Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01921-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-01921-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01921-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01921-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
8 de junio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00
Actora: Belisa Palacios Vidal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01921-00
Demandante: BELISA PALACIOS VIDAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reconocimiento y pago de la pensión
gracia. Defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
Requisito general de la relevancia constitucional cuando se acude
como instancia adicional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Belisa Palacios Vidal, quien actúa mediante apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que pide el
amparo constitucional del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente
vulnerado con la sentencia de 28 de febrero de 2023, mediante la cual se confirmó
la decisión de primera instancia que negó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
bajo el No. 76109-33-33-001-2021-00055-01.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la lectura de los expedientes de tutela y ordinario, se observan como hechos
relevantes los siguientes:
La señora Belisa Palacios Vidal nació el 17 de enero de 1956 y se vinculó como
docente oficial el 21 de enero de 1979 al 30 de diciembre de 1979 en el municipio
de Bahía Solano, Chocó, del 12 de febrero de 1988 al 15 de junio de 1993 en el
departamento del Valle del Cauca y de 23 de febrero de 1994 al 23 de julio de
2020 con la última entidad territorial.
El 25 de junio de 2020 solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante
UGPP), el reconocimiento y pago de la pensión gracia por cumplir con los
requisitos legales establecidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y 91 de 1989.
La UGPP mediante Resolución No. 26389 de 18 de noviembre de 2020, negó la
petición de la accionante con sustento en que los tiempos laborados desde el 12
de enero de 1988 eran de una vinculación nacional y que los tiempos laborados
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00
Actora: Belisa Palacios Vidal
en el municipio de Bahía Solano no se podían tener en cuenta porque fue
prestado mediante contrato de prestación de servicios, decisión que fue
confirmada por medio de la Resolución No. 2327 de 2 de febrero de 2021.
La señora Belisa Palacios Vidal, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la UGPP, con el fin de
que se anularan las Resoluciones Nos. 26389 de 18 de noviembre de 2020 y
2327 de 2 de febrero de 2021 y, en consecuencia, que se reconociera y pagara la
pensión gracia con sustento, entre otras cosas, en la sentencia de unificación de
21 de junio de 2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Ley 91 de
1989.
El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura en fallo de
31 de marzo de 2022, negó las pretensiones de la demanda al considerar que los
tiempos que laboró en el departamento del Valle del Cauca fueron en
establecimientos educativos del orden nacional, lo cual fue certificado por la
entidad territorial. Esa decisión fue objeto de recurso de apelación, en el que
insistió en la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
Finalmente, el Tribunal Administrativo del Chocó en sentencia de 28 de febrero de
2023, confirmó íntegramente el fallo de primera instancia. Adicionalmente, señaló
que de acuerdo con la sentencia de unificación pueden ser viables para la
pensión gracia los tiempos servidos a partir de la designación con visto bueno del
delegado del Fondo Educativo Regional -FER- o del Ministerio de Educación
Nacional, sin embargo, esto no implica que cuando ello ocurra el reconocimiento
prestacional sea automático, pues se debe valorar de manera integral todo el
acervo probatorio.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampare el
derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado con la
sentencia de 28 de febrero de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca confirmó la decisión de primera instancia que negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia por no cumplir con la vinculación
territorial o nacionalizada.
Afirmó que en el presente asunto se incurrió en “DEFECTO FÁCTICO POR
INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA” y en desconocimiento del precedente
judicial, pues “el Tribunal omitió aplicar la Jurisprudencia vertical obligatoria del
órgano de cierre Consejo de Estado. Sentencia de UNIFICACIÓN POR
IMPORTANCIA JURIDICA de fecha, veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho
(2018) complementada mediante sentencia de UNIFICACIÓN de fecha 11 de
agosto de 2022”.
Señaló que del Decreto No. 0180 de 27 de enero de 1994, por medio del cual el
gobernador del Valle del Cauca nombró a la señora Belisa Palacios Vidal en el
cargo “Seccional del Centro Docente # 67 San Luis Gonzaga Corregimiento El
Pital – Río Cajambre del Municipio de Buenaventura Distrito Educativo # 3”, y del
Acta de Posesión No. 1.437-3 de 23 de febrero de1994, se puede concluir que el
vínculo de la actora era del orden territorial.
Indicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de tutela de 16
de julio de 20201, amparo los derechos fundamentales de un docente a quien se le
1
Radicado No. 11001-03-15-000-2020-00802-01, C.P.: Rocío Araujo Oñate.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00
Actora: Belisa Palacios Vidal
había negado el reconocimiento de la pensión gracia, con sustento en la sentencia
de unificación de 21 de junio de 2018 de la Sección Segunda de esta Corporación.
Sostuvo que “para nadie es un secreto y la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo lo sabe, que existe una directriz para las Secretarías de Educación
que expiden certificados de tiempos de servicio y salarios devengados, de que
estos al ser expedidos debe ser calificados como Nacionales cuando el docente se
encuentra con una vinculación nueva es decir a partir del 1 de enero de 1990, esto
por la interpretación que le han dado a la ley 91 de 1989, luego los Jueces
Administrativos no pueden convertirse en meros notarios o espectadores frente a
este hecho, pues se perdería la esencia del proceso Ordinario de Nulidad y
Restablecimiento del derecho Laboral y la facultad de los Jueces de aplicar
justicia, en este caso de cara a las sentencias de unificación expedidas sobre la
materia”.
Finalmente, señaló que la sentencia de tutela de 25 de octubre de 2019 2 proferida
por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, es una decisión
relacionada con el caso de la demandante.
3. Pretensiones
La parte accionante formuló las siguientes:
“4.1. Se TUTELA el derecho constitucional fundamental al DEBIDO PROCESO.
4.2. Se deje sin efectos la sentencia de fecha 28 de febrero de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle [del Cauca] y como consecuencia se ordene a dicho
Tribunal se profiera un nuevo fallo de segunda instancia aplicando la Constitución, la
Ley y la Jurisprudencia del Consejo de Estado.
4.3. Vincular al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BUENAVENTURA y a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP – para que ejerzan el derecho de defensa”.
4. Pruebas relevantes
En correo electrónico de 27 de abril de 2023, la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca remitió el enlace de acceso al expediente digital
que contiene las actuaciones del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que adelantó la señora Belisa Palacios Vidal contra la UGPP (radicado
No. 76109-33-33-001-2021-00055-01).
5. Trámite procesal
Por auto de 24 de abril de 2023, la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda
de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado
Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura, a la UGPP y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 37109 a 37117 de 27
de abril de 20233, con el fin de notificar a las partes.
2
Radicado No. 11001-03-15-000-2019-02867-01, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
3
La parte accionante, las autoridades judiciales demandadas y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: cabreraconsultores@hotmail.com, s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co;
s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, j01admbtura@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin01bun@notificacionesrj.gov.co
y defensajudicial@ugpp.gov.co.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00
Actora: Belisa Palacios Vidal
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
En escrito de 2 de mayo de 2023, el magistrado ponente pidió que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la decisión se ajustó a las
normas que regulan el caso, así como a la jurisprudencia aplicable.
Afirmó que no puede admitirse que una vez terminado el proceso ordinario, las
partes pretendan cuestionar a través de una acción de tutela asuntos que ya
fueron resueltas en la jurisdicción especializada, pues sin duda ello rompe y
resquebraja la seguridad jurídica como principio de la administración de justicia.
Sostuvo que los cargos de la acción de tutela se asemejan a lo planteado en el
recurso de apelación propuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado
Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura.
Indicó que no es cierto que se haya omitido la valoración probatoria sobre los
documentos señalados por la accionante, toda vez que estos fueron analizados en
el marco probatorio de la providencia impugnada.
Señaló que en el fallo objetado se adujo que el precedente judicial del Consejo de
Estado sobre el reconocimiento de la pensión gracia es pacífico alrededor de la
importancia del tiempo de servicio, dejando claro que debe ser territorial o
nacionalizado, e iniciar antes del 31 de diciembre de 1980 sin importar si es
continuo o discontinuo, ni tampoco su modo de vinculación.
Resaltó que de las pruebas documentales concluyó que la accionante prestó sus
servicios de docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 para una
institución educativa oficial del municipio de Bahía Solano (Chocó) lo que, en
principio, permitía colegir que cumplía con este requisito exigido para acceder al
derecho pensional reclamado. Sin embargo, al tenor de las reglas de unificación y
contrario a lo manifestado por la accionante, es claro que el nombramiento
efectuado a la demandante es de carácter nacional y no territorial, pues este se
hizo para un distrito educativo adscrito al orden nacional, lo cual se constató con la
certificación expedida por la Alcaldía Distrital de Buenaventura donde se evidenció
que su vinculación fue nacional, documento que tiene plena validez probatoria.
Agregó que la accionante en su alzada solo se limitó a cuestionar, sin sustento
alguno, que la plaza de docente para la cual fue nombrada en el Decreto
Departamental No. 0180 de 27 de enero de 1994 era territorial, simplemente
aduciendo que la institución es del orden municipal, sin que en el plenario existiera
prueba específica de su aseveración.
Finalmente, manifestó que si bien la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018
del Consejo de Estado, los tiempos servidos pueden ser viables para la pensión
gracia a partir de la designación con visto bueno del delegado del Fondo
Educativo Regional -FER- o del Ministerio de Educación Nacional, no implica que
cuando ello ocurra el reconocimiento prestacional sea automático, que es lo que
planteó la accionante en el recurso de apelación dentro del proceso ordinario,
cuestión diferente es que la interpretación y la valoración probatoria que se
efectuó fue contraria a los intereses procesales de la parte actora, lo cual no es
ingrediente para suponer una violación al derecho fundamental alegado, pues en
la sentencia se esgrimieron razones de peso para llegar a las conclusiones
expuestas en dicho proveído.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00
Actora: Belisa Palacios Vidal
6.2. Respuesta del Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de
Buenaventura
En escrito de 28 de abril de 2023, la titular del despacho pidió que se negaran las
pretensiones de la solicitud, bajo el argumento de que no se probaron los defectos
alegados en el escrito de tutela.
Afirmó que las pruebas no acreditaron que la vinculación de la docente haya sido
territorial, pues el certificado de 23 de julio de 2020 donde se indica el periodo
laborado entre el 12 de enero de 1988 al 16 de junio de 1993, señala que su
vinculación fue nacional y lo mismo se tuvo del certificado de factores salariales
del periodo comprendido entre el 1 enero de 2005 al 31 de diciembre de 2010 y
las certificaciones de tiempo de servicio expedidas por la alcaldía de
Buenaventura.
Agregó que del acto administrativo de nombramiento en propiedad referido por la
accionante -Decreto No. 0180 de 27 de enero de 1994-, no se extrae la calidad de
docente territorial ni que la plaza a ocupar hubiera sido de aquellas que el
legislador previó como territoriales.
Por último, manifestó que la acción de tutela lo que pretende es reabrir el debate
jurídico y probatorio, a efectos de que se reconozca una pensión gracia a una
docente que no acreditó que su vinculación era territorial, carga probatoria que le
asistía dentro del proceso ordinario, lo que resulta improcedente a través de este
mecanismo de protección constitucional.
6.3. Respuesta de la UGPP
En oficio de 2 de mayo de 2023, el subdirector de defensa judicial pensional
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que
no se demostraron los defectos fáctico ni sustantivo y, además que, se utiliza
como una tercera instancia.
Indicó que en el expediente ordinario obra el certificado de información laboral de
la accionante, en el que consta que los tiempos que laboró como docente oficial,
se acreditaron al servicio de una entidad del orden nacional.
Señaló que la accionante no demostró que los tiempos en que sirvió como
docente fuesen del orden territorial o nacionalizado, por lo que sus tiempos como
docente del orden nacional no pueden ser tenidos en cuenta para el
reconocimiento de la pensión gracia.
Sostuvo que las pretensiones del demandante son de naturaleza económica, a lo
que agregó que la acción de tutela no cumple con los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad, en razón a que no se evidencia que frente a la decisión de
segunda instancia se interpusiera el recurso extraordinario de revisión.
Resaltó que no existe un defecto sustantivo, toda vez que no se desconocieron las
normas aplicables al caso para efectos de negar el reconocimiento pensional, ni
las aplicó indebidamente o les dio una interpretación errada. Agregó que las
decisiones controvertidas se fundaron en los preceptos legales relacionados con el
tema y en la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
Finalmente, afirmó que no se configura el defecto fáctico alegado, pues el
accionado tuvo en cuenta las pruebas aportadas al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y que no lograron llevar al juez de la causa a
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00
Actora: Belisa Palacios Vidal
establecer la existencia del derecho pensional en cabeza de la parte demandante,
lo que condujo a que se negaran las pretensiones de la demanda.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca con la sentencia de 28 de febrero de 2023, mediante la cual se confirmó la
decisión de primera instancia que negó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia, vulneró el derecho fundamental al debido proceso por incurrir en defecto i)
fáctico, por indebida valoración del Decreto No. 0180 de 27 de enero de 1994 y el
Acta de Posesión No. 1.437-3 de 23 de febrero de1994, que demostraban que la
vinculación como docente era del orden territorial y ii) por desconocimiento del
precedente judicial, por la omisión en la aplicación de la sentencia de unificación
de 21 de junio de 2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, así como
los fallos de tutela de 16 de julio de 2020 de la Sección Quinta del Consejo de
Estado y de 25 de octubre de 2019 de la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado.
De manera previa, la Sala deberá establecer si la acción de tutela cumple con el
presupuesto de la relevancia constitucional, en razón a que fue alegado por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo
Mixto del Circuito de Buenaventura, en sus respectivos informes.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones4.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20055, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
4
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00
Actora: Belisa Palacios Vidal
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional6.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala7, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se
alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de
manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda
de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el
estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión
cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La accionante manifiesta que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en
la sentencia de 28 de febrero de 2023, mediante la cual se confirmó la decisión de
6
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
7
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00
Actora: Belisa Palacios Vidal
primera instancia que negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia vulneró
el derecho fundamental al debido proceso, por incurrir en defecto i) fáctico, por
indebida valoración del Decreto No. 0180 de 27 de enero de 1994 y el Acta de
Posesión No. 1.437-3 de 23 de febrero de 1994, que demostraban que la
vinculación como docente era del orden territorial y ii) por desconocimiento del
precedente judicial, por la omisión en la aplicación de la sentencia de unificación
de 21 de junio de 2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, así como
los fallos de tutela de 16 de julio de 2020 de la Sección Quinta del Consejo de
Estado y de 25 de octubre de 2019 de la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado.
4.2. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque
no cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella con
la intención de dar continuidad al debate legal que fue resuelto en dos instancias.
Como respaldo de esa determinación, a continuación, se realizará un breve
recuento de las actuaciones que se desarrollaron en el curso del proceso
ordinario, con el fin de brindar mayores elementos de juicio.
La señora Belisa Palacios Vidal presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la UGPP, con la pretensión de que se anularan las
Resoluciones Nos. 26389 de 18 de noviembre de 2020 y 2327 de 2 de febrero de
2021, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia. Lo anterior, con sustento en la Ley 91 de 1989 y la sentencia de
unificación de 21 de junio de 2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
relativa a la pensión gracia.
El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura en fallo de
31 de marzo de 2022, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que del
Decreto No. 0180 de 27 de enero de 1994 se evidenció que el nombramiento en
propiedad de la demandante se realizó en una institución educativa del orden
nacional, lo cual fue certificado por el departamento del Valle del Cauca, lo que
perduró hasta la fecha de su retiro. Por consiguiente, consideró que la
demandante no tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia, pues no
estuvo vinculada a un establecimiento educativo del orden territorial, tal como lo
dispuso la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018 de la Sección Segunda
del Consejo de Estado.
La demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, con
sustento en la indebida valoración del Decreto No. 0180 de 27 de enero de 1994,
la sentencia de unificación y la circunstancia de que se concluyera que la
vinculación era del orden nacional, lo cual fue certificado por un funcionario
administrativo. Adicionalmente, mencionó los fallos de tutela de 16 de julio de
2020 de la Sección Quinta del Consejo de Estado y de 25 de octubre de 2019 de
la Sección Tercera, Subsección “A” de esta corporación judicial.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por sentencia de 28 de febrero de
2023, confirmó la decisión de primera instancia. En primer lugar, se refirió al
marco normativo de la pensión gracia, en concreto a la Ley 91 de 1989, mediante
la cual se “creó el Fondo de prestaciones Sociales del Magisterio estableció una
excepción a la incompatibilidad entre la pensión gracia y la pensión ordinaria de
jubilación, cuando ambas estuvieran a cargo total o parcial de la Nación, permitiendo que
los docentes departamentales o municipales, vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980, que quedaron comprendidos en el proceso la nacionalización, tuvieran la
oportunidad de acceder a la pensión gracia siempre que reunieran la totalidad de los
requisitos”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00
Actora: Belisa Palacios Vidal
Luego se refirió a los hechos probados, para lo cual relacionó las diferentes
pruebas relevantes que conformaban el expediente ordinario, entre las que se
observa el Decreto No. 0180 de 27 de enero de 1994 y el Acta de Posesión No.
1437-3 de 23 de febrero de 1994.
Posteriormente, señaló la regla jurisprudencial establecida en la sentencia de
unificación de 21 de junio de 2018, proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, así:
“3.5. Conclusiones preliminares: reglas de unificación.
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales
no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales
por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos
fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la
Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la
Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y
otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los
entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas
exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique
la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a
ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a
los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00
Actora: Belisa Palacios Vidal
estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema
general de participaciones”.
Al resolver el caso concreto, a partir de los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, consideró:
“10.7. Para la sala, contrario a lo manifestado por la parte demandante en su
apelación, es claro que el nombramiento efectuado a la señora BELISA PALACIOS
VIDAL en este último acto administrativo es de carácter nacional y no territorial, pues
su nombramiento fue para un distrito educativo adscrito al orden nacional, lo cual se
constata con la certificación expedida por la Alcaldía Distrital de Buenaventura a la
cual ya se hizo mención, donde se evidencia que su vinculación fue nacional.
Dicha certificación tiene plena validez probatoria, pues fue expedida por la Alcaldía
Distrital de Buenaventura, entidad que en virtud de la descentralización de la
educación tiene en sus archivos todos los soportes correspondientes a los docentes
de su jurisdicción entre ellos los de la demandante, lo cual no puede ser ignorado
por la Sala.
Además, la apelación solo se limita a cuestionar sin sustento que la plaza de
docente para la cual fue nombrada la demandante en el Decreto Departamental No.
0180 del 27 de enero de 1994 era territorial, simplemente aduciendo que la
institución es del orden municipal, sin que en el plenario exista prueba de su
aseveración.
La Sala recuerda que al tenor del artículo 167 del Código General del proceso,
incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellos persiguen, por manera que era deber de la parte
demandante acreditar probatoriamente que el nombramiento que se discute era
territorial y no nacional, aspecto que no se evidencia en el expediente.
No se desconoce que según la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-201 del
Consejo de Estado, puede ser viables para la pensión gracia los tiempos servidos a
partir de la designación con visto bueno del delegado del FER o del Ministerio de
Educación Nacional, lo que no implica que cuando ello ocurra el reconocimiento
prestacional sea automático, que es lo que plantea la parte demandante en la
apelación, pues el juez debe valorar de manera integral todo el acervo probatorio
conforme al principio de la sana crítica.
Entonces, aunque el Decreto Departamental No. 0180 del 27 de enero de 1994 fue
expedido con participación del FER y del Gobernador, de dicho acto administrativo
se infiere que la disposición de plazas es nacional, al punto que, paralelo a la
designación de la demandante, hace también nombramientos en el Instituto Técnico
Industrial Gerardo Valencia de Buenaventura, institución que es de carácter
nacional. Así mismo, la Institución Educativa San Rafael de Buenaventura, hace
parte de los establecimientos del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior – entidad pública del orden nacional- adscrita al Ministerio de
Educación Nacional.
Por último, manifiesta la apelación que existen inconsistencias respecto a la calidad
de vinculación de la señora BELISA PALCIOS VIDAL en el certificado allegado por la
entidad territorial, cuya fecha es del 29 de marzo de 2022; sin embargo, la Sala
aclara que lo descrito en este documento son los datos de la entidad territorial, pues
hace alusión a que la institución educativa tiene su localidad en un municipio, luego,
en el ítem ´iii. Situación laboral” sí se constata y reafirma que la vinculación laboral
de la demandante es nacional”.
De lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
confirmó la decisión de primera instancia que negó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, al considerar que del marco normativo, la jurisprudencia y las
pruebas allegadas regular y oportunamente al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, constató que la demandante no cumplía con el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00
Actora: Belisa Palacios Vidal
requisito de gozar de una vinculación territorial o nacionalizada, en tanto la
institución a la que fue vinculada era del orden nacional.
4.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que los reproches formulados
por la parte actora en el escrito de tutela, independientemente que se quieran
encuadrar en la supuesta vulneración del derecho fundamental al debido proceso,
con fundamento en la supuesta configuración de los defectos fáctico y por
desconocimiento del precedente judicial, lo que en realidad pretenden es continuar
con la discusión sobre el cumplimiento del requisito de que la vinculación docente
sea territorial, discusión probatoria y litigiosa que fue resuelta ampliamente en el
proceso judicial en el que se dictó la providencia objeto de reproche constitucional.
En efecto, se observa que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el
Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura, analizaron
con suficiencia el Decreto No. 0180 de 27 de enero de 1994 y el Acta de Posesión
No. 1437-3 de 23 de febrero de 1994, para concluir que se trata de una institución
educativa adscrita al orden nacional porque así estaba probado en el proceso.
Igualmente, hicieron alusión a la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y se aplicaron las reglas allí
establecidas a partir del material probatorio.
Más aún, el tribunal accionado precisó que si bien la decisión de unificación
dispuso que era procedente para el reconocimiento de la pensión gracia los
tiempos servidos a partir de la designación con visto bueno del delegado del
Fondo Educativo Regional o del Ministerio de Educación Nacional, lo cierto es que
esto no implica automáticamente que el interesado tenga derecho a la pensión
gracia, por cuanto se debe analizar todo el acervo probatorio de conformidad con
el principio de la sana crítica.
Por consiguiente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca luego de analizar
las pruebas, entre las que resaltó el Decreto No. 0180 de 27 de enero de 1994 y el
Acta de Posesión No. 1437-3 de 23 de febrero de 1994, evidenció que la
vinculación de la demandante era nacional, porque el instituto en el que prestaba
sus servicios era del orden nacional, lo que fue certificado por la Alcaldía Distrital
de Buenaventura.
Empero, la demandante insiste en la supuesta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso por un supuesto defecto fáctico por indebida
valoración probatoria y desconocimiento del precedente judicial, al negar el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, lo que realmente supone dar
continuación al debate normativo y probatorio que ya fue resuelto por el juez
natural. Cuestión diferente es que la parte actora al no estar de acuerdo con la
apreciación del marco normativo, el precedente judicial y las pruebas acudiera a la
acción de tutela, lo que evidencia el propósito de continuar con un debate que ya
fue abordado por el juez natural del asunto.
Adicionalmente, se constató que los fundamentos que la demandante propuso en
la solicitud de amparo se plantearon de manera similar en el recurso de apelación
(también invocó las sentencias de tutela que señala en el escrito de tutela), los
cuales fueron analizados en la providencia objeto de reproche constitucional.
Igualmente, se advierte que el hecho de que se alegue una supuesta vulneración
de derechos fundamentales sin desarrollar algún otro argumento que justifique la
relevancia constitucional, no da por superado automáticamente este presupuesto,
pues es necesario que se proponga un genuino debate constitucional alejado de
apreciaciones subjetivas y que esté relacionado con el contenido, alcance y goce
de derechos fundamentales, lo que, como quedó expuesto, no ocurre en esta
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00
Actora: Belisa Palacios Vidal
oportunidad. Se trata de una discusión que tiene más visos de estricta legalidad,
que en nada involucra una discusión constitucional que pueda habilitar el estudio
de fondo de la solicitud, lo que conduce a darle una dimensión de peso mayor a
los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.
Al respecto, es necesario recordar que la Corte Constitucional en sentencia SU-
573 de 20198, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”9 (Negrilla y resalta de la Sala)
10
En la sentencia SU-215 de 2022 , la Corte Constitucional recordó que el
cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional requiere “involucrar algún
debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe limitarse a una
puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los
derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de su derecho fundamental al
debido proceso, en este caso, a la manera de una tercera instancia, toda vez que
insiste en el mismo debate litigioso relacionado con el reconocimiento y pago de la
pensión gracia y la valoración probatoria que, a su juicio, debió realizar la
autoridad judicial accionada.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela, por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Belisa Palacios Vidal, quien actúa por conducto de apoderado judicial,
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
8
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
9
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
10
M.P. Natalia Ángel Cabo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00
Actora: Belisa Palacios Vidal
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.