Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01808-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01808-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01808-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
25 de enero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01808-01
Demandante: Guillermo Forero Álvarez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-01808-01
Demandante GUILLERMO FORERO ÁLVAREZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela contra providencias judiciales. Condena en
costas. Apelación adhesiva. Sustentación del recurso de
apelación. La subsidiariedad. La relevancia constitucional: asunto
económico.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por las señoras Alba Luz y Farina Flórez
Sánchez (terceras con interés) contra la sentencia de tutela del 11 de julio de 2023,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que
dispuso:
«PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de Guillermo Forero Álvarez por la violación directa de la
Constitución en la que incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A.
SEGUNDO: DÉJANSE SIN EFECTOS los numerales segundo y tercero de la parte
resolutiva de la sentencia proferida el 6 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, bajo el radicado No. 11001-33-43-063-2019-
00199-02
TERCERO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A que resuelva de fondo el recurso de apelación adhesiva interpuesto por el
accionante, y que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia
profiera una nueva sentencia cuya modificación se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva
aquí expuesta y resuelva únicamente lo atinente a la condena en costas y agencias en
derecho.»1
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 13 de abril de 20232, el abogado Guillermo Forero Álvarez instauró acción de
tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para que se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad y
al debido proceso, los cuales estimó vulnerados con ocasión de la sentencia de
segunda instancia del 6 de octubre de 2022, proferida en el medio de control de
reparación directa (error judicial) Nro. 110013343063-201900199-00, en el que fungió
1 Páginas 9 y 10 de la sentencia de tutela de primera instancia que data del 11 de julio de 2023. Samai en
primera instancia, índice 29.
2 Samai primera instancia, índice 2.
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Demandante: Guillermo Forero Álvarez
como parte demandada. Acusó que presentó apelación adhesiva discutiendo la
decisión sobre condena en costas de la sentencia de primera instancia, pero su
recurso no fue tenido en consideración porque la accionada estimó que estuvo
insuficientemente sustentado.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales constitucionales del suscrito
GUILLERMO FORERO ÁLVAREZ (…) vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “A” (…), al tener por no apelado
de forma injustificada y arbitraria el numeral tercero de la sentencia de primera instancia
proferida el 22 de junio de 2021 por el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo de Bogotá.
SEGUNDA: Como consecuencia del amparo se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “A” (…) que tenga por sustentada
la apelación adhesiva y condene conforme a la ley y demás normas de derecho positivo al
componente de las costas denominado agencias en derecho, en primera y segunda
instancia a la parte demandante integrada por las señoras ALBA LUZ FLÓREZ SÁNCHEZ y
FARINA FLÓREZ SÁNCHEZ en favor del suscrito GUILLERMO FORERO ÁLVAREZ (…)
TERCERA: Dejar sin efectos el numeral TERCERO de la parte resolutiva de la providencia
judicial denominada “Fallo de Segunda Instancia” del 6 de octubre de 2022, notificada el 14
del mismo mes y año, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
• SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “A” – SALA DE DECISIÓN - HONORABLES
MAGISTRADOS JUAN CARLOS GARZÓN MARTÍNEZ, BERTHA LUCY CEBALLOS
POSADA Y ALFONSO SARMIENTO CASTRO (PONENTE), que a su tenor dice:
“TERCERO. - FÍJESE por concepto de agencias en derecho en segunda instancia, a favor
de ALBA LUZ FLÓREZ SÁNCHEZ y FARINA FLÓREZ SÁNCHEZ, la suma de DOS
MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000), las cuales deberá pagar el demandado
GUILLERMO FORERO ÁLVAREZ.”.
Teniendo en consideración que el recurso de apelación adhesiva fue debidamente
sustentado como se ha demostrado a lo largo del presente escrito de demanda de tutela.
CUARTO: En consideración a que no prosperó ninguna de las pretensiones de la parte
demandante ni en primera ni en segunda instancia dirigidas contra GUILLERMO FORERO
ÁLVAREZ, y por el contrario fue vencida en ambas instancias, ordenar a la sala tutelada que
ADICIONE el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la providencia judicial
denominada “Fallo de Segunda Instancia” del 6 de octubre de 2022, notificada el 14 del
mismo mes y año, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “A” – SALA DE DECISIÓN - HONORABLES
MAGISTRADOS JUAN CARLOS GARZÓN MARTÍNEZ, BERTHA LUCY CEBALLOS
POSADA Y ALFONSO SARMIENTO CASTRO (PONENTE), que a su tenor dice:
“SEGUNDO. - FÍJESE por concepto de agencias en derecho en segunda instancia, a favor de la
NACIÓN -RAMA JUDICIAL, la suma de DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000.oo), a cargo
del extremo demandante.”
Adición que incluya las agencias en derecho también en favor del suscrito GUILLERMO
FORERO ÁLVAREZ a cargo de las demandantes ALBA LUZ FLÓREZ SÁNCHEZ y FARINA
FLÓREZ SÁNCHEZ, y no solamente en favor de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL.»3. (Subraya
la Sala)
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Las señoras Alba Luz y Farina Flórez Sánchez presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación, Rama Judicial y contra el señor Guillermo
Forero Álvarez (quien fue su apoderado). El proceso fue identificado con la
radicación Nro. 11001-33-43-063-2019- 00199-00.
3 Página 9 del escrito de tutela. Samai en primera instancia, índice 2.
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Demandante: Guillermo Forero Álvarez
En la demanda se alegó un error judicial en razón a que no fueron incluidas en
la indemnización que se ordenó en un proceso previo de responsabilidad
extracontractual del Estado, pese a que estaba demostrado su parentesco con
la víctima directa.
Reprocharon que el abogado Guillermo Forero Álvarez omitiera apelar
oportunamente la sentencia de primera instancia para debatir el derecho a la
indemnización que les asistía.
2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado 63 Administrativo del
Circuito de Bogotá que, en sentencia del 22 de junio de 2021 negó las
pretensiones de la demanda por no encontrar acreditado el daño alegado.
Asimismo, el juez se abstuvo de condenar en costas porque no se probó que
la parte demandante hubiera actuado de manera temeraria, desleal, infundada
o de mala fe y porque no encontró justificada su imposición.
2.3. Las demandantes apelaron la decisión de negar las pretensiones de la
demanda. Por su parte, el señor Guillermo Forero Álvarez presentó apelación
adhesiva frente a la decisión de no condenar en costas. Dijo que la pauta
normativa al respecto está determinada por el Código General del Proceso,
texto que dispone un criterio objetivo, es decir que la condena en costas deriva
del hecho de haber sido vencido en el proceso. En todo caso aclaró que, aún
bajo el régimen subjetivo, debía accederse a la condena a las demandantes
debido a que la acción incoada fue temeraria y careció de justificación.
2.4. En sentencia del 6 de octubre de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión denegatoria
de las pretensiones de la demanda y frente a la apelación adhesiva de la
demandada dijo que no fue debidamente sustentada y en razón a ello no le
era dable pronunciarse sobre ese punto. Se destaca de la providencia:
«… la Sala precisa que, si bien comparte los argumentos del demandado, GUILLERMO
FORERO ÁLVAREZ, en el sentido que la condena en costas es de carácter objetivo, lo cierto es
que este punto no puede ser objeto de modificación de oficio por cuanto: i) la decisión de la
juez de instancia está debidamente motivada (…); ii) el criterio objetivo de la condena de las
costas, a nivel del Consejo de Estado no es absoluto (…); iii) el abogado demandado incumplió
la carga procesal mínima de sustentar adecuadamente el escrito de apelación adhesiva, por
tanto no se cumplieron los elementos que configuran esta institución; iv) la falta de
sustentación del escrito de apelación adhesiva implicó que, la condena en costas en primera
instancia no fuera apelada. Por ende, la Sala en atención el debido proceso y al principio de
seguridad jurídica, no se puede pronunciar sobre este punto.» (subraya la Sala)
Además, fijó agencias en derecho para la apelación así:
«SEGUNDO. - FÍJESE por concepto de agencias en derecho en segunda instancia, a favor
de la NACIÓN -RAMA JUDICIAL, la suma de DOS MILLONES DE PESOS MCTE
($2.000.000), a cargo del extremo demandante.
TERCERO. - FÍJESE por concepto de agencias en derecho en segunda instancia, a favor de
ALBA LUZ FLÓREZ SÁNCHEZ y FARINA FLÓREZ SÁNCHEZ, la suma de DOS MILLONES
DE PESOS MCTE ($2.000.000), las cuales deberá pagar el demandado GUILLERMO
FORERO ÁLVAREZ»
2.5. La sentencia fue notificada a través de correo electrónico remitido a las partes
el 14 de octubre de 20224.
4 Samai para Tribunales Administrativos proceso nro. 110013343063-201900199-02, índice 20.
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3. Fundamentos de la acción
El señor Guillermo Forero Álvarez discute la sentencia del 6 de octubre de 2022,
específicamente, en lo que refiere a la decisión de no resolver la apelación adhesiva
y sobre la condena en costas y agencias en derecho. Considera que en esos
asuntos adolece de desconocimiento del precedente judicial y violación directa a la
Constitución.
3.1. El primero de los cargos lo sustentó en el desconocimiento de la postura actual
del Consejo de Estado en torno a la condena en costas, en virtud de la cual
esta declaración depende del hecho objetivo de haber sido vencido en juicio.
Al respecto, destacó que en la sentencia del 24 de septiembre de 2021 con
radicación Nro. 85001-23-33-000-2018-00027-01, con ponencia de la
magistrada Marta Nubia Velásquez Rico se indicó que «se condenará en costas a
quien resulte vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación. En ese sentido, la condena depende de un factor objetivo, del hecho de ser vencido
en el proceso, y no de la conducta desplegada por las partes».
3.2. Relativo al cargo por violación directa a la Constitución, dijo que la providencia
acusada desconoce su derecho al debido proceso y a la igualdad porque vio
frustrado su derecho de defensa y contradicción, a ser escuchado y a que el
juez en la segunda instancia se pronunciara sobre los argumentos de su
recurso de apelación.
Considera que, de manera caprichosa el Tribunal tuvo por no sustentado el
recurso, aunque era claro que cumplió con la carga argumentativa.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 18 de marzo de 2023, el despacho sustanciador de primera
instancia (i) admitió la acción de tutela incoada por Guillermo Forero Álvarez
contra la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; (ii) vinculó en calidad de terceros con interés a Alba Luz y a
Farina Flórez Sánchez y al Juzgado 63 Administrativo del Circuito de Bogotá,
dada su calidad de sujetos procesales dentro del medio de control de
reparación directa nro. 11001-33-43-063-201900199-02; y (iii) requirió a las
autoridades judiciales del proceso de reparación directa para que remitieran la
copia digitalizada de las piezas procesales que estimaran relevantes a efectos
de decidir esta acción de tutela.
4.2. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por conducto de la magistrada (E) María Cristina Quintero
Facundo, manifestó que el ponente de la sentencia se retiró de su cargo el 22
de noviembre de 2022 y en su calidad de juez encargada no le es dable emitir
argumentos de defensa de la providencia acusada. Sin embargo, solicitó que
para decidir se tome en consideración la parte motiva de la sentencia del 6 de
octubre de 2022 en la cual se explica por qué se adoptó la determinación sobre
las costas y agencias del derecho a la que se opone el accionante.
4.3. El Juzgado 63 Administrativo del Circuito de Bogotá, a través de la titular
del despacho, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda debido
a que las actuaciones del proceso ordinario en la primera instancia atendieron
al marco jurídico pertinente y a la valoración razonable de las pruebas del
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proceso, sin que de ese ejercicio derive vulneración alguna de los derechos
del señor Forero Álvarez.
4.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura advirtió que la acción de tutela carece de análisis alguno en
torno a los requisitos generales y especiales de procedibilidad de este
mecanismo constitucional cuando se discute una providencia judicial.
En todo caso, reprochó que el actor pretenda por medio de una apelación
adhesiva tardía y que se predica respecto de la demandante (contraparte) ─no
de la demandada dado que la Rama Judicial no recurrió─ que se cambie el
sentido de la sentencia en torno a las costas y agencias en derecho.
4.5. Las señoras Alba Luz y Farina Flórez Sánchez solicitaron la aclaración del
auto admisorio en el sentido de precisar con cuanto tiempo contaban para
presentar informe frente a la acción de tutela. Esta inquietud fue resuelta por
el despacho ponente de primera instancia en auto del 1° de junio de 2023.
5. Providencia impugnada
5.1. En sentencia del 11 de julio de 2023, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia del señor Guillermo Forero Álvarez.
Como fundamento de su determinación, el a quo manifestó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en violación directa a la Constitución
porque no atendió a los argumentos de apelación propuestos por el hoy
accionante contra la sentencia de reparación directa de primera instancia.
En el fallo se precisó que la solicitud de adición de la sentencia no se erige
como mecanismo judicial idóneo para procurar la protección de los derechos
invocados dado que en la acción de tutela se discute el razonamiento que llevó
al Tribunal a declarar que el recurso no fue debidamente sustentado. Entonces
lo que se discute no es que la accionada haya omitido pronunciarse sobre
algunos cargos del recurso, sino las razones que la llevaron a declarar que la
apelación no fue suficientemente sustentada, cuando «lo evidente es que el
accionante hizo reparos claros sobre la negativa de la primera instancia sobre la condena
en costas y agencias en derecho».
Establecido lo anterior, el a quo recordó que el actor interpuso la apelación
adhesiva dentro del término de ejecutoria del auto que admitió la apelación de
la parte demandante en el proceso ordinario, tal como regula el parágrafo 3
del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011; luego, el recurso fue oportuno.
Adicional a lo anterior, el a quo precisó que en el recurso se cuestionó la
decisión de no condenar en costas y agencias en derecho en primera
instancia, omisión que perjudica a quien resultó vencedor en el litigio.
Conforme a lo anterior, el juez de tutela de primera instancia consideró que la
apelación adhesiva se interpuso de manera oportuna y se argumentó
debidamente en el presunto desconocimiento del marco normativo al decidir
sobre la condena en costas y agencias en derecho.
Entonces, correspondía al Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolver
estos reparos en la sentencia de segunda instancia y al omitir tal
argumentación aduciendo la indebida sustentación del recurso desconoció los
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derechos del actor al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
6. Aclaración, adición e Impugnación
6.1. En memorial del 1° de agosto de 20235, el apoderado de las señoras Alba
Luz y Farina Flórez Sánchez interpuso «recurso de impugnación y solicitudes de
aclaración y adición de la sentencia de 11/7/2023», pero precisó que las razones
que sustenten la impugnación serían presentadas cuando el juez de tutela de
primera instancia decidiera sobre la petición de aclaración y de adición.
Solicitó que se aclarara por qué en la sentencia se concluyó que el asunto era
procedente cuando, a su juicio, carece de relevancia constitucional
comoquiera que las pretensiones de la acción de tutela atienden a un interés
netamente económico del señor Guillermo Forero Álvarez y aun cuando no
supera el requisito de subsidiariedad debido a que el actor contaba con el
recurso extraordinario de revisión.
De otra parte, pidió que se adicionara el fallo de tutela en el sentido de indicar
si se configuró el desconocimiento del precedente judicial alegado en la acción
de tutela.
6.2. En auto del 14 de agosto de 2023, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado negó las solicitudes de aclaración y adición del fallo de
tutela.
Sobre la petición de aclaración, precisó que la inconformidad sobre la
procedibilidad general de la acción de tutela no refiere a un verdadero motivo
de duda sobre la sentencia sino a un desacuerdo con sus fundamentos, por lo
que no procede la aclaración.
Sobre la adición, manifestó que el objeto de la controversia quedó agotado
cuando se declaró el amparo por haberse acreditado el defecto de violación
directa a la Constitución en la providencia acusada, sin que haya quedado otro
punto pendiente de solución, por lo que tampoco accedió a esa solicitud.
El auto registró salvamento de voto del magistrado Fredy Ibarra Martínez,
porque consideró que en el fallo de tutela se omitió el análisis del cargo por
desconocimiento del precedente judicial. Luego, estima que se debió acceder
a la petición de adición.
6.3. En auto del 15 de noviembre de 2023, el ponente de primera instancia
concedió la impugnación en los términos y con los argumentos expuestos por
las terceras con interés en el memorial del 1° de agosto de 2023.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
5 Samai en primera instancia, índice 30.
6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
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para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.
3. Planteamiento del problema jurídico
Considerando los antecedentes expuestos, en especial los argumentos del
memorial del 1° de agosto de 2023, corresponde a esta Sala estudiar si la acción
de tutela cumple con los requisitos de relevancia constitucional (asunto meramente
legal) y de subsidiariedad.
En caso de que se encuentre que le asistió razón al a quo al declarar que la acción
de tutela era procedente, se pasará a analizar si la providencia judicial acusada
incurrió en desconocimiento del precedente judicial, debido a que a juicio de las
impugnantes se omitió un pronunciamiento al respecto en la sentencia de tutela de
primera instancia.
Se precisa que la Sala no retomará el análisis del cargo por violación directa a la
Constitución debido a que no fue discutido por las impugnantes en el memorial del
1° de agosto de 2023.
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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4. Del cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad y de relevancia
constitucional en el caso particular
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo
de tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que
considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario.
La relevancia constitucional en asuntos de carácter económico y su
análisis en el caso particular
4.2. Relativo a la improcedencia de la acción de tutela para discutir asuntos de
naturaleza económica, debe precisarse que no se trata de un criterio
absoluto10, pues la Corte Constitucional ha advertido que, en algunos eventos,
10 En la sentencia SU215 de 2022, la Corte Constitucional precisó: «Como ya se mencionó la Corte ha sido
clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia
es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o
particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de
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la discusión, aunque involucre un aspecto patrimonial, puede trascender a
problemas procesales que afecten garantías de rango constitucional, como el
derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia11, pero
cuidando que con ella no se busque reabrir una discusión definida por los
jueces ordinarios.
4.3. Establecido lo anterior, esta Sala considera que se debe tener por acreditado
el requisito de relevancia constitucional en el caso particular, pues, aunque no
se desconoce el efecto patrimonial de la determinación que se discute (costas
del proceso), cierto es que el fundamento de la acción de tutela tiene una
innegable relación con el derecho fundamental del actor al debido proceso en
sus facetas constitucionales de contradicción y defensa y de la doble instancia,
y con el derecho al acceso a la administración de justicia.
Según se expuso en la acción de tutela, y se corrobora en las piezas
digitalizadas del expediente de reparación directa sub examine, el señor
Forero Álvarez discute la decisión de la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de tener por no sustentado y, en
consecuencia, por no aportada la apelación adhesiva que presentó en el
proceso ordinario. Esta determinación llevó a que el Tribunal accionado
decidiera no pronunciarse frente a los argumentos de disenso expuestos en el
memorial de apelación.
Al respecto, en la sentencia acusada, se lee: «(…) iii) el abogado demandado
incumplió la carga procesal mínima de sustentar adecuadamente el escrito de apelación
adhesiva, por tanto, no se cumplieron los elementos que configuran esta institución; iv) la
falta de sustentación del escrito de apelación adhesiva implicó que, la condena en costas
en primera instancia no fuera apelada. Por ende, la Sala en atención el debido proceso y
al principio de seguridad jurídica, no se puede pronunciar sobre este punto.»
El accionante defiende que el recurso sí estuvo debidamente sustentado y
para ello aportó la copia digitalizada del memorial presentado ante ad quem,
por lo que advierte que la decisión de tenerlo como no sustentado y, por ello,
no aportado, es arbitraria y caprichosa y hace que se materialice en la
sentencia un defecto por violación directa a la Constitución.
4.4. Conforme a lo expuesto, se reitera, la acción de tutela tiene relevancia
constitucional dado que la controversia no se limita ni se queda en una
discusión de contenido económico, sino que trasciende a una cuestión
procesal que involucra la posible vulneración de los derechos fundamentales
del actor al acceso a la administración de justicia y al debido proceso en sus
facetas del derecho de contradicción y a la doble instancia. Esta alegada
vulneración ius fundamental deriva de la posible configuración del defecto por
violación directa a la Constitución y desconocimiento del precedente judicial
naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo, en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en
las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa ;
(iii) laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre
que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.»
11 Al respecto se puede consultar la sentencia SU498 de 2016. Con ponencia de la magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado.
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contenidos en una providencia judicial12 que son susceptibles de análisis a
través de la acción de tutela.
Alcance del requisito de subsidiariedad y su análisis en el caso
particular: idoneidad del mecanismo judicial
4.5. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su turno, el artículo 6°
del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente
cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios y extraordinarios de defensa para la protección de los derechos no
pueden ser desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está,
siempre que estos sean idóneos y eficaces. En consecuencia, la tesis de la
Sección, expuesta en diversas sentencias, consiste en que, por regla general,
cuando existe otro medio de defensa judicial, idóneo y eficaz, no es procedente
la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa
se definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en
las que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la existencia o no
de un perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Este requisito de procedibilidad ha sido desarrollado por la jurisprudencia
constitucional, quien ha establecido que se incumple, por lo menos, en tres
eventos13: a) cuando el asunto está en trámite; b) cuando no se han agotado
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y c) cuando se usa
para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico.
4.6. Las impugnantes discutieron la decisión del a quo de declarar que la acción
de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad. Advirtieron que el a quo
pasó por alto que el señor Guillermo Forero Álvarez podía interponer el recurso
extraordinario de revisión para obtener la protección, pero no expusieron por
qué consideran que era procedente. A pesar de la escasa sustentación del
argumento de disenso, la Sala procederá a estudiar si el mencionado recurso
afecta la procedencia de la acción de tutela.
Visto el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, sobre las causales que habilitan
la revisión de las sentencias ejecutoriadas emitidas por el Consejo de Estado
o por los Tribunales Administrativos, encuentra la Sala que ninguna de ellas
se acompasa con la discusión planteada en el escrito de tutela.
Los cargos expuestos en la demanda constitucional no refieren a (i)
documentos relevantes encontrados o recobrados después de dictada la
12 Sobre la procedencia de la acción de tutela en asuntos que, a pesar de su contenido patrimonial, involucran
una discusión de orden ius fundamental con relevancia constitucional, se puede consultar la sentencia
SU167 de 2023 con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera.
13 Al respecto, Corte Constitucional, sentencias SU041 de 2018, SU695 de 2015 y SU-081 de 2020.
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sentencia; (ii) a que el fallo se hubiere proferido con fundamento en
documentos falsos o adulterados; (iii) no involucra discusión alguna sobre
prueba pericial; (iv) no refiera situaciones de violencia o cohecho en la emisión
del fallo acusado; (v) que hubiere aparecido una persona con mejor derecho
para reclamar; y (vi) no versa sobre un asunto que involucre prestaciones
periódicas ni se discute la existencia de una sentencia anterior que contraríe
la decisión e imponga una discusión sobre el principio de cosa juzgada.
Ahora, relativo a la causal quinta de revisión sobre la existencia de una nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
la apelación, esta Sala no desconoce que existe una tesis en el Consejo de
Estado según la cual, pueden enmarcarse en esta causal aquellas discusiones
relativas a que la sentencia vulneró el principio de congruencia, situación que
se puede dar cuando el juez de la causa omita pronunciarse sobre alguna de
las pretensiones de la demanda o de los cargos del recurso.14
Sin embargo, se considera que la argumentación de la acción de tutela no se
acompasa con ese escenario, pues no se discute que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca haya omitido deliberadamente pronunciarse
sobre el recurso incoado, sino los argumentos por los cuales consideró que no
estaba debidamente sustentada la apelación adhesiva y, en consecuencia,
declaró que la decisión sobre las costas del proceso de primera instancia no
fue recurrida.
Al respecto, el accionante advierte que en el recurso se discutió de manera
específica que el juez de primera instancia hubiera decidido no condenar en
costas a la parte vencida con fundamento en un criterio subjetivo de la
conducta de los demandantes, cuando lo apropiado conforme al marco jurídico
pertinente era aplicar el criterio objetivo. Recordó que en el recurso también
se alegó desconocida una sentencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
Al respecto, conviene relacionar el siguiente aparte de la sentencia del 13 de
octubre de 2020, proferida por la Sala 14 Especial de decisión:
«En ese sentido, la incongruencia genera la nulidad de la sentencia cuando esta trastorna
completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso 15 . Por esta
razón, no cualquier reproche sobre la falta de congruencia externa o interna estructura la
causal de revisión, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado
sea protuberante16, a tal punto que, no exista justificación objetiva y relacionada con las
materias medulares del proceso.»
Entonces, se tiene que en el caso particular se cuestiona la argumentación en
virtud de la cual el Tribunal decidió declarar insuficientemente sustentado el
recurso y como no recurrida la decisión de condena en costas de la primera
instancia. Se destaca que el escenario fáctico no refiere a una omisión por
descuido u olvido, sino de una determinación fundamentada en argumentos
que el accionante acusa como caprichosos.
14
Proceso nro. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV). Sala conformada por: Alberto Montaña Plata (M.P.),
Milton Chaves García y Rafael Francisco Suárez Vargas.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-455 de 2016.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia
de 7 de abril de 2015, Radicado 2013-00358-00(REV)
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4.7. De acuerdo con la argumentación expuesta, esta Sala considera que el
recurso extraordinario de revisión no se erige como mecanismo judicial idóneo
para que el actor procurara la protección de los derechos fundamentales que
estima vulnerados con la sentencia del 6 de octubre de 2022, por lo que se
confirma la decisión del a quo relativa a que la acción de tutela supera el
requisito general de subsidiariedad.
5. En el escrito de disenso contra el fallo de tutela de primera instancia, las
impugnantes acusaron que el a quo no se pronunció frente al cargo de
desconocimiento del precedente judicial expuesto en la acción de tutela.
Al respecto debe mencionar esta Sala que lo que en realidad se controvierte
en el escrito de tutela es que el Tribunal accionado no tomó en consideración
ni se pronunció de manera juiciosa frente al argumento de la apelación
adhesiva en el que el señor Forero Álvarez indicó que la condena en costas
debía resolverse bajo un criterio objetivo (haber sido vencido en juicio), tal
como lo estableció la sentencia del 24 de septiembre de 2021 (rad. 85001-23-
33-000-2018-00027-01), proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.
Entonces, la discusión que propone el demandante tiene que ver, en realidad,
con que se haya declarado como no sustentada la apelación y el Tribunal haya
omitido un pronunciamiento de fondo y pormenorizado sobre el criterio que
debe considerarse para condenar en costas, conforme a la jurisprudencia del
Consejo de Estado que él estimaba era la aplicable y pertinente para decidir.
Al respecto, en el escrito de tutela, se lee: «Todo lo anterior demuestra conforme a la
ratio decidendi de la jurisprudencia constitucional que la Sala tutelada incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, máxime que la Sala [la subsección A
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca] no exteriorizó ningún
esfuerzo argumentativo para rebatir los argumentos y las conclusiones a las que arribó la
sentencia del 24 de septiembre de 2021, obligación insoslayable a la que estaba sujeta si
quería separarse del actual precedente judicial. »
Así las cosas, considera la Sala que el disenso se subsume en el cargo de
violación directa a la Constitución en el que se acusa la decisión del Tribunal
de declarar como no sustentada la apelación adhesiva y, como consecuencia
de ello, no pronunciarse frente a la tesis contenida en la sentencia del 24 de
septiembre de 2021, sobre la condena en costas, uno de los cargos del
recurso.
Ahora bien, como la ratio de la sentencia de tutela de primera instancia relativa
a la configuración del defecto de violación directa a la Constitución no fue
impugnada (solo se discutió la procedencia general de la acción y la omisión
de pronunciamiento frente al desconocimiento del precedente judicial), no se
emitirá un pronunciamiento de fondo frente a dicho amparo; aunque, se
precisa, esta Sala comparte el razonamiento expuesto en la decisión
impugnada para acceder a las pretensiones de la demanda en garantía de los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, toda
vez que se encuentra acreditado que, en efecto, la apelación adhesiva
presentada por el señor el señor Guillermo Forero Álvarez sí fue debidamente
sustentada, y en consecuencia, debió ser resuelta por la autoridad judicial
accionada al decidir en segunda instancia el medio de control de reparación
directa con radicado Nro. 11001-33-43-063-2019- 00199-00.
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Demandante: Guillermo Forero Álvarez
Con fundamento en lo expuesto, y establecido que la acción de tutela cumple
con los requisitos generales de relevancia constitucional y de subsidiariedad,
corresponde a esta Sala confirmar la sentencia de tutela del 11 de julio de
2023, en la que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del actor al encontrar que la motivación expuesta en
la sentencia del 6 de octubre de 2022 en relación con la apelación adhesiva
materializa violación directa a la Constitución.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 11 de julio de 2023, proferida por loa Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en
esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
13
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