Tribunal Administrativo de Bolívar en el proceso de controversias contractuales con radicado No. 13001-23-33-000-2021- 00685-00. CUARTO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Bolívar que en un término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, resuelva con respecto a la admisión de la demanda de controversias contractuales en el proceso con radicado No. 13001-23-33-000-2021-00685-00. QUINTO: ACÉPTANSE las solicitudes de coadyuvancia de Rubén Darío Llanos Sarmiento, Manuel Batista Jinete y Óscar Sánchez Ávila. SEXTO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación elevadas por Procuraduría General de la Nación, el Congreso de la República, la Policía Nacional y la Agencia Nacional de Infraestructura. SÉPTIMO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01731-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

17 de mayo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01731-00
Accionantes: Nixon Torres Carcamo y otros
Se declara la improcedencia con respecto a tres cargos, se niega en relación con
uno y se concede el amparo en cuanto a otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01731-00
Accionantes: Nixon Torres Carcamo y otros
Accionados: Ministerio de Transporte y otros

Temas: Tutela por acción u omisión de autoridad pública / Subsidiariedad / Medio de control de
controversias contractuales / Mora judicial / Se declara la improcedencia con respecto a tres
cargos, se niega en relación con uno y se concede el amparo en cuanto a otro.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por Nixon
Torres Carcamo, Danilo Jesús Contreras Guzmán, Máximo Noriega Rodríguez, Luisa
Valle Benedetti, José Tuzano, Cristian Peña, María Angélica Pérez, María Elicena Pérez,
Karen Barbueri, Ana Lozano, Purificación Castro Lozano, Luis Gámez, Enrique Antonio
Padilla Castillo, Alexsander Campo Figueroa, Gustavo Castro Lozano, Johana de Jesús
Cogollo Palomino, Javier Santiago Polo Amaya, Gustavo Marrugo Parra, Balmer Sierra
García, Newin Torres Rodríguez, Julio Olmos y John Jairo Quintana Barrios1
presentaron acción de tutela contra: (i) Ministerio de Transporte, (ii) Ministerio de
Defensa Nacional, (iii) Policía Nacional, (iv) Ejército Nacional, (v) Concesionario
Autopistas del Caribe S.A.S., (vi) Agencia Nacional de Infraestructura, (vii) Congreso de
la República y (viii) Tribunal Administrativo de Bolívar.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y
en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

1 Entre los firmantes de la acción de tutela se encuentran otros cinco nombres ilegibles y sin número de cédula de

ciudadanía.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01731-00
Accionantes: Nixon Torres Carcamo y otros
Se declara la improcedencia con respecto a tres cargos, se niega en relación con
uno y se concede el amparo en cuanto a otro

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 10 de abril de 2023 Nixon Torres Carcamo, Danilo Jesús Contreras Guzmán,
Máximo Noriega Rodríguez, Luisa Valle Benedetti, José Tuzano, Cristian Peña, María
Angélica Pérez, María Elicena Pérez, Karen Barbueri, Ana Lozano, Purificación Castro
Lozano, Luis Gámez, Enrique Antonio Padilla Castillo, Alexsander Campo Figueroa,
Gustavo Castro Lozano, Johana de Jesús Cogollo Palomino, Javier Santiago Polo
Amaya, Gustavo Marrugo Parra, Balmer Sierra García, Newin Torres Rodríguez, Julio
Olmos y John Jairo Quintana Barrios interpusieron una acción de tutela para obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, trabajo y libre circulación por la indebida operación de peajes en los
departamentos de Bolívar y Atlántico, desarrollada con ocasión del contrato de
concesión bajo el esquema de APP No. 002 de 2021 suscrito entre la Agencia Nacional
de Infraestructura y Concesionario Autopistas del Caribe S.A.S.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se transcriben
textualmente:

<<7.1. Se tutele la protección de nuestros derechos fundamentales, como mecanismo
transitorio, mientras la jurisdicción contenciosa administrativa define de fondo la
demanda de nulidad absoluta presentada, donde incluso se solicita medida cautelar,
ordenando:

7.1.1. Que se suspenda el cobro de los peajes dentro del contrato No. 002 de septiembre
del 2021, principalmente el peaje de Turbaco, mientras se cumple con los parámetros
constitucionales de la sentencia C-200 del 2021.

7.1.2. Se ordene respetuosamente al despacho judicial que conoce de la demanda de
nulidad absoluta, le dé tramite inmediato, para que se genere el debate natural de si
tenemos la razón o no frente a la solitud de nulidad de este contrato.

7.1.3. Al Ministerio de Transporte y al Congreso de la República de Colombia, profieran
el marco tarifario donde se señale de qué forma y sobre qué consideraciones se crea la
tasa a cobrar por los distintos peajes en el país>>.

B. Hechos

3.- Los actores basaron su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

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Accionantes: Nixon Torres Carcamo y otros
Se declara la improcedencia con respecto a tres cargos, se niega en relación con
uno y se concede el amparo en cuanto a otro

3.1.- El 23 de junio de 2021 la Corte Constitucional profirió la sentencia C-200 de 2021,
en la cual declaró exequible la expresión <<o privadas>> contenida en el artículo 212 de
la Ley 105 de 1993 <<por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se
redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones>>.

3.2.- El 6 de septiembre de 2021 la Agencia Nacional de Infraestructura y Concesionario
Autopistas del Caribe S.A.S. suscribieron el contrato de concesión bajo el esquema de
APP No. 002 de 2021. El objeto del contrato corresponde a <<los estudios, diseños,
construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental del Proyecto
de Concesión Vial Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena – Barranquilla>>.
Con base en este contrato, Concesionario Autopistas del Caribe S.A.S. ha cobrado una
tarifa de peaje sin respaldo legal ni financiero y no ha entregado facturas a quienes
transitan por la zona de operación del contrato.

3.3.- El 4 de noviembre de 2021 Nixon Torres Carcamo y otros presentaron demanda
de controversias contractuales contra la Agencia Nacional de Infraestructura y
Concesionario Autopistas del Caribe S.A.S. en relación con el contrato de concesión
bajo el esquema de APP No. 002 de 2021, a la cual le correspondió el radicado No.
13001-23-33-000-2021-00685-00. El 8 de noviembre de 2021 el proceso entró al
despacho la magistrada Marcela de Jesús López Álvarez del Tribunal Administrativo de
Bolívar para resolver sobre su admisión; el 17 de noviembre de 2021 la parte
demandante presentó solicitud de impulso procesal, sin que a la fecha se haya proferido
auto admisorio de la demanda.

3.4.- En marzo de 2023 la fuerza pública intervino de manera desproporcionada en las
estaciones de peaje operadas por Concesionario Autopistas del Caribe S.A.S. para
obligar a los ciudadanos a pagar las tarifas previstas en el contrato de concesión bajo el
esquema de APP No. 002 de 2021.

2 <<Artículo 21. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, esta

contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional y además cobrará el uso de las obras de
infraestructura de transporte a los usuarios, buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.
Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la infraestructura nacional de
transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán exclusivamente para ese modo de transporte.
Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los usuarios accesoriamente a la
utilización de la infraestructura Nacional de Transporte, estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.
Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes principios: […]
c) El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su recaudo estará a cargo de las
entidades públicas o privadas, responsables de la prestación del servicio […]>> (negrilla fuera de texto).

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Accionantes: Nixon Torres Carcamo y otros
Se declara la improcedencia con respecto a tres cargos, se niega en relación con
uno y se concede el amparo en cuanto a otro

C. Fundamentos de la vulneración

4.- Los actores alegan que (i) las tasas de peaje cobradas con ocasión del contrato de
concesión bajo el esquema de APP No. 002 de 2021 suscrito entre la Agencia Nacional
de Infraestructura y Concesionario Autopistas del Caribe S.A.S. no tienen sustento legal
y no reflejan ninguna inversión que justifique su cobro. Además, precisan que las tasas
fueron creadas por el concesionario a través del contrato, lo cual es ilegal. Añaden que
(ii) el Ministerio de Transporte debió expedir un acto administrativo al respecto con
ocasión de la sentencia C-200 del 2021 de la Corte Constitucional.

5.- Consideran que (iii) el concesionario no está entregando facturas a los usuarios; que
(iv) se desplegó un operativo militar desproporcionado para obligar a los ciudadanos a
pagar el peaje; y (v) el Tribunal Administrativo de Bolívar se encuentra en mora de
resolver la demanda de controversias contractuales con radicado No. 13001-23-33-000-
2021-00685-00, en la cual se solicitó la nulidad del contrato de concesión bajo el
esquema de APP No. 002 de 2021.

D. Oposiciones e intervenciones

6.- La Dirección de Tránsito y Transporte Policía Nacional (accionada) señala que no
tiene competencia con respecto al cobro de peajes, pues en relación con los hechos
relatados su única función es apoyar la movilidad y prevenir la accidentalidad vial en las
vías nacionales. Solicita que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.

7.- La Policía Metropolitana de Cartagena de Indias (accionada) aduce que no se probó
que sus funcionarios hayan vulnerado los derechos fundamentales de los actores. Aclara
que su presencia en marzo de 2023 en los peajes de Turbaco, Marahuaco y
Pasacaballos obedeció a la orden de servicios No. 032 / SUBCO 38 como mecanismo
de seguridad preventivo para la atención de protestas en los peajes del área
metropolitana de Cartagena de Indias. Sostiene que esa orden de servicios fue expedida
por la Policía Nacional con base en una solicitud presentada por parte del Ministerio de
Transporte, <<con fundamento en la orden de normalización del cobro de los peajes de
Turbaco y Marahuaco>>. Aduce que durante los hechos hubo presencia de entes de
control como delegados de la Procuraduría General de la Nacional y la Defensoría del
Pueblo, entre otros, por lo que hubo <<acompañamiento integral a la población>>.
Añade que no existe legitimación en la causa por pasiva porque la Policía Nacional
ejerce una laboral estrictamente material, no jurídica.

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uno y se concede el amparo en cuanto a otro

8.- El Concesionario Autopistas del Caribe S.A.S. (accionado) y Menzel Rafael Amín
Avendaño (tercero con interés), representante legal de la primera3, solicitan que se
niegue el amparo solicitado. Sostienen que las tarifas aplicables al contrato de concesión
discutido se establecieron antes de su celebración, a través de un acto administrativo de
carácter general expedido por el Ministerio de Transporte: la Resolución
20213040028355 del 7 de julio de 2021. Aclaran que esa resolución no ha sido
demandada y que, además, los cargos dirigidos contra el contrato de concesión en
discusión deben ser resueltos por el juez natural de la causa, no por el juez de tutela.

8.1.- Consideran que el Tribunal Administrativo de Bolívar no ha incurrido en una mora
judicial injustificada con respecto al proceso de controversias contractuales con radicado
No. 13001-23-33-000-2021-00685-00, pues <<existen problemas estructurales que
generan una gran congestión judicial>>. Precisan que los actores no son sujetos de
especial protección constitucional y que no se acreditó un perjuicio irremediable.

8.2.- Aclaran que el concesionario entrega a los usuarios que pagan el peaje un
documento que reúne todos los requisitos establecidos en la Resolución de la DIAN 042
del 5 de mayo de 2020 y que legalmente se asimila a una factura. Recuerdan que en la
mencionada Resolución 20213040028355 del 7 de julio de 2021 se fijaron tarifas
diferenciales para los vehículos particulares que transiten frecuentemente por la estación
ubicada en Turbaco y que residan en ese municipio o en Arjona, lo cual demuestra que
los derechos de los actores no pudieron ser vulnerados.

9.- La Agencia Nacional de Infraestructura (accionada) sostiene que el contrato de
concesión No. 002 de 2021 fue precedido por un proceso de estructuración en el que se
hicieron socializaciones dentro del área de influencia del proyecto y se elaboraron
análisis sociales, económicos y financieros, de los cuales resultaron las tarifas pactadas
en el contrato discutido. Añade que a la finalización del contrato se revertirá al Estado
toda la infraestructura señalada en el apéndice técnico 1 del contrato, sin costo alguno,
con lo cual se generará otro beneficio adicional a la prestación del servicio público.

9.1.- Precisa que el proyecto previsto en el contrato de concesión No. 002 de 2021 tiene
nueve unidades funcionales, entre las cuales se encuentra la operación y mantenimiento
de la infraestructura revertida en el contrato de concesión No. 008 de 2007. En cuanto
al marco tarifario, aclara que no debe ser fijado por el Congreso de la República sino por
el Ministerio de Transporte, tal como señala el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 y el
artículo 6 del Decreto 087 de 2011. Cita la Resolución 20213040028355 del 7 de julio
de 2021, en virtud de la cual se fijó el esquema tarifario para el caso concreto.

3
En el escrito del informe se precisa lo siguiente: <<El informe se rinde en una doble condición: (i) a nombre propio,
en la medida que fui vinculado como tercero interesado y (ii) en representación de Autopista del Caribe S.A.S […] de
la cual soy representante legal […]>>.

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uno y se concede el amparo en cuanto a otro

9.2.- Considera que no se acreditó un riesgo inminente o perjuicio irremediable que
amerite la protección de los derechos fundamentales de los actores como mecanismo
transitorio. En consecuencia, solicita que se declare la improcedencia de la acción de
tutela por no acreditarse los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. En su defecto,
solicita que se niegue el amparo solicitado por no existir vulneración de derechos
fundamentales. También alega la falta de legitimación por pasiva.

10.- El Congreso de la República (accionado) sostiene que si los accionantes pretenden
que se profiera o modifique una ley, la acción de tutela es improcedente, pues cuentan
con la iniciativa popular para iniciar el trámite legislativo que conduzca a que la solicitada
norma sea proferida. En cualquier caso, señala que el competente para conocer las
pretensiones de la acción de tutela es el juez contencioso-administrativo, no el Congreso
de la República. Solicita ser <<excluido>> del proceso de tutela por no existir vulneración
de derechos fundamentales.

11.- La Procuraduría General de la Nación (tercero con interés) señala que carece de
legitimación en la causa por pasiva porque no es la entidad encargada de tramitar las
pretensiones alegadas en el escrito de tutela. Por otra parte, solicita que se le envíe
copia de la decisión proferida en este trámite de tutela en caso de ampararse los
derechos fundamentales alegados por los actores.

12.- El Tribunal Administrativo de Bolívar (accionado) envió copia del expediente del
proceso de controversias contractuales con radicado No. 13001-23-33-000-2021-00685-
00; sin embargo, no rindió informe.

13.- Rubén Darío Llanos Sarmiento4, Manuel Batista Jinete5 y Óscar Sánchez Ávila
presentaron escritos de coadyuvancia. Indican que la tarifa cobrada en los peajes
operados con ocasión del contrato de concesión bajo el esquema de APP No. 002 de
2021 no tiene fundamento normativo, es excesiva y nunca fue socializada con las
comunidades. Agregan que el mencionado contrato <<dividió en dos al municipio [de
Turbaco] y […] rompió la armonía social, cultural, económica y ambiental>>, de manera
que vulneró el principio de autonomía de entidades territoriales. Precisan que el contrato
en discusión se suscribió <<estando vigentes las obligaciones del contrato anterior
[Contrato No. 008 de 2007] (en materia de obras)>> y que, además, no se trata de un
verdadero contrato de concesión, pues financia obras futuras, no pasadas.

4 Si bien alega ser presidente del <<Comité No a los Peajes de Sabanagrande y Baranoa del Departamento del

Atlántico>>, no adjunta documentación que respalde su afirmación, de manera que el escrito de coadyuvancia se
entiende presentado en nombre propio.
5
Si bien alega ser integrante del Consejo Territorial de Planeación del Municipio de Turbaco, Bolívar, no adjunta
documentación que permita acreditar que está actuando en nombre de esa corporación, de manera que el escrito de
coadyuvancia se entiende presentado en nombre propio.

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uno y se concede el amparo en cuanto a otro

14.- Nixon Torres Carcamo, uno de los accionantes de este proceso de tutela, presentó
un escrito adicional. Aduce que ha habido noticias relacionadas con amenazas de
muerte que se han efectuado recientemente contra los dirigentes de la lucha contra los
peajes en Bolívar6. Agrega que el acta de reversión del Contrato No. 008 de 2007 fue
<<suscrita después de haber firmado el reemplazo de este contrato a través del contrato
No. 002 de septiembre del 2021>>, la cual no tiene <<anexado>>. Considera que, en
consecuencia, el contrato del 2021 no cumple con las características propias de una
alianza público-privada y <<no existe mejoramiento vial a cobrar>>.

15.- El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional
(accionados) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (interviniente), a
pesar de haber sido debidamente notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

16.- Antes de resolver, la Sala constata que en el trámite de la presente acción de tutela,
los señores Rubén Darío Llanos Sarmiento, Manuel Batista Jinete y Óscar Sánchez Ávila
presentaron un escrito de coadyuvancia.

16.1.- Frente a la coadyuvancia, la Corte Constitucional7 ha establecido:

<<La coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero
con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y
argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste
puede realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva
tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia>>.

16.2.- De conformidad con lo anterior, se dispondrá la aceptación de la coadyuvancia
referida anteriormente frente al escrito de tutela como terceros con interés en el
resultado del proceso.

17.- La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no acreditarse el
requisito de subsidiariedad con respecto a tres cargos: (i) las tasas de peaje cobradas
con ocasión del contrato de concesión en discusión no tienen sustento legal, no reflejan
ninguna inversión que justifique su cobro y fueron creadas por el concesionario a través
del contrato; (ii) el Ministerio de Transporte debió expedir un acto administrativo al

6
Entre otras, cita la siguiente noticia: Amenazan a 10 líderes sociales y políticos de Cartagena y Bolívar - Mundo
Noticias.
7 Corte Constitucional. Sentencia T-1062 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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uno y se concede el amparo en cuanto a otro

respecto con ocasión de la sentencia C-200 del 2021; y (iii) el concesionario no está
entregando facturas a los usuarios. Por otra parte, se negará la solicitud de amparo
relacionada con (iv) los presuntos excesos de la fuerza pública durante marzo de 2023.
Por último, se concederá el amparo en relación con (v) la mora judicial injustificada en
la que incurrió el Tribunal Administrativo de Bolívar.

18.- Los primeros tres cargos de la acción de tutela son asuntos pendientes de ser
resueltos en la demanda de controversias contractuales presentada bajo radicado No.
13001-23-33-000-2021-00685-00, que actualmente cursa en el Tribunal Administrativo
de Bolívar, por lo que no se encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad con
respecto a ellos y se debe declarar la improcedencia de la acción en ese sentido.
Además, no se aprecia la acreditación de un perjuicio irremediable que amerite la
intervención del juez de tutela como mecanismo transitorio de protección de derechos
fundamentales. Adicionalmente, en el marco del proceso de controversias contractuales
la parte actora puede solicitar las medidas cautelares que considere pertinentes en
cualquier estado del proceso de conformidad con el artículo 229 del CPACA.

18.1.- Con respecto al (i) primer cargo de la acción de tutela, relacionado con el sustento
de las tarifas cobradas con ocasión del contrato de concesión discutido, en la página 37
de la demanda de controversias contractuales se incluyó lo siguiente: <<[…] no
existiendo marco normativo, la ANI, no puede pretender […] imponer tarifas, como
TASA – TRIBUTARIA, sin que exista un regulación previa y que dicha tarifa salga,
como una imposición del privado, defendiendo su negocio particular y enriquecimiento a
costas del sujeto tributario, que es el que paga la tasa […]>> (negrilla fuera de texto). En
cualquier caso, se observa que el 7 de julio de 2021 el Ministerio de Transporte expidió
la Resolución 20213040028355 (antes de la firma del contrato concesión No. 002 del 6
de septiembre de 2021), relacionada con el régimen tarifario del contrato discutido8.

18.2.- En cuanto al (ii) segundo cargo, relacionado con la obligación del Ministerio de
Transporte de expedir un acto administrativo en relación con el contrato de concesión
discutido con ocasión de la sentencia C-200 del 2021, también se aprecia que este es
un cargo de la demanda de controversias contractuales presentada bajo radicado No.
13001-23-33-000-2021-00685-00. En efecto, en la página 12 de la demanda de
controversias contractuales se afirmó lo siguiente: <<La Corte Constitucional […]
profirió la sentencia C-200 del 2021, […] declarando la exequibilidad […] de la expresión
“o privadas” contenida en el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 […] Esto es muy

8 Allí se establecen, entre otros asuntos, <<tarifas a cobrar en la estación de peaje Arroyo de Piedra, tarifas […] en

las estaciones de peaje Turbaco, Galapa y Arroyo de Piedra, incremento de las tarifas en las estaciones de peajes
denominadas Gambote, Turbaco, Pasacaballos, Bayunca, Galapa y Sabanagrande, pertenecientes al Proyecto de
Asociación Público-Privada de iniciativa privada denominada “Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena –
Barranquilla” […]>>

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Se declara la improcedencia con respecto a tres cargos, se niega en relación con
uno y se concede el amparo en cuanto a otro

importante, en el proceso de la nueva APP, no se tuvo en cuenta las obligaciones de
la Ley 105 de 1993, en lo respecta a que la tarifa a cobrar, en el peaje, como un
tributo, debe estar antes de la firma del contrato, elaborado por la autoridad
competente>> (negrilla fuera de texto).

18.3.- En lo que respecta al reparo según el cual (iii) la concesionaria no está entregando
facturas a los usuarios, se considera que esta pretensión puede enmarcarse en un
posible incumplimiento del concesionario con respecto al contrato de concesión No. 002
de 2021, de manera que es competencia del juez natural del contrato, no del juez de
tutela. Además, como sucede con respecto a los otros dos cargos, la parte actora no
acreditó un perjuicio irremediable en sede de tutela. En efecto, se observa copia de la
boletería manual entregada por el concesionario a quienes transitan por el peaje de
Turbaco en dos documentos dentro del expediente de tutela: en la página 9 del escrito
presentado por la parte actora el 25 de abril de 2023 y en uno de los anexos al informe
del concesionario. Es decir, con base en estas pruebas documentales no se advierte
prima facie la ausencia de facturación alegada por la parte actora.

18.4.- En cualquier caso, se observa que estas tres primeras peticiones no son objeto
de tutela en la medida que involucran perjuicios que no son individuales ni se refieren a
derechos fundamentales.

19.- Sobre (iv) el supuesto operativo militar desproporcionado desplegado para obligar
a los ciudadanos a pagar el peaje, no se adjuntó ninguna prueba a este proceso de tutela
que acredite el indebido actuar de la fuerza pública. Por el contrario, solo se observan
fotos en las cuales la fuerza pública hace presencia en un peaje, así como algunos
videos en los que la policía esposa a algunos ciudadanos en el marco de lo que parece
ser una manifestación ciudadana9, sin que se aprecie un uso excesivo de la fuerza
pública.

20.- Además, en el informe presentado en este proceso de tutela, la Policía Nacional
acreditó que su presencia en marzo de 2023 en los peajes de Turbaco, Marahuaco y
Pasacaballos obedeció a la orden de servicios No. 032 / SUBCO 38 como mecanismo
de seguridad preventivo para la atención de protestas en los peajes del área
metropolitana de Cartagena de Indias. Allí también aclaró que esa orden de servicios
fue expedida por la Policía Nacional con base en una solicitud presentada por parte del
Ministerio de Transporte. Del análisis de la orden de servicios No. 032 / SUBCO 38 de
la Policía Nacional, lo relatado en su informe y las pruebas aportadas por la parte actora
en su escrito de tutela, no se aprecia la vulneración de derecho fundamental alguno, por
lo cual se negará el amparo solicitado.

9 Ver (10) Watch | Facebook y 5 detenidos por exigir sus derechos...... - ElJammal Portacio | Facebook.

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uno y se concede el amparo en cuanto a otro

21.- En cuanto a (v) la mora en la que habría incurrido el Tribunal Administrativo de
Bolívar en relación con el proceso de controversias contractuales con radicado No.
13001-23-33-000-2021-00685-00, una vez revisada la página web de consulta de
procesos de la rama judicial y el expediente allegado por el tribunal accionado, se
observa lo siguiente: (a) el 8 de noviembre de 2021 el expediente ingresó al despacho
de la magistrada Marcela de Jesús López Álvarez del Tribunal Administrativo de Bolívar;
(b) el 17 de noviembre del 2021 Nixon Torres Carcamo, demandante del proceso
ordinario y accionante de este proceso de tutela, presentó una solicitud de impulso
procesal; (c) a la fecha no se ha proferido el auto admisorio de la demanda; y (d) la
magistrada no realizó ninguna otra actuación posterior a la fecha en que el expediente
ingresó al despacho.

22.- En ese sentido, la Sala considera que le asiste razón al accionante cuando afirma
que ha transcurrido un tiempo excesivo para proferir el auto admisorio de la demanda
(un año y seis meses). Además, el tribunal accionado no rindió informe en el proceso de
tutela, en el cual pudo haber expuesto las razones que le han impedido adelantar la
actuación procesal mencionada. Así las cosas, amparará el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de la parte actora y ordenará al tribunal accionado
que en un término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de la presente
providencia, resuelva lo referente a la admisión de la demanda. El término transcurrido
no resulta razonable en relación con el objeto de la decisión que debe adoptarse, esto
es, resolver sobre la admisión de la demanda.

23.- En cuanto al argumento presentado por el actor Nixon Torres Carcamo en un escrito
adicional durante el trámite del proceso de tutela, según el cual existen amenazas de
muerte contra <<dirigentes de la lucha contra los peajes en Bolívar>>, se recuerda al
actor que puede presentar las respectivas denuncias ante las autoridades competentes
para la protección de la integridad de las personas que considere en peligro. Sin
embargo, con base en las pruebas aportadas a este proceso, no es posible identificar la
amenaza a derechos fundamentales de personas particulares que conduzca a un
eventual amparo en este sentido.

24.- Por último, se negarán las solicitudes de desvinculación elevadas por la
Procuraduría General de la Nación, el Congreso de la República, la Policía Nacional y
la Agencia Nacional de Infraestructura. Su vinculación al presente asunto se origina en
el interés que puedan tener en las resultas del trámite de la acción, puesto que las
pretensiones de la acción de tutela fueron dirigidas, entre otras, contra esas entidades.
Con independencia del mérito de sus pretensiones, un eventual amparo conduciría a
posibles órdenes que afectarían a esas entidades, de manera que su vinculación al
trámite de tutela es indispensable.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01731-00
Accionantes: Nixon Torres Carcamo y otros
Se declara la improcedencia con respecto a tres cargos, se niega en relación con
uno y se concede el amparo en cuanto a otro

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE el amparo constitucional por no acreditarse
el requisito de subsidiariedad con respecto a los cargos relacionados con las tasas de
peaje del contrato de concesión discutido, los efectos de la sentencia C-200 de 2021 y
la falta de entrega de facturas por parte del concesionario accionado.

SEGUNDO: NIÉGASE el amparo de los derechos fundamentales invocados por la parte
actora con respecto al cargo relacionado con presuntos excesos de la fuerza pública en
las estaciones de peaje operadas en el marco del contrato de concesión cuestionado.

TERCERO: AMPÁRASE el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia con respecto a la mora judicial injustificada del Tribunal Administrativo de Bolívar
en el proceso de controversias contractuales con radicado No. 13001-23-33-000-2021-
00685-00.

CUARTO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Bolívar que en un término de diez
(10) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, resuelva con
respecto a la admisión de la demanda de controversias contractuales en el proceso con
radicado No. 13001-23-33-000-2021-00685-00.

QUINTO: ACÉPTANSE las solicitudes de coadyuvancia de Rubén Darío Llanos
Sarmiento, Manuel Batista Jinete y Óscar Sánchez Ávila.

SEXTO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación elevadas por Procuraduría
General de la Nación, el Congreso de la República, la Policía Nacional y la Agencia
Nacional de Infraestructura.

SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

OCTAVO: Por Secretaría, PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de
esta Corporación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01731-00
Accionantes: Nixon Torres Carcamo y otros
Se declara la improcedencia con respecto a tres cargos, se niega en relación con
uno y se concede el amparo en cuanto a otro

NOVENO: Si la sentencia no fuera impugnada una vez ejecutoriado este fallo, por
Secretaría ENVÍESE el expediente de tutela a la Corte Constitucional.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

12

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