Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01895-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01895-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01895-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
11 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01895-00
Accionante: ALBA LUCÍA ECHEVERRI CRUZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con
el requisito general de procedibiidad de la relevancia constitucional
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la ciudadana Alba Lucía
Echeverri Cruz, a través de apoderado judicial y en contra de la sentencia de 23
de marzo de 2023, dictada por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Laciudadana Alba Lucía Echeverri Cruz, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la reparación integral, cuya vulneración atribuyó a
la sentencia de 23 de marzo de 2023, dictada por la Sala Primera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado número 66001-33-33-001-2017-
00191-02.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que, por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
del municipio de Pereira, con el propósito de que se declarara la existencia de un
contrato realidad y, como consecuencia de ello, ordenara el pago de las
prestaciones sociales a que hubiere lugar.
2.2. Comentó que el conocimiento del aludido proceso le correspondió al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Pereira, despacho judicial que, mediante
sentencia de 31 de marzo de noviembre de 2022, declaró la existencia de la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01895-00
Accionante: Alba Lucía Echeverri Cruz
relación laboral, pero declaró «[…] la prescripción de las prestaciones y/o
acreencias laborales respecto de los periodos comprendidos entre el 31 de agosto
de 2006 al 1 de febrero de 2007, por presunta interrupción del contrato de (103)
días, y del 18 de diciembre de 2009 al 1 de agosto de 2011, por (388) días […]».
2.3. Refirió que, inconforme con la declaratoria de la prescripción, presentó recurso
de apelación, oportunidad en la que aportó certificación laboral que, a su juicio,
daba cuenta que «[…] laboró entre el año 2006 al 2014, en forma continua e
ininterrumpida […]».
2.4. Relató que, mediante sentencia de 22 de marzo de 2023, el Tribunal accionado
resolvió confirmar el fallo apelado
2.5. Manifestó que en la referida sentencia se incurrió en defecto fáctico, sustantivo
y desconocimiento del precedente, en síntesis, por cuanto la autoridad accionada
no valoró la prueba documental que aportó con el recurso de apelación y omitió
ejercer la potestad oficiosa prevista en el artículo 213 del CPACA en armonía con
el precedente contenido en las decisiones de 9 de diciembre de 2019 (Exp. 44001-
23-33-000-2013-00163-01) y de 11 de febrero de 2021 (Exp. 11001-03-15-000-
2020-04831-01) dictadas por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] 1. Que se tutelen los derechos constitucionales fundamentales al Debido
Proceso, Derecho a la igualdad, Derecho de acceso a la administración de
justicia, prevalencia del derecho sustancial, desconocimiento de precedentes
jurisprudenciales entre otros, vulnerados con la actuación y/o decisión de la
Sala de Decisión Primera del Tribunal Contencioso Administrativo de
Risaralda, que mediante providencia judicial confirmo la declaratoria de
prescripción parcial respecto de las prestaciones y/o acreencias laborales de
la demandante en el Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho tramitado, sin valorar las pruebas documentales aportadas y
solicitadas con la sustentación del recurso de apelación, o en su defecto,
mediante el decreto oficioso de las mismas.
2. Que como consecuencia de la anterior, y con el objeto de proteger y
salvaguardar los derechos vulnerados, se revoque la sentencia de segunda
instancia proferida por la Sala de Decisión Primera del Honorable Tribunal
Contencioso Administrativo de Risaralda, en relación con la confirmación de la
prescripción parcial de las prestaciones y/o acreencias laborales decretadas
respecto de los periodos del 31 de agosto de 2006 y el 1 de febrero de 2007,
así como el periodo de enero de 2010 y el 30 de julio de 2011, en virtud del
desconocimiento y no valoración de las pruebas documentales aportadas con
las cuales se desvirtúan las interrupciones de los contratos de prestación de
servicios aducidas en la sentencia y se omite el decreto oficioso de las
pruebas documentales aportadas […]. (Sic en toda la cita)
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Accionante: Alba Lucía Echeverri Cruz
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 20 de abril de 2023, el magistrado a cargo de la sustanciación
del presente proceso admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma
providencia se vinculó como tercero con interés directo en los resultados del
proceso al municipio de Pereira. También se dispuso notificar al Ministerio
Público, para lo de su competencia.
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a la vinculada,
se advierte que se allegaron los siguientes informes:
5.1. ElTribunal accionado, por intermedio de la magistrada ponente de la
providencia aquí enjuiciada, rindió informe en el que solicitó declarar
improcedente el mecanismo de amparo de la referencia, habida cuenta que no
satisface el requisito general de la relevancia constitucional.
5.2. Ello en consideración a que la controversia planteada por la parte actora «[…]
no tiene una relación directa con la presunta afectación de derechos
fundamentales y menos en cuanto al derecho al debido proceso invocado […]».
Máxime cuando la acción constitucional «[…] está dirigida a subsanar una omisión
en la que incurrió la propia parte actora dentro del proceso adelantado ante el
juzgador natura […]».
5.3. Sin perjuicio de lo anterior, adujo que, en todo caso, el amparo deprecado por
la actora no está llamado a prosperar, comoquiera que «[…] la interpretación de
esta Sala efectuada en la providencia en comento, se encuentra dentro del
margen de interpretación razonable, se resalta que en modo alguno las normas y
pautas que sirvieron de fundamento fueron inadvertidas, interpretadas o valoradas
en forma caprichosa o arbitraria […]».
5.4. El municipio de Pereira, por conducto de apoderada judicial, rindió informe en
el que se opuso a la prosperidad de la presente solicitud de amparo, en atención
a que considera que la vulneración alegada por la actora es inexistente.
5.5. Explicó que: «[…] el hecho de que la accionante considere que las pruebas
allegadas oportunamente, documental más testimonial dan cuenta de la
continuidad es una valoración subjetiva de cómo cree el accionante, el juez debió
realizar sus conclusiones, lo cual no viola ningún derecho fundamental […]».
5.6. Adicionalmente,advirtió que la actora «[…] con la presente acción el
demandante pretende subsanar el error de haber presentado su demanda sin
todas las pruebas que esta tenía en su poder, por lo cual esta defensa considera
4
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Accionante: Alba Lucía Echeverri Cruz
que tutelar los derechos reclamados, sería una clara violación a los derechos del
municipio, esto es a un debido proceso, a una defensa y a la igualdad […]».
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591
del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 6 de abril de 20213.
VI.2. Problemas jurídicos
7. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada la Sala debe establecer lo
siguiente:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá determinar:
b) Si la sentencia de 23 de marzo de 2023, dictada por la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
66001-33-33-001-2017-00191-02, vulneró los derechos fundamentales
invocados por la actora, al haber incurrido presuntamente en defecto
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.
8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20124, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
5
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Accionante: Alba Lucía Echeverri Cruz
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución6.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»7 que se encaje en
dichos parámetros.
5
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
6
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación
fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
7
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
6
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Accionante: Alba Lucía Echeverri Cruz
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. Laciudadana Alba Lucía Echeverri Cruz, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la reparación integral, cuya vulneración atribuyó a
la sentencia de 23 de marzo de 2023, dictada por la Sala Primera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado número 66001-33-33-001-2017-
00191-02.
VI.5.1. Del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional
17. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia
constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita
que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental8 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente
legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones9.
18. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales10, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces11.
8 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
9 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
10 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
11 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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Accionante: Alba Lucía Echeverri Cruz
19. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de
los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala
Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación12, lo siguiente:
[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se
cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional […]. (Destaca la Sala de Decisión)
20. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202213
precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
12
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Accionante: Alba Lucía Echeverri Cruz
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con
respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un
asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo
en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se
discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales. […]. [negrillas de la Sala]
21. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
2023.
22. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii)
que la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad
respecto de la mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de
apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales14.
23. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte actora invoque el texto
constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; dicho atentado debe
ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés. Rad. núm.: 2016-03249-00).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01895-00
Accionante: Alba Lucía Echeverri Cruz
24. Previaindicación de las anteriores premisas se tiene que, en el caso de la
referencia, la parte actora alega que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales invocados, por cuanto no valoró la prueba documental que aportó
con el recurso de apelación y omitió ejercer la potestad oficiosa prevista en el
artículo 213 del CPACA en armonía con el precedente contenido en las decisiones
de 9 de diciembre de 2019 (Exp. 44001-23-33-000-2013-00163-01) y de 11 de
febrero de 2021 (Exp. 11001-03-15-000-2020-04831-01) dictadas por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
25. Visto lo anterior, la Sala advierte que la argumentación que esgrimió la parte
actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales en
que incurrió la autoridad judicial accionada no devela que el presente asunto gire
entorno al alcance de algún derecho fundamental, sino, únicamente, frente a la
mera inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural de la causa.
26. Esto es así, porque los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la
parte actora se encuentran asociados con que el Tribunal accionado no valoró una
prueba que aportó al momento de presentar el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia y omitió hacer uso de la potestad oficiosa para
decretar dicha prueba y esclarecer los hechos objeto de la litis, circunstancias que
dejan entrever que lo pretendido por el extremo accionante es que el juez de tutela
realice una intromisión en las órbitas del juez natural del asunto, con el propósito
de subsanar su error de no haber presentado oportunamente las pruebas que
demostraban el derecho que reclamaba por vía judicial.
27. Lo anterior se traduce que la parte actora está utilizando esta acción
constitucional con el propósito de que se ordene al Tribunal accionado valorar una
prueba que no fue oportunamente allegada al proceso y, adicionalmente, pide que
a esa misma autoridad se le conmine para ejercer su potestad oficiosa en el
sentido de decretar el recaudo del citado medio de prueba, como si el juez de
tutela fuera el superior funcional de la autoridad aquí accionada.
28. De allí que, se reitera, la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
según lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022, reiterada
en reciente pronunciamiento 075 de 22 de marzo de 2023, no tiene trascendencia
constitucional porque el núcleo de la controversia se encuentra limitado a la mera
inconformidad con lo decidido por el juez natural del asunto, resaltándose que la
sola mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de
dicha afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
29. En este contexto, es importante señalar que la relevancia constitucional es un
presupuesto indispensable para que el juez de tutela pueda ahondar en el fondo
del asunto, ya que el mecanismo de amparo contra providencias judiciales no
busca proporcionar a los sujetos procesales de un juicio ordinario una
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01895-00
Accionante: Alba Lucía Echeverri Cruz
tercera instancia, sino un mecanismo de protección y garantía de sus
derechos fundamentales, eventualmente lesionados por un pronunciamiento
judicial. De aquí que su procedencia sea excepcional15, toda vez que lo contrario
atentaría contra la autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el
principio de cosa juzgada16.
30. Porlos anteriores razonamientos, la Sala declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela, por incumplimiento del requisito general de
procedibilidad atinente a la relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del
Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
P:(18) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2016,
radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala).
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de 2016,
radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
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