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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01922-00

Fecha
18 de mayo de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01922-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Carmen Sofía Pérez y otros, únicamente en relación con los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente. SEGUNDO: Deniégase la solicitud de tutela respecto del presunto defecto procedimental absoluto, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01922-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

18 de mayo de 2023

Demandantes: Carmen Sofía Pérez Becerra y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Rad: 11001-03-15-000-2023-01922-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2023-01922-00
Demandantes: CARMEN SOFÍA PÉREZ BECERRA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Temas: Tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional.
Defecto procedimental absoluto.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio de
la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito enviado el 18 de abril de 2023 al correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado, los señores Carmen Sofía Pérez
Becerra, Jasleidy Pérez León, Yesnith Paola Contreras Pérez, María Alejandra
Contreras Pérez, Yeison Andrés Contreras Pérez, Virgelina Contreras Pérez,
Angelino Contreras Pérez, Jhon Edinson Contreras Pérez, Ledys María Contreras
Pérez, Elda Rosa Contreras Pérez, Edilma Contreras Pérez, Edgar Alfonso
Contreras Pérez, Luis Evelio Contreras Pérez, Nelly Contreras Pérez y Carmelina
Contreras Pérez, por conducto de apoderado, interpusieron acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la integridad personal, a
la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral.

Consideraron vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la
sentencia del 16 de febrero de 2023, que revocó el fallo del 13 de abril de 2018, a
través del cual el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar había accedido a las pretensiones de la demanda y, en su lugar,
declaró la caducidad del medio de control de reparación directa con radicado
20001-33-33-007-2018-00428-01, promovido por los accionantes contra la Nación,
1

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Demandantes: Carmen Sofía Pérez Becerra y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Rad: 11001-03-15-000-2023-01922-00

Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

En concreto, solicitaron a esta Corporación:

“Solicito a los honorables Magistrados del Consejo de Estado, que mediante
este mecanismo constitucional se ordene LA REVOCATORIA DE LA
SENTENCIA PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CESAR, MAGISTRADO PONENTE JOSE ANTONIO APONTE OLIVELLA,
de fecha 16 de febrero de 2023, que revoca la sentencia apelada del Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar, en todas sus partes por
indebida aplicación de la norma, falta de aplicación de disposiciones
normativas relevantes (errónea aplicación de los términos de caducidad)
indebida interpretación de la norma, no aplicación de la flexibilización de
los estándares probatorios en materia de derechos humanos, causales
que quebrantan el debido proceso, el legítimo derecho de defensa y la
igualdad procesal, por ser violatoria de los derechos fundamentales artículo
13, 29, 53 de la constitución nacional y en su defecto se concedan las
pretensiones rogadas en el líbelo”.1

2. Hechos

Los accionantes narraron los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, resultan
relevantes para la decisión que se va a adoptar dentro del presente asunto.

Mencionaron que el 27 de agosto de 2018 interpusieron demanda de reparación
directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con
ocasión del daño sufrido por la muerte de los señores José Naín Contreras Pérez
y Bayron Manjarrés Ustariz, en hechos ocurridos el 24 de febrero de 2006 en un
supuesto enfrentamiento entre la guerrilla y tropas del Batallón de Artillería 2 La
Popa en el municipio de Manaure, Cesar.

Indicaron que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar, mediante sentencia del 23 de agosto de 2019, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda al concluir que el señor Contreras Pérez había
sido ejecutado extrajudicialmente y desaparecido por uniformados del Ejército
Nacional.

Mencionaron que el Tribunal Administrativo del Cesar, a través de fallo del 16 de
febrero de 2023, revocó la anterior decisión y declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control, ya que el término de dos años para acudir ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo vencía el 27 de febrero de 2008 y la
solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 24 de mayo de 2018.

3. Sustento de la vulneración

Según los accionantes, el Tribunal Administrativo del Cesar vulneró sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la integridad personal, a
la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral.

1
Transcripción textual del texto original que puede contener errores.
2

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Demandantes: Carmen Sofía Pérez Becerra y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Rad: 11001-03-15-000-2023-01922-00

Al respecto, consideraron que la providencia cuestionada incurrió en los siguientes
defectos:

3.1. Defecto fáctico

Alegaron una indebida valoración de las pruebas que habilitaban el libre acceso a
la administración de justicia respecto del término de caducidad del medio de
control de reparación directa.

Frente al punto, sostuvieron que el Tribunal Administrativo del Cesar debió
contabilizar dicho plazo desde el momento en el que tuvieron la posibilidad de
conocer la existencia del daño, que en su caso fue el 16 de febrero de 2018, fecha
en la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Valledupar les informó
que le había otorgado la libertad a unos militares que aceptaron los cargos y
solicitaron sentencia anticipada por la desaparición forzada de su familiar.

Manifestaron que la autoridad judicial no tuvo en cuenta que algunos de ellos
fueron víctimas de desplazamiento forzado por miedo a sufrir las mismas
consecuencias que el señor José Naín Contreras Pérez, por lo que no podían
acudir a la jurisdicción contencioso administrativo.

Destacaron que, aunque su familiar fue desaparecido forzadamente el 27 de
febrero de 2006, lo cierto es que no tenían elementos de juicio suficientes para
saber que la responsabilidad estaba en cabeza del Ejército Nacional, pues
desconocían que unos militares habían aceptado su participación en los hechos.

3.2. Defecto procedimental absoluto.

Señalaron que la autoridad judicial aplicó indebidamente la sentencia de
unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 29 de enero
de 2020, a pesar de que para la fecha de presentación de la demanda la postura
vigente era aquella relacionada con la imprescriptibilidad de la acción para delitos
de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición y
desplazamiento forzados.

Añadieron que las subreglas de esa sentencia fueron aplicadas de forma
incorrecta, ya que la Sección Tercera estableció que el término de caducidad de 2
años solo era exigible en casos que involucraran delitos de lesa humanidad si se
contaba con elementos de juicio para inferir que el Estado había ocasionado el
daño, lo cual no sucedió en su caso.

3.3. Desconocimiento del precedente

Finalmente, los accionantes invocaron como desconocidas las siguientes
providencias:

• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de
julio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01694-01, M.P. Rafael

3

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Demandantes: Carmen Sofía Pérez Becerra y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Rad: 11001-03-15-000-2023-01922-00

Francisco Suárez Vargas.
• Consejo de Estado, Sección Cuarta, expediente 11001-03-15-000-2021-
11153-01, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (no indicó fecha de la
providencia)
• Corte Constitucional, sentencias T-352 de 2016 y T-296 de 2018.

Así mismo, enunció las siguientes decisiones sin indicar la corporación, sección o
subsección que las profirió.

• Sentencia del 20 de junio de 2011, expediente 11001-03-15-000-2011-
00655-00.
• Auto del 11 de agosto de 2011, expediente 85001-23-31-000-2010-00177-
01.
• Sentencia del 5 de abril de 2013, expediente 19001-23-31-000-1999-00217-
01.
• Auto del 17 de septiembre de 2013, expediente 25000-23-26-000-2012-
00537-01.
• Sentencia del 12 de febrero de 2015, expediente 11001-03-15-000-2014-
00747-01.
• Sentencia del 12 de marzo de 2015, expediente 11001-03-15-000-2014-
01352-01.
• Sentencia del 7 de septiembre de 2015, expediente 11001-03-15-000-2015-
01676-00.
• Sentencia del 7 de septiembre de 2015, expediente 85001-23-33-000-2013-
00035-01.
• Sentencia del 7 de septiembre de 2015, expediente 85001-23-31-000-2010-
000178-01.
• Auto del 2 de mayo de 2016, expediente 18001-23-33-000-2014-00069-01.
• Auto del 5 de septiembre de 2016, expediente 05001-23-33-000-2016-
00587-01.
• Auto del 24 de octubre de 2016, expediente 05001-23-33-000-2016-01722-
01.
• Sentencia del 10 de noviembre de 2016, expediente 19001-23-31-000-
2010-00115-01.
• Auto del 30 de marzo de 2017, expediente 25000-23-41-000-2014-01449-
01.
• Sentencia del 12 de marzo de 2017, expediente 05001-23-31-000-2010-
01922-01.
• Auto del 7 de diciembre de 2017, expediente 05001-23-33-000-2017-01395-
01.
• Auto del 30 de agosto de 2018, expediente 25000-23-36-000-2017-01976-
01.
• Auto del 12 de septiembre de 2019, expediente 44001-23-31-000-2010-
00238-01.
• Sentencia del 30 de julio de 2020, expediente 11001-03-15-000-2019-
04842-01.
• Sentencia del 20 de agosto de 2022, expediente 11001-03-15-000-2019-
01816-01.

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Demandantes: Carmen Sofía Pérez Becerra y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Rad: 11001-03-15-000-2023-01922-00

• Sentencia del 30 de abril de 2021, expediente 11001-03-15-000-04068-01.

4. Trámite de la acción de tutela

A través de auto del 20 de abril de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Cesar.

Adicionalmente, se vinculó como terceros interesados en las resultas del proceso
al juez Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

5. Argumentos de defensa

Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones:

5.1. Tribunal Administrativo del Cesar

La presidente de dicha corporación judicial afirmó que no se avizoraba
arbitrariedad en la decisión cuestionada.

Explicó que el término para formular la pretensión de reparación directa derivada
del delito de desaparición forzada se cuenta a partir de la fecha en que aparezca
la víctima o, en su defecto, desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el
proceso penal, sin perjuicio de que la demanda pueda impetrarse desde el
momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.

Resaltó que en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, la Sección
Tercera del Consejo de Estado estableció unas pautas que deben ser observadas
por los operadores judiciales.

Mencionó que en esa providencia se indicó que, independientemente de que los
hechos fundamento de la demanda configuren o no un delito de lesa humanidad,
el término para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa resulta exigible
en todos los casos desde que los afectados tuvieron conocimiento de que los
hechos eran imputables al Estado, siempre que no hubiera un obstáculo material
para acceder a la justicia.

Precisó que, del análisis probatorio efectuado, se logró concluir que los
demandantes tuvieron conocimiento de la muerte del señor José Naín Contreras
Pérez a manos del Ejército Nacional desde el día que ocurrió su deceso, esto es,
el 26 de febrero de 2006.

Lo anterior, por cuanto en el numeral 18 de la demanda, los actores advirtieron
que en esa fecha llamaron al batallón y allí les informaron que su familiar había
sido dado de baja por las fuerzas militares por tratarse de presuntos guerrilleros.

Agregó que la compañera permanente de la víctima se acercó el 28 de febrero de
2006 a las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación a realizar el
reconocimiento del cadáver, circunstancia que ratificaba que desde esa fecha ya

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tenían conocimiento de la muerte del señor Contreras Pérez en un presunto
combate con el Ejército Nacional.

Señaló que, bajo ese entendido, los demandantes tenían elementos de juicio para
solicitar la reparación del daño por parte del Estado desde ese mismo momento,
pues ellos mismos afirmaron en la demanda que compartían con la víctima, sabían
que se dedicaba a labores del campo, tenían la posibilidad de demostrar su
arraigo y que no pertenecía a grupos al margen de la ley como lo afirmaban las
autoridades.

Insistió que, desde el conocimiento de la muerte de su familiar, los actores podían
alegar que ésta obedecía a un daño antijurídico que el Estado estaba en la
obligación de reparar.

Resaltó que el término para demandar vencía el 27 de febrero de 2008, pero la
solicitud de conciliación extrajudicial y la demanda se radicaron el 24 de mayo y 27
de agosto de 2018, respectivamente, es decir, cuando ya había operado el
fenómeno jurídico de la caducidad.

Alegó que no es posible aceptar el argumento de los accionantes relacionado con
que solo tuvieron elementos de juicio para demandar al Estado cuando conocieron
de la aceptación de cargos por parte de los militares investigados, ya que ellos
sabían del presunto daño desde el momento de la muerte de su familiar.

Recalcó que la responsabilidad del Estado es independiente de la sanción penal
del autor o partícipe de la conducta, por lo que la primera no está condicionada a
la segunda, de ahí que el trámite del proceso penal carezca de la suficiencia para
determinar la forma en que se computa el plazo de caducidad del medio de control
de reparación directa.

Por lo anterior, consideró que la providencia cuestionada tomó la decisión correcta
al establecer que los actores no debían esperar las resultas del proceso penal
para presentar la demanda, sino que debían acudir a la jurisdicción contenciosa
administrativa dentro de los 2 años siguientes al momento en el que estuvieron al
tanto de la participación y eventual responsabilidad del Ejército Nacional en la
muerte del señor Contreras Pérez.

Agregó que aunque los actores aparezcan en el Registro Único de Víctimas como
desplazados y hayan alegado esa situación como prueba de la imposibilidad de
acceder a la administración de justicia, lo cierto es que no existía elemento alguno
que demostrara que tenían alguna limitación antes del 27 de febrero de 2008,
pues contrario a ello, en los meses siguientes a la muerte de su familiar
presentaron la denuncia por el delito de homicidio, radicaron una queja
disciplinaria contra los militares, enviaron una comunicación al presidente de la
República de la época, entre otros.

Insistió que los accionantes conocían de las eventuales irregularidades que se
presentaron en torno a la muerte del señor Contreras Pérez, por lo que sabían de
la existencia de un posible daño antijurídico que debía ser indemnizado por el

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Estado.

En tal sentido, solicitó denegar el amparo solicitado ante la inexistencia de las
irregularidades planteadas en el escrito de tutela.

5.2. Ministerio de Defensa Nacional

La apoderada de la entidad se opuso a las pretensiones de la acción al considerar
que carecen de fundamento legal.

Sostuvo que la decisión cuestionada estuvo ajustada a derecho, ya que el análisis
normativo y probatorio tuvo en cuenta que los accionantes no habían presentado
la demanda dentro de la oportunidad legal correspondiente.

En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción.

5.3. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar

No contestó la acción de tutela a pesar de que el contenido del auto admisorio le
fue notificado en debida forma mediante Oficio 35645 del 24 de abril de 2023.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora,
el Tribunal Administrativo del Cesar desconoció sus derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia, a la integridad personal, a la igualdad, al
debido proceso y a la reparación integral, con ocasión de la sentencia del 16 de
febrero de 2023, que revocó el fallo del 13 de abril de 2018, a través del cual el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar había accedido
a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró la caducidad del medio
de control de reparación directa con radicado 20001-33-33-007-2018-00428-01,
promovido por los accionantes contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional.

Para el efecto, se deberá establecer si la providencia cuestionada vulneró las
garantías constitucionales de la parte accionante por incurrir en los defectos
fáctico, procedimental absoluto y desconocimiento del precedente, al declarar la
caducidad del medio de control con base en la sentencia de unificación proferida
por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 29 de enero de 2020, sin tener en
cuenta que esa postura no estaba vigente al momento de presentar la demanda y

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que solo tuvieron conocimiento de la posible responsabilidad del Estado al ser
notificados de la decisión adoptada en el proceso penal contra los militares
involucrados en la muerte de su familiar.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados, (iii) el fondo del asunto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil doce
(2012)2, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales3,
conforme al cual:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido
el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes
y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”4.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de
tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues
la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.

En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Carta y,
por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.

2
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
3
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
4
Idem.
8

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La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia5 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia
sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -
procedencia adjetiva-.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el asunto
sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que no se
trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la providencia
censurada se dictó en el trámite del proceso de reparación directa promovido por
los accionantes contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional.

De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez6,
toda vez que la decisión cuestionada fue dictada el 16 de febrero de 2023 y la

5
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
6
El mencionado requisito exige que la acción de tutela se interponga tan pronto se produce el
hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o por lo
menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, pues el paso prolongado
del tiempo, indica que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección
deprecada, desvirtuándose así, la inminencia de la afectación. La razón de ser del referido
principio, es evitar que este mecanismo constitucional de defensa se utilice como herramienta que
subsane la desidia, negligencia o indiferencia de las personas que debieron buscar una protección
oportuna de sus derechos y no lo hicieron, o que la misma se convierta en factor de inseguridad
jurídica.
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acción de tutela fue presentada el 18 de abril del presente año, por lo que sin
necesidad de precisar la fecha de ejecutoria de tal providencia, se evidencia un
ejercicio oportuno de la solicitud de amparo.

Frente al requisito de subsidiariedad, la Sala considera que la parte actora no
cuenta con medio de impugnación ordinario ni extraordinario que resulte ser el
mecanismo idóneo para controvertir la sentencia controvertida, pues la situación
descrita no se ajusta a las causales establecidas en el ordenamiento jurídico para
ello.

Ahora bien, en relación con la posible configuración de los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente, la Sala considera que no se cumple el requisito
de relevancia constitucional, debido a que la parte actora no cumplió con una
carga argumentativa suficiente que permita estudiarlos de fondo y, así, establecer
una verdadera vulneración de unas garantías superiores como lo son los derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la integridad personal, a
la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral.

Esto, de conformidad con la postura fijada por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se unificaron los criterios respecto
del precitado presupuesto.

En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «…el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y
exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se
cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser
más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de
cierre…».

El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito son
las siguientes:

«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal7» (Énfasis de la Sala).

7
Sentencia SU 573 de 2019.
10

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Así mismo, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo
que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este
postulado, en estos eventos:

i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,

iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,

iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

En el caso objeto de estudio, los accionantes alegan que se incurrió en defecto
fáctico porque no se valoraron las pruebas que daban cuenta de que solo tuvieron
conocimiento de la posible responsabilidad del Estado en la muerte del señor José
Naín Contreras Pérez, hasta que el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de
Valledupar les informó que le había concedido la libertad a unos militares que
aceptaron los cargos y solicitaron sentencia anticipada por la desaparición forzada
de su familiar.

Así mismo, que no se tuvo en cuenta que su situación de desplazados les impedía
radicar la demanda.

No obstante, no indicaron de forma clara cuáles fueron las pruebas cuya
valoración fue omitida por la autoridad judicial, hecho que impide realizar un
pronunciamiento de fondo sobre el particular.

Lo mismo ocurre en cuanto al defecto por desconocimiento del precedente, ya que
la parte actora se limitó a enunciar una serie de pronunciamientos del Consejo de
Estado y la Corte Constitucional, sin precisar cuál era la regla de derecho
contenida en esas decisiones que se desconoció en su caso concreto y que no fue
aplicada en la sentencia cuestionada.

Por lo tanto, es evidente que los accionantes no cumplieron con una carga
argumentativa suficiente para demostrar la grave violación de sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la integridad personal, a
la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral, pues no sustentaron
adecuadamente los cargos de defecto fáctico y desconocimiento del precedente y
solo advirtieron que el cómputo de la caducidad debía efectuarse de forma
posterior a la notificación efectuada por la autoridad penal.

Al margen de la razonabilidad de su argumento, lo cierto es que el debate
planteado por la parte actora no tiene la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental.

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La Sala precisa que, si bien se permite a los solicitantes de la tutela un cierto
margen de informalidad tanto en su ejercicio como en el desarrollo argumentativo
que deben realizar en el escrito introductorio, lo cierto es que no se puede dejar de
lado el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 2591 de
19918.

En las acciones de tutela contra providencias judiciales se exige la observancia de
una carga argumentativa mayor, sin que ello implique una técnica hermenéutica
específica, pues lo pretendido es que se expliquen los motivos por los cuales el
auto o la sentencia vulneran los derechos fundamentales invocados y cómo este
debate trasciende a un estudio de índole constitucional.

La razón de ser de esta exigencia radica, principalmente, en que si prospera el
amparo deprecado se afectaría el principio de cosa juzgada de la providencia cuyo
análisis se pretende en sede de tutela, estudio que solo tiene lugar cuando de la
argumentación que el actor realice se deduzca con claridad que la decisión es
arbitraria e irrazonable y que con ella se quebrantan derechos fundamentales.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la acción de tutela no constituye una
tercera instancia en la que la intervención del juez constitucional implique la
realización de un nuevo estudio de los elementos probatorios y de los
fundamentos jurídicos que sirvieron de soporte a la decisión que se pretende
controvertir.

Por ende, comoquiera que la parte actora se limitó a plantear la posible
configuración de los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente sin
sustentarlos adecuadamente, la Sala no puede emitir un pronunciamiento de
fondo sobre el particular, pues, como se explicó en precedencia, la carga
argumentativa mínima se erige como un presupuesto de inescindible cumplimiento
para la intervención del juez constitucional y, de esta manera, determinar la
eventual configuración de yerros sustanciales en las providencias cuestionadas,
que de suyo puedan vulnerar los derechos fundamentales invocados.

Se reitera, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales, sino que es
necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la carga de
argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta contradicción de los
mandatos constitucionales y, ii) que implique la intervención del juez
constitucional.

De modo que, un desacuerdo en relación con las conclusiones a las que arribó la
autoridad judicial ordinaria no puede ser razón para que el juez constitucional
intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto que, aceptar lo
contrario, sería invadir la facultad o potestad del competente natural.

8
Artículo 14: i) exponer con claridad los hechos y derechos que motiva la acción; ii)
identificación del accionante y autoridad demandada; iii) Declaración juramentada de no haber
interpuesto otra acción por los mismos hechos y derechos.
12

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Por tal razón, la Sala declarará la improcedencia de la acción respecto de estos
dos cargos, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

Respecto del defecto procedimental absoluto, se advierte que el caso objeto de
estudio sí es relevante desde el punto de vista constitucional, ya que la parte
actora pretende poner de presente las presuntas irregularidades en las que
incurrió la autoridad judicial cuestionada al aplicar la sentencia de unificación del
29 de enero de 2020, sin tener en cuenta que esa postura no estaba vigente al
momento de radicar la demanda y que, en todo caso, sus postulados fueron
aplicados incorrectamente al no tener en cuenta su condición de desplazados
como justificación para no exigir el cumplimiento del término de caducidad.

En ese sentido, los reparos de la parte actora involucran la posible vulneración de
unas garantías superiores, más allá del debate legal surtido ante el juez natural de
la especialidad.

En este caso, no se trata de una simple discrepancia con la interpretación del
Tribunal al revocar la sentencia de primera instancia y declarar probada la
caducidad del medio de control, sino que los accionantes tienen por objeto
demostrar que el ad quem desconoció sus garantías al adoptar una decisión en
segunda instancia que no tuvo en cuenta su específica condición personal de
desplazados al aplicar indebidamente una sentencia de unificación.

Así, la parte actora plantea principalmente la vulneración de sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la integridad personal, a
la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral, que en su concepto
debían materializarse a través de una providencia que resolviera de fondo la
controversia y no se limitara al cómputo del término de caducidad, sin tomar en
consideración que el caso involucraba la responsabilidad del Estado en la
comisión de delitos de lesa humanidad como la desaparición forzada y las
ejecuciones extrajudiciales.

Por ende, la Sala encuentra que con la tutela no se busca una revisión de la
interpretación efectuada por la autoridad judicial, sino que se evalúe la validez
constitucional de una decisión que, presuntamente, incurrió en defecto
procedimental absoluto.

En tales condiciones, se advierte que la solicitud de amparo cumple con los
requisitos previstos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022
para considerar que es relevante desde el punto de vista constitucional,
comoquiera que (i) el asunto tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) la
controversia no se limita a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico; y (iii) está justificada razonablemente una afectación
desproporcionada a los derechos fundamentales.

Superadas las exigencias en mención, la Sala abordará el fondo del reclamo
deprecado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción de amparo, el
cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la

13

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autonomía judicial9, la protección de derechos de terceros de buena fe, la
seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales10.

5. Estudio de fondo

Los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al acceso a
la administración de justicia, a la integridad personal, a la igualdad, al debido
proceso y a la reparación integral, que consideraron vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Cesar con ocasión de la sentencia del 16 de febrero de 2023,
que revocó el fallo del 13 de abril de 2018, a través del cual el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar había accedido a las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de
control de reparación directa con radicado 20001-33-33-007-2018-00428-01,
promovido por los accionantes contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional.

Concretamente, alegaron la configuración de un defecto procedimental absoluto
por la aplicación de la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado el 29 de enero de 2020, pues esta decisión no se había
proferido al momento de interponer la demanda y, por el contrario, para ese
entonces la postura vigente era aquella relacionada con la imprescriptibilidad de la
acción para delitos de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales, así
como la desaparición y desplazamiento forzados.

Añadieron que las subreglas de esa sentencia fueron aplicadas de forma
incorrecta, ya que la Sección Tercera estableció que el término de caducidad de 2
años solo era exigible en casos que involucraran delitos de lesa humanidad si se
contaba con elementos de juicio para inferir que el Estado había ocasionado el
daño, lo cual no sucedió en su caso.

En relación con el defecto procedimental absoluto, la Corte Constitucional precisó
que se presenta cuando la autoridad judicial demandada “se aparta por completo del
procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico” y que se
ocasiona porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente u ii)
omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el
derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso11.

Además, la Corte indicó que “…este defecto requiere, además, que se trate de un error
de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa
en la decisión de fondo, y que esta deficiencia no pueda imputarse ni directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al derecho a un debido proceso.12”

En el caso objeto de controversia, la parte actora alegó la configuración de este
defecto porque, en su concepto, la autoridad judicial no debió aplicar la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020, ya que no estaba vigente al momento de

9
Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-315 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-367 de 2018.
12
Ibidem.
14

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presentar la demanda.

De la lectura de la providencia cuestionada, la Sala encuentra que el Tribunal
Administrativo del Cesar estudió el fenómeno jurídico de la caducidad a partir de lo
dispuesto en el numeral 2, literal i) del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual la demanda de
reparación directa debe presentarse dentro del término de dos años, contados a
partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del
daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si
fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido
en la fecha de su ocurrencia.

Así mismo, tuvo en cuenta la sentencia del 29 de enero de 2020, mediante la cual
la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación13 unificó su criterio en
torno a la procedencia de tal figura procesal, en los siguientes términos:

“... Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado
se unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales
eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene
regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron
o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el
término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley.

Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar al Estado la
indemnización de un daño es inaplicable en aquellos eventos en los que se
adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista material,
el ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el que se pueda
demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales efectos no
resulta determinante la situación causante del daño, sino la condición particular
de quien acude a la administración de justicia”.14

Específicamente, en el fallo controvertido se estableció que, de acuerdo con la
postura unificada del Consejo de Estado sobre la materia, el término para acudir a
la jurisdicción contenciosa administrativa resulta exigible en todos los casos desde
que los afectados tuvieron conocimiento de que los hechos eran imputables al
Estado y siempre que no hubiera un obstáculo material para acceder a la justicia,
independientemente de que los hechos fundamento de la demanda configuraran o
no un delito de lesa humanidad.

Al respecto, señaló:

13
M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, radicado 85001-33-33-002-2014-00144-01.
14
Destacado por la Sala.
15

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“En conclusión, para la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sede de
unificación, mientras no se cuente con elementos de juicio para inferir que el
Estado estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño y que le era
imputable el daño, el plazo de caducidad de la reparación directa no resulta
exigible, pero si el interesado estaba en condiciones de inferir tal situación y, pese
a ello no acudió a esta jurisdicción, el juez de lo contencioso administrativo debe
declarar que el derecho de acción no se ejerció en tiempo, bien sea al analizar la
admisión de la demanda, al resolver las excepciones en la audiencia inicial o al
dictar sentencia, según el caso.

Lo expuesto resulta aplicable a todos los asuntos de reparación directa, al
margen de que se trate de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra,
pues ni el Decreto 01 de 1984 ni la Ley 1437 de 2011 establecen una regla
especial frente a estas conductas, salvo lo referente al delito de desaparición
forzada.
(...)
Así las cosas, la Sección Tercera concluye que las situaciones que se pretenden
salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa
humanidad y los crímenes de guerra se encuentran previstas en materia de lo
contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho
dañoso y en virtud de lo cual el término de caducidad sí debe exigirse en estos
eventos, pero a partir de que se advierta que el interesado sabía o tenía la
posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y
era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la
Constitución Política”.

Con base en lo anterior, el Tribunal Administrativo del Cesar analizó el material
probatorio que obraba en el expediente y concluyó que los accionantes tuvieron
conocimiento de la muerte del señor José Naín Contreras Pérez desde el mismo
día de su deceso, esto es, el 26 de febrero de 2006, cuando se les fue informado
que había sido dado de baja por el Ejército Nacional en un presunto combate con
la guerrilla.

De hecho, recalcó que en la misma demanda se puso de presente que el 28 de
febrero de 2006, la compañera permanente de la víctima se acercó a las
instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación a hacer el reconocimiento del
cadáver, por lo que era evidente que los familiares sabían de la muerte del señor
Contreras Pérez desde esa época.

Por tal razón, la autoridad judicial precisó:

“En consideración a lo anterior, a juicio de este Tribunal, desde el mismo 26 de
febrero de 2006, los actores tenían elementos de juicio para solicitar en sede
judicial, la reparación del daño por parte del Estado a través del medio de control
de reparación directa, pues tal como la misma demanda afirma, los hoy
demandantes compartían con la víctima, sabían que se dedicaba a las labores de
labriego en el campo, de manera que estaban en la posibilidad de demostrar su
arraigo y que no pertenecía a grupos al margen de la ley como lo estaba
señalando el Ejército Nacional, es decir, desde el conocimiento de la muerte del
señor CONTRERAS PÉREZ, éstos podían demostrar que su muerte obedecía a
un daño antijurídico que el Estado estaba en la obligación de reparar”.

16

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En tal sentido, en la providencia cuestionada se estableció que el término para
demandar comenzó a correr desde el 27 de febrero de 2006 y expiraba el 27 de
febrero de 2008, pero la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó solo
hasta el 24 de mayo de 2018 y la demanda fue radicada el 27 de agosto siguiente,
es decir, fuera del término de caducidad.

De lo expuesto, contrario a lo alegado por los actores en sede de tutela, la Sala no
advierte la configuración de un defecto procedimental absoluto por el hecho de
que se haya aplicado la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, pues
justamente en esa providencia se habían fijado las reglas relativas al cómputo de
caducidad para casos en los que se estudia la responsabilidad del Estado en la
comisión de delitos de lesa humanidad, así que sus postulados se ajustaban
plenamente al caso concreto.

En efecto, el criterio expuesto por la Sección Tercera de esta Corporación era el
aplicable a la controversia por estar contenido en un fallo de unificación, de modo
que debía observarse con preferencia respecto de los demás pronunciamientos
dictados sobre ese particular, máxime si se tiene en cuenta que era el vigente para
la fecha en que se dictó la providencia cuestionada. 15

Además, la Sala Plena del Consejo de Estado precisó que, por regla general, el
precedente se aplica en forma retrospectiva cuando las reglas o subreglas de
derecho fijadas cobijan trámites cuya solución está pendiente, tanto en vía
administrativa como judicial “salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”.
16

A su vez, la Sección Tercera de esta Corporación aludió que las sentencias de
unificación cuentan con dicho carácter vinculante, así que los jueces “… deben
aplicar los criterios de unificación vigentes al momento de proferir sus providencias, pues,
como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ello redunda en una mayor coherencia del
sistema jurídico y garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a la igualdad ante la
ley de los ciudadanos”. 17

Entonces, si bien la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 se profirió
después que los actores presentaron la demanda de reparación directa – 27 de
agosto de 2018 –, lo cierto es que el carácter retrospectivo de esta decisión
vincula a los jueces que conocen del proceso que aún no ha hecho tránsito a cosa
juzgada, por lo tanto, su aplicación resultaba obligatoria para el Tribunal
Administrativo del Cesar.

15
En este mismo sentido se pronunció esta Sección, entre otras, en las sentencias de 2 de marzo
de 2022, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-2022-05570-01, 25 de agosto de
2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2022-02074-01 y 30 de marzo de
2023, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2023-01098-00.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
18, M.P. César Palomino Cortés, rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ),
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia de 30 de julio de 2021, M.P. Marta Nubia Velázquez Rico, rad. 05001-23-33-000-2018-
01831-01(66941).
17

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Por esto, la Sala considera que no le asiste razón a los accionantes al afirmar que
este fallo no podía aplicarse para resolver la controversia, ya que sus postulados
eran imperativos para la autoridad judicial al ser los vigentes para el momento que
se dictó la providencia censurada.

Ahora bien, la parte actora sostuvo que, en todo caso, las reglas de esa
providencia fueron empleadas de forma incorrecta, ya que la Sección Tercera
estableció que el término de caducidad de 2 años solo era exigible si los
demandantes contaban con elementos de juicio para inferir que el Estado había
ocasionado el daño, lo cual no sucedió en su caso.

Lo anterior, bajo el argumento de que (i) algunos de ellos eran víctimas de
desplazamiento forzado y no habían podido acceder a jurisdicción, y que (ii) solo
tuvieron conocimiento pleno de la responsabilidad estatal el 16 de febrero de
2018, fecha en la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Valledupar
les informó que le había otorgado la libertad a unos militares que aceptaron los
cargos y solicitaron sentencia anticipada por la desaparición forzada de su familiar.

Sin embargo, la misma autoridad judicial estudió tales circunstancias como
posibles atenuantes al momento de analizar el término de caducidad y determinó
que no había lugar a superar dicho presupuesto procesal.

En cuanto al primer punto, estableció que no existía prueba alguno de que los
actores hubiesen estado limitados para presentar la demanda dentro del plazo de
2 años siguientes a la muerte del señor Contreras Pérez, ya que se evidenciaban
distintas actuaciones por parte de los demandantes que permitían concluir que
estaban en condiciones de acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa:

“De otro lado, en cuanto al requisito relacionado a la imposibilidad de acceder a la
administración de justicia para que el fenómeno de la caducidad se suspenda,
advierte esta Corporación, que en el proceso los demandantes no
comprobaron tener alguna limitante para ejercer su derecho antes del 27 de
febrero de 2008, pues aunque se señale que eran desplazados por la
violencia y aparezcan registrados en el Registro Único de Víctimas como tal,
lo cierto es que se atisba, que éstos a través de diferentes autoridades
buscaron poner en conocimiento la situación ocurrida con el señor JOSÉ
NAIN CONTRERAS PÉREZ, señalando siempre a miembros del Ejército
Nacional, lo que significa que no estaban tampoco imposibilitados para
acudir a las instancias judiciales para incoar el medio de control que hoy
nos atañe”.18

De manera específica, el Tribunal Administrativo del Cesar advirtió que entre el 26
de febrero de 2006 y el 27 de febrero de 2008, los demandantes acudieron ante
distintas autoridades para poner de presente la presunta responsabilidad del
Ejército Nacional en la muerte de su familiar, así:

i) Diligencia de reconocimiento del cadáver llevada a cabo el 28 de febrero de
2006, a la que asistió la compañera permanente del señor Contreras Pérez.

18
Resaltado de la Sala
18

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ii) Comunicación del 2 de marzo de 2006 dirigida al entonces presidente de la
República, con copia a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Regional del
Cesar, la Gobernación del Cesar y la Fiscalía General de la Nación, en la que
la comunidad de Manaure, Cesar, puso en conocimiento de las autoridades la
actuación irregular del Ejército Nacional al presentar a su familiar como
guerrillero dado de baja en combate.

iii) Queja presentada por la compañera permanente de la víctima el 3 de marzo
de 2006 ante la Oficina de Derechos Humanos BAPOP, en la que narró la
forma en que la víctima fue sustraída de su vivienda por miembros del Ejército
Nacional.

iv) Denuncia presentada por la compañera permanente de la víctima ante la
Fiscalía Delegada para la Protección de los Derechos Humanos el 6 de marzo
de 2006, contra los soldados del Batallón La Popa y sus comandantes, por la
captura ilegal y posterior tortura y homicidio del señor Contreras Pérez.

v) Denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación el 20 de abril de
2006 por la compañera permanente de la víctima, acusando al Ejército
Nacional como responsable de la retención y muerte del señor Contreras
Pérez.

vi) Providencia del 20 de noviembre de 2009 proferida por la Procuraduría
Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos bajo el
radicado 008-139402-2006, en donde se registra una queja interpuesta por la
madre de la víctima y otros miembros de la comunidad rural de Manaure,
Cesar, relacionada con los hechos acaecidos el 24 de febrero de 2006.

Por lo anterior, la autoridad judicial estableció que los actores no acreditaron una
causa justificada que les impidiera materialmente ejercer el derecho de acción de
manera oportuna, por lo que no era posible aplicar la excepción al cómputo de
caducidad consagrada en las reglas de unificación del Consejo de Estado
previstas en la sentencia del 29 de enero de 2020.

En relación con el segundo punto, explicó que el resultado del proceso penal no
incidía en el conteo del término de caducidad, precisamente porque los familiares
ya estaban al tanto de la posible responsabilidad del Estado en la muerte del
señor Contreras Pérez, así que debieron presentar la demanda ordinaria dentro
del plazo legal pertinente:

“Ahora bien, la parte actora para contrarrestar el argumento de la parte
recurrente, sobre la configuración del fenómeno de la caducidad, arguye que sólo
hasta la aceptación de cargos, confesión y sentencia anticipada en el proceso
penal adelantado en contra de los miembros del Ejército Nacional (…) tuvieron
elementos de juicio para endilgar la responsabilidad del Estado, pues hasta antes
de eso, todo hacía pensar que las cuatro víctimas eran presuntamente
Guerrilleros muertos en combates.

Sin embargo, para la Sala este argumento no es válido, en la medida en que en

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Demandantes: Carmen Sofía Pérez Becerra y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Rad: 11001-03-15-000-2023-01922-00

primer lugar, como se señaló, desde el día 26 de febrero de 2006, los familiares
de la víctima conocían que el señor JOSÉ NAIN CONTRERAS PÉREZ había sido
dado de baja por parte del Ejército, como quiera que ellos mismos así se lo
comunicaron tal como la misma demanda lo señaló, además dicha institución
también informó que la muerte había ocurrido en combate, es decir, que podían
encuadrar el asunto bajo la teoría de la responsabilidad Estatal y solicitar el daño
antijurídico, pues se itera, nadie más que dichos familiares que convivían con él
para contradecir dicha teoría del combate y demostrar que no pertenecía a
ningún grupo guerrillero.

Ahora, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado, que la
responsabilidad del Estado es independiente de la sanción penal del autor o
partícipe de la conducta, por tal razón, la primera no se encuentra condicionada a
la segunda, de ahí que el trámite dado al proceso penal carezca de la suficiencia
de determinar la forma en la que se computa el plazo de caducidad de la
pretensión de reparación directa. Para el máximo Tribunal, para ejercer la
pretensión de reparación directa no se requiere tener certeza de lo ocurrido,
pues, precisamente, ese es el objeto del proceso judicial, de ahí que las partes
deben identificar los medios probatorios que consideren pertinentes, los cuales,
previo decreto, se practican el desarrollo de la litis y, finalmente, se valoran en la
sentencia.

En consecuencia, con base en lo señalado, en el asunto de autos, los actores no
tenían que esperar las resultas del proceso penal para demandar la
responsabilidad del Estado como consecuencia del daño antijurídico infligido, sino
que debían acudir a esta jurisdicción dentro de los 2 años siguientes al momento
en que estuvieron al tanto de la participación y eventual responsabilidad del
Estado, el cual se repite, ocurrió el 26 de febrero de 2006, y, solicitar las pruebas
que sustentaran los hechos que constituyen la causa petendi de sus
pretensiones”.

Así las cosas, la Sala tampoco considera que hubiese existido una aplicación
irregular de los postulados del fallo de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, puesto que el Tribunal Administrativo del Cesar sí analizó las
circunstancias particulares de los demandantes para determinar si había lugar a
dar por superado el presupuesto procesal de la caducidad.

Diferente es que se encontrara demostrado con grado de certeza que los
demandantes tuvieron conocimiento del daño desde el momento en que se originó
y que éste era atribuible al Ejército Nacional, y que no existía alguna circunstancia
que objetivamente les hubiese impedido interponer la demanda de forma
oportuna.

Por lo hasta aquí expuesto, la Sala no encuentra acreditado el defecto
procedimental absoluto invocado por la parte actora, razón por la cual se denegará
la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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FALLA

PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por la
señora Carmen Sofía Pérez y otros, únicamente en relación con los defectos
fáctico y de desconocimiento del precedente.

SEGUNDO: Deniégase la solicitud de tutela respecto del presunto defecto
procedimental absoluto, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa
de esta providencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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