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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01801-00

Fecha
2 de junio de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01801-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01801-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

2 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., dos (02) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01801-00
Demandante: Natturale y Cia S.C.A en Liquidación Judicial
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
– Subsección A y otra
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - tercera instancia - la parte actora pretende
reabrir el debate al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por Natturale y Cia S.C.A en
Liquidación Judicial contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda– Subsección A y la Sociedad de Activos Especiales -SAE-.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 13 de abril de 2023, la sociedad Natturale y Cia S.C.A en Liquidación Judicial,
a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra la Sección Segunda,
Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sociedad de Activos
Especiales (en adelante SAE), con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por la primera, al proferir los autos del 22, 30 y 31 de
marzo de 2023 en el marco del incidente de desacato que se adelanta en virtud del
cumplimiento de la sentencia T-1024 de 2012 proferida por la Corte Constitucional y,
la segunda, al proferir la Resolución No. 96 del 29 de marzo del presente año.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se
contraen a las siguientes:

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00
Demandante: Karen Violette Cure Corcione
Demandado: Consejo de Estado Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

<< PRIMERO: Ampare los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
Administración de Justicia de NATTURALE.

SEGUNDO: Dejar sin valor ni efecto el auto del 22 de marzo de 2023 proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del Desacato.

TERCERO: Dejar sin valor ni efecto el auto del 30 de marzo de 2023 proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del Desacato.

CUARTO: Dejar sin valor ni efecto el auto del 31 de marzo de 2023 proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del Desacato.

QUINTO: Ordene al Tribunal que archive el Desacato al haber perdido competencia y
por haberse efectuado las entregas ordenadas en la Tutela T1024-2012.

SEXTO: Dejar sin valor ni efecto la Resolución 096 de 2023 proferida por la SAE, así
como la (sic) comunicación de la SAE a NATTURALE para desaloje los predios que
ocupa en la isla de TIERRA BOMBA y que están comprendidos en el mencionado acto.

SÉPTIMO: Adopte cualquier otra medida que permita proteger los derechos
fundamentales conculcados a NATTURALE >>2 (negrilla propia del texto).

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada
y de las pruebas allegadas se tiene, que:

4.- Fernando Martínez Bohórquez, actuando en calidad de socio de Inversiones
Bocachica S.A. y representante legal de Inversiones Carey E.U. e Inversiones Portal
del Sol E.U.; Nayib Fernando Fontalvo Corrales y José Borré Aguilera, en calidad de
socios de Inversiones Bocachica S.A.; y Lourdes Escobar Araújo, en calidad de
Gestora de la sociedad Bray Escobar; presentaron acción de tutela3 contra la Fiscalía
31 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y
Contra el Lavado de Activos y la Dirección Nacional de Estupefacientes (hoy SAE),
argumentando la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la propiedad, a la defensa y a la igualdad, con ocasión de la falta de entrega formal,
material y definitiva de unos bienes embargados y secuestrados, al interior los
procesos de extinción de dominio 672 ED y 1162 ED acumulados en el expediente
672 ED.

5.- El asunto le correspondió para su conocimiento a la Sección Segunda,
Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dicha autoridad judicial,
a través de fallo del 23 de noviembre de 2009, concedió la solicitud de amparo en
relación con el debido proceso de los demandantes y ordenó a la Dirección Nacional
de Estupefacientes, bajo la dirección de la Fiscalía accionada, para que, en el

2 Expediente digital, folio 43 del escrito de demanda.
3 Tramitada con número de radicado 25000-23-15-000-2009-01711-00.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00
Demandante: Karen Violette Cure Corcione
Demandado: Consejo de Estado Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

término de 15 días hiciera entrega formal, material y definitiva de los bienes ubicados
en Cartagena, Bogotá, Arjona (Bolívar) y sobre unos terrenos ubicados en la Isla
Tierra Bomba.

6.- En sede de revisión, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1024 de 28
de noviembre de 2012, confirmó parcialmente la providencia proferida por el Tribunal
en comento. En su parte resolutiva, dispuso, entre otras cosas:

<< (...) Cuarto: ORDENAR a la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para
la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos y a la Dirección
Nacional de Estupefacientes -DNE- que, en el término de quince (15) días siguientes
a la notificación de esta sentencia, procedan a devolver al señor Fernando Martínez
Bohórquez, individual y exclusivamente, los cinco (5) lotes de terreno ubicados en el
corregimiento de Tierra Bomba, Isla de Tierra Bomba, conforme las escrituras públicas
747 del 14 de abril de 2000, 998, 999 y 1000 de 20 de abril de 1999 y la 672 del 16 de
marzo de 1999, que contienen las coordenadas de los bienes; lo cual habrá de
ejecutarse con la participación de los técnicos topógrafos que se designen para tal
fin.>> (Se destaca)

7.- Posteriormente, el señor Martínez Bohórquez presentó incidente desacato a fin
de obtener el cumplimiento efectivo de las órdenes impartidas por la Corte
Constitucional y, en consecuencia, la entrega material de los bienes que fueron
mencionados el numeral cuarto de la sentencia citada previamente.

8.- En el marco del aludido trámite incidental, la sociedad Natturale y Cia S.C.A en
Liquidación Judicial, solicitó su vinculación como tercero con interés, bajo el
argumento de ostentar la calidad de poseedora de los predios objeto de disputa.

9.- Además, solicitó que se le remitiera el enlace del expediente contentivo del
aludido proceso. Por auto del 22 de marzo de 2023, la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió desatender la
solicitud, considerando que la sociedad en mención no actuó como parte en la acción
de tutela a que se hizo referencia y, por tanto, tampoco ostentó la condición de
interviniente procesal en el incidente de desacato.

10.- El Tribunal accionado, a través de auto del 30 de marzo de 2023, reiteró la falta
de competencia para pronunciarse sobre las diferentes solicitudes presentadas al
interior del trámite incidental, toda vez que, a partir de la decisión de revisión de la
Corte Constitucional, el proceso de tutela concluyó. Por lo tanto, precisó que dicha
autoridad judicial únicamente tiene la función de vigilar el cumplimiento del fallo.

11.- Posteriormente, mediante auto del 31 de marzo del año en curso, el Tribunal
enjuiciado ordenó la incorporación al expediente de la Resolución No. 96 del 29 de
marzo de 2023, proferida por la Sociedad de Activos Especiales -SAE-. En dicho acto

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00
Demandante: Karen Violette Cure Corcione
Demandado: Consejo de Estado Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

administrativo se ordenó: (i) ejercer la función de policía administrativa, con el
propósito de realizar la entrega real y material de los predios en cuestión, en virtud
de lo dispuesto por la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la
Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, mediante
Resolución del 14 de diciembre de 2022; (ii) hacer efectiva dicha entrega al señor
Fernando Martínez Bohórquez, en cumplimiento de las órdenes judiciales impartidas;
(iii) comunicar la decisión a los ocupantes de los aludidos terrenos y demás personas
que se encuentren en la zona, para que, en el evento de no efectuarse la entrega,
se procediera hacer efectiva la misma con apoyo de la fuerza pública 4.

12.- En el aludido proveído, la autoridad judicial también recordó que el 26 de abril
de la presente anualidad, se llevaría a cabo una audiencia que fue programada
exclusivamente con el objeto de verificar el cumplimiento de la entrega total de los
bienes que debe hacer la Sociedad de Activos Especiales y la Fiscalía 31
Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y
contra el Lavado de Activos.

13.- En el escrito de tutela, la parte actora sostuvo que la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales, debido a: (i) que el trámite del
desacato se ha prolongado por más de 10 años; (ii) la usurpación de competencias
asignadas legalmente a los jueces civiles al pretender resolver por vía del desacato
un conflicto en materia de posesión que involucra a la sociedad accionante y a
Fernando Martínez; y (iii) la negativa a aceptar a la entidad accionante como tercero
interviniente a pesar de que en el incidente de desacato no se limita a la cuestión
sancionatoria de los funcionarios, sino que también persigue despojar a terceros de
la posesión que ejercen en predios objeto del trámite. Por lo anterior, la parte actora
considera que el Tribunal incurrió en los siguientes defectos:

<<1. Vía de Hecho del Tribunal por grave defecto orgánico consistente en la pérdida
de competencia, por factor temporal, ante la prescripción y caducidad la acción
disciplinaria que envuelve el Desacato.

2. Vía de hecho del Tribunal por grave defecto orgánico al invadir competencias
asignadas a los jueces civiles para dirimir conflictos en materia de posesión.

3. Vía de Hecho del Tribunal por grave defecto procedimental al confundir el objeto del
desacato (Art. 52 y 54 D. 2591 de 1991) con el del cumplimiento del fallo de tutela (Art.
27 D. 2591 de 1991).

4. Vía de Hecho del Tribunal por grave defecto procedimental en relación con la
renuencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a admitir a NATTURALE como
tercero con interés en el Desacato >>.

4 El acto administrativo fue comunicado por medio del oficio del 31 de marzo de 2023, a la sociedad Natturale y

Cia S.C.A., a los señores Ramón Antonio Duque, José Vicente Caro y Eder Yerena Gómez y/o demás ocupantes.
4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00
Demandante: Karen Violette Cure Corcione
Demandado: Consejo de Estado Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

14.- Sumado a lo anterior, la parte actora aduce que al emitir la Resolución No. 96
del 29 de marzo de 2023, la SAE incurrió en: (i) un defecto sustantivo al pretender
ejercer facultades de policía administrativa por fuera del alcance realmente
autorizado en el artículo 90 y el parágrafo 3 del artículo 91 de la Ley 1708 de 2014,
modificado por el artículo 50 de la Ley 2197 del 2022; (ii) violación del principio de
confianza legítima y ostensible falsa motivación, pues la parte actora considera que
la entrega de los inmuebles objeto de la Resolución 096 de 2023 se realizó en el
2017 y el 2018; (iii) defecto procedimental por haber determinado que la Resolución
096 de 2023 es un acto de ejecución que no tiene recursos, cuando en realidad: (a)
crea obligaciones en cabeza de terceros, ya que ésta ordena en el desalojo de los
predios objeto del incidente y (b) niega la intervención de la entidad accionante en
calidad de tercera poseedora dentro de la actuación administrativa orientada a
restituir una serie de terrenos al señor Fernando Martínez Bohórquez.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

15.- Mediante auto de 17 de abril de 2023, el despacho sustanciador admitió la
solicitud de amparo, notificó a las autoridades demandadas; vinculó a Fernando
Martínez Bohórquez, a la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la
Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, así como a los
señores Ramón Antonio Duque, José Vicente Caro y Eder Yerena Gómez y a todas
aquellas personas naturales y/o jurídicas que ostenten la condición de ocupantes a
los que se refiere la Resolución No. 96 del 29 de marzo de 2023, proferida por la
Sociedad de Activos Especiales, como terceros interesados en el proceso.

16.- Así mismo, negó la medida provisional solicitada por la parte accionante, y
requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que remitiera, en medio
magnético, copia del expediente identificado con el radicado número 25000-23-15-
000-2009-01711-00/01.

(i) Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del
Derecho de Dominio5

17.- El 26 de abril de 2023, la Fiscal 31 Delegada ante los Jueces Penal del Circuito
Especializados de Bogotá solicitó que el recurso de amparo se declare
improcedente. Para ello manifestó que: (i) la actora no demostró la ocurrencia de un
perjuicio irremediable; (ii) la demanda no cumple con los requisitos generales y
particulares de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (iii)
el accionante no se encuentra legitimado en la causa para actuar en el presente
trámite; y (iv) no existe una vulneración a los derechos fundamentales del accionante.

5 Respuesta contenida en 26 folios.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00
Demandante: Karen Violette Cure Corcione
Demandado: Consejo de Estado Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

(ii) Tribunal Administrativo de Cundinamarca6

18.- El 27 de abril de 2022, el Tribunal accionado indicó que los predios rurales
ubicados en la Isla de Tierra Bomba (jurisdicción del Distrito Especial Turísticos e
Histórico de Cartagena), en extensión superior a trescientas hectáreas (300hs),
tienen legalmente la condición temporal o transitoria de bienes fiscales, es decir,
hasta tanto sean efectivamente devueltos o restituidos a los propietarios, en
cumplimiento de la providencia de la Fiscalía que ordenó la entrega – devolución al
señor Fernando Martínez Bohórquez y demás procesados en la referida
investigación penal. Por consiguiente, indicó que tales bienes tienen la condición
imperativa de no ser susceptibles de posesiones, invasiones o actos de disposición
por parte de sus titulares, menos aún por parte de terceros. Además, precisó que, de
conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, su competencia se limita
exclusivamente a vigilar la ejecución del fallo y hasta que esté completamente
restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza. Adicionalmente, de
acuerdo con el artículo 285 del CGP, la sentencia proferida por la Corte
Constitucional no es revocable ni reformable y, una vez ejecutoriada, no es posible
reabrir debates a instancia de las partes procesales y menos, por terceros, como se
ha pretendido en el caso del incidente de desacato objeto de estudio.

(iii) Sociedad de Activos Especiales7

19.- El 10 de mayo de 2023, la SAE realizó un recuento de los principales
antecedentes judiciales y administrativos que dieron lugar a la expedición de la
Resolución 096 de 2023 y solicitó que la acción de tutela se declare improcedente
debido a: (i) la ausencia de la vulneración de los derechos fundamentales invocados
en la demanda; (ii) que la accionante carece de legitimación en la causa para atacar
las decisiones adoptadas en trámite de cumplimiento de la sentencia T-1024 de
2012, pues ésta no hizo parte del proceso de extinción de dominio ni del proceso
constitucional que culminó con la expedición de la referida sentencia; (iii) la sentencia
T-1024 de 2012 hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, por lo que no es posible
reabrir el debate que tuvo lugar en el marco de dicho proceso; y (iv) la consolidada
jurisprudencia constitucional indica que la acción de tutela no resulta procedente
contra una sentencia de tutela dado que se busca evitar una prolongación indefinida
del conflicto y, por tanto, el desmedro de la seguridad jurídica y del goce de los
derechos fundamentales de las partes intervinientes.

(iv) Fernando Martínez Bohórquez8

6 Respuesta contenida en 7 folios.
7 Respuesta contenida en 21 folios.
8 Respuesta contenida en 3 folios.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00
Demandante: Karen Violette Cure Corcione
Demandado: Consejo de Estado Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

20.- El 11 de mayo de 2023, Fernando Martínez Bohórquez solicitó que se niegue
el recurso de amparo. Para ello precisó que la accionante y el señor Vicente Caro
Rodríguez, no se encontraban ocupando los predios objeto de la presente acción
cuando se practicaron las diligencias de ubicación e identificación ordenadas por la
Fiscalía en el año 2001, tal como consta en el informe GEDLA 756 que la Corte
Constitucional erigió como prueba principal y anexó a la sentencia T-1024 de 2012,
así como tampoco se encontraban ocupando los predios en el año 2002 cuando se
expidió la resolución de inicio del proceso de extinción de dominio y se decretaron
las medidas cautelares, ni cuando se practicaron diligencias en el mes de diciembre
de 2009 o con posterioridad al año 2012 cuando la Corte Constitucional citó a todas
las personas con interés en esos predios, en calidad de terceros, poseedores o
tenedores de los mismos. Por tanto, señalo que la accionante y demás poseedores
no alegaron, ni demostraron ningún derecho sobre los mencionados predios ante
ninguna de las autoridades que adelantaron los procesos de extinción de dominio, ni
en la actuación de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ni ante la
Corte Constitucional en sede de revisión, siendo que hubo emplazamientos,
publicaciones de avisos y convocatorias a todos los que tuvieren interés o derecho.

21.- Por último, adujo que la parte actora cuenta con la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho con la finalidad de atacar la legalidad de la Resolución
096 de 2023 expedida por la SAE, razón por la cual en relación a este cargo la acción
de tutela se torna improcedente.

(v) Poseedores que intervienen en calidad de terceros interesados en el
proceso

22.- El 26 de abril de 2023, José Darío Salazar Cruz9 señaló que: (i) es uno de los
poseedores afectados por la SAE, las autoridades municipales y la policía, entidades
que llevaron a cabo la diligencia de desalojo entre los días 17 y el 20 de abril de 2023
en la isla de Tierra Bomba, despojando a la sociedad accionante y a otros terceros,
de la posesión de los predios que ocupaban legítimamente; (ii) tanto el Tribunal como
la SAE, han expresado la intención de extender los desalojos a otros predios de la
isla de Tierra Bomba, concretamente de Boca Chica, en donde, por más de diez años
ha ejercido la posesión sobre uno de los predios por compraventa realizada a los
legítimos poseedores anteriores; y, (iii) en virtud de lo anterior, manifestó que
coadyuvaba las pretensiones de amparo de los derechos constitucionales
formuladas por la demandante en la presente acción de tutela, no solo en defensa
de sus derechos fundamentales, sino también de la de muchos otros poseedores y
nativos que están igualmente afectados con ocasión de las actuaciones desplegadas
por la SAE, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y demás autoridades que
intervinieron en la diligencia de despojo.

9 Respuesta contenida en 2 folios.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00
Demandante: Karen Violette Cure Corcione
Demandado: Consejo de Estado Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

23.- El 27 de abril de 2023, Hernán Cuenca 10 y Argemiro Martínez Sotomayor 11,
María Margarita Varón Gerez indicaron que dentro del polígono a entregar, se
encuentran predios en los cuales ejercen posesión material, el primero desde 2010
en virtud del contrato de compraventa protocolizado en las Escrituras Públicas 976
del tres 3 de julio del 2012 y 179 del 28 de enero del 2011 de la Notaría Cuarta de
Cartagena, y el segundo en virtud de promesa de compraventa de fecha 14 de mayo
del 2013 y que se protocolizó en la Escritura Pública 1573 del 16 de mayo del año
2013 de la Notaría Segunda de Cartagena.

24.- El 27 de abril de 2023, Eder Yerena Gómez12, manifestó que se adhería a la
solicitud elevada por la sociedad accionante. Además, indicó que actualmente en el
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena se encuentre en trámite una
acción de tutela interpuesta con la finalidad de atacar las diligencias de desalojo de
las que fue objeto el predio sobre el cual venía ejerciendo posesión. Al respecto,
señaló que, a través de la Resolución 96 del 29 de marzo de 2023, la SAE no solo
pretende realizar la entrega de terrenos privados y consolidados, sino que dentro del
cuadro de coordenadas descrito en el mencionado acto administrativo, se incluyen
caminos ancestrales (Camino de juangui), vías públicas (Camino Publico de Juangui
a Bocachica) y un cuerpo de agua que goza de protección especial de carácter
constitucional consagrado en el artículo 63 de la CP.

25.- El 28 de abril de 2023, José Vicente Caro Rodríguez13 y Sociedad Comercial
Promotora Condominio Campestre Natturale S.A.S 14 reiteraron los argumentos
expuestos en el escrito de demanda y señalaron que coadyuvaban las pretensiones
elevadas por la sociedad accionante.

26.- El 28 de abril de 2023, la Sociedad Promotora Playa Linda Club House SAS 15,
manifestó que fue desalojada de un predio de diez hectáreas de terreno que se
encontraba bajo su posesión y administración y en el cual existían varias
construcciones que fueron demolidas, destruidas y removidas, mediante orden
expresa de Fernando Martínez Bohórquez, la SAE y la Fiscalía 31 Especializada de
Extinción de Dominio.

27.- El 28 de abril y el 2 de mayo de 2023, María Margarita Varón Gerez16 y Diva
Durango Yanes17, respectivamente, indicaron que son poseedoras en conjunto del
mismo predio denominado “Pal Cielo” ubicado en el sector de Las Monjas, la primera

10 Respuesta contenida en 7 folios.
11 Respuesta contenida en 4 folios.
12 Respuesta contenida en 4 folios.
13 Respuesta contenida en 21 folios.
14 Respuesta contenida en 13 folios.
15 Respuesta contenida en 18 folios.
16 Respuesta contenida en 4 folios.
17 Respuesta contenida en 4 folios.

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Demandado: Consejo de Estado Sección Quinta
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mediante las Escrituras Públicas 612 del 30 de marzo del año 2021 de la Notaría
Cuarta de Cartagena y 1083 de 29 de mayo de 2014 de la Notaría Cuarta de
Cartagena y la segunda mediante la Escritura Pública 1084 del 29 de mayo del año
2014 de la Notaría Cuarta de Cartagena. Al respecto, señalaron que el predio fue
adquirido a través de los contratos de compraventa suscritos con Antonio Carlos
Torres Castro, quien declaró en los mencionados instrumentos públicos que su
posesión inició el 15 de marzo de 2007.

28.- Además, señalaron que mediante la Resolución 04192 del 5 de agosto de 2015
el Incoder clarificó la propiedad de diferentes terrenos ubicados en la Isla de Tierra
Bomba, por lo que en el marco de la expedición de la mencionada resolución el
Incoder elaboró un listado de poseedores y ocupantes, que fueron relacionados en
el Informe Técnico de 6 de mayo del 2014, en el cual se incluyó el predio ”Pal Cielo”
y se precisó que este nunca fue objeto de reclamo por parte de una autoridad judicial,
autoridad administrativa o de algún particular.

29.- Por último, afirmaron que por error el predio “Pal cielo”, fue incluido dentro de
los polígonos que deben restituirse en el marco del cumplimiento de la sentencia T-
1024 de 2012. Esto teniendo en cuenta que en los numerales segundo de la Escritura
Pública No. 253 del 29 de enero de 2010, ratificada en la Escritura Pública 1003 del
14 de mayo de 2010, el representante legal de la Sociedad Inversiones Bocachica
S.A indicó que:

“SEGUNDO: Que la FISCALÍA 31 DE EXTINCIÓN DEL DOMINIO de Bogotá por error
involuntario o por falta de información oportuna, entregó a la sociedad que representa
INVERSIONES BOCACHICA S. A,. la posesión material sobre un lote de terreno con
área de 167 Hectáreas ubicadas en los Sectores SINAI, COQUERA, PLAYA DE LAS
MONJAS, LOS NÍSPEROS, CASTILLETE, PITALETE, PLAYA DEL MAMÓN,
BONGO, EL ARROYO, LOS MANGOS, LOMA DE PIEDRA Y MANJATHAN del
corregimiento de Bocachica, Isla de tierra Bomba, perteneciente a la antigua Hacienda
Karex y Terrenos Indios, en jurisdicción del Distrito de Cartagena.

TERCERO. - Que por ser la sociedad que representa INVERSIONES BOCACHICA S.
A. únicamente poseedora 120 Hectáreas ubicadas en los sectores antes mencionados
de la isla de Bocachica, por medio del presente público instrumento y dando
cumplimiento al Acta de accionistas de Inversiones Bocachica S. A. de fecha 08 de
enero del año 2010, y su documento aclaratorio de fecha 12 de Enero del año 2010,
que entrega para que se protocolicen junto con esta escritura, procede a formalizar la
entrega de parte de las 47 Hectáreas de más que fueron entregadas por la FISCALIA
31 DE EXTINCIÓN DEL DOMINIO de Bogotá antes mencionada de la siguiente
manera”.

30.- Teniendo en cuenta lo anterior afirmaron que El Globo de Terreno donde
actualmente ejercen posesión, está dentro de las 46 hectáreas que fueron devueltas
a Luigi Moisés Araujo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00
Demandante: Karen Violette Cure Corcione
Demandado: Consejo de Estado Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. La acción de tutela contra providencias judiciales

31.- El Consejo de Estado ha enunciado de manera consistente y reiterada, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales18. Así, tales requisitos se refieren, a: (i) que la cuestión que
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de
manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

32.- La relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto
que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que
el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el
ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no
puedan relacionarse con un derecho constitucional19.

33.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

34.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos20: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa
dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de

2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
19 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
20 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:

11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00
Demandante: Karen Violette Cure Corcione
Demandado: Consejo de Estado Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada.

D. Análisis del caso concreto

35.- En el caso objeto de estudio, se cuestiona: (i) la decisión de negar las
solicitudes intervención elevadas por la sociedad accionante y otros poseedores de
predios ubicados en la isla de Tierra Bomba, en el trámite del incidente de desacato
que se adelanta en el marco del cumplimiento de la sentencia T-1024 de 2012,
adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los autos de 22 y 30
de marzo de 2023; (ii) la decisión adoptada en el auto de 31 de marzo de 2023 de
requerir a la Fiscalía General de la Nación y a la SAE de acreditar el cumplimiento
del mencionado fallo a través de los actos administrativos que dieran cuenta de la
entrega efectiva de los bienes de la sociedad Inversiones Bocachica S.A. y (iii) la
decisión adoptada por la SAE en la Resolución 096 de 2023, en la que resolvió
ejercer sus funciones de policía administrativa con la finalidad de materializar la
entrega de los globos de terreno denominados como Karey, Coquera, Portal del Sol
y Posito, a Fernando Martínez Bohórquez.

36.- La Sala estima que la controversia propuesta por la accionante no cumple con
el requisito de relevancia constitucional debido a que:

37.- La sociedad accionante señaló que al proferir los autos de 22,30 y 31 de marzo
de 2023 la autoridad judicial accionada incurrió en una vía de hecho: (i) por la
configuración de un defecto orgánico consistente en la pérdida de competencia, por
factor temporal, ante la prescripción y caducidad la acción disciplinaria que envuelve
el desacato y, al invadir competencias asignadas a los jueces civiles para dirimir
conflictos en materia de posesión; (ii) al incurrir en defecto procedimental al
confundir el objeto del desacato (Art. 52 y 54 D. 2591 de 1991) con el del
cumplimiento del fallo de tutela (Art. 27 D. 2591 de 1991) y al negarse a admitir a
Natturale como tercero con interés en el desacato.

38.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara
el incidente de desacato en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-1024 de
2012 y lo alegado por el accionante en el recurso de amparo, no encuentra esta Sala
que la autoridad judicial accionada haya quebrantado las prerrogativas superiores
alegadas por la parte accionante. Ciertamente, una revisión de los planteamientos
aducidos en la demanda de tutela, permite advertir que los alegatos relacionados
con la configuración de un defecto orgánico y con la configuración de un defecto
procedimental por confundir el objeto del desacato con el del cumplimiento del fallo
de tutela, carecen por completo de carga argumentativa, toda vez que la parte
accionante se limitó afirmar la configuración de dichos yerros sin explicar clara ni
suficientemente las razones constitucionales por las cuales así lo consideraba.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00
Demandante: Karen Violette Cure Corcione
Demandado: Consejo de Estado Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

39.- Como punto de partida debe traerse a colación que al caracterizar el defecto
orgánico, la jurisprudencia constitucional ha establecido que este se fundamenta en
el artículo 121 de la Constitución, el cual dispone que las autoridades del Estado
solo pueden ejercer las funciones que les asigna la Constitución y la ley y en el
artículo 29 Superior, el cual establece que los ciudadanos deben ser juzgados por
juez o tribunal competente, esto es, por quien la Constitución o la ley le asignó el
conocimiento de un determinado proceso.

40.- La Corte Constitucional ha señalado que este defecto se configura: “(i) cuando
el peticionario se encuentra supeditado a una situación en la que existe una
actuación consolidada y no tiene otro mecanismo de defensa, como es el caso de
una decisión que está en firme y que fue dada por un funcionario que carecía de
manera absoluta de competencia; y (ii) cuando, en el transcurso del proceso, el actor
puso de presente las circunstancias de incompetencia absoluta y dicha situación fue
desechada por los jueces de instancia, incluso en el trámite de recursos ordinarios
y extraordinarios, validándose así una actuación erigida sobre una competencia
inexistente”21. Además, ha precisado que en el caso de actuaciones judiciales el
mencionado defecto se configura en dos escenarios: (i) el funcional, cuando la
autoridad judicial extralimita en forma manifiesta el ámbito de sus competencias
constitucionales y legales; y (ii) el temporal, cuando a pesar de tener ciertas
atribuciones o competencias, la autoridad judicial las ejerce por fuera del término
previsto para ello22.

41.- Por otra parte, el defecto procedimental absoluto se halla caracterizado
principalmente como un error en la aplicación de las normas que fijan el trámite a
seguir para la resolución de una controversia judicial. La Corte Constitucional ha
precisado que éste no se configura por cualquier defecto que afecte las formas
propias de cada juicio, sino únicamente en relación a aquellos que se generan
cuando la autoridad judicial se aparta por completo y de manera injustificada del
trámite legalmente establecido, a tal punto que el error tiene la entidad suficiente
para negar la materialización de los derechos fundamentales de las partes en el
proceso23.

42.- En el escrito de demanda, la parte actora afirma que, en el caso objeto de
estudio debe analizarse la prescripción y caducidad del incidente de desacato
considerando: (i) la duración del trámite de cumplimiento de la sentencia T-1024 de
2012 (más de 10 años) y (ii) lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019,
en el que se establece que el término de prescripción y caducidad de la acción
disciplinaria es de 5 años, pues su parecer el desacato es realmente un mecanismo

21 Sentencia SU-072 de 2018.
22 Sentencia SU-565 de 2015 y T-069 de 2022.
23 Sentencia SU-061 de 2018.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

de carácter sancionatorio. En consecuencia, la accionante considera que al extender
de manera indefinida el incidente de desacato el Tribunal vulnera los derechos al
debido proceso y a la seguridad jurídica de los terceros poseedores de predios en
Tierra Bomba, que pueden ser desalojados a pesar de no hacer parte del
mencionado trámite. De igual forma, aduce que el Tribunal incurre en un defecto
procedimental al confundir el objeto del desacato con el del cumplimiento de la
sentencia, por lo que al tiempo que evalúa la procedencia de sanciones contra los
funcionarios de la SAE (Desacato), también convoca audiencias de verificación de
cumplimiento de la sentencia T-1024 de 2012 (Trámite de cumplimiento). Por lo
anterior, considera que, si lo que promovió Fernando Martínez es un trámite de
desacato, entonces lo que debe verificar el Tribunal es si hubo o no cumplimiento a
efectos de imponer las sanciones legalmente establecidas. No le corresponde al
Tribunal en este escenario encargarse de impulsar el cumplimiento de la sentencia
de tutela, por lo que su actuar constituye un grave defecto procedimental al mezclar
uno y otro mecanismo.

43.- En relación a los argumentos propuestos, debe precisarse que si bien una de
las consecuencias derivadas de este trámite incidental de desacato es la imposición
de sanciones generadas por el incumplimiento de las órdenes proferidas en una
sentencia, su auténtico propósito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de
tutela pendiente de ser ejecutada, por lo que este no persigue reprender al renuente
por el peso de la sanción en sí misma, sino que ésta debe entenderse como una
forma para inducir que aquel encauce su conducta hacia el cumplimiento 24. Ahora
bien, en caso de que no resulte procedente imponer una sanción en los términos del
artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, y hasta tanto el fallo no haya sido debidamente
cumplido, de conformidad con el artículo 27 del mencionado decreto el juez tiene el
deber de proferir órdenes encaminadas al pleno cumplimiento y este mantiene su
competencia hasta que se encuentre plenamente restablecido el derecho o
eliminadas las causas de la amenaza de los derechos fundamentales en cada caso
concreto.

44.- De igual forma, al referirse a las diferencias entre el incidente de desacato y el
trámite de cumplimiento la Corte Constitucional ha precisado que de acuerdo con
los artículos 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, ante el incumplimiento de una
decisión proferida en un fallo de tutela, el beneficiario puede acudir ante las
autoridades judiciales competentes en aras de asegurar su debida observancia.
Para tal efecto, el régimen procesal del recurso de amparo consagra el trámite de
cumplimiento y el incidente de desacato, por lo que ambos instrumentos pueden
operar de forma simultánea o sucesiva.

45.- De otro lado, la parte actora señaló que en la sentencia T-1024 de 2012 la
Corte reconoció que los conflictos de posesión entre el señor Fernando Martínez

24 Sentencia SU-034 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Bohórquez y terceros poseedores, como NATTURALE, deben ser dirimidos por la
justicia ordinaria y estableció claramente que su decisión se limita a desafectar los
bienes en la misma forma en que fueron ocupados e incautados, conforme a los
principios de legalidad y publicidad, y el derecho al debido proceso, particularmente
el de defensa de terceros, por lo que considera que al dar continuidad al desacato,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto orgánico al actuar
fuera de sus competencias, ya que a través del desacato pretende resolver un
conflicto de posesión que, según la Corte Constitucional, debe ser dirimido por la
justicia ordinaria.

46.- En respuesta a lo anterior, debe señalarse que como se mostrará más delante,
si bien la Corte indicó que los conflictos de pertenencia relacionados con terceros
poseedores debían resolverse a través de la justicia ordinaria, dicha afirmación no
busca establecer un trámite supletorio o preferente en relación al incidente de
desacato, sino que por el contrario al no ser objeto de la Sentencia T-1024 de 2012,
el Tribunal Constitucional indicó que este tipo de controversias debían ser tramitadas
a través de los canales dispuestos en el sistema jurídico para su resolución, máxime
si se tiene en cuenta que en virtud de los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, las decisiones que se tomen en el trámite del incidente de desacato o de
una solicitud de cumplimiento, no podrán versar sobre los juicios y valoraciones en
los que se basó la sentencia de tutela que sirve como parámetro para decidir dicho
incidente o dicha solicitud y están supeditadas única y exclusivamente al
cumplimiento de las órdenes proferidas en la sentencia objeto de estudio.

47.- Por otra parte, se tiene que el cargo propuesto en relación con la configuración
del defecto procedimental en el que presuntamente incurrió el Tribunal accionado al
negarse a admitir a la demandante como tercero con interés en el incidente de
desacato, pretende convertir el mecanismo de amparo constitucional en una
instancia adicional o complementaria a las decisiones adoptadas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al pretender reabrir un debate jurídico ya zanjado
por el juez natural de la causa.

48.- Para comenzar, la Sala estima pertinente precisar que, en el trámite de la
sentencia T-1024 de 2012, actuaron como partes en calidad de accionantes (i)
Fernando Martínez Bohórquez, alegando la calidad de socio de Inversiones
Bocachica SA y representante legal de Inversiones Carey EU e Inversiones Portal
del Sol EU; (ii) Nayib Fernando Fontalvo Corrales y José Borre Aguilera, en calidad
de socios de Inversiones Bocachica SA; y (iii) Lourdes Escobar Araujo, actuando en
nombre propio y como representante legal de Bray Escobar S en C. Como parte
accionada fungieron la Fiscalía 31 ED y la DNE. Posteriormente se vinculó a la
Fiscalía 11 Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y al
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00
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Demandado: Consejo de Estado Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

49.- Por otra parte, durante el trámite de revisión que se adelantó ante la Corte
Constitucional, diversas personas presentaron escritos informando que se vieron
afectadas a partir de las órdenes proferidas por el Tribunal accionado en sede de
primera instancia. En concreto la Corte Constitucional recibió intervenciones por
parte de los señores Félix Velásquez Echeverri, Edwin Erasmo Cabrera Naranjo,
Edison Fortich Barraza, Eduardo Antonio Gómez Ariza, Dusán Álvin Vélez Trujillo,
Jaime Andrés Mallarino Botero y Juan Esteban Londoño Asselin. Adicionalmente la
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional consideró indispensable poner
en conocimiento de las demás personas que pudieran resultar afectadas y que no
se habían pronunciado respecto de sus intereses, por lo que ordenó publicar un
aviso en un diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, para que en el
término de los cinco días siguientes a dicha publicación, las personas que se
consideraran con un interés legítimo se pronunciaran, sobre la solicitud de amparo
ante la Secretaría General de esta Corporación.

50.- A partir de lo anterior intervinieron por primera vez en el trámite de revisión los
señores Mauricio Aristides Quintana Calderón (en nombre propio y como
representante legal de la sociedad Quintana Galería Ltda.), Armando Javier de
Jesús Rojas, Claudio León Frieri Uribe, José Caram Awad Zaher (representante de
la sociedad Awad López y Cia. S. en C.), Margarita Uribe de Echavarría, Edwin
Erasmo Cabrera Naranjo, Juan Esteban Londoño Asselin, Inés Jiménez Arévalo,
Heder Jiménez Cervantes, Rafael González Gómez, Juan José García Romero, y
Carlos Alfredo Villamarín Eslava.

51.- En este punto, debe precisarse que en la sentencia T-1024 de 2012 a Corte
hizo alusión a la entrega material de cinco lotes de terrenos en la Isla de Tierra
Bomba y evaluó si era procedente la materialización de la devolución de las acciones
en globos de terreno, respecto de la afectación de derechos de terceros. Por lo
anterior, la entidad dividió el estudio del asunto en tres aspectos: (i) los derechos de
posesión sobre los cinco lotes ubicados en la Isla de Tierra Bomba; (ii) las acciones
de Fernando Martínez Bohórquez, Nayib Fontalvo y José Borre Aguilera en
Inversiones Bocachica S.A., así como las cuotas o partes de interés del señor
Martínez Bohórquez en las empresas unipersonales Inversiones Isla Carey e
Inversiones Portal del Sol; y (iii) la situación de los derechos de terceros con la
desafectación de los bienes.

52.- Sobre los derechos de posesión sobre cinco lotes en la Isla de Tierra Bomba,
advirtió que la devolución debía efectuarse de la misma manera como se procedió
para su afectación, esto es, de acuerdo a lo consignado en las tres actas de
ocupación e incautación de tales bienes, teniendo en cuenta que cuando se
materializó la medida cautelar no se presentó ningún tipo de oposición por parte de
terceros.

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Demandado: Consejo de Estado Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

53.- Sobre las medidas cautelares relacionadas con las acciones en las
sociedades, la Sala de Revisión indicó que las medidas cautelares en este caso se
hicieron efectivas a partir de la inscripción en el libro de registro de acciones, por lo
que no era posible su materialización en lotes de terreno al no haberse cumplido con
una ocupación física de los predios.

54.- Por último, en relación a los derechos de los terceros la Corte realizó dos
precisiones, por una parte, analizó el caso de aquellos que se encontraban
ocupando los cinco lotes afectados a Fernando Martínez como persona natural y,
por otra, los que fueron desalojados al materializarse las acciones en terrenos. En
cuanto a los cinco lotes de terreno, concluyó que estos fueron incautados y
ocupados sin que se hubiere presentado oposición ni presencia alguna de terceros
interesados, por lo que no resultaba procedente garantizar los derechos de aquellas
personas que con posterioridad los invadieron y, respecto a las acciones, cuotas y
partes de interés de los actores en Inversiones Bocachica S.A. y las empresas
unipersonales Inversiones Isla Carey e Inversiones Portal del Sol, la Sala Quinta de
Revisión estimó que al concretarse la devolución de las acciones o cuotas parte en
derechos de posesión sobre globos de terreno que nunca fueron materialmente
incautados y ocupados, terminó por cercenar los principios de legalidad y de
publicidad, así como el derecho de defensa de terceros que nunca conocieron que
su predio había sido objeto de afectación.

55.- Esto último, teniendo en cuenta que algunos de los terceros intervinientes
solicitaron oportunamente a la DNE les informara si sus bienes estaban siendo
afectados por medidas cautelares dentro del trámite de extinción de dominio, por lo
que ante dicha solicitud la Dirección señaló que las medidas decretadas por la
Fiscalía 31 no se podían materializar porque solo recaían sobre derechos de
contenido patrimonial real o personal y no sobre hechos como lo es la posesión, lo
que llevó a entender que sus derechos no estaban siendo objeto de medidas
cautelares, situación que necesariamente generó en ellos la convicción de no tener
que hacerse parte en el mismo.

56.- Finalmente, la Corte advirtió que, de persistir conflictos entre los accionantes y
los terceros de cara a la división y titularidad de los derechos de posesión sobre
lotes o globos de terrenos, sería la jurisdicción ordinaria a través del proceso
correspondiente, la llamada a resolver dichas controversias.

57.- En los autos de 22 y 30 de marzo de 2023, el Tribunal accionado señaló que:
(i) la accionante, no era parte dentro de la acción constitucional objeto de estudio y,
por tanto, tampoco interviniente procesal en el incidente promovido por desacato en
relación con la diligencia de entrega de los bienes incautados. Además, precisó que
el proceso en mención, concluyó en el año 2009 por lo que en la etapa en que se
encontraba el mismo no era susceptible de admitir terceros y (ii) no existía

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00
Demandante: Karen Violette Cure Corcione
Demandado: Consejo de Estado Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

oportunidad procesal para atender peticiones o intervenciones propuestas por la
accionante y otros peticionarios, porque el proceso judicial que pretendían
controvertir había concluido por lo que el Tribunal accionado carecía de competencia
para pronunciarse sobre la solicitudes de intervención, pues las declaraciones
elevadas por los peticionarios, implicaban realizar un nuevo análisis de la
controversia que fue objeto de pronunciamiento en la sentencia T-1024 de 2012, lo
que a su vez implicaba desconocer y controvertir el fallo de revisión emitido por la
Corte Constitucional.

58.- Bajo este escenario, no hay duda de que los argumentos expuestos por el
Tribunal accionado son congruentes con las consideraciones expuestas por la Corte
Constitucional en la Sentencia T-1024 de 2012, por lo que no se deduce que dicha
autoridad hubiere incurrido en una indebida aplicación legal o en una falta de
motivación, ni mucho menos que se haya abstenido de efectuar un examen de los
alegatos propuestos por la parte actora.

59.- Sumado a lo anterior, la parte actora aduce que al emitir la Resolución 096 de
2023 la SAE incurrió en: (i) un defecto sustantivo al pretender ejercer facultades de
policía administrativa por fuera del alcance realmente autorizado en el artículo 90 y
el parágrafo 3 del artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, modificado por el artículo 50
de la Ley 2197 del 2022; (ii) violación del principio de confianza legítima y ostensible
falsa motivación, pues la parte actora considera que la entrega de los inmuebles
objeto de la Resolución 096 de 2023 se realizó en el 2017 y el 2018; (iii) defecto
procedimental por haber determinado que la mencionada resolución es un acto de
ejecución que no tiene recursos, cuando en realidad: (a) crea obligaciones en
cabeza de terceros, ya que este consistente en el desalojo de los predios objeto del
incidente y (b) niega la intervención de la entidad accionante en calidad de tercera
poseedora dentro de la actuación administrativa orientada a restituir una serie de
terrenos al señor Fernando Martínez Bohórquez.

60.- En este punto, la a Sala estima pertinente señalar que conformidad con el
precedente fijado por la Corte Constitucional 25 la acción de tutela contra un acto
administrativo de ejecución solo procede si la entidad que expide dicho acto
sobrepasa la orden judicial dada y, por consiguiente, profiere un acto administrativo
que sí plasma la voluntad de la administración. Es decir, profiere un acto
administrativo definitivo.

61.- Lo anterior, se debe a que por regla general los actos administrativos de
ejecución en los que se da cumplimiento a un fallo judicial, la administración no
manifiesta su voluntad, sino que se limita a ejecutar una decisión contenida en una
sentencia judicial amparada en el efecto de la cosa juzgada.

25 Sentencia SU-575 de 2019

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00
Demandante: Karen Violette Cure Corcione
Demandado: Consejo de Estado Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

62.- En el escenario descrito, la Sala considera que la Resolución 096 de 2013, es
un acto administrativo de ejecución en el que, la SAE se limitó a dar cumplimiento a
la sentencia proferida por la Corte Constitucional, debido a que el acto administrativo
sub examine, en su parte motiva o resolutiva no efectuó juicios o razonamientos que
lleven a evidenciar que se modificó, creó o reconoció una situación jurídica.

63.- En ese sentido, se observa que en el numeral 4° de la parte resolutiva de la
Sentencia T-1024 de 2012, la Corte Constitucional ordenó a “a la Fiscalía 31
Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y
Contra el Lavado de Activos y a la Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE- que,
en el término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia,
procedan a devolver al señor Fernando Martínez Bohórquez, individual y
exclusivamente, los cinco (5) lotes de terreno ubicados en el corregimiento de Tierra
Bomba, Isla de Tierra Bomba, conforme las escrituras públicas 747 del 14 de abril
de 2000, 998, 999 y 1000 de 20 de abril de 1999 y la 672 del 16 de marzo de 1999,
que contienen las coordenadas de los bienes; lo cual habrá de ejecutarse con la
participación de los técnicos topógrafos que se designen para tal fin”.

64.- En consonancia con lo anterior, el acto administrativo por la SAE se limitó a: (i)
establecer los globos de predios de conformidad con el informe técnico aportado por
el CTI; (ii) ejercer su función de policía administrativa con el fin de dar cumplimiento
a la Resolución proferida el 14 de diciembre de 2022 por la Fiscalía 31 Especializada
de Extinción del Derecho de Dominio; y (iii) a ordenar la entrega de los predios
identificados por el CTI de conformidad con los parámetros establecidos en la
sentencia T-1024 de 2012. De modo que, el acto administrativo reúne las
características de un acto de cumplimiento de una sentencia judicial proferida por la
Corte Constitucional, la cual debe ser acatada por todas las autoridades públicas.

65.- En ese sentido, se observa que en el caso sub examine no se presenta la
situación que permitiría que proceda la tutela, es decir no se desbordó el mandato
judicial y, por ende, no se adoptó un acto administrativo definitivo. Al respecto, basta
con señalar que la SAE se limitó a cumplir la orden judicial y no a resolver sobre un
derecho subjetivo concreto.

66.- Sin perjuicio de lo anterior, la Sala aclara que tal y como lo indicó la Corte
Constitucional la entidad accionante y los demás poseedores vinculados al presente
trámite tienen el derecho a acudir a la jurisdicción ordinaria en ejercicio de las
disposiciones contenidas en los artículos 972, 974 y 977 del Código Civil, que
establecen el marco normativo del trámite de las acciones posesorias. Lo anterior,
en cuanto la sentencia proferida por la Corte Constitucional hizo tránsito a cosa
juzgada.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-00
Demandante: Karen Violette Cure Corcione
Demandado: Consejo de Estado Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

67.- Por todo lo anterior, habrá de declararse improcedente el amparo impetrado
por Natturale y Cia S.C.A en Liquidación Judicial en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por la ausencia de los antedichos presupuestos
formales.

68.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE26
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

26 VF

19

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