Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01929-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01929-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01929-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
7 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01929-01
Actor: Hernando Blanco García
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad De Carrera Judicial1
Tema: Carencia actual de objeto por el acaecimiento de una situación sobreviniente
dentro del marco de la acción de tutela
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso
a cargos públicos
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 25 de mayo de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Juan Camilo Hoyos Arango, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra
la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial, porque, a su juicio, la Unidad de Administración
de Carrera Judicial, al expedir la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de
1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado
en forma digital.
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Actor: Hernando Blanco García
20232, mediante la cual “[…] se le inadmitió o rechazó al concursante […] por la
causal 3.5., es decir, por no haber, supuestamente, adjuntado en PDF, al momento
de la inscripción en el año 2018 (hace 5 años), la declaración juramentada de
ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para ejercer el cargo de Juez o
Magistrado […] y la Resolución núm. CJR23-0110 de 21 de marzo de 20233, en la
cual se le “[…] mantuvo la EXCLUSIÓN y envió al aquí accionante comunicación
particular identificada con el oficio CJO23-1453 del 17 de marzo de 2023 firmado
todo por la doctora CLAUDIA M. GRANADOS R., Directora de la Unidad de Carrera
Judicial, en el que, de forma genérica, sin dar respuesta a los argumentos,
simplemente manifestaba que, una vez verificado el sistema, no aparecía el PDF
que echaban de menos y que por eso NO ACCEDÍAN a la petición de revocatoria
de la Resolución CJR23-0061 y MANTENIAN LA EXCLUSIÓN DEL CONSURSO
[…]”: vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y acceso
a cargos públicos.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Expresó que, “[…] En el mes de agosto de 2018 el actor realizó el proceso de
inscripción para cargos de Funcionarios de la Rama Judicial del Acuerdo PCSJA18-
11077 aspirando al cargo de Magistrado Sala Civil de Tribunal, todo en el marco de
la convocatoria # 27. El aspirante APROBÓ el examen de conocimientos y aptitudes
[…]”.
4. Manifestó que, “[…] el proceso de presentación de la prueba de conocimiento y
aptitudes fue anulado. En consecuencia, se rehízo la etapa respectiva nuevamente,
y el Dr. BLANCO GARCIA presentó la prueba de aptitudes y conocimientos el día
24 de julio de 2022 para optar al cargo de Magistrado de Sala Civil del Tribunal, y
2 “Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la
conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
convocado mediante Acuerdo PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018”.
3
“Por medio de la cual se modifica la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, para efectos de incluir
los aspirantes que resultaron admitidos con base en las solicitudes por ellos presentadas”
3
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Actor: Hernando Blanco García
una vez más, APROBÓ el examen que era eliminatorio con el puntaje requerido
para el cargo mencionado, esto es, superior a 800 puntos […]”.
5.Señaló que, “[…] el 08 de febrero de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura
profirió la Resolución CJR23-0061 […] y mediante ella se le inadmitió o rechazó al
concursante […] por la causal 3.5., es decir, por no haber, supuestamente,
adjuntado en PDF, al momento de la inscripción en el año 2018 (hace 5 años), la
declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para
ejercer el cargo de Juez o Magistrado […]”.
6.Indicó que, “[…] En el mes de febrero de 2023, siguiendo el procedimiento
establecido en el Acuerdo de Convocatoria, mi poderdante allegó, mediante correos
electrónicos, varios memoriales en los cuales (i) solicitó la verificación de los
requisitos aludidos (esto es, de la documentación y declaraciones físicas y
electrónicas que había subido a la plataforma kactus al momento de la inscripción
al concurso); (ii) expuso argumentos del por qué ese documento PDF no podía serle
exigido, porque ya se había aportado en 5 ocasiones más, la prenombrada
declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades; y (iii) así mismo,
solicitó la Revocatoria directa de tal Resolución […]”.
7.Adujo que, “[…] el día 22 de marzo de 2023 el Consejo Superior de la Judicatura
profirió la Resolución CJR23-0110 (21 de marzo de 2023) mantuvo la EXCLUSIÓN
[…]”.
8. Afirmó que, “[…] cuando quiera que la misma declaración de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades, YA ESTA APORTADA DESDE LA MISMA
INSCRIPCIÓN A LA CONVOCATORIA, MEDIANTE DECLARACION
ELECTRÓNICA y en eventos posteriores, según se anotó; inclusive la misma
convalidación suscrita por los aspirantes en el cuadernillo de la práctica de las
pruebas aplica para la causal 3.5., toda vez que allí se está diciendo que se cumple
con los requisitos mínimos para el cargo, y por supuesto, tales requisitos
INCLUYEN, entre otros, el no tener inhabilidades e incompatibilidades frente al
cargo que se aspira […]”.
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Actor: Hernando Blanco García
9. Manifestó que, en “[…] el caso sub-examine, siendo evidente que estamos frente
a un aspecto puramente formal, innecesario, inocuo y excesivo, la misma
funcionaria no ha corregido su error, violando de este modo los derechos del actor,
en su condición de participante de la convocatoria 27 para proveer cargos de
funcionarios en la Rama Judicial del Poder público […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
10. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1. TUTELEN los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y
acceso a cargos públicos de HERNANDO BLANCO GARCIA.
2. Que como consecuencia de ello DEJEN SIN EFECTO parcialmente las
resoluciones CJR23-0061 (08 de febrero de 2023) y CJR23-0110 (21 de marzo de
2023) proferidas por la doctora CLAUDIA M. GRANADOS R., Directora de la Unidad
de Carrera Judicial en punto de haber excluido al accionante del Concurso de
Méritos convocado mediante el Acuerdo PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018
y, en su lugar, dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de su
decisión profiera una nueva decisión admitiendo al demandante en el concurso para
que pueda continuar con todo el proceso de selección, en particular las etapas de
homologación y/o inscripción al curso de formación judicial.
3. En subsidio de las anteriores pretensiones, solicito se conceda el amparo como
mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, concediendo las
pretensiones 1 y 2 y otorgando al actor el plazo respectivo para que acuda a la
Jurisdicción si es que hubiere otro mecanismo de defensa que fuere procedente.
[…]”.
Actuación
11. El Despacho Sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
auto de 26 de abril de 2023; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar al Consejo
Superior de la Judicatura y a la Directora de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el
particular.
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Actor: Hernando Blanco García
Intervención de la demandada
12. La Unidad de Administración de Carrera Judicial, solicitó negar la solicitud de
amparo, toda vez que, “[…] con el actuar administrativo no se ha vulnerado ni
afectado los derechos fundamentales invocados […]”. Al respecto manifestó lo
siguiente:
“[…] En atención a que la pretensión del tutelante está encaminada a que se ordene
a la accionada disponer su admisión a la etapa subsiguiente de la Convocatoria 27,
al afirmar no estar incurso en ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad para
el ejercicio del cargo aspirado y haber cumplido con cada uno de los requisitos para
ello, es pertinente precisar que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
atacar actos administrativos que por su propia naturaleza se encuentran amparados
por el principio de legalidad, partiendo del presupuesto de que la administración, al
momento de manifestarse a través de un acto, debe acatar las prerrogativas
constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada.
Como lo establece el artículo 83 de la Constitución Política, en las actuaciones de las
autoridades públicas se presume la buena fe. Así, los actos expedidos en ejercicio de
sus funciones por las autoridades administrativas, nacen a la vida jurídica amparados
tanto de la presunción de legalidad, como también de aquella según la cual todo
comportamiento de las autoridades administrativas, se lleva a cabo en beneficio de la
colectividad y sin ánimo de causar daño o perjuicio a alguno de los administrados. El
principio de legalidad no solo permite la fijeza de las decisiones de la administración,
sino que se convierte en una salvaguarda de los derechos al debido proceso e
igualdad para todos los aspirantes.
En esas condiciones, para desvirtuar la presunción de buena fe de las actuaciones
administrativas, se debe acudir a los medios jurídicos propios, ante las autoridades
judiciales, con los trámites previstos en la ley y aportando los medios probatorios
conducentes y con el agotamiento de los recursos en sede administrativa o en las
acciones judiciales. Este control jurisdiccional, corresponde a la órbita de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que, en aras de revisar un acto
de la administración, que en principio cuenta con presunción de legalidad, obliga a
quien pretende controvertirlo demostrar que aquel se apartó sin justificación alguna
del ordenamiento que regula su expedición, y si encuentra mérito para ello, establecer
la posible anulación del acto, de conformidad con las competencias dispuestas para
tal efecto.
Así las cosas, a través de estos mecanismos se concreta para los ciudadanos la
facultad de señalar diferentes argumentos, además de solicitar la práctica de pruebas
frente a sus inquietudes con los actos de la administración, por lo que, no se puede
acudir ahora a la acción de tutela, para desplazar los mecanismos ordinarios, y
obtener un tratamiento especial y particular.
Dado que lo que se demuestra con en el escrito de tutela, es la inconformidad del
accionante frente a la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 "Por medio
de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos
destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de
cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18-
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Actor: Hernando Blanco García
11077 de 16 de agosto de 2018", al haberse incluido en el listado de aspirantes
rechazados por la causal de inadmisión prevista en el punto 3.5, por tratarse de un
acto administrativo de carácter general con contenido particular, lo procedente es
iniciar el medio de control de nulidad, toda vez que, la acción de tutela no es el
escenario para controvertir actos que se presumen legalmente emitidos por ser
expedidos en desarrollo de funciones legales y reglamentarias, ni mucho menos
puede el administrado valerse de la misma para reemplazar los medios de control que
se encuentran dispuestos para controvertir tales actos.
Por lo tanto, si el tutelante considera que dicha decisión no se ajusta a derecho, debe
acudir al juez natural del asunto, pues esta acción constitucional no puede ser
utilizada como mecanismo paralelo de protección cuando la legislación tiene
establecidas las vías adecuadas para debatir judicialmente asuntos como el que aquí
se propone, a través del ejercicio del correspondiente medio de control judicial
previsto en el CPACA […]”.
13. La señora Jessica Tatiana Gómez Macías manifestó lo siguiente:
[…] se pone de presente el error al que indujo la accionada en la convocatoria y
vulneró por ende, el principio de la confianza legítima y buena fe, por lo que pese a
señalarse en los diferentes actos administrativos el sistema de información web que
se emplearía para diligenciar y recopilar la información y emitirse el correspondiente
instructivo de inscripción, jamás se señaló que la declaración juramentada de
inhabilidades e incompatibilidades que registraba el sistema “Kactus” y que se debía
aceptar, no se tendría en cuenta, pese a ser un equivalente electrónico con la misma
validez jurídica que un documento físico escaneado.
Por lo anterior y atendiendo al perjuicio irremediable que se evidencia, ante la
existencia de un cronograma para iniciar el curso concurso y que se trata de un
requisito exigido que se cumplió conforme se expresó en el sistema kactus y perfil de
hoja de vida, y que su finalidad de ser se evidencia en el momento en que se tome
posesión de cargo, se solicita se estudie de fondo la acción superando el requisito de
subsidiariedad ya que contra la decisión emitida no procede recurso, y de ser el caso
sea favorable, se dirijan órdenes a la accionada para que estudie las decisiones
tomadas en los demás casos que tienen la misma causal de rechazo […]”.
14. El actor, a través de apoderado, adujo lo siguiente:
“[…] La Unidad de Carrera acaba de expedir la RESOLUCIÓN CJR23-0136 (02 de
mayo de 2023) -anexo-, mediante la cual, ofrece remedio a unos pocos concursantes
excluidos o rechazados, equiparando el requisito que me excluyó de la convocatoria
(3.5) (documento PDF) con actuaciones electrónicas; sin embargo, no aplica esos
efectos para el caso del actor, lesionando flagrantemente su derecho a la igualdad.
Planteado de otro modo, hace 24 horas, mediante RESOLUCIÓN CJR23-0136 (02
de mayo de 2023), la pasiva readmitió al concurso a quienes, según dijo, en alguna
parte escribieron no tener inhabilidades e incompatibilidades, pero no hizo lo mismo
relación con mi prohijado, que lo dijo en 5 ocasiones, entre ellas de forma electrónica,
resultando aplicable igualmente la Ley 527 de 1999, además de que se trata de un
requisito subsanable por la etapa en la que se encuentra la convocatoria, violando de
este modo los derechos fundamentales del actor en la forma indicada y causándole
un enorme perjuicio irremediable según se detalló en la demanda, entre otras
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Actor: Hernando Blanco García
razones, por no poder solicitar la homologación del curso-concurso, ni la inscripción
al curso de formación judicial, según el cronograma de la convocatoria que se aportó
como prueba en la demanda y en escrito de adición radicado posteriormente,
resultando en letra muerta cualquier otro tipo de acción judicial, porque para cuando
se resuelva, ya no habrá lugar a retrotraer ni el curso-concurso, ni las demás etapas
de la convocatoria, todo por la tozuda y caprichosa exigencia de un formato PDF, que
como se dijo, alude a una declaración que SÍ fue realizada de múltiples formas por el
actor.
Antes de concluir, no está de más destacar que los argumentos planteados en la
demanda de tutela se confirman y se hacen procedentes con el planteamiento de la
Unidad de Carrera Judicial en la Resolución CJR23-0136 del 2 de mayo de 2023, al
evidenciar la existencia de los plurimencionados equivalentes funcionales, toda vez
que, si el recuadro pegado atrás da cuenta de una declaración juramentada en la que
se indica cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el cargo seleccionado
y la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, aquella manifestación conocida
por la Unidad descarta el asidero del rechazo del que es víctima el actor, más cuando
la misma ley pregona: “cuando cualquier norma requiera que la información que la
información conste por escrito, este requisito quedará satisfecho con un mensaje de
datos…”4
Tampoco sobre agregar que no existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz
para proteger los derechos fundamentales de un perjuicio irremediable, por estar
corriendo términos el cronograma de la convocatoria y a pocos días de la etapa de
homologaciones e inscripciones para el curso-concurso de formación judicial según
se explicó en la demanda, y que, de no ser por la intervención del Juez de Tutela, los
derechos de quienes con mérito aprobaron las etapas anteriores, por terquedad y sin
sustento legal, se los arrebatará la pasiva, sin que una acción de otra naturaleza
pueda servir o ser útil, dada la urgencia, inminencia y gravedad del asunto y la
premura de los términos de la convocatoria, máxime si se tiene en cuenta que cuando
se decida algo en una acción ordinaria, seguramente habrá fenecido la oportunidad
de homologaciones e inscripciones del curso de formación judicial o incluso ya
estarán integradas las listas de elegibles, resultando inane una batalla jurídica
diferente de la tutela […]”.
15. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura guardó silencio en esta
oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
16. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia,
el 25 de mayo de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela ejercida por el
señor Hernando Blanco García […]”.
16.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
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Ley 527 de 1999, artículo 6.
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“[…] En este asunto, la Sala pone de presente que el accionante dirigió sus reparos
contra los actos CJR23-0061 de 8 de febrero y CJR23-0110 de 21 de marzo de 2023,
a través de las cuales la autoridad excluyó al accionante y a otros candidatos «de la
competencia por el cargo de Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial, así
como contra cualquier otra decisión asociada o vinculada a las mismas». Acogiendo
el criterio de esta Sala expuesto en líneas precedentes, se advierte que la solicitud de
amparo de la referencia es improcedente, debido a que el actor cuenta con el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir los actos que
considera vulneradores de sus garantías constitucionales; marco en el cual, a efectos
de evitar la consumación o agravación del daño que alega, puede solicitar que se
decreten medidas cautelares, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 229
a 241 CPACA. En efecto, ante la posible afectación de otros derechos o la urgencia
de la protección deprecada, actualmente cuenta, en nuestra legislación, con la
existencia de medidas preliminares en el curso de la acción ordinaria, lo cual deja en
evidencia que dicho medio es eficaz e idóneo para lograr una tutela judicial efectiva,
tornando innecesaria la intervención del juez constitucional para la protección
transitoria de los derechos fundamentales, cuando se trata de asuntos que se deben
debatir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así las cosas, le
corresponde al juez natural de la causa, a la hora de decidir sobre las medidas
cautelares que eventualmente solicite el actor dentro del trámite de un proceso
ordinario, garantizar los principios que rigen a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, tales como: los derechos de las personas -sean estos de carácter
fundamental o legal- y la preservación del orden jurídico, como lo estipula el artículo
103 de la Ley 1437 de 2011. Se recuerda que la acción de tutela se torna
improcedente para suplir mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos,
así como tampoco resulta procedente cuando se están reclamando derechos de
carácter económico, pues una interpretación contraria nos llevaría a que ésta fuera
empleada como un instrumento para desplazar las competencias ordinarias, lo que
de suyo desnaturalizaría este mecanismo que es eminentemente protector de
derechos fundamentales […]”.
[…]
“[…] Ahora, en relación con el argumento concerniente a que la acción de tutela se
torna procedente cuando se trata de actos de trámite y no se ha proferido la lista de
elegibles, es preciso señalar que no le asiste razón al señor Hernando Blanco García,
comoquiera que en este caso las decisiones censuradas, esto es, las Resoluciones
CJR23-0061 de 8 de febrero y CJR23-0110 de 21 de marzo de 2023, son actos con
contenido particular en atención a que le definió su situación jurídica de manera
definitiva, al excluirlo del concurso de méritos que se adelanta en el marco de la
convocatoria 24.
En ese orden, para la Sala no se satisface el requisito de subsidiariedad y tampoco
se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del
juez constitucional para hacer procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio, toda vez que de los documentos obrantes en el expediente de la referencia
y de lo relatado por el accionante, no se evidencia un peligro de tal magnitud que
afecte con inminencia y de manera grave su subsistencia, y que en tal sentido, se
requiera una medida impostergable por parte de esta judicatura para neutralizar dicha
afectación […]”.
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Actor: Hernando Blanco García
La impugnación
17. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado por las siguientes razones:
“[…] Este concurso, denominado convocatoria 27 para funcionarios de la rama
judicial, inició en el año 2018, es decir, hace 5 años, y ha tenido innumerables errores
e inconsistencias graves, públicamente conocidas. Justamente mediante acción de
tutela, fue derribado en varias de sus etapas y, por consiguiente, se rehízo la práctica
de exámenes y pruebas de conocimientos y aptitudes, por orden de la H. Corte
Constitucional, situación que demuestra, de entrada, que la tutela sí es procedente y
viable cuando quiera que se presenta violación en los derechos fundamentales de los
concursantes, tal y como sucedió en el caso del Dr. BLANCO GARCÍA.
Y es que sobre el punto de la viabilidad del amparo, se resalta que no sólo el H.
Consejo de Estado, mediante fallos de tutela que fueron citados en la demanda, sino
también la H. Corte Constitucional, precisamente con ocasión de esta
convocatoria 27, vía tutela, consideró viable este mecanismo constitucional, por
haberse violado derechos fundamentales de los concursantes, al no existir otros
mecanismos idóneos, eficaces y eficientes de defensa, tal como se observa en la
sentencia SU-067/2022 que concedió el resguardo a varios aspirantes; por contera,
es equivocada la sentencia de primer grado al plantear que la tutela no es un
mecanismo para combatir las decisiones proferidas en los concursos de méritos, por
existir, supuestamente, otros mecanismos judiciales, que para el caso no existen o no
ofrecen eficacia real y material.
Sobre este punto, es válido recordad que cada caso de los aspirantes resulta
diferente, y en esa medida, revisado el asunto del aquí demandante, la lesión de sus
derechos es palmaria, así como la ineficacia de otro medio de defensa judicial, como
la existencia de un enorme perjuicio irremediable que pasó por alto y no se analizó,
en una sola letra, mediante la sentencia impugnada, porque pese al detalle de anexos,
de soportes y de explicaciones, sobre ese punto no se hizo comentario alguno en el
fallo, por manera que salta a la vista que la sentencia debe ser revocada, luego de un
análisis detallado y pormenorizado del caso concreto y de sus pruebas […]”.
[…]
“[…] Es prioridad señalar que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no
resulta un mecanismo idóneo para asegurar la protección efectiva de mis derechos
fundamentales. En efecto, desde la interposición de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
hasta su resolución, transcurren en promedio 270 días corrientes5.
Ahora bien, en principio se podría considerar que con la interposición del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho se podría solicitar la inclusión del
actor al concurso como medida cautelar, sin embargo, se deben tener en cuenta dos
aspectos que impiden la efectividad de ese medio de control y de la eventual medida:
I. para enjuiciar la decisión de la accionada es necesario agotar el trámite de
conciliación prejudicial, el cual tomaría cuando menos dos meses a partir de la
5 Rama Judicial. Resultados del estudio de tiempos procesales. Página 226. Tomado de
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1545778/8829673/TOMO+I+TIEMPOS+PROCESALES_18122015
.pdf/2da294fd-3ef6-4820-b9e0-7a892b1bdbf0
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radicación de la solicitud; y II. En este caso no puede acudirse directamente a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo sin haber agotado previamente el
requisito de procedibilidad (conciliación), bajo la premisa de la solicitud de medidas
cautelares, toda vez que según el artículo 161 del CPACA6 las medidas deben
ser de carácter patrimonial para que pueda omitirse el trámite conciliatorio, no
siendo del caso pedir el decreto de este tipo de medidas, pues lo que se pretende es
que se le permita participar y proseguir en un concurso de méritos al cual le restan
varias etapas.
Así las cosas, por los tiempos de la conciliación prejudicial, la interposición de la
demanda y la decisión respecto de la medida cautelar, el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho y la eventual medida, no garantizan que pueda
continuar participando en el concurso de méritos de la Rama Judicial, siendo
entonces una acción inadecuada, en palabras de la Corte Constitucional, dado el
actual avance del concurso, según se explica a continuación.
Por otra parte debo resaltar que el día 29 de marzo de 2023 la Unidad de Carrera del
CSJ, publicó el cronograma para las etapas restantes del concurso, en el cual se
contemplan las homologaciones que actualmente se adelantan, y la inscripción y
desarrollo del curso judicial a partir del mes de septiembre de 2023, para lo cual la
Escuela Judicial Rodrígo Lara Bonilla publicó en su página web el “ANEXO TÉCNICO
DE ESPECIFICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL IX CURSO DE
FORMACIÓN JUDICIAL”, que se estructura, en parte, con base en la información
sobre los participantes aprobados y admitidos […]”.
[…]
“[…] La información sobre el número de discentes -participantes-, es esencial para
que la Escuela Judicial disponga lo necesario para llevar a cabo el curso, lo cual
incluye la selección del operador del IX curso de formación judicial, que deberá
suministrar los medios virtuales y físicos a dicho numero de aspirantes, situación que
igualmente acredita el perjuicio irremediable que se cierne sobre el derecho del
actor para participar en la siguiente etapa del curso, y la necesidad de un
amparo constitucional pronto que ordene su inclusión en el curso, con lo cual
no se afectaría el avance de la convocatoria 27. Respecto del perjuicio irremediable
que se puede presentar en este tipo de procedimientos administrativos, cuando se
encuentra que el tiempo que tardaría en resolverse el asunto ante su juez natural
hace ineficaz el medio de control correspondiente, la Corte Constitucional sentó un
precedente en la sentencia SU-067 de 2022:
“116. Habida cuenta de lo anterior, corresponde a la Sala Plena establecer si la
respuesta negativa que obtuvo dicha solicitud implica una violación de su derecho
fundamental al acceso a los cargos públicos, tal como la accionante lo pretende. En
principio, este asunto podría ser planteado ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Sin embargo, en el caso concreto se configura el supuesto del perjuicio
irremediable. Esto es así dado que, teniendo en cuenta la duración de los procesos
ante la justicia administrativa, es altamente probable que la decisión de esta
pretensión sea dictada una vez ya haya concluido el concurso de méritos. En razón
6 ARTÍCULO 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al
cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:
1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de
procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del
derecho, reparación directa y controversias contractuales.
El requisito de procedibilidad será facultativo en los asuntos laborales, pensionales, en los procesos ejecutivos
diferentes a los regulados en la Ley 1551 de 2012, en los procesos en que el demandante pida medidas
cautelares de carácter patrimonial, en relación con el medio de control de repetición o cuando quien demande
sea una entidad pública.
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Actor: Hernando Blanco García
de lo anterior, la acción de tutela de la demandante será analizada bajo el supuesto
de la necesidad de evitar un perjuicio irremediable.”
Por todo lo expuesto, solicito la protección constitucional urgente de este
despacho con el fin de evitar un perjuicio irremediable al demandante, pues la
exclusión de la siguiente etapa del concurso (curso de formación judicial)
supondría de facto, la imposibilidad de continuar participando, ya que esa
etapa será evaluada y la calificación otorga puntos para la conformación de la
futura lista de elegibles. De manera que, si ya fue privado de la oportunidad de
homologar el curso, por lo menos que alcance a ser incluido en el nuevo Curso de
Formación Judicial, pues de lo contrario, el daño se consumará y con ello la
protección de sus derechos fundamentales resultaría inane, y de nada servirá las
otras acciones, ni sus medidas cautelares. El tiempo correo en contra del actor, que
diligentemente presentó esta acción de amparo y en curso de su trámite, le
clausuraron la homologación […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
18.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20217 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20188 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento
de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
7 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
12
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Actor: Hernando Blanco García
Cuestión previa
De la coadyuvancia
20. La Sala encuentra que el señor Frankly Fabian Fuquene Rivera, Mary Liliana
González Sánchez, Leidy Oriana Reinoso Bocanegra, Javier Enrique Merlano
Sierra, Pili Natalia Salazar Salazar y Fredy Alexander Niño Cortes, presentaron
escrito de coadyuvancia.
21. Al respecto, la Sala encuentra que, si bien el inciso 2º del artículo 13 del Decreto
núm. 2591 de 1991, señala que “[…] Quien tuviere un interés legítimo en el resultado
del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”, la Corte
Constitucional ha destacado que “[…] la coadyuvancia surge en los procesos de
tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso
que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos por el
demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el
demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo
que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia […]”9
22. En el mismo sentido se pronunció la Corte al señalar que los terceros
intervinientes no están facultados para solicitar la protección de sus propios
derechos. Esto dijo textualmente10:
“[…] en la acción de tutela contra providencias judiciales los parámetros para estudiar
la intervención de los terceros son mucho más estrictos. En primer lugar, siguiendo el
concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un interés legítimo en los
resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no están facultados
para solicitar la protección de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de
los derechos de quien solicitó el amparo, pues es la solicitud de este último la que le
da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que
una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que
promueva una acción de tutela diferente y no que presente en el trámite de amparo
de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad.
Esto último es indispensable atendiendo al carácter excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Aun cuando por regla general el juez constitucional no
9 Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 16 de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
10 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 29 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Actor: Hernando Blanco García
puede entrar a examinar los fallos de otros jueces excepto en las extraordinarias
situaciones en las que la providencia es violatoria de los derechos fundamentales, en
los eventos en los que adquiere potestad para hacerlo por reunirse los requisitos
generales y específicos de procedibilidad, su competencia sigue teniendo como
límites los principios de seguridad jurídica, autonomía judicial y respeto por la cosa
juzgada.
Ellos se verían afectados en una medida mucho mayor si el juez constitucional avoca
el estudio, no solo de los defectos planteados por el accionante, sino sobre otros
defectos ‘nuevos’ que otros intervinientes pudieran aducir, toda vez que podrían
ventilarse en una acción de carácter excepcional y subsidiaria la totalidad de los
aspectos debatidos en las instancias precedentes. Un escenario como el planteado
convertiría la acción de tutela en una tercera instancia, pese a que la Corte ha
proscrito expresamente esta hipótesis. En este sentido, admitir las controversias
propuestas por los terceros dentro del proceso de tutela en relación con sus propios
derechos y con independencia de los hechos y derechos planteados por el
accionante, desnaturalizaría la acción constitucional. […]”. (Resaltado por la Sala).
23. Teniendo en cuenta la Convocatoria núm. 27, en sentencia SU - 067 de 24 de
febrero de 2022, la Corte Constitucional hizo algunas precisiones en relación con la
figura de la coadyuvancia e intervinientes en este tipo de asuntos, así:
“[…] Cuestión previa: la intervención de coadyuvantes en los procesos
bajo revisión
75. Asunto que debe resolverse. Antes de dar comienzo al análisis anunciado,
la Sala Plena encuentra necesario analizar un asunto previo, que incide en los
efectos de la decisión que habrá de adoptarse en esta oportunidad. Esta
cuestión tiene origen en la ingente cantidad de intervenciones que se han
presentado, durante los trámites de instancia y de revisión de los fallos bajo
revisión, por personas que se encuentran en una situación similar a la de los
demandantes.
76. Fundamento normativo de la figura de la coadyuvancia. El inciso segundo
del artículo trece del Decreto 2591 de 1991 establece que la persona que tenga
«un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él», para
respaldar las pretensiones del actor o de la persona o autoridad pública contra
la cual se dirige la acción de tutela[32]. La jurisprudencia constitucional ha
definido la coadyuvancia en los procesos de tutela como «la participación de
un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela»[33]. En
este sentido, ha considerado que los coadyuvantes poseen la facultad para
intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de las
pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a
estas[34].
77. Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de
tutela, que se transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha
advertido que la coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden
conservar la índole jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que
quien actúa empleando este título lo hace para coadyuvar las pretensiones de
una parte, no puede actuar en contra de los intereses de esta: «[E]l
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coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son
permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia de
la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de segunda
instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones
propias»[35] [énfasis fuera de texto]. De igual manera, atendiendo la remisión al
Código General del Proceso, se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a
cabo actos procesales que «impliquen disposición del derecho en litigio»[36]. De
lo anterior resulta que las facultades del coadyuvante se encuentran sometidas
a límites, que surgen de la propia naturaleza de la institución procesal que
permite su intervención en la causa judicial.
78. Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por la vía de la
coadyuvancia. En esta oportunidad, es preciso analizar la posibilidad de
modificar, por esta vía, el problema jurídico planteado en la acción de tutela,
mediante la formulación de argumentos y razonamientos distintos a los
planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue examinado en la
Sentencia T-1062 de 2010. En dicha ocasión, la Corte conoció una acción de
tutela que fue coadyuvada por terceros que tenían un interés legítimo en la
decisión. En calidad de coadyuvantes, plantearon argumentos diferentes a los
que fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones específicas,
que tenían por objeto favorecer sus intereses particulares. Al analizar este
asunto, la Corte manifestó lo siguiente:
[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como
la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que
manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el
demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente
ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica
de la coadyuvancia [énfasis fuera de texto].
79. Atendiendo esta consideración, en la providencia en comento, la Corte
acotó en los siguientes términos el alcance de los escritos de coadyuvancia
presentados: «Bajo esa calidad [de coadyuvantes], se entenderá que su
participación en el trámite de esta tutela, se limita a apoyar y compartir las
reclamaciones que hace la parte demandante […], razón por la cual, el
pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de Revisión, se
atendrá a los fundamentos contenidos en la demanda de tutela, y no se
pronunciará respecto de aquellos que difieran o no hagan parte en ésta»
[énfasis fuera de texto].
80. Conclusión en el caso concreto. Durante el trámite de instancia de los
expedientes T-8.252.659 y T-8.258.202, se recibió un número ingente de
escritos de personas que coadyuvaron las demandas interpuestas. En su gran
mayoría, se trataba de aspirantes que, al igual que los accionantes, superaron
la prueba de conocimientos y aptitudes practicada el 2 de diciembre de 2018.
Los intervinientes manifestaron su respaldo a las pretensiones formuladas en
los procesos bajo revisión, plantearon diversos argumentos contra la
Resolución CJR20-0202, solicitaron la práctica de pruebas y el reconocimiento
de dictámenes periciales preparados por ellos y reclamaron la extensión de los
efectos de esta providencia, a través de los dispositivos establecidos con dicho
propósito por la jurisprudencia (efectos inter comunis e inter pares).
81. Teniendo en cuenta que quien actúa en calidad de coadyuvante tiene
vedado «realizar planteamientos distintos […] que por los intervinientes,
15
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únicamente habrá de pronunciarse sobre la solicitud de conceder la extensión
de los efectos de esta sentencia. Tal petición debe ser resuelta como
consecuencia de la jurisprudencia constitucional que impone este remedio
cuando el principio de igualdad así lo exige […]”. (Resaltado por la Sala).
24. Conforme con la sentencia de unificación en cita, los coadyuvantes poseen la
facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de
las pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a
estas, más no para hacer valer sus propias demandas.
25. Además, en los asuntos que se presenten coadyuvancias o intervenciones, el
estudio de los casos solo debe limitarse a los fundamentos formulados por las
partes, sin que haya lugar a pronunciarse respecto de aquellos que difieran o no
hagan parte de sus argumentaciones.
26. Precisado lo anterior, la Sala advierte que aceptará las solicitudes de
coadyuvancias de Mary Liliana González Sánchez, Leidy Oriana Reinoso
Bocanegra, Javier Enrique Merlano Sierra, Pili Natalia Salazar Salazar y Fredy
Alexander Niño Cortes, comoquiera que sus intervenciones están encaminadas a
apoyar la solicitud de amparo de la referencia, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.
27. Ahora bien, el señor Frankly Fabian Fuquene Rivera en su intervención presentó
reclamaciones propias, en ese orden de ideas, la Sala negará la solicitud de
coadyuvancia en virtud de que no se pueden realizar planteamientos distintos que
difieran de las expuestas por la parte actora, en tanto que, como se señaló supra,
corresponde a pretensiones propias, con lo que desvirtúan la naturaleza de la
coadyuvancia.
Problema jurídico
28.En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es
procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente; si la
respuesta al anterior interrogante es negativa, ii) corresponde establecer si la acción
de tutela es procedente para proteger los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y acceso a cargos públicos invocados por el actor, los cuales
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consideró vulnerados por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir
la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 202311, mediante la cual “[…]
se le inadmitió o rechazó al concursante […] por la causal 3.5., es decir, por no
haber, supuestamente, adjuntado en PDF, al momento de la inscripción en el año
2018 (hace 5 años), la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades para ejercer el cargo de Juez o Magistrado […] y la Resolución
núm. CJR23-0110 de 21 de marzo de 202312, en la cual se le “[…] mantuvo la
EXCLUSIÓN y envió al aquí accionante comunicación particular identificada con el
oficio CJO23-1453 del 17 de marzo de 2023 firmado todo por la doctora CLAUDIA
M. GRANADOS R., Directora de la Unidad de Carrera Judicial, en el que, de forma
genérica, sin dar respuesta a los argumentos, simplemente manifestaba que, una
vez verificado el sistema, no aparecía el PDF que echaban de menos y que por eso
NO ACCEDÍAN a la petición de revocatoria de la Resolución CJR23-0061 y
MANTENIAN LA EXCLUSIÓN DEL CONSURSO […]”.
29. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas:
i) la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente dentro del marco de la acción
de tutela; ii) análisis del caso concreto; y finalmente iii) las conclusiones de la Sala.
La carencia actual de objeto por hecho sobreviniente dentro del marco de la
acción de tutela
30. La Corte Constitucional frente a la figura de la carencia actual de objeto por
hecho sobreviniente ha dicho lo siguiente13:
“[…] la Corte ha manifestado que son los “eventos en los que la protección pretendida
del juez de tutela termina por carecer por completo de objeto y es en aquellos casos
en que como producto del acaecimiento de una “situación sobreviniente” que no
tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración predicada ya no
tiene lugar, ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o
porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la Litis […]”.
11 “Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la
conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
convocado mediante Acuerdo PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018”.
12 “Por medio de la cual se modifica la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, para efectos de incluir
los aspirantes que resultaron admitidos con base en las solicitudes por ellos presentadas”
13 Corte Constitucional, sentencia T- 052 de 18 de febrero de 2022, M.P. Alberto Rojos Ríos.
17
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Actor: Hernando Blanco García
31. Sobre el mismo punto, la Corte Constitucional, en relación con la carencia actual
de objeto por hecho sobreviniente, mediante sentencia SU-522 de 201914, consideró
lo siguiente:
“[…] 44.El hecho sobreviniente es un tercer tipo de configuración de la carencia actual
de objeto, diseñada para cubrir escenarios que no encajan en las categorías
originales. Se trata de un concepto más reciente y más amplio, el cual fue propuesto
por primera vez con la Sentencia T-585 de 201015, en un caso originado por las trabas
administrativas impuestas por una EPS para impedir la interrupción voluntaria del
embarazo. En sede de revisión, la Sala fue avisada que la accionante “no había
continuado con el embarazo”. No se trataba entonces de un hecho superado, pues la
pretensión de la actora de acceder a una IVE dentro del sistema de salud en
condiciones de calidad fue rechazada, pero tampoco de un daño consumado en vista
de que el nacimiento tampoco se produjo. La Sala Octava de Revisión explicó
entonces que existen “otras circunstancias” en las que la orden del juez resultaría
inocua dado que el accionante perdió “el interés en la satisfacción de la pretensión
solicitada o ésta fuera imposible de llevar a cabo”16.
45.El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena17 como por las
distintas Salas de Revisión18. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad
para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que
no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho
superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia que determine
que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de
amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”19. No se trata entonces
de una categoría homogénea y completamente delimitada. A manera de ilustración,
la jurisprudencia ha declarado un hecho sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es
quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora20;
(ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada- ha logrado que la
pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental21; (iii) es imposible proferir
14 Corte Constitucional, Sentencia SU- 522 de 5 de noviembre de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.
15 M.P. Humberto Sierra Porto.
16 Sentencia T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto. En la misma dirección, la Sentencia T-841 de 2011
M.P. Humberto Sierra Porto, señala que “es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la presencia
de un daño consumado o de un hecho superado sino de alguna otra circunstancia que determine que,
igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto”.
17 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.
18 Ver, entre otras, T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-319
de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-379 de 2018.
M.P. Alberto Rojas Ríos; T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-009 de 2019. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado; T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
19 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
20 Por ejemplo, cuando es el afiliado quien, al evidenciar la excesiva demora en el suministro del medicamento
que solicitó vía tutela, decide asumir su costo y procurárselos por sus propios medios. Sentencia T-481 de 2016.
M.P. Alberto Rojas Ríos. Son también los casos en los que las accionantes, ante las trabas y demoras
injustificadas, deciden practicarse la interrupción voluntaria al embarazo, en establecimientos particulares (Ver
T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto y T-988 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)
21 En Sentencia T-025 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos, un inmigrante venezolano, portador de VIH, solicitó a
la Secretaría de Salud de Santa Marta entrega de unos medicamentos indispensables para el tratamiento de su
enfermedad. En el trascurso del proceso de tutela, el accionante logró regularizar su situación en el país y
acceder al régimen contributivo en salud. Fue entonces EPS Sanitas la que hizo entrega de los medicamentos
solicitados inicialmente en la tutela. Ver también T-152 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
18
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Actor: Hernando Blanco García
alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada22; o (iv) el
actor simplemente pierde interés en el objeto original de la litis23.
46.En resumen, la carencia actual de objeto es un concepto desarrollado
jurisprudencialmente en respuesta a casos en los que, por circunstancias acaecidas
durante el trámite de la tutela, esta ha perdido su sustento, así como su razón de
ser como mecanismo de protección inmediata y actual24. Ante tales escenarios, no se
justifica que el juez de tutela profiera órdenes inocuas o destinadas a caer al vacío.
Hasta el momento, la jurisprudencia ha formulado tres categorías en las que estos
casos podrían enmarcarse: hecho superado, daño consumado y hecho sobreviniente
[…]”.
Análisis del caso concreto
32. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
33. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas
en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela y en el escrito de impugnación.
Acervo y análisis probatorios
34. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
34.1. Documentos anexos al escrito de tutela.
22 Son casos relacionados, por lo general, con el fallecimiento del accionante. En Sentencia T-401 de 2018.
M.P. José Antonio Lizarazo Ocampo, la Sala conoció una demanda para que se reconociera la pensión de
invalidez. Sin embargo, en sede de revisión se constató el fallecimiento del demandante, “circunstancia que no
necesariamente puede endilgarse a las actuaciones desplegadas por las entidades demandadas, y que
imposibilita conceder el amparo solicitado”. Ver también T-038 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
23 En Sentencia T-200 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, la Sala evidenció que “como consecuencia del trámite
de su pensión de invalidez, desaparece el interés en lo pretendido mediante la tutela relativo a que se ordene
nuevamente su traslado como docente al municipio de Arjona o a uno cercano a la ciudad de Cartagena, y por
ende cualquier orden emitida en este sentido por la Corte caería al vacío”. Ver también T-319 de 2017. M.P.
Luis Guillermo Guerrero.
24 Entre otras, sentencias T-308 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-170 de 2009. M.P. Humberto Sierra Porto;
T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Actor: Hernando Blanco García
34.2. Resolución núm. CJR23-0213 de 8 de junio de 2023 expedida por la Unidad
de Administración de Carrera Judicial, su anexo y constancia de fijación.
Solución del caso concreto
35. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico, corresponde
a la Sala determinar, en primer lugar, si la solicitud presentada por el actor ha sido
tramitada.
36. En efecto, el actor pretende que mediante el ejercicio de la acción de tutela se
le protejan los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y acceso a
cargos públicos, presuntamente vulnerados por la Unidad de Administración de
Carrera Judicial, al expedir la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de
202325, mediante la cual “[…] se le inadmitió o rechazó al concursante […] por la
causal 3.5., es decir, por no haber, supuestamente, adjuntado en PDF, al momento
de la inscripción en el año 2018 (hace 5 años), la declaración juramentada de
ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para ejercer el cargo de Juez o
Magistrado […] y la Resolución núm. CJR23-0110 de 21 de marzo de 202326, en la
cual se le “[…] mantuvo la EXCLUSIÓN y envió al aquí accionante comunicación
particular identificada con el oficio CJO23-1453 del 17 de marzo de 2023 firmado
todo por la doctora CLAUDIA M. GRANADOS R., Directora de la Unidad de Carrera
Judicial, en el que, de forma genérica, sin dar respuesta a los argumentos,
simplemente manifestaba que, una vez verificado el sistema, no aparecía el PDF
que echaban de menos y que por eso NO ACCEDÍAN a la petición de revocatoria
de la Resolución CJR23-0061 y MANTENIAN LA EXCLUSIÓN DEL CONSURSO
[…]”.
37. La Sala advierte que, la Unidad de Administración de Carrera Judicial dio
cumplimiento a la orden judicial que profirió la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia el 31 de mayo de 2023, dentro de la acción de tutela
25 “Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la
conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
convocado mediante Acuerdo PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018”.
26
“Por medio de la cual se modifica la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, para efectos de incluir
los aspirantes que resultaron admitidos con base en las solicitudes por ellos presentadas”
20
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Actor: Hernando Blanco García
identificada con el número único de radicación 11001023000020230033500, en la
cual dispuso lo siguiente:
“[…] 1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso administrativo,
acceso a cargos públicos, trabajo e igualdad de FREDDY ALEXÁNDER NIÑO
CORTÉS, JESSICA TATIANA GÓMEZ MACÍAS, REYNALDO NICOLÁS FRANCO
CORTÉS, LADY ANDREA BELTRÁN CÁRDENAS y CAMILO ANDRÉS BARRAGÁN
DÍAZ y, por efecto inter comunis, de los demás excluidos en la Fase II de la etapa de
selección de la Convocatoria 27 con sustento en el numeral 3.5. del artículo 3° del
Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el cual establece la «[n]o
presentación de la declaración jurada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades».
2. DEJAR SIN EFECTO parcialmente la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de
2023, mediante la cual se admitió al concurso de méritos a algunos aspirantes, al
tiempo que rechazó la postulación de quienes «[n]o acreditaron las calidades
señaladas en el Acuerdo PCSJA18- 11077 de 2018», exclusivamente respecto de la
exclusión de aspirantes del concurso Convocatoria 27 por la configuración de la
causal de rechazo 3.5. del artículo 3° del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto
de 2018, y todas las actuaciones administrativas que se derivaron de ésta desde ese
momento.
En su lugar, ORDENAR a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de este pronunciamiento, emita un nuevo acto
administrativo teniendo en cuenta las consideraciones aquí contenidas, así como que
adelante los trámites a que haya lugar para permitir que las personas favorecidas y
cobijadas por esta decisión puedan continuar con el concurso.
38.Para la Sala se configuró la carencia actual de objeto por circunstancia
sobreviniente, en la medida en que, durante el trámite del amparo, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de tutela de
31 de mayo de 2023 dejó sin efectos parcialmente la Resolución núm. CJR23-0061
de 8 de febrero de 2023 y, en cumplimiento de dicha providencia, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial admitió dentro de la Convocatoria núm. 27,
adelantada con fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 2018, a todos
los aspirantes, incluido al aquí accionante, que fueron rechazados exclusivamente
por la causal 3.5.
39. La Sala evidencia que, al revisar la Resolución núm. CJR23-0213 de 8 de junio
de 2023, evidencia la cédula de actor y que la misma fue notificada mediante fijación
por el término cinco (5) días hábiles, en el Consejo Superior de la Judicatura. De
igual manera se informó a través de la página web de la Rama Judicial,
www.ramajudicial.gov.co y en los Consejos Seccionales de la Judicatura:
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01929-01
Actor: Hernando Blanco García
40. En ese sentido, la Sala considera que se ha configurado la carencia actual de
objeto por el acaecimiento de una situación sobreviniente, teniendo en cuenta que,
mediante providencia del 31 de mayo de 2023, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia resolvió “[…] dejar sin efecto parcialmente la Resolución
CJR23-0061 del 08 de febrero de 2023 respecto de la exclusión de aspirantes del
concurso Convocatoria 27 por la configuración de la causal de rechazo 3.5. del
artículo 3° del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 […]” y en su
lugar, “[…] ordenó a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial que, […]
emitiera un nuevo acto administrativo encaminado a decidir acerca de la admisión
de aspirantes al concurso de méritos destinado a la conformación del Registro
Nacional de Elegibles […]”. En ese orden de ideas y, en cumplimiento de dicha
orden, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial expidió la Resolución núm.
CJR23-0213 de 8 de junio de 2023, en la que se admitió al actor.
41.Por lo anterior, la Sala advierte que no hay lugar a emitir pronunciamiento
respecto de la solicitud de amparo elevada por el actor, dado que, teniendo en
cuenta la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y
el acervo probatorio obrante en el expediente, la Unidad de Carrera Judicial admitió
dentro de la Convocatoria núm 27 a todos los aspirantes, entre los cuales está
incluido el actor, motivo por el cual los argumentos expuestos que motivaron la
interposición de la presente acción de tutela desaparecieron.
42.Como fundamento en la anterior premisa, debe tenerse en cuenta que el artículo
86 de la Carta Política prevé la acción de tutela como un mecanismo por medio del
cual se busca la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales,
amenazados o conculcados por la acción o la omisión de una autoridad pública o
de determinados particulares. Como consecuencia de ello, resulta claro que, al
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01929-01
Actor: Hernando Blanco García
desaparecer las causas o motivos de la afectación, la acción de tutela pierde su
razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial27.
43.Al respecto, la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia
actual de objeto como “[…] la imposibilidad material en la que se encuentra el juez
de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jurídicos que le han sido encomendados […]”28. La carencia actual de objeto puede
materializarse a través de las siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado (…)
(ii) Hecho superado (…). Y,
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, que se presenta en casos en
que como producto del acaecimiento de una situación sobreviniente cuyo
origen no está en el accionar de la parte demandada, la vulneración predicada
ya no tiene lugar, ya sea porque el actor asumió la carga que no le
correspondía, porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado
de la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la
intervención del juez de tutela […]”29. (Resaltado por la Sala).
44.En ese orden de ideas, para la Sala se configuró la carencia actual de objeto por
hecho sobreviniente, en la medida que, los hechos que originaron la presente acción
de tutela han sido superados y, por consiguiente, no habría lugar a efectuar
pronunciamiento alguno en el asunto sometido a consideración de la Sala.
Conclusiones de la Sala
45. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
sobreviniente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
27
Ver sentencia T-472 de 2017.
28
Ver sentencia T-653 de 2017.
29 Ibidem.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01929-01
Actor: Hernando Blanco García
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: RECONOCER como coadyuvantes a Mary Liliana González Sánchez,
Leidy Oriana Reinoso Bocanegra, Javier Enrique Merlano Sierra, Pili Natalia Salazar
Salazar y Fredy Alexander Niño Cortes, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor Frankly
Fabian Fuquene Rivera, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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