Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01908-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01908-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-01908-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
25 de agosto de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01908 01
Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01908 01
Accionante: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora no implica la afectación del
núcleo esencial del derecho fundamental invocado.
La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora pretende reabrir la
controversia resuelta por el juez natural.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Harold Eduardo
Sua Montaña en contra del fallo de tutela proferido el 2 de junio de 2023
por la Subsección A, Sección Tercera, del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Harold Eduardo Sua Montaña promovió acción de tutela en contra
de la sentencia proferida el 13 de abril de 2023 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado en los procesos de nulidad electoral acumulados
identificados con los radicados nros. 11001 03 28 000 2022 00195 00 y
nro. 11001 03 28 000 2022 00200 00, con el fin de que se ampare su
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 01908 01
Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
derecho fundamental al debido proceso, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:
“[…] 1. Dejar sin valor ni efecto la sentencia que se cuestiona.
2. Remitir al Consejo Superior de la Judicatura la acumulación de los
procesos con radicado 11001 03 28 000 2022 00195 00 y 11001 03
28 000 2022 00200 00 con el propósito de asignárselo a funcionarios
judiciales laboralmente ajenos y con igual experiencia a quienes
profirieron la mencionada sentencia dada la exigencia de garantía
de imparcialidad objetiva desarrollada en sentencia Gustavo Petro
vs Colombia.
3. Una vez hecho el reparto acabado de indicar, procedan los
avocados a la misma a decidir sobre las pretensiones del proceso
precitado en un tiempo igual al utilizado para proferir la sentencia
motivo de esta acción de tutela […]”.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte actora promovió demanda en el medio de control de nulidad
electoral2 en contra del acto mediante el cual fue elegida la mesa directiva
de la Comisión Sexta Constitucional Permanente para el período 2022-
2023, conformada por los señores Carlos Andrés Trujillo González, Sandra
Yaneth Jaimes Cruz y Jorge Eliécer Laverde Vargas, como presidente,
vicepresidente y secretario, respectivamente. También demandó en
nulidad electoral3 el acto mediante el cual el señor Jorge Eliécer Laverde
Vargas fue elegido secretario de la Comisión Sexta Constitucional
Permanente para el período 2022-2023.
Las dos demandas correspondieron por reparto a la Sección Quinta del
Consejo de Estado y les fueron asignados los números de radicados 11001
03 28 000 2022 00195 00 y 11001 03 28 000 2022 00200 00,
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01908 00.
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Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 28 000 2022 00195 00.
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Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 28 000 2022 00200 00.
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respectivamente. Por auto proferido el 26 de enero de 20234, la consejera
ponente de los dos procesos dispuso su acumulación.
El accionante manifestó que en el trámite de las demandas de nulidad
electoral se decretó como prueba “(…) el acta congregacional publicada
en la gaceta del congreso del 3 de agosto de 2022 identificada con el
número 871 aportada con la contestación de libelo del 28 de octubre del
mismo año y los videos respectivamente disponibles en
https://www.youtube.com/watch?v=YI6A3-mOH4g y
https://www.youtube.com/watch?v=m93UUZd9TzQ allegados
respectivamente en el escrito inicial y la oposición del accionante a las
excepciones de los procesados (…)”5.
Señaló que, al correrse traslado de las precitadas pruebas, presentó
escrito en el que expuso lo siguiente: “(…) las horas 4:28:16 a 4:28:57
del video de la reunión de todos los congresistas celebrada el 7 de agosto
de 2022 junto con el orden del día de la reunión del Congreso en Pleno
del 20 de julio de 2022 muestran que el Acta de Congreso Pleno del día
miércoles 20 de julio de 2022 decretada en calidad de prueba fue
aprobada con infracción del inciso segundo del artículo 80 de la ley quinta
de 1992 por haber ocurrido tal aprobación en la tercera reunión de
Congreso Pleno del cuatrienio en curso y no en la siguiente a la cual
figuraba en el orden del día careciendo así de validez (…)”6.
Indicó que la Sección Quinta de esta Corporación profirió sentencia de
única instancia el 13 de abril de 2023 en la que negó las pretensiones de
las demandas de nulidad electoral y señaló que, para ello, tuvo en cuenta
lo considerado en la providencia dictada en el proceso identificado con el
radicado nro. 11001 03 28 000 2022 00204 00, y no el argumento
anotado en precedencia.
4
Visto en el índice 45 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 28 000 2022 00195 00.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01908 00.
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Ibídem.
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Expuso que la acción de tutela es procedente porque la autoridad judicial
accionada vulneró el derecho fundamental al debido proceso, en la
garantía de imparcialidad y plenitud de las formas propias de cada juicio.
Alegó que la sentencia cuestionada carece de imparcialidad objetiva
porque quienes la profirieron “(…) tienen una posición predefinida sobre
la situación fáctica y la litis objeto de la misma evidenciada en la sentencia
por ellos proferida en el proceso 11001-03-28-000-2022-00204-00 pues
son idénticas entre sí tal cual lo asevera el accionante en sus alegatos de
conclusión (…)”7.
Sostuvo que hubo una “(…) omisión consciente o inconsciente de pruebas
decretadas en el proceso cuya apreciación al momento de proferir la
sentencia sub judice conducen a una decisión diferente a la allí tomada
(…)”8. Agregó que, en el curso del proceso, controvirtió el acta
congregacional nro. 871 publicada en la gaceta del congreso el 3 de
agosto de 2022, aseverando que esta fue aprobada con infracción del
inciso segundo del artículo 80 de la Ley 5 de 1992 porque tal aprobación
se dio “(…) en la tercera reunión del Congreso en Pleno del cuatrienio en
curso y no en la siguiente a la cual figuraba en el orden del día careciendo
así de validez (…)”9.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 17 de abril de 202310 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Subsección A, Sección Tercera, de esta
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01908 00.
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Ibídem.
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Ibídem.
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Ibídem.
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Corporación que, por auto del 20 de abril de 202311, la admitió y dispuso
notificar12 a los magistrados que conforman la Sección Quinta del Consejo
de Estado, así como vincular13 a los señores Carlos Andrés Trujillo
González, Sandra Yaneth Jaimes Cruz y Jorge Eliécer Laverde Vargas,
como terceros interesados en el resultado del proceso.
3.2. La consejera ponente de la sentencia cuestionada rindió informe14 en
el que solicitó se declare la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir los requisitos generales de relevancia constitucional y de
subsidiariedad, o de considerarse lo contrario, se nieguen las pretensiones
del accionante porque no se incurrió en la vulneración alegada en la
solicitud de amparo.
Explicó que los reproches del actor giran en torno a una inconformidad
frente a la interpretación dada al interior del proceso ordinario respecto
de las normas presuntamente desconocidas y de las pruebas aportadas,
buscando con ello reabrir el debate que se llevó al interior de éste, sin
exponer auténticas razones sobre la vulneración de garantías de orden
constitucional.
Señaló que de los argumentos expuestos en el escrito de tutela no se
pueden extraer las razones que permitan entender por qué la
interpretación efectuada por el juez electoral a las normas aplicables al
caso concreto, o la valoración de las pruebas aportadas al expediente,
deviene en irracional o contraria a los postulados constitucionales.
Indicó que, frente a la presunta parcialidad en el fallo cuestionado, “(…)
se observa que esta judicatura acudió a los razonamientos y
consideraciones expuestos en una decisión precedente, que resultaban
11
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01908 00.
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Esta orden se cumplió el 24 de abril de 2023. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01908 00.
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Esta orden se cumplió el 9 de mayo de 2023. Visto en el índice 13 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
01908 00.
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Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01908 00.
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aplicables para resolver las cuestiones expuestas por el señor Sua
Montaña en el medio de control de nulidad electoral contra el acto de
designación de la Mesa Directiva de la Comisión Sexta del Senado de la
República, pues el contexto de la decisión no varió ni habían motivos
diferenciadores que permitieran un cambio de posición (…)”.
En cuanto a la subsidiariedad, manifestó que, “(…) al existir la institución
de la recusación en los términos del artículo 132 de la Ley 1437 de 2011,
ha debido ponerse en práctica en su momento procesal. Ello, implica que
la tutela no es el medio eficaz para ventilar la aludida parcialidad (…)”.
Sobre el reproche al supuesto indebido análisis probatorio, adujo que el
accionante insiste en incluir un cuestionamiento que no fue objeto de la
litis al momento de decidir el proceso de nulidad electoral, pues no se
formularon en la demanda, ni tampoco se reformó en ese sentido, por lo
que no resulta procedente introducir ese reproche en sede constitucional.
Al respecto, aclaró que “[en] la providencia materia de la acción
constitucional se consignó una cuestión previa con el propósito de señalar
que el actor en el término para pronunciarse sobre las excepciones adujo
el mismo planteamiento de la acción constitucional (...). No obstante, se
estableció que dicho reproche constituía en estricto sentido una reforma
de la demanda, pues con ellos pretendía adicionar razones de hecho y de
derecho a los expuestos en el libelo introductorio (…)”, y subrayó que, en
la mencionada sentencia, se concluyó que el demandante con su
cuestionamiento excedió el plazo que tenía para reformar la demanda.
3.3. Los señores Carlos Andrés Trujillo González, Sandra Yaneth Jaimes
Cruz y Jorge Eliécer Laverde Vargas, guardaron silencio.
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4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección A, Sección Tercera, del Consejo de Estado, en sentencia
del 2 de junio de 202315, declaró improcedente la acción de tutela por no
superar los requisitos generales de relevancia constitucional y de
subsidiariedad.
Frente al requisito general de relevancia constitucional explicó que el
accionante no cumplió “(…) con la carga argumentativa exigida para
promover la acción de tutela contra providencias judiciales, máxime si se
trata de una decisión de alta corte, habida cuenta de que no se edificó ni
se desarrolló una argumentación dirigida a establecer, de un lado, una
causal específica de procedibilidad y, del otro, las razones que sustentan
la supuesta violación de derechos fundamentales (…)”.
Agregó que lo expuesto en el escrito de tutela no es suficiente para
analizar la configuración de un defecto, bajo el entendido de que esta
Corporación ha reiterado que no basta con manifestar inconformidad o
desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino
que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Anotó que “(…) no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, habida
cuenta de que el señor Sua Montaña no hizo uso de los mecanismos
dispuestos por el legislador para “garantizar la imparcialidad e
independencia de la administración de justicia”, bajo el entendido de que
no presentó recusación alguna si consideraba que la imparcialidad u
objetividad de los señores magistrados se encontraba afectada (…)”.
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Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01908 00.
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5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó 16
manifestando lo siguiente:
Señaló que “(…) lo dicho en el escrito tutelar sobre la imparcialidad del
accionado es descartado en el fallo aduciéndose básicamente el existir
otras vías judiciales a través de las cuales incoar aquello antes de haber
sido proferida la sentencia sub judice cuando ni siquiera es sumariamente
refutada la falta de idoneidad y eficacia de esas vías judiciales argüida en
el escrito tutelar (…)”.
Aseveró que “(…) el fallo hubiese sido favorable al accionante de no haber
tenido las falencias argüidas en los párrafos ut supra pues el proceso
origen de la sentencia sub judice carece de vías judiciales idóneas y/o
eficaces para cuestionar la imparcialidad del accionado ni es procedente
restringir la interposición de acción de tutela a una carga argumentativa
determinada en fallos de operadores judiciales sino únicamente con la
modificación de normas legales sobre ello y por razones de interés
general, seguridad nacional, moral pública o el bien común (…)”.
Por auto del 4 de julio de 2023 se concedió la impugnación17 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 13 de julio de 202318.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
16
Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01908 00.
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Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01908 00.
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noviembre de 199119, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201520, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 21, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201922 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
Revisada la Sede Electrónica para la Gestión Judicial, en los procesos
identificados con los radicados nro. 11001 03 28 000 2022 00195 00 y
nro. 11001 03 28 000 2022 00200 00, se encuentra acreditado lo
siguiente:
6.2.1. El accionante promovió demanda en el medio de control de nulidad
electoral23 en contra del acto mediante el cual fue elegida la mesa
directiva de la Comisión Sexta Constitucional Permanente para el período
2022-2023, conformada por los señores Carlos Andrés Trujillo González,
Sandra Yaneth Jaimes Cruz y Jorge Eliécer Laverde Vargas, como
presidente, vicepresidente y secretario, respectivamente.
De igual forma, promovió demanda en el medio de control de nulidad
electoral24 en contra del acto mediante el cual el señor Jorge Eliécer
19
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
20
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
21
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
22
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
23
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 28 000 2022 00195 00.
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Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 28 000 2022 00195 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 01908 01
Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
Laverde Vargas fue elegido secretario de la Comisión Sexta Constitucional
Permanente para el período 2022-2023.
6.2.2. Las demandas correspondieron por reparto a la Sección Quinta del
Consejo de Estado y les fue asignado los números de radicados 11001 03
28 000 2022 00195 00 y 11001 03 28 000 2022 00200 00,
respectivamente, y por auto proferido el 26 de enero de 202325, la
consejera ponente de ambos procesos dispuso su acumulación.
6.2.3. La Sección Quinta de esta Corporación, en sentencia de única
instancia proferida el 13 de abril de 202326, negó las pretensiones.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
La Sala, circunscribiéndose a lo que es objeto de impugnación, confirmará
la decisión de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de
amparo, pero porque en este evento no se cumple con el requisito general
de relevancia constitucional.
Para ello, la Sala examinará, (i) el requisito general de relevancia
constitucional, para luego, abordar (ii) el caso concreto.
6.3.1. El requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
25
Visto en el índice 45 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 28 000 2022 00195 00.
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Visto en el índice 73 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 28 000 2022 00195 00.
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la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”27.
Lo anterior, implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades28:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia29. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
27
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
28
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
29
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del primer y tercer criterio que la compone.
6.3.2.1. En cuanto a la primera finalidad, restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales
Frente a la primera finalidad, la Corte Constitucional, en la sentencia SU
573 de 2019, explicó que este elemento de la relevancia supone que “(…)
el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental (…)”.
En esa medida, este primer criterio, implica que la acción de tutela que
se promueva contra una providencia judicial debe proponer un debate
sobre el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental, pues sólo
así se podrá establecer que el asunto es evidentemente de naturaleza
constitucional; ello quiere significar que, quien interpone una acción de
tutela, tiene la carga de identificar cuál es el derecho fundamental que
estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera que la
sentencia atacada lo está vulnerando.
En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU
573 de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el
requisito de relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación
del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel”. [Se destaca] Este
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criterio30 fue reiterado en las sentencias SU 128 de 202131, SU 103 de
202232 y SU 215 de 202233.
El criterio jurisprudencial contenido en las precitadas sentencias,
consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con
la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por
parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es
necesario que, para la acreditación de este primer elemento que compone
a la relevancia constitucional, la parte interesada en el escrito de tutela,
(1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los
motivos por los cuales considera la sentencia atacada está vulnerando
tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados,
requisitos que exigen del juez de tutela un examen de los motivos
aducidos por la parte actora para afirmar que hay amenaza o vulneración
de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo esencial del
mismo.
Ello porque si, en efecto, la vulneración del derecho acontece en lo que
se denomina su núcleo esencial, solo así es posible advertir que el caso
reviste la relevancia o trascendencia necesaria para permitir que, por vía
de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional el
principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional en
30
Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T – 422 de 2018, la
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional confirmó la decisión de la Sección
Primera del Consejo de Estado que había declarado improcedente la acción de tutela por
no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez; en cuanto a la
relevancia, la Corte indicó, entre otras razones, que el requisito de relevancia no estaba
cumplido por cuanto: “si bien la parte actora asegura que las providencias demandadas
desconocen sus derechos fundamentales, la relevancia constitucional de un asunto no
se determina con la mera enunciación de los derechos fundamentales presuntamente
comprometidos, sino mediante la acreditación razonable de una presunta amenaza o
vulneración de los mismos”.
31
Corte Constitucional. Sentencia SU – 128 del 6 de mayo de 2021. M.P.: Cristina Pardo
Schlesinger.
33
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
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el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez no
podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional con
la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si, de
acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente,
hay amenaza o violación efectiva del mismo.
El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”34
y ha explicado que el núcleo esencial es “esa parte del derecho que lo
identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario
grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades
públicas. En sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un
derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que
es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica
al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental”35.
En ese contexto, la Sala advierte que la parte actora invocó la vulneración
del derecho fundamental al debido proceso, por lo que la Sala examinará
el contenido o el núcleo esencial, dado que, de advertirse su afectación
prima facie, se desprendería que el asunto es de naturaleza
constitucional, en la medida que compromete o involucra el contenido,
alcance o goce de un derecho fundamental.
Al respecto, lo primero que la Sala precisa es que, bajo los lineamientos
jurisprudenciales expuestos por la Sala Plena de la Corte Constitucional
en las sentencias SU 573 de 2019, SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022, se
tiene que no está acreditada la exigencia de la relevancia constitucional
cuando la parte actora se limita a invocar la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, sin justificar las razones por las cuales
estima que la sentencia atacada lo afectó, sino que, en criterio de la Corte
34
Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
35
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
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Constitucional, “se exige demostrar, de manera razonable, una restricción
desproporcionada sobre alguno(s) de sus elementos [contenido o núcleo
esencial]”36; esto es, que el interesado alegue la vulneración del derecho
al debido proceso en su faceta constitucional o, dicho de otra manera, que
identifique dentro del núcleo esencial cuál de las garantías que los
componen resultan comprometidas con ocasión de la sentencia
controvertida en la acción de tutela.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el núcleo
esencial, o el contenido, del debido proceso está integrado por las
siguientes garantías mínimas37:
“(…) La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido
proceso como el “(…) conjunto de garantías previstas en el
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección
del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para
que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la
aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del
debido proceso:
(i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al
libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas,
a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante
autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido
en el fallo;
(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado
proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la
Constitución y la ley;
(iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los
medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión
favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los
medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos
a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad
ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás
personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un
tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se
vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;
36
Corte Constitucional. SU 103 del 17 de marzo de 2022. M.P: Alejandro Linares Cantillo.
37
Corte Constitucional, Sentencia C- 341 de 2014.
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(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo
cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la
tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de
aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y
(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o
funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los
hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas (…)”.
La Sala considera que el requisito de relevancia constitucional no está
satisfecho frente al derecho fundamental al debido proceso, toda vez que
la parte actora no cumplió con la exigencia de explicar los motivos por los
cuales la sentencia atacada vulnera la faceta constitucional de este
derecho y, además, lo señalado en el escrito de tutela no permite
evidenciar prima facie que la providencia controvertida afecte el contenido
del derecho al debido proceso.
Lo anterior, dado que la parte actora se limitó a señalar que la providencia
cuestionada vulnera el debido proceso con fundamento en que se afectó
la imparcialidad del juez, comoquiera que el fallo acusado se adoptó con
fundamento en una sentencia que había sido proferida con anterioridad;
sin embargo, no se advierte prima facie la razón por la que la Sección
Quinta, al adoptar la decisión teniendo en cuenta una providencia que
profirió previamente, pueda llegar a comprometer la garantía de
imparcialidad de los jueces, cuando es precisamente su función decidir los
procesos, en lo posible, teniendo en cuenta los antecedentes
jurisprudenciales.
Por lo anotado, el alegato relacionado con que la sentencia atacada
vulnera el debido proceso porque afecta la garantía de imparcialidad del
juez, no cumple con el primer requisito de relevancia constitucional, dado
que la parte actora no justificó de manera razonada, ni tampoco la Sala
observa prima facie, los motivos por los cuales lo expuesto en el escrito
de tutela conlleva una vulneración al núcleo esencial del debido proceso.
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6.3.2.2. En cuanto a la tercera finalidad, impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces
Frente a este tercer elemento la Corte Constitucional ha dicho que 38 “la
tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez
de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. [Se destaca].
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
38
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
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allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, tampoco se cumple el tercer
elemento que compone la relevancia constitucional, dado que el segundo
reparo formulado en la acción de tutela está encaminado a controvertir la
valoración probatoria que hizo el juez natural de la causa en la sentencia
atacada.
A lo dicho, se agrega que la acción de tutela está dirigida contra una
sentencia que profirió la Sección Quinta de esta Corporación en un
proceso de nulidad electoral, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia
citada en precedencia, cuando el amparo controvierta una providencia
proferida por una Alta Corte, este elemento exige valorar, prima facie, si
la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima, lo que,
en este caso, no se advierte.
La Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que
la decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones de la
demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen
a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
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por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo dicho contexto, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por el demandante y el demandado en
sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve simplemente la
controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus facultades
constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado
a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás
el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza con el proceso
diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o
el derecho propuesto en el proceso.
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Por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, la Sala confirmará
el fallo proferido el 2 de junio de 2023 por la Subsección A, Sección
Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 2 de junio de 2023
por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, según lo
explicado en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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