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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01836-01

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01836-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del 2 de junio de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A mediante la cual declaró improcedente el amparo solicitado, conforme a lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01836-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

24 de agosto de 2023

Demandante: Martha Cecilia Díaz Mantilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01836-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01836-01
Demandante: MARTHA CECILIA DÍAZ MANTILLA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE
SANTANDER

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma la
improcedencia. Falta de carga argumentativa en la
impugnación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 2 de junio de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, mediante la cual declaró improcedente el amparo
solicitado, por no encontrar superado el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito enviado el 13 de abril de 2023 al correo electrónico de la
Secretaría General de esta Corporación, la señora Martha Cecilia Díaz Mantilla,
actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, con el fin de que sean amparados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia, a la reparación integral, a la prevalencia al derecho
sustancial.

La parte accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales, con
ocasión del fallo proferido por la autoridad demandada el 11 de agosto de 2022,
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1

Demandante: Martha Cecilia Díaz Mantilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01836-01

mediante el cual revocó la sentencia dictada por el Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta que accedió a las
pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado 54001-33-33-
005-2015-00223-01 presentada por la señora Díaz Mantilla y otros1 contra la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

En consecuencia, la demandante pretende:

“…dejar sin efectos la sentencia de fecha 11 de agosto de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander debidamente notificada a través
de correo electrónico el 12 de Diciembre de 2022, que revocó la sentencia de
Primera instancia emitida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito
de Cúcuta de fecha 02 de julio de 2021, y en su lugar, se declaró la caducidad
del medio de control, lo que implicaba la terminación del proceso de la demanda
de reparación directa interpuesta por ORLANDO CEFERINO FLÓREZ DÍAZ Y
OTROS contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL.

Ordenar que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación del fallo de tutela, para que proteja los
derechos de la parte actora, y profiera una nueva sentencia en la cual tenga en
cuenta el precedente jurisprudencial del H. Consejo de Estado, en punto de
conscriptos, la cual fue expuesta en este escrito de tutela, y en su lugar confirme
la sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo
Oral del Circuito de Cúcuta de fecha 02 de Julio de 2021”2.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

La parte actora sostuvo que el señor Orlando Ceferino Flórez Díaz ingresó
como soldado bachiller al Ejército Nacional el 13 de diciembre de 2011 y que, el
25 de junio de 2012 sufrió un golpe con un objeto contundente que le produjo
un trauma craneoencefálico, lo que condujo a una patología psiquiátrica que
ameritó recibir atención médica especializada el 26 de junio de 2012.

Informó que, el 30 de noviembre de 2012 se le practicó el examen de
evacuación cuyo diagnóstico fue el de “trastorno de adaptación” y se concluyó
que era “no apto” por enfermedad mental. Agregó que, el 21 de noviembre de
2016 se llevó a cabo la Junta Médica Laboral 91458, en la cual se determinó
que su porcentaje de pérdida de capacidad laboral era de 11.5%, con “trauma
cráneo encefálico que deja como secuela síndrome mental orgánico (trastorno

1
Además de los señores Ceferino Roberto Flórez Basto, Orlando Ceferino, Deisy Marllely,
Ferney Saúl, Roberto Alexis, Angie Alexandra, Jennifer Karina y Evelyn Sharith Flórez Díaz,
Jhon Jairo, Edinson Bladimir y Néstor Martínez Díaz, Francisco Asdrúbal, Margy Yadira y Élver
Flórez Rodríguez.
2
Transcrito con posibles errores.

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Demandante: Martha Cecilia Díaz Mantilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
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neurocognitivo, amnesia parcial, cefalea y trastorno del comportamiento
secundario a lesión cerebral), según conceptos de neuropsicología, neurología
y psiquiatría”.

Mencionó que el 12 de junio de 2017 promovieron una demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional, con la finalidad de que esta fuera declarada
administrativa y patrimonialmente responsable de los daños padecidos con
ocasión de la condición clínica del señor Flórez Díaz.

Refirió que el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Cúcuta, mediante fallo del 2 de julio de 2021, accedió a las pretensiones de la
demanda luego de encontrar acreditada la responsabilidad de la entidad
demandada por el daño alegado por la afectación en el soldado durante la
prestación de su servicio militar. En esta oportunidad, se consideró que el
término de caducidad debía contabilizarse desde el momento en que se conoció
con certeza la existencia del daño, es decir, con la calificación de la pérdida de
capacidad laboral expedida por sanidad del Ejército Nacional el 21 de
noviembre de 2016, por lo que, señaló que la demanda se presentó
oportunamente el 12 de junio de 2017.

Precisó que la entidad demandada interpuso un recurso de apelación contra la
sentencia anterior, y que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander con
fallo del 11 de agosto de 2022 la revocó para, en su lugar, declarar la caducidad
del medio de control, pues consideró que, el hecho generador del daño fue el
trauma craneoencefálico conocido por el soldado desde junio de 2012, cuando
acudió por primera vez al servicio de salud por el cuadro clínico que
presentaba; en tanto que, el acta de la junta médica laboral expedida el 21 de
noviembre de 2016 solo certificó la magnitud de los perjuicios ocasionados por
el trauma.

3. Sustento de la petición

La parte demandante sostuvo que el tribunal demandado incurrió en defecto
fáctico en consonancia con un desconocimiento del precedente.

Mencionó que la demandada no tuvo en cuenta los diferentes diagnósticos del
soldado desde que recibió la primera atención médica por psiquiatría hasta
cuando fue valorado por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional.

Sostuvo que mediante acta de junta médica laboral 91458 del 21 de noviembre
de 2016, se le determinó una pérdida de capacidad laboral del 11.5%, con la
cual se pudo determinar definitivamente qué secuelas le dejó el primer
diagnóstico que no era certero inicialmente.

Consideró que la valoración probatoria fue sesgada, porque no atendió a las
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circunstancias particulares para efectos de contabilizar la caducidad de la
demanda, como sí lo hizo el a quo.

Agregó que, el tribunal acusado también desconoció las siguientes sentencias
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que regularon situaciones
similares al presente asunto, a saber:

a) Corte Constitucional, sentencia T-347 de 2020.
b) Corte Constitucional, sentencia T-271 de 2020.
c) Corte Constitucional, sentencia SU-659 de 2015.
d) Corte Constitucional, sentencia proferida en el expediente T-6606527.
e) Corte Constitucional, sentencia proferida en el expediente T-4682444.
f) Consejo de Estado, sentencia de tutela proferida el 24 de mayo de 2018
en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2018-00941-00.
g) Consejo de Estado, sentencia del 1 de julio de 2015 proferida en el
expediente con radicado interno 30.385.

4. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 21 de abril de 2023 se admitió la demanda y, en
consecuencia, se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.

A su vez, se dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés de los
señores Ceferino Roberto Flórez Basto, Orlando Ceferino, Deisy Marllely,
Ferney Saúl, Roberto Alexis, Angie Alexandra, Jennifer Karina y Evelyn Sharith
Flórez Díaz, Jhon Jairo, Edinson Bladimir y Néstor Martínez Díaz, Francisco
Asdrúbal, Margy Yadira y Élver Flórez Rodríguez, así como a la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

Asimismo, se requirió al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Cúcuta para que remitiera copia del expediente ordinario objeto de esta
acción constitucional.

5. Contestaciones

5.1. Tribunal Administrativo de Norte de Santander

El magistrado ponente de la decisión acusada se opuso a la prosperidad de lo
solicitado, al considerar que la sentencia demandada no adolece de los
defectos específicos invocados, por lo que solicitó que se declarara la
improcedencia de la tutela

Destacó que valoró de forma razonable todas las circunstancias fácticas
relevantes, en concordancia con las normas y las reglas jurisprudenciales que
regulan el asunto de la caducidad.
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5.2. Ministerio de Defensa Nacional

Esta entidad solicitó su desvinculación pues la sentencia demandada la dictó el
tribunal en cumplimiento de su deber y de conformidad con las normas
existentes en el ordenamiento jurídico y con la jurisprudencia de las altas
cortes.

Sostuvo que con dicha providencia no se vulneró ningún derecho fundamental y
que esta acción constitucional no puede ser tenida como una tercera instancia.

5.3. Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta

Este despacho judicial remitió el expediente solicitado en medio digital.

5.4. A pesar de haber sido debidamente notificados, los demás sujetos
vinculados guardaron silencio.

3. Sentencia de primera instancia

La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, mediante fallo del 2
de junio de 2023, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no
encontrar superado el requisito de relevancia constitucional. Esta providencia
fue notificada por correo electrónico el 13 del mismo mes y año.

Señaló que la parte actora pretendía convertir el amparo constitucional en una
instancia adicional al proceso ordinario, por no estar de acuerdo con la decisión
adoptada por el tribunal acusado, pues su propósito era reabrir y continuar el
debate, pese a que la autoridad judicial cuestionada no desconoció ninguna de
las pruebas aludidas en su escrito de tutela (frente al defecto fáctico).

Hizo referencia al contenido de la decisión cuestionada, para denotar que en
esta se indicó que el trauma craneoencefálico fue el hecho originador del daño
y que este fue conocido por el señor Flórez Díaz en el mes de junio de 2012,
cuando asistió por primera vez al servicio de salud debido al cuadro clínico que
presentaba.

Mencionó que en dicha decisión demandada también se hizo alusión a que el
acta de la junta médica laboral del 21 de noviembre de 2016 únicamente calificó
la magnitud de los perjuicios ocasionados por el trauma, pero que los
demandantes conocían el hecho dañoso y sus consecuencias desde junio de
2012.

Agregó que el escrito de tutela carecía de carga argumentativa pues la parte
actora manifestó que el tribunal desconoció algunas sentencias las cuales se
limitó a transcribir extensamente, sin exponer los motivos por los que consideró
que se incurrió en el defecto (para el desconocimiento del precedente judicial).
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Precisó que, con todo, la autoridad accionada aplicó el criterio jurisprudencial
vigente sobre la contabilización de la caducidad en los casos relacionados con
lesiones personales cuya existencia se conoce con el paso del tiempo.

7. Impugnación

La parte demandada presentó impugnación en contra del fallo de primera
instancia mediante escrito radicado el 14 de junio de 2023, al señalar lo
siguiente:

“MARTHA CECILIA DÍAZ MANTILLA, mayor de edad, vecina del Municipio de
Cúcuta, identificada con cédula de ciudadanía No. 60.300.444 de Cúcuta, por
medio del presente escrito, de la manera más respetuosa, dentro del término
oportuno, me permito IMPUGNAR el fallo proferido por su despacho de fecha 02
de junio de 2023, notificado al correo electrónico
andrealilibuitragomonsalve@gmail.com y sanabrias51@hotmail.com el día 13 de
junio de la misma anualidad.”

8. Trámite posterior

El proceso inicialmente correspondió a la magistrada Rocío Araújo Oñate, pero
como no alcanzó la mayoría requerida, el suscrito ponente asumió su
conocimiento.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19913, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia impugnada conforme lo
planteado por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si se cumple con la carga argumentativa necesaria para
analizar lo impugnado y, de ser así, si se acreditan los requisitos generales de
procedencia y si con la providencia demandada se incurrió en los defectos
específicos alegados por la parte actora.
3
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.

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3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20124, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.”5 (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, la acción de tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.6

4
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
5
Ibídem.
6
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.

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En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Caso concreto

La parte accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales, con
ocasión del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
el 11 de agosto de 2022, mediante el cual revocó la sentencia dictada por el
Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta que accedió
a las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado 54001-33-
33-005-2015-00223-01 presentada por la señora Díaz Mantilla y otros contra la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

Específicamente, alegó la configuración de un defecto fáctico y un
desconocimiento del precedente con la anterior decisión.

El a quo declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el
presupuesto de la relevancia constitucional.

La parte actora impugnó, para lo cual, indicó lo siguiente:

“MARTHA CECILIA DÍAZ MANTILLA, mayor de edad, vecina del Municipio de
Cúcuta, identificada con cédula de ciudadanía No. 60.300.444 de Cúcuta, por
medio del presente escrito, de la manera más respetuosa, dentro del término
oportuno, me permito IMPUGNAR el fallo proferido por su despacho de fecha 02
de junio de 2023, notificado al correo electrónico
andrealilibuitragomonsalve@gmail.com y sanabrias51@hotmail.com el día 13 de
junio de la misma anualidad.”

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Al respecto, la Sala aclara que de conformidad con lo establecido en los
artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, el juez constitucional de primera
instancia no debe correr ningún traslado para sustentar concesión de la
impugnación de la sentencia.

De igual manera, resulta del caso precisar que constituye una carga para el
impugnante exponer los motivos de inconformidad con base en los cuales
recurre un fallo de tutela. Esto, pues precisamente en el citado artículo 32 se
establece que, el juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido
de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.

Tal carga argumentativa se sustenta tanto en las disposiciones del Decreto
2591 de 1991, como en los pronunciamientos de la Corte Constitucional7 y esta
Corporación8.

En efecto, las citadas Corporaciones han señalado que cuando la tutela se
dirige a cuestionar una providencia judicial la parte actora tiene el deber de
identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y “precisar los
hechos y las razones en que se fundamenta la acción”, lo cual presupone la
exposición clara de los defectos que adolece la decisión demandada.

A su vez, la Sala precisa que, al analizar puntos adicionales a los planteados
por las partes tanto en la solicitud de amparo como en las contestaciones, así
como en la impugnación, implica un estudio oficioso de las providencias
judiciales que se encuentran debidamente ejecutoriadas, lo cual atenta contra
los postulados de cosa juzgada y autonomía judicial.

En igual sentido esta Sala se pronunció mediante sentencia del 13 de octubre

7
Ver entre otras la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional. La misma Corporación
en sentencia T-094-13 indicó: «e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial,
que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos».
8
Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia 19 de septiembre de
2018. Exp. 11001-03-15-000-2018-01300-01. Ver entre otras las sentencias del Consejo de
Estado del 12 de mayo de 2016 Exp. 2015-03501-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, del 25 de agosto de 2016 Exp. 2016-01130-01, 27 de octubre de 2016 Exp. 2016-
01234-01, 19 de septiembre de 2018. Exp. 11001-03-15-000-2018-01300-01 M.P. Rocío Araújo
Oñate, del 15 de diciembre de 2015 Exp. 11001-03-15-000-2015-01828-01. M.P Carlos Enrique
Moreno Rubio, del 9 de febrero de 2017. M.P. Rocío Araújo Oñate. Exp. 11001-03-15-000-
2016-02014-01, del 15 de noviembre de 2017. M.P. Rocío Araújo Oñate. Exp. 11001-03-15-
000-2017-01880-01 y del 26 de abril de 2018. Exp. 11001-03-15-000-2017-02928-01. M.P.
Rocío Araújo Oñate, del 9 de noviembre de 2017. Exp. 11001-03-15-000-2016-02743-01. M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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de 20169, en la que consideró que “…cuando se trata de tutelas ejercidas en
contra de providencias judiciales, la parte recurrente no puede limitar su
intervención a la simple manifestación de no estar de acuerdo con la decisión
judicial de primera instancia, por el contrario, debe observar una carga mínima
que soporte los motivos de su impugnación, indispensable para que el juez de
tutela de segunda instancia conozca las razones de su desacuerdo y, así, se
adentre en el estudio que la misma requiere…”

Por lo que, se trata de una carga argumentativa que también debe cumplirse al
impugnar el fallo de tutela que permita al ad quem establecer cuáles son los
motivos de inconformidad respecto del pronunciamiento que en primera
instancia declaró la improcedencia frente a lo solicitado en el escrito de tutela, la
defensa de las partes e intervinientes, además del material probatorio allegado.

De todas maneras, debe precisarse que esta exigencia puede morigerarse
cuando se trate de personas que se encuentren en situaciones de
vulnerabilidad y ello les impida formular una exposición detallada sobre el
concepto de la vulneración, situación que no se presenta en el caso concreto.

En tales condiciones, al no haber expuesto la parte impugnante los motivos de
desacuerdo respecto de la sentencia de tutela proferida por el a quo y
simplemente haberse limitado a impugnar dicha decisión, resulta claro para la
sala que no cumplió con la carga argumentativa que le correspondía y, por
ende, no es posible entrar a realizar un nuevo estudio oficioso del caso
concreto.

En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado que declaró la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la
relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 2 de junio de 2023, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A mediante la cual declaró
improcedente el amparo solicitado, conforme a lo señalado en la parte motiva
de la presente providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del

9
Magistrado ponente Alberto Yepes Barreiro. Ver igualmente las sentencias del 9 de febrero de
2017. Magistrada Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2016-02014-01 y del 15 de
noviembre de 2017. Magistrada Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2017-01880-01.

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Demandante: Martha Cecilia Díaz Mantilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01836-01

Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, y envíese copia de la misma al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Salva voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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