Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01866-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01866-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01866-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
30 de agosto de 2023
Demandante: Margareth Sofía Silva Montaña
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01866-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01866-01
Demandante: MARGARETH SOFÍA SILVA MONTAÑA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL
Tema: Tutela contra acto administrativo – convocatoria 27 – Concurso
de méritos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante
contra la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Primera del
Consejo de Estado, el 8 de junio de 2023. En ese fallo se declaró improcedente la
acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de demanda
1. La señora Margareth Sofía Silva Montaña, actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial porque considera que le han vulnerado sus
derechos fundamentales al acceso a cargos públicos y al mérito.
2. En criterio de la accionante tales garantías constitucionales resultaron
quebrantadas con ocasión de la Resolución CJR23-0110 de 21 de marzo de 2023,
por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la
tutelante contra la Resolución CJR23-00061 de 8 de febrero de 2023, mediante la
cual se decidió acerca de la admisión de aspirantes al cargo de magistrado del
Tribunal Administrativo.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
[…] respetuosamente solicito AMPARAR mis derechos al acceso a
los cargos públicos 8art- 40 numeral 7CP) y al mérito (art.125 CP). En
consecuencia, ORDENAR a la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
CARRERA JUDICIAL admitirme para continuar en el concurso de
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Demandante: Margareth Sofía Silva Montaña
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración de Carrera Judicial
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méritos destinado a la conformación del Registro Nacional de
Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama
Judicial – Magistrado de Tribunal Administrativo -, convocado
mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan,
los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
5. Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de
méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de carrera de la Rama
Judicial, Convocatoria No. 27.
6. La actora se inscribió al concurso en cita para el cargo de magistrado de
Tribunal Administrativo, por lo que, el 24 de julio de 2022 presentó las pruebas
constitutivas del concurso: aptitudes, conocimientos generales, conocimientos
específicos y psicotécnicos.
7. Finalizada la primera etapa concerniente a la prueba de aptitudes y
conocimientos, se dio paso a la siguiente fase, consistente en la verificación de
requisitos mínimos de quienes superaron la prueba. En consecuencia, el 8 de
febrero de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración
de Carrera Judicial- expidió la Resolución CJR23-0061, mediante la cual decidió
acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos para la provisión de
los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
8. En lo que respecta a la actora, fue rechazada por no cumplir con el requisito
de aportar declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades para el cargo (causal 3.5.).
9. Inconforme con lo resuelto y dentro del término de los 3 días siguientes a la
notificación de la resolución en comento, la accionante presentó solicitud de
verificación de la documentación, etapa dispuesta para los concursantes que
hubiesen sido rechazados por no acreditar el cumplimiento de los requisitos
exigidos para el cargo.
10. El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera
Judicial- expidió la Resolución CJR23-0110 de 21 de marzo de 20231, mediante la
cual resolvió de manera colectiva las solicitudes de verificación de la
documentación aportada por los concursantes en la inscripción, contra los
resultados señalados en la Resolución CJR23-0061.
1 «Por medio de la cual se modifica la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, para
efectos de incluir los aspirantes que resultaron admitidos con base en las solicitudes por ellos
presentadas»
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11. En el acto administrativo en comento, se revocó la decisión de inadmisión
contenida en el artículo 2 de la Resolución CJR23-0061, para en su lugar admitir a
determinados participantes al concurso de méritos destinado a la conformación de
los Registros Nacionales de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios
de la Rama Judicial.
1.4. Fundamentos de la solicitud
12. La accionante consideró que las entidades demandadas le vulneraron sus
derechos fundamentales al acceso a cargos públicos y al mérito.
13. Esto, porque mediante la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023
fue rechazada como aspirante al concurso de méritos por no acreditar las
calidades señaladas en el Acuerdo PCJSA-11077 de 2018, sin fundamento
constitucional y legal alguno.
14. Sostuvo que, la postura de la Unidad de Administración de Carrera Judicial
constituye una violación a las reglas propias del concurso, por extralimitación en la
interpretación de las causales de rechazo e incurrir en un defecto material que
afecta el debido proceso reglado en la convocatoria.
15. Consideró que la forma en la cual fue interpretada la causal de rechazo
constituye un formalismo, en el entendido que finalmente cumplió con el requisito
manifestando a través del mismo aplicativo, afirmando bajo juramento que no se
encontraba en curso de inhabilidades e incompatibilidades. En ese sentido, arguyó
que la exigencia concerniente a que debía hacerse en un documento PDF
constituye un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
16. Indicó que la tutela era el mecanismo idóneo para la protección de sus
derechos fundamentales, toda vez que se observa la necesidad de proceder con
una orden de protección inmediata, en el sentido de revocar la decisión de
rechazo para en su lugar ser admitida, máxime cuando una demanda ante la
jurisdicción dado el alto flujo de procesos, podría tardarse en resolver
ocasionándose un perjuicio irremediable consistente en la exclusión del concurso
de méritos pese haber superado la etapa más difícil.
1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
17. Mediante auto del 11 de mayo de 2023, la magistrada ponente de la
primera instancia admitió la acción de tutela. En consecuencia, ordenó notificar a
la directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a los magistrados
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
18. Asimismo, dispuso la vinculación de las demás personas que se
inscribieron y hacen parte del proceso de selección dentro del concurso de méritos
adelantado en virtud de la Convocatoria 27.
1.6. Intervenciones
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1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial
19. Por intermedio de la directora de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial manifestó que, en el caso en concreto, la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para atacar actos administrativos que por su propia naturaleza
se encuentran amparados por el principio de legalidad. En ese orden de ideas,
para desvirtuar dicha presunción se debe acudir a los medios jurídicos propios,
pues el control judicial corresponde a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, la cual deberá revisar si el acto administrativo se apartó sin
justificación alguna del ordenamiento que regula su expedición.
20. Mencionó que, como la inconformidad del accionante es con la condición
establecida en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 que sirvió de soporte jurídico
a la Resolución CSJ23-0061 de 8 de febrero de 2023, por tratarse de un acto
administrativo de carácter general, lo procedente es el medio de control de
nulidad, toda vez que la tutela no es el escenario para controvertir actos que se
presumen legalmente emitidos por ser expedidos en desarrollo de funciones
legales y reglamentarias.
21. Aunado a ello, precisó que el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 estableció
todos los requisitos generales y específicos para participar en el concurso, y su
incumplimiento da lugar al rechazo o exclusión del mismo. En ese sentido, señaló
que los aspirantes con su inscripción manifestaban estar conforme con las normas
del acuerdo de convocatoria.
22. Por ello, recalcó que en los artículos 3° numeral 1.1., y 2.4 del Acuerdo,
establecieron la obligación de anexar la declaración de inhabilidad e
incompatibilidad en formato PDF. Aunado a ello, el artículo 3 numeral 3, sub
numeral 3.5. señaló como causal de rechazo, no presentar lo referido. Igualmente,
en el instructivo de inscripción que también tiene carácter de obligatorio, se reiteró
la necesidad de aportar tal manifestación.
23. Por lo anterior, señalaron que siempre estuvo claramente establecido que
uno de los documentos que se debía aportar al momento de la inscripción al
concurso era la declaración juramentada de no encontrarse incurso en
inhabilidades o incompatibilidades para ejercer el cargo, en formato PDF. Carga
con la que cumplieron más de 3.389 aspirantes que pasaron la prueba de
aptitudes y conocimientos. En ese sentido, no se vulneraron los derechos
fundamentales de la tutelante, toda vez que las condiciones fueron señaladas y los
participantes manifestaron su conformidad.
1.6.3. Juan Felipe Estupiñán González
24. En calidad de aspirante de la Convocatoria 27 intervino con el ánimo de
oponerse a las pretensiones de la parte actora. Consideró que debía ser
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denegadas para que no se paralice el desarrollo del concurso y se cumplan de
manera célere las etapas que lo conforman.
1.6.4. David Angulo Angulo
25. En calidad de aspirante de la Convocatoria 27 manifestó que se «adheria»
a las resultas del asunto.
1.6.5. Coadyuvancias.
26. Con ocasión a la vinculación realizada por el juez de primera instancia, los
señores Manuel David Jaramillo Duque, Carlos Mario Dávila, José Luis Avella
Chaparro, Martín Gilberto González Torres, Juan David Restrepo Benjumea, Luz
Águeda Cuerva Martínez, Felipe Vargas Rodríguez, Diana Carolina López
Ramírez, José Reinaldo Briñez Sierra, Yeimy Maryori Ramírez Hernández,
Claudia Marcela Acosta Castaño, en su condición de participantes de la
Convocatoria 27, presentaron escritos separados en los que manifestaron
coadyuvar la presente acción de tutela con el fin de que se profiera decisión que
cobije a todas las personas que se encuentran en la misma situación de la actora.
27. En líneas generales, refirieron que la tutela era el mecanismo idóneo para
resolver el objeto de estudio, comoquiera que la accionada incurrió en un exceso
ritual manifiesto en contravía de los principios constitucionales y el derecho
fundamental de igualdad.
1.7. Sentencia de primera instancia
28. En sentencia del 8 de junio de 20232, la Sección Primera del Consejo de
Estado aceptó las solicitudes de coadyuvancia presentadas al interior de este
trámite y la intervención presentada por el señor Juan Felipe Estupiñán como
opositor de la solicitud de amparo. Consideró que, a los primeros, les asiste
interés personal en las pretensiones elevadas por la parte actora.
29. En seguida, declaró improcedente la acción de tutela porque no encontró
acreditado el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad. Esto, por los
siguientes motivos:
30. Evidenció que la accionante cuestiona la Resolución CJR26-0061 de 8 de
febrero de 2023, en cuanto se le rechazó del concurso de méritos adelantado con
ocasión a la Convocatoria 27.
31. En línea con lo anterior, expuso que la acción de tutela es improcedente
para reclamar la protección de derechos fundamentales, cuando la vulneración se
atribuye a un acto administrativo, excepto si no existe otro mecanismo judicial que
permita demandar la protección de la garantía fundamental infringida; se vislumbre
la configuración de un perjuicio irremediable o se trate de un asunto cuyo
2 Esta decisión fue notificada el 22 de febrero de 2023. Cfr. Índice SAMAI N.º 22. Exp. 11001-03-
15-000-2022-06703-00.
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problema constitucional desborde el marco de competencias del juez
administrativo.
32. Así las cosas, el a quo consideró que: i) la actora cuenta con otro medio de
defensa a través del cual puede cuestionar la legalidad del acto administrativo
objeto de tutela y solicitar las medidas cautelares dispuestas por el CPACA; y ii)
tampoco se advierte la configuración de un perjuicio irremediable de los elementos
de juicio obrantes en el expediente. Con ello, concluyó que la solicitud de amparo
constitucional no era procedente.
1.8. Impugnación
33. La parte accionante presentó escrito de impugnación en el que solicitó
revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, amparar los derechos
fundamentales de la accionante.
34. Al efecto, mencionó que la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, no resulta un mecanismo idóneo para asegurar la protección efectiva de
sus derechos fundamentales. Arguyó que la protección constitucional es urgente
con el fin de evitar un perjuicio irremediable, pues la exclusión de la siguiente
etapa del concurso (curso de formación judicial) supondría de facto, la
imposibilidad de continuar participando, ya que esa etapa será evaluada y la
calificación otorga puntos para la conformación de la futura lista de elegibles. De
manera que, si no se le incluye en el Curso de Formación Judicial, el daño se
consumará y con ello la protección de sus derechos fundamentales sería inane.
35. Trajo a colación la sentencia del 31 de mayo de 2023 proferida por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se ampararon los
derechos fundamentales deprecados por los actores y en la cual se atendió al
clamor de los perjudicados con la medida arbitraria de la accionada.
1.9. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
36. En providencia del 11 de agosto de 2023, el despacho ponente de la
segunda instancia ordenó vincular como tercero con interés a la Universidad
Nacional de Colombia, comoquiera que fue el ente universitario que desarrolló el
proceso de selección de la Convocatoria 27.
37. Surtidas las notificaciones correspondientes, se recibió la siguiente
intervención:
1.9.1. Universidad Nacional de Colombia
38. Luego de realizar un recuento exhaustivo de los principales hechos y
actuaciones que se han surtido en el trámite de la Convocatoria 27, la institución
universitaria señaló que la acción de tutela deviene en improcedente por carencia
actual de objeto.
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39. Para el efecto, hizo alusión a la sentencia proferida por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia al interior del expediente de tutela radicado
11001-02-30-000-2023-00335-00. Refirió que en ella se resolvió dejar sin efecto la
Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023 respecto de la exclusion de los
aspirantes por la causal de rechazo 3.5 a lo largo del proceso de selección y
relacionada con la no presentación de la declaración juramentada de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades.
40. Adujo que, por lo anterior se profirió la Resolución CJR23-2013 del 8 de
junio de 2023 por medio de la cual se dio cumplimiento a la orden judicial y en
consecuencia se admitió a los aspirantes que inicialmente fueron rechazados por
la aludida causal de rechazo, entre los cuales se ubica la accionante.
41. En esos términos, refirió que no es viable predicar una vulneración de
derechos fundamentales comoquiera que el estado de la señora Silva montaña fue
modificado de rechazado a admitida, siendo ella la pretensión principal que motivó
su solicitud.
42. Por otro lado, resaltó el carácter subsidiario de la acción de tutela. Con ello,
refirió que no es la vía idónea para atacar actos administrativos, en especial, por
inconformidades que no devienen de una vulneración directa a los derechos
fundamentales de la accionante, que el caso puntual se trata del acto
administrativo que dispuso rechazar a la aspirante del concurso de méritos al
haber incurrido en la causal 3.5 de rechazo de conformidad con el acuerdo
regulador de la Convocatoria 27 y que se ecuentra cobijado por el principio de
legalidad.
1.9.2. Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial
43. Por intermedio de su directora radicaron memorial en el cual ponen de
presente que la accionante ya fue admitida al concurso de méritos convocado por
el Acuerdo PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018, que se encuentra en la
fase del curso de formación judicial inicial.
44. Lo anterior en cumplimiento de la sentencia del 31 de mayo de 2023 dentro
del expediente 11001-02-30-000-2023-00335-00, proferida por la Sala de
Casación Penal de Corte Suprema de Justicia .
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
45. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por la señora Margareth Sofía Silva Montaña. Lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.
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2.2. Legitimación en la causa
46. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
47. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que la tutelante es la
titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a que fue
quien presentó la solicitud de verificación de la documentación aportada en la
inscripción al concurso de méritos, tras haber sido rechazado como aspirante al
mismo.
48. Por otro lado, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad
de Administración de Carrera Judicial se encuentra legitimada en la causa por
pasiva en atención a que a su cargo se encuentra la elaboración y coordinación
del concurso de méritos conforme al contrato N. º096 de 2018 y la expedición de
los actos administrativos objeto de controversia.
2.3. Problema jurídico
49. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es determinar si debe confirmarse, modificarse o
revocarse la decisión de primera instancia de 8 de junio de 2023, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la
acción de tutela.
50. Por lo anterior, se deberá determinar, además:
• ¿Se vulneraron los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos y
al mérito de la señora Margareth Sofia Silva Montaña, en virtud de la
expedición de las Resoluciones CSJ23-0061 del 8 de febrero de 2023 y
CJR23-0110 del 21 de marzo de 2023, por medio de los cuales fue
rechazada del concurso de méritos “convocatoria 27”?
51. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) naturaleza de la acción de tutela; (ii) la carencia actual de
objeto; y (iii) caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
52. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.
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53. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la
tutela como mecanismo transitorio.
2.5. De la carencia actual de objeto
54. La Sala ha explicado en varias ocasiones3 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera
actual e inminente.
55. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho
fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del
derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte
que el instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
56. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la
terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en
tres supuestos: i) hecho superado; ii) daño consumado y iii) una situación
sobreviniente.
57. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 20164, señaló
que:
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.5
58. A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se
destacó sobre este respecto, que:
3 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.
4 Corte Constitucional, Sentencia T-481 de 2016.
5 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la
cual se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
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La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)
Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que
comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través
de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de
aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el
acaecimiento de una “situación sobreviniente6 (Negrita propia del texto).
59. Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha
sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del
Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la
cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que
la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales7.
60. En palabras de la Corte Constitucional, la «[…] primera de estas figuras
[hecho superado], regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991,
comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone
la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la
entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del
actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que
pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en
la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer […]»8.
61. En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado
resulta irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta
Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta
de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no
los derechos fundamentales.
62. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en
aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda
6 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la
cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
7 Corte Constitucional, sentencia T-038 del 2019.
8 Corte Constitucional, sentencia T-481 de 2016.
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instancia, durante el trámite de revisión ante ese Tribunal9.
63. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales
se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se
ha destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse
sobre la conducta desplegada por la autoridad demandada para formular un juicio
de reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte
Constitucional:
En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte
en sede de Revisión,10 incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la
vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo
puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones
acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la
falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para
condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las
sanciones pertinentes, si así lo considera”.11 Según la jurisprudencia de la Corte, lo
que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la
demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo, es decir que
se demuestre el hecho superado12-13 (Negrita y subrayado fuera de texto)
64. Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para
formular un juicio de reproche, si a ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta
Corporación en cita ha dicho lo siguiente:
Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las
acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la
satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a
impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues que el derecho
ya no se encuentra en riesgo14.
No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el
estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en sede
de revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya
protección se solicita15, pronunciarse sobre la vulneración invocada en la
demanda conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 y determinar si, con
atención de las particularidades del caso, procede el amparo de la dimensión
objetiva de los derechos conculcados16. Dicho análisis puede comprender: i)
observaciones sobre los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención sobre
9 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
10 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la
cual se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima
jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos
fundamentales cuya protección se solicita».
11 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la
cual se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
12 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la
cual se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
13 Corte Constitucional. Sentencia T-112 de 2010.
14 Sentencia T-311 de 2012.
15 Sentencia T-170 de 2009.
16 Sentencia T-576 de 2008.
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la situación que originó la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia
sobre la garantía de no repetición17; y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de
protección objetiva18.19 (Negrita y subrayado fuera del texto).
65. El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal
Constitucional: “la segunda de las figuras referenciadas [daño consumado],
consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose,
se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía
evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir
que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al
respecto”.20
66. Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de
daño consumado y hecho superado.
67. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de
hecho para declarar la carencia actual de objeto:
El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo
solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el
vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente
delimitada21 (Negrita y subrayado fuera del texto).
2.6. Caso en concreto
68. Según lo expuesto en los antecedentes de esta sentencia, mediante
Resolución CJ23-0061 de 2023 se rechazó a la señora Margareth Sofía Silva
Montaña del concurso de méritos, por no cumplir con el requisito de aportar
declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para el
cargo (causal 3.5), razón por la cual allegó solicitud de verificación de requisitos
mínimos dentro del término correspondiente.
69. En virtud de ello, el 21 de marzo de 2023 el Consejo Superior de la
Judicatura profirió la Resolución CJR23-0110, a través de la cual modificó la
17 Sentencia SU-225 de 2013.
18 Sentencia T-576 de 2008.
19 Sentencia T-662 de 2016.
20 Sentencia T-030 de 2017.
21 Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019.
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Resolución CJ23-0061 de 2023 a efectos de incluir a los aspirantes que resultaron
admitidos una vez efectuada la respectiva verificación de requisitos, sin que en la
misma se refiriera de manera individual a la solicitud elevada por cada uno de los
aspirantes rechazados.
70. Ahora bien, del escrito tutelar la Sala advierte que la pretensión de la parte
actora consiste en revocar la decisión de rechazo como aspirante, para en su
lugar, ser admitida a la fase III del concurso de méritos 27 de 2018, convocado
mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 para la provisión de
cargos en la Rama Judicial.
71. En el caso concreto, se tiene que la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, mediante sentencia del 31 de mayo de 2023 dentro del
expediente 11001-02-30-000-2023-00335-00, resolvió la acción de tutela
presentada por los señores Freddy Alexánder Niño Cortés, Jessica Tatiana
Gómez Macías, Reynaldo Nicolás Franco Cortés, Lady Andrea Beltrán Cárdenas y
Camilo Andrés Barragán Díaz contra la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, cuyos supuestos fácticos guardan
relación con la controversia planteada ante esta corporación por la señora
Margareth Sofía Silva Montaña.
72. En dicha decisión, la autoridad judicial resolvió:
1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso administrativo,
acceso a cargos públicos, trabajo e igualdad de FREDDY ALEXÁNDER
NIÑO CORTÉS, JESSICA TATIANA GÓMEZ MACÍAS, REYNALDO
NICOLÁS FRANCO CORTÉS, LADY ANDREA BELTRÁN CÁRDENAS y
CAMILO ANDRÉS BARRAGÁN DÍAZ y, por efecto inter comunis, de los
demás excluidos en la Fase II de la etapa de selección de la Convocatoria 27
con sustento en el numeral 3.5. del artículo 3° del Acuerdo PCSJA18-11077
del 16 de agosto de 2018, el cual establece la «[n]o presentación de la
declaración jurada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades».
2. DEJAR SIN EFECTO parcialmente la Resolución CJR23-0061 del 8 de
febrero de 2023, mediante la cual se admitió al concurso de méritos a
algunos aspirantes, al tiempo que rechazó la postulación de quienes «[n]o
acreditaron las calidades señaladas en el Acuerdo PCSJA18- 11077 de
2018», exclusivamente respecto de la exclusión de aspirantes del concurso
Convocatoria 27 por la configuración de la causal de rechazo 3.5. del artículo
3° del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, y todas las
actuaciones administrativas que se derivaron de ésta desde ese momento.
En su lugar, ORDENAR a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura que, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de este pronunciamiento, emita un nuevo
acto administrativo teniendo en cuenta las consideraciones aquí contenidas,
así como que adelante los trámites a que haya lugar para permitir que las
personas favorecidas y cobijadas por esta decisión puedan continuar con el
concurso.
73. Con el ánimo de dar cumplimiento a la orden emitida por dicho juez
constitucional, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura profirió la Resolución CJR23-0213 del 8 de junio de 2023
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y, en consecuencia, procedió a admitir en el concurso de méritos a los aspirantes
que habían sido rechazados exclusivamente por la causal 3.5. relativa a no
presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades.
74. Así, en el anexo de dicho acto administrativo se efectuó el listado de
aspirantes que serían aceptados nuevamente en la Convocatoria 27 de 2018,
entre el cual se encuentra la señora Margareth Sofía Silva Montaña, como se
aprecia a continuación:
75. En ese orden de ideas, es claro que la pretensión constitucional que motivó
a la accionante a la interposición de este mecanismo de amparo se encuentra
satisfecha.
76. De conformidad con la figura de la carencia actual de objeto vista con
antelación, para esta Sección es claro que cuando se satisface lo solicitado en el
curso de la acción de tutela, se está ante un hecho superado y lo que el juez debe
hacer es declarar la configuración de la figura en el asunto que se le presente a su
conocimiento, en la medida que cualquier orden que sea proferida, resultaría
inane.
2.7. Conclusiones
77. De conformidad con lo reseñado, la Sala modificará la sentencia de primera
instancia proferida el 8 de junio de 2023, por la Sección Primera del Consejo de
Estado, para en su lugar declarar la carencia actual de objeto por hecho superado
comoquiera que la señora Margareth Sofía Silva Montaña ya fue admitida
nuevamente al concurso con base en la decisión proferida por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 8 de junio de 2023, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia, para en su
lugar DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
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TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con
lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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