Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01744-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01744-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01744-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
3 de agosto de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01744-01
Demandante: Evaristo Manuel Archbold García
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01744-01
Demandante: EVARISTO MANUEL ARCHBOLD GARCÍA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra sentencia inhibitoria
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 23
de mayo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 10 de abril de 2023, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderado judicial,
Evaristo Manuel Archbold García pidió la protección de los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso.
A juicio del demandante, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 4
de agosto de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
que, en segunda instancia, se inhibió de pronunciarse frente a las pretensiones de la
demanda interpuesta por el señor Evaristo Manuel Archbold García contra el municipio
de Providencia y Santa Catalina Islas (expediente 88001-23-33-000-2016-00061-01).
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
[…] solicito al Juez Constitucional amparar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa,
acceso efectivo a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, vulnerados por la entidad
accionada y, en consecuencia, se revoque la sentencia de segunda instancia proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, para que en su lugar, se ordene a la accionada emitir
decisión de mérito frente a los planteamientos expuestos en el recurso de apelación presentado por
la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
Mediante acto administrativo del 9 de abril de 2008, la Personería Municipal de
Providencia y Santa Catalina sancionó al señor Archbold García con inhabilidad de 10
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Demandante: Evaristo Manuel Archbold García
años y destitución del cargo de técnico 1, grado 314, que ocupaba en la Alcaldía de
Providencia y Santa Catalina Islas. El demandante presuntamente falsificó una
certificación para demostrar que cumplió la comisión oficial de servicios concedida para
asistir a un festival en la isla de San Andrés el 19 de octubre de 2007 y, de este modo,
evitar que fueran descontados los viáticos pagados.
La sanción fue ejecutada mediante el Decreto 51 de 10 de abril de 2008, proferido por el
alcalde municipal de Providencia y Santa Catalina Islas.
El 3 de marzo de 2010, 1 año y 11 meses después de la destitución, el actor solicitó a la
Procuraduría General de la Nación la revocatoria directa del acto sancionatorio del 9 de
abril de 2008.
Por acto del 14 de julio de 2014, esto es, 4 años después, la Procuraduría General de la
Nación revocó la sanción y, en su lugar, declaró la prescripción de la conducta.
El 9 de marzo de 2016, Evaristo Manuel Archbold García solicitó al municipio de
Providencia y Santa Catalina Islas el reintegro al cargo que ocupaba y el pago de los
salarios y demás emolumentos dejados de devengar desde la desvinculación laboral.
Por oficio DN-125-2016 de 4 de abril de 2016, el alcalde municipal de Providencia y Santa
Catalina denegó la solicitud del señor Archbold García, por cuanto la decisión de
revocación directa no incluyó el acto de ejecución de la sanción, no ordenó el reintegro
al servicio y pago de emolumentos dejados de percibir, tuvo efectos a futuro y no revivió
el término para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para efecto de
demandar la nulidad del acto sancionatorio.
3.2. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
El señor Archbold García interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el oficio DN-125-2016 de 4 de abril de 2016, pues, a su juicio, la sanción de
destitución no quedó en firme, por razón de la solicitud de revocatoria directa formulada
ante la Procuraduría General de la Nación.
Subsidiariamente, la parte actora formuló pretensión de reparación directa, en el sentido
de declarar la responsabilidad derivada de los perjuicios de la ejecución de las sanciones
de destitución e inhabilidad.
Por sentencia del 28 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina adecuó el asunto al medio de control de reparación directa
y declaró patrimonialmente responsable al municipio de Providencia y Santa Catalina por
los daños ocasionados al actor con la sanción impuesta el 9 de abril de 2008. En síntesis,
el tribunal consideró que hubo daño antijurídico, toda vez que la Procuraduría General
de la Nación revocó la sanción disciplinaria impuesta al demandante y quedó en
evidencia que la Personería de Providencia y Santa Catalina «generó un daño resarcible
a la parte demandante el cual debe ser indemnizado».
El municipio de Providencia y Santa Catalina Islas apeló la sentencia del 28 de
septiembre de 2017. En síntesis, adujo lo siguiente:
(i) Que operó la caducidad del medio de control con respecto al acto que revocó
directamente la sanción disciplinaria, pues, en los casos en los que se
pretende la indemnización de perjuicios derivados de la expedición de un acto
administrativo revocado directamente, el medio de control procedente es el de
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reparación directa, pero el término de caducidad no será de 2 años, sino de 4
meses, contados a partir del acto administrativo que originó el daño
antijurídico.
(ii) Que los precedentes aplicados en primera instancia no resultan pertinentes,
toda vez que el demandante fue negligente en el ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho y el acto sancionatorio no fue
revocado por el propio municipio.
(iii) Que el municipio carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto el
daño endilgado fue causado por la Personería Municipal.
(iv) Que hubo culpa exclusiva de la víctima, porque en versión libre el demandante
reconoció la falta disciplinaria y no recurrió el acto sancionatorio.
(v) Que no fueron acreditados los perjuicios morales.
(vi) Que el acto de revocatoria directa fue expedido con falta de competencia
temporal, por fuera de los 3 meses previstos en el artículo 125 de la Ley 734
de 2002.
Mediante sentencia del 4 de agosto de 2022 (notificada el 30 de septiembre de 2022)1,
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, se abstuvo de emitir pronunciamiento de fondo, por encontrar
acreditada la ineptitud sustantiva de la demanda.
En síntesis, la autoridad judicial demandada explicó que, de conformidad con el artículo
127 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), la revocatoria directa no revive el
término con el que el demandante contaba para cuestionar en sede administrativa y
judicial el acto sancionatorio del 9 de abril de 2008.
4. Fundamentos de la acción de tutela
Preliminarmente, la parte actora adujo que la tutela cumple los requisitos generales de
procedibilidad. Que el asunto tiene relevancia constitucional, por evidenciarse la
vulneración de derechos fundamentales. Que fueron agotados los recursos disponibles
en el proceso ordinario. Que existe inmediatez, por cuanto no transcurrieron más de seis
meses entre la notificación de la providencia cuestionada y la presentación de la
demanda de tutela. Que fueron debidamente identificados los motivos de la vulneración.
Que no se trata de una tutela contra otra sentencia de tutela.
En cuanto al fondo del asunto, la parte demandante adujo que la sentencia del 4 de
agosto de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
incurrió en defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, toda vez que no
resolvió de fondo el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Providencia y
Santa Catalina Islas.
Afirmó que las decisiones inhibitorias son esencialmente excepcionales, por cuanto el
juez tiene la obligación de procurar decisiones de fondo. Que, por apegarse de manera
estricta al procedimiento, la autoridad judicial demandada omite decidir de fondo del
asunto.
Sostuvo que, «de manera incongruente», la sentencia atacada decide sobre la
procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando lo cierto es
que en primera instancia habían sido desestimadas las pretensiones sustentadas en
dicho mecanismo y la decisión se basó en los presupuestos de la acción de reparación
1 Para efectos de la oportunidad en la presentación de la acción de tutela, conviene advertir que entre el 1° y el 9 de
abril de 2023 estaban cerrados los despachos judiciales, por vacancia de Semana Santa.
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directa. Resaltó que lo cierto es que el recurso de apelación no trató sobre el mecanismo
procedente.
Indicó que la jurisprudencia ha sido clara en señalar que la competencia del juez de
segunda instancia está delimitada a los estrictos términos del recurso de apelación. Que,
no obstante, la providencia cuestionada introduce nuevos debates y decide por fuera de
lo alegado en el recurso de apelación.
5. Intervenciones
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, manifestó que atendría a lo
decidido por el juez de tutela y que la sentencia cuestionada da cuenta sobre los motivos
que sustentaron la decisión inhibitoria.
La Procuraduría General de la Nación adujo que la providencia cuestionada está
debidamente justificada y que la parte actora utiliza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario.
El alcalde y el personero del municipio de Providencia y Santa Catalina Isla no
rindieron informe, pese a que fueron notificados de la admisión de la tutela de la
referencia, mediante correos electrónicos del 14 de abril de 2023.
6. Sentencia impugnada
Mediante sentencia del 23 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, declaró improcedente la tutela de la referencia, por no estar cumplido el
requisito de subsidiariedad, por cuanto el demandante cuenta con el recurso
extraordinario de revisión. Dijo que la discusión propuesta en la demanda de tutela es
sobre la supuesta vulneración del principio de congruencia y que ese tema ha sido objeto
de conocimiento en el trámite del recurso extraordinario de revisión 2, bajo la causal de
nulidad originada en la sentencia.
Agregó que, en todo caso, no está acreditada la existencia de perjuicio irremediable, que
habilitaría la intervención inmediata del juez de tutela.
7. Impugnación
La parte actora impugnó la sentencia del 23 de mayo de 2023, pues, a su juicio, sí está
cumplido el requisito de subsidiariedad. Explicó que «el objeto del amparo no es debatir
la congruencia o incongruencia del fallo de segunda instancia», sino obtener una decisión
de fondo.
Alegó que «el A quo no efectuó el análisis integral de los argumentos expuestos en la tutela,
dado que lo que allí se dijo fue, que el juez de segunda instancia al interior del proceso ordinario,
basó su decisión de inhibirse en que no era posible declarar la nulidad y el restablecimiento del
derecho, aspecto que fue debatido y decidido por el Tribunal Administrativo de San Andrés y
Providencia, negando precisamente tales pretensiones, y que por tal razón, debió centrar su
decisión en el punto relacionado con la acción subsidiaria de reparación directa, en la que se
concedieron las pretensiones a mi representado, constituyéndose así en un defecto
procedimental y no en un defecto de interpretación que conlleve a una incongruencia».
Aseguró, además, que sí puede derivarse un perjuicio irremediable del hecho de no
decidirse de fondo el recurso de apelación propuesto en el proceso ordinario y agregó
2 Sentencia del 2 de febrero de 2016, expediente 11001-03-15-000-2015-02342-00.
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que, en todo caso, el recurso extraordinario de revisión no es un medio eficaz, por el
tiempo que puede demorarse.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Evaristo
Manuel Archbold contra la sentencia del 4 de agosto de 2022, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, que revocó la decisión de primera instancia y,
en su lugar, se abstuvo de emitir pronunciamiento de fondo, por encontrar acreditada la
ineptitud sustantiva de la demanda.
La Sala anticipa que la tutela sí cumple los requisitos generales de procedibilidad. Sin
embargo, al hacer el estudio de fondo, se encuentra que el fallo inhibitorio está
debidamente justificado y no se configura el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto. En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, se
denegarán las pretensiones.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de requisitos
generales de procedibilidad, (iii) el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y,
(iv) el análisis del caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de requisitos generales de procedibilidad
La Sala estima cumplido el requisito de relevancia constitucional, toda vez que el
actor alega que la decisión inhibitoria se adoptó de manera injustificada y que, por lo
tanto, habría vulnerado el derecho de acceso a la administración de justicia. Además, no
se advierte el uso de la acción de tutela como instancia adicional, pues el fallo inhibitorio
se adoptó en segunda instancia y el actor no tuvo otra oportunidad para cuestionarlo.
La subsidiariedad también se encuentra acreditada, pues la discusión principal no es
sobre el principio de congruencia, como lo estimó el a quo, sino sobre la supuesta
improcedencia de la decisión inhibitoria, que necesariamente implica que no sean
decididos los argumentos de fondo expuestos en el proceso ordinario.
3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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De hecho, la propia Corte Constitucional ha conocido y decidido tutelas en casos
asociados a sentencias inhibitorias y no ha estimado la procedencia del recurso
extraordinario de revisión. Entre otras, pueden consultarse las sentencias C-666 de
1996, T-1017 de 1999, T-134 de 2004, T-713 de 2013 y T-031 de 2018.
También está cumplido el requisito de inmediatez, toda vez que, de conformidad con la
consulta realizada en el sistema Samai, la sentencia cuestionada fue notificada el 30 de
septiembre de 2022 y la demanda de tutela fue radicada el 10 de abril de 2023, esto es,
en los 6 meses señalados por la Sala Plena del Consejo de Estado5. Debe precisarse
que los 6 meses fenecieron el 1° de abril de 2023 (sábado previo a vacancia de semana
santa) y que, por ende, el vencimiento se extendió hasta el 10 de abril de 2023 (primer
día hábil posterior a la vacancia de semana santa).
Por lo demás, la demanda de tutela está debidamente sustentada y no está dirigida
contra sentencias de tutela.
4. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto ocurre cuando el funcionario
judicial, por un apego extremo y una aplicación mecánica de las formas, renuncia
conscientemente a la verdad jurídica objetiva y desconoce los principios de justicia
material y de prevalencia del derecho sustancial. Al respecto, en sentencias SU-565 de
2015; SU-636 de 2015, T-031 de 2016 y SU-355 de 2017, la Corte Constitucional
identificó los supuestos en que ocurre el exceso ritual, así: «(i) aplicar disposiciones
procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso
concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva y que en
determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las
partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii) incurrir en un
rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas».
5. Análisis del caso concreto
La Sala comienza por precisar que la sentencia del 4 de agosto de 2022, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sustentó la inhibición por ineptitud
sustantiva de la demanda, en la aplicación del artículo 127 del Código Disciplinario Único
(Ley 734 de 2002) y concluyó que, en materia disciplinaria, la revocatoria directa tiene
efectos a futuro y no revive los términos para cuestionar el acto sancionatorio.
Textualmente, la sentencia cuestionada señala lo siguiente:
[…] el Código Disciplinario Único (CDU) es norma especial en atención a la materia específica que
regula, por lo que se aplica de preferencia frente al CPACA. La especialidad no solo emana del
mandato de la Ley 57 de 1887 (artículo 5°, numeral 1), según el cual «La disposición relativa a un
asunto especial prefiere a la que tenga carácter general», sino que se expresa en el artículo 21 del
mismo Código, al señalar que «En lo no previsto en esta ley [734 de 2002] se aplicarán […] lo
dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo, […]» y, bajo esta perspectiva, observa la Sala
que los efectos de la revocación de las sanciones disciplinarias encuentran regulación propia y
especial en este régimen disciplinario, de modo que no resulta necesario acudir al CPACA.
[…]
Ahora bien, la prohibición legal de revivir los términos para el ejercicio de las «acciones»
contencioso-administrativas por la revocación directa de la sanción disciplinaria, implica que el
interesado los tuvo, pero los desaprovechó, dejó precluir la oportunidad legal para reclamar, por tanto,
su inacción o dejadez no debe traducirse en fuente de responsabilidad contra el Estado.
[…]
5 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Exp. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Así las cosas, una interpretación lógica, sistemática y finalista del ordenamiento jurídico contencioso-
administrativo da cuenta de que, en materia disciplinaria, la caducidad del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho no abre paso al de reparación directa, por mucho que medie
revocación directa de la sanción, afirmación que se corrobora con el claro mandato de que «Ni la
petición de revocatoria de un fallo, ni la decisión que la resuelve revivirán los términos legales para
el ejercicio de las acciones contencioso-administrativas», que el legislador tuvo a bien establecer
expresamente en el mencionado artículo 127 de la Ley 734 de 2002.
Además, la autoridad judicial demandada hizo un análisis de la actividad del señor
Archbold García y advirtió que fue negligente, por cuanto no apeló el acto sancionatorio
del 9 de abril de 2008, permitió que ocurriera la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y, después de 1 año y 11 meses de guardar silencio,
formuló una solicitud de revocatoria directa.
A juicio de la Sala, no se configura el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, toda vez que el fallo inhibitorio se encuentra justificado. Como se vio, la
inhibición no es caprichosa, sino que obedece a la aplicación del artículo 127 del
Código Disciplinario Único y a la evaluación de la conducta asumida por el demandante
frente al acto que lo sancionó con destitución e inhabilidad de 10 años.
No se advierte que la interpretación de las normas procesales haya sido de excesivo
rigor, pues el artículo 127 del Código Disciplinario Único señala que «ni la petición de
revocatoria de un fallo, ni la decisión que la resuelve revivirán los términos legales para el
ejercicio de las acciones contencioso-administrativas».
Si bien los ciudadanos tienen el derecho a obtener decisiones de fondo frente a las
controversias que promueven, lo cierto es que no se trata de un derecho absoluto, por
cuanto, en todo caso, existen exigencias procesales que son de orden público. En
ultimas, existe una exigencia de diligencia en el ejercicio del derecho de acción, de
modo que las controversias no queden en suspenso indefinido y se garantice la
seguridad jurídica.
En este caso, como bien lo advirtió la sentencia cuestionada, el demandante no fue
diligente en el ejercicio del derecho de acción, toda vez que no cuestionó
oportunamente el acto sancionatorio. Se reitera, el actor no formuló recursos en sede
administrativa y mucho menos ejerció la acción de nulidad de restablecimiento del
derecho, que era el medio idóneo para decidir sobre la legalidad de la sanción.
En este punto, conviene precisar que la Corte Constitucional, en sentencia SU-238 de
2019, precisó que «la jurisprudencia constitucional también ha concluido que una autoridad
judicial puede incurrir en un error procedimental por exceso ritual manifiesto cuando profiere,
de manera injustificada, un fallo inhibitorio».
Sin embargo, en este caso, la autoridad judicial demandada sustentó debidamente la
decisión y no ocurre la aplicación irreflexiva de normas procesales, la exigencia de
requisitos meramente formales o algún rigorismo excesivo en la apreciación de las
pruebas. Por lo tanto, no se configura el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto.
Siendo así, como se anunció, la Sala revocará la sentencia impugnada (que declaró la
improcedencia) y, en su lugar, se denegarán las pretensiones de la tutela de la
referencia.
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Demandante: Evaristo Manuel Archbold García
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada. En su lugar, denegar las pretensiones de la
acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Los
8
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