Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01829-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01829-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01829-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
26 de mayo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01829-00
Accionante: Carlos Norberto Roya Sierra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Expediente: 11001-03-15-000-2023-01829-00
Accionante: CARLOS NORBERTO ROYA SIERRA
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA MINISTERIO DE
HACIENDA MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION
PÚBLICA INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO INPEC.
Tesis: Es improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito de subsidiariedad, cuando se dirige a cuestionar
la legalidad de actos administrativos de carácter general
que fijan el régimen salarial y prestacional de los empleos
públicos y que rigen el sistema general de nomenclatura
y clasificación de empleos públicos.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por
el ciudadano Carlos Norberto Roya Sierra en contra de la Presidencia de
la República, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y del Derecho,
Departamento Administrativo de la Función Pública y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC.
I. LA SOLICITUD DE AMPARO
I.1. Carlos Norberto Roya Sierra promovió acción de tutela en contra de
la Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda, Ministerio de
Justicia y del Derecho, Departamento Administrativo de la Función Pública
y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, con el fin de que
le fueran protegidos los derechos fundamentales a la vida en condiciones
dignas y justas, mínimo vital, a la igualdad, al trabajo.
Asimismo, pidió dejar sin efectos “los Decretos solo en la parte donde se
establezca los grados salariales del Cuerpo de Custodia y Vigilancia que
vayan en contra vía de la Constitución Política, de la Ley 4ª de 1992, Ley
443 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 407 de 1994, Decreto
Reglamentario 861 de 2000, el Decreto 2772 de 2005, el Decreto
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Accionante: Carlos Norberto Roya Sierra
Reglamentario 1785 de 2014 y el Decreto Único Reglamentario del Sector
de Función Pública 1083 de 2015 en el Artículo 2.2.2.4.6”.
Solicitó ordenar al Gobierno Nacional expedir una nueva nomenclatura y
grado salarial para los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
ajustado a la Ley.
También pidió se le ordene al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INPEC, posesionarlo en el empleo denominado Distinguido y que los
efectos sean retroactivos a partir de la entrada en vigencia del Decreto
2772 de 2005.
Finalmente, señaló que, una vez amparados los derechos fundamentales,
se le ordenara al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC,
realizar los ajustes salariales y prestacionales con retroactividad una vez
se genere por parte del Gobierno Nacional la nueva nomenclatura salarial
de los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.
II. SITUACIÓN FÁCTICA
Contó que el 13 de agosto de 2004 fue nombrado dragoneante grado 11,
según resolución 4410 y acta de posesión 000054.
A continuación realizó una descripción del marco normativo del régimen
salarial y requisitos establecido para el cuerpo de custodia y vigilancia, en
particular lo señalado por los decretos 260 de 2000, artículo 6, decreto
2741 de 2000, decreto 407 de 1994, para concluir que el decreto 2741
de 2000 viola el decreto reglamentario 861 de 2000, el cual estableció los
requisitos generales de los empleos por niveles jerárquicos y grados
salariales, y el Decreto 2489 de 2006 no ajustó los grados salariales de
los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, como lo establecía el
Decreto Reglamentario 2772 de 2005.
Concluyó indicando que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único
Reglamentario 1083 de 2015, y en el artículo 2.2.2.4.6. estableció los
requisitos por grado; y que, de acuerdo con el artículo 22 del decreto
reglamentario 861 de 2000, el grado salarial que el correspondería sería
el 16, por lo que ha dejado de percibir el salario y prestaciones sociales
como establece la Ley 4 de 1992.
III. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
III.1. Este despacho admitió la acción de tutela y ordenó la notificación
a las entidades accionadas.
Dentro del término concedido cada una de las entidades rindió informe
sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela, así:
III.2. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República –DAPRE- solicito negar la presente acción de tutela, por no
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cumplirse con el requisito de subsidiariedad, ya que el accionante ataca
unos actos administrativos expedidos por unas entidades públicas, por lo
que cuenta que con otros medios judiciales de defensa idóneos para que
sus pretensiones sean estudiadas por el juez natural.
III.3. El Departamento Administrativo de la Función Pública
manifestó que se oponía a las pretensiones formuladas en la presente
acción de tutela, ya que la entidad que representa no ha vulnerado ni
amenazado ningún derecho fundamental del accionante; asimismo,
consideró que no cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que cuenta
con otros mecanismos de defensa, como tampoco se considera que la
misma se haya interpuesto como mecanismo excepcional por la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, toda vez que el accionante no
allega prueba alguna.
III.4. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por conducto del
subdirector jurídico y representante judicial de la entidad, señaló que la
presente acción de tutela es improcedente por cuanto se dirige contra
actos administrativos de carácter general, abstractos e impersonales,
además de no cumplir con el requisito de subsidiariedad, como tampoco
se demuestra la configuración de un perjuicio irremediable.
III.5. El Ministerio de Justicia y del Derecho, el director jurídico de
esa cartera ministerial solicitó declarar improcedente la acción, por cuanto
no se cumple con el requisito de subsidiariedad, conforme lo establecido
en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.
IV. CONSIDERACIONES
IV.1. COMPETENCIA.
De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991 en concordancia con lo dispuesto en el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 202 numeral 12 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
IV.2. Análisis de la Sala
Procedencia de la acción de tutela
Corresponde a la Sala analizar si se cumplen los requisitos fijados por la
jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela
que ha sido promovida ante la presunta transgresión de garantías
constitucionales como consecuencia de la expedición de unos actos
administrativos de carácter general que rigen el sistema general de
nomenclatura y clasificación de empleos públicos y fija los salarios de los
mismos, los cuales el accionante considera desconocen los objetivos y
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Accionante: Carlos Norberto Roya Sierra
criterios fijados por la Ley 4 de 1992, para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleos públicos
De la subsidiariedad
Conforme al artículo 86 de la Constitución Política y al artículo 6 del
Decreto 2591 de 19911 , la acción de tutela es un recurso subsidiario y
residual para la protección de los derechos fundamentales, lo que implica
que sólo será procedente cuando previamente se hayan agotado todos los
mecanismos de defensa judicial principales de los que se disponga ante
la conducta activa u omisiva de las autoridades, o no exista en el
ordenamiento jurídico un medio idóneo y eficaz para el amparo judicial de
esa clase de derechos.
En esa línea, la Corte Constitucional definió la subsidiariedad como la
“condición de procedibilidad del mecanismo concebido para la adecuada
y eficaz protección de los derechos fundamentales. En desarrollo del
artículo 86 superior, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591
de 1991, establece que la acción de tutela será improcedente cuando
existan otros medios de defensa judicial eficaces para resolver la situación
particular en la que se encuentre el solicitante”. A lo cual agregó que […]
la tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es
un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley;
no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre
prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria2 .”
No obstante lo anterior, se han establecido dos excepciones al principio
de subsidiariedad de la acción de tutela, a saber: i) cuando el mecanismo
ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata
de los derechos fundamentales, y ii) cuando se pretende evitar un
perjuicio irremediable. En este último evento, se debe demostrar que el
perjuicio es inminente y grave, que requiere de la adopción de medidas
de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la protección
constitucional es impostergable.3
Ahora bien, cuando se interpone una acción de tutela contra actos
administrativos y con el fin de preservar el carácter excepcional y residual
de la acción de tutela, y por consiguiente evitar el uso abusivo de la
misma, la Corte Constitucional4 estableció las siguientes condiciones de
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable: “(1) Que se
produzca de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (2)
que de ocurrir no exista forma de reparar el daño producido al mismo;
(3) que su ocurrencia sea inminente; (4) que resulte urgente la medida
de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la
1 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
2 Corte Constitucional, sentencia C-132 de 2018
3 Corte Constitucional, sentencia T-150 de 2016.
4
Sentencia T-359 de 2006
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que se encuentra; y, (5) que la gravedad de los hechos, sea de tal
magnitud que haga evidente la impostergabilidad de la tutela como
mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales5”.
En el caso concreto, el accionante pretende se suspendan los efectos de
los decretos que regulan la nomenclatura y grado salarial para los
funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y como consecuencia se
ordene al Gobierno Nacional expedir otros actos administrativos que
regulen la materia, pero ajustados en su sentir a las disposiciones de las
Leyes 4 de 1992, 443 de 1998 y 990 de 2004, actos cuya naturaleza son
de carácter general.
Finalmente pretende que se ordene al INPEC, nombrarlo en el cargo
denominado como distinguido conforme a lo dispuesto en el Decreto 407
de 1994, artículo 127, literal C., al considerar que cumple con los
requisitos para ocupar ese cargo.
Debido a que la acción de tutela está concebida como un mecanismo
excepcional para la protección individual o subjetiva de los derechos
fundamentales, en principio, no constituye el medio apto para impugnar
judicialmente actos administrativos de carácter general o impersonal 6,
pues el ordenamiento jurídico establece otros medios de defensa judicial
que permiten verificar la constitucionalidad y la legalidad de esa clase de
actuaciones. En particular, (i) la acción de nulidad por
inconstitucionalidad, contemplada en el artículo 135 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), (ii) la acción de simple nulidad consagrada en el artículo 137
ibidem y (iii) la nulidad y restablecimiento del derecho definida en el
artículo 138 del CPACA.
Por lo antes explicado, respecto a las pretensiones de suspender y ordenar
dictar otras disposiciones que regulen el régimen salarial y la clasificación
de las personas que hacen parte del INPEC, la presente acción de tutela
no es procedente, dado que el accionante cuenta con otros medios
idóneos para que se estudie la legalidad de los actos cuestionados, a
saber, los medios de control de nulidad y/o nulidad y restablecimiento del
derecho.
En igual sentido, con la pretensión de ordenar al INPEC que lo nombre en
el cargo de distinguido, nuevamente este medio constitucional no es
idóneo para alcanzar su pretensión, por las razones ya explicadas.
Finalmente, no advierte la Sala que el actor haya justificado un perjuicio
irremediable que de manera excepcional llevara a estudiar el fondo del
asunto, pues sólo indicó las razones por las cuales considera deben
dejarse sin efectos las normas citadas y las razones por las cuales, según
su entender, debe ser nombrado en un cargo distinto al que ostenta.
5
Corte Constitucional, sentencias T 771 de 2004, T 600 de 2002 y SU 086 de 1999
6 Corte Constitucional, sentencia T-097 de 2014.
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Accionante: Carlos Norberto Roya Sierra
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
promovida por Carlos Norberto Roya Sierra, de conformidad a las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en
los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley núm. 2591 del 19
de noviembre de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de
los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de
conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de
noviembre de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA
Consejero de Estado GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO
Consejero de Estado VALDÉS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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