Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01798-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01798-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01798-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
10 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01798-01
Accionante: ALONSO PEADA URIBE
Accionados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – SE REVOCA EL FALLO IMPUGNADO –
Se declara la carencia actual de objeto por sustracción de materia.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de
tutela de 8 de junio de 2023, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El ciudadano Alonso Peada Uribe, quien actúa a través de apoderado, solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo, cuya
vulneración le atribuyó a la Presidencia de la República, a la Gobernación del
Departamento del Amazonas, a la Secretaria de Educación Departamental del
Amazonas y a la Institución Educativa San Juan Bosco del Municipio de
Leticia, con ocasión del trato desigual, en materia salarial, de que ha sido víctima
en su condición de docente etnoeducador, que presta el servicio público de
educación a la población indígena en sus territorios.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos y razones que
motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que el 24 de abril de 2012 se vinculó como docente etnoeducador en
provisionalidad en la institución educativa San Francisco de Loretoyaco del
municipio de Puerto Nariño y que, posterior a ello, fue reubicado y nombrado en
propiedad como etnoeducador en la institución educativa San Juan Bosco del
municipio de Leticia, donde actualmente se desempeña.
2.2. Indicó que el 27 de febrero de 2020 el Gobierno Nacional expidió los decretos
N° 317 y 319, a través de los cuales «incrementó la remuneración salarial de los
docentes y los etnoeducadores al servicio del Estado». Sin embargo, precisó que
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Alonso Peada Uribe
«con el Decreto 317 el Gobierno discriminó a mi poderdante, pues mantuvo
una distinción entre docentes y etnoeducadores consistente en no
reconocer a estos últimos el derecho de inscripción y ascenso en el
escalafón docente establecido en el Decreto 2277 de 1979 (Estatuto Docente)».
2.3. Precisó
que mientras que el Decreto N° 317 de 2020 establece que la
remuneración mensual de los docentes será ascendente, según el escalafón
ocupado, el Decreto N° 319 de 2020 «[…] no hace referencia al escalafón y
establece una remuneración mensual fija para los etnoeducadores según su título
académico (…) [sin] hace[r] referencia al escalafón y a las prerrogativas de
ascenso y aumento salarial de dicho sistema de clasificación […]».
2.4. Señaló que, mediante la sentencia SU-245 de 2021, la Sala Plena de la Corte
Constitucional dispuso que «[…] los etnoeducadores deben gozar de condiciones
laborales dignas y justas, equivalentes a las de los demás docentes […]».
Además, señaló que la Sala le otorgó efectos inter comunis a su decisión.
2.5. Relató que posterior a la expedición del Decreto N° 317 de 2020, se expidió el
Decreto N° 965 de 2021, que reglamenta la bonificación salarial para los docentes
del sector oficial, frente al cual señala que «[…] ni siquiera menciona a los
Etnoeducadores pese a lo ordenado en la sentencia de unificación de la Corte
Constitucional SU-245 de 2021 […]» (negrillas de la Sala).
2.6. Indicó que, posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto N° 966 de
2021 en el que «[…] se derogan los decretos 317 y 298 de 2020 y se establece la
remuneración de los servidores públicos etnoeducadores ahondando más la
brecha entre éstos y los otros servidores públicos docentes y directivos docentes
al servicio del Estado […]».
2.7. Señaló que, para la vigencia de 2022, «[…] se continuó dando trato diferencial y
desconociendo la sentencia SU-245 de 2021 y el efecto inter comunis de dicha
sentencia […]», ya que se expidieron los Decretos N° 449, 450 y 451 de 2022,
mediante los cuales se derogaron los Decreto N° 317 y 319 de 2020, 965 y 966 de
2021, pero mantuvieron el trato discriminatorio de los docentes
etnoeducadores.
2.8. Agregó que el 25 de febrero de 2023 se graduó en una maestría en TIC’S para
la educación.
2.9. Indicó
que mediante derecho de petición de 9 de marzo de 2023 solicitó al
departamento del Amazonas información sobre las políticas de ajuste salarial del
sector educativo y su ejecución, y el 22 de marzo de 2023 la Gobernación del
Amazonas le respondió que «[…] en la actualidad no están tramitando el
reconocimiento de los títulos para mejoramiento salarial de etnoeducadores, lo
anterior obedece a que [se encuentran] en la espera de la expedición de la
normatividad transitoria por parte del Ministerio de educación […]».
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Accionante: Alonso Peada Uribe
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] 1. Se declare vulnerado el derecho de igualdad y a la remuneración
laboral justa de mi representado, el etnoeducador ALONSO PEADA URIBE,
frente a los demás a profesores a los cuales les es aplicado el Decreto 2277
de 1979 y el Decreto 1278 de 2002, pese a haberse proferido por parte de la
Corte Constitucional sentencia SU245/21 con efecto inter comunis, que
ordena ajustar dicha normatividad a fin de evitar la vulneración del derecho de
igualdad.
2. Se amparen los derechos fundamentales a la igualdad y a la remuneración
laboral justa del etnoeducador ALONSO PEADA URIBE por lo que en
consecuencia, se ordene a las autoridades accionadas permitir el ingreso y
ascenso del etnoeducador en el escalafón docente establecido en el
Decreto 2277 de 1979 y el decreto 1278 de 2002 y si es del caso se reitere
el efecto inter comunis de la providencia.
3. Se ordene a las entidades accionadas «adecuar los decretos de
salarios, indicando con precisión que los nombramientos en propiedad
de etnoeducadores indígenas que se surtan deberán efectuarse de
conformidad con el Decreto Ley 2277 de 1979 y el decreto 1278 de 2002»
imperando en todo caso el principio del in dubio pro operario.
4. Se ordene a la Presidencia de la República, a la Gobernación del
Departamento de Amazonas, a su Secretaría de Educación y la Institución
Educativa San Juan Bosco del Municipio de Leticia, que expidan los actos
administrativos que sean necesarios para aplicar al etnoeducador
nombrado en propiedad ALONSO PEADA URIBE las normas contenidas
en los artículos 8 al 11 del Decreto 2277 de 1979, modificado por el
Decreto 85 de 1980 y el decreto 1278 de 2002, así como los artículos 55 a
56 de la Ley 115 de 1994 y los artículos pertinentes del Decreto 804 de 1995
y las disposiciones que eventualmente pueda adoptar el Gobierno con
fundamento en el artículo 56 transitorio de la Constitución, con el fin de que
acceda a los derechos y prestaciones propios del escalafón docente definido
en la normativa citada de conformidad con lo establecido en la sentencia de
unificación SU245/21 […] (negrillas propias de la Sala).
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. La Sección cuarta del Consejo de Estado, a través del consejero sustanciador
del proceso y mediante auto de 19 de abril de 2023, admitió la presente acción de
tutela.
V. INTERVENCIONES
5. Efectuadaslas notificaciones a las autoridades administrativas y educativas
accionadas, se advierte no se allegaron informes.
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Accionante: Alonso Peada Uribe
VI. FALLO IMPUGNADO
6. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante fallo de tutela de 8 de
junio de 2023, resolvió declarar improcedente el amparo constitucional deprecado
por la parte actora, luego de considerar que no se había satisfecho el requisito
general relativo a la subsidiariedad, en el caso sub judice.
7. En razón de lo anterior, el a quo constitucional advirtió que no se cumplía con el
requisito de la subsidiariedad, pues el accionante contaba con el medio de nulidad
y restablecimiento del derecho para cuestionar la decisión de carácter particular
de la Administración en relación con su solicitud de aplicación de las normas en
igualdad de condiciones del personal docente etnoeducador.
8. A la anterior conclusión llegó, luego de verificar que mediante Oficio
GTH141.003 del 22 de marzo de 2023 la Gobernación del Amazonas dio
respuesta a la solicitud formulada por el actor, sin acceder a lo solicitado,
precisando que no se ha expedido la normatividad transitoria por parte del
Ministerio de Educación Nacional relativa al estatuto para docentes y directivos
docentes etnoeducadores al servicio del Estado, que es la que habilita el
reconocimiento de títulos para el mejoramiento salarial de etnoeducadores.
9. Así, continúa el a quo constitucional, la decisión del ente territorial constituye un
acto administrativo susceptible de ser cuestionado en sede judicial a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que hace que no se
cumpla con el requisito de procedencia de la subsidiariedad, por contar con otro
mecanismo de defensa para cuestionar esta decisión.
10. También, explicó que no se advierte un perjuicio irremediable «[…] que impida
que el accionante pueda acudir al mecanismo ordinario con el que cuenta, que
además es idóneo y eficaz para resolver lo relacionado con el mejoramiento
salarial en su calidad de etnoeducador, quien además presentó su título de
magister para que fuera tenido en cuenta, sin que fuera exitosa su solicitud […]».
11. Por lo anterior, concluyó que «[…] no se advierte una situación tal que implique
la intervención urgente, inmediata e impostergable del juez de tutela […]», más
aún, cuando cuenta con la oportunidad de cuestionar la decisión desfavorable
ante la justicia contenciosa administrativa, previo el agotamiento de los recursos
en vía administrativa si considera que son procedentes.
12. Por todo lo anterior, declaró improcedente la acción de tutela presentada por el
Sr. Alonso Peada Uribe, por no acreditar el requisito general de la subsidiariedad.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
13. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, oportunidad en la que,
además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito inicial de la tutela
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01798-01
Accionante: Alonso Peada Uribe
incoada, agregó que la Sala «[…] omit[ió] pronunciarse de fondo en el
incumplimiento de las decisiones Judiciales por parte de los accionados frente a lo
establecido en la sentencia SU-245 de 2021 y el efecto inter comunis que el
Superior del aquí impugnado, le imprimió a la misma […]».
14. Así, aclara que la presente acción de tutela «[…] no es únicamente contra la
Gobernación del Amazonas, ni contra la Secretaria de Educación Departamental,
o el Colegio donde el etnoeducador presta sus servicios, [si no], también se
concretiza contra el ente encargado de dar complimiento a la decisión de la
Corte ordenada mediante la sentencia SU-245 de 2021, a lo que la decisión
aquí impugnada hace la vista a un lado y ni siquiera se pronuncia al respecto […]»
(negrillas propias de la Sala).
15. Por lo anterior, explicó que «[…] más que una acción de nulidad y
restablecimiento de derecho, cuyo tramite puede durar años, y en cuyo lapso se
ahonda la situación discriminatoria, lo que se pretende es que, en forma
inmediata, se premie a la excelencia, las ganas de superarse, la voluntad
individual de ser mejor para así mejorar la educación de la niñez indígena,
negra y raizal que por años ha sido discriminada, y así por ende mejorar
nuestra sociedad haciéndola más justa por lo que, he ahí donde se
demuestra la subsidiaridad […]».
16. Finalmente, el memorialista agregó que: «[…] [s]ería totalmente equivocado
decir que la decisión contenida en la sentencia SU245/21, cuyos efectos no
fueron acogidos por el gobierno anterior, en este también puede quedar en
el papel, que el efecto inter comunis que allí se le imprimió, puede omitirse, y
es frente a ello que se pretende alertar respetuosamente a la rama judicial, y
he ahí la premura que no se consigue mediante una acción de Nulidad y
Restablecimiento de derechos, por cuanto dicho sea de paso, lo que se solicita
es la expedición inmediata de los decretos ordenados por la sentencia
SU245/21 en cuya mora se encuentra la Presidencia de la Republica y sin los
cuales tal y como lo expresé en el escrito de tutela, a mi representado se le está
limitando cada día más y más, el derecho de ascenso por estudios y tiempo de
servicios en razón además a la obtención de un nuevo título, derechos
establecidos en la Ley 115 de 1994 […]» (negrillas propias de la Sala).
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
17. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
en virtud de lo previsto en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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Accionante: Alonso Peada Uribe
mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de
20213, y el artículo 13 del Acuerdo N° 080 de 12 de marzo de 2019.
VIII.2. Problemas jurídicos
18. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se configuró la figura de la carencia actual de
objeto por sustracción de materia.
VIII.3. El caso concreto
19. El ciudadano Alonso Peada Uribe, quien actúa a través de apoderado, solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo, cuya
vulneración le atribuyó a la Presidencia de la República, a la Gobernación del
Departamento del Amazonas, a la Secretaria de Educación Departamental del
Amazonas y a la Institución Educativa San Juan Bosco del Municipio de
Leticia, con ocasión del trato desigual, en materia salarial, del que ha sido víctima
en su condición de docente etnoeducador, que presta el servicio público de
educación a la población indígena en sus territorios.
VIII.4.1. Carencia actual de objeto por sustracción de materia con ocasión de
la Derogatoria expresa de los Decretos 449, 450 y 451 de 29 de marzo de
2022
20. En relación con la figura de la carencia actual de objeto, esta Sala de Decisión
recientemente y mediante providencia de 9 de septiembre de 20215 precisó que
dicho fenómeno jurídico se presenta en las siguientes eventualidades: «[…] i) por
hecho superado, cuando por alguna conducta del obligado se supera la afectación
a los derechos invocados de tal manera que resulte innecesario el
pronunciamiento del juez, ii) por daño consumado, cuando se afecta de manera
definitiva los derechos del tutelante, antes de que el juez constitucional profiera
decisión de fondo sobre las pretensiones de la tutela y, iii) por sustracción de
materia […]».
21. Particularmente, y en lo atiente a la carencia actual de objeto por sustracción
materia, la Sala concluyó que tal figura: «[…] se configura en aquellos casos en
que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe
tomar una decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela pierde sentido y,
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia del 9 de septiembre de 2021, Exp.
11001-03-15-000-2021-02263-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Accionante: Alonso Peada Uribe
en consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado para emitir orden
alguna de protección del derecho fundamental invocado […]».
22. En esa misma línea argumentativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha indicado lo siguiente:
[…] La carencia actual de objeto tiene lugar, en la medida en que la
finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho
fundamental de quien invoca el amparo. Es decir, es, en principio, una
finalidad subjetiva. Existiendo carencia de objeto “no tendría sentido cualquier
orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los derechos del
demandante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por
sustracción de materia”. La Corte ha señalado al respecto:
“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de
los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto la decisión
que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a
todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo
constitucionalmente previsto para esta acción6” […] (negrillas fuera del texto)
23. A partir de lo anterior, es dable concluir que la acción de tutela fue instituida
como un mecanismo expedito para la protección inmediata y oportuna de los
derechos fundamentales de las personas y debido a esto, al desaparecer las
causa que da origen a dicha vulneración, como sería, por ejemplo, la derogatoria
del acto administrativo que presuntamente vulnera las garantías fundamentales
del accionante, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo de
protección judicial.
24. En este contexto, se pone de relieve que en el presente asunto la parte actora
le atribuyó la vulneración de sus derechos solicitó en las pretensiones de su
escrito de tutela que esta autoridad judicial emita las siguientes órdenes:
A. Que se «declare vulnerado el derecho de igualdad y a la remuneración
laboral justa de mi representado, el etnoeducador ALONSO PEADA
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Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Sentencia T-653 de 17 de septiembre de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.
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URIBE, frente a los demás a profesores a los cuales les es aplicado el
Decreto 2277 de 1979 y el Decreto 1278 de 2002».
B. Que se proteja el derecho a la igualdad del accionante y se «ordene a las
autoridades accionadas permitir el ingreso y ascenso del etnoeducador en
el escalafón docente establecido en el Decreto 2277 de 1979 y el decreto
1278 de 2002».
C. Que se ordene a las entidades accionadas «adecuar los decretos de
salarios, indicando con precisión que los nombramientos en propiedad de
etnoeducadores indígenas que se surtan deberán efectuarse de
conformidad con el Decreto Ley 2277 de 1979 y el decreto 1278 de 2002».
D. Que se ordene a las accionadas expedir «los actos administrativos que
sean necesarios para aplicar al etnoeducador nombrado en propiedad
ALONSO PEADA URIBE las normas contenidas en los artículos 8 al 11 del
Decreto 2277 de 1979, modificado por el Decreto 85 de 1980 y el decreto
1278 de 2002».
25. Ahora bien, la autoridad judicial de primera instancia al resolver el asunto
declaró improcedente el mecanismo de amparo por falta de cumplimiento del
requisito general de procedibilidad relativo a la subsidiariedad, luego de
considerar que la presente acción de amparo se dirigía contra el Oficio
GTH141.003 de 22 de marzo de 2023, expedido por la Gobernación de
Amazonas, y mediante el cual se negó la «[…] solicitud de aplicación de las
normas […]» que regulan el escalafón docente al aquí accionante por su
condición de etnoeducador. En criterio del a quo el referido oficio era susceptible
de demandarse mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
26. Por su parte, en el escrito de impugnación, el accionante precisó que la
presente acción de amparo no estaba dirigida a ejercer control al Oficio
GTH141.003 de 22 de marzo de 2023, sino que el fundamento de su
inconformidad radicaba en la vulneración del derecho a la igualdad por el trato
salarial diferente del que eran víctimas los etnoeducadores, desconociendo la
sentencia SU – 245 de 2021, frente a la cual indicó que el juez de primera
instancia «[…] omit[ió] pronunciarse de fondo en el incumplimiento de las
decisiones Judiciales por parte de los accionados frente a lo establecido en la
sentencia SU-245 de 2021 y el efecto inter comunis que el Superior del aquí
impugnado, le imprimió a la misma […]».
27. Además, precisó que: «[…] lo que se solicita es la expedición inmediata de los
decretos ordenados por la sentencia SU245/21 en cuya mora se encuentra la
Presidencia de la Republica y sin los cuales tal y como lo expresé en el escrito de
tutela, se [m]e está limitando cada día más y más, el derecho de ascenso por
estudios y tiempo de servicios […]».
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Accionante: Alonso Peada Uribe
28. De conformidad con lo afirmado por el accionante en los hechos y pretensiones
del escrito de tutela y en el escrito de impugnación, esta Sala considera, contrario
a lo concluido por el a quo, que el objeto central de la controversia gira en torno a
determinar si se encuentra vulnerado el derecho a la igualdad del señor Alfonso
Peada Uribe, con ocasión del presunto trato desigual que existe en materia
salarial entre los docentes etnoeducadores, al servicio de Estado, y los demás
servidores públicos docentes.
29. En efecto, la conclusión anterior se puede extraer del siguiente aparte del
escrito de tutela:
«Consecuentemente al anterior sustento factico, los derechos a la igualdad,
así como al trabajo por una remuneración justa y equitativa de los
etnoeducadores tanto indígenas como afrodescendientes, está siendo
violado por la implementación de los Decretos 450 y 451 de 2022, que
establecen una remuneración inferior para esta población en
comparación con los docentes que no tienen enfoque diferencial en su
labor, regulados por los decretos 2277 de 1979 y 1278 de 2002.
Además, esas medidas también vulneran el derecho a la educación con
enfoque intercultural y a la preservación de la diversidad cultural de los
pueblos originarios y afrodescendientes, al no garantizar una remuneración
justa y equitativa para los etnoeducadores que tienen la responsabilidad de
llevar a cabo esta labor.
Es importante recordar que el derecho a la igualdad es esencial en una
sociedad democrática y justa. Todos los ciudadanos, sin importar su origen
étnico, tienen el derecho de recibir un tratamiento igualitario y justo por parte
del Estado y de la sociedad en general.
Por lo tanto, los Decretos 450 y 451 de 2022 violan el derecho a la
igualdad y a la no discriminación, al establecer una remuneración
distinta para los docentes con enfoque diferencial. Esta medida es
especialmente grave, ya que afecta a poblaciones históricamente
discriminadas y marginadas en Colombia.
Es necesario que el actual Gobierno revise y corrija esas normas cuyos
antecedentes se remontan a gobiernos anteriores en los cuales la
diferenciación de clases y aun de razas era el imperativo, para garantizar que
se respeten los derechos de los etnoeducadores y de las comunidades a las
que sirven. Esto implica no solo garantizar una remuneración justa, sino
también fortalecer la formación y capacitación de los docentes en enfoques
diferenciados y en la promoción de la interculturalidad en las aulas».
30. La
cita anterior permite evidenciar que el hecho vulnerador de las garantías
fundamentales del accionante deviene de la expedición de los Decretos N° 449
de 29 de marzo de 2022, 450 de 29 de marzo de 2022 y 451 de 29 de marzo de
2022 que, en su criterio, mantienen un trato salarial discriminatorio entre los
docentes etnoeducadores y los demás servidores públicos dedicados a la
docencia. Además, aduce que estos Decretos son contrarios a la sentencia
SU-245 de 2021.
31. En este contexto, se pone de relieve que: i) los Decretos número 449 y 451 de
29 de marzo de 2022 fueron derogados expresamente por el artículo 21 del
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Accionante: Alonso Peada Uribe
Decreto número 887 de 2 de junio de 20237, y ii) el Decreto número 450 de 29
de marzo de 2022 fueron derogados expresamente por el artículo 14 del
Decreto número 888 de 2 de junio de 20238.
32. Cabe resaltar que, con ocasión de la derogatoria expresa de los Decreto 449 de
29 de marzo de 2022, 450 de 29 de marzo de 2022 y 451 de 29 de marzo de
2022, al tenor literal numeral 5° del artículo 91 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA9, se materializa el
supuesto normativo denominado «pérdida de ejecutoriedad del acto
administrativo» como fenómeno derivado, en este caso concreto, de la falta de
vigencia del referido acto administrativo10.
33. En ese sentido, vale la pena recordar que esta Sección, en asunto similar al
presente en el que se estudió la presunta vulneración de derechos fundamentales
por la expedición de un acto administrativo de carácter general, señaló lo
siguiente:
«22. A partir de lo anterior, es dable concluir que la acción de tutela fue
instituida como un mecanismo expedito para la protección inmediata y
oportuna de los derechos fundamentales de las personas y debido a esto, al
desaparecer las causa que da origen a dicha vulneración, como sería, por
ejemplo, la derogatoria de del acto administrativo que presuntamente vulnera
las garantías fundamentales del accionante, la acción de tutela pierde toda
razón de ser como mecanismo de protección judicial.
23. En este contexto, se pone de relieve que el Decreto número 1408 de 3
de noviembre de 2021 fue derogado expresamente por el artículo 5º del
Decreto número 1615 de 30 de noviembre de 2021 , norma cuyo tenor
literal prescribe: «[…] el presente Decreto rige a partir de su publicación
y deroga el Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021 […]».
24. Ahora bien, en el caso sub examine, se advierte que las pretensiones de
la presente acción constitucional persiguen la protección de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora y, como consecuencia de ello,
que: «[…] se suspendan los efectos del Decreto 1408 del 03 de noviembre de
2021mientras se acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en
ejercicio del medio de control de nulidad y se obtiene una sentencia que haga
tránsito a cosa juzgada […]».
25. En atención a lo anterior, y en consideración a que el objeto de la
presente acción de tutela consiste en que se suspendan los efectos del
Decreto número 1408 del 3 de noviembre de 2021, para la Sección es
claro que en el caso de autos se configura la carencia actual de objeto
7
“ARTÍCULO 21. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga los decretos
449 y 451 de 2022 en especial los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 2 y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de
2023..
8
“ARTÍCULO 14. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga los decretos
450 y 451 de 2022, en especial el numeral 5 del artículo 2 y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2023».
9
«[…] ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario,
los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
(…)
5. Cuando pierdan vigencia. […]».
10
«[…] ARTÍCULO 89. CARÁCTER EJECUTORIO DE LOS ACTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES. Salvo
disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan
ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad. Para tal
efecto podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01798-01
Accionante: Alonso Peada Uribe
por sustracción de materia, en el entendido que el acto administrativo
que presuntamente vulneró los derechos fundamentales de la
accionante, no está surtiendo efectos jurídicos en este momento, debido
a su derogatoria expresa.
(…)
30. Finalmente, es pertinente resaltar que si bien es cierto que el Decreto
1615 de 30 de noviembre de 2021 exigió nuevamente la presentación del
carné de vacunación o certificado digital para ingresar a ciertos lugares,
también lo es que este juez constitucional, en el marco de proceso de la
referencia, no puede emitir un pronunciamiento de fondo frente al mismo, en
tanto que se trata de actos administrativos distintos, autónomos e
independientes y en relación a los cuales no existe plena identidad jurídica11».
34. Es pertinente poner de relieve que el atributo de la ejecutoriedad hace
referencia a que un determinado acto administrativo, una vez en firme, sea
exigible y produzca efectos jurídicos, circunstancia que no se presenta en este
caso en razón a la referidas derogatorias.
35. En este punto, vale la pena destacar que el juez de primera instancia en el fallo
impugnado consideró que el objeto de la litis era determinar si existía la
vulneración de los derechos fundamentales del actor con ocasión de un acto
administrativo de carácter particular y concreto, por lo que el actor tenía a su
disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
conclusión que esta Sala comparte. Sin embargo, conforme al aparte citado del
escrito de tutela y a la impugnación, el objeto del proceso consiste en la
vulneración de los derechos fundamentales del actor por la expedición de los
Decretos 449 de 29 de marzo de 2022, 450 de 29 de marzo de 2022 y 451 de 29
de marzo de 2022, los cuales se encuentran derogados.
36. Así las cosas, la Sala declarará la carencia actual de objeto por sustracción de
materia, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de 8 de junio de 2023, proferido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar DECLARAR la carencia
actual de objeto por sustracción de materia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.
11
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de diciembre de 2021. Exp.
N° 11001-03-15-000-2021-07893-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01798-01
Accionante: Alonso Peada Uribe
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Consejero de Estado
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente decisión fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA. P (28)
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