Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01766-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01766-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01766-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
18 de mayo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01766-00
Demandante: Inés Mercedes Vence de Barros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01766-00
Demandante: INÉS MERCEDES VENCE DE BARROS
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Derecho a la salud.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Inés Mercedes Vence
de Barros contra la Presidencia de la República, la Superintendencia Nacional de
Salud, la EPS Sanitas y la IPS Clínica Santa María del Caribe S.A.S., de
conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La señora Inés Mercedes Vence de Barros interpuso acción de tutela contra la
Presidencia de la República, la Superintendencia Nacional de Salud, la EPS Sanitas
y la clínica Santa María del Caribe S.A.S., por considerar vulnerados los derechos
fundamentales a la salud, vida, dignidad humana, igualdad y el principio de
solidaridad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO pretendo con esta acción de tutela como CON MEDIDA CAUTERALURGENTE Y
mecanismo definitivo y excepcional para evitar un perjuicio irremediables como es mi vida,
para que el juez constitucional me garantice mis derechos fundamentales, a la salud, a la
vida, a la dignidad humana, al principio de solidaridad, a la igualdad a una tutela judicial
efectiva a los precedente de la cortes constitucional y ordene al el presidente de Colombia,
cumplir sus funciones conforme al numeral 22. Ejercer la inspección y vigilancia de la
prestación de los servicios públicos., el ministerio de protección social y de salud, la
superintendencia de salud, ordene a la empresa prestadora de salud sanita, a la clínica
Santamaria, al doctor cesar julio Fernández, a realizar en el término de la distancia la cirugía
plástica del tumor en el parpado inferior de mi ojo y así evitar que lo pierda y mi vida por falta
de tratamiento a tiempo (…).
SEGUNDO que el presidente de Colombia conforme a sus funciones ordene a la empresa de
salud sanitas y a la clínica santa maría del caribe ordenar de forma inmediata la realización
de la cirugía para salvar a mi ojo.
TERCERO que el ministro de salud y el superintendente de salud conforme a sus funciones
ordenar de forma inmediata la realización de la cirugía para serval a mi ojo Cuarto que el juez
constitucional resuelva de fondo la acción de tutela conforme a los principios DE
OFICIOSIDAD y de informalidad.”
.”
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Demandante: Inés Mercedes Vence de Barros
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
La señora Inés Mercedes Vence de Barros tiene 74 años de edad. Se encuentra
afiliada en el régimen contributivo de la EPS SANITAS SAS desde el 1 de febrero
de 2022.
Según la historia clínica, el 21 de septiembre de 2022, la señora Vence de Barros
fue valorada en la Clínica Santa María del Caribe S.A.S., por el cirujano plástico,
doctor César Julio Fernández Rojas, quien diagnosticó: “PACIENTE QUE PRESENTA
TUMOR EN PARPADO INFERIOR QUE DEBE SER RESECADO Y RECONSTRUIDO
CON COLGAJOS PEDICULADOS EN NUMERO DE TRES COLGAJOS, SE LE INFORMA
A LA HIJA DE LA POSIBILIDAD DE UN ELECTROPION QUIEN MANIFIESTA QUE SI QUE
SE OPERE, DA PASO PARA EL ACTO QUIRURGICO”.
El 11 de enero de 2023, la señora Vence de Barros fue valorada por anestesiología
de la misma IPS, en la cual se indicó:
“FEMENINA DE 74 AÑOS PROGRAMADA RA RESECCIÓN MASA PARPADO
INFERIOR D
(…)
RIPS
Finalidad de la consulta: 07 – Detección de alteraciones del adulto
Tipo de diagnóstico principal: 3 – confirmado repetido
Causa externa: 13 – Enfermedad general
Diagnóstico principal: C698 – LESIÓN DE SITIOS CONTIGUOS DEL OJO
Y SUS ANEXOS
Análisis y plan: PROGRAMAR CX AYUNO 8HS”
La actora asegura que, desde hace más de cinco meses, ha solicitado a la IPS
Santa María del Caribe S.A.S. que autorice la cirugía para retirar el tumor. Sin
embargo, la respuesta de la IPS “(…) siempre manifiestan que el cirujano plástico,
atiende solo una vez al mes y la lista de espera es con el medico es larga (…)”, por
lo tanto, la accionante se encuentra en lista de espera, lo que ha puesto en riesgo
sus derechos fundamentales invocados.
Además, afirmó que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, no le han
programado la cirugía, pese a que el médico tratante “(…) me manifestó que era de
urgencia esa cirugía por lo delicado que esta el tumor y la ubicación (…)”. Que
incluso ha acudido por urgencias a la IPS para recibir la atención médica requerida
y tampoco la atienden.
Indicó que, el Presidente de la República tiene la responsabilidad de proteger los
derechos de la persona y ordenar a la EPS y a la Clínica Santamaria del Caribe
S.A.S., que le realicen la cirugía de forma inmediata.
3. Trámite Previo
La acción de tutela fue asignada por reparto al Juzgado Cuarto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que en Auto del 10 de abril de 2023,
declaró su falta de competencia para conocer el recurso de amparo y ordenó
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remitirlo a la oficina de reparto para que fuera abonada y tramitada ante el Consejo
de Estado.
En auto del 28 de abril de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela
de la referencia, ordenó notificar a las partes y publicar en la página web del Consejo
de Estado el proveído para el conocimiento de los terceros interesados, y negó la
medida cautelar solicitada.
4. Oposición
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República pidió que se
declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no ha cometido
ninguna omisión que permita al accionante reclamarle la tutela de sus derechos
fundamentales.
Indicó que no es la autoridad competente para emitir algún tipo de autorización
médica que le permita acceder a los insumos y al tratamiento médico que reclama
la actora. Que, en el caso referido, es la aseguradora quien debe dar las respectivas
autorizaciones y, ante inconformidades, por actuaciones desplegadas por las
mismas, es la Superintendencia Nacional de Salud la encargada de supervisar
inspeccionar y controlar las irregularidades narradas sobre estos actores.
Aseguró que, el Área de Correspondencia de la Presidencia de la República verificó
su sistema de gestión documental y emitió la CERT23-001565 / GFPU 13081012
del 05 de mayo de 2023, donde certificó que, a la fecha, no se ha recibido ninguna
comunicación de parte del accionante.
La Superintendencia Nacional de Salud solicitó que se le desvinculara del trámite
de la presente acción de tutela, porque carece de legitimación en la causa por
pasiva.
Lo anterior teniendo en cuenta que, la violación de los derechos que se alegan como
conculcados, no deviene de una acción u omisión atribuible a esa entidad, pues de
los hechos narrados, se desprende que el accionante requiere servicios médicos
que son negados por trabas administrativas presentadas por la EPS, quien es la
llamada a responder de fondo dentro del presente asunto.
Señaló que, dentro de las funciones que tiene asignadas no está el aseguramiento
de los usuarios del sistema, ni tiene la facultad de prestar servicios de salud, toda
vez que la prestación de los servicios de salud está en cabeza de las EPS, aclarando
que no es su superior jerárquico.
Precisó que, ejerce funciones de inspección, vigilancia y control, y efectúa las
averiguaciones con el fin de sancionar los incumplimientos de las vigiladas,
mediante el agotamiento de un proceso administrativo.
La Clínica Santa María del Caribe S.A.S. pidió que se nieguen las pretensiones
de la acción de tutela de la referencia, porque no hay vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la actora.
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Aseguró que, atendió a lo requerido por la accionante y programó consulta externa
de cirugía plástica para la actora, con el fin que se haga revaloración de la patología
que padece y definir conducta a seguir.
Relató que, "(…) cumplió con la autorización de la orden de la programación por
consulta externa con el médico especialista en cirugía plástica CESAR JULIO
FERNANDEZ ROJAS con vinculo contractual en la entidad, el día miércoles 10 de
mayo de 2023 a las 6:00 pm (…)”
La EPS Sanitas S.A.S. solicitó que despache desfavorablemente la acción de
tutela, porque no ha vulnerado los derechos fundamentales deprecados por la
actora. De manera subsidiaria, pidió que, en caso de que se acceda a las
pretensiones del recurso de amparo, se tenga en cuenta lo siguiente:
“SEGUNDA: Que el fallo se delimite en cuanto a la patología objeto de amparo, que en
el presente trámite constitucional es la que dio origen a la acción de tutela,
estableciéndose que las prestaciones de las tecnologías en salud proceden siempre y
cuando se cuente con orden y/o justificación de los médicos tratantes adscritos a EPS
Sanitas S.A.S., y los mismos sean proporcionadas en instituciones adscritas a la red de
prestadores.
TERCERA: Por último, que se ordene de manera expresa a la ADMINISTRADORA DE
LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
(ADRES) que reintegre a esta Entidad en un término perentorio, el 100% de los costos
de los servicios y tecnologías en Salud NO PBS que en virtud de la orden de tutela se
suministre a la accionante.”
Aseguró que, la EPS le ha brindado a la actora todas y cada una de las prestaciones
médico - asistenciales que ha requerido debido a su estado de salud, lo cual ha
efectuado a través de un equipo multidisciplinario, y acorde con las respectivas
órdenes médicas emitidas por los médicos tratantes.
Que, a la fecha se está dando cumplimiento a la autorización de las órdenes
medicas vigentes, radicadas por la usuaria o familia, a través del canal virtual o
presencial establecidos.
Frente a la cirugía que requiere la actora, señaló “(…) respecto del procedimiento
de RESECCIÓN DE TUMOR EN PÁRPADO INFERIOR, es preciso tener en cuenta
que la usuaria no allega prueba siquiera sumaria como lo es una orden medica que
permita constatar la prescripción por parte de un galeno tratante adscrito a EPS
SANITAS SAS, por lo que no resulta posible autorizar dicho procedimiento médico.”
Indicó que, con el fin de que el médico tratante, bajo su autonomía determine el
tratamiento a seguir, adelantan gestiones con el área de servicios médicos para
valoración por cirugía plásticas y reconstructiva.
Aseveró que, la EPS suministra los servicios de salud que requieren los pacientes
por medio de IPS, que hacen parte de su red de prestadores, las cuales cuentan
con autonomía e independencia, y son estas quienes manejan y disponen de la
agenda y por ende programación de las consultas e intervenciones quirúrgicas, no
teniendo está Compañía ninguna injerencia, más allá de la labor de auditoría que
se ejerce.
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Demandante: Inés Mercedes Vence de Barros
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
La señora Inés Mercedes Vence de Barros promovió la presente acción de tutela
contra la Presidencia de la República, la Superintendencia Nacional de Salud, la
EPS Sanitas y la IPS Clínica Santa María del Caribe S.A.S., con el fin de que se les
ordene autorizar y practicar cirugía de resección de tumor en párpado inferior
derecho.
Mediante Auto del 10 de abril de 2023, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá declaró su falta de competencia para conocer la
acción de tutela de la referencia y ordenó remitirla a la oficina de reparto para que
fuera abonada y tramitada ante el Consejo de Estado, por invocarse la vulneración
de los derechos fundamentales por parte de la Presidencia de la República.
Si bien en el escrito de tutela se alude al señor presidente de la República, este no
tiene incidencia en la prestación de servicios de salud ni en la autorización de
procedimientos quirúrgicos, omisión de la cual se predica la vulneración de los
derechos fundamentales deprecados por la actora.
El parágrafo primero del artículo 1 del Decreto 333 de 2021, prevé que “si conforme
a los hechos descritos en la solicitud de tutela el juez no es el competente según lo
dispuesto en el artículo
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=530437 del
Decreto 2591 de 1991, este deberá enviarla al juez que lo sea a más tardar al día
siguiente de su recibo, previa comunicación a los interesados.”
En esa medida, correspondería a los jueces del circuito conocer la presente acción
de tutela. Sin embargo, por circunstancias excepcionales se puede inaplicar la
anterior disposición, cuando de por medio está la garantía de derechos
fundamentales como la vida, la salud y la integridad personal, e incluso, cuando
éstos por las circunstancias del caso en concreto pueden verse seriamente
afectados de remitirse el asunto al juez competente, en lugar de decidirse de
manera inmediata la controversia planteada.
En el presente caso, la acción de tutela se interpone para garantizar la protección
de una persona de 74 años, cuyo estado de salud es delicado, y respecto del cual
están en discusión algunos servicios médicos que reclama por vía de la acción de
tutela.
Estima la Sala que en atención a las particulares condiciones en que se encuentra
la persona en favor de quien se interpone la acción de tutela, se asumirá el
conocimiento del asunto, en atención al carácter informal y expedito de este medio
de defensa judicial, el ejercicio material del derecho al acceso a la administración
de justicia, el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, y la
primacía de los derechos fundamentales que presuntamente han sido vulnerados,
que en el caso de autos están en cabeza de una persona de la tercera edad cuyo
estado de salud está seriamente comprometido, y por ende que requiere un
pronunciamiento expedido frente a su situación.
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Demandante: Inés Mercedes Vence de Barros
1. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
2. Problema jurídico
Del escrito de tutela y los informes rendidos por las autoridades accionadas, a la
Sala le corresponde determinar si: (i) la Presidencia de la República y la
Superintendencia Nacional de Salud se encuentran legitimadas en la causa por
pasiva dentro de la presente acción de tutela y si les asiste alguna responsabilidad
frente a los hechos invocados por la actora; y, (ii) la EPS Sanitas S.A.S. y la IPS
Clínica Santa María del Caribe S.A.S. han vulnerado los derechos deprecados por
la señora Vence de Barros, al no haber autorizado y practicado la cirugía dispuesta
por el médico tratante.
3. Solución a los problemas jurídicos planteados
Legitimación en la causa por pasiva
La jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional ha indicado que, en el trámite
de las acciones de tutela, la legitimación pasiva hace referencia a la aptitud legal de
la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental 1.
En ese orden, se ha previsto que, la legitimación exige acreditar dos requisitos, que
se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo y, por otra,
que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda
vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión 2.
Como se indicó en el presente caso, la parte actora acudió a la presente acción de
tutela con el fin de que se le ordene a la EPS Sanitas y la IPS Clínica Santa María
del Caribe S.A.S. autorizar y practicar la cirugía denominada resección de tumor en
párpado inferior derecho.
Del escrito de tutela y de los informes presentados por el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y la Superintendencia Nacional de
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, reiterada en
sentencias T-1015 de 2006, T-353 de 2018, T-210, T-335 y T-406 de 2019, entre otras.
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-165 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Salud, se evidencia la falta de legitimación e la causa por pasiva, pues de los
supuestos fácticos que dan origen a la presente acción de tutela y de las pruebas
allegadas no se evidencia acción u omisión de las referidas entidades.
Además, se debe precisar que no hay prueba que permita inferir que la actora
acudió ante las referidas autoridades a solicitar su intervención, frente a la EPS e
IPS accionadas a efectos de que se le autorizara y practicara la cirugía que requiere.
Por lo tanto, no existe una conducta de la cual se pueda inferir que tienen relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso o que son las llamadas a
responder por la vulneración de los derechos fundamentales invocados, en caso de
que haya lugar a ello.
De la salud como derecho fundamental
La Ley 1751 del 16 de febrero de 2015 consagra el derecho a la salud como uno de
rango constitucional y fundamental, en el entendido de que busca proteger el
desarrollo de una vida digna, la cual se manifiesta como uno de los pilares de la
noción de derechos fundamentales y, además, como fundamento del Estado Social
de Derecho.
La Corte Constitucional se pronunció sobre la relación entre derecho fundamental y
la dignidad humana, en los siguientes términos:
“(…) es la realidad de cada caso concreto, las circunstancias únicas y particulares que
lo caracterizan, las que permiten definir si se encuentra verdaderamente vulnerado un
derecho fundamental, si ello afecta la dignidad de la parte actora y si esta última está
en situación de indefensión frente al presunto agresor”. De esta sentencia surge un
elemento que resulta decisivo para sistematizar el concepto de derecho
fundamental: dignidad humana (…).
(Negrillas fuera del texto).
En ese orden, es claro que el derecho a la salud, al ser fundamental y autónomo en
su contenido esencial, es objeto de amparo a través de la acción de tutela, garantía
establecida en el artículo 86 de la Carta Política con el objeto de que, mediante un
procedimiento preferente y sumario, se pudiera exigir la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resultaren
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier Autoridad Pública o
incluso de particulares bajo determinado supuestos.
Solución al caso concreto
Acorde con la historia clínica, se evidencia que la señora Inés Mercedes Vence
Barros, es una paciente de 74 años de edad, quien padece un carcinoma vaso
celular en párpado inferior derecho, diagnosticada el 21 de septiembre de 2022, por
el doctor César Julio Fernández Rojas, médico cirujano plástico, quien ordenó como
tratamiento: “RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO O MALIGNO DE PIEL Y/O TEJIDO
CELULAR SUBCUTÁNEO DE ÁREA ESPECIAL DE MÁS DE CINCO CENTIMETROS”,
que para el efecto requiere: “COLGAJO COMPUESTO A DISTANCIA EN VARIOS
TIEMPOS”, “COLGAJO CUTANEO A DISTANCIA EN VARIOS TIEMPOS” y “COLGAJO
LIBRE CUTÁNEO CON TÉCNICA MICROVASCULAR”.
El 11 de enero de 2023, la señora Vence de Barros fue valorada por anestesiología
de la misma IPS. Sin embargo, la actora refiere que no se le ha autorizado ni
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practicado la cirugía, pese a que el médico tratante la prescribió hace más de cinco
meses y le informó que era un procedimiento que se requería de urgencia, en
atención a la ubicación y tamaño del tumor.
Por su parte la IPS Clínica Santa María del Caribe S.A.S. informó que programó
para el 10 de mayo de 2023, a las 6:00 p.m. cita con el médico especialista en
cirugía plásticas, doctor César Julio Fernández Rojas, aportando como prueba la
respectiva orden.
En comunicación telefónica sostenida con la señora Inés Mercedes Vence de
Barros, el día 11 de mayo de 2023, informó que acudió a la cita médica programada
con el especialista, quien reiteró que el tumor que padece debe ser operado,
resecado y reconstruido con colgajos, pero el procedimiento debe realizarlo un
médico oculoplástico. Así mismo, manifestó su preocupación e inconformidad con
la respuesta dada por el médico tratante, pues indicó que siendo el mismo
especialista que la diagnosticó, esperó más de seis (6) meses para indicarle que
debe acudir a otro médico. Aseguró que en varias oportunidades se acercó a la
clínica para pedir que le autorizaran y programaran la cirugía, pero la respuesta
siempre ha sido, que el médico solo atiende una vez al mes y está en lista de espera
para programar el procedimiento.
Que radicó los documentos entregados por el médico tratante, el día 10 de mayo de
2023, pero en la clínica le informaron que hay disponibilidad de citas hasta dentro
de un mes.
Mediante memorial radicado en la misma fecha, aportó la evolución de consulta
externa y la orden de remisión para valoración y tratamiento con médico
oculoplástico:
La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia ha considerado que las
prescripciones del médico tratante son suficientes para que la EPS atienda la
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solicitud que requiera el paciente, pues es quien ha tratado el padecimiento y
conoce con claridad el tratamiento requerido por el beneficiario. Al respecto ha
dicho:
“(…) esta Corte ha señalado que es suficiente con el concepto emitido por el médico
tratante para acceder a lo pedido pues es éste quien tiene los conocimientos médicos
calificados y conoce la situación concreta del paciente y por tanto tiene la capacidad de
determinar cuál medicamento o procedimiento es más beneficioso para el usuario .”3
De lo anterior, se evidencia que desde hace más de siete (7) meses la señora Inés
Mercedes Vence Barros requiere de un procedimiento quirúrgico denominado
resección de tumor en párpado inferior derecho, que, a la fecha, no se ha llevado a
cabo, por la demora en la programación del procedimiento.
En este punto, llama la atención de la Sala que la IPS, por intermedio del mismo
especialista que atendió a la señora Vence de Barros desde el mes de septiembre
de 2022, tan solo hasta la cita del 11 de mayo de 2023 le indique que la especialidad
por la que debe ser intervenida sea la del oculoplástico. Tal prescripción, debió
determinarse desde un primer momento, pues el diagnóstico de la paciente es
exactamente el mismo.
Debe señalarse que cuando se supera el momento adecuado en el que debe
practicarse un examen, procedimiento o tratamiento, se está ante la vulneración del
derecho a la salud, ante la falta de diligencia de la entidad que presta el servicio. La
Corte Constitucional, al respecto ha indicado:
«Del concepto de oportunidad se deriva la noción de las demora en la prestación de
servicios de salud. Cuando se supera el momento adecuado en el que debe practicarse
un examen, procedimiento o tratamiento, es posible afirmar que inicia la vulneración del
derecho a la salud, ya no por causas intrínsecas y naturales de la enfermedad, sino
desde el punto de vista de la diligencia con la que actúa la entidad que presta el servicio.
Así lo ha manifestado la Corte en diversas oportunidades. Por ejemplo, en la Sentencia
T-289 de 2004 afirmó que “(…) [l]a demora en la práctica de la operación que a la
demandante le es urgente, ha vulnerado los derechos a la salud en conexidad con [la]
vida”[67] . De igual manera, ha establecido que “(…) cuando una E.P.S. o A.R.S., en
razón a trámites burocráticos y administrativos, demora la prestación del servicio de
salud requerido por un usuario, vulnera el derecho a la vida del paciente, pues
solamente razones estrictamente médicas justifican que se retrase la prestación del
servicio de salud”;[68] y que “(…) no es normal que se retrase la autorización de cirugías,
exámenes o tratamientos que los mismos médicos de las E.P.S. o I.P.S. recomiendan,
pues ello va en contra de los derechos a la vida, y a la integridad física de los afiliados
no solamente cuando se demuestre que sin ellos el paciente puede morir, sino también
cuando implican una demora injustificada en la iniciación de un tratamiento que
pretende el restablecimiento de la salud perdida.”[69]»4
Entonces, el acceso a los servicios de salud no puede verse obstruidos por trámites
administrativos que competen a las EPS o IPS. Luego, corresponde a las
accionadas garantizar el procedimiento quirúrgico que requiere la actora,
independientemente de las gestiones internas necesarias para que EPS Sanitas
S.A.S. o la IPS Clínica Santa María del Caribe, para el efecto y, garantizar la
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-411 de 2007.
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-397 de 2017.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01766-00
Demandante: Inés Mercedes Vence de Barros
prestación de los servicios médicos para el tratamiento de su patología, conforme
con la prescripción del médico tratante.
Esa situación, exige reiterar que la efectividad del derecho a la salud no puede verse
afectada por trámites administrativos que se constituyen en barreras para la
realización de los procedimientos médicos ordenados. En consecuencia, la
protección de ese bien ius fundamental exige que el servicio sea prestado de
manera continua, oportuna y eficiente.
Sumado a lo anterior, debe aclararse que no solo hay lugar al amparo del derecho
a la salud cuando está en riesgo la vida del paciente sino también cuando su
bienestar se encuentra afectado, de tal manera que impida su disfrute en
condiciones de dignidad, como sucede en el presente asunto, donde los
diagnósticos del médico tratante han reiterado la complejidad de la patología que
presenta la accionante.
Así, como quiera que no se salvaguardó el derecho a la salud a la accionante, su
condición de sujeto de la tercera edad exige especial protección por parte del
Estado, situación que da lugar a que esta Sala en virtud del amparo de tutela ordene
a la EPS Sanitas y la IPS Clínica Santa María del Caribe S.A.S. la práctica de la
cirugía denominada resección de tumor en ojo derecho, por la especialidad o
subespecialidad que determine el médico tratante.
Por otra parte, la EPS Sanitas solicitó que se le ordene al ADRES el reintegro “(…)
en un término perentorio, el 100% de los costos de los servicios y tecnologías en
Salud NO PBS que en virtud de la orden de tutela se suministre a la accionante”.
Al respecto, en caso de que la EPS Sanitas considere que hay lugar al reintegro,
debe indicarse que, según lo dispone el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015, al
ADRES le corresponde, entre otros, «Realizar los pagos, efectuar giros directos, a
los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud, de
acuerdo con lo autorizado por el beneficiario de los recursos y adelantar las
transferencias que correspondan a los diferentes agentes del Sistema, que en todo
caso optimice el flujo de recursos».
A su turno, el artículo 73 de dicha ley consagra el proceso de recobro,
reclamaciones y reconocimiento y giro de recursos del aseguramiento en salud, en
el que fija, entre otros, el término para efectuar la reclamación.
En tal sentido, resulta claro que no se requiere orden judicial para que la EPS
adelante el recobro ante el ADRES o el ente territorial de los gastos en que haya
incurrido en la prestación del servicio de salud y que legalmente no esté obligada,
independientemente de que sean producto de una orden de tutela o como
consecuencia de la autorización de sus Comité Técnico Científico – CTC5.
En consecuencia, no se emitirá ninguna orden al respecto, pues es un
procedimiento que se encuentra legal y reglamentariamente previsto que, además,
es de pleno conocimiento de las EPS.
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-760 de 2008, T-727 de 2011
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Demandante: Inés Mercedes Vence de Barros
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia de
la República y la Superintendencia Nacional de Salud.
2. Tutelar el derecho fundamental a la salud a la señora Inés Mercedes Vence
de Barros. En consecuencia:
3. Ordenar a la EPS Sanitas y a la IPS Clínica Santa María del Caribe S.A.S.
que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la
presente decisión, autoricen y practiquen la cirugía denominada resección de
tumor en ojo derecho a la señora Inés Mercedes Vence de Barros, por la
especialidad o subespecialidad que determine el médico tratante y garantizar
la prestación de los servicios médicos para el tratamiento de su patología.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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