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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01927-01

Fecha
25 de agosto de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01927-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE CASANARE, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34 Número único de radicación: 110010315000-2023-01927-01 Actor: EDILBERTO MACANA RODRÍGUEZ

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01927-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-01927-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: EDILBERTO MACANA RODRÍGUEZ

TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DEL REQUISITO
GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR
PROPONE QUE SE VUELVAN A ANALIZAR INCONFORMIDADES QUE
YA FUERON DECANTADAS POR EL JUEZ NATURAL DEL ASUNTO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
DEFENSA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la

sentencia de 23 de junio de 2023, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la presente solicitud de amparo.

1
En adelante la SECCIÓN TERCERA.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-01927-01
Actor: EDILBERTO MACANA RODRÍGUEZ

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor EDILBERTO MACANA RODRÍGUEZ, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la defensa y a los principios de

seguridad jurídica y favorabilidad, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL DE CASANARE2 y la COMISIÓN NACIONAL DE

DISCIPLINA JUDICIAL3 al haber proferido las providencias de 20

de febrero de 2018 y 1o. de marzo de 2023, respectivamente, dentro

del proceso disciplinario identificado con el número único de

radicación 150011102000-2003-00511-04.

I.2.- Hechos

Señaló que el señor HECTOR JULIO GUTIÉRREZ PINZÓN,

presentó queja en su contra por presuntos hechos acaecidos en el

año 2002, en los que se le acusó de no entregar las sumas de dinero

2
En adelante la COMISIÓN SECCIONAL.
3
En adelante la COMISIÓN NACIONAL.

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3

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Actor: EDILBERTO MACANA RODRÍGUEZ

por el pago que hiciera la Alcaldía Municipal de Maní – Casare, como

consecuencia de la sentencia emitida dentro de un medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho.

Relató que surtidas las etapas dentro del proceso disciplinario

identificado con el número único de radicación 2003-00511-00, la

COMISIÓN SECCIONAL4, mediante sentencia de 30 de noviembre

de 2009, lo sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión

por el término de 4 meses, por considerar que había incurrido en la

falta descrita en el numeral 4 del artículo 54 del Decreto 196 de 1971.

Refirió que la COMISIÓN NACIONAL5 mediante providencia de 26

de mayo de 2010, declaró la nulidad de lo actuado desde la apertura

de la investigación, con fundamento en que se le había nombrado

como defensor de oficio a un estudiante de Consultorio Jurídico, lo

que contravenía lo dispuesto en el Decreto 196 de 1971 y la Ley 1123

de 2007, en la medida en que dicha representación debía ser ejercida

únicamente por un abogado titulado, por lo que en auto de 14 de

julio de 2014, se ordenó el archivo de las diligencias disciplinarias.

Destacó que, mediante auto de 12 de septiembre de 2014, el

4
En su momento Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Boyacá y Casanare.
5
En su momento Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

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CONSEJO SECCIONAL declaró la nulidad de todo lo actuado desde

el 28 de septiembre de 2010, para lo cual consideró que el auto de

14 de julio de 2014 que ordenó el archivo de la investigación fue

proferido bajo el entendido erróneo de que se habían proferido las

sentencias de primera y segunda instancia dentro del proceso;

además, a pesar de que se declaró la nulidad desde el auto de

apertura, se dejó incólume la actuación, por lo que lo correspondiente

era haber emitido un nuevo acto de apertura de la investigación bajo

la Ley 1123 de 2007.

Indicó que, por lo anterior, mediante auto de 9 de octubre de 2017,

se dio apertura nuevamente al proceso disciplinario en su contra, el

cual se adecuó a las reglas de la Ley 1123 de 2007 y mediante

providencia de 20 de febrero de 2018, la COMISIÓN SECCIONAL

lo declaró responsable por incurrir en la falta descrita en el numeral

4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 y lo sancionó con suspensión

en el ejercicio de la profesión por el término de 6 meses.

Manifestó que la anterior decisión fue confirmada por la COMISIÓN

NACIONAL mediante sentencia de 1o. de marzo de 2023.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

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Arguyó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

defecto procedimental absoluto en la medida en que reabrieron una

investigación a la cual se le había ordenado el archivo, con sustento

en normas que no eran aplicables al asunto, dado que se imponía el

Decreto 196 de 1971 sobre la Ley 1123 de 2007.

En efecto, aseveró que, a pesar de que mediante auto de 14 de julio

de 2014 se ordenó el archivo de las diligencias disciplinarias, las

autoridades judiciales las revivieron, desconociendo así el principio

de la seguridad jurídica, por lo que trajo a colación la sentencia C-

306 de 2012 proferida por la Corte Constitucional, por medio de la

cual se declaró la exequibilidad de los artículos 47, 48 y 49 de la Ley

1474 de 2011, referentes a la revocatoria de los autos de archivo en

procesos disciplinarios.

Destacó que las decisiones acusadas vulneran sus derechos

fundamentales invocados y desconocen el principio de favorabilidad,

pues los hechos juzgados fueron en vigencia del Decreto 196 de 1971

y no bajo la Ley 1123 de 2007, por lo que no era posible aplicársele

esta última norma, sumado a ello, resaltó que el proceso disciplinario

tuvo una duración de 21 años, lo que no constituye un tiempo

razonable y pone en evidencia el desatino con que actuaron las

accionadas.

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I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo transitorio de sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

“[…] Suspender los efectos jurídicos de las sentencias
disciplinarias contenidas en las providencias de fecha 20 de
febrero de 2018 y 1o. de marzo de 2023 proferidas por la SALA
JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOYACÁ Y CASANARE,
en la actualidad COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL DE CASANARE y la COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL, mientras la autoridad competente
resuelve de fondo sobre la nulidad de los mismos, por demanda
que he de instaurar oportunamente.

4.3. Ordenar a las demandadas -SALA JURISDICCIONAL
DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DE BOYACA Y CASANARE, en la actualidad
COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE
CASANARE y la COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL-, abstenerse de inscribir la sanción impuesta al
suscrito accionante en el Registro Nacional de Abogados.

4.4. Ordenar a las demandadas -SALA JURISDICCIONAL
DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DE BOYACA Y CASANARE, en la actualidad
COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE
CASANARE y la COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL- abstenerse de incurrir nuevamente en hechos como
los que se han narrado en la presente demanda.

[…]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La COMISIÓN NACIONAL, luego de hacer un recuento del

trámite surtido dentro del proceso disciplinario, adujo que al haberse

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declarado la nulidad sobre el auto que ordenó la apertura de la

investigación en vigor del Decreto Ley 196 de 1971, en aplicación

irrestricta al régimen de transición, debía seguirse el procedimiento

bajo la Ley 1123 de 2007, consideraciones jurídicas que quedaron

plasmadas en la providencia de segunda instancia cuestionada.

Adujo que el contenido del auto de 14 de julio de 2014 obedeció a

un error insustancial del magistrado instructor, pronta y

correctamente corregido a través de la figura de la nulidad que lejos

de vulnerar el debido proceso, lo resguardó. Además, dadas las

particularidades de lo acontecido en el trámite disciplinario, este

debió seguirse bajo las disposiciones de la Ley 1123 de 2007.

Destacó que lo pretendido por el actor es revivir un debate jurídico

ya resuelto, sin que se haya configurado violación alguna a sus

derechos fundamentales.

Afirmó que no es posible en el asunto hablar de la configuración del

fenómeno de la prescripción, en la medida en que el tipo disciplinario

por el cual fue sancionado el actor es una conducta de ejecución

permanente, pues solo hasta cuando se verifique la entrega de los

dineros o bienes recibidos en virtud de la gestión profesional a quien

corresponda, se considera finalizado.

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Sumado a ello, comentó que por disposición constitucional debió

asumir todos los asuntos que correspondían a la Sala Jurisdiccional

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con la

consecuente congestión que ello implicó, motivo por el cual ha sido

necesaria la adopción de diversas medidas para superar dicha

situación.

Por último, solicitó que no se acceda a las pretensiones de la acción

de tutela de la referencia.

I.5.2.- La COMISIÓN SECCIONAL solicitó ser desvinculada del

presente trámite constitucional, comoquiera que los fundamentos de

derecho que anuncia el actor no le son atribuibles, por lo que carece

de legitimación en la causa por pasiva.

Para el efecto, relató que no ha tenido ninguna injerencia o actuación

procesal que vaya en desmedro de los derechos fundamentales

invocados, por lo que no puede predicarse la vulneración de derechos

teniendo en cuenta que su conformación empezó a regir desde julio

del año 2022.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 23 de junio de 2023, la SECCIÓN TERCERA

declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el

requisito general de la relevancia constitucional, al encontrar que

este medio de control está dirigido a revivir el análisis efectuado por

la COMISIÓN NACIONAL.

Adujo que contrario a lo advertido por el actor, resulta evidente que

la decisión de 14 de julio de 2014 fue producto de un error del

magistrado ponente de la causa, situación que fue rápidamente

remediada en proveído de 12 de septiembre de 2014; además, el ad

quem disciplinario explicó que como consecuencia de la nulidad

decretada mediante providencia de 26 de mayo de 2010 que cobijaba

el acto de apertura de investigación, debía proferirse un nuevo acto

de la misma naturaleza, acción que fue realizada en vigencia de la

Ley 1123 de 2007, por lo que de conformidad con su artículo 11,

debía aplicarse la normativa más reciente.

Afirmó que tales argumentos quedaron claros no solo a partir del fallo

de segunda instancia, sino desde la fecha en que se profirieron los

autos de 26 de mayo de 2010 y 12 de septiembre de 2014, a través

de los cuales se declaró la nulidad de lo actuado desde el 6 de junio

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de 2006 y la nulidad del auto de 14 de julio de 2014; sin embargo,

el actor insiste en sus argumentos sin fundamento obviando la

realidad procesal soportada en las actuaciones surtidas al interior del

asunto disciplinario.

En cuando a los argumentos relacionados con el plazo irrazonable

para proferir la sentencia de segunda instancia, destacó que ello se

debe a la gran cantidad de recursos, solicitudes de nulidad y yerros

que ocurrieron durante su devenir.

Por último, aseguró que si el actor considera que tales falencias son

imputables al Estado, tiene la posibilidad de presentar una demanda

de reparación directa en aras de determinar si efectivamente las

actuaciones realizadas en el proceso disciplinario constituyen yerros

que pueden ser fuente de responsabilidad del Estado, asunto que no

le corresponde determinar al juez constitucional.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia, para lo

cual sustentó que en el proceso disciplinario se debió aplicar la norma

mas favorable para el investigado, tal como ocurre en el proceso

penal.

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Añadió que a pesar de que mediante auto de 14 de julio de 2014 se

dispuso el archivo del proceso disciplinario quedando ejecutoriada tal

decisión, meses después el magistrado conductor la revocó y,

además, dio aplicación a la Ley 1123 de 2007, a pesar de que el

Decreto Ley 196 de 1971 era la norma dispuesta para el momento

de los hechos y la mas favorable, lo cual vulnera y desconoce sus

derechos fundamentales invocados.

Así las cosas, aseveró que, contrario a lo dispuesto por el a quo, es

claro que el asunto reviste relevancia constitucional, máxime cuando

el debido proceso es de rango constitucional, por lo que la decisión

de primera instancia resulta desacertada.

Igualmente, insistió en que de aceptarse la aplicación de la Ley 1123

de 2007, se está ante la figura jurídica de la prescripción, en la

medida en que el proceso demoró en resolverse 21 años.

Por lo anteriormente expuesto, solicitó que se revoque la decisión del

a quo y, en su lugar, se acceda al amparo solicitado.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la COMISIÓN SECCIONAL solicitó su

desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la acción de tutela de la referencia está dirigida a

cuestionar la providencia de 20 de febrero de 2018, proferida por la

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Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Boyacá y

Casanare, ahora COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL DE CASANARE, le asiste interés en las resultas de la

acción de tutela de la referencia, razón por la que la Sala denegará

su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa

por pasiva.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la

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tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere

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que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se dejen sin efecto las

providencias de 20 de febrero de 2018 y 1o. de marzo de

2023, proferidas por la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN

NACIONAL, respectivamente, dentro del proceso disciplinario

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identificado con el número único de radicación 2003-00511-04.

La controversia tiene origen en la queja presentada por el señor

HÉCTOR JULIO GUTIÉRREZ PINZÓN en contra del actor, el cual

aseguró que el señor MACANA RODRÍGUEZ se apropió de unos

dineros en su condición de apoderado judicial que fueron reconocidos

en el trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho.

El proceso disciplinario culminó declarando al actor responsable de

incurrir a título de dolo en la falta descrita en el numeral 4 del artículo

35 de la Ley 1123 de 2007, esto es, por no entregar a quien

corresponde y a la menor brevedad posible dineros, bienes o

documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar

la comunicación de este recibo, en concordancia con el artículo 28

numeral 8 ibidem, que trata de la lealtad y honradez en las relaciones

profesionales, por lo que fue sancionado con suspensión por el

término de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión.

La inconformidad del actor radica en que, a su juicio, las autoridades

judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al

debido proceso, a la defensa y a los principios de seguridad jurídica

y favorabilidad, al reabrir una investigación que ya se encontraba

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archivada, siendo atendida, por demás, por una normativa que no

era aplicable al asunto, pues los hechos que se reprocharon

acaecieron en vigor del Decreto Ley 196 de 1971 y no de la Ley 1123

de 2007.

La acción de tutela de la referencia fue decidida en primera instancia

por la SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 23 de junio

de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo por carecer del

requisito general de la relevancia constitucional, por considerar que

lo pretendido por el actor era reabrir una discusión que ya se surtió

por los jueces dentro del proceso disciplinario, haciendo un uso

indebido de la acción de tutela.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión del a quo

argumentando que, contrario a lo advertido en primera instancia, sí

se cumplía con el requisito general de la relevancia constitucional,

pues se dio aplicación a una norma que no correspondía para el

asunto; además, mediante auto de 14 de julio de 2014 se dispuso el

archivo del proceso disciplinario, decisión que ya se encontraba en

firme y que no era posible revertir.

Sumado a lo anterior, insistió en el hecho de que operó el fenómeno

de la prescripción, en la medida en que el proceso demoró en

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resolverse 21 años.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la

COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL vulneraron

los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del

actor, dentro del proceso disciplinario identificado con el número

único de radicación 2003-00511-04.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito general de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

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encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para

6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”

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“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra

[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a

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una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, la Sala advierte que la COMISIÓN NACIONAL, en la

providencia aquí cuestionada, comentó que el actor presentó recurso

de apelación contra la sentencia de primera instancia argumentando,

en esencia, lo siguiente:

“[…] Oportunamente, el disciplinado interpuso recurso de
apelación. Alegó que en el presente asunto se ha configurado el
fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria, pues
habían transcurrido catorce (14) años desde el “28 de agosto de
2003”, lapso temporal donde la prueba de la defensa se diluyó.
En adición, calificó como errónea la comprensión del a quo, pues
la interpretación de que “la falta es de carácter permanente
hasta tanto se reintegre lo apropiado”, hacia prima el principio
de culpabilidad sobre el de presunción de inocencia.

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Agregó al respecto, que una correcta valoración probatoria
habría conducido a concluir que desde enero de 2003 el quejoso
había recibido el dinero que le correspondía, como depuso la
señora Arely Mejía Carvajal. Además, afirmó que el señor
Gutiérrez Pinzón inicialmente dijo que no había recibido ninguna
suma, luego confesó que obtuvo $2.000.000,oo y su esposa, en
la diligencia ante la Fiscalía 34 Seccional de Yopal refirió “haber
recibido TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS más
DOSCIENTOS MIL, es decir, TRES MILLONES SETECINTOS MIL
PESOS para un total de CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS”, (folio 821 Vto. C.o.2), y desde esa fecha debió
contabilizarse el término prescriptivo.

Postuló también la existencia de una nulidad por violación del
debido proceso y el derecho defensa desde la formulación de los
cargos, debido a que la acusación se hizo en los términos del
Decreto Ley 196 de 1971. Por otra parte, alegó que a efectos
sancionatorios, no le era beneficiosa la Ley 1123 de 2007 sino la
legislación anterior, porque en la más reciente codificación la
suspensión iba de seis (6) meses a tres (3) años, mientras que
la antecesora tenía una dosimetría entre los dos (2) meses a los
dos (2) años.

Defendió que existía una violación al principio de non bis in idem,
pues en providencia calendada el 14 de julio de 2014 se dispuso
el archivo de las diligencias a su favor, pues ya había sido
sancionado por los mismos hechos para esa época y
efectivamente dejó de ejercer la profesión por espacio de dos
(2) meses.

[…]”.

Asimismo, en la sentencia cuestionada, la COMISIÓN NACIONAL

hizo énfasis en los argumentos que, precisamente, el actor formuló

en la presente solicitud de amparo respecto a la prescripción de la

acción disciplinaria; la norma aplicable al asunto y el archivo del

proceso, frente a lo cual, adujo lo siguiente:

“[…] Prescripción de la acción disciplinaria: Como ha sido
sostenido de forma uniforme y sólida por esta Corporación, el

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verbo rector inmerso en el tipo disciplinario (Art. 35.4, CDA)
consistente en “No entregar a quien corresponda…”, es
demostrativo de una conducta de ejecución permanente, que
solo se reputa finalizada cuando se verifica la entrega de los
dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión
profesional a quien corresponda, de modo que si esta acción por
parte del sujeto activo de la infracción no se ha logrado verificar,
su consumación se proyecta en el tiempo. No puede calificarse
esta consideración como violatoria de garantías fundamentales,
pues “justamente es la propia omisión del profesional del
derecho infractor la que determina – como debe ser- el inicio del
conteo prescriptivo”.

Ahora bien, el censor colige que la entrega de dinero realizada
en enero de 2003 por la señora Arely Mejía Calvajal, que él
estima se efectuó por la suma de $2.000.000,oo, habría sido
suficiente para contabilizar a partir de allí el término prescriptivo,
pero tal raciocinio no se compatibiliza con el acervo probatorio
acopiado. En primer lugar, el disciplinado yerra en cuanto al
valor que la mencionada testigo aludió en su relato el 7 de marzo
de 2017:

[…]

Este relato no se compagina en lo absoluto con lo declarado por
la testigo: (i) no se trató de $7.000.000,00, sino de
$2.000.000,oo; (ii) la entrega no fue realizada personalmente
por la señora Mejía Carvajal sino por el encartado; (iii) no se dio
a causa de un retiro de Davivienda; (iv) el otorgamiento fue
efectuado en frente del banco AV Villas.

El disciplinado entra en una abierta contradicción al acudir a la
prueba trasladada del proceso penal No. 2004-00058, a saber,
la declaración de la cónyuge del quejoso, Gloria María Vargas
Roa, el 8 de julio de 2003, para cimentar su tesis acerca de la
prescripción de la acción disciplinaria, y al mismo tiempo la
califica como nula de pleno derecho. Sin embargo, se anticipa
desde ahora que no se acogerá dicho razonamiento y, por lo
tanto, vale la pena descartar que las aseveraciones plasmadas
en la alzada no guardan relación alguna con lo dicho por la
señora Vargas Roa ante la Fiscalía General de la Nación. en esa
oportunidad, ella manifestó:

[…]

Nunca se desconoció por parte del a quo una entrega parcial de
dineros, de hecho, lo reprochado es que no otorgó todo lo que
le correspondía al quejoso, aspecto factual que no se ha
desvirtuado, por consiguiente, no es dable acceder a su solicitud

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respecto al acaecimiento del fenómeno de la acción disciplinaria.

[…]

Sobre las nulidades. Esta Corporación se ocupó de transcribir
con precisión la formulación de cargos realizada por la Seccional,
a fin de exponer que la misma no se fundamentó con el Decreto
Ley 196 de 1971, únicamente se hizo referencia a esa norma
para explicar el por qué, de acuerdo al régimen de transición,
era aplicable la nueva legislación. No puede olvidarse que, en
proveído del 26 de mayo de 2010, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decretó la
nulidad de lo actuado desde el auto de investigación disciplinaria
calendado 31 de agosto de 2006 y, en virtud al artículo 111 de
la Ley 1123 de 2007, era imprescindible usar las disposiciones
procesales de más reciente expedición.

En lo sustancial, la falta enrostrada se hizo bajo los lineamientos
de la Ley 1123 de 2007 (Art. 35.4), tanto así que la magistratura
de primera instancia ni siquiera estimó necesario hacer mención
al Decreto Ley 196 de 1971 en el juicio de tipicidad y resolutiva
de la sentencia. Y es que, como ha sido sustentado en
pronunciamiento anterior, en tratándose de un comportamiento
que se llevó a cabo durante la vigencia del Estatuto del Ejercicio
de la Abogacía y prosigue en vigencia del Código Disciplinario
del Abogado, no cabe duda que “el principio de legalidad impide
aplicar ultraactivamente la ley no vigente y retroactivamente la
que si está, pues al no ser una mas beneficiosa que la otra, no
es aplicable el principio de favorabilidad para ampliar su vigencia
temporal, de modo que ninguna irregularidad se visualiza en la
actuación del a quo sobre este punto.

El investigado desacierta a la hora de apreciar los beneficios del
Decreto Ley 196 de 1971 sobre la dosimetría de la suspensión,
al señalar que la Ley 1123 de 2007 parte de seis (6) meses hasta
tres (3) años para esa medida correctiva, cuando es claro de
conformidad al artículo 43 del C.D.A. que esta sanción oscila
entre dos (2) meses y tres (3) años con una sola excepción que
no concurre en el caso particular, consecuentemente, ninguna
favorabilidad puede predicarse en este aspecto frente a la
normatividad anterior.

Tampoco se configuró una violación al principio non bis ibidem
como quiere hacer ver el recurrente, al traer a colación la
providencia del 14 de julio de 2014, donde el entonces
magistrado Wilfredo Hurtado Díaz ordenó el archivo de la
actuación, al tratarse de un equívoco, pues las diligencias habían
regresado del ad quem al confirmarse la negativa de una nulidad
impetrada por el disciplinado mediante proveído del 6 de junio

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de 2013. Esto fue detectado por la oficial mayor quien elevó la
respectiva constancia el 11 de septiembre de 2014, lo cual a su
vez condujo a que el día siguiente el magistrado Luis Francisco
Casas Farfán declarara la nulidad de todo lo actuado desde el
auto del 28 de septiembre de 2010, inclusive, y ordenara
conducir el procedimiento bajo la Ley 1123 de 2007.

Reluce así que en ningún momento quedó ejecutoriada una
decisión al interior del presente asunto que declarara
disciplinariamente responsable al togado, único motivo que
conllevaría a la suspensión en el ejercicio profesional del
investigado que, se insiste nunca se materializó, de manera que
no se perpetró violación alguna al principio non bis in idem.

[…]

En suma, ninguna de las razones expuestas por el disciplinado
conduce a que esta Corporación decrete la nulidad de lo actuado
y, en ese sentido, serán examinados los ataques de fondo contra
la decisión.

[…]”. (Destacado fuera de texto).

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la acción de

tutela de la referencia es improcedente por falta del requisito

general de la relevancia constitucional, porque a través de ésta

el actor lo que pretende es cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al

proceso ordinario, sin que en todo caso, se vislumbre que las

autoridades accionadas pudieron haber actuado de forma

abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la

autonomía judicial.

En efecto, la divergencia planteada por el actor subyace del hecho de

que, en su sentir, se aplicó la norma menos favorable; se pasó por

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alto que mediante auto de 14 de julio de 2014 se archivó la

investigación y que, en todo caso, se configuró el fenómeno jurídico

de la prescripción de la acción disciplinaria, inconformidades que

fueron objeto de pronunciamiento por parte de la COMISIÓN

NACIONAL, sin que de allí se advierta vulneración alguna de los

derechos fundamentales invocados.

Lo anterior significa que lo pretendido por el actor es que el juez de

tutela haga un nuevo examen integral de los reparos expuestos en

el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera

instancia proferida dentro del proceso disciplinario, con la finalidad

de que se corrija el análisis que hizo la autoridad judicial accionada

y se acoja la interpretación que propone, como si el mecanismo de

amparo fuera una instancia o recurso adicional a los previstos en el

trámite del proceso ordinario.

Sumado a ello se destaca que los reparos expuestos por el actor en

sede de tutela devienen de aspectos que fueron debidamente

evacuados por las autoridades judiciales accionadas, relacionados

con presuntas nulidades, sin que se cuestione las conductas que le

fueron imputadas y que fue finalmente por las cuales resultó

sancionado.

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Número único de radicación: 110010315000-2023-01927-01
Actor: EDILBERTO MACANA RODRÍGUEZ

Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes

acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de

verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en

reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de

la providencia de 29 de agosto de 201816, en la que se sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201717, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora

16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
17
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Número único de radicación: 110010315000-2023-01927-01
Actor: EDILBERTO MACANA RODRÍGUEZ

es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión

judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia

adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma

admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no

puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de

tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso

invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

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Actor: EDILBERTO MACANA RODRÍGUEZ

Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo

que declaró improcedente la acción de tutela por carencia del

requisito general de la relevancia constitucional, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la COMISIÓN

SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE CASANARE, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

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COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de agosto de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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