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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01796-00

Fecha
19 de mayo de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01796-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Bucaramanga, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más expedito y eficaz esta decisión. CUARTO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01796-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

19 de mayo de 2023

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 01796 00
Demandante: CRUZ MABEL VALENCIA ESPINOSA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01796 00
Demandante: CRUZ MABEL VALENCIA ESPINOSA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Tema: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por el actor pretende reabrir la controversia
resuelta por el juez natural.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Cruz Mabel Valencia
Espinosa, por intermedio de apoderada judicial, en contra del Tribunal
Administrativo de Santander.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Cruz Mabel Valencia Espinosa solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, mínimo vital, al trabajo, a la dignidad
humana y a la igualdad, que consideró vulnerados por la sentencia de 10 de
octubre de 2022 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander
revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por la
accionante contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

En dicha actuación, la demandante pretendía que se declarara la nulidad de
los actos administrativos por medio de los cuales la UGPP negó la solicitud

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de reliquidación de su pensión de vejez con base en el 75% del promedio
de los salarios devengados durante el semestre anterior a la fecha de su
retiro de servicio, conforme lo establece el Decreto Ley 929 de 1976, y con
inclusión de todos los factores salariales previstos en el Decreto Ley 1045
de 1978.

En la sentencia acusada, el Tribunal Administrativo de Santander concluyó
que la señora Cruz Mabel Valencia es beneficiaria del régimen de transición
y que, por haber sido empleada de la Contraloría General de la República
por más de 10 años, se le debía aplicar la regla de unificación jurisprudencial
según la cual el ingreso base de liquidación corresponde, en cuanto al
periodo, a las variables previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993; y, en cuanto a los factores, atenderá a la regla de cotización indicada
en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994.

La parte actora planteó que el tribunal accionado incurrió en “defecto fáctico,
decisión sin motivación, defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
y violación directa de la Constitución”1. Afirmó que la autoridad judicial
accionada interpretó equivocadamente el artículo 34 de la Ley 100 de 1993,
así como las normas aplicables respecto de la liquidación de las pensiones
de los funcionarios de la Contraloría General de la República, y reprochó que
no emitió pronunciamiento con relación a los factores salariales sobre los
cuales se realizaron aportes al sistema de seguridad social y que no fueron
reconocidos para la liquidación de la mesada pensional.

Igualmente, acusó esta providencia de incurrir en defecto fáctico por errada
valoración de las pruebas. Específicamente, planteó que, con la historia
laboral de la accionante, se logró acreditar que la señora Valencia Espinosa
cumplía con los requisitos para que el reconocimiento de su pensión se
efectuara en los términos del Decreto 929 de 1976 y teniendo en cuenta los
factores salariales señalados en la Ley 1045 de 1978. Además, adujo que el
tribunal no se pronunció frente a la decisión del juez que primera instancia

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Página 28 del escrito de tutela.

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que, con fundamento en el principio de favorabilidad, reliquidó la pensión
de la accionante “aplicando el régimen pensional en pleno de Ley 100 de
1993, con una tasa del 85% pero con una edad pensional de 57 años para
las mujeres, sobre 2.045,71 semanas cotizadas.”2.

En el mismo sentido, afirmó que el tribunal incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que dio prevalencia al
derecho procesal al no valorar probatoriamente la historia laboral de la
señora Valencia Espinosa. Sobre el defecto de decisión sin motivación, adujo
que la autoridad accionada incurrió en una falacia al restarle relevancia al
hecho de que la UGPP tuvo oportunidad de calcular la pensión de vejez de
acuerdo con las disposiciones normativas aplicables y teniendo en cuenta la
historia laboral en la cual consta que la accionante acumuló un total de
2.045,71 semanas de cotización.

Finalmente, aseveró que la sentencia acusada conlleva una violación directa
de la constitución, pues existe una contradicción directa entre el contenido
del derecho al debido proceso y la decisión adoptada, ya que ésta desconoció
los principios de in dubio pro operario y el deber de aplicar la norma más
favorable al trabajador.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El 18 de abril de 2023 el despacho sustanciador admitió la tutela y
ordenó notificar a la autoridad accionada. Así mismo, dispuso comunicar la
iniciación de ese trámite a la UGPP y al Juzgado 4° Administrativo Oral del
Circuito de Bucaramanga, por cuanto pueden verse afectados con la decisión
definitiva que en él se adopte, así como a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

2.2. El Juzgado 4° Administrativo Oral de Bucaramanga presentó
informe en el que realizó un recuento de las actuaciones procesales surtidas
en el proceso de nulidad y restablecimiento con radicado 68001-33-33-004-

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Página 32 del escrito de tutela.

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2019-00336-00 y manifestó que la decisión adoptada en el fallo de primera
instancia no violó los derechos fundamentales al debido proceso ni al acceso
a la administración de justicia. Por el contrario, fue debidamente motivada
y es la consecuencia del análisis de las pruebas allegadas al proceso y de la
aplicación del precedente del Consejo de Estado en la materia. A partir de
lo anterior, solicitó que se desvincule a ese despacho del presente trámite
por no existir vulneración de los derechos fundamentales invocados.

2.3. La UGPP adujo en su informe que la acción de tutela es improcedente
debido a que no existe violación de ninguno de los derechos fundamentales
alegados, no hay riesgo de que se configure un perjuicio irremediable y
porque la acción no cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que lo que
pretende la accionante es sustituir una decisión judicial ejecutoriada que fue
dictada por el juez natural de la causa. Así, destacó que el fallo censurado
se corresponde con las normas aplicables en la materia y con la
jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
según la cual “el IBL no hace parte del régimen de transición, debiendo
aplicarse a los beneficiarios lo establecido en el artículo 21 y el inciso 3º del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta únicamente los
factores salariales sobre los cuales cotizó y que se encuentran enlistados en
el decreto 1158 de 1994”.

De otra parte, resaltó que la acción de tutela no puede ser utilizada con un
fin económico ni para desconocer la competencia de los jueces naturales de
la causa y que el incumplimiento del requisito de subsidiariedad obedece a
que en el asunto no se ha promovido el recurso extraordinario de revisión
para plantear las inconformidades de la accionante. En esa medida, adujo
que no es el mecanismo pertinente para obtener un reconocimiento o
reliquidación pensional sin el lleno de los requisitos exigidos por las normas
que la regularon, ni hay lugar a desconocer el trámite judicial que se surtió
ante el juez natural de la causa y que culminó en una negativa de las
pretensiones. Por todo ello, solicitó que se declare la improcedencia de la
acción y no se acceda al amparo de los derechos fundamentales invocados.

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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 8º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del
Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta
Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. La señora Cruz Mabel Valencia Espinosa nació el 18 de octubre de
1956, por tanto, cumplió 50 años el 18 de octubre de 2006 y labora en la
Contraloría General de la República desde el 5 de mayo de 1983.

3.2.2. El 6 de noviembre de 2018, la accionante solicitó ante la UGPP el
reconocimiento de su pensión de jubilación, conforme al régimen especial
previsto en el Decreto 929 de 1976 para funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República. Mediante resolución RDP 019065 de 26
de junio de 2019 la UGPP accedió a dicha solicitud y, al realizar la liquidación
de la pensión, determinó el ingreso base de liquidación a partir del promedio
de lo devengado en los últimos 10 años de cotizaciones y en consideración
a los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, esto es, teniendo en
cuenta únicamente la asignación básica y la bonificación de servicios
prestados, todo esto con una tasa de reemplazo del 75%.

3.2.3. La señora Cruz Mabel Valencia Espinosa solicitó a la UGPP la
reliquidación de la mesada pensional, a afectos de que la prestación se
determinara con base en 75% del promedio de los salarios devengados
durante el último semestre anterior a la fecha de su retiro del servicio,
incluyendo la totalidad de factores salariales devengados hasta entonces.

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Ante la negativa de la entidad, la accionante formuló demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de esa entidad, con el fin de que se
declarara la nulidad de los actos administrativos que negaron la solicitud de
reliquidación.

3.2.4. El trámite correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de
Bucaramanga el cual, mediante sentencia de 5 de noviembre de 2021,
accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de los actos
acusados y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó reliquidar la
pensión de jubilación reconocida a la accionante incluyendo en el Ingreso
Base de Liquidación, además del promedio de la asignación básica mensual,
y la Bonificación por Servicios, lo correspondiente a “PRIMA TÉCNICA, PRIMA
DE SERVICIOS Y BONIFICACIÓN ESPECIAL POR QUINQUENIO”.

3.2.5. Las dos partes en el proceso interpusieron recurso de apelación contra
la anterior decisión. La demandante, aduciendo que en el caso concreto la
pensión debía reconocerse sujetándose a la totalidad de los presupuestos
del artículo 7° del Decreto 929 de 1976 e incluyendo los factores salariales
enunciados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. Por su parte, la
demandada reprochó una indebida aplicación de la Ley por cuanto, a su
juicio, se había reconocido una prestación en términos no previstos en el
régimen de transición contemplado del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

3.2.5. El Tribunal Administrativo de Santander resolvió los recursos de
apelación mediante sentencia de 10 de octubre de 2022 en la que decidió
revocar la sentencia apelada y en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda. Como fundamento de su decisión, adujo lo siguiente:

“[…] Ahora bien, de conformidad con el pronunciamiento de unificación citado en
precedencia se tiene que al ser merecedor del régimen de transición y como
empleada de la Contraloría General de la República por más de 10 años, se le debe
aplicar la regla de unificación según la cual “(...) el ingreso base de liquidación de
las pensiones reconocidas con los requisitos del Decreto 929 de 1976 en virtud del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en cuanto a periodo corresponde a las
variables previstas en los artículos 21 y 36 de esta norma; y respecto a los factores,
atenderá la regla de cotización contemplada en el artículo 1o del Decreto 1158 de
1994”.

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Así mismo, observa la Sala que la demandante, es beneficiaria del régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues la misma adquirió
el estatus de pensionada a la luz de lo señalado por el artículo 7° del Decreto 929
de 1976, es decir el 18 de octubre de 2006, cuando confluyeron la edad y el tiempo
de servicios, tal y como quedó establecido en los actos demandados.

Bajo este entendido, cabe recordar que el IBL, no fue sujeto al régimen de transición,
en consecuencia el Ingreso Base de Liquidación se calculará acorde a la Ley 100 de
1993, tal como se evidenció en el acto administrativo mencionado, donde la
liquidación de la mesada pensional se realizó acorde al artículo 36 de la Ley 100 de
1993, que contempla que el ingreso base de liquidación será el 75.00% del promedio
de lo devengado en el tiempo les hiciere falta para obtener el derecho a la pensión,
o de diez años en caso de que éste fuese superior, dado que en el presente caso, al
realizar la liquidación de la pensión se tomó como ingreso base liquidación el
promedio de lo devengado de 10 años y los factores señalados en el Decreto 1158
de 1994, todo esto con una tasa de reemplazo del 75%, tal como lo indica el artículo
7 del Decreto 929 de 1976.

Así las cosas, procedente resulta revocar la sentencia apelada, pues, se reitera, para
las personas beneficiarias del régimen especial de la Contraloría General de la
República, el IBL es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 y en el artículo 21
de la Ley 100 de 1993, siendo esta la tesis que sirve como criterio orientador
aplicable a casos como el presente.”

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. Cuestión previa

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Bucaramanga, en su informe de
contestación de la tutela, solicitó la desvinculación del proceso aduciendo
que ese despacho no ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales
que se alegan.

A ese respecto, la Sala resalta que la vinculación de esa autoridad judicial
en este trámite se realizó en consideración a que podría resultar
involucrada con la decisión definitiva que aquí se adopte. Por ende, lo cierto
es que su intervención en esta actuación responde a la jurisprudencia
constitucional conforme la cual corresponde poner en conocimiento de la
acción de tutela a toda persona natural o jurídica que tenga una relación

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directa con los hechos alegados por la parte actora3. Ello, entendiendo que
la referida relación alude a la participación de la persona de algún modo,
directo o indirecto, en las circunstancias fácticas que motivaron a la parte
actora a promover la acción de tutela4.

En esa medida, teniendo en cuenta que el Juzgado Cuarto Administrativo
Oral de Bucaramanga no fue vinculado como autoridad judicial accionada
en este trámite, no se accederá a su solicitud de desvinculación.

3.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de
evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de
desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

3.3.2.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación5,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene relevancia
constitucional cuando “se plantea una confrontación de la situación
suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional
fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son
ajenos a esta acción pública”.

3
Corte Constitucional. Auto 156A de 2013 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
4
Cfr. en este sentido, la providencia de 17 de marzo de 2022 dictada en el proceso con radicado 11001-03-15-
000-2021-03774-01 (C. P. Pedro Pablo Vanegas Gil).
5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).

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Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20226, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra
providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el
cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y
en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces
ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente
para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se
requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

En este caso, la parte actora invocó la protección de los derechos
fundamentales al mínimo vital, al trabajo, a la dignidad humana, al debido
proceso y a la igualdad, que consideró vulnerados a partir de la sentencia
de 10 de octubre de 2022 por la cual el Tribunal Administrativo de Santander
negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho por ella formulada contra la UGPP.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este caso
estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se
detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.

3.3.2.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial es que la cuestión que se discute resulte de
evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara

6
M. P. Natalia Ángel Cabo.

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y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión
que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en aspectos
que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la
circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido
decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En fallo SU–573
de 2019, el alto tribunal7 explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

7
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de
2022

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Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la
citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso la
clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 8.

3.3.3. Caso concreto

Para determinar si se cumple con el requisito de relevancia constitucional
respecto de la solicitud presentada por la señora Cruz Mabel Valencia
Espinosa, la Sala se detendrá de manera particular en el examen del tercer
criterio que compone este requisito de procedencia, el cual busca impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces. Frente a este elemento la Corte
Constitucional ha dicho9:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado
a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia
constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales no da lugar a
una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios’,
pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si
la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se
garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios […]”.

Respecto de este tercer criterio de la relevancia constitucional, en la
sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela
contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su
formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen

8
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía
e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para
la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución
de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
9
Corte Constitucional. Sentencia SU–573 de 2019 (M. P. Carlos Bernal Pulido).

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a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la Sentencia SU-
128 de 2021, este ‘enfoque impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional
para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley
que dieron origen a la controversia judicial’ (…)”. (Se destaca)

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que generan en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo
radica en la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el
caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está siendo
utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e
independencia del juez natural.

En el asunto bajo examen, de la solicitud de tutela se advierte que la
controversia planteada como razón de la alegada vulneración de los
derechos fundamentales en realidad recae sobre la valoración de una de las
pruebas recaudadas en el proceso de nulidad y restablecimiento promovido
por la actora con el fin de obtener la reliquidación de la pensión reconocida
a su favor. Adicionalmente, en la tutela se reprocha la interpretación
efectuada en torno a las normas aplicables respecto de la situación pensional
de las personas beneficiarias del régimen especial de la Contraloría General
de la República, en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Así, la acción se sustenta en la tesis conforme a la cual, una correcta
apreciación probatoria y la debida aplicación de las normas habría conducido
al tribunal accionado a concluir que correspondía calcular la mesada
pensional de la señora Cruz Mabel Valencia Espinosa con base en el 75%
del promedio de los salarios devengados durante el semestre anterior a la
fecha de su retiro de servicio, conforme indica el Decreto Ley 929 de 1976,

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Demandante: CRUZ MABEL VALENCIA ESPINOSA

y con inclusión de todos los factores salariales previstos en el Decreto Ley
1045 de 1978.

Con todo, lo cierto es que el debate enunciado ya fue resuelto por el juez
natural del asunto, quien concluyó que, siendo la actora beneficiaria del
régimen de transición de la Ley 100 y del régimen especial de la Contraloría
General de la República, se le debía aplicar la regla establecida en la
sentencia de unificación10 de 11 de junio de 2020, conforme a la cual “el
ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con los requisitos
del Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, en cuanto a periodo corresponde a las variables previstas en los
artículos 21 y 36 de esta norma; y respecto a los factores, atenderá la regla
de cotización contemplada en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994”.

Así, a partir de lo evidenciado en la solicitud de tutela, la Sala concluye que
en este caso el amparo estaría siendo utilizado por la accionante con el fin
de reabrir el debate que se surtió en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, dado que las inconformidades formuladas están encaminadas
a controvertir la interpretación que en la sentencia atacada se hizo sobre las
normas aplicables respecto de la liquidación de las pensiones de los
funcionarios de la Contraloría General de la República.

En esa medida, la Sala observa que la parte actora está utilizando la acción
de tutela como una instancia o recurso adicional al proceso ordinario, como
quiera que el propósito que persigue a través de este mecanismo
constitucional es insistir en que hay lugar a la reliquidación de su mesada
pensional, con base en el 75% del promedio de los salarios devengados
durante el último semestre anterior a la fecha de su retiro del servicio oficial
y con inclusión de todos los factores salariales percibidos.

A este respecto, se observa que el litigio en el proceso ordinario giró en
torno a determinar si era procedente, o no, la reliquidación de la pensión de
jubilación solicitada por el accionante, situación que fue resuelta por el juez

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Dictada por la Sección Segunda de esta corporación en el proceso radicado 05001-23-33-00-2012-00572-01.

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natural del caso conforme con la convicción que le generaron las pruebas
que obraban en el proceso y la interpretación de la ley que, bajo el principio
de autonomía e independencia judicial, consideró la adecuada.

Además, lo cierto es que en la accionante se limitó a exponer sus
inconformidades frente a las conclusiones a las que llegó la autoridad
judicial, sin proponer al respecto una discusión de verdadera índole
constitucional, por lo que que es claro que simplemente está inconforme con
la decisión existente y que por tanto pretende que el juez constitucional
analice nuevamente las pruebas practicadas y reevalúe la tesis normativa
aplicada. En definitiva, lo que se busca es acceder a una instancia adicional.

En ese orden, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en las
razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que
ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé,
de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre
la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas
por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier
desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional
constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias
que le corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha
sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el
que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo de

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equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no tiene
la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por el demandante y el demandado en sus
pretensiones, excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia
que le ha sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y
legales, y no es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe
decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las
partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir
la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los hechos
y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en este caso,
la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del debido proceso,
en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en que tal decisión no
haya podido ser controvertida. Pero es evidente que ese no es el supuesto
en la decisión que aquí se examina, ya que la parte accionante no alega que
el juez se haya desviado de los hechos o el derecho propuesto en el proceso.

En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que la solicitud de amparo
analizada es improcedente, en tanto no se cumple con el requisito de la
relevancia constitucional, razón por la cual resulta innecesario el estudio
sobre el posible cumplimiento de los restantes requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales. En consecuencia, la
Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Juzgado
Cuarto Administrativo Oral de Bucaramanga, por los motivos expuestos en
la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más
expedito y eficaz esta decisión.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para
su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos
señalados por la Ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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