Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01890-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01890-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01890-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
16 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01890-00
Actor: Zamir Orlando González Barrera
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros1
Temas: Derecho fundamental al debido proceso/alcance
Derecho fundamental a la igualdad/alcance
Derecho fundamental al acceso a cargos públicos/alcance
Derecho fundamental de petición/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición; ii) debido proceso; iii) igualdad;
y iv) acceso a cargos públicos
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01890-00
Actor: Zamir Orlando González
ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación
– Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque, a su juicio, i) la
Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir las Resoluciones núms.
CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 20222 y CJR23-0042 de 16 de enero de
20233; y ii) la Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle asignado un puntaje
que no correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro del respectivo
concurso de méritos; y ii) al no resolver de fondo el recurso de reposición y adición
referente A “[…] RESOLVER de fondo las objeciones presentadas en mi recurso
concerniente a la verificación de los aciertos (26 y no 25) que tuve en la prueba en
el componente de Aptitudes y que varían el puntaje asignado […]”: vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, mediante Acuerdo núm. PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018,
el Consejo Superior de la Judicatura desarrolló la convocatoria núm. 027 para la
provisión de cargos de funcionarios en la Rama Judicial.
4. Expresó que con fundamento en el Acuerdo núm.PCSJA18-11077 de 2018
procedió a la inscripción en las fechas establecidas para el cargo de Juez Promiscuo
Municipal se estableció que obtuvo un puntaje de 798,03 y en consecuencia no
aprobó el examen.
2 "Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial".
3 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo
Municipal de la Rama Judicial.”
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01890-00
Actor: Zamir Orlando González
5. Indicó que, interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. CJR22-0351
de 2022, el cual fue objeto de ampliación; oportunidad en la que expuso unos
cuestionamientos claros y específicos sobre las preguntas núms. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 17 19, 20, 28, 34, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54,
55, 56, 58, 60, 61, 63, 66, 67, 70, 71, 72, 79, 82, 83, 84, 85, 88, 92, 93, 95, 96, 98,
99, 100, 102, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 122, 123, 124, 127, 128 y 130.
6. Adujo que, el “[…] El día 30 de octubre de 2022, acudí a la jornada de exhibición
de la prueba prevista dentro del cronograma de la convocatoria 27, a fin de verificar
la calificación y resultados obtenidos, en donde pude advertir que la Universidad
Nacional no tuvo en cuenta la totalidad de las respuestas del suscrito,
específicamente en el componente de APTITUDES toda vez que el puntaje a mi
otorgado 203,40 corresponde a 25 aciertos, o respuestas acertadas, y en la revisión
una a una de las respuestas encontré 26 aciertos, lo cual obedece seguramente
como ha sucedido en otras ocasiones a que el lector óptico no leyó la totalidad de
la hoja de respuestas […]”.
7. Sostuvo que, la Unidad de Administración de Carrera Judicial expidió la
Resolución núm. CJR23-0042 de 16 de enero de 20234, de la cual adujo que, “[…]
en realidad, no resolvió de fondo el recurso por mi interpuesto, y
arbitrariamente en su “…ARTÍCULO 1º: CONFIRMO las decisiones contenidas
en la Resolución CJR22- 0351 de 1º de septiembre de 2022, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva y en consecuencia no repuso los puntajes
obtenidos por los recurrentes relacionados en el “Anexo 1”, para el cargo de Juez
Promiscuo Municipal”, es decir todos los recurrentes […]”. (Resaltado del texto
original)
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. El actor solicitó en su escrito de tutela:
4 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo
Municipal de la Rama Judicial.”
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01890-00
Actor: Zamir Orlando González
“[…] PRIMERA: Solicito respetuosamente a su digno despacho, TUTELAR mis
derechos fundamentales de Petición, Debido Proceso, Derecho de Defensa,
confianza legítima, carrera administrativa y acceso a cargos públicos mediante
concurso de méritos; además de aquellos que en su consideración también hayan
sido vulnerados, por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION
UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA.
SEGUNDA: En consecuencia, solicito se ordene a las entidades accionadas
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION UNIDAD DE
CARRERA JUDICIAL y a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
MODIFICAR la Resolución CJR22-0351 del 01 de septiembre de 2022 y su
respectivo anexo, por medio de la cual se expide el listado de los resultados de la
prueba de conocimientos, donde se me asignó una calificación de 594,63 en la
prueba de conocimientos (sobre 700 posibles) y 203,40 en la prueba de aptitudes
(de 300 posibles) para un resultado total de 798,03, para el Cargo de Juez
Promiscuo Municipal, y en su lugar se me ASIGNE el puntaje real obtenido,
concretamente en la prueba de Aptitudes correspondiente a 208,08 puntos para un
total de 802,71 puntos APROBATORIO, conforme los hechos y pruebas antes
señaladas.
TERCERA: En SUBSIDIO de lo anterior, solicito se ordene a las entidades
accionadas CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION UNIDAD DE
CARRERA JUDICIAL y a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, REVISAR
y RESOLVER de fondo las objeciones presentadas en mi recurso concerniente a la
verificación de los aciertos (26 y no 25) que tuve en la prueba en el componente de
Aptitudes y que varían el puntaje asignado, cuyo sustento se encuentra contenido
en el escrito de ampliación del recurso de reposición presentado el 11 de noviembre
de 2022 en contra de la RESOLUCIÓN No. CJR22-0351 del 1 de septiembre de
2022, para que se corrija o adicione el referido acto administrativo respecto al
resultado de la prueba.
CUARTO: Así mismo como pretensión subsidiaria, se sirva ORDENAR a las
entidades accionadas a entregar al suscrito accionante a través de mi correo
electrónico […], los siguientes documentos:
• Hoja de respuestas del suscrito aspirante, y
• Las claves de respuestas correctas de la Universidad. […]”.
9. Indicó que:
“[…] Es tan evidente y notoria la falta de atención al recurso, que la Universidad solo
indicó qué sus claves de respuesta eran válidas, a pesar de que en mi recurso recurrí
inicialmente porque no se me tuvo en cuenta una pregunta que respondí
correctamente, ya que tuve 26 aciertos y no 25 conforme al puntaje asignado con lo
cual pasaba la prueba, y además objeté otras preguntas por aspectos que no
guardaban relación con la validez de la clave de respuesta. […]”.
[…]
“[…] Bajo los anteriores parámetros transcritos, puede deducirse con meridiana
claridad que la acción de tutela es procedente como mecanismo excepcional en
contra de las actuaciones proferidas en un proceso de selección por meritocracia,
como instrumento para encausar la actuación de la administración, para lo cual se
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Actor: Zamir Orlando González
establecieron unos lineamientos para su procedibilidad: así - que el acto sea
abiertamente contrario a la garantía fundamental, que defina una situación especial
dentro de la actuación, que la referida actuación no haya culminado, pues de existir
un acto administrativo definitivo, se cuenta con los mecanismos ordinarios de
defensa, a través de los cuales se puede obtener el estudio de legalidad sobre las
presuntas irregularidades que se hayan presentado en el desarrollo de la actuación
administrativa, y finalmente que se cumpla con el requisito de inmediatez de la acción
de tutela […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, considero vulnerados mis derechos fundamentales de Petición,
Debido Proceso, Acceso a la Carrera Administrativa, Acceso a Cargos Públicos,
Derecho de Defensa, e igualdad frente a otros aspirantes, toda vez que las objeciones
por mi presentadas en el recurso interpuesto No fueron resueltas de fondo como
anoté precedentemente, pues basta con mirar la resolución que dio RESPUESTA
OBJECIONES que hacen parte de la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de
2023 para darse cuenta que la accionada se limitó a enunciar justificaciones que no
guardaban relación con lo pretendido en el recurso y sin mayor análisis jurídico
decidió ratificarse en las claves de respuesta de las anteriores preguntas, pero en
ningún momento se controvirtieron y mucho menos se desvirtuaron los argumentos
desarrollados en mi escrito de complementación del recurso de reposición […]”.
[…]
“[…] Luego como puede observarse la indebida valoración de la prueba como lo
expuse, me deja por fuera del concurso de méritos, sin poder participar en las etapas
subsiguientes, como sería del caso, inscribirme y desarrollar el curso concurso, etapa
que si se va a realizar con los demás participantes, por lo que si se me deniega la
presente acción bajo el argumento de existir otro medio de defensa judicial como lo
es el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, el cual es sabido
se demorara muchos años, no tiene ello sentido cuando para la fecha de la sentencia,
el concurso ya habrá finalizado, pues para esa fecha ya la lista de elegibles estará
más que integrada y los cargos o vacantes a Juez Promiscuo Municipal habrán sido
optados por los demás aspirantes, estando en desigualdad de condiciones, por tanto
una sentencia favorable en el proceso administrativo en donde se acredite y ordene
la nulidad del acto administrativo – Resolución a través de la cual se publican los
resultados de las pruebas, y la posterior vinculación del suscrito al concurso, sería
para enmarcar, no tendría efecto material, perpetuando en el tiempo la vulneración
de los derechos fundamentales antes señalados cuya transgresión hoy a través de
esta acción constitucional se puede evitar […]”.
Actuación
10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 15 de mayo de 2023: i) avocó el
conocimiento de la acción de tutela de la referencia; ii) admitió la acción de tutela;
iii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la
Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Rectora de la
Universidad Nacional de Colombia; iv) vinculó a los participantes de la convocatoria
pública ordenada por el Acuerdo núm. PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018,
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura en calidad de terceros con interés
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01890-00
Actor: Zamir Orlando González
legítimo, concediéndoles un término tres (3) días para rendir informe; y v) negó la
medida provisional solicitada por el actor, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
11. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial adujo que:
“[…] Toda vez que la pretensión del accionante se encamina a que se resuelva la
solicitud de recalificación del examen frente a las objeciones presentadas en el
recurso de reposición interpuesto contra los resultados obtenidos en la prueba
aplicada el 24 de julio de 2022, en relación con las solicitudes relacionadas con
revisión del lector óptico, copia del material de la prueba y recalificación del examen,
así como las preguntas objetadas en la complementación del recurso, es del caso
precisar que mediante la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 "Por
medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la
Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se
publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos,
correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez
Promiscuo Municipal de la Rama Judicial.”, se atendieron de manera clara, completa
y de fondo la totalidad de los reparos formulados en el recurso presentado por el
tutelante, tal como más adelante se explicará. […]”.
[…]
“[…] Como respuesta a dicha solicitud, se remitió documento en el que consta que
como resultado del ejercicio de comparar las claves marcadas por el accionante y
las asignadas por la Universidad Nacional de las preguntas, se precisa que, con
ocasión de la presente acción de tutela, el área de psicometría ratificó la correcta
calificación de la prueba en el componente de aptitudes y conocimientos, y
verificadas las coincidencias arrojó 25 respuestas correctas para la prueba de
Aptitudes y 41 respuestas correctas en la prueba de Conocimientos, e indica que
tanto para la calificación de la prueba de aptitudes como de la prueba de
conocimientos, se empleó la siguiente fórmula […]”.
[…]
“[…] Por lo anterior, no hay vulneración de los derechos invocados por el tutelante,
ya que las accionadas dieron respuesta clara, completa y de fondo, sobre la solicitud
de copia del material de la prueba y recalificación del examen, segundo evaluador,
revisión y vigencia de las preguntas y en relación con preguntas del examen por
motivos de construcción, redacción, formulación en su enunciado y opciones de
respuesta, múltiples claves de respuesta, así como la justificación de las claves de
respuesta correctas, haciendo improcedente la pretensión del accionante […]”.
[…]
“[…] Por las razones presentadas en este escrito, solicito muy respetuosamente,
negar el amparo solicitado por el accionante en atención a que:
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01890-00
Actor: Zamir Orlando González
La Unidad de Administración de la Carrera Judicial no ha vulnerado los derechos
invocados por el accionante puesto que, las objeciones presentadas por el
accionante en el recurso de reposición y su adición, fueron atendidas mediante la
• Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023, por lo que se configura la
carencia de objeto por hecho superado.
• La Unidad de Administración de la Carrera Judicial no ha vulnerado los
derechos invocados puesto que, no se observó inconsistencia alguna en el
proceso de calificación de la prueba del tutelante, lo que dio lugar a que se
confirmara el resultado por él obtenido en la Resolución CJR22-0351 de 1°
de septiembre de2022.
• La tutela no procede bajo el entendido que existe otro mecanismo de defensa
idóneo […]”
12. La Universidad Nacional indicó que:
“[…] En primera medida, resulta necesario informar que, a la fecha de presentación
de este informe se ha brindado respuesta de forma clara, completa y de fondo a
todos los reparos y solicitudes invocados por el accionante en ejercicio del citado
recurso de reposición y su correspondiente ampliación. En ese punto, debe
reiterarse que el 16 de enero de 2023, fue expedida la Resolución CJR23-0042 "Por
medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra
Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se
publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos,
correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez
Promiscuo Municipal de la Rama Judicial” junto con sus respectivos anexos. De igual
forma mediante oficio de respuesta CONV27DP-4400 A, se atendieron las
solicitudes elevadas por el accionante en su escrito de petición del 31 de enero del
año en curso […]”.
[…]
“[…] Por lo dicho se tiene que la Universidad Nacional de Colombia ha garantizado
el debido proceso al accionante en todas las etapas del concurso y de igual modo,
ha resuelto en debida forma los diferentes cuestionamientos planteados de cara al
acto administrativo cuestionado. Así las cosas, no existen situaciones que puedan
advertir un trato desigual o discriminatorio frente al aspirante […]”.
[…]
“[…] Atendiendo a lo aquí expresado, es importante manifestar al Despacho que, a
lo largo del presente concurso, las accionadas han actuado conforme a los
lineamientos legales, constitucionales y reglamentarios establecidos y que soportan
el Acuerdo de Convocatoria, preservando siempre el debido proceso. Bajo esta
premisa, debe considerarse que, si el accionante considera que los actos
administrativos deben ser cuestionados, en razón a que, a su sentir, existe duda
frente a que su expedición se ajuste al marco de la legalidad, cuenta con otro
mecanismo judicial para solicitar el amparo de estas garantías. Y, por tanto, la
presente acción de tutela no puede ser utilizada como un instrumento judicial alterno
o paralelo de los ya señalados por la ley para la protección de los derechos del
accionante, pues con ella no se pretende reemplazar o desconocer los mecanismos
ya establecidos para controvertir las decisiones que se acojan durante un trámite
administrativo específico.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01890-00
Actor: Zamir Orlando González
En consecuencia, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para atacar los
actos administrativos que por su propia naturaleza se encuentran amparados por el
principio de legalidad, partiendo del presupuesto de que la administración, al
momento de manifestarse a través de un acto, debe acatar las prerrogativas
constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada […]”.
“[…] Por lo expresado hasta este punto, la presente acción debe ser declarada
improcedente bajo el entendido que el señor González Barrera cuenta con otros
mecanismos de protección judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa, no
siendo de recibo los argumentos esgrimidos por él, y atendiendo así a lo expresado
por el artículo 86 de la Constitución Política que establece con claridad que, esta
herramienta extraordinaria, es un mecanismo de protección de los derechos
fundamentales que se caracteriza por ser residual y subsidiario, presupuestos que
ha sido desarrollados y reiterados ampliamente la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. Así las cosas, debe concluirse que, dentro del presente asunto, le
asiste un mecanismo judicial idóneo para los fines que persigue. […]”.
13. Los participantes de la convocatoria pública guardaron silencio en esta
oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20187 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20198, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actor: Zamir Orlando González
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
De la coadyuvancia
16. La Sala encuentra que el señor Jesús Enrique Hernández Gámez presentó
escrito de coadyuvancia.
17. Al respecto, la Sala encuentra que, si bien el inciso 2º. Del artículo 13 del Decreto
núm. 2591 de 1991, señala que “[…] Quien tuviere un interés legítimo en el resultado
del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”, la Corte
Constitucional ha destacado que “[…] la coadyuvancia surge en los procesos de
tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso
que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos por el
demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el
demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo
que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia […]”9
18. En el mismo sentido se pronunció la Corte al señalar que los terceros
intervinientes no están facultados para solicitar la protección de sus propios
derechos. Esto dijo textualmente10:
“[…] en la acción de tutela contra providencias judiciales los parámetros para estudiar
la intervención de los terceros son mucho más estrictos. En primer lugar, siguiendo el
concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un interés legítimo en los
resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no están facultados
para solicitar la protección de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de
los derechos de quien solicitó el amparo, pues es la solicitud de este último la que le
da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que
una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que
9 Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 16 de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
10 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 29 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
10
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Actor: Zamir Orlando González
promueva una acción de tutela diferente y no que presente en el trámite de amparo
de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad.
Esto último es indispensable atendiendo al carácter excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Aun cuando por regla general el juez constitucional no
puede entrar a examinar los fallos de otros jueces excepto en las extraordinarias
situaciones en las que la providencia es violatoria de los derechos fundamentales, en
los eventos en los que adquiere potestad para hacerlo por reunirse los requisitos
generales y específicos de procedibilidad, su competencia sigue teniendo como
límites los principios de seguridad jurídica, autonomía judicial y respeto por la cosa
juzgada.
Ellos se verían afectados en una medida mucho mayor si el juez constitucional avoca
el estudio, no solo de los defectos planteados por el accionante, sino sobre otros
defectos ‘nuevos’ que otros intervinientes pudieran aducir, toda vez que podrían
ventilarse en una acción de carácter excepcional y subsidiaria la totalidad de los
aspectos debatidos en las instancias precedentes. Un escenario como el planteado
convertiría la acción de tutela en una tercera instancia, pese a que la Corte ha
proscrito expresamente esta hipótesis. En este sentido, admitir las controversias
propuestas por los terceros dentro del proceso de tutela en relación con sus propios
derechos y con independencia de los hechos y derechos planteados por el
accionante, desnaturalizaría la acción constitucional. […]”. (Resaltado por la Sala).
19. Teniendo en cuenta la Convocatoria núm. 27, en sentencia SU 067 de 24 de
febrero de 2022, la Corte Constitucional hizo algunas precisiones en relación con la
figura de la coadyuvancia e intervinientes en este tipo de asuntos, así:
“[…] Cuestión previa: la intervención de coadyuvantes en los procesos
bajo revisión
75. Asunto que debe resolverse. Antes de dar comienzo al análisis anunciado,
la Sala Plena encuentra necesario analizar un asunto previo, que incide en los
efectos de la decisión que habrá de adoptarse en esta oportunidad. Esta
cuestión tiene origen en la ingente cantidad de intervenciones que se han
presentado, durante los trámites de instancia y de revisión de los fallos bajo
revisión, por personas que se encuentran en una situación similar a la de los
demandantes.
76. Fundamento normativo de la figura de la coadyuvancia. El inciso segundo
del artículo trece del Decreto 2591 de 1991 establece que la persona que tenga
«un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él», para
respaldar las pretensiones del actor o de la persona o autoridad pública contra
la cual se dirige la acción de tutela[32]. La jurisprudencia constitucional ha
definido la coadyuvancia en los procesos de tutela como «la participación de
un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela»[33]. En
este sentido, ha considerado que los coadyuvantes poseen la facultad para
intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de las
pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a
estas[34].
77. Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de
tutela, que se transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01890-00
Actor: Zamir Orlando González
advertido que la coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden
conservar la índole jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que
quien actúa empleando este título lo hace para coadyuvar las pretensiones de
una parte, no puede actuar en contra de los intereses de esta: «[E]l
coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son
permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia de
la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de segunda
instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones
propias»[35] [énfasis fuera de texto]. De igual manera, atendiendo la remisión al
Código General del Proceso, se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a
cabo actos procesales que «impliquen disposición del derecho en litigio»[36]. De
lo anterior resulta que las facultades del coadyuvante se encuentran sometidas
a límites, que surgen de la propia naturaleza de la institución procesal que
permite su intervención en la causa judicial.
78. Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por la vía de la
coadyuvancia. En esta oportunidad, es preciso analizar la posibilidad de
modificar, por esta vía, el problema jurídico planteado en la acción de tutela,
mediante la formulación de argumentos y razonamientos distintos a los
planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue examinado en la
Sentencia T-1062 de 2010. En dicha ocasión, la Corte conoció una acción de
tutela que fue coadyuvada por terceros que tenían un interés legítimo en la
decisión. En calidad de coadyuvantes, plantearon argumentos diferentes a los
que fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones específicas,
que tenían por objeto favorecer sus intereses particulares. Al analizar este
asunto, la Corte manifestó lo siguiente:
[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como
la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que
manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el
demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente
ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica
de la coadyuvancia [énfasis fuera de texto].
79. Atendiendo esta consideración, en la providencia en comento, la Corte
acotó en los siguientes términos el alcance de los escritos de coadyuvancia
presentados: «Bajo esa calidad [de coadyuvantes], se entenderá que su
participación en el trámite de esta tutela, se limita a apoyar y compartir las
reclamaciones que hace la parte demandante […], razón por la cual, el
pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de Revisión, se
atendrá a los fundamentos contenidos en la demanda de tutela, y no se
pronunciará respecto de aquellos que difieran o no hagan parte en ésta»
[énfasis fuera de texto].
80. Conclusión en el caso concreto. Durante el trámite de instancia de los
expedientes T-8.252.659 y T-8.258.202, se recibió un número ingente de
escritos de personas que coadyuvaron las demandas interpuestas. En su gran
mayoría, se trataba de aspirantes que, al igual que los accionantes, superaron
la prueba de conocimientos y aptitudes practicada el 2 de diciembre de 2018.
Los intervinientes manifestaron su respaldo a las pretensiones formuladas en
los procesos bajo revisión, plantearon diversos argumentos contra la
Resolución CJR20-0202, solicitaron la práctica de pruebas y el reconocimiento
de dictámenes periciales preparados por ellos y reclamaron la extensión de los
efectos de esta providencia, a través de los dispositivos establecidos con dicho
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01890-00
Actor: Zamir Orlando González
propósito por la jurisprudencia (efectos inter comunis e inter pares).
81. Teniendo en cuenta que quien actúa en calidad de coadyuvante tiene
vedado «realizar planteamientos distintos […] que difieran de los hechos por el
demandante»[37], la Sala Plena centrará su atención en los argumentos
planteados en las cuatro acciones de tutela que aquí se revisan. Por
consiguiente, en cuanto a las peticiones elevadas por los intervinientes,
únicamente habrá de pronunciarse sobre la solicitud de conceder la extensión
de los efectos de esta sentencia. Tal petición debe ser resuelta como
consecuencia de la jurisprudencia constitucional que impone este remedio
cuando el principio de igualdad así lo exige […]”. (Resaltado por la Sala).
20. Conforme con la sentencia de unificación en cita, los coadyuvantes poseen la
facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de
las pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a
estas, más no para hacer valer sus propias demandas.
21. Además, en los asuntos que se presenten coadyuvancias o intervenciones, el
estudio de los casos solo debe limitarse a los fundamentos formulados por las
partes, sin que haya lugar a pronunciarse respecto de aquellos que difieran o no
hagan parte de sus argumentaciones.
22. Precisado lo anterior, la Sala advierte que aceptará la solicitud de coadyuvancia
del señor Jesús Enrique Hernández Gámez, comoquiera que su intervención está
encaminada apoyar la solicitud de amparo de la referencia, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Problemas jurídicos
23. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste
en determinar si se debe proteger los derechos fundamentales de petición, al
debido proceso, a la igualdad, y al acceso a cargos públicos invocados por el actor,
los cuales considera vulnerados por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir las
Resoluciones núms. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 202211 y CJR23-0042
de 16 de enero de 202312; y ii) la Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle
11 "Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial".
12 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-
0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01890-00
Actor: Zamir Orlando González
asignado un puntaje que no correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro
del respectivo concurso de méritos; y ii) al no resolver de fondo el recurso de
reposición y adición referente A “[…] RESOLVER de fondo las objeciones
presentadas en mi recurso concerniente a la verificación de los aciertos (26 y no
25) que tuve en la prueba en el componente de Aptitudes y que varían el puntaje
asignado […]”: vulneraron sus derechos fundamentales […]” invocados supra.
24. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas:
i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición; ii) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iii) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a cargos públicos;
iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; v)
análisis del caso concreto y finalmente las vi) conclusiones de la Sala.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición
25. Visto el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales. […]”.
26. Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional13 ha
precisado que “[…] el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la
posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii)
la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo;
(iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación
de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de
su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo
Municipal de la Rama Judicial.”
13 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2 de marzo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
14
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Actor: Zamir Orlando González
(plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas
evasivas o elusivas […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
27. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
28. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
14
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
14 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
15
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01890-00
Actor: Zamir Orlando González
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a
cargos públicos
29. Visto el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:
“[…] Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: […]”.
[…]
“[…] Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse […]”.
30. Atendiendo a que la Corte Constitucional15 ha entendido que entran dentro del
ámbito de protección de este derecho “[…] (i) la posesión de las personas que han
cumplido con los requisitos para acceder a un cargo16, (ii) la prohibición de
establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando
el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el
concurso de méritos17, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles
aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido
seleccionado en dos o más concursos18, (iv) la prohibición de remover de manera
ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona
que ocupen un cargo público […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
31. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 4 de mayo de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
16 Sentencia T-309 de 1993.
17 Sentencia T-313 de 2006.
18 Sentencia T-451 de 2001.
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Actor: Zamir Orlando González
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”.
32. Atendiendo a que la Corte Constitucional19 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Análisis del caso concreto
33. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
34. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas
en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
35. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
19 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Actor: Zamir Orlando González
35.1. Documentos anexos al escrito de tutela.
35.2. Informes rendidos por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional, junto con sus anexos.
Solución del caso concreto
36. El actor en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque, a su juicio, i) la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, al expedir las Resoluciones núms. CJR22-0351
de 1.° de septiembre de 202220 y CJR23-0042 de 16 de enero de 202321; y ii) la
Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle asignado un puntaje que no
correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro del respectivo concurso de
méritos; y ii) al no resolver de fondo el recurso de reposición y adición referente A
“[…] RESOLVER de fondo las objeciones presentadas en mi recurso concerniente
a la verificación de los aciertos (26 y no 25) que tuve en la prueba en el componente
de Aptitudes y que varían el puntaje asignado […]”: vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
38. La Sala advierte que el recurso de reposición promovido por el actor contra la
Resolución núm. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022, efectivamente fue
resuelto a través de la Resolución núm. CJR23-0042 de 16 de enero de 2023,
expedida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura. Sin embargo, a juicio del actor esta respuesta no atendió de fondo
y de manera congruente los argumentos expuestos en su respectivo recurso.
39. Al respecto, en relación con el requisito general de la inmediatez, la Sala
considera que éste se encuentra satisfecho, toda vez que la Resolución núm.
CJR23-0042 de 16 de enero de 2023, por medio de la cual se resolvieron los
20 "Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial".
21 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo
Municipal de la Rama Judicial.”
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Actor: Zamir Orlando González
recursos, fue expedida el 16 de enero de 2023; y el actor radicó la solicitud de
amparo el 17 de abril del 2023, es decir que, la acción de tutela fue promovida dentro
de un término razonable.
40. Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito general subsidiariedad,
que si bien es cierto el actor solicita que se deje sin efectos la Resolución núm.
CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 y sus anexos, la realidad es que dicha petición
surge porque a juicio del actor, las accionadas no resolvieron de manera clara, de
fondo y congruente los cuestionamientos u objeciones que presentó frente a las
preguntas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 19, 20, 28, 34, 39, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 66, 67, 70, 71, 72, 79, 82, 83,
84, 85, 88, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 122,
123, 124, 127, 128 y 130.
41. Significa lo anterior que el presente asunto está orientado a determinar si se
violó o no el núcleo esencial de los derechos fundamentales indicados supra, con
ocasión del recurso de reposición que promovió en contra de la Resolución CJR22-
0351 de 1° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de defensa ordinario
resultaría ineficaz para tal fin.
42. De conformidad con lo expuesto, la Sala procederá a abordar el estudio de fondo
de la presente acción de tutela en lo que concierne a las preguntas núms. 1, 2, 3, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 19, 20, 28, 34, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 66, 67, 70, 71, 72, 79, 82, 83, 84, 85, 88, 92, 93, 95,
96, 98, 99, 100, 102, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 122, 123, 124, 127, 128 y
130, es decir, analizará si las autoridades demandadas desconocieron el derecho
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de petición y de acceso a cargos
públicos del actor, con ocasión a la falta de una respuesta congruente y de fondo al
recurso de reposición promovido por Zamir Orlando González en contra de la
Resolución núm. CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022.
43. Por lo anterior, la Sala evidencia que el actor en su escrito de adición al recurso
de reposición sustentó únicamente las preguntas núms. 6, 21, 31, 53, 115, 125 y
126 por lo cual, a través del siguiente cuadro, se confrontará lo manifestado en el
citado recurso de reposición y la respuesta remitida, mediante la Resolución núm.
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Actor: Zamir Orlando González
CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 – Anexo núm. 2, por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura:
Solicitudes del actor de conformidad Respuesta de las accionadas conforme
con el recurso de reposición a la Resolución núm. CJR23-0042 de 16
de enero de 2023 – Anexo núm. 2
“[…] PREGUNTA 6 PENSAMIENTO “[…] Pregunta No. 6 […]”
CRITICO “BIEN ENTENDIDO” […]”
La opción A no resuelve de manera
Conforme al enunciado según las opciones adecuada el enunciado y por ende es una
de respuesta se puede concluir lo respuesta incorrecta porque el
siguiente: la opción A es falsa dada la conocimiento de los hechos debe estar
ambigüedad con la cual termina el desligado de cualquier alineación política y,
enunciado. Hablar de "una mejor senda en este caso, tener el propósito de guiar la
política" no es una expresión lo sociedad por una mejor senda política pre
suficientemente clara como para garantizar supondría una alineación política que
la naturaleza del pensamiento crítico bien indique cuál es la mejor senda.
entendido. Por su parte, la opción B, si bien
podría ser un enunciado que se desprende La opción B no resuelve de manera
de la consideración de la pregunta, no adecuada el enunciado y por ende es una
podría tomarse como un elemento respuesta incorrecta porque el autor llama
necesario o suficiente para garantizar dicho la atención sobre el hecho de que el
pensamiento crítico bien entendido, pues la pensamiento crítico no se trata de
acción de denuncia no es un condicionante responder a la causa del pos verdad con
de este. una causa de la contra-pos verdad. Según
el texto, al hacer alusión a “cada uno de
La opción D, presenta una inconsistencia nosotros, motu proprio, opte por respetar la
significativa, toda vez que, la pregunta hace verdad”, con la denuncia establecida en la
uso del término "implica", (Hacer que opción de respuesta se iría en contravía
alguien se vea enredado o comprometido con la forma de actuar propuesta por el
en un asunto), y en el enunciado se afirma autor.
tácitamente que el ejercicio del
pensamiento crítico NO IMPLICA La opción C no resuelve de manera
SUPERAR UNA APATÍA adecuada el enunciado y por ende es una
GENERALIZADA, lo cual, claramente, se respuesta incorrecta porque no
aleja de lo que se expresa en el inicio del necesariamente se debe rechazar la
texto. Es decir, el pensamiento crítico bien adopción de una postura política; lo que sí
entendido, sí implica superar cierta apatía se requiere es que alinearse con esa
generalizada, lo cual, se puede interpretar postura no influya en la búsqueda de la
como una invitación al reconocimiento de verdad.
distintas posturas, más allá de la defensa
de una propia. La opción D es la respuesta correcta
porque el inicio del texto se refiere a la
En este caso, la opción C es la más voluntad de superar la apatía como un
acertada. Si el pensamiento crítico bien elemento que puede añadirse al
entendido implica superar cierta apatía pensamiento crítico, lo cual indica que el
generalizada, se entiende que rechazar el pensamiento crítico y la ausencia de apatía
compromiso con una postura política son aspectos separados, y que se puede
particular, en aras de perseguir la verdad, tener una sin tener la otra […]”.
sería un elemento fundamental; una
condición para establecer un escenario
donde impere el pensamiento crítico bien
entendido.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01890-00
Actor: Zamir Orlando González
Por lo anterior la opción de respuesta que
seleccioné en la hoja de respuestas (C) es
correcta […]”. (Resaltado del texto original)
“[…] PREGUNTA 21 “CONDUCTORES” “[…] Pregunta No. 21[…]”
[…]”
La opción A no resuelve de manera
Se indicaba que existían 2 vacantes para adecuada el enunciado y por ende es una
un cargo en el que se postularon 4 respuesta incorrecta porque X no puede
personas y que se tenían que cumplir 3 ser contratado porque no cumple con las
condiciones para su contratación, no condiciones 2, 3 y 4 y M no puede ser
obstante, verificadas las opciones de contratado porque no cumple con las
respuesta dadas, y tal cual está planteada condiciones 1 y 3.
la pregunta, ninguna satisface los
supuestos exigidos para la vinculación La opción B no resuelve de manera
laboral, por lo que se concluye que no tiene adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta correcta. respuesta incorrecta porque a pesar de que
P SÍ cumple con al menos tres de las
Por lo anterior, esta pregunta deberá condiciones para ser contratado, M no
tenerse como válida o acertada […]”. puede ser contratado porque no cumple
con las condiciones 1 y 3.
La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque a pesar de que
C SÍ cumple con al menos tres de las
condiciones establecidas, X no puede ser
contratado porque no cumple con las
condiciones 2, 3 y 4.
La opción D es la respuesta correcta
porque P cumple con las condiciones 1, 2,
3 y 4. C cumple con tres de las condiciones:
1, 3 y 4.
Por lo tanto, estas dos personas son las
elegibles para ser contratadas […]”.
“[…] PREGUNTA 31 “CAJAS” […]” “[…] Pregunta No. 31 […]”
De acuerdo con la formulación de la “[…] La opción A no resuelve de manera
pregunta y según las opciones de adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta presentadas planteadas, se respuesta incorrecta porque si se unen las
infiere que NO hay respuesta válida, en aristas correspondientes:
tanto que ninguna de las opciones
responde acertadamente al enunciado […]”
Se obtiene el sólido que representa la caja
[…]”
21
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01890-00
Actor: Zamir Orlando González
“[…] La opción B no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta
porque si se unen las aristas
correspondientes:
Se obtiene el sólido que representa la caja
[…]”
“[…] La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque si se unen las
aristas correspondientes:
Se obtiene el sólido que representa la caja
[…]”
“[…] La opción D es la respuesta correcta
porque al intentar unir los pares de aristas
1 con 1 y 2 con 2, la cara A se traslapará
con la B, y la cara C se traslapará con la D
y además hay ausencia de dos caras de la
caja […]”
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01890-00
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“[…] PREGUNTA 53 “PRINCIPIOS Y “[…] Pregunta No. 53 […]”
VALORES” […]”
“[…] Habla sobre normas que condicionan “[…] Esta pregunta es pertinente porque
las demás, las cuales son generales con para cualquier operador jurídico y, en
contenido abstracto y abierto, para la especial, para los jueces y magistrados, es
interpretación del ordenamiento jurídico. fundamental conocer los diferentes tipos de
Sobre la misma, se encuentra que tiene normas que integran un sistema jurídico
doble respuesta válida, por cuanto las con el objeto de poder interpretarlas y
opciones de respuesta C y D son correctas. aplicarlas […]”
A. directrices (…) B. (…) C. principios.
D. valores. “[…] La opción A no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
“[…] El argumento para tal afirmación se respuesta incorrecta porque las directrices
finca en que la Corte Constitucional como ordenan o permiten que se alcance un
la Doctrina ha considerado tanto a los estado de cosas o fin general en la mayor
valores como a los principios, criterios de medida de lo posible […]”
interpretación de la ley, así como normas
jurídicas que determinan la validez de las “[…] La opción B no resuelve de manera
restantes del ordenamiento jurídico. adecuada el enunciado y por ende es una
Por lo anterior, esta pregunta deberá respuesta incorrecta porque las reglas son
tenerse como válida o acertada en normas que tienen un supuesto de hecho
cualquiera de las dos (2) opciones de formulado de forma cerrada y ordenan una
respuesta resaltadas en negrilla, habiendo consecuencia jurídica definitiva, es decir,
seleccionado la C […]” cuando se cumplen determinadas
condiciones, ordenan, prohíben o permiten
algo definitivamente […]”
“[…] La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque los principios
también son normas que condicionan las
demás normas, pero con mayor grado de
concreción y, por lo tanto, de aplicabilidad
concreta, alcanzando por sí mismos
proyección normativa […]”
“[…] La opción D es la respuesta correcta
porque tanto la doctrina como la
jurisprudencia constitucional han definido
los valores de la forma expuesta en el
enunciado […]”
“[…] Pregunta No. 115 […]”
“[…] PREGUNTA 115 “PENA MAXIMA
CONCURSO” […]” “[…] Esta pregunta es pertinente porque
identificar cuándo se está ante un concurso
“[…] Hace referencia a un trabajador de la de delitos, es imprescindible para aplicar
salud que fue condenado por suministrarle adecuadamente las consecuencias
veneno a 3 pacientes durante varios días, jurídicas de la conducta, en especial, la
ante lo cual se pregunta por el tipo de pena máxima a imponer, tratándose de un
concurso y el máximo de la pena a imponer. concurso de conductas punibles. No tendrá
Según la UNAL la clave de respuesta es la las mismas consecuencias punitivas
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Actor: Zamir Orlando González
A referente a 50 años de pena máxima, no cuándo el individuo ha realizado una
obstante, la opción de respuesta correcta conducta o por el contrario son varias y
es la B por cuanto en Colombia conforme lo ellas concursan entre sí […]”
previsto en el Art.31 del Código Penal, en
los eventos de concurso, la pena máxima a “[…] La opción A es la respuesta correcta
imponer es de 60 años […]” porque de acuerdo a la Corte
Constitucional (Sentencia C – 464 de 2014.
[…] M.P. Alberto Rojas Ríos): “El concurso
material o real se presenta cuando una
“[…] En tal sentido, la respuesta B deberá persona realiza una pluralidad de acciones
tenerse como correcta […]” independientes, susceptibles de ser
encuadradas en uno o en varios tipos
penales. (…) Este concurso implica una
pluralidad de acciones independientes o
separadas, sin vínculo alguno entre sí y con
momentos diferenciables. (…). En el caso
que las acciones independientes se
circunscriben a un mismo tipo penal, surge
el concurso material homogéneo (…)”.
Para el caso en estudio el sujeto activo
cometió varios homicidios en diferentes
circunstancias, por eso es homogéneo. Por
otra parte el artículo 31 del Código Penal
establece que en caso de concurso, el
individuo quedará sometido a la pena más
grave aumentada hasta en otro tanto, es
decir en este caso la pena privativa de la
libertad no podrá exceder de 50 años,
porque la pena más grave es de 25 años
[…]”
“[…] La opción B no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es una
respuesta incorrecta porque el concurso
ideal (también llamado formal)
heterogéneo, se caracteriza por la unidad
de acción, en tanto el agente realiza una
única acción que configura varios delitos,
los cuales resultan aplicables de manera
conjunta, “hay concurso ideal o formal
cuando una acción se adecúa a varias
figuras típicas que no se excluyen entre sí”.
Si con una misma conducta comete varios
delitos entonces será heterogéneo. En el
caso en estudio hay varias acciones
diferenciadas en el tiempo, por eso no
corresponde a este tipo de concurso. Por
otra parte la pena no podrá superar los 50
años de conformidad con el artículo 31 del
Código Penal que establece que el
individuo quedará sometido a la pena más
grave aumentada hasta en otro tanto […]”
“[…] La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es una
respuesta incorrecta porque el concurso
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Actor: Zamir Orlando González
real o material heterogéneo se presenta
cuando una persona realiza una pluralidad
de acciones independientes, susceptibles
de ser encuadradas en tipos penales de
diferente naturaleza como un hurto y un
homicidio. En el caso en estudio se trata de
un mismo bien jurídico y un mismo delito,
por eso es homogéneo. Por otra parte, la
suma aritmética del caso desbordara el
máximo legal de 60 años, atendiendo lo
dispuesto en el artículo 31 del Código Penal
[…]”
“[…] La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es una
respuesta incorrecta porque el concurso
ideal (o formal) homogéneo, se caracteriza
por la unidad de acción, en tanto el agente
realiza una única acción que configura
varios delitos, los cuales resultan aplicables
de manera conjunta, “hay concurso ideal o
formal cuando una acción se adecúa a
varias figuras típicas que no se excluyen
entre sí”. Si con una misma conducta
comete varias veces el mismo delito
entonces será homogéneo. En el caso
planteado hay una pluralidad de acciones
por eso es material. En cuanto a la pena la
regla del concurso contenida en el artículo
31 del Código Penal, plantea que la pena
máxima será el doble de la pena mayor, no
de la menor como lo plantea la pregunta
[…]”
“[…] PREGUNTA 125 “PRISION” “[…] Pregunta No. 125 […]”
PREVENTIVA […]”
“[…] Contiene error en la redacción que “[…] Esta pregunta es pertinente porque la
genera confesión al utilizar el término decisión sobre la imposición de medida de
“PRISION PREVENTIVA”, lo cual dista de aseguramiento es una de las más
la realidad por cuanto así no ha sido complejas que se toman en el marco del
prescrito por el legislador dentro del proceso penal pues implica realizar
ordenamiento procesal vigente, luego dicha valoraciones en distintos niveles. La
formulación es incorrecta, y en tal caso capacidad analítica-conceptual de
deberá tenerse como acertada a falta de diferenciar claramente estos niveles y de
una respuesta coherente con el enunciado entender el contenido de cada juicio que se
planteado […]” debe realizar es esencial para una toma de
decisión acertada en este contexto, que
implica la integración de todos estos
elementos. Con la pregunta formulada se
pretende valorar si el aspirante a juez es
capaz de distinguir el contenido de los
juicios básicos que se tienen que hacer en
el contexto de la toma de decisión para la
imposición de la medida de aseguramiento
y, por tanto, identificar aquella opción cuyo
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contenido no corresponde estrictamente
con uno de esos juicios […]”
“[…] La opción A no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es una
respuesta incorrecta porque para la
imposición de la prisión preventiva en
establecimiento carcelario SÍ es un
requisito obligatorio que sea sostenible una
inferencia razonable de autoría o
participación con base en elementos de
prueba presentados en la audiencia
(artículo 308 del Código de Procedimiento
Penal) […]”
“[…] La opción B es la respuesta correcta
porque para la imposición de la prisión
preventiva en establecimiento carcelario no
necesariamente es requisito demostrar que
el procesado puede representar peligro
futuro para la comunidad o la víctima, ya
que la medida se puede imponer por
finalidades alternativas como las de impedir
la obstrucción de la justicia (artículo 309 del
Código de Procedimiento Penal) o evitar la
no comparecencia del procesado (artículo
312 del Código de Procedimiento Penal)
[…]”
“[…] La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es una
respuesta incorrecta porque una línea
jurisprudencial consolidada ha establecido
el requisito de que, para la imposición de
una medida de aseguramiento
determinada, se debe valorar su
procedencia a partir de un juicio de
proporcionalidad, dentro del que se incluye
la valoración de si existen mecanismos
alternativos que garanticen las finalidades
y sean menos invasivos de derechos
fundamentales. Sentencias hito de la línea
jurisprudencial son la C-1198 de 2008 y C-
469 de 2016 […]”
“[…] La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es una
respuesta incorrecta porque para la
imposición de medida de prisión preventiva
en establecimiento carcelario es requisito
necesario que esta sirva para garantizar
alguna de las finalidades dispuestas
legalmente que son: evitar la obstrucción
de la justicia; evitar el peligro futuro que el
procesado puede representar para la
comunidad o la víctima; y, garantizar la
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comparecencia del imputado al trámite
(artículo 308 del Código de Procedimiento
Penal) […]”
“[…] PREGUNTA 126 “DEVOLUCION “[…] Pregunta No. 126 […]”
VEHICULO” […]”
“[…] Esta pregunta es pertinente porque es
“[…] Se formula la interrogante sobre un importante que los jueces conozcan los
conductor que es capturado con 11 kilos de alcances del comiso, las diferencias entre
cocaína en un vehículo que no era de su delitos culposos y dolosos; entre bienes del
propiedad, se indica que el propietario del autor y de terceros, y también las
vehículo no tenía conocimiento de los competencias en materia de devolución de
hechos y que el fiscal que conoce de las bienes que no han sido afectados por
audiencias o diligencias preliminares medidas cautelares, por jueces de control
deberá: de garantías […]”
Según la clave de la UNAL, deberá
devolver provisionalmente el vehículo. “[…] La opción A no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es una
No obstante, la respuesta correcta es la D
seleccionada por el suscrito en la hoja derespuesta incorrecta porque la devolución
provisional opera para los delitos culposos,
respuestas, esto es:
en los términos establecidos por el artículo
D. Acudir a un juez de garantías para que 100 del Código Penal, de Igual medida, se
legalice la incautación del vehículo […]” aplicará en los delitos dolosos, cuando los
bienes, que tengan libre comercio y
pertenezcan al responsable penalmente,
sean utilizados para la realización de la
conducta punible, o provengan de su
ejecución […]”
“[…] La opción B es la respuesta correcta
porque en los delitos dolosos sólo procede
el comiso cuando el autor es propietario del
vehículo, según lo establecido por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia en providencia SP 11015-2016,
radicación No. 47660: “En este caso, el
comiso sólo es procedente respecto de los
bienes y recursos del penalmente
responsable, en el entendido que el artículo
82 de la Ley 906 de 2004, desarrolla lo
consignado en el artículo 100 del Código
Penal, y éste faculta la medida
exclusivamente en lo que toca con
«…bienes, que tengan libre comercio y
pertenezcan al responsable penalmente,
sean utilizados para la realización de la
conducta punible, o provengan de su
ejecución».” Como en este caso el
automóvil es de libre comercio, y no le
pertenece al indiciado, debe ser regresado
a quien acredite su propiedad […]”
“[…] La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es una
respuesta incorrecta porque la intervención
de juez de control de garantías, solo se
hace necesaria en los eventos en que se ha
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decretado una medida cautelar sobre
bienes susceptibles de comiso, según los
establecido por la Corte Constitucional en
Sentencia C-591 de 2014: “7. Cuando los
bienes han sido objeto de medidas
materiales de incautación u ocupación con
fines de comiso (artículo 88 C.P.P.), la
actuación de autorizar la devolución a
quien tenga derecho a recibirlos, trasciende
la competencia del fiscal de proveer al
aseguramiento de los elementos materiales
de prueba, y puede afectar derechos
fundamentales (acceso a la justicia, debido
proceso, reparación integral), de las
víctimas, de terceros con legítimas
pretensiones sobre los bienes, o del propio
imputado. Se trata de una decisión que
involucra potestad dispositiva, comoquiera
que implica definir quién tiene derecho a
recibir los bienes del penalmente
responsable, que provengan o sean
producto directo o indirecto del delito, o que
hubiesen sido utilizados en delitos dolosos
como medio o instrumento para su
ejecución.” En este caso no hay medidas
cautelares posibles, dado que el proceso
está en audiencias preliminares […]”
“[…] La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es una
respuesta incorrecta porque no es
necesario acudir al juez de control de
garantías para que legalice la incautación
de un bien que no será sometido a comiso.
Según lo proferido en Sentencias C-591 de
2014 y SU-036 2018 por la Corte
Constitucional, quien fija la responsabilidad
en el fiscal para estos casos […]”
44. En este punto, la Sala encuentra que, a través de la Resolución núm. CJR23-
0042 de 16 de enero de 2023, en su anexo 2 la Unidad de Administración de Carrera
Judicial de Colombia – Respuesta Objeciones, en el cual, “[…] Se relaciona a
continuación una a una las preguntas que fueron objetadas por los recurrentes para
el Cargo de Juez Promiscuo Municipal, indicando su pertinencia, la justificación de
la clave asignada, así como la razón de las opciones de respuesta no válidas, las
cuales son el producto de la estructura y elaboración de las preguntas […]”, remitido
por la Universidad Nacional de Colombia, y anexado por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, resolvió uno a uno los requerimientos del actor
presentados en el recurso de reposición y en la adición al recurso de reposición,
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presentados el 15 de septiembre y 10 de noviembre de 2022, respectivamente.
45. De conformidad con lo expuesto anteriormente, la Sala considera que no hay
lugar a amparar el derecho fundamental invocado por el actor, toda vez que las
entidades demandadas sí dieron una respuesta de fondo y concreta al actor, a
través del Anexo núm. 2 “[…] Se relaciona a continuación una a una las preguntas
que fueron objetadas por los recurrentes para el Cargo de Juez Promiscuo
Municipal, indicando su pertinencia, la justificación de la clave asignada, así como
la razón de las opciones de respuesta no válidas, las cuales son el producto de la
estructura y elaboración de las preguntas […]”, a través de la Resolución núm.
CJR23-0042 de 16 de enero de 2023.
46. En ese orden de ideas, la Sala considera que no existe vulneración alguna a los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de petición y al acceso a
cargos públicos invocados por el actor, en la medida en que la Unidad sí dio una
respuesta congruente y de fondo al recurso del actor, de conformidad con el Anexo
núm. 2 de la CJR23-0042 de 16 de enero de 2023.
47. Valga resaltar que la Resolución núm. CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 y
sus anexos fueron publicados y notificados a través de la página Web
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-
judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes; como lo establece el punto
5.2 del Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, mediante el cual
“[…] se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para
la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial […]”, norma que
dispone lo siguiente:
“[…] La notificación de las decisiones que conlleven dicha diligencia, se realizarán
mediante su fijación durante el término cinco (5) días hábiles, en el Consejo
Superior de la Judicatura. De igual manera se informará a través de la página web
de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co y en los Consejos Seccionales de la
Judicatura.
De la misma forma se notificarán todos los actos de carácter particular y concreto
que expidan, por delegación, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y
la “Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla”, en desarrollo del proceso de selección,
incluidos los que resuelven los recursos […]”.
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Actor: Zamir Orlando González
48. Por lo anterior, la Sala negará las pretensiones de la presente acción de amparo
porque no se aprecia que la repuesta al recurso de reposición del actor haya
afectado el núcleo esencial de sus derechos fundamentales indicados supra.
Conclusiones de la Sala
49. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala negará la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: RECONOCER como coadyuvante al señor Jesús Enrique Hernández
Gámez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela del actor contra las autoridades
accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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