Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01921-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01921-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01921-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
27 de julio de 2023
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-01
Demandante: Belisa Palacios Vidal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01921-01
Demandante: Belisa Palacios Vidal
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Temas: Tutela contra providencia judicial emitida en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Solicitud de reconocimiento y pago de
pensión gracia. Ausencia de los defectos desconocimiento de
precedente y fáctico.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia
del 8 de junio de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró
improcedente la acción de tutela.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Belisa Palacios Vidal, por intermedio de apoderado, promovió demanda en
orden a que se tutele su derecho fundamental al debido proceso y, como
consecuencia, que se deje sin efectos la sentencia del 28 de febrero de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación 76109-33-33-001-2021-00055-01 y, en su
lugar, que se ordene al Tribunal proferir un nueva decisión en la que se aplique la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
1.1.2. Los hechos
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-01
Demandante: Belisa Palacios Vidal
El apoderado de la accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) La señora Belisa Palacios Vidal presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a fin de lograr el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
ii) El 31 de marzo de 2022, el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial
de Buenaventura negó las pretensiones de la demanda, al argumentar que el
nombramiento en propiedad realizado por el Decreto n°. 0180 del 27 de enero de 1994
recayó en una institución del orden nacional.
iii) El 28 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca confirmó la
decisión, al advertir lo siguiente: «finalmente, mediante Decreto n°. 0180 del 27 de
enero de 1994, la señora Belisa Palacios Vidal fue nombrada en propiedad en el Centro
Docente #3, el cual fue suscrito por el gobernador del departamento del Valle del
Cauca, la Secretaría de Educación Departamental y el representante del Ministerio de
Educación Nacional».
1.1.3. Los defectos invocados
En sentir del apoderado de la accionante, el fallo del Tribunal incurrió en los siguientes
vicios o defectos:
1.1.3.1. Desconocimiento de precedente jurisprudencial
i) En la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, señaló con respecto de la prueba de la calidad de docente territorial, lo
siguiente: «vi) prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales».
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ii) En atención a lo anterior, en las sentencias de tutela del 25 de octubre de 2019,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en el expediente
11001-03-15-000-2019-02867-01, y del 16 de julio de 2020, emitida por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, en el expediente 11001-03-15-000-2020-00802-01, se indicó
que el docente puede probar y acreditar la calidad de docente territorial a través de los
actos administrativos de nombramiento y posesión.
iii) Así las cosas, se puede colegir que el Tribunal dio una interpretación equivocada a
la sentencia de unificación.
1.1.3.2. Defecto fáctico
i) En el Decreto n°. 180 del 27 de enero de 1994 se puede advertir que el gobernador
del departamento del Valle del Cauca fue quien la nombró a la señora Belisa Palacios
en el cargo de «Seccional del Centro Docente #67, San Luis Gonzaga, corregimiento
El Pital, rio Cajambre del municipio de Buenaventura, Distrito Educativo #3» y, en el
acta de posesión n°. 1437-3 del 23 de febrero de 1994, se da a conocer que la docente
se posesionó ante la Secretaría de Educación del departamento del Valle del Cauca,
luego según la sentencia de unificación se puede concluir que la vinculación era de
tipo territorial.
ii) Para nadie es un secreto que existe una directriz para las Secretarías de Educación
que cuando el docente se encuentre con una vinculación nueva, es decir, a partir del
1 de enero de 1990, los certificados de tiempos de servicio y salarios devengados se
deben expedir con la calificación de nacionales, dada la interpretación hecha a la Ley
91 de 1989, luego los jueces administrativos no pueden convertirse en meros
espectadores frente al hecho, comoquiera que se perdería la esencia del proceso
ordinario y la facultad de aplicar justicia, en este caso, de cara a las sentencias de
unificación expedidas en la materia.
1.2. Actuación procesal
El 24 de abril de 2023, la consejera de Estado Stella Jeannette Carvajal Basto admitió
la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído a los magistrados
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del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como demandados, así como al
Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura y a la
UGPP, como terceros interesados en las resultas del proceso, para que dentro del
término de dos días rindieran el respectivo informe; de igual forma, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 610 del Código General del Proceso, debiéndole remitir copia del libelo.
Asimismo, ordenó oficiar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado
Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura, en el evento que
el expediente haya sido devuelto, para que allegaran copia digitalizada del proceso
con radicación 76109-33-33-001-2021-00055-01; y reconoció personería al abogado
Francisco Javier Gómez Henao, como apoderado de la señora Belisa Palacios Vidal,
de conformidad con el poder que obra en medio magnético.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. El magistrado Ronald Otto
Cedeño Blume solicitó denegar las súplicas de la acción de tutela, en atención a los
siguientes argumentos:
i) No puede admitirse que las partes pretendan cuestionar a través de una acción de
tutela asuntos que ya fueron dilucidados al interior de la jurisdicción especializada, a
través de dos providencias judiciales emitidas por jueces con plena autonomía e
independencia, ya que ello rompe y resquebraja la seguridad jurídica como principio
de la administración de justicia. Además, las aseveraciones de la accionante se
asemejan a lo planteado en el recurso de apelación contra la sentencia proferida por
el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura.
ii) Ahora bien, no es cierto que se haya omitido la valoración probatoria sobre los
documentos señalados en el escrito de tutela, toda vez que estos fueron analizados
en el marco probatorio de la providencia impugnada, ni tampoco que se haya
inaplicado el precedente jurisprudencial unificado en la materia, comoquiera que en la
sentencia se esgrimieron razones de peso para llegar a las conclusiones expuestas.
Distinto es que la interpretación y la valoración probatoria que efectuó el Tribunal, a la
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luz de la ley y la jurisprudencia aplicables al caso, haya sido contraria a los intereses
procesales de la parte actora, lo cual no es motivo para suponer una violación al
derecho fundamental alegado.
1.3.2. El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de
Buenaventura. La jueza Sara Helen Palacios solicitó negar las pretensiones, dados
los siguientes planteamientos:
i) La acción de tutela es improcedente, en tanto lo querido con esta es desconocer las
decisiones proferidas en las instancias ordinarias reabriendo el debate jurídico y
probatorio a efectos de que se reconozca una pensión gracia a una docente que no
acreditó una vinculación territorial, carga probatoria que le asistía dentro del proceso
ordinario iniciado; además los argumentos expuestos no demuestran los defectos
contenidos en el escrito.
ii) Las decisiones objeto de reparo constitucional fueron soportadas en las pruebas
legalmente arribadas al proceso y de acuerdo con su valoración integral se advirtió de
manera clara que con el nombramiento en propiedad en el Centro Docente n°. 3,
realizado por el gobernador del departamento del Valle del Cauca, la Secretaría de
Educación Departamental y el representante del Ministerio de Educación Nacional,
mediante el Decreto n°. 0180 del 27 de enero de 1994, tuvo una vinculación de orden
nacional y no territorial.
iii) Lo anterior, en consideración a que del acto administrativo de nombramiento en
propiedad referido de la accionante —Decreto n°. 0180 del 27 de enero de 1994— no
se extracta ni la calidad de docente territorial ni tampoco que la plaza a ocupar fuera
de aquellas que el legislador previó como territoriales; aunado a lo anterior, en el
certificado del 23 de julio de 2020, se indicó que el periodo laborado entre el 12 de
enero de 1988 y el 16 de junio de 1993, fue con vinculación nacional, e igual ocurrió
con el certificado de factores salariales del periodo comprendido entre el 1 enero de
2005 y el 31 de diciembre de 2010 y las certificaciones de tiempo de servicio expedidos
por la Alcaldía de Buenaventura.
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1.3.3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP). El subdirector de Defensa Judicial
Pensional, señor Javier Andrés Sosa Pérez, solicitó declarar improcedente la acción
o, en su defecto, negar el amparo, dado lo siguiente:
i) La parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera
instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la causa,
después de haberse agotado un procedimiento establecido en la ley para el efecto.
ii) La providencia enjuiciada no incurrió en los defectos endilgados, por el contrario, se
ajustó al ordenamiento legal y jurisprudencial que regula el reconocimiento de la
pensión gracia, así como al acervo probatorio aportado al proceso judicial.
1.4. Sentencia impugnada
El 8 de junio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró improcedente la
acción de tutela, al no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, dados los
siguientes considerandos:
i) Los reproches formulados por la parte actora en el escrito de tutela,
independientemente de que se quieran encuadrar en la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso con fundamento en la supuesta configuración de los
defectos desconocimiento del precedente judicial y fáctico, lo que en realidad
pretenden es continuar con la discusión sobre el cumplimiento del requisito de que la
vinculación docente sea territorial, discusión probatoria y litigiosa que fue resuelta
ampliamente en el proceso judicial ordinario.
ii) El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo
Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura hicieron alusión a la sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado y
aplicaron las reglas allí establecidas a partir del material probatorio encontrado en el
proceso, más aún, el Tribunal precisó que aunque la sentencia de unificación dispuso
que era procedente para el reconocimiento de la pensión gracia los tiempos servidos
a partir de la designación con visto bueno del delegado del Fondo Educativo Regional
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o del Ministerio de Educación Nacional, lo cierto es que ello no implicaba que el
interesado tenga automáticamente derecho a la pensión gracia por cuanto se debe
analizar todo el acervo probatorio de conformidad con el principio de la sana crítica,
por consiguiente, luego de estudiar las pruebas, entre las que resaltó el Decreto n°.
0180 del 27 de enero de 1994 y el Acta de Posesión n°. 1437-3 del 23 de febrero de
1994, evidenció que la vinculación de la demandante era nacional porque el instituto
en el que prestó sus servicios era del orden nacional, lo cual, además, fue certificado
por la Alcaldía Distrital de Buenaventura.
1.5. Impugnación
El apoderado de la accionante impugnó la decisión de primera instancia en orden a
que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones. Advirtió lo siguiente:
i) En el caso no se está buscando una tercera instancia, puntualmente, se está
solicitando la protección del derecho fundamental al debido proceso, en atención a que
el Tribunal omitió aplicar la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 proferida
por el Consejo de Estado, en la que de manera clara se indicó: «vi) Prueba de calidad
de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el
vínculo en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a
ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales o, en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora
que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial».
ii) Quiere decir lo anterior que para establecer la calidad de docente territorial hay que
analizar los actos administrativos del vínculo que, para el caso, no ocurrió, y, además,
se creyó en lo que certificó un funcionario administrativo, quien «de pronto ni siquiera
tiene idea del tema o porque sigue instrucciones equivocadas de sus superiores
quienes interpretan las leyes a su antojo, que es lo más común en Colombia,
vulnerando muchas veces principios como el de favorabilidad en materia laboral». «En
esta clase de procesos quien debe calificar el tipo de vinculación teniendo en cuenta
el acto administrativo de nombramiento y la jurisprudencia de unificación del Consejo
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de Estado es el operador judicial y no el funcionario administrativo que expide una
certificación».
iii) Ahora bien, en las sentencias del 7 de marzo de 2023, proferidas por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación 05001-33-33-001-2015-01420-01 y
05001-33-33-024-2014-01884-01, se refirió en torno a las certificaciones expedidas
por funcionarios administrativos que para acreditar la calidad de docente territorial se
requería copia de los actos administrativos en donde conste el vínculo, en los que
además se pudiera establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar fuera de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales.
iv) A su turno, en la sentencia de tutela del 16 de julio de 2020, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Quinta, en el proceso 11001-03-15-000-2020-00802-01, se
concedieron las pretensiones de la demanda, en aplicación de la sentencia de
unificación, al referir que la calidad de docente nacionalizado o territorial se puede
acreditar a través de los actos administrativos de nombramiento y de posesión, en los
que se demuestre la efectiva vinculación y que se prestaba el servicio en una plaza
del orden territorial.
1.6. Otras solicitudes
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP). El subdirector de Defensa Judicial
Pensional de la entidad, señor Javier Andrés Sosa Pérez, solicitó confirmar el fallo de
primera instancia. Refirió que la entidad compartía los argumentos de improcedencia
de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, pues como bien lo indicó
el a quo, los fundamentos que la demandante propuso en la solicitud de amparo se
plantearon de manera similar en el recurso de apelación, los cuales ya fueron
analizados en la providencia objeto de reproche, siendo lo pretendido por la actora el
continuar con la discusión sobre su tipo de vinculación al servicio docente.
2. Consideraciones
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2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20191, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección
Cuarta de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 28 de febrero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión
Oral, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
76109-33-33-001-2021-00055-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo
lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulneró el derecho fundamental
al debido proceso de la accionante.
2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
1
Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
2
Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que
para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 76109-33-33-
001-2021-00055-00 [01], la Sala establece lo siguiente:
i) El 18 de noviembre de 2020, a través de la Resolución RDP 026389, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), negó el reconocimiento y pago de una pensión mensual
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vitalicia de jubilación gracia a la señora Belisa Palacios Vidal; y el 2 de febrero de 2021,
por Resolución RDP 002327, la UGPP confirmó la decisión.
ii) El 3 de mayo de 2021, la señora Belisa Palacios Vidal promovió demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP en orden a lograr la nulidad de los
anteriores actos y, como consecuencia de lo anterior, que se condenara a la
demandada a reconocer y pagar la pensión gracia vitalicia de jubilación, liquidada en
cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado por concepto de sueldos y
demás factores salariales en el último año de servicios, junto con los reajustes legales
correspondientes.
iii) El 31 de marzo de 2022, el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito
Judicial de Buenaventura negó las pretensiones de la demanda.
iv) El 28 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión Oral, confirmó la decisión de primera instancia y condenó en
costas a la parte vencida.
2.5. Verificación del cumplimiento de las causales de procedibilidad
El juez de tutela de primera instancia declaró improcedente la acción de tutela al
considerar que independientemente de que los reproches formulados por la parte
actora se quieran encuadrar en la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso con fundamento en la supuesta configuración de los defectos
desconocimiento del precedente judicial y fáctico, lo que en realidad pretenden es
continuar con la discusión sobre el cumplimiento del requisito de que la vinculación
docente sea territorial, discusión probatoria y litigiosa que fue resuelta ampliamente en
el proceso judicial ordinario.
Pues bien, se dejó visto que en la Sentencia C-543 de 1992, la Corte Constitucional
abrió la posibilidad de utilizar la acción de tutela de manera «excepcional» para
cuestionar providencias judiciales, y que en la Sentencia C-590 de 20054 se
desarrollaron las diferentes reglas —causales genéricas y específicas de
4
Reiteradas en la sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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Demandante: Belisa Palacios Vidal
procedibilidad— para que el juez de tutela pueda estudiar los cuestionamientos
presentados, sin atentar contra el principio de la seguridad jurídica. Sobre el particular,
refirió: «no se trata de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es
de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos
fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra
en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente —es
decir segura y en condiciones de igualdad— de los derechos fundamentales a los
distintos ámbitos del derecho».5
Así, en lo referente a la causal genérica de relevancia constitucional, la Corte ha
decantado una sólida línea jurisprudencial, que puede verse, entre otras, en las
Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, en
las que se reiteró que el requisito de relevancia constitucional cumple cuatro
finalidades principales; a saber: «i) el respeto por las competencias de las
jurisdicciones; ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; iii) la
preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal o con un marcado contenido económico».6
De esta forma, estableció que para determinar si el requisito se cumple en cada caso,
el juez de tutela debe analizar: i) que el asunto tenga trascendencia para interpretar,
aplicar y/o desarrollar la Constitución Política o para determinar el contenido y alcance
de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal —como la correcta interpretación o aplicación de una norma de rango
legal o reglamentario, salvo que se explique con suficiencia el por qué la interpretación
o aplicación de una norma legal afectó garantías constitucionales—,7 o de contenido
5
Sentencia C-590 de 2005.
6
Sentencia SU-573 de 2019.
7
No significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición y aplicación judicial de normas
de rango legal se incumple el requisito de relevancia constitucional […] en la labor judicial la indebida
aplicación de normas de rango legal puede derivar en una violación de derechos fundamentales.
Justamente esa situación es la que sustenta la existencia, caracterización y definición del defecto
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económico —por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general, salvo
que se comprometa algún derecho fundamental—,8 y iii) que se justifique
razonablemente una afectación grave y/o desproporcionada de derechos
fundamentales, producto de una actuación arbitraria.9
En sub judice, la Sala encuentra que en el caso sí concurre el requisito de relevancia
constitucional en torno a la presunta vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, puesto que la parte actora justificó la trasgresión de su núcleo esencial en el
hecho de no aplicarse lo dicho en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018
proferida por el Consejo de Estado, respecto de la prueba de la calidad docente
territorial y, como consecuencia de ello, analizarse indebidamente tanto el acto de
nombramiento como el de posesión en el servicio docente, eventos que de encontrarse
acreditados conducirían a encontrar lesionados los intereses de la parte actora.
Asimismo, la Sala también encuentra satisfechos los demás requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, puesto que: i) «cumple con el requisito de
subsidiariedad», ya que de los hechos y argumentos narrados no se evidencia que el
caso se adecúe a alguna de las causales de revisión y de unificación de jurisprudencia
previstas en los artículos 250 y 258 del CPACA; ii) «se presentó con inmediatez», toda
vez que la sentencia objeto de censura data del 28 de febrero de 2023, y la presente
acción de tutela fue remitida al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo
de Estado el 18 de abril de 2023, esto es, dentro del término de los seis meses
previstos por esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela
contra providencia judicial;10 iii) «no se cuestionó una irregularidad procesal» sino el
sustantivo. En todo caso, la relevancia constitucional exige que el accionante vincule la discusión legal
con la violación de una garantía fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia el por
qué la interpretación o aplicación de una norma de rango legal afectó garantías constitucionales. SU-
215 de 2022.
8
Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza
económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las
que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa;
(iii) laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios. SU-215 de 2022.
9
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
10
El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de
2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
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hecho de resolverse el asunto bajo una indebida aplicación jurisprudencial e
inadecuado análisis probatorio; iv) «se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos» frente a los cuales se alegó vulneración, en tanto la parte actora narró
de manera clara los hechos sujetos a examen, los derechos que estima vulnerados y
adecuó sus inconformidades en los defectos desconocimiento de precedente y fáctico;
y v) «no se cuestionó una sentencia de tutela», sino la proferida dentro de un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
De esta forma, se impone en el caso abordar el estudio de los argumentos expuestos
por la accionante, con fundamento en los cuales solicita el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso.
2.6. Análisis de procedencia del amparo invocado
Se alega en el caso que el Tribunal incurrió en un defecto por «desconocimiento de
precedente jurisprudencial», al realizar una interpretación equivocada de la sentencia
de unificación del 21 de junio de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, en torno a la probanza de la calidad de docente territorial, que sobre el
particular indicó: «vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial».
Pues bien, se evidencia que en la providencia objeto de reproche el Tribunal accionado
hizo un recuento del marco normativo de la pensión gracia, esto es, las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, así como del desarrollo
jurisprudencial dado en la materia, refiriendo que la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha sido pacífica en sostener que para ese reconocimiento prestacional es del
caso acreditar que el tiempo de servicio haya sido territorial o nacionalizado y que haya
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
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iniciado antes del 31 de diciembre de 1980, sin importar, en este caso, si es continuo
o discontinuo ni tampoco su modo de vinculación.
De igual forma, se verifica que el juez colegiado se detuvo en lo expuesto por la
sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018 del 21 de junio de 2018, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, respecto de la clasificación del personal
docente, trayendo a colación las conclusiones que se presentaron en dicho
pronunciamiento, entre estas, la expuesta en el literal vi), respecto de la prueba de
calidad de docente territorial —echada de menos por la aquí accionante—, reseñando
lo siguiente:
[E]n dicha decisión se unificó la posición frente al reconocimiento de la pensión gracia
en el caso de los docentes en cuyo nombramiento intervenía además del representante
legal del ente territorial, un delegado del Ministerio de Educación Nacional del respectivo
Fondo Educativo Regional, para determinar si ostentaban el carácter de nacionales o
nacionalizados.
En dicha providencia, se explicó que no es viable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales cuando en el acto de su
vinculación intervienen el representante legal de la entidad territorial y el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la Junta
Administradora del respectivo Fondo Educativo Regional.
Lo anterior, según se indicó, en tanto lo relevante frente al reconocimiento de la pensión
gracia es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada, máxime si se tiene en cuenta que, en lo que concierne a los educadores
territoriales el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas
de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban
los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales, y en lo que tiene que ver con
los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en
los recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.
Hasta aquí es relevante advertir que el Tribunal sí tomó en cuenta lo referido por la
sentencia de unificación, pues recapituló lo allí expuesto y resaltó, con evidente
convicción, que en el análisis de los casos de reconocimiento de pensión gracia lo que
se debe verificar es «la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada», por lo que, contrario a lo afirmado por la accionante, no se
evidencia una interpretación equivocada del asunto y, por contera, tampoco un
desconocimiento de precedente jurisprudencial.
Sumado a lo anterior, se resalta que las sentencias de tutela traídas a colación por la
accionante no constituyen precedente jurisprudencial, puesto que sus efectos son inter
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partes, es decir, no van más allá del caso objeto de controversia, de tal suerte que las
consideraciones allí planteadas solo sugieren un antecedente jurisprudencial que no
obliga al operador jurídico. La jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar
que solo tienen valor vinculante aquellas decisiones de tutela proferidas por la Sala
Plena de la Corte Constitucional en sede de control abstracto como en sede de control
concreto de constitucional. En control abstracto de constitucionalidad, por cuanto la
decisión hace tránsito a cosa juzgada constitucional, y en sede de control concreto, en
sentencias de unificación de tutela, pues aunque en principio tienen efectos inter
partes, en ocasiones pueden hacerse extensivos al resultar relevantes para la unidad
del ordenamiento jurídico.
Ahora bien, la accionante también alega que en la sentencia reprochada se incurrió en
un «defecto fáctico en su dimensión positiva», por desconocer las reglas de la sana
crítica en la apreciación del Decreto n°. 180 del 27 de enero de 1994, del que se puede
colegir que fue el gobernador del departamento del Valle del Cauca quien la nombró
en el cargo de «Seccional del Centro Docente #67, San Luis Gonzaga, corregimiento
El Pital, rio Cajambre del municipio de Buenaventura, Distrito Educativo #3», así como
del acta n°. 1437-3 del 23 de febrero de 1994, en la que se evidencia que se posesionó
ante la Secretaría de Educación del departamento del Valle del Cauca, luego según lo
expuesto en la sentencia de unificación, era dable concluir que la vinculación era de
tipo territorial.
Pues bien, se encuentra en el sub judice que, luego de que el Tribunal dejara sentadas
las reglas jurisprudenciales a partir de las cuales se debía analizar el reconocimiento
de la pensión gracia —según se dejó visto—, abordó el análisis de las pruebas
aportadas al expediente a efectos de establecer el tiempo de servicio y la naturaleza
del vínculo en cada uno de los períodos de servicios prestados por la demandante, a
partir de lo cual presentó las siguientes conclusiones:
10.4. No obstante, la Juez a quo adujo que no hay lugar al reconocimiento de la pensión
gracia, porque si bien la demandante cumple con la mayoría de los requisitos, lo cierto
es que ostenta una vinculación de carácter nacional a partir del nombramiento realizado
mediante Decreto n°. 0180 del 27 de enero de 1994.
[...]
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10.6. En el caso concreto, se tiene probado que la señora Belisa Palacios Vidal fue
vinculada a la docencia oficial a través del contrato administrativo de prestación de
servicios suscrito entre el alcalde del municipio de Bahía Solano (departamento del
Chocó) y la demandante, por lo que fue allegado el certificado adiado el 21 de octubre
de 2020, en el que se evidencia que desde el 21 de febrero de 1979 hasta el 30 de
diciembre de 1979, su vinculación fue municipal en la Escuela «Playa de Potes» del
municipio de Bahía Solano.
Posteriormente, a través del Decreto n°.1549 del 30 de diciembre de 1987, el gobernador
del departamento del Valle del Cauca la nombró en el cargo de directora del Centro
Docente No. 77 «Petronio Álvarez» (vereda Río Cajambre), posesionada el 12 de enero
de 1988, según acta de posesión n°. 342-3 del 5 de diciembre de 1987.
Finalmente, mediante el Decreto n°. 0180 del 27 de enero de 199439, la señora Belisa
Palacios Vidal fue nombrada en propiedad en el Centro Docente #67 «San Luis
Gonzaga», corregimiento el Pital – Río Cajambre de Buenaventura, Distrito Educativo
#3, el cual fue suscrito por el gobernador del departamento de Valle del Cauca, la
Secretaría de Educación Departamental y el representante del Ministerio de Educación
Nacional.
10.7. Para la Sala, contrario a lo manifestado por la parte demandante en su apelación,
es claro que el nombramiento efectuado a la señora Belisa Palacios Vidal en este
último acto administrativo es de carácter nacional y no territorial, pues su
nombramiento fue para un distrito educativo adscrito al orden nacional, lo cual se
constata con la certificación expedida por la Alcaldía Distrital de Buenaventura a
la cual ya se hizo mención, donde se evidencia que su vinculación fue nacional.
Dicha certificación tiene plena validez probatoria pues fue expedida por la Alcaldía
Distrital de Buenaventura, entidad que en virtud de la descentralización de la educación
tiene en sus archivos todos los soportes correspondientes a los docentes de su
jurisdicción —entre ellos los de la demandante—, lo cual no puede ser ignorado por la
Sala. Además, la apelación sólo se limita a cuestionar sin sustento que la plaza de
docente para la cual fue nombrada la demandante en el Decreto Departamental n°. 0180
del 27 de enero de 1994 era territorial, simplemente aduciendo que la institución es del
orden municipal, sin que en el plenario exista prueba específica de su aseveración. […]
No se desconoce que según la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018 del Consejo
de Estado pueden ser viables para la pensión gracia los tiempos servidos a partir de la
designación con visto bueno del delegado del FER o del Ministerio de Educación
Nacional, lo que no implica que cuando ello ocurra el reconocimiento prestacional sea
automático, que es lo que plantea la parte demandante en la apelación, pues el juez
debe valorar de manera integral todo el acervo probatorio conforme al principio de la
sana crítica.
Entonces, aunque el Decreto Departamental n°. 0180 del 27 de enero de 1994 fue
expedido con participación del FER y del gobernador, de dicho acto administrativo
se infiere que la disposición de plazas es nacional, al punto que, paralelo a la
designación de la demandante, hace también nombramientos en el «Instituto Técnico
Industrial Gerardo Valencia de Buenaventura—, institución que es de carácter nacional.
Así mismo, la Institución Educativa «San Rafael de Buenaventura» hace parte de los
establecimientos del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior —
entidad pública del orden nacional— adscrita al Ministerio de Educación Nacional.
Por último, manifiesta la apelación que existen inconsistencias respecto a la calidad de
vinculación de la señora Belisa Palacios Vidal en el certificado allegado por la entidad
territorial, cuya fecha es del 29 de marzo de 2022; sin embargo, la Sala aclara que lo
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descrito en este documento son los datos de la entidad territorial, pues hace alusión a
que la institución educativa tiene su localidad en un municipio, luego, en el ítem «iii.
Situación laboral» sí se constata y reafirma que la vinculación laboral de la demandante
es nacional. (Resaltado de la Sala).
Se infiere del extracto que el Tribunal procedió a analizar el tipo de vinculación de la
demandante, de acuerdo con los actos administrativos aportados por esta, advirtiendo
que, en lo que se refiere con el Decreto Departamental n°. 0180 del 27 de enero de
1994 o acto de nombramiento en el Centro Docente #67 «San Luis Gonzaga», lo que
se denotaba era una vinculación de orden nacional y no territorial, lo cual, en todo
caso, se reafirmaba con la certificación emitida por la Alcaldía Distrital de
Buenaventura, conclusión que no se advierte irracional o desproporcionada, si se tiene
en cuenta que el Tribunal fue diáfano en advertir que el Centro Docente #67 «San Luis
Gonzaga» para el cual fue nombrada, correspondía a un distrito educativo adscrito al
orden nacional, y que la certificación proferida por la Alcaldía de Buenaventura —que
la accionante ahora pone en tela de juicio en esta instancia constitucional— no fue
controvertida en sede ordinaria, por lo que era completamente válido tomarla como
prueba en el asunto de marras.
Debe la Sala indicar que el hecho de no estar de acuerdo con la valoración efectuada
no justifica el uso de la acción de tutela para su contradicción como si se tratara de
una tercera instancia. Por tanto, lo que se avizora en el asunto es que la parte actora
está inconforme con la lógica y estudio dado por el fallador en el análisis del caso y
utiliza la acción de tutela para plantear un análisis de la prueba, que en su juicio, es el
que debe darse, evento que el juez de tutela no puede avalar no solo porque no es de
su competencia realizar este tipo de valoraciones sino porque el defecto fáctico está
estructurado bajo específicas causales referenciadas por la Corte Constitucional y en
ninguno de los eventos previstos se encuentra la posibilidad de analizar la prueba bajo
consideraciones propias del juez de tutela so pretexto de desconocimiento de las
reglas de la sana crítica.
La valoración efectuada por el Tribunal lejos de constituir un defecto fáctico
corresponde a la manifestación de la autonomía e independencia judicial de que gozan
los jueces al analizar el material probatorio puesto a su disposición, que como lo ha
fijado la Corte Constitucional es el «campo en el que la independencia del juez se
mantiene con mayor vigor […]. Ello por cuanto el juez de la causa es el que puede
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apreciar y valorar de la manera más certera el material probatorio que obra dentro de
un proceso», sin que al juez de tutela le esté permitido «convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce
de un asunto», como lo pretende la parte actora.
Esta Sala de decisión ha sido constante en sostener que la tarea de decidir ante
distintos medios probatorios cuál o cuáles de ellos, y con qué concreto alcance deben
ser utilizados para la resolución de un determinado supuesto litigioso, es una materia
de mera interpretación y valoración, conforme a las reglas de la lógica y de la sana
crítica de la prueba, que en virtud del artículo 176 del Código General del Proceso
constituye una función exclusiva de los órganos judiciales ordinarios.
Así las cosas, la Sala no encuentra que el Tribunal haya incurrido en las causales de
procedencia de desconocimiento de precedente y fáctico que habiliten la procedencia
del amparo deprecado, por lo que los considera infundados y, en consecuencia, no
advierte vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la accionante.
3 Conclusión
Dadas las consideraciones expuestas la Sala revocará la sentencia impugnada que
declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional y, en su
lugar, denegará el amparo invocado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 8 de junio de 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela, en su lugar, se
dispone:
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Segundo. Denegar el amparo invocado por la señora Belisa Palacios Vidal, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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