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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01821-00

Fecha
18 de mayo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01821-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la señora Faisy Llerena Martínez en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, respecto de la verificación de requisitos contenidos en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 26 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-01821-00 Accionante: Faisy Llerena Martínez SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado en lo relacionado con la pretensión de modificar los actos administrativos contenidos en la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 y el Oficio CJO23-1223 de 14 de marzo de 2023 por medio de los cuales se inadmitió del concurso de méritos en el marco de la Convocatoria 027 a la señora Faisy Llerena Martínez, por los argumentos esgrimidos en el presente proveído. TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI. CUARTO: De no ser impugnada ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01821-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

18 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01821-00
Accionante: FAISY LLERENA MARTÍNEZ
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD
DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL

Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, petición, igualdad y
acceso a cargos públicos / concurso de méritos

ACCIÓN DE TUTELA - SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la acción de tutela interpuesta por la
señora Faisy Llerena Martínez en contra del Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

La accionante actuando en nombre propio solicita la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, petición, igualdad y acceso
a cargos públicos, así como de los principios constitucionales de
confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe, con fundamento en
los siguientes:

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Accionante: Faisy Llerena Martínez

1. Hechos

1.1. Manifiesta la actora que se inscribió en la «Convocatoria 027 para
la provisión de cargos de funcionarios en la Rama Judicial» iniciada por
el Consejo Seccional de la Judicatura mediante Acuerdo n.° PCSJA18-
11077 del 16 de agosto de 2018, en la que aspiró al cargo de
magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura.

1.2. En consecuencia, presentó la prueba de aptitudes y
conocimientos, resultado aprobatorio que le fue notificado a través de
la Resolución n.° CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022 que le
permitió continuar a la siguiente etapa del concurso de méritos.

1.3. No obstante, la entidad accionada expidió la Resolución n.°
CJR23-0061 de 08 de febrero de 2023 en la que notificó a la señora
Faisy Llerena Martínez que fue inadmitida por no acreditar el requisito
de título de especialista en alguna de las áreas relacionadas en el
numeral 2.4.5 de la convocatoria o contar con (3) años de experiencia
especifica adicional en los mismos campos.

1.4. Por lo anterior, el 13 de febrero de 2023 presentó solicitud de
verificación de requisitos de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3.° del acto administrativo en mención, petición que fue negada
mediante Oficio CJO23-1223 de 14 de marzo de 2023 al confirmar la
decisión de inadmisión.

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2. Fundamentos de la acción

Manifiesta que el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018
“Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios
de la Rama Judicial” no estableció de manera taxativa cuales eran las
carreras o títulos que se encontraban clasificadas como especialización
en ciencias administrativas, económicas o financieras, pues una vez
consultado el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior (SNIES) no existe en el país un título denominado de tal
manera.

Asimismo, cuestionó que dicho acuerdo no reglamentó que el título de
especialización que se presentara para la aspiración al cargo de
magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura debía corresponder
a determinado núcleo básico de conocimiento (NBC), o área del
conocimiento, pues no era el único para predicar si una especialización
se aviene con las reglas de la convocatoria.

Señaló que la entidad accionada no puede regular aspectos
sustanciales en el proceso de selección como son los requisitos para la
aspiración del cargo en el marco de la actuación administrativa
particular y en consecuencia inadmitirla como concursante, sin
sustento normativo o factico alguno, amparándose en las atribuciones
que se le han conferido como órgano administrador de la carrera
judicial.

Además, porque que la entidad demandada excluyó la experiencia
acreditada por la Institución Educativa Peniel la cual equivale a 125
días laborados; la de oficial mayor de la Sala Disciplinaria del Consejo

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Seccional de la judicatura y la de la Procuraduría Regional de Bolívar;
asimismo sostuvo que contabilizó de manera errónea el total de los
días laborados que ascienden a 2696 y no 2666.

Por otra parte, cuestionó la Resolución CJR23-0061 de 08 de febrero
de 2023 y el Oficio CJO23-1223 de 14 de marzo de 2023 por medio de
los cuales se inadmitió del concurso de méritos, actos administrativos
que en sentir de la demandante eran de trámite, no susceptibles de ser
demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Así pues, insistió que se vulneraron los derechos invocados en el escrito
de tutela, en tanto, el título de especialización y maestría en derecho
público cumplen con los requisitos para la aspiración al cargo de
magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, PETICION,
IGUALDAD y el DERECHO AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS, en conexidad con los
principios fundamentales de CONFIANZA LEGITIMA, SEGURIDAD JURIDICA Y
BUENA FE, así como los que resulten demostrados en el transcurso de la actuación y los que
el señor juez considere que deban ser protegidos, tanto de la suscrita.

SEGUNDO: Se ordene a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura se corrija la decisión de verificación los requisitos mínimos de
estudio y experiencia dentro de la Convocatoria 27, en cumplimiento del Acuerdo PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018, para el caso de la suscrita, y como consecuencia de ello, se
MODIFIIQUE la Resolución CJR23-0061 de 08 de febrero de 2023. “Por medio de la cual se
decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la conformación
del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama
Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018”, pasando
a la suscrita como admitida en el citado concurso de méritos, al haberse acreditado el
cumplimiento de los requisitos mínimos para la aspiración al cargo de Magistrada de Consejo
Seccional de la Judicatura.» (Sic en toda la cita)

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4. Intervenciones

Mediante auto del 19 de abril de 2023 se admitió la acción de tutela de
la referencia y se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial.

4.1. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial manifestó que en virtud de lo
preceptuado en el numeral 22 del artículo 85 de la ley estatutaria de
la administración de justicia expidió el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16
de agosto de 2018 que contiene las reglas para la provisión de cargos
de la rama judicial, el cual no ha sido anulado por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, de modo que, es de obligatorio
cumplimiento tanto para la administración como para los concursantes.

Por otra parte, en cuanto a la acreditación de la experiencia profesional,
indicó que el artículo 3.º numeral 1.2. de dicho acuerdo, estableció
como requisitos i) tener título de especialización en ciencias
administrativas, económicas o financieras, expedido por una
universidad reconocida oficialmente o convalidado conforme a la ley;
ii) acreditar experiencia específica en áreas administrativas,
económicas o financieras, por un lapso no inferior a cinco (5) años y,
iii) no tener antecedentes disciplinarios.

Al respecto, encontró que los estudios de posgrado y maestría en
derecho que la accionante solicitó tener en cuenta para el cumplimiento
de requisitos para el cargo de magistrado del Consejo Seccional de la
Judicatura, correspondían al núcleo básico de conocimiento de derecho

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y afines, área de conocimiento de ciencias sociales y humanas y no al
de ciencias administrativas, económicas o financieras como lo exigía la
ley estatutaria de administración de justicia y se plasmó en la
convocatoria.

Además que no acreditó los 1080 días de experiencia especifica
adicionales en campos administrativos, económicos o financieros para
compensar el requisito de contar con título de especialización en esas
mismas áreas. Así como tampoco demostró haber ejercido las
funciones de docente ni en educación superior con dedicación de
tiempo completo, pues analizadas las certificaciones consideró que
estas no cumplían las reglas establecidas en la convocatoria.

Asimismo, mencionó que no era factible tener en consideración la
certificación expedida por la Procuraduría Regional de Bolívar, porque
se profirió el 10 de octubre de 2018, es decir, que fue posterior a la
fecha de inscripción del aludido concurso (27 de agosto al 7 de
septiembre de 2018).

Así las cosas, insistió que la inconformidad de la accionante radica en
la condición establecida en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, que
sirvió de soporte jurídico a la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero
de 2023, acto administrativo de carácter general susceptible de ser
demandado, a través del medio de control de nulidad.

En ese contexto, sostuvo que la acción de tutela no podía ser utilizada
como un mecanismo paralelo cuando la parte actora tenía a su
disposición otros medios previstos en el CPACA para debatir asuntos
como el que aquí se cuestiona.

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II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:

• ¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, petición, igualdad y acceso a
cargos públicos, al expedir el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018
por medio del cual se adelantó el proceso de selección y convocó
a concurso de méritos para la provisión de los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial; asimismo por inadmitirla del
concurso de méritos en el marco de la Convocatoria 027
mediante la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 y el
Oficio CJO23-1223 de 14 de marzo de 2023 por no acreditar el
requisito 3.31 del aludido acuerdo?

2. Procedencia de la acción de tutela en desarrollo de concursos
de méritos

A partir de lo dispuesto en el artículo 86 de la carta política, se tiene
que la acción de tutela tiene carácter residual, en tanto que su

1 3.3. Para magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura, exclusivamente, no acreditar el título de especialista en

alguna de las áreas relacionadas en el numeral 2.4.6 de esta convocatoria.

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procedencia está supeditada a que el afectado carezca de otro
mecanismo judicial que permita la protección de sus derechos
fundamentales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable2.

Ahora bien, es necesario advertir que no basta con la existencia de otro
medio de defensa judicial, sino que éste deberá ser eficaz en cuanto al
fin pretendido por el ciudadano, apreciación que implica la realización
de un estudio minucioso del mecanismo judicial previsto por el
ordenamiento jurídico, y establecer, además, la idoneidad de este para
lograr el propósito perseguido, es decir, el cese de la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales. Igualmente, el juez de
tutela deberá realizar un estudio de las circunstancias del caso concreto
en que se encuentra el solicitante.

En materia de concursos públicos, la Corte Constitucional ha
considerado que si bien, en principio, podría sostenerse que los
afectados por una presunta vulneración de sus derechos
fundamentales podrían controvertir las decisiones tomadas por la
administración -las cuales están contenidas en actos administrativos
de carácter general o de carácter particular- mediante las acciones
señaladas en el Código Contencioso Administrativo, hoy CPACA, se ha
estimado que éstas vías judiciales no son idóneas y eficaces para
restaurar los derechos fundamentales conculcados3.

2 Reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece que "Toda persona tendrá acción de

tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública
o de los particulares en los casos que señala este decreto", sin embargo de conformidad con lo dispuesto en el numeral
1° del artículo 6° ibídem, ésta acción no procede cuando existen otros medios de defensa judiciales, salvo que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En esto consiste su condición de medio
judicial subsidiario. Ese mecanismo alterno, según reiterada jurisprudencia constitucional, debe ser eficaz, pues de no
serlo, la tutela no procede como medio judicial de protección de los derechos fundamentales.
3 Corte Constitucional, sentencia T-532 de 2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

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En ese sentido, frente a decisiones de trámite que se dictan en el
desarrollo de un concurso de méritos para la provisión de empleos,
contra estos no proceden los recursos de la vía gubernativa ni los
medios de control que regula la Ley 1437 de 2011 – CPACA. Por lo
tanto, en el evento de que se presente, en desarrollo del concurso, la
flagrante violación de un derecho fundamental, la acción de tutela para
el afectado resulta procedente ante la carencia de medios de defensa
judiciales para lograr la continuidad en el concurso.

Sin embargo, en lo que se refiere a los actos definitivos, se ha señalado
que estos son pasibles de los medios ordinarios de control judicial
contemplados en el CPACA, en los cuales se puede solicitar, como
medida cautelar la suspensión del acto4.

3. Caso concreto

En el asunto bajo estudio, la accionante reprocha el Acuerdo PCSJA18-
11077 del 16 de agosto 2018 por medio del cual se adelantó el proceso
de selección y convocó a concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial; así como la Resolución
CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 y el Oficio CJO23-1223 de 14 de
marzo de 2023 mediante los cuales se inadmitió del concurso en el
marco de la Convocatoria 027.

Manifiesta en síntesis que el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto
de 2018 no estableció de manera taxativa cuales eran las carreras o
títulos que se encontraban clasificadas como especialización en

4 Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-368 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-244 de 2010

(MP Luis Ernesto Vargas Silva) y T-800A de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).

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ciencias administrativas, económicas o financieras, pues una vez
consultado el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior (SNIES) no existe en el país un título denominado de tal
manera, pues en efecto el núcleo básico de conocimiento (NBC), o área
del conocimiento no era el único para predicar si una especialización
se aviene con las reglas de la convocatoria.

Además, porque la entidad accionada no podía regular aspectos
sustanciales en el proceso de selección como eran los requisitos para
la aspiración del cargo en el marco de la actuación administrativa
particular y en consecuencia inadmitirla como concursante, sin
sustento normativo o factico alguno, amparándose en las atribuciones
que se le han conferido como órgano administrador de la carrera
judicial, asimismo desestimar la experiencia por ella acreditada.

Por otra parte, cuestionó la Resolución CJR23-0061 de 08 de febrero
de 2023 y el Oficio CJO23-1223 de 14 de marzo de 2023 por medio de
los cuales se inadmitió del concurso de méritos, actos administrativos
que en sentir de la demandante eran de trámite, no susceptibles de ser
demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Para resolver, esta Sala de Subsección considera:

De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente se tiene que
mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 se
adelantó el proceso de selección y se convocó al concurso de méritos
para la provisión de cargos de los funcionarios de la Rama Judicial en
el que se acordó lo siguiente:

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«ARTÍCULO 3. El concurso es público y abierto. La convocatoria es norma
obligatoria y reguladora de este proceso de selección, por tanto, de perentorio
cumplimiento tanto para la administración como para los participantes, quienes
con su inscripción, aceptan las condiciones y términos señalados en el presente
Acuerdo.

1. REQUISITOS

1.2. Requisitos Específicos

Para Magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura5

• Tener título de especialización en ciencias administrativas, económicas o financieras,
expedido por una universidad reconocida oficialmente o convalidado conforme a la ley.
Esta especialización podrá compensarse con tres (3) años de experiencia específica en los
mismos campos.

• Acreditar experiencia específica en áreas administrativas, económicas o financieras, por
un lapso no inferior a cinco (5) años y no tener antecedentes disciplinarios.
(…)
2.4 Documentación Los aspirantes deberán anexar, de conformidad con el instructivo, en
archivo de formato PDF, copia de los siguientes documentos o certificaciones, tanto para
acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el cargo de aspiración,
como para acreditar la experiencia y la capacitación que otorgan puntaje adicional.
2.4.1 Fotocopia de la cédula de ciudadanía por ambas caras. En el evento de que la cédula
esté en trámite, se deberá allegar fotocopia de la contraseña respectiva expedida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que aparezca la foto e impresión dactilar
del aspirante y la firma del funcionario correspondiente.
2.4.2 Fotocopia del acta de grado o del diploma de abogado o de la tarjeta profesional.
2.4.3 Certificados de experiencia profesional.
2.4.4 Certificados de ejercicio de la docencia en áreas jurídicas.
2.4.5 Para el cargo de magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura, se deberá
acreditar, experiencia, capacitación o docencia en ciencias administrativas, económicas o
financieras.
2.4.6 Declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.
(…)
Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas, no serán
tenidas en cuenta dentro del proceso de selección ni podrán ser objeto de posterior
complementación.

3. CAUSALES DE RECHAZO

5 Artículo 84 de la Ley 270 de 1996.

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Serán causales de rechazo, entre otras:
(…)
3.2. No acreditar el título de abogado.
3.3. Para magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura, exclusivamente, no acreditar
el título de especialista en alguna de las áreas relacionadas en el numeral 2.4.6 de esta
convocatoria.
3.4. No acreditar el requisito mínimo de experiencia.
3.5. No presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades.
3.6. Inscripción extemporánea.
(…)
3.9. El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas en la presente
convocatoria, la ley y los reglamentos.

4.1 Etapa de Selección

Comprende la Fase I - Prueba de Aptitudes y Conocimientos, la Fase II – Verificación de
requisitos mínimos y la Fase III – Curso de Formación Judicial Inicial, las cuales ostentan
carácter eliminatorio. (Artículos 164 - 4 y 168 LEAJ).
(…)
Fase II. Verificación de requisitos mínimos

La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura,
verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en la presente
convocatoria respecto de quienes aprobaron las pruebas de aptitudes y conocimientos y
decidirá mediante Resolución sobre la admisión o rechazo al concurso, indicando la
causal o causales que dieron lugar a la decisión.

Sólo dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de dicha Resolución, los
aspirantes rechazados podrán pedir la verificación de su documentación, mediante escrito
que debe ser remitido únicamente al correo electrónico
convocatorias@cendoj.ramajudicial.gov.co, dentro del citado término. Cualquier
solicitud extemporánea o enviada por un medio diferente al correo indicado, se entenderá
como no presentada.

4.2. Etapa Clasificatoria

Comprende los siguientes factores: i) Pruebas de aptitudes y conocimientos, ii) Prueba
psicotécnica; iii) Curso de formación judicial inicial; iv) Experiencia adicional y docencia
y v) Capacitación adicional. La puntuación se realizará así:

I) Pruebas de aptitudes y conocimientos. Hasta 500 puntos.
(…)
III) Curso de Formación Judicial Inicial. Hasta 200 puntos

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(…)
IV) Experiencia adicional y docencia. Hasta 70 puntos.
(…)
V) Capacitación adicional. Hasta 30 puntos.

Cada título de postgrado relacionado con la especialidad del cargo de aspiración, que se
acredite en la forma señalada en el numeral 2.5.8 del presente Acuerdo, se calificará así:
especialización 5 puntos; maestría 15 puntos y doctorado 30 puntos. En todo caso, no se
calificarán más dos especializaciones y una maestría como capacitación adicional.

Especialidad Cargo de Postgrados que aplican a Postgrados por Especialidad
Aspiración todas las especialidades
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
Consejo Seccional de la Ciencias Administrativas,
Judicatura Económicas o Financieras.

(…)
5.3. Recursos

Sólo procede recurso de reposición contra los siguientes actos:

1. Resultado de las pruebas de aptitudes y conocimientos, el cual será resueltos por la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por delegación.

2. Eliminatorios de cada una de las sub fases, general o especializada, dentro del Curso
de Formación Judicial Inicial, los cuales serán resueltos por la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”, por delegación.

3. Acto administrativo que contiene el puntaje obtenido por los aspirantes en la etapa
clasificatoria, el cual será resuelto por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial,
por delegación.
(…)
9. EXCLUSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

La ausencia de requisitos al momento de la inscripción, para el cargo de aspiración,
determinará el retiro inmediato del proceso de selección, cualquiera que sea la etapa del
proceso, previa a la firmeza del correspondiente Registro de Elegibles.

Así mismo, cuando en cualquiera de las etapas del concurso se detecte la comisión de
irregularidades o ilegalidades por parte de un aspirante, o se establezca que las
afirmaciones hechas bajo la gravedad de juramento no concuerdan con la realidad, el

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Consejo Superior de la Judicatura lo excluirá del concurso y compulsará copias a las
autoridades competentes.» Subrayado de la Sala

Una vez superada la prueba de aptitudes y conocimientos el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial
mediante Resolución n.° CJR23-0061 del 8 de febrero de 20236 decidió
la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la
conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de
cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

Asimismo, dispuso para los aspirantes inadmitidos por no acreditar los
requisitos previstos en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de
2018 la posibilidad de presentar solicitud de verificación de requisitos
dentro del término de tres (3) días siguientes a la notificación de la
misma.

Por lo anterior, la accionante presentó dicha solicitud la cual fue
resuelta desfavorablemente, a través del Oficio CJO23-1223 del 14 de
marzo de 20237 por las siguientes consideraciones:

«En atención a la solicitud del asunto remitida dentro del término previsto en el
cronograma, de manera atenta se procede a dar respuesta en los siguientes términos:

Conforme lo establece el artículo 164 de la Ley 270 de 1996 y tal como se regló en el
artículo 3.º del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, “…La convocatoria
es norma obligatoria y reguladora de este proceso de selección, por tanto, de perentorio
cumplimiento tanto para la administración como para los participantes, quienes con su
inscripción, aceptan las condiciones y términos señalados en el presente Acuerdo”.

Así mismo, el artículo 3.º numeral 1.2. del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, estableció
como requisito específico para los cargos de magistrado de Consejo Seccional de la
Judicatura: i). “Tener título de especialización en ciencias administrativas, económicas o
financieras, expedido por una universidad reconocida oficialmente o convalidado

6Información que se extrae del documento
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7Información que se extrae del documento
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conforme la ley. Esta especialización podrá compensarse con tres (3) años de experiencia
especifica en los mismos campos” (correspondiente a 1080 días) y; ii). “Experiencia
especifica en áreas administrativas, económicas o financieras, por un lapso no inferior a
cinco (5) años” (correspondiente a 1800 días) “…La experiencia profesional deberá ser
adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades
jurídicas…”.

A su vez en el numeral 2.4.3. del mismo artículo se determinó que los aspirantes debían
anexar, de conformidad con el instructivo, en archivo de formato PDF, copia de los
certificados de experiencia profesional. A su vez, en el numeral 2.3. se indicó “…Para el
efecto, el instructivo de inscripción hará parte del presente Acuerdo y se publicará en el
citado Portal de la Rama Judicial; la información allí reportada se validará con la
documentación que haya sido digitalizada y se vea reflejada en el aplicativo.”

Así las cosas, en atención a la solicitud de verificación de documentos allegada dentro del
término establecido para ello, se revisó el sistema para establecer el cumplimiento de los
requisitos exigidos para el cargo magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura y se
pudo constatar que no se acreditó el requisito mínimo de contar con título de especialista
en alguna de las áreas relacionadas en el numeral 2.4.5 de la convocatoria o contar con
tres (3) años de experiencia específica adicionales, por las razón que se exponen a
continuación:

• Capacitación

En cuanto al requisito consistente en contar con título de especialización en ciencias
administrativas, económicas o financieras, fueron allegados los siguientes títulos:

• Especialista en Derecho Público de la Universidad del Norte, 17 de julio de 2013, según
consta en diploma. (De conformidad con el SNIES corresponde al área del conocimiento
de ciencias sociales y humanas y al núcleo básico del conocimiento en Derecho y afines).
• Magister en Derecho Público de la Universidad del Norte, 13 de agosto de 2015, según
consta en diploma. (De conformidad con el SNIES corresponde al área del conocimiento
de ciencias sociales y humanas y al núcleo básico del conocimiento en Derecho y afines).

Así las cosas, no acredita título de especialización en las áreas de ciencias administrativas,
económicas o financieras; sin embargo, está puede compensarse con tres (3) años de
experiencia específica en los mismos campos.

• Experiencia

Frente a la experiencia específica, se encontraron los siguientes certificados laborales, los
cuales se contabilizaron teniendo en cuenta las funciones desempeñadas y la fecha de
obtención del título de abogado, que en este caso es 20/10/2007:

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Como se observa, al realizar la sumatoria de los tiempos de las certificaciones que
cumplen con los parámetros definidos en la convocatoria, se observa que acredita el
término mínimo requerido para el cargo de aspiración equivalente a 1800 días; sin
embargo, no acredita los 1080 días de experiencia especifica adicionales para compensar
el requisito de contar con título de especialización en ciencias administrativas,
económicas o financieras.

Las siguientes certificaciones, no cumplen con los requisitos previstos en el acuerdo de
convocatoria:

Cargo Entidad Fecha Fecha Observaciones
Inicial Final experiencia no valida
PASANTE CEJIL-CENTRO 01/11/2007 01/02/2008 Concurrente con la
(PRÁCTICA POR LA JUSTICIA experiencia certificada
LABORAL) Y EL DERECHO por Colectivo de
INTERNACIONAL Mujeres al Derecho
DOCENTE COLEGIO 15/03/2010 30/11/2010 No indica dedicación de
CATEDRÁTI CRISTIANO tiempo completo
CO "PENIL
DOCENTE COLEGIO 01/02/2011 30/07/2011 No indica dedicación de
CATEDRÁTI CRISTIANO tiempo completo
CO "PENIL
OFICIAL CONSEJO 05/07/2016 19/12/2016 No acredita experiencia
MAYOR SECCIONAL DE en ciencias
LA JUDICATURA administrativas,
DEL ATLÁNTICO- económicas o
SALA financiera
DISCIPLINARIA

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Sobre el particular se precisa, que la valoración de los certificados se hizo teniendo en
cuenta la estricta aplicación de las normas establecidas en la convocatoria, en igualdad de
condiciones con los demás participantes, de manera que no es posible dar un tratamiento
diferente, en cuanto a las certificaciones de experiencia profesional, la convocatoria
establece de forma expresa que para el caso particular de magistrado de Consejo
Seccional de la Judicatura, para valorar y puntuar la experiencia, capacitación o docencia
se deberá acreditar que corresponda a ciencias administrativas, económicas o financieras.

En cuanto a la dedicación de tiempo de la experiencia docente, la convocatoria es clara
en establecer que para puntuarla debe ser tiempo completo tanto para el requisito mínimo,
como para la experiencia adicional, sin que haya lugar a interpretaciones diferentes; así
mismo, para el cargo de magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura, debe ser en
ciencias administrativas, económicas o financieras. Así la única experiencia de docente a
tener en cuenta es la acreditada con tiempo completo y en las ciencias referidas.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 3.º numerales 2.5.5. “Las
certificaciones para acreditar el ejercicio de la docencia, deberán ser expedidas por las
respectivas entidades de educación superior oficialmente reconocidas, en las que conste
la cátedra o cátedras dictadas y las fechas exactas de vinculación, tipo de vinculación,
retiro y la dedicación” y 4.2. IV. ”… La docencia en la cátedra en áreas jurídicas o en
ciencias administrativas, económicas o financieras, cuando el cargo lo requiera, dará
derecho a cinco (5) puntos por cada semestre de ejercicio de tiempo completo.” (negrilla
fuera de texto)

Por lo expuesto, con la documentación aportada al momento de la inscripción, no se
acreditó el requisito mínimo de tener título de especialización en ciencias administrativas,
económicas o financieras o tres (3) años de experiencia especifica adicional en los mismos
campos, por lo cual no es posible generar estado de admitido dentro de la convocatoria
para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial.»

De conformidad con lo anterior, esta Sala de Subsección encuentra que
la solicitud interpuesta por la parte accionante se dividió en dos
aspectos: (i) cuestionar la verificación de requisitos del Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 por medio del cual se
adelantó el proceso de selección y se convocó al concurso de méritos
para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial y
(ii) reprochar los actos administrativos contenidos en la Resolución
CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 y el Oficio CJO23-1223 de 14 de
marzo de 2023 mediante los cuales se inadmitió a la accionante del

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concurso en el marco de la Convocatoria 027 por no acreditar el
requisito 3.3 del aludido acuerdo.

3.1. Para la Sala de Subsección surge con claridad la improcedencia de
la acción de tutela, respecto del primer reparo, en tanto, la accionante
tiene a su alcance el medio de control de nulidad para cuestionar el
Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto 2018 por medio del cual se
adelantó el proceso de selección y convocó a concurso de méritos para
la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, acto
administrativo de carácter general.

Por tanto, la intervención excepcional del juez constitucional en el
asunto bajo estudio implicaría la vulneración de los derechos
fundamentales de los concursantes que debieron someterse a las
mismas reglas del concurso de mérito.

En virtud de lo expuesto, la actora debe acudir, si a bien lo tiene, al
medio de control contemplado en el artículo 137 del CPACA, para
controvertir el acuerdo objeto de censura, a fin de que sea el juez
natural de la causa el que determine si las decisiones allí adoptadas se
ajustaron al ordenamiento jurídico.

Además porque entiende la Sala de Subsección que son actos
administrativos definitivos, en tanto i) contienen la manifestación de
voluntad de una entidad pública; ii) se expidieron en ejercicio de la
función administrativa; iii) producen efectos jurídicos, pues adelantó el
proceso de selección y convocó a concurso de méritos para la provisión
de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial; el cual como bien se
indicó anteriormente es susceptible de ser controvertido a través del

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medio de control de nulidad previsto en la Ley 1437 de 2011 por ser
un acto administrativo de carácter general.

En ese contexto, considera la Sala de Subsección que en este asunto
no confluyen los presupuestos que acrediten la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, de tal manera que se requiera la adopción de
una decisión urgente a través de este mecanismo constitucional 8, por
lo que la peticionaria puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en la cual puede solicitar el decreto de alguna de las
medidas cautelares allí previstas, a fin de procurar la tutela judicial
efectiva.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

«15.- Ahora bien, recientemente, mediante la sentencia SU-691 de 2017, la Sala Plena tuvo
la posibilidad de pronunciarse nuevamente respecto de la eficacia de los medios de defensa
previstos en el ordenamiento jurídico ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y
de las medidas cautelares que pueden ser decretadas por el juez. En esa providencia, esta Corte
consideró que estas nuevas herramientas permiten garantizar la protección de los derechos de
forma igual o, incluso superior a la acción de tutela en los juicios administrativos, pero ello
no significa la improcedencia automática y absoluta de la acción de tutela como mecanismo
de protección subsidiario de los derechos fundamentales, ya que los jueces constitucionales
tienen la obligación de realizar, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991,
un juicio de idoneidad en abstracto y otro de eficacia en concreto de los medios de defensa
alternos y, en ese sentido, están obligados a considerar: “(i) el contenido de la pretensión y
(ii) las condiciones de los sujetos involucrados”9».

Es menester señalar que en el asunto bajo estudio no se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria la
intervención del juez constitucional, en tanto, lo que discrepa la Fase
II (verificación de requisitos) del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de
agosto 2018, el cual como se indicó previamente es susceptible del

8 En este punto, la Sala debe insistir en que la procedencia de la acción de tutela en materia de concursos de méritos es

excepcional y aunque en asuntos anteriores ha adoptado decisiones de fondo, ello ha ocurrido ante la inminencia de un
perjuicio irremediable, evento en el cual el medio ordinario de defensa deviene ineficaz.
9 T-059 de 2019.

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medio de control de nulidad previsto en la Ley 1437 de 2011 a fin de
que sea el juez natural de la causa el que determine si las decisiones
adoptadas se ajustaron o no a las reglas del concurso.

En ese contexto, estima la Sala de Subsección que dicha pretensión no
tiene vocación de prosperidad, pues no se advierte en el expediente
elemento probatorio alguno que permita a la Sala de Subsección
intervenir de manera excepcional, razón por la cual se rechazará por
improcedente el primer reparo presentado por la accionante en el
escrito de tutela, en atención a la existencia de otros mecanismos
judiciales de defensa que tiene a su alcance para controvertir, a través
del respectivo juicio de legalidad.

3.2. En cuanto al segundo reparo es pertinente advertir que para la
Subsección la acción de tutela sí procede contra los actos
administrativos que inadmitieron a la accionante del concurso de
méritos en el marco de la Convocatoria 027, puesto que, a pesar de
existir el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
ante la jurisdicción contencioso administrativo, lo cierto es que resulta
ineficaz para amparar los derechos fundamentales cuya protección se
invoca y que de no ser garantizados se configuraría un perjuicio
irremediable para la señora Faisy Llerena Martínez.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Convocatoria 027 para la
provisión de cargos de funcionarios en la Rama Judicial iniciada por el
Consejo Seccional de la Judicatura mediante Acuerdo n.° PCSJA18-
11077 del 16 de agosto de 2018 a la que aspiró y cuya prueba de
conocimientos, habilidades y/o aptitudes superó la actora ya decidió la
admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la
conformación del registro nacional de elegibles, de tal manera que

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entre el momento en que se presente la solicitud de conciliación
extrajudicial como requisito previo a demandar ante la jurisdicción
contencioso administrativo, se interponga la demanda, se defina la
procedencia de las medidas cautelares y se surtan todas las etapas del
proceso, la audiencia inicial, de pruebas, de alegatos y juzgamiento, el
nombramiento de los candidatos que superaron las etapas de la
convocatoria han transcurrido y el derecho de acceso a cargos y
funciones públicas del accionante se ha cercenado.

Ahora bien, se tiene que el artículo 3.º numeral 1.2. del Acuerdo
PCSJA18-11077 de 2018, estableció como requisito específico para los
cargos de magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura:

«(…)
Tener título de especialización en ciencias administrativas, económicas o financieras,
expedido por una universidad reconocida oficialmente o convalidado conforme a la ley.
Esta especialización podrá compensarse con tres (3) años de experiencia específica en los
mismos campos.

Acreditar experiencia específica en áreas administrativas, económicas o financieras, por
un lapso no inferior a cinco (5) años y no tener antecedentes disciplinarios.»

Asimismo, en mencionado acuerdo estableció como causal de rechazo
entre otras:

«3.3. Para magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura, exclusivamente, no acreditar
el título de especialista en alguna de las áreas relacionadas en el numeral 2.4.6 de esta
convocatoria.»

En el asunto bajo estudio observa la Sala que la señora Faisy Llerena
Martínez en el trámite de la inscripción del concurso de méritos, allegó
copia de los títulos de especialista en derecho público de la Universidad
del Norte10 y maestría en derecho público del mismo establecimiento

10 17 de julio de 2013

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universitario11 los cuales no se tuvieron en cuenta, porque según
SNIES corresponden al área del conocimiento de ciencias sociales y
humanas y al núcleo básico del conocimiento en derecho y afines.

La anterior información se encuentra registrada en la página web del
SNIES12 de la siguiente manera:

«(…)

(…)

(…)»
«(…)

11 13 de agosto de 2015
12Información que se extrae consultada la pagina web
https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/detallePrograma

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(…)

Resulta evidente para la Sala que la accionante no acreditó el título de
especialización en las áreas de ciencias administrativas, económicas o
financieras como bien lo indicó el Oficio CJO23-1223 de 14 de marzo
de 2023; porque según SNIES corresponden al área del conocimiento
de ciencias sociales y humanas y al núcleo básico del conocimiento en
derecho y afines.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la señora Faisy Llerena Martínez
no demostró dicho requisito; en el acto administrativo cuestionado
indicó que podía compensarse con tres (3) años de experiencia
específica en los mismos campos.

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No obstante, determinó que al realizar la sumatoria de los tiempos de
las certificaciones que cumplen con los parámetros definidos en la
convocatoria, si bien acreditó el término mínimo requerido para el
cargo de aspiración equivalente a cinco (5) años (1800 días); no logró
demostrar tres (3) años (1080 días) de experiencia especifica
adicionales para compensar el requisito de contar con título de
especialización en ciencias administrativas, económicas o financieras.

Pues en efecto, las siguientes certificaciones de experiencia profesional
no cumplieron con los requisitos previstos en el acuerdo de la
Convocatoria 027:

Cargo Entidad Fecha Fecha Observaciones
Inicial Final experiencia no valida
PASANTE CEJIL-CENTRO POR 01/11/2007 01/02/2008 Concurrente con la
(PRÁCTICA LA JUSTICIA Y EL experiencia certificada
LABORAL) DERECHO por Colectivo de
INTERNACIONAL Mujeres al Derecho
DOCENTE COLEGIO 15/03/2010 30/11/2010 No indica dedicación de
CATEDRÁ CRISTIANO "PENIL tiempo completo
TICO
DOCENTE COLEGIO 01/02/2011 30/07/2011 No indica dedicación de
CATEDRÁ CRISTIANO "PENIL tiempo completo
TICO
OFICIAL CONSEJO 05/07/2016 19/12/2016 No acredita experiencia
MAYOR SECCIONAL DE LA en ciencias
JUDICATURA DEL administrativas,
ATLÁNTICO-SALA económicas o
DISCIPLINARIA financiera

Al respecto, el artículo 3.º del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, indicó
lo siguiente:

«2.4.5 Para el cargo de magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura, se deberá
acreditar, experiencia, capacitación o docencia en ciencias administrativas, económicas o
financieras.
IV) Experiencia adicional y docencia.
(…)
La experiencia laboral en cargos con funciones relacionadas con la especialidad a
desempeñar, o en el ejercicio profesional independiente en áreas jurídicas o ciencias
administrativas, económicas y financieras según el cargo, adicional a la experiencia

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mínima requerida, dará derecho a diez (10) puntos por cada año o proporcional por
fracción de éste.

La docencia en la cátedra en áreas jurídicas o en ciencias administrativas, económicas o
financieras, cuando el cargo lo requiera, dará derecho a cinco (5) puntos por cada semestre
de ejercicio de tiempo completo.»

Lo anterior, permite inferir que para valorar y puntuar la experiencia,
capacitación o docencia la demandante debió certificar que fue en el
área de ciencias administrativas, económicas o financieras.

Es de advertir que una vez analizado el acervo probatorio no se allegó
la copia de los certificados expedidos por el Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico, Sala Disciplinaria y la Procuraduría Regional
de Bolívar para efectos de determinar si se acredita o no experiencia
en ciencias administrativas, económicas o financiera como lo dispuso
el aludido acuerdo.

En ese sentido, para la Subsección los actos administrativos expedidos
por la entidad accionada, mediante los cuales se inadmitió a la señora
Faisy Llerena Martínez del concurso de méritos de la Convocatoria 027
no vulneran los derechos fundamentales invocados en el escrito de
tutela, toda vez que una vez analizados se puede inferir que se
encuentran debidamente motivados conforme al ordenamiento
jurídico, pues se insiste en que la accionante no acreditó el requisito
del título de especialización en ciencias administrativas, económicas o
financieras, el cual podía compensarse con tres (3) años de experiencia
específica en los mismos campos, circunstancia que justifica la
inadmisión dentro de la convocatoria para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial.

Así las cosas, para la Sala resulta evidente que los actos
administrativos cuestionados se encuentran ajustados a los términos

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de la Convocatoria 027 para la provisión de cargos de funcionarios en
la Rama Judicial iniciada por el Consejo Seccional de la Judicatura
mediante Acuerdo n.° PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, en la
que la accionante aspiró al cargo de magistrada del Consejo Seccional
de la Judicatura, por cuanto no acreditó uno de los requisitos allí
dispuestos.

Por las consideraciones expuestas, se negará el amparo constitucional
del segundo de los reparos invocado por la señora por Faisy Llerena
Martínez, pues, como quedó visto, no se configura la vulneración ius
fundamental alegada, con base en lo expuesto previamente.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

FALLA

PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
instaurada por la señora Faisy Llerena Martínez en contra
del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial, respecto de la
verificación de requisitos contenidos en el Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

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Accionante: Faisy Llerena Martínez

SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado en lo relacionado con la
pretensión de modificar los actos administrativos
contenidos en la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero
de 2023 y el Oficio CJO23-1223 de 14 de marzo de 2023
por medio de los cuales se inadmitió del concurso de
méritos en el marco de la Convocatoria 027 a la señora
Faisy Llerena Martínez, por los argumentos esgrimidos
en el presente proveído.

TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.

CUARTO: De no ser impugnada ENVÍESE a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada el dieciocho
(18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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