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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01798-00

Fecha
8 de junio de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01798-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Alfonso Peada Uribe, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01798-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

8 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01798-00
Demandante: Alonso Peada Uribe

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-01798-00
Demandante ALONSO PEADA URIBE
Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Remuneración en igualdad de condiciones a
Etnoeducador. Ingreso y ascenso en el escalafón docente.
Requisitos de procedencia: la subsidiariedad.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Alonso Peada Uribe, de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 10 de abril de 20231, Alonso Peada Uribe, interpuso acción de tutela contra la
Presidencia de la República, la Gobernación del Amazonas, la Secretaría de
Educación Departamental del Amazonas y la Institución Educativa San Juan Bosco
del Municipio de Leticia, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a
la igualdad y al trabajo. Las pretensiones son las siguientes:
“1. Se declare vulnerado el derecho de igualdad y a la remuneración laboral justa de mi
representado, el etnoeducador ALONSO PEADA URIBE, frente a los demás a profesores
a los cuales les es aplicado el Decreto 2277 de 1979 y el Decreto 1278 de 2002, pese a
haberse proferido por parte de la Corte Constitucional sentencia SU245/21 con efecto
inter comunis, que ordena ajustar dicha normatividad a fin de evitar la vulneración del
derecho de igualdad.
2. Se amparen los derechos fundamentales a la igualdad y a la remuneración laboral justa
del etnoeducador ALONSO PEADA URIBE por lo que en consecuencia, se ordene a las
autoridades accionadas permitir el ingreso y ascenso del etnoeducador en el escalafón
docente establecido en el Decreto 2277 de 1979 y el decreto 1278 de 2002 y si es del
caso se reitere el efecto inter comunis de la providencia.
3. Se ordene a las entidades accionadas «adecuar los decretos de salarios, indicando con
precisión que los nombramientos en propiedad de etnoeducadores indígenas que se
surtan deberán efectuarse de conformidad con el Decreto Ley 2277 de 1979 y el decreto
1278 de 2002» imperando en todo caso el principio del indubio pro operario.
4. Se ordene a la Presidencia de la República, a la Gobernación del Departamento de
Amazonas, a su Secretaría de Educación y la Institución Educativa San Juan Bosco del
Municipio de Leticia, que expidan los actos administrativos que sean necesarios para
aplicar al etnoeducador nombrado en propiedad ALONSO PEADA URIBE las normas
contenidas en los artículos 8 al 11 del Decreto 2277 de 1979, modificado por el Decreto

1 Escrito de tutela enviado al correo electrónico del Centro de Servicios Judiciales Penales de Amazonas,
Leticia.
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85 de 1980 y el decreto 1278 de 2002, así como los artículos 55 a 56 de la Ley 115 de
1994 y los artículos pertinentes del Decreto 804 de 1995 y las disposiciones que
eventualmente pueda adoptar el Gobierno con fundamento en el artículo 56 transitorio de
la Constitución, con el fin de que acceda a los derechos y prestaciones propios del
escalafón docente definido en la normativa citada de conformidad con lo establecido en
la sentencia de unificación SU245/21”.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Alonso Peada Uribe se vinculó inicialmente en provisionalidad el 24
de abril de 2012 como docente etnoeducador en la institución educativa San
Francisco de Loretoyaco del municipio de Puerto Nariño, en el área de
matemáticas en secundaria básica.
2.2. Posteriormente fue reubicado por necesidades del servicio y nombrado en
propiedad el 28 de septiembre de 2021 como etnoeducador, código 9001,
grado ET3, en la institución educativa San Juan Bosco del municipio de Leticia,
donde actualmente se desempeña.
2.3. Indicó el actor que el Gobierno Nacional expidió los Decretos 317 y 319 del 27
de febrero de 2020, por los que incrementó la remuneración salarial de los
docentes y los etnoeducadores al servicio del Estado, pero que esta norma lo
discriminaba al mantener una distinción entre docentes y etnoeducadores en
el sentido de no reconocer a estos últimos el derecho de inscripción y ascenso
en el escalafón docente estatuido en el Estatuto Docente (Decreto 2277 de
1979).
De este modo, sostuvo que la remuneración a los educadores era de acuerdo
al grado del escalafón, que iba del 1 al 14, pero que para los etnoeducadores
se estableció una remuneración fija según su título académico, pero sin
prerrogativas de ascenso en el escalafón y por tanto aumento salarial.
2.4. Anunció que la Sala Plena de la Corte Constitucional expidió la sentencia SU-
245 de 2021 en la que estudió un caso similar, llegando a la conclusión que
los etnoeducadores debían gozar de condiciones laborales dignas y justas,
equivalentes a las de los demás docentes y le otorgó efectos inter comunis a
su decisión.
Precisó además que, pese a que el Gobierno Nacional a través del Ministerio
del Trabajo había mencionado que estaban avanzando en pro de dar cabal
cumplimiento a la sentencia a través de propuestas que permitieran la igualdad
de derechos de los etnoeducadores, según informó el actor, esto no se ha
materializado.
2.5. Manifestó que el 25 de febrero de 2023, se graduó en una maestría en TICS
para la educación, razón por la que radicó petición el 9 de marzo de 2023 ante
la Secretaría de Educación del Amazonas, en la que solicitó se le informara
acerca de las políticas educativas en Amazonas de los reajustes salariales de
sector educativo y su ejecución, anexado su acta de grado como magister para
ser tenida en cuenta.
2.6. El 22 de marzo de 2023 la Secretaría de Educación del Amazonas, le dio
respuesta a su solicitud, informándole que se encontraban a la espera de la

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expedición de las normas transitoria por parte del Ministerio de Educación-
"Estatuto para Docentes y Directivos docentes Etnoeducadores al servicio del
Estado Colombiano", que estaba proyectada para la presente vigencia, sin
reconocerle los derechos económicos que se desprendían con ocasión de su
título de magister.

3. Fundamentos de la acción

Consideró el accionante que se vulneraban sus derechos fundamentales, al
establecerse en los Decretos 450 y 451 de 2022 una remuneración inferior para esta
población de etnoeducadores en comparación con los docentes que no tenían
enfoque diferencial en su labor regulados por los decretos 2277 de 1979 y 1278 de
2002.

Además, sostuvo que esas medidas también vulneraban el derecho a la educación
con enfoque intercultural y a la preservación de la diversidad cultural de los pueblos
originarios y afrodescendientes, al no garantizar una remuneración justa y equitativa
para los etnoeducadores que tenían la responsabilidad de llevar a cabo esta labor.

Dijo que el convenio 169 de la O.I.T. sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, tratado internacional que fue ratificado por Colombia a través de la
Ley 21 de 1991, ordena que “los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de
desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y
sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de
su integridad” y textualmente en su literal a) del artículo 2, reza: “que aseguren a los
miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades
que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población”, y de igual
manera el capítulo 3, artículos 55 al 63 de la Ley 115 de 1994, en el que se exponían
los principios y reglas especiales para grupos étnicos.

Explicó que los Etnoeducadores son los docentes dedicados a los grupos y
comunidades indígenas, que la Ley 115 de 1994 lo establece específicamente en
su artículo 55 de la siguiente manera: “Se entiende por educación para grupos étnicos
la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una
cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos”.

Así mismo, explicó que el Decreto 804 de 1995 reglamenta aspectos referentes a la
educación de grupos étnicos, pero que no se establecen normas sobre la
profesionalización de los etnoeducadores, y que al entrar en vigencia el Decreto
1278 de 19 de junio de 2002 donde se formula el estatuto de profesionalización
docente, tampoco se hacía relación al procedimiento para escalafones de las
minorías étnicas y comunidades negras y raizales, las cuales tienen por
reconocimiento constitucional un trato diferencial, generando de esta manera una
desigualdad y desconociendo en este sentido los derechos que constitucionalmente
han sido otorgados a los grupos étnicos en Colombia.

Indicó que, en consideración a lo anterior, existía una brecha laboral que vulneraba
el derecho a la igualdad de los etnoeducadores y docentes de comunidades negros
y raizales a aspirar al escalafón salarial, teniendo en cuenta que era menester del
Estado valorar el esfuerzo, la profesionalización, la dedicación, el intelecto y la
vocación de quienes se dedican a la ardua tarea de educar.

Manifestó que la Sala Plena de la Corte Constitucional emitió la sentencia SU-245
de 2021 en la que estudió un caso similar, llegando a la conclusión que dicha
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negativa sí vulneraba los derechos fundamentales de los accionantes, pues que los
etnoeducadores debían gozar de condiciones laborales dignas y justas equivalentes
a las de los demás docentes, además de señalar que los efectos de la sentencia de
unificación podían ser extendidos y aplicados al caso objeto de revisión y en
consecuencia, amparó los derechos fundamentales de los etnoeducadores y le
otorgó efectos inter comunis a su decisión y concluyó que, el Gobierno Nacional, la
Gobernación del Departamento del Amazonas y su Secretaria de Educación, se han
abstenido de darle cumplimiento a la mencionada decisión judicial, vulnerando así
su derecho a la igualdad.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Inicialmente conoció del asunto el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Cundinamarca, Sala Civil, Familia, que en providencia del 11 de abril de 2022
ordenó la remisión por competencia de la presente acción al Consejo de
Estado.

4.2. Repartido el caso a la magistrada ponente, por auto del 19 de abril de 2022,
admitió la demanda de tutela y, ordenó notificar a las partes accionante y
accionadas.

4.3. La Presidencia de la República, la Gobernación del Amazonas, la
Secretaría de Educación Departamental del Amazonas y la Institución
Educativa San Juan Bosco del Municipio de Leticia, no se pronunciaron en
esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes del caso y los argumentos expuestos en el
escrito de tutela, corresponde a la Sala establecer, si se superó el requisito general
de procedencia de la subsidiariedad.

De encontrar satisfecho este requisito, deberá analizarse si hay lugar al
reconocimiento de los derechos y prestaciones propios del escalafón docente de
conformidad con lo establecido en la sentencia de unificación SU-245 de 2021 para
los etnoeducadores, en igualdad de condiciones.

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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3. Alcance del requisito de la subsidiariedad y su análisis en el caso
concreto.

3.1. Dada su naturaleza subsidiaria, la acción de tutela solo procede
cuando no existen otros medios de defensa para amparar los derechos
fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá
como mecanismo transitorio de protección.

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad es el de subsidiariedad. Norma que
señala que la solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.”

A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a
menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Que la acción de tutela sea un mecanismo subsidiario de protección de
derechos fundamentales implica que los mecanismos ordinarios de defensa
para la protección de los derechos no pueden ser desplazados o suplantados
por la acción de tutela, siempre que estos sean idóneos y eficaces.

La naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela tiene por propósito
evitar que se convierta en un mecanismo judicial alternativo que pueda ser
utilizado para soslayar los términos procesales de los medios ordinarios de
defensa o para suplir falencias en las estrategias de jurídicas de los
apoderados, ya que no es dable al juez de tutela decidir asuntos que deben
ser debatidos en su escenario natural.

La tesis de la Sección, expuesta en diversas sentencias3, consiste en que, por
regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no
es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del
medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las
circunstancias en que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la
existencia o no de un perjuicio irremediable.

Por tal motivo, la Corte Constitucional ha indicado que si el actor no agotó los
mecanismos ordinarios de protección de sus derechos fundamentales no
podrá, posteriormente, ejercer la acción de tutela como medio para suplir su
inacción y que, en estas circunstancias”
“…la acción de amparo constitucional no podría hacerse valer ni siquiera como mecanismo
transitorio de protección, pues tal modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio
de un medio judicial ordinario en cuyo trámite se resuelva definitivamente acerca de la
vulneración iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo” 4.

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección cuarta. Sentencia del 24 de octubre de

2019. Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00429-01. M.P. Milton Chávez García; sentencia del 2 de
octubre de 2019. Radicación No. 20001-23-33-000-2019-00185-0. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Julio Roberto
Piza; Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Jorge
Octavio Ramírez R.
4 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-037 de 2009.
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3.2. Dicho lo anterior, advierte la Sala que no se cumple con el requisito de la
subsidiariedad, pues el accionante cuenta con otro medio idóneo para
cuestionar la decisión de la administración en relación con su solicitud
relacionada con la aplicación de las normas en igualdad de condiciones con el
personal docente a él en su condición de etnoeducador y, de que se tuviera
en cuenta su estudio de maestría para efectos de una mejora en la
remuneración, concretamente el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, al tratarse de una decisión de carácter particular
y concreto que afecta directamente sus intereses.

A esta conclusión se llega, luego verificar que mediante Oficio GTH141.003 del
22 de marzo de 2023 la Gobernación del Amazonas dio respuesta a la solicitud
formulada por el actor, sin acceder a lo solicitado por el señor Peada Uribe,
precisando que no se ha expedido la normatividad transitoria por parte del
Ministerio de Educación Nacional relativa al estatuto para docentes y directivos
docentes etnoeducadores al servicio del Estado, que es la que habilita el
reconocimiento de títulos para el mejoramiento salarial de etnoeducadores.

Adicionalmente, se le indicó que de acuerdo con el Decreto 450 de 2022
aplicable a los etnoeducadores “no estableció en el parágrafo transitorio que permitía a
los docentes vinculados al servicio del Estado en establecimientos educativos estatales
indígenas por una única vez, contar con un plazo de cuatro (4) meses, para acreditar el título
académico correspondiente ante la entidad territorial certificada, a efectos de la actualización
de su asignación salarial…”.

3.3. De este modo, decisión del ente territorial, constituye un acto administrativo
susceptible de ser cuestionado en sede judicial a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho como se anunció, lo que hace que
no se cumpla con el requisito de procedencia de la subsidiariedad, por contar
con otro mecanismo de defensa para cuestionar esta decisión.

3.4. Ahora bien, tampoco se advierte un perjuicio irremediable que impida que el
accionante pueda acudir al mecanismo ordinario con el que cuenta, que
además es idóneo y eficaz para resolver lo relacionado con el mejoramiento
salarial en su calidad de etnoeducador, quien además presentó su título de
magister para que fuera tenido en cuenta, sin que fuera exitosa su solicitud.

Por lo demás, no se advierte una situación tal que implique la intervención
urgente, inmediata e impostergable del juez de tutela, más aún cuando cuenta
con la oportunidad de cuestionar la decisión desfavorable ante la justicia
ordinaria, previo el agotamiento de los recursos en vía administrativa si
considera que son procedentes.

4. Conclusión

En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
presentada por el señor Alonso Peada Uribe, por no acreditar el requisito de general
de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

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Peada Uribe, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRON

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