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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01860-00

Fecha
18 de mayo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01860-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor Herman Gustavo Garrido Prada en contra de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01860-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

18 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01860-00
Accionante: HERMAN GUSTAVO GARRIDO PRADA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al acceso a la información pública,
acceso a la administración de justicia y debido
proceso/ recurso de insistencia / defecto sustantivo
/ información pública con carácter de reserva

Sentencia de primera instancia

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el
señor Herman Gustavo Garrido Prada, en contra de la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

La parte accionante, actuando en nombre propio, invoca la
protección de los derechos fundamentales al acceso a la información
pública, acceso a la administración de justicia y debido proceso, con
fundamento en los siguientes:

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01860-00
Accionante: Herman Gustavo Garrido Prada

1. HECHOS

1.1. El 20 de mayo de 2022, radicó vía correo electrónico petición
ante la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, solicitando
«(…)CERTIFICAR cuáles fueron los ejes temáticos suministrados por
la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ a la CNSC como
insumo para el concurso de méritos adelantado mediante la
Convocatoria No. 1206 de 2019».

1.2. Mediante comunicado con radicado núm. 2022RS088689 del
23 de agosto de 2022, la Comisión Nacional del Servicio Civil dio
respuesta a la solicitud presentada, negando el acceso a dicha
información por su carácter confidencial.

1.3. Inconforme con dicha respuesta, el señor Garrido Prada
presentó recurso de insistencia en contra de la CNSC, el cual fue
trasladado mediante oficio núm. 2022RS101755 del 19 de
septiembre de 2022 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

1.4. El proceso correspondió a la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, a través
de sentencia del 26 de enero de 2023, negó las pretensiones de la
demanda al considerar que la respuesta por parte de la entidad
estuvo ajustada a la normatividad aplicable, toda vez que la
información solicitada goza de reserva legal, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante indica que con la decisión proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca se vulneraron sus

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derechos fundamentales al acceso a la información pública, acceso
a la administración de justicia y debido proceso.

Señala que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo por interpretación errónea o irrazonable de la norma,
argumentando que «al aplicar de forma extensiva una restricción no
contemplada en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, respecto de
los EJES TEMÁTICOS que sirven de insumo para elaborar las
PRUEBAS ESCRITAS, por manera que el asunto puesto a examen del
H. Consejo de Estado goza de relevancia constitucional, en la medida
de que no se trata de una discusión de índole legal, sino que por el
contrario, trata de dilucidar si efectivamente el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia que me asisten por cuanto, la sentencia que se pide infirmar
me está negando además del acceso a la administración de justicia
y al debido proceso, el ACCESO A UNA INFORMACIÓN
ESENCIALMENTE PÚBLICA, sin que cuento con ningún otro
mecanismo de defensa judicial para remediar esta situación.»

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

« PRIMERO: CONCEDER el amparo de mis derechos constitucionales
fundamentales DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y AL
DEBIDO PROCESO.
SEGUNDO: Disponer que se deje sin efectos la sentencia del H. TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA,
SUBSECCIÓN A, emitida el veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés
(2023), dentro del 25000-23-41-000-2022-01272-0-23-41-000- 2022-01260-00,
con ponencia de la H. Magistrada CLAUDIA ELIZABETH LOZZI
MORENO y en su lugar, ordenar que el plazo de 10 días se profiriera la

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providencia de reemplazo, en la cual se INTERPRETE adecuadamente el
artículo 31 de la Ley 909 de 2004, vale decir, sin hacer extensiva la reserva a
otras materias no contempladas por el Legislador, como lo serían los EJES
TEMÁTICOS que sirven de insumo para elaborar las PRUEBAS ESCRITAS en
los concursos de méritos adelantados por la CNSC.»(Sic en toda la cita)

4. INTERVENCIONES

Mediante auto del 21 de abril de 2023 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar a la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como
accionado y a la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC como
tercero interesado en las resultas del proceso.

4.1. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por conducto de la magistrada
ponente de la decisión, solicitó que se declare la improcedencia de
la presente acción de amparo, por no cumplir con los presupuestos
establecidos por la Corte Constitucional para que proceda la tutela
contra providencias judiciales.

Al respecto, sostuvo que la acción de amparo no puede convertirse
en una instancia adicional de los recursos de insistencia, máxime si
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo estableció que dicho recurso correspondía en única
instancia a los Tribunales Administrativos.

Asimismo, señaló que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado resolvió un acción de tutela donde suscitan las
mismas partes y por el mismo asunto referido al acceso a los ejes
temáticos de las pruebas realizadas en la Convocatoria núm. 1268
de 2019, donde estableció que el tribunal accionado no incurrió en

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el defecto sustantivo alegado, toda vez que interpretó
adecuadamente el numeral 3.º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004.

4.2. No se rindieron más informes.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción
de tutela, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 2591 de
1991 y 333 de 2021.

2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, al
proferir la sentencia del 26 de enero de 2023 mediante la cual negó
las pretensiones del recurso de insistencia instaurado por la parte
accionante incurrió en el defecto sustantivo y, por consiguiente, en
la vulneración de los derechos fundamentales al acceso a la
información pública, acceso a la administración de justicia y al debido
proceso .

Previamente a lo anterior, se deberá establecer la procedencia de la
acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada.

Para dar respuesta a los anteriores planteamientos se procederá a
analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos

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generales de procedencia; y, de encontrarla procedente, iii) defecto
sustantivo y iv) el caso concreto.

3. La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece,
y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta
le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el
contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara
después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos
generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el

1
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-
000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a
estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el
proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto
ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar
un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción
cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad
procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique
la situación fáctica; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente
en aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii)
defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v)
violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del
precedente.

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3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos
que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el
amparo constitucional.

3.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso
«razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada
se profirió el 26 de enero de 2023 y la acción de tutela se presentó
el 17 de abril del mismo año.

3.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia del defecto
sustantivo en que, presuntamente, incurrió la autoridad judicial
cuestionada.

3.2. Del defecto material o sustantivo:

De conformidad con la jurisprudencia constitucional3, el defecto
material o sustantivo se origina en primer momento cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o

3
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de
2015, entre otras.

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inconstitucionales4, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea,
porque la norma, (a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó
cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es
inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e)
está vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación
fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra
dentro del margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no
se da aplicación a las sentencias con efecto Erga Omnes, que son
aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y
finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el
ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la
disposición”5.

En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina
cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una
contradicción evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos
que la explican. En este orden de ideas, se produce cuando la
decisión “(vi) se funda en una hermenéutica no sistémica de la
norma, es decir, con omisión del análisis de otras disposiciones que
regulan el caso, (vii) cuando desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso en concreto,(viii) no se encuentra
debidamente justificada y por ende afecta derechos fundamentales
(ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el
precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la excepción de
inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la
Constitución”6. Este defecto, se presenta ante situaciones

4
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
6
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

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excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial
es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de
no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente7.

4. Caso concreto

En el presente asunto, el señor Herman Gustavo Garrido Prada
reprocha la decisión del 26 de enero de 2023 por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió negar las
pretensiones del recurso de insistencia, dado que estableció que la
información requerida por el accionante goza de reserva legal, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004.

Para resolver, esta Sala de Subsección considera que:

El accionante manifiesta que el tribunal accionado incurrió en un
defecto sustantivo, toda vez que interpretó de manera errónea el
numeral 3.º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004. Señala que la
norma prevé el carácter de reserva únicamente frente a las pruebas
aplicadas o que han de utilizarse en el proceso de selección, pero no
respecto de los ejes temáticos, por lo que la información solicitada
debe ser suministrada al público.

En este contexto, la Sala observa que la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la
providencia que se cuestiona, sostuvo lo siguiente:

«Así las cosas, en relación con la petición realizada por el peticionario y la
respuesta suministrada por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC-, la
Sala precisa que el objeto del recurso de insistencia es resolver sobre las
peticiones que fueron rechazadas por motivos de reserva por parte de la

7
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

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Comisión y que fueron objeto del recurso de insistencia presentado por el
peticionario, situación que en el presente caso implica un pronunciamiento de
fondo respecto a la solicitud contenida en el numeral 12 de la petición radicada
el treinta (30) de mayo de 2022 y no, respecto a las demás preguntas que no
fueron objeto de negación por reserva ni de recurso de insistencia alguno.

Respecto al ámbito de aplicación de la Ley 909 de 2004, el artículo 3o, señala:

“ARTÍCULO 3o. CAMPO DE APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY.
1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su integridad a
los siguientes servidores públicos:
a) A quienes desempeñan empleos pertenecientes a la carrera administrativa en las
entidades de la Rama Ejecutiva del nivel Nacional y de sus entes descentralizados.
• Al personal administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, salvo cuando
en el servicio exterior los empleos correspondientes sean ocupados por personas que
no tengan la nacionalidad colombiana.
• Al personal administrativo de las instituciones de educación superior que no estén
organizadas como entes universitarios autónomos.
• Al personal administrativo de las instituciones de educación formal de los niveles
preescolar, básica y media.
“(...)
• A los comisarios de Familia, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del
artículo 30 <sic, se refiere al Art. 13, que modifica el Art. 30 de la Ley 294 de 1996>
de la Ley 575 de 2000;
b) A quienes prestan sus servicios en empleos de carrera en las siguientes entidades:
• En las corporaciones autónomas regionales. - En las personerías.
• En la Comisión Nacional del Servicio Civil.
• En la Comisión Nacional de Televisión.
• En la Auditoría General de la República. - En la Contaduría General de la Nación;
c) A los empleados públicos de carrera de las entidades del nivel territorial:
departamentos, Distrito Capital, distritos y municipios y sus entes descentralizados;
d) La presente ley será igualmente aplicable a los empleados de las Asambleas
Departamentales, de los Concejos Distritales y Municipales y de las Juntas
Administradoras Locales. Se exceptúan de esta aplicación quienes ejerzan empleos en
las unidades de apoyo normativo que requieran los Diputados y Concejales.
2. Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter
supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, a los
servidores públicos de las carreras especiales tales como:
• Rama Judicial del Poder Público.
• Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo.
• Contraloría General de la República y Contralorías Territoriales.
• Fiscalía General de la Nación.
• Entes Universitarios autónomos.
• Personal regido por la carrera diplomática y consular.
• El que regula el personal docente.
• El que regula el personal de carrera del Congreso de la República.
PARÁGRAFO 2o. Mientras se expida las normas de carrera para el personal de las
Contralorías Territoriales y para los empleados de carrera del Congreso de la
República les serán aplicables las disposiciones contenidas en la presente ley.”
“(...)” (Subrayado fuera del texto original)

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De conformidad con la norma antes mencionada se tiene que, la Ley 909 de 2004
será aplicable a quienes presten sus servicios en empleos de carrera en las
siguientes entidades: (i) En las Corporaciones autónomas regionales, (ii) En las
Personerías, (iii) Comisión Nacional del Servicio Civil, (iv) En la Comisión
Nacional de Televisión, (v) En la Auditoría General de la República y, (vi) En
la Contaduría General de la Nación y adicionalmente, a los empleados públicos
de carrera de las entidades del nivel territorial.

En este orden de ideas la Sala colige que, para el caso concreto es plenamente
aplicable la Ley 909 de 2004, donde en su artículo 31, respecto a las etapas del
proceso de selección o concurso, señaló:

“ARTÍCULO 31. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN O CONCURSO. El
proceso de selección comprende:

1. Convocatoria. La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión Nacional
del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora de todo
concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para
la realización del concurso y a los participantes.
2. Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número
de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objeto del
concurso.
3. Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar
la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que
se convoquen, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las
calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de un empleo o
cuadro funcional de empleos.
La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, los cuales
deben responder a criterios de objetividad e imparcialidad.
Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tiene carácter
reservado, solo serán de conocimiento de las personas que indique la Comisión
Nacional del Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación.
“(...)” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

De conformidad con la norma antes citada se tiene que, las pruebas aplicadas o
a utilizarse en los procesos de selección como es el caso de la convocatoria No.
1206 de 2019 Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena, y que fueron solicitadas
por el peticionario a través del derecho de petición radicado el día veintinueve
(29) de mayo de 2022, gozan de reserva legal, de conformidad con lo establecido
en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004.(…) » (Sic en toda la cita)

De la transcripción antes relacionada, se advierte que la decisión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca de negar las súplicas del
recurso de insistencia, obedeció a que los ejes temáticos solicitados
por el accionante tienen el carácter de reserva en consideración a lo
establecido en los artículos 3.º y 31 de la Ley 909 de 2004.

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Lo anterior, permite a la Sala concluir que la posición jurídica
asumida por la autoridad judicial accionada no configura un defecto
sustantivo, toda vez que a partir de la valoración integral de la
normatividad aplicable al asunto, estableció que los ejes temáticos
solicitados por el accionante gozan del carácter de reserva al ser
estos los insumos con los que se fabrican las pruebas aplicadas o a
utilizarse en los procesos de selección.

Al respecto, es oportuno destacar que la Sección Tercera, Subsección
B de esta corporación, en la sentencia del 27 de febrero de 2023, al
resolver un asunto similar, señaló lo siguiente:

«9.- La Sala estima que el tribunal accionado utilizó un razonamiento apropiado
frente a la reserva legal consagrada en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909
de 2004 . Tal como lo sostuvo en la providencia cuestionada, los ejes temáticos
solicitados por el actor son el insumo con el que se construyen y se diseñan las
pruebas escritas a aplicar en el proceso de selección, de modo que se asimilan a
la prueba misma. Así las cosas, la reserva es total y se hace extensiva a ellos.

10.- Además, la misma norma prevé que <<solo serán de conocimiento de las
personas que indique la Comisión Nacional del Servicio Civil en desarrollo de
los procesos de reclamación>>. En ese sentido, la CNSC estableció que
únicamente las personas admitidas en el proceso de selección podrían tener
acceso a los ejes temáticos de la prueba. Como el accionante no acreditó tal
condición, la información solicitada tenía el carácter de reservada para él.»8

Es claro entonces que lo planteado en esta sede constitucional se
limita a evidenciar una diferencia de criterios frente a la
interpretación de una norma, lo que no es suficiente para calificar
una providencia como arbitraria o caprichosa, y menos aún,
violatoria de derecho fundamental alguno.

8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, radicado 11001-03-15-000-2022-06240-00, C.P.
Martín Bermúdez Muñoz.

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De este modo se insiste que, en principio, la acción de tutela no
procede para resolver divergencias interpretativas de la ley, pues el
criterio de la autoridad judicial de conocimiento prevalece frente a la
opinión del juez constitucional, no sólo porque es el juez natural del
asunto, sino también porque este se encuentra amparado por los
principios de autonomía e independencia judicial que imponen el
respeto por la cosa juzgada.

Por lo tanto, es menester recordar que las discusiones adelantadas
en el marco del proceso ordinario no pueden ser revividas a través
de la tutela, pues ello acarrea que se convierta la sede constitucional
en una instancia no consagrada por el ordenamiento jurídico para
estudiar los argumentos del juez natural, dictaminados en razón a lo
probado dentro de ese proceso y bajo unas consideraciones y
análisis que le sirvieron de soporte.

Así las cosas, estima la Sala que las pretensiones formuladas en esta
sede constitucional no tienen vocación de prosperidad, en tanto la
hermenéutica adelantada por la autoridad judicial demandada se
ajusta plenamente a la Constitución y a la ley, lo que impone negar
el amparo constitucional invocado por el accionante, por las
consideraciones anteriormente esgrimidas.

III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01860-00
Accionante: Herman Gustavo Garrido Prada

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el
señor Herman Gustavo Garrido Prada en contra de la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés
(2023

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

www.consejodeestado.gov.co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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