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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01930-00

Fecha
26 de mayo de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01930-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de Xiomara Carrillo Argote, Águeda Isabel Argote Morales, Víctor Hugo Cantillo Carrillo, Jesús Manuel Cantillo Carrillo y Kevin Yochsimir Carrillo Argote, quien actúa en nombre propio y en representación de los menores Kevin José Carrillo Pimentel y Mariana Andrea Carrillo Pimentel vulnerados por el defecto fáctico en el que incurrió la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia proferida el 10 de octubre de 2022 por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, que revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda de reparación directa tramitada bajo el radicado No. 47001-23-33-000-2019-00699- 00/01 (68.683) TERCERO: ORDÉNASE a la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado dictar, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, una nueva sentencia que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva aquí expuesta. CUARTO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación del Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01930-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

26 de mayo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01930-00
Accionante: Xiomara Carrillo Argote y otros
Se concede el amparo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01930-00
Accionantes: Xiomara Carrillo Argote y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Reparación directa / Homicidio
de una persona que había denunciado amenazas en su contra / Defecto fáctico / Se
concede el amparo porque se demostró la configuración del defecto fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta contra la sentencia del 10
de octubre de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A dentro del proceso de reparación directa No. 47001-23-33-000-2019-
00699-00/01. Ese proceso fue adelantado por los accionantes contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y contra la Nación – Fiscalía
General de la Nación, por la omisión de estas en brindar protección al señor Yefri
Manuel Carrillo Argote. En la providencia accionada se revocó la decisión de
primera instancia, que había accedido a las pretensiones y, en su lugar, se negaron
las súplicas de la demanda.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01930-00
Accionante: Xiomara Carrillo Argote y otros
Se concede el amparo

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 19 de abril de 2023, mediante apoderado judicial, Xiomara Carrillo Argote,
Águeda Isabel Argote Morales, Víctor Hugo Cantillo Carrillo, Jesús Manuel Cantillo
Carrillo y Kevin Yochsimir Carrillo Argote, quien actúa en nombre propio y en
representación de los menores Kevin José Carrillo Pimentel y Mariana Andrea
Carrillo Pimentel, interpusieron acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
vulnerados, en su concepto, por la Sección Tercera, Subsección A de esta
Corporación, al negar las pretensiones de la demanda de reparación directa
presentada por aquellos.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:

<<1.- Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de XIOMARA CARRILLO ARGOTE, KEVIN YOCHSIMIR
CARRILLO ARGOTE, AGUEDA ISABEL ARGOTE MORALES, VICTOR HUGO
CANTILLO CARRILLO, JESUS MANUEL CANTILLO CARRILLO, FRANCISCO
CARRILLO POLO (Q.E.P.D.) y de los menores KEVIN JOSE CARRILLO PIMENTEL
y MARIANA ANDREA CARRILLO PIMENTEL vulnerados por la SUBSECCIÓN A,
SECCIÓN TERCERA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
CONSEJO DE ESTADO con ocasión a la expedición de la sentencia de segunda
instancia fechada del 10 de octubre del 2022 y notificada el 27 de octubre del 2022
dictada al interior del proceso de reparación directa No. 47001-23-33-000-2019-
00699-01(68.683).

2.- Se deje sin efecto la decisión contenida en la sentencia de segunda instancia
fechada del 10 de octubre del 2022 por medio de la cual la SUBSECCIÓN A,
SECCIÓN TERCERA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
CONSEJO DE ESTADO revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar negó
las pretensiones de la demanda.

3.- Se ordene a la SUBSECCIÓN A, SECCIÓN TERCERA, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO a proferir nueva
decisión a través de la cual se realice una valoración armónica de todos los medios
de prueba obrantes dentro del proceso de reparación directa que dan cuenta sin
lugar a dudas de la responsabilidad patrimonial de las entidades demandas por su
omisión en atender los deberes constitucionales y legales en los hechos

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Accionante: Xiomara Carrillo Argote y otros
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relacionados con la muerte de YEFRY MANUEL CARRILLO ARGOTE (Q.E.P.D.)
debiendo acceder a las pretensiones de la demanda>>.

B. Hechos

3.- Los accionantes basaron su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El 10 de octubre de 2016 Yefri Manuel Carrillo Argote recibió un mensaje de
texto con una amenaza de muerte. Se lo conminaba a salir del barrio donde vivía
junto con su familia.

3.2.- El 11 de octubre de 2016 recibió otro mensaje de texto en el que se reiteró la
amenaza: <<SRES PILA ESTO NO ES UN JUEGO A PARTIR DEL 17 DE
OCTUBRE TIENEN LOS DIAS CONTADOS CAIGA QUIEN CAIGA AYA USTEDES
SI QUIEREN EL BARRIO LOS ACOSTADOS>>.

3.3.- El 12 de octubre de 2016 el señor Carrillo Argote presentó denuncia ante la
Fiscalía General de la Nación por las amenazas recibidas. La denuncia se radicó
bajo el No. 470016001019201604907.

3.4.- El mismo 12 de octubre de 2016 la Fiscalía ofició al comandante de la Policía
Metropolitana de Santa Marta para que se desplegaran medidas preventivas de
protección a favor de Carrillo Argote.

3.5.- Mediante memorando No. 832 del 15 de octubre de 2016 el Comando
Operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Santa Marta
ordenó que se desplegaran medidas preventivas, consistentes en un curso de
autoprotección, y rondas policiales y patrullajes.

3.6.- No obstante, ese memorando solo fue entregado al comandante del distrito de
policía de Santa Marta el día 18 de octubre de 2016, es decir, un día después del
plazo señalado en las amenazas para que el señor Carrillo Argote y su familia se
fueran del barrio.

3.7.- Mediante memorando No. 235 del 24 de octubre de 2016 el comandante de la
estación de policía de Bastidas asignó al cuadrante No. 11 para que llevara a cabo

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las medidas preventivas a favor de Carrillo Argote. Sin embargo, los agentes de ese
cuadrante no habrían recibido la orden y las medidas nunca se ejecutaron.

3.8.- El 28 de octubre de 2016 el señor Carrillo Argote falleció <<de forma violenta>>
en su residencia.

3.9.- El 12 de diciembre de 2018, los familiares de Carrillo Argote presentaron
demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación por la omisión en la que habrían
incurrido al no brindar protección al señor Carrillo Argote.

3.10.- El 16 de febrero de 2022 el Tribunal Administrativo de Magdalena profirió
sentencia en la que condenó a las demandadas. El tribunal encontró probado que
el señor Carrillo Argote falleció el 28 de octubre de 2016 como consecuencia de las
heridas causadas con un arma cortopunzante. Ello, a pesar de que días antes había
informado a las autoridades que estaba amenazado.

3.10.1.- Si bien el daño fue causado por terceros, señaló que, de conformidad con
la Ley 906 de 2004, la Fiscalía debía adelantar medidas urgentes para proteger a la
víctima, en coordinación con las autoridades de policía, a las cuales les
correspondía ejecutar lo ordenado. Así las cosas, aunque la Fiscalía ordenó a la
Policía que adoptara medidas preventivas, el ente acusador no adelantó más
actuaciones ni hizo seguimiento al cumplimiento de las mismas, a pesar de que las
amenazas, según los mensajes, se materializarían en una fecha próxima.

3.10.2.- Por otro lado, advirtió que la Policía se limitó a elaborar un documento con
las medidas a tomar, pero no hay prueba de que estas finalmente se ejecutaran.

3.11.- La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional apelaron la sentencia.
El ente acusador alegó que la víctima no cumplía los requisitos para ingresar a su
programa especial de protección, ya que no demostró un riesgo extraordinario o
extremo contra su vida; pero en todo caso, sí ordenó a la Policía que adoptara
medidas preventivas, con lo cual cumplió con su deber. Por su parte, la Policía
insistió en que la protección de la víctima correspondía a la Unidad Nacional de
Protección y que el daño era imputable a terceros.

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3.12.- Mediante sentencia del 10 de octubre de 2022 la Sección Tercera,
Subsección A de esta Corporación revocó la sentencia de primera instancia y negó
las pretensiones de la demanda. Consideró que las demandadas no incurrieron en
una falla en el servicio por los siguientes motivos:

3.12.1.- El mismo día que se presentó la denuncia por amenazas, la Fiscalía adoptó
medidas de protección a favor del señor Carillo Argote: informó sin dilación a la
Policía de la situación para que esta adoptara medidas de protección, lo cual fue
corroborado por la Policía en el proceso ordinario. Además, contrario a lo señalado
por la primera instancia, la Fiscalía no tenía el deber de vigilar las actuaciones de la
Policía, pues está obró como cuerpo de seguridad del Estado y no bajo el control
del ente acusador.

3.12.2.- A su vez, el actuar de la Policía tampoco fue determinante para el daño. La
autoridad accionada aclaró que existen distintos niveles de riesgo y que en este
caso no se demostró que el peligro fuera extraordinario o extremo. Así, las medidas
preventivas que adoptó la Policía fueron adecuadas, según la información que se
tenía en el momento. Igualmente, sostuvo que se demostró que esas medidas
fueron ejecutadas, pues por medio de testimonios se verificó que la víctima estaba
al tanto de las labores adelantadas por la Policía.

3.12.3.- La autoridad judicial fundamentó su decisión, entre otras pruebas, en el
testimonio de la señora Wendy Milena Pimentel, a partir del cual concluyó que (i) la
víctima había sufrido amenazas anteriores, que no fueron denunciadas y (ii) en todo
caso, la víctima sí se enteró de las medidas adoptadas. Por último, consideró que
no había certeza en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que
ocurrió el homicidio y si el mismo estaba relacionado con las amenazas.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- Los accionantes alegan que la sentencia objeto de reproche vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
porque incurrió en un defecto fáctico por varias inconsistencias en la valoración de
las pruebas que fueron determinantes para la adopción de la decisión, así:

(i) Afirman que la autoridad judicial accionada <<cercenó>> y valoró
indebidamente el testimonio de la señora Wendy Milena Pimentel (excuñada

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y amiga de la víctima): contrario a lo señalado por la accionada, a partir de ese
testimonio no es posible inferir que la víctima había recibido amenazas
anteriores y que no las informó a las autoridades de forma oportuna. Esa
testigo se refiere únicamente a las amenazas del 10 y 11 de octubre de 2016,
que sí fueron denunciadas.

Tampoco es cierto que esa testigo haya afirmado que la víctima estuviera al
tanto de las medidas preventivas adoptadas, lo que permitió a la accionada
concluir que las mismas sí fueron ejecutadas. En cambio, lo que sí prueba ese
testimonio es que las accionadas incumplieron sus deberes e incurrieron en
una falla del servicio.

(ii) Reprochan que la accionada diera por probado, sin estarlo, que la Policía tuvo
en consideración el nivel de riesgo de la víctima y que adoptó las medidas
pertinentes para mitigar el peligro. En cambio, lo que se demostró es que la
Policía recibió el memorando de la Fiscalía el 18 de octubre de 2016, es decir,
un día después del plazo dado en la amenaza y que estas no se comunicaron
oportunamente al cuadrante asignado.

(iii) Señalan que no es cierto, contrario a lo concluido por la accionada, que las
autoridades demandadas no estuvieran al tanto de la gravedad de las
amenazas: los términos de la amenaza fueron puestos de presente en la
denuncia.

(iv) Reclaman que no se valoró el oficio No. S-2016-356/DISAM-EBASTIDAS-29
del 20 de diciembre de 2016, en el cual se informaron las actividades de
prevención y autoprotección realizadas en el 2016 y en el que no se hizo
referencia a la ejecución de los memorandos No. 832 y 235 a favor del
accionante.

(v) También consideran que la accionada yerra al concluir que no es posible inferir
que el homicidio estuvo relacionado con las amenazas recibidas. Por el
contrario, las pruebas sí permiten advertir con suficiencia que la muerte de
Carrillo Argote estuvo relacionada con las amenazas, pues esta sucedió el
mismo mes en que las recibió, vencido el plazo dado para que se fuera del
barrio y en la escena del crimen se encontró otra amenaza contra el hermano
de la víctima.

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(vi) Indican que sí se demostró un riesgo extraordinario, según los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-020 de 20221.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A (accionado) considera
que la solicitud de amparo no está llamada a prosperar. A su juicio, lo que se
pretende es adelantar una tercera instancia para que se lleve a cabo un análisis
probatorio adicional. Ello, en contravía de los principios de autonomía e
independencia judicial, ya que el juez puede formar libremente su convencimiento.
Para que se configure el defecto fáctico, el estudio probatorio debe ser arbitrario o
caprichoso, lo cual no sucedió.

6.- El Tribunal Administrativo del Magdalena (tercero con interés) solicita que sea
desvinculado del proceso de tutela. Señala que las actuaciones a su cargo se
adelantaron sin vulnerar los derechos fundamentales y que la tutela se funda en una
inconformidad con la decisión adoptada por el juez de segunda instancia.

7.- La Policía Nacional (tercero con interés) sostiene que no se vulneraron los
derechos fundamentales de los accionantes, por lo que debe negarse la solicitud de
amparo. Reitera que en la sentencia atacada se demostró que la Policía obró de
conformidad a la ley y no incurrió en una omisión al deber de protección, pues sí
adoptó medidas encaminadas a salvaguardar a la víctima. Además, la tutela no es
procedente porque no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable.

8.- La Fiscalía General de la Nación (tercero con interés) solicita que se declare la
improcedencia de la acción de tutela. En su opinión, la parte actora: (i) no agotó el
requisito de subsidiariedad; (ii) pretende recuperar oportunidades procesales

1 <<6.2.2. La Corte caracterizó el riesgo extraordinario, como aquel en el que convergen los siguientes rasgos

distintivos: a) “ser específico e individualizable, esto es, no debe tratarse de un riesgo genérico”; b) “ser concreto,
vale decir estar sustentado en acciones o hechos particulares y manifiestos”; c) “ser presente, no remoto o
eventual”; d) “ser importante, esto es, que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos para el
sujeto, por lo cual no puede tratarse de un riesgo menor”; e) “ser un riesgo serio, de materialización probable
por las circunstancias del caso, por lo cual no puede ser improbable”; f) “ser un riesgo claro y discernible, no de
una contingencia o peligro difuso”; g) “ser un riesgo excepcional, en la medida en que no es uno que deba ser
soportado por la generalidad de los individuos” y h) ser desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la
persona de la situación por la cual se genera el riesgo>>.

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perdidas; (iii) no se sustentaron los defectos contra la providencia cuestionada; y
(iv) no se vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes.

9.- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (interviniente), aunque fue
debidamente notificada, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

10.- La Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia de los accionantes porque encuentra que la
autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración
de las pruebas relacionadas a las omisiones de las autoridades demandadas en el
proceso de reparación directa.

10.1.- En consecuencia, dejará sin efectos la providencia objeto de reproche y se
ordenará a la autoridad judicial accionada que profiera una sentencia de reemplazo
en un término de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión.

10.2.- Además, se negará la solicitud de desvinculación del Tribunal Administrativo
del Magdalena porque comparece a este proceso como tercero con interés por
hacer parte del proceso de reparación directa, y no porque sea la autoridad de la
que se predique la vulneración de derechos fundamentales.

E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

11.- Los requisitos generales se cumplen pues: (i) los accionantes indicaron de
manera clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto
es constitucionalmente relevante porque se alega la vulneración del derecho al
debido proceso y acceso a la administración de justicia por un defecto fáctico y los
cargos no fueron objeto de análisis en el proceso ordinario, ya que el reproche se
origina en la sentencia de segunda instancia; (iii) se encuentra cumplido el requisito
de subsidiariedad porque el accionante utilizó todos los mecanismos judiciales a su
alcance para la protección de sus derechos fundamentales y contra la providencia
atacada no procede ningún recurso; (iv) la solicitud se presentó en un término
prudencial (inmediatez), puesto que la decisión de segunda instancia se notificó el
27 de octubre de 2022 y la tutela se presentó el 19 de abril de 2023, es decir, dentro

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del término de 6 meses precisado tanto por esta Corporación2 como por la Corte
Constitucional 3; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.

F. La autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico por indebida
valoración de las pruebas relacionadas con las omisiones de las autoridades
demandadas en el proceso de reparación directa

12.- Los accionantes ponen de presente ciertas irregularidades en la valoración de
las pruebas que la Sala considera determinantes para la decisión que se adoptó en
la sentencia objeto de reproche, por lo que se justifica la intervención del juez
constitucional.

13.-En primer lugar, se cuestiona la valoración del testimonio rendido por la señora
Wendy Milena Pimentel en dos aspectos: (i) no es cierto que esa testigo dijera que
la víctima recibió amenazas anteriores y que no las denunció, y (ii) no es cierto que
la testigo afirmara que la víctima conocía las medidas de protección adoptadas.

14.- En cuanto al punto (i), la Sala advierte que le asiste la razón a la parte actora.
En efecto, la testigo Pimentel no hizo referencia a amenazas anteriores que no
fueron informadas a las autoridades, sino que se pronunció sobre aquellas recibidas
el 10 y 11 de octubre de 2016. En cambio, la testigo precisó que solo cuando se
recibió la segunda amenaza (11 de octubre), la víctima denunció los hechos.

14.1.- Lo anterior resulta relevante para la decisión cuestionada, pues la autoridad
accionada consideró que la Policía Nacional y la Fiscalía no pudieron valorar
debidamente el nivel de riesgo de la víctima, en parte, porque no habría denunciado
oportunamente las amenazas. En la sentencia objeto de reproche se señaló:

<<En efecto, en el sub lite rindió declaración la señora Wendy Milena Pimentel,
quien dijo tener una amistad muy cercana con la víctima directa y sostuvo que él
había recibido amenazas de tiempo atrás, pero que no había hecho nada
inicialmente y que estas le habían generado problemas cardíacos y lo habían
llevado a bajar de peso; sin embargo, el señor Carrillo Argote no hizo alusión a
esa situación al formular su denuncia, de hecho indicó que ni él ni su familia

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-

01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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habían recibido algún tipo de amenaza previa, omisión con la cual impidió que la
parte demandada estuviera al tanto de su situación real>> (subraya la Sala).

14.2.- No obstante, la anterior conclusión no se desprende del testimonio de la
señora Pimentel. La testigo señaló que:

<<(…) tuve conocimiento inmediatamente porque creo que fui a la primera persona
que le contó lo de la amenaza fue a mí, me llamó, estaba muy asustado porque él
no sabía porque lo estaban amenazando, más sin embargo no hizo nada así al
comienzo, cuando recibió la otra amenaza cuando ya le dijeron que le dieron
plazo, le dijeron a partir de tal día te tienes que ir porque esto no es un juego, es en
serio, fue cuando puso una denuncia (…)>> (subraya la Sala).

14.3.- Al estudiarse el testimonio en conjunto con otras pruebas, se observa que la
señora Pimentel se refiere a dos amenazas: una primera que no fue denunciada y
que fue recibida el 10 de octubre de 2016, y otra del día siguiente, en la que se fijó
un plazo para que la víctima y su familia se fueran del barrio en el que vivían, la cual
sí fue denunciada ante las autoridades. Ello concuerda, por ejemplo, con el relato
de los hechos planteados en la denuncia presentada el 12 de octubre:

<<El día 10 de octubre de 2016 (…) me llegó a mi celular (…) un mensaje de texto
de índole amenazante el cual me manifiestan que mi familia y yo tenemos una
semana para irnos del barrio (…), y el día de ayer 11 de octubre de 2016 (…) me
enviaron otro donde manifiestan que nos pongamos pilas (…) que a partir del día 17
de octubre de 2016 teníamos los días contados (…)>>.

14.4.- Así las cosas, la valoración del testimonio de la señora Pimentel no fue
adecuada. Ella no afirmó la existencia de amenazas anteriores al 10 de octubre de
2016 que no fueron denunciadas, por lo que no puede decirse que la víctima no
puso de presente su nivel de riesgo de forma oportuna.

15.-Por otro lado, en cuanto al punto (ii) se advierte que la testigo Pimentel afirmó
que la víctima conocía las medidas preventivas que se iban a adoptar. En el
testimonio se indicó: <<(…) solamente le dijeron que le iban a dar unas medidas
preventivas que le dieron el número del cuadrante y le iban a hacer rondas (…)>>.

15.1.- A partir de lo anterior, la autoridad accionada concluyó que las medidas
efectivamente se ejecutaron. En la providencia accionada se señaló:

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<<si bien en el expediente no obra constancia del registro en el libro de población
de las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional, lo cierto es que la testigo
antes enunciada, que compareció por solicitud de la demandante y que fue enfática
en su amistad íntima con la víctima directa, manifestó que al señor Yefry Manuel
Carrillo Argote se le informó sobre las medidas preventivas, así como el número del
cuadrante y se le puso al tanto de las labores de patrullaje que se adelantarían.

Como consecuencia, distinto a lo expuesto en primera instancia, las medidas de
protección sí fueron ejecutadas>>.

15.2.- Ahora bien, al revisarse lo dicho por la testigo Pimentel, se advierte que esta
solo pone de presente que la víctima conocía que <<le iban a dar unas medidas
preventivas>>, pero no demuestra que, efectivamente, se materializaron. Por el
contrario, no hay prueba de que se llevaron a cabo rondas y paso de revista policial
a la víctima.

16.- Este punto coincide con otro de los reproches presentados en el escrito de
tutela, relacionado con la valoración del oficio No. S-2016-356/DISAM-EBASTIDAS-
29 del 20 de diciembre de 2016. Ese oficio fue aportado por la Policía Nacional en
la contestación de la demanda de reparación directa y da cuenta de las medidas de
prevención ejecutadas en el 2016 por parte de la estación de policía que tendría a
cargo la protección de la víctima.

16.1.- En ese oficio no se relaciona ninguna medida a favor de la víctima, a pesar
de que en el oficio se incluyeron incluso las medidas que fueron desistidas. La
autoridad accionada omitió pronunciarse al respecto.

16.2.- La autoridad judicial accionada reconoce que no se encontraron registros de
las actuaciones de la Policía en el libro de Población, a pesar de que ello era su
deber, según lo indicó la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Metropolitana
de Santa Marta en el memorando No. 832 del 15 de octubre de 2016.

16.3.- Así las cosas, la decisión se funda en la afirmación de una testigo, según la
cual la víctima fue informada de que se iban a adelantar medidas a su favor. Pero
no existe constancia de la ejecución material de las mismas, ni siquiera en los
archivos aportados por la misma Policía Nacional.

16.4.- La carga de demostrar las medidas adoptadas por las autoridades le
corresponde a estas mismas, pues la víctima cumple con denunciar los hechos y

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poner de presente la situación de riesgo, lo cual en este caso habría ocurrido de
forma oportuna.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia de Xiomara Carrillo Argote, Águeda Isabel Argote
Morales, Víctor Hugo Cantillo Carrillo, Jesús Manuel Cantillo Carrillo y Kevin
Yochsimir Carrillo Argote, quien actúa en nombre propio y en representación de los
menores Kevin José Carrillo Pimentel y Mariana Andrea Carrillo Pimentel
vulnerados por el defecto fáctico en el que incurrió la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia proferida el 10 de octubre de
2022 por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, que revocó la
sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda de
reparación directa tramitada bajo el radicado No. 47001-23-33-000-2019-00699-
00/01 (68.683)

TERCERO: ORDÉNASE a la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado dictar, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, una nueva sentencia que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva
aquí expuesta.

CUARTO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación del Tribunal Administrativo del
Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

SEXTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión

12

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01930-00
Accionante: Xiomara Carrillo Argote y otros
Se concede el amparo

SÉPTIMO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

13

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