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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01788-00

Fecha
15 de junio de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01788-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo solicitado por la Beneficencia de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01788-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

15 de junio de 2023

Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 1 78 8- 0 0
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01788-00
Accionante: Beneficencia de Cundinamarca
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A.

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, en la que se revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se accedió a las pretensiones de la demanda relacionadas
con el reconocimiento de cesantías de forma retroactiva.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por la Beneficencia de
Cundinamarca en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A.

ANTECEDENTES

La Beneficencia de Cundinamarca promovió acción de tutela para que se proteja
su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

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HECHOS

La accionante afirmó que el 11 de octubre de 2018 la señora Doris Analida Lozano
formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en su contra, en la
que solicitó la nulidad del Oficio BEN-G.G.50000-185 del 14 de marzo de 2018,
mediante el cual negó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías de
carácter retroactivo.

Así mismo, indicó que el 29 de junio de 2021 el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá dictó sentencia de primera instancia, en la cual declaró
probadas las excepciones de mérito propuestas y negó las pretensiones del medio
de control, porque consideró que aquella no tenía derecho al reconocimiento y
pago de las cesantías de forma retroactiva, sino anualizada, en atención a que se
vinculó a la entidad con posterioridad a la entrada en vigencia de las leyes 10 de
1990 y 100 de 1993, aplicables para el sector salud; motivo por el que la parte
demandante interpuso recurso de apelación en contra de esa providencia.

Igualmente, señaló que el 2 de junio de 2022 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, declaró la nulidad del acto demandado y la condenó a
tener en cuenta para efectos de la liquidación de las cesantías parciales o
definitivas, cuando se soliciten o causen, que a la señora Doris Analida Lozano le
resulta aplicable el régimen retroactivo y no el anualizado, debido a que determinó
que la entidad tiene por objeto la prestación de servicios de índole social y no de
salud y, en esa medida, no había lugar a aplicar las leyes precitadas.

Adicionalmente, manifestó que solicitó aclaración, adición o anulación de la
decisión de segunda instancia, ante la injustificada inaplicación de la normativa
vigente y del precedente judicial en el que se ha determinado que tiene por objeto
la prestación de servicios sociales y de salud y, por tanto, los funcionarios que se
vinculen después de la vigencia de las leyes mencionadas deben acogerse a las
cesantías anualizadas, mas no a las retroactivas, como es el caso de la señora
Doris Analida Lozano, quien ingresó a la entidad por última vez el 7 de junio de
1996, cuando se encontraba en vigor el Decreto 683 de 1996. Sin embargo, refirió
que el 15 de septiembre de 2022 la Subsección previamente identificada denegó
la anterior petición.

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Ahora, para fundamentar en esta sede su desacuerdo con la sentencia de
segunda instancia, expuso que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, incurrió en: 1) desconocimiento del precedente
judicial de las salas C, D y E de la misma corporación, definido en los medios de
control 11001-33-42-047-2018-00364-01, 11001-33-35-018-2018-00334-01, y
11001-33-42-050-2018-00304-01, respectivamente, en cuanto a las funciones que
presta y a la fecha que debe tenerse en cuenta para efectos de la vinculación del
funcionario, cuando existen varios ingresos en la entidad, y de la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, este último contenido en las
sentencias dictadas en los procesos 44001-23-33-000-2014-00155-02 y 44000-12-
333-2015-00041-01; y 2) violación directa de la Constitución Política, por
transgredir los artículos 29 y 230 de esta.

PRETENSIONES

La parte actora solicitó declarar que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-008-2018-
00417-00 [01] vulnera su derecho fundamental al debido proceso, el imperio de la
ley y los criterios auxiliares contenidos en el artículo 230 de la Constitución
Política, la Ley 10 de 1990, el artículo 242 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 683
de 1996.

En consecuencia, requirió revocar esa providencia y concluir que en el presente
asunto no le asiste razón a la señora Doris Analida Lozano en el sentido de
pretender el reconocimiento de cesantías retroactivas.

TRÁMITE DEL PROCESO

El 27 de abril de 2023 el magistrado ponente admitió la acción de tutela de la
referencia mediante proveído, en el que se ordenó notificar y correr traslado, para
que ejercieran su derecho de defensa, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, como accionado; y a la señora
Doris Analida Lozano, como tercera con interés en las resultas del proceso.

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POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, fue notificado debidamente del auto admisorio de esta acción, pero no rindió
informe alguno.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La señora Doris Analida Lozano solicitó negar las pretensiones de la tutela; para
lo cual sostuvo que no es cierto el argumento de la parte actora consistente en
que presta servicios de salud, conforme al ordenamiento jurídico, máxime si se
tiene en cuenta que si ello fuera así estaría adscrita a la Secretaría de Salud, mas
no a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social del departamento de
Cundinamarca, y que no se aportó prueba al proceso con la cual se acreditara que
la Beneficencia de Cundinamarca, para desarrollar su labor misional, haya recibido
dineros del situado fiscal en vigencia de las leyes 10 de 1990 y 60 de 1993.

Así mismo, precisó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, no desconoció el imperio de la ley, la Ley 10 de 1990 y el
artículo 242 de la Ley 100 de 1993, pues efectuó una interpretación correcta al
Decreto 683 de 1996, en la medida en que la Beneficencia de Cundinamarca,
desde su creación, ha sido prestadora de servicios sociales y no de salud.

Sumado a lo expuesto, aclaró que no existe precedente del Consejo de Estado
que resulte aplicable al asunto y los pronunciamientos referidos por el accionante
para justificar el desconocimiento del precedente judicial horizontal fueron dictados
por diferentes subsecciones de una sección del Tribunal. Añadió que incluso una
de las sentencias allegadas por la actora se dictó en el mismo sentido que se
decidió su caso, lo que evidencia la ausencia de una posición unificada y, por
ende, debe garantizarse el principio de favorabilidad.

De otra parte, expresó que han transcurrido más de seis meses desde que fue
notificada la sentencia aquí discutida, sin que sea válido contabilizar dicho término
a partir de la ejecutoria del auto en el que se resolvió la solicitud de corrección y
aclaración. De igual forma, afirmó que la accionante no alegó el desconocimiento

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del precedente en la oportunidad para ello, no agotó el recurso extraordinario de
unificación y no estableció exactamente en que consistió la supuesta vulneración
al derecho fundamental al debido proceso, por lo que se evidencia que pretende
crear una instancia adicional al proceso ordinario, con el fin de que se determine si
la Beneficencia de Cundinamarca pertenece o no al sector salud, lo cual no es
procedente.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a
la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para
sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen
de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que
no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias
excluidas de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial,
la Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

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“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

La Beneficencia de Cundinamarca solicitó la salvaguarda de su derecho
fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, con ocasión de
la expedición de la sentencia del 2 de junio de 2022 en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que la señora Doris Analida Lozano promovió en su
contra, en la cual, en su criterio, aquel incurrió en desconocimiento del precedente
judicial horizontal y vertical y en violación directa de la Constitución Política, por la
transgresión de los artículos 29 y 230 de esta.

Pues bien, en primer lugar, se observa que se encuentran cumplidos los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela para discutir providencias
judiciales, puesto que 1) el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la decisión
judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en
protección; 2) la accionante no cuenta con otros medios de defensa judicial para
discutir lo aquí expuesto; 3) la acción se presentó dentro de los seis meses
siguientes a la ejecutoria de aquella, término que, se aclara, debe contabilizarse
desde que a su vez adquiere ejecutoria el auto que resolvió la solicitud de
aclaración y adición, en los términos del artículo 302 del Código General del
Proceso; 4) no se alegó una irregularidad procesal; 5) el solicitante identificó
claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos
y 6) no se trata de una sentencia de tutela.

Esclarecido lo anterior, a esta Subsección le corresponde examinar si en la
sentencia discutida en esta sede se configuraron los defectos previamente
referenciados. Así, lo primero que se advierte es que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, revocó la sentencia de primera

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instancia y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, luego de analizar el desarrollo normativo de las
cesantías, la naturaleza de la Beneficencia de Cundinamarca y las
particularidades del caso.

Al respecto, aquel precisó que la entidad referida no formaba parte del sector
salud, por lo cual el régimen de cesantías que debía aplicarse no era el previsto en
la Ley 10 de 1990 y el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, sino el general de los
empleados del orden territorial sobre la materia y, en esa medida, en atención a
que la señora Doris Analida Lozano se vinculó el 7 de junio de 1996, tenía derecho
al régimen retroactivo.

Por su parte, la aquí accionante considera que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, al adoptar la anterior decisión
desconoció el precedente horizontal fijado en las sentencias dictadas en los
medios de control 11001-33-35-018-2018-00334-01, 11001-33-42-050-2018-
00304-01 y 11001-33-42-047-2018-00364-01.

Sobre el disenso previo, debe esclarecerse que si bien es cierto en las dos
primeras providencias previamente referenciadas se analizó el régimen aplicable
en materia de cesantías para trabajadores vinculados a la Beneficencia de
Cundinamarca y en esos casos se negaron las pretensiones de la demanda, al
determinar que esa entidad pertenecía al sector salud, lo cierto es que aquellas
fueron emitidas por las subsecciones C, D y E, respectivamente, del Tribunal
referido, esto es, por salas distintas a la aquí accionada, razón por la cual la tesis
allí planteada no era de obligatorio acatamiento para esta última.

En cuanto a ello, resulta de especial trascendencia recordar que el precedente
horizontal lo constituye las sentencias dictadas por un mismo funcionario judicial o
autoridad de la misma jerarquía, lo cual, se itera, no ocurre en el presente asunto
respecto a las sentencias señaladas como inobservadas, que fueron proferidas
por distintas subsecciones y, por consiguiente, sus decisiones pueden variar
según las circunstancias de cada asunto y la autonomía e independencia judicial
que les asiste, siempre y cuando la decisión esté debidamente justificada.

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Aunado a lo anterior, también resulta necesario precisar que la controversia que
fue resuelta en la sentencia dictada en el último proceso referenciado como
desatendido versó sobre la determinación de si un empleado incorporado luego de
la supresión del cargo que desempeñaba conservaba el mismo régimen salarial y
prestacional que tenía en el empleo suprimido, lo cual diáfanamente difiere de lo
aquí discutido, en donde la litis recae únicamente en si la señora Doris Analida
Lozano tenía derecho o no al régimen retroactivo de cesantías.

Al respecto, se resalta que en esa oportunidad la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incluso dilucidó
expresamente que en el caso no era objeto de análisis si el régimen de cesantías
retroactivas era el que correspondía o no, pues el debate se centraba en definir si
aquel cambiaba por la supresión del cargo y posterior incorporación.

De otra parte, sobre las sentencias dictadas en los procesos 44001-23-33-000-
2014-00155-01 y 44000-12-333-2015-00041-01 por la Subsección B de la Sección
Segunda de esta corporación, se advierte que esas providencias no son de
unificación, de conformidad con el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011, ni
constituyen, por si solas, precedente judicial, cuya aplicación sea exigible al
Tribunal accionado en esta sede.

Sumado a lo expuesto, se aprecia que las demandas que dieron lugar a su
expedición no se dirigieron contra la Beneficencia de Cundinamarca, sino contra el
departamento de La Guajira y las ESE Hospital Nuestra Señora de los Remedios y
Hospital Santo Tomas de Villanueva, por lo cual el análisis que se llevó a cabo en
esas oportunidades no guarda similitud con el presente caso, en el que debió
definirse cuál era la naturaleza de la aquí accionante.

Por último, no se observa la conculcación de los artículos 29 y 230 de la
Constitución Política, puesto que la autoridad judicial garantizó el debido proceso
de la parte demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, tuvo en cuenta el desarrollo normativo y no dejó de analizar
jurisprudencia aplicable al caso, al proferir la decisión objeto de reproche; en
cambio, lo que se evidencia es que la aquí accionante no está de acuerdo con la
postura asumida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, lo cual no habilita la concesión del amparo deprecado.

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En consecuencia, al no configurarse los defectos alegados en esta sede
constitucional, se negará el amparo solicitado por la Beneficencia de
Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el amparo solicitado por la Beneficencia de Cundinamarca, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase
el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

PCL

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