Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01789-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01789-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01789-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
9 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01789-00
Demandante: Carlos Andrés Porras Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Temas: Tutela contra providencia judicial / Auto resuelve acerca de
traslado de excepciones
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la solicitud formulada por Carlos Andrés Porras Pérez, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Carlos Andrés Porras Pérez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
providencia proferida el 31 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Santander, en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado
680012333000-2020-00118-00.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Carlos Andrés Porras Pérez, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, presentó demanda en contra del Instituto Nacional de Vías, la Agencia
Nacional de Infraestructura y las sociedades Motoreste Motors S.A. e Itaú Corpbanca
Colombia S.A., a través de la abogada Paola Alejandra Alarcón, quien Identificó
como correo electrónico de notificaciones «capoperez@hotmail.com», no obstante,
en el poder se refirió que sería «pau.jpp@gmail.com».
ii) El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 6 de marzo del 2021,
admite la demanda y le reconoce personería para actuar a la referida profesional del
1
Ver índice 2 de SAMAI, archivo denominado
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Carlos Andrés Porras Pérez
derecho. Las diferentes entidades presentaron contestación de la demanda, pero
sin correrle traslado previo al demandante al correo «pau.jpp@gmail.com»; omisión
por la cual, el 26 de octubre de 2021, el demandante solicitó que se le corriera el
traslado respectivo a su apoderada.
iii) Mediante auto del 24 de noviembre del 2022 se resolvió el llamamiento en
garantía propuesto por una de las demandadas, sin decidirse nada respecto de la
petición del demandante. El 24 de febrero de 2023 el Tribunal Administrativo de
Santander resolvió excepciones previas, decretó pruebas y fijó fecha para celebrar
audiencia inicial. Decisión contra la cual el demandante interpuso recurso de
reposición, al insistir en que no se le ha corrido traslado de las excepciones
propuestas.
iv) El 2 de marzo de 2023 se repuso el asunto recurrido, únicamente, en cuanto a la
omisión del traslado en que incurrió la sociedad Motoreste Motors S.A.
v) En relación con esa decisión, la parte demandante considera que la corporación
judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia en tanto no se le ha corrido el traslado
correspondiente de las excepciones propuestas, en los términos del artículo
parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] – Dejar sin efecto la providencia del 31 de marzo del 2023 notificada hasta el 10 de
marzo del 2023, en consecuencia, se ordene lo siguiente:
• 1- Correr traslado a la parte activa de las contestaciones de la demanda presentadas
así; por MOTORESTE y BANCO ITAUCORPBANCA con fecha 23 de abril de 2021
obrante en los archivos (08-1), (08-2), (09), (10); INVIAS con fecha 26 de abril de 2021
obrante en los archivos 13, 14; ANI con fecha 18 de junio del 2021 obrante en los archivos
21-1 y 22 todos del expediente digital y advirtiendo la secretaria realizar la fijación en listas
estableciendo el termino una vez recibida hacer la certificación verificando su
presentación oportuna.[…]».
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Instituto Nacional de Vías (INVIAS)2 solicitó la desvinculación del asunto por
falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que es el despacho el encargado de
garantizar el debido proceso a las partes, así que, no existe vulneración de derechos
fundamentales que se le pueda endilgar, y más si, en su caso, remitió la contestación
a la parte demandante al correo electrónico capoperez@hotmail.com.
2Ver índice 8 de SAMAI. Archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_CONTESTACIONPODER(.pdf) NroActua 8»
2
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Demandante: Carlos Andrés Porras Pérez
1.2.2. El Tribunal Administrativo de Santander3 señaló que la solicitud de tutela es
improcedente por no superar el requisito de la subsidiariedad, al considerar que el
demandante tenía la posibilidad de pedir la adición de la decisión cuestionada, lo
cual, en efecto, sucedió; pedimento resuelto de manera favorable a través de auto
del 21 de abril de 2023.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021,4 esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de
Santander.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado5 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.6 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»
3 Ver índice 10 y 11 de SAMAI. Archivo de nominado RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_CORREO.
4 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
3
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Demandante: Carlos Andrés Porras Pérez
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,7 adoptó los criterios expuestos
por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer la
procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección
de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese
sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra
decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional8 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre que ellos sean
idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no
se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,9 el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.10
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problemas jurídicos
La Sala deberá establecer si: ¿En el presente asunto se configura la carencia actual
de objeto por hecho superado, con ocasión de la expedición del auto del 21 de abril
7 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01789-00
Demandante: Carlos Andrés Porras Pérez
de 2023, a través del cual se ordena correr el traslado echado de menos por el
demandante en el medio de reparación directa que dio origen a la solicitud de
amparo?
De ser negativa la respuesta al anterior interrogante, deberá definirse si: ¿la presente
solicitud de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad adjetiva,
especialmente, el de subsidiariedad?
De resultar procedente la solicitud de amparo, establecer si ¿El Tribunal
Administrativo de Santander vulneró los derechos fundamentales de debido proceso
y acceso a la administración de justicia, con ocasión del auto del 31 de marzo de
2023, mediante la cual repuso parcialmente en el sentido de correr traslado de las
excepciones propuestas, únicamente, por Motoreste Motors S.A.?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
El artículo 86 constitucional señala que «[e]sta acción solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás
mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que
el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que
comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio
irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo
cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. […]»
Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia11, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
11 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121
de 2003.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01789-00
Demandante: Carlos Andrés Porras Pérez
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
La Corte Constitucional, respecto a la procedencia de la solicitud de tutela cuando
existen otros mecanismos de defensa judicial, señaló12:
«[…] Como se ha expresado, cuando se pretende controvertir mediante la acción de tutela
una decisión judicial, los requisitos generales de procedencia se hacen más exigentes
pues (i) la persona que se considera afectada por una actuación judicial tiene, al interior
del proceso, diferentes vías para defender sus derechos y (ii) no es el propósito de la
acción de tutela el que se produzca una invasión de competencias por parte del juez
constitucional, frente a las demás autoridades judiciales.
Para la Corte es claro que al juez natural corresponde el estudio detallado de todos los
elementos normativos y fácticos discutidos mediante un proceso judicial, a través de un
amplio debate probatorio y de la interpretación y aplicación de las cláusulas legales
involucradas en el conflicto. Al segundo, en cambio, sólo le corresponde conocer de
violaciones o amenazas a los derechos fundamentales derivadas de las actuaciones
judiciales, sin involucrarse en las controversias propias del litigio y, además, sólo en caso
de que hayan sido alegadas al interior del proceso sin éxito.
Esta restricción en la actuación del juez de tutela es una consecuencia de la obligación
del peticionario de actuar diligentemente y agotar todos los recursos judiciales existentes
al interior del proceso para la defensa de sus derechos como requisito previo a la
interposición de la acción de tutela, salvo que medien circunstancias de fuerza mayor que
le corresponde alegar y demostrar al peticionario [...]»
La jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta corporación han señalado de
manera reiterada que la solicitud de tutela es un mecanismo subsidiario y no alterno
de administración de justicia, por lo que los conflictos jurídicos deben ser, en
principio, resueltos por las vías ordinarias administrativas y jurisdiccionales
pertinentes, y que solo ante su inexistencia o inoperancia resulta factible acudir al
amparo constitucional.
2.4.2. Caso concreto
Carlos Andrés Porras Pérez acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia y, en consecuencia, se dejara sin efecto el auto proferido el 31 de marzo de
2023 por el Tribunal Administrativo de Santander en el medio de control de
reparación directa 680012333000-2020-00118-00, mediante el cual resolvió reponer
parcialmente el asunto recurrido en el sentido de correrle traslado de las excepciones
presentadas por Motoreste Motors S.A., pero no respecto de las demás entidades
demandadas.
En este punto, sería del caso definir acerca de la procedibilidad de la solicitud de
amparo en tanto fue presentada para cuestionar un auto interlocutorio proferido en
un proceso judicial que aún se encuentra en curso; sin embargo, la Sala observa que
12 Sentencia T-1049/08, M.P. Dr. Jaime Cordoba Triviño.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01789-00
Demandante: Carlos Andrés Porras Pérez
durante el trámite constitucional la autoridad judicial demandada profirió el auto del
21 de abril de 2023, mediante el cual adicionó la providencia demandada en los
términos del amparo pretendido, como se pasa a explicar:
• Con ocasión de la falta traslado de las excepciones propuestas en el medio de
control de reparación directa 68001233300020200011800, la defensa de Carlos
Andrés Porras Pérez impetró recurso de reposición en contra del auto proferido el 24
de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, a través del cual
resolvió excepciones previas, decretó pruebas y fijó fecha para celebrar audiencia
inicial.
• Mediante auto del 31 de marzo de 2023 el tribunal demandado resolvió reponer el
auto recurrido en el sentido de correr traslado de las excepciones propuestas por la
sociedad Motoreste Motors S.A. Decisión respecto de la cual, el demandante
presentó solicitud de adición con el fin de que se ampliara la orden respecto del
banco ITAU Corpbanca, el INVIAS y la ANI.
• Así, a través de providencia del 21 de abril de 2023, notificada el día 24 siguiente,
el tribunal resolvió:
«[…] PRIMERO: ADICIONESE el numeral segundo del auto de fecha 31 de marzo de
2023, mediante el cual se resuelve un recurso de reposición, el cual, quedará de
la siguiente manera:
“SEGUNDO: En consecuencia, una vez notificada y ejecutoriada esta
providencia, CÓRRASE traslado de las excepciones propuestas por la sociedad
MOTORESTE MOTORS S.A., BANCO ITAU CORPBANCA, INVIAS y la ANI al
correo electrónico señalado por la apoderada de la parte demandante, es decir, al
correo pau.jpp@gmail.com, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.” […]»
Tal como quedó acreditado la autoridad judicial demandada al resolver acerca de la
adición del auto cuestionado, lo hizo de forma favorable a los intereses de Carlos
Andrés Porras Pérez, en los términos de la pretensión de amparo elevada ante el
juez de tutela, esto es, «[c]orrer traslado a la parte activa de las contestaciones de la
demanda presentadas así; por MOTORESTE y BANCO ITAUCORPBANCA […]; INVIAS [y
la] ANI […]»; actuación adelantada luego de la radicación de la solicitud de tutela (12
de abril de 2023).
A juicio de la Sala, en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, pues, durante el trámite de la solicitud de amparo, el Tribunal
Administrativo de Santander profirió la providencia del 21 de abril de 2023, con la
cual finalizó la conducta vulneradora alegada por el demandante.
La Corte Constitucional en sentencia T-038 de 201913, respecto del fenómeno
jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado, señaló:
13 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01789-00
Demandante: Carlos Andrés Porras Pérez
«[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción
de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de la accionada, se
superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante.
Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención)
y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez
constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los
ha garantizado […]»
En este orden de ideas, quedó superada la vulneración alegada por Carlos Andrés
Porras Pérez, de forma que la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Santander.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en la solicitud
de tutela presentada por Carlos Andrés Porras Pérez contra el Tribunal
Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
8
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