Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01944-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01944-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01944-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
2 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01944-01
Actor: Resguardo Mayor Indígena Tamaz del Caguán Dujos Paniquita y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01944-01
Demandantes: RESGUARDO MAYOR INDÍGENA TAMAZ DEL CAGUÁN
DUJOS PANIQUITA Y LA COMUNIDAD INDÍGENA PIJAO
AGUA FRÍA PATA LOS AIPES
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DEPARTAMENTO DEL
HUILA, MINISTERIOS DEL INTERIOR Y DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL, AUTORIDAD NACIONAL DE
CONSULTA PREVIA, DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
ROM Y MINORÍAS Y AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derecho a la consulta previa,
libre e informada de los pueblos indígenas Tamaz del Caguán Dujos
Paniquita y la Comunidad Indígena Pijao Agua Fría Pata Los Aipes
en el marco del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia
mundial de la vida” (Ley 2294 del 19 de mayo de 2023), el Plan de
Desarrollo Huila Crece (Ordenanza 020 de 2020). Improcedencia
general de la acción de tutela cuando se dirige contra actos de
carácter general, impersonal y abstracto
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia
de 23 de junio de 2023, dictada por la Sección Tercera, Subsección “C” del
Consejo de Estado, que decidió lo siguiente:
“PRIMERO. DECLARAR la falta de legitimación de Camilo Manuel Quiroga Páez,
Esmeralda Quiroga Páez, Lizcano Basto Amézquita y Luz Marina Vargas Espinosa
para actuar en representación de la Comunidad Indígenas Pijaos El Vergel.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTES las pretensiones de la acción de tutela
interpuesta por el Resguardo Mayor Indígena Tamaz del Caguán Dujos Paniquita y la
Comunidad Indígena Pijao Agua Fría Pata Los Aipes, por los motivos expuestos en
esta providencia”.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La parte actora señaló que el resguardo ancestral Paniquita, está conformado por
los pueblos Tamaz Dujos y Pijaos, ubicados en el departamento del Huila.
Manifestó que están en “alto riesgo de exterminio físico y cultural” y al referirse a
las causas de esa amenaza señaló, de forma general, “las acciones y omisiones
del gobierno nacional y departamental”.
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Afirmó que la interacción con otras culturas ha obligado a la comunidad indígena a
emplear otras lenguas que no han logrado comprender integralmente, lo que los
ha puesto en una situación de desventaja en la comunicación con las autoridades
locales y nacionales, que se aprovechan de esa falta de entendimiento para
supuestamente engañarlos en el desarrollo de las mesas de concertación para
omitir el cumplimiento de los deberes estatales frente a la protección de los
pueblos indígenas.
2. Fundamentos de la acción
Los demandantes presentaron la acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales a la consulta previa, vida, seguridad alimentaria, salud, vivienda
digna, agua, trabajo, “recrear la espiritualidad y cultura propia indígena”, educación
propia e intercultural, propiedad colectiva e individual, libertad de expresión,
participación, derechos de los niños, niñas y adolescentes, los cuales consideró
vulnerados porque no se realizó la consulta previa sobre los planes de desarrollo
nacional y departamental, así como en otros programas públicos que afectan
directamente la vida de los pueblos indígenas Tamaz Dujos y Pijaos.
Comenzó por referirse de manera general al alcance de los derechos
fundamentales a la autonomía, participación, autodeterminación y diversidad
étnica y cultural de las comunidades indígenas, para lo cual transcribió apartes de
sentencia SU-092 de 2021.
En ese orden, se refirió ampliamente a la conformación y competencia de las tres
ramas del poder público. Al respecto, resaltó que los resguardos indígenas como
entes territoriales autónomos también tienen la división tripartita dentro de los
límites de la autonomía y autogobernanza atendiendo los usos tradiciones,
costumbres, cultura, espiritualidad, economía propia, territorialidad,
concretamente. Explicó que el cabildo es la institución político-administrativa que
se equipara a los alcaldes y gobernadores, y tiene a su cargo la ejecución de
leyes, programas, proyectos y presta servicios comunitarios.
Sostuvo que los derechos consagrados en el artículo 286 de la Constitución
Política han sido vulnerados por el Gobierno Nacional, en tanto garantiza la
participación de las comunidades indígenas pero de manera formal, pues somete
a los pueblos étnicos a sus condiciones, y desconoce el enfoque diferencial étnico
al aplicar criterios homogeneizadores que excluye sus creencias y cultura, a lo que
agregó que no proporciona los recursos económicos necesarios para la ejecución
de los proyectos sociales que benefician a la comunidad, esto último, consideró,
constituye una amenaza del derecho fundamental a la vida.
Bajo el escenario descrito, adujo que la Presidencia de la República, los
Ministerios del Interior, Agricultura y Desarrollo Rural, la Dirección de Asuntos
Indígenas Rom y Minorías, la Gobernación del departamento del Huila, la
Autoridad Nacional de Consulta Previa y la Mesa Permanente de Concertación
Nacional, la Agencia Nacional de Tierras ejecutan actos de discriminación y
exclusión de los pueblos indígenas Tamaz Dujos y Pijaos.
Sobre el particular, de manera general señaló que no se ha permitido la
participación en “las concertaciones” como un pueblo indígena independiente de
los demás -la Sala entiende que lo que controvierte es que no se realicen los
procesos de consulta previa con los pueblos demandantes-. En este punto,
aseveró que la creación de la Mesa Permanente de Concertación desconoce la
autonomía de los pueblos indígenas, en tanto pretende otorgar un trato idéntico a
las comunidades, sin tener en cuenta que no existe identidad cultural entre las
mismas.
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En ese orden, expresó que conforme a los anteriores reproches la consulta previa
sobre el plan nacional de desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida”,
ejecutada a través de la Mesa Permanente de Concertación, es ineficaz porque
también parte de un criterio de homogenización de los pueblos indígenas que no
es válido. Agregó que, igualmente, el plan de desarrollo del Huila “Huila Crece”,
no fue consultado a la comunidad indígena que representa pese a que fue
solicitado en su oportunidad, no obstante, dicha petición fue negada bajo el
argumento de que se había efectuado un “arreglo directo” con el Consejo Regional
de Indígenas del Huila -CRIHU-.
También, reprochó que el plan nacional de desarrollo no contenga un programa de
gobierno independiente para cada resguardo indígena. En ese sentido, explicó
que en los planes de gobierno no se determina un plan de inversión con destino a
los pueblos indígenas de manera específica lo que amenaza la “operatividad de la
autonomía”.
De igual modo, señaló que no se realizó consulta previa respecto de los planes de
ordenamiento territorial del Huila, de seguridad alimentaria “de aguas y de políticas
públicas”.
De otra parte, consideró como causa de la vulneración de los derechos
fundamentales el incumplimiento de la construcción de cinco malocas en territorios
indígenas, ya que el Gobierno local le está dando prioridad a otras obras que no
son esenciales y que no benefician a todos los pueblos. Adujo que, además, se
origina un detrimento patrimonial porque se invirtieron recursos públicos en la
edificación inconclusa de esas malocas.
Asimismo, alegó la inconstitucionalidad de los Decretos 1397 de 1996 “por el cual
se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de
Concertación con lo pueblos y organizaciones indígenas y se dictan otras
disposiciones” y 0075 de 2019 “por el cual se crea la esa permanente de
concertación para los pueblos indígenas del departamento del Huila”. En ese
sentido, adujo que se desconoce que cada pueblo indígena tiene su propia
autoridad tradicional, reglamentos, programas y proyectos de vida por lo que no
todos son iguales y no se pueden ver representados por una sola organización.
Además, adujo que emplean un lenguaje confuso para engañarlos en cuanto al
alcance de los términos concertación, diálogo, acuerdos, negociación,
participación, colaboración, contribución e intervención.
En este punto, aseveró que “estas mesas de concertación así conforme están
rigiendo bajo un sistema politiquero, económico, coyuntural y descompuesto, se
ha convertido en un obstáculo para el fortalecimiento y desarrollo de los entes
territoriales indígenas y en obstáculo para el fortalecimiento y desarrollo de los
entes territoriales indígenas y con ello la exclusión y vulneración a todos los
derechos integrales fundamentales y de existencia de la colectividad de los
pueblos indígenas”.
En definitiva, la Sala entiende que los reproches constitucionales consisten en que
no se realizó consulta previa con los pueblos indígenas Tamaz Dujo y Pijaos sobre
los planes de desarrollo nacional y departamental del Huila, la existencia de la
Mesa Nacional de Concertación como instancia de representación de todos los
pueblos indígenas y el incumplimiento generalizado de los deberes estatales
frente a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente,
los dirigidos a mitigar el riesgo de extinción.
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3. Pretensiones
La parte actora formuló en el escrito de tutela las siguientes:
“1) que se nos ampare el derecho constitucional, los derechos fundamentales
DERECHO A LA AUTONOMÍA, A LA AUTODETERMINACIÓN Y A LA DIVERSIDAD
ETNICA Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS SUS COMUNIDADES y se
proteja con acciones de fondo, el derecho a la vida y sus conexos como consecuencia
de lo anterior se ordene a los Gobiernos Nacional, Departamental y Municipal y todas
sus dependencias, secretarías, ministerios y demás instituciones, la coordinación y
articulación e inclusión del plan de vida integral o su equivalente del Pueblo Tamaz,
Dujos Pijaos y demás pueblos indígenas; a los planes de desarrollo Nacional,
Departamental y Municipal; que dicha inclusión se ejecute con sus respectivas
financiación y presupuestos para los propios etnoprogramas integrales.
2) que se nos ampare el derecho constitucional, los derechos fundamentales
DERECHO A LA AUTONOMÍA, A LA AUTODETERMINACIÓN Y A LA DIVERSIDAD
ETNICA Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS SUS COMUNIDADES como
consecuencia de lo anterior, se ordene a las instituciones y dependencias aquí
descritas; sector administrativo los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de
Salud y Protección Social, de Educación, de Cultura, de Deporte, de Hacienda y
Crédito Público, de Vivienda Ciudad y Territorio, de Transporte, de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones, de Ciencia Tecnología e Innovación, de la
Igualdad y la Equidad, al Departamento Nacional de Planeación, Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la
Función Pública, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
Departamento Administrativo de Estadísticas DANE, se coordinen, articulen, financien y
ejecuten todos los planes, programas, proyectos y actividades de los planes de vida o
sus equivalentes dentro del marco del enfoque diferencial, cultural espiritual, étnico
territorial indígena de o por cada pueblo indígena, para que todos los derechos
constitucionales y los derechos fundamentales al territorio, a la salud propia indígena,
al agua al ambiente, a la etnoeducación propia indígena, a la economía propia
indígena, a la alimentación adecuada, seguridad y soberanía alimentarias, a la vivienda
tradicional digna a tener comunicación y vías de acceso adecuadas, al trabajo entre
otros y demás se mitiguen, corrijan y restauren dichos derechos en cuestión aquí
invocados para su protección.
3) que se nos amparen y se proteja el derecho constitucional y del bloque de
constitucionalidad a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, como pueblos
indígenas que somos minoría dentro de las minorías indígenas y en alto riesgo de
desaparición como cultura y como único pueblo indígena de la raza o etnia Tamaz
Dujos en Colombia y pueblo pijaos y demás pueblos indígenas. Y que por parte del
Gobierno Nacional Departamental y Municipal; se ejecuten y realicen de fondo y con el
debido proceso las consultas previas con nuestros pueblos indígenas directamente en
materia de leyes y el plan de desarrollo Colombia potencia mundial de la vida. Y A
NIVEL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA QUE SE ejecuten y realicen de fondo y con
el debido proceso las consultas previas con nuestro pueblos indígenas directamente en
materia de MEDIDAS ADMINISTRATIVAS LAS CUALES SON: EN POLÍTCAS
PÚBLICAS de salud mental, de la mujer y otras del plan de desarrollo 2020-2023 “Huila
Crece” y el plan departamental de aguas, el plan de seguridad alimentaria, el plan de
ordenamiento del departamento del Huila y otros planes, los cuales hasta el sol de hoy
no han hecho las consultas previas correspondientes. Para que por intermedio de la
realización de las consultas previas se mitiguen, corrijan y restauren todos los impactos
negativos que hoy día persisten vigente que están agravando la vulneración a los
derechos fundamentales de nuestros pueblos indígenas. Ya que estos planes y
medidas administrativas vigentes hoy día, nos están causando graves e inmensos
impactos negativos a nuestro pueblos indígenas, como son homogenización a la
cultura propia indígena, no existe financiación ni presupuestos para ejecutar los planes,
programas, proyectos y actividades propias ancestrales y culturales de los planes de
vida, no insertan los planes de vida en dichos planes y políticas públicas y con esto
vulneran los derechos de nuestros pueblos indígenas por acción y omisión de la ley.
5) Que se empare el derecho constitucional, los derechos fundamentales DERECHO A
LA AUTONOMÍA, A LA AUTODETERMINACIÓN Y A LA DIVERSIDAD ETNICA Y
CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS SUS COMUNIDADES -protección
constitucional petición y como consecuencia de lo anterior se ordene al MINISTERIO
DEL INTERIOR Y PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBA; Y AL
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA modificar, actualizar, restructurar
el decreto nacional 1397 de agosto de 8 de 1996 NACIONAL; al igual que el Decreto
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Departamental del Huila 0075 de 2019 y los demás decretos leyes que solo son de
forma para concretar, dialogar, sin ningún asidero constitucional y de derechos, los
cuales en su articulado se refieren a la población indígena con palabras
etimológicamente disimiles en su concepto y definición, pero que tienen
gramáticamente parecidos o simulan ser lo mismo, pero en verdad técnica no lo son, y
por ello no tienen concordancia jurídica ni jurisprudencial constitucional para los fines
para los cuales fueron creados. Urge y es prioritario que las reformas a dichos decretos
y leyes sean concretas y libres de la experticia de evasión de responsabilidades
constitucionales. Recuerden los pueblos indígenas somos sujetos de derechos:
constitucionales y de derechos de primera, segunda, tercera, cuarta, y demás
categorías, recuerden constitucional y jurisprudencialmente los derechos son
inalienables e imprescriptibles, estos no se concertan, ni se negocian, se ejecutan y se
cumplen o se hacen cumplir jurídicamente, en tal virtud todos estos derechos se tienen
es que articular y coordinar para ejecutarlos y cumplirlos. Por ello, esta pretensión 5 es
para restituir los derechos vulnerados y todo un cumulo de cosas inconstitucionales que
están causando gravemente impactos negativos a nuestros pueblos indígenas.
6) Que se ampare el derecho constitucional DERECHO A LA AUTONOMÍA, A LA
PARTICIPACIÓN, A LA AUTODETERMINACIPÓN Y A LA DIVERSIDAD ETNICA Y
CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SUS COMUNIDADES -protección
constitucional; petición y como consecuencia de lo anterior, que se ordene a los entes
territoriales Nacional, Departamental y Municipal, que coordinen y articulen de fondo en
el menor tiempo posible las reformas a los decretos en cuestión aquí estipulados, para
que se generen mediante estos decretos reformados la coordinación y articulación
vinculante y obligaciones sujetas a derecho y a presupuestos, para el cumplimiento de
metas y cierre de brechas de inequidad, de los ODS, y Estado de cosas
inconstitucional con ocasión a la desarticulación de los Entes Territoriales y sus
dependencias, la Unidad de Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras, Ministerio del
Interior y demás ministerios e instituciones o dependencias.
7) Que se ampare el derecho constitucional DERECHO A LA AUTONOMÍA, A LA
PARTICIPACIÓN, A LA AUTODETERMINACIPÓN Y A LA DIVERSIDAD ETNICA Y
CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SUS COMUNIDADES -protección
constitucional; petición y como consecuencia de lo anterior, democratización y cambios
de objetos, funciones y de representación indígena de la Mesa Permanente de
Concertación Nacional MPC y Regional, mediante la reestructuración de los decretos
Nacional 1397 de agosto 8 de 1996; al igual que el Decreto Departamental del Huila,
0075 de 2019; en donde los delegados a esas mesas de articulación y coordinación
sean autoridades propias y/o cabildantes en ejercicios de sus funciones, desde los
territorios de los pueblos indígenas en la esfera del Gobierno propio y de la jurisdicción
especial indígena. Y se prosiga con el mismo lineamiento de los planes de salvaguarda
que son construidos y administrados por sus parcialidades de indígenas, sus
autoridades propias y por sus comunidades que conforman cada uno de los pueblos
indígenas, sus autoridades propias y por sus comunidades que conforman cada uno de
los pueblos indígenas. Y de esta manera de fondo se previene y se extingue, la
homogenización y exterminio de las culturas propias indígenas de cada pueblo.
8) Que se ampare los derechos constitucionales y los fundamentales, derecho a la vida
y sus conexos DERECHO A LA AUTONOMÍA, A LA COORDINACIÓN Y
ARTICULACIÓN JURISDICCIONAL INDÍGENA CON TODO SU PLAN DE VIDA
INTEGRAL, A LA AUTODETERMINACIÓN Y A LA DIVERSIDAD ETNICA Y
CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SUS COMUNIDADES -protección
constitucional; petición y como consecuencia de lo anterior, se garantice la
coordinación, articulación e inclusión de la jurisdicción especial indígena
politicoadministrativa, por parte de la Presidencia de la República, Gobernaciones y
Alcaldías municipales que permita la INCLUSIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
PARA LA inversión enfoque diferencial, cultural, espiritual, étnico territorial indígena; En
la ejecución, el desarrollo operativo de los programas, planes, proyectos y actividades
de los planes de vida y/o sus equivalentes para la materialización de la autonomía
ancestral indígena como garantía de derechos constitucionales y demás derechos.
Como pueblos indígenas Tamaz Dujos resguardo Paniquita y Pijaos del Huila y demás
pueblos indígenas de Colombia con especificidad para pervivir en su integralidad; como
cultura y como pueblo indígena en el tiempo. HOY DIA no estamos recibiendo
presupuestos, ni financiación por parte de ningún ministerio, ni por parte de secretarias
y dependencias departamental del Huila hasta el sol de hoy. Y sin presupuestos todos
sabemos de antemano que no se hace nada.
9) que se ampare los derechos constitucionales y los fundamentales, derecho a la vida
y sus conexos DERECHO A LA AUTONOMÍA, A LA COORDINACIÓN Y
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Actor: Resguardo Mayor Indígena Tamaz del Caguán Dujos Paniquita y otros
ARTICULACIÓN JURISDICCIONAL INDÍGENA CON TODO SU PLAN DE VIDA
INTEGRAL, A LA AUTODETERMINACIÓN Y A LA DIVERSIDAD ETNICA Y
CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SUS COMUNIDADES protección
constitucional; como consecuencia de lo anterior se garantice por parte del Ministerio
de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural el
derecho a nuestra madre naturaleza, el derecho a la tierra el derecho a la seguridad y
soberanía alimentaria y se realice la financiación para compra de predios y la
ampliación del resguardo indígena y se apoyen e implementen proyectos de seguridad
y soberanía alimentaria; ya que estamos mas de 150 familias Tamaz Dujo sin tierras
sin resguardo y SE CONSTITUYAN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS PARA EL
PUEBLO PIJAO del Norte del Huila comunidad El Vergel y comunidad Chirico Pina
Pata; que dichas garantías de derecho no sean loterías gubernamentales, no sean por
intermedio de convocatorias, que sean de manera directa dadas las circunstancias de
tiempo, modo, lugar, bajo el enfoque de derechos que sea garantía real directa bajo el
enfoque diferencial cultural espiritual étnico territorial indígena,
Que dichas garantías constitucionales no pasen a manos de la Comisión Nacional de
Territorios Indígenas, ni pasen a manos de la Mesa de Concertación Nacional para que
las organizaciones de indígenas entre si decidan por el Gobierno Nacional, a quién se
le aprueba y a quién no se le aprueba, este es uno de los yerros del Decreto 1397 de
1996, que a su vez es contradictorio en su ARTÍCULO 14 AUTONOMÍA INDÍGENA.
(…)
10) que se nos amparen y se protejan los derechos constitucionales y los derechos
fundamentales en la esfera del Gobierno propio, DERECHO A LA AUTONOMÍA, A LA
AUTODETERMINACIÓN Y A LA DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS SUS COMUNIDADES; la jurisdicción, ámbito y competencia
político-administrativa que ejercen las autoridades y/o cabildos indígenas, como
consecuencia de lo anterior, se ordene al Ministerio de Educación Nacional y secretaría
de Educación Nacional del Huila, presupueste y financie desde su plan de desarrollo
nacional y departamental, la construcción del sistema de educación propia indígena
“SEIP” de nuestros pueblos en cuestión Tamaz Dujos y Pijaos y que, en ese orden
político-administrativo presupuestal y financiero se siga sosteniendo la ejecución
aplicabilidad del SEIP en su integralidad. Ordene al Ministerio de Salud y Protección
Social y Secretaría de Salud del Huila presupueste y financie desde su plan de
desarrollo Nacional y Departamental, la construcción del Sistema Indígena de Salud
Propia Intercultural “SISPI” de nuestros pueblos en cuestión Tamaz Dujos y Pijaos; y
que en ese orden político-administrativo presupuestal y financiero se siga sosteniendo
la ejecución y aplicabilidad del SISPI en su integralidad. Un principio de pensamiento
espiritual de uso ancestral, costumbristas, tradicional y de nuestra ciencia natural y
cultural indígena, es que todo bajo el sol y después del sol se mueve ejecuta y
desarrolla es bajo sistemas integrales que son la razón de ser de la vida de todo ser.
Esta pretensión No 10 es concordante con las pretensiones No 2 y 3 las cuales esta
petición No 10 es el procedimiento para que se articule coordine y ejecute el plan de
vida y con ello se aplique el enfoque diferencial espiritual, cultural, étnico territorial
indígena de cada uno de los pueblos indígenas existentes en Colombia “115”.
11) que se nos amparen y se protejan los derechos constitucionales y los derechos
fundamentales en la esfera del Gobierno propio, DERECHO A LA AUTONOMÍA, A LA
AUTODETERMINACIÓN Y A LA DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS SUS COMUNIDADES; la jurisdicción, ámbito y competencia
político-administrativa que ejercen las autoridades y/o cabildos indígenas, como
consecuencia de lo anterior, se ordene a la AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA
PREVIA que cuando certifique la existencia de población étnica indígena en Colombia
con motivos de consultas previas, SE TENGA EN CUENTA la zona de influencia de
dichos resguardos indígenas, EL AMBITO POLITICOADMINISTRATIVO,
SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL QUE HACEN PARTE ACCESORIA DE HECHO Y
EN DERECHO AL MABITO TERRITORIAL INDÍGENA recuerden que los resguardos
indígenas no son cárceles para los indígenas, ni son un sitio geográfico de
confinamientos para los pueblos indígenas; como lo están haciendo ver hoy en día en
sus certificaciones, que certifican solo el resguardo, desconociendo las zonas de
influencia, sus zonas de interés espiritual, cultural o socioeconómico y demás. De igual
manera se orden a la AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA “DANCP” que
ejecute los seguimientos a los acuerdos de la consulta previa de fondo, con eficiencia y
eficacia, ya que hasta el momento no ha habido debido proceso en los seguimientos de
manera fáctica con nuestro pueblo Tamaz Dujos Resguardo Paniquita desde el fallo de
la Corte Constitucional Sentencia T-1080 de diciembre de 2012, hasta la fecha la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena no ha cumplido en su integralidad
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y a cabalidad con los acuerdos, a dicha medida administrativa y fallo de la Corte y la
dirección de la autoridad nacional de consulta previa no ha realizado revisión en campo
en terreno, no ha realizado inspección ocular ni ha realizado un peritazgo para que de
fondo y con eficacia y eficiencia se pronuncie ante el juez de seguimiento, A PESAR
DE QUE LA AUTORIDAD Y COMUNIDAD DEL PUEBLO TAMAZ DUJOS LES HA
REITERADO MUCHAS VECES QUE LACAM NO HA CUMPLIDO CON LOS
ACUERDOS DE DICHA CONSULTA PREVIA EN MEDIDA ADMINISTRATIVA
CONCESIÓN DE LAS AGUAS DEL RIO ARENOSO Y SUS AFLUENTES POR ELLOS
SE INVOCA ESTA PETICIÓN A QUE SE NOS AMPAREN ESOS DERECHOS AL
AGUA ALIMENTACIÓN Y A LA CONSULTA PREVIA, QUE AUN QUE ESTA
AMPARADOS, LA DANCP NO HA SIDO GARANTE PARA QUE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM CUMPLA “son ya 11 años y
dichos derechos continúan vulnerados”. No hay garantías por la DANCP”.
4. Pruebas relevantes
En la demanda de tutela se anunciaron como anexos varios documentos, sin
embargo, al presentarla en el aplicativo para la recepción de tutelas y hábeas
corpus en línea, no se adjuntaron.
5. Trámite procesal
5.1. Inicialmente, la acción de tutela fue radicada ante el Juzgado Primero Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva que por auto de 19 de abril
de 2023, remitió el expediente al Consejo de Estado, teniendo en cuenta las
reglas de reparto establecidas en el Decreto 333 de 2021, en tanto una de las
autoridades demandadas es la Presidencia de la República.
5.2. Por auto de 21 de abril de 2023, la Sección Tercera, Subsección “C” del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó que se notificara a la parte
actora y a las autoridades demandadas, y como terceros interesados en el
resultado del proceso a los ministerios de Salud y Protección Social, de
Educación Nacional, de Cultura, del Deporte, de Hacienda y Crédito Público, de
Trabajo, de Justicia y del Derecho, de Defensa Nacional, de Minas y Energía, de
Comercio, Industria y Turismo, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Vivienda
Ciudad y Territorio, de Transporte, de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Igualdad y Equidad; y a
los departamentos Nacional de Planeación, Administrativo de la Presidencia de la
República, Administrativo de la Función Pública, Administrativo de la Prosperidad
Social y Administrativo Nacional de Estadística.
De igual forma, requirió a los accionantes para que identificaran las acciones u
omisiones concretas por las que consideran que cada una de las autoridades
accionadas y vinculadas vulneran sus derechos fundamentales y explicaran los
motivos que los legitiman para actuar en representación de las Comunidades
Pijaos El Vergel y Chirico Pina Pata los Aipes.
La parte accionante atendió ese requerimiento en un escrito en el que explica,
respecto de las siguientes entidades demandadas, las causas de la vulneración
ius fundamental alegada, en los siguientes términos:
• Respecto de la Presidencia de la República precisó que los reproches
consisten en que se omitió la consulta previa al Plan Nacional de
Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.
Asimismo, afirmó que vulnera los derechos fundamentales invocados con
la expedición del Decreto 1397 de 1996, por el cual se creó la Mesa
Permanente de Concertación porque al amparo del mismo se está
trasladando la responsabilidad del cumplimiento de los deberes estatales
frente a los pueblos indígenas a dicha mesa sin asumir su parte.
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Actor: Resguardo Mayor Indígena Tamaz del Caguán Dujos Paniquita y otros
En este punto, precisó que, en su criterio, no resulta válido que el
procedimiento de consulta previa se realice con la Mesa Nacional de
Concertación porque no representan a todos los pueblos como es el caso
de la comunidad demandante.
• En relación con el departamento del Huila, el gobierno departamental
indicó que la vulneración se concreta en que no se garantizó el derecho a
la consulta previa sobre el Plan de Gobierno departamental “Huila crece”.
En ese sentido, explicó que en el departamento del Huila existen ocho
pueblos indígenas de los cuales en su mayoría están organizados
conforme lo establecido en el Decreto 1088 de 1993, y conforman el
Consejo Regional Indígena de Huila -CRIHU-. No obstante, afirmó que dos
pueblos indígenas con tres comunidades y un resguardo indígena no están
vinculados a ninguna organización nacional y regional, porque consideran
que los líderes delegados de las comunidades indígenas están
suplantando a las autoridades indígenas, sus comunidades y los entes
territoriales resguardos indígenas.
La parte actora manifestó que los pueblos indígenas que representa fueron
excluidos de los planes de presupuesto para financiar los programas y
proyectos de la comunidad lo que amenaza la existencia de la colectividad.
Indicó que los programas de concertación no son válidos porque se
desarrollan únicamente con las comunidades que conforman el CRHU a la
que ellos no pertenecen. En este punto, reiteró que no es posible
homogeneizar a todos los pueblos indígenas como lo están haciendo las
autoridades demandadas.
• Afirmó que el Ministerio del Interior participa en la Mesa Permanente
de Concertación, en donde ejerce la secretaría técnica, por lo que los
reproches frente a la mesa se extienden a esa cartera ministerial.
• En cuanto al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, precisó que
dicha cartera ministerial desde el 2005 ha incumplido los compromisos
relativos a la ampliación del resguardo Tamaz del Caguán Dujos Paniquita
y el desarrollo de proyectos productivos agropecuarios para garantizar la
seguridad alimentaria, bajo un enfoque diferencial. Asimismo, reprochó que
el ente ministerial no tuviera sedes en las regiones.
• Respecto de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, indicó que
vulnera los derechos fundamentales a la consulta previa, al agua portable y
a la seguridad alimentaria porque emitió un concepto negativo para
adelantar el procedimiento de consulta previa “en cuanto a exploraciones
minero energéticas en el caso de Pijao Pina Pata los Aipes del municipio
de Aipe y en el caso del cruce de las líneas de alta tensión en el territorio
Pijao el vergel de santa maría huila”, bajo el argumento de que el
resguardo no tenía un territorio, lo que desconoce la inscripción ante el
ministerio de las colectividades indígenas.
• Adujo que la Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías no
realiza un cruce de datos con los censos indígenas por lo que la
información para la planeación y desarrollo de políticas públicas que
acuerdan la Mesa Permanente de Concertación y el Gobierno Nacional
parte de una información inexacta. Asimismo, señaló que “no ha estado
liderando con eficacia y eficiencia la creación de políticas públicas que
garanticen la no vulneración a nuestros derechos colectivos y existencia de
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Actor: Resguardo Mayor Indígena Tamaz del Caguán Dujos Paniquita y otros
nuestros pueblos indígenas”.
• Manifestó que el reproche contra la Agencia Nacional de Tierras
consiste en la omisión de ejecutar el proyecto de ampliación del resguardo
cuya planeación comenzó en el año 2005. Además, indicó que no existe un
plan de atención por parte de esta entidad a las comunidades indígenas.
• Expresó que el Ministerio de Salud y Protección Social y la
Secretaría Departamental del Huila vulneran los derechos fundamentales
invocados, porque no brindan financiación para la “construcción del SISPI”
de manera justa y equitativa, y tampoco brinda las garantías laborales a los
trabajadores de la salud.
• Afirmó que el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría
Departamental del Huila han omitido la financiación para la “construcción
del SEIP” y tampoco ha puesto en marcha “el currículo propio indígena”.
Además, indicó que no se ha garantizado el derecho fundamental a la
consulta previa del Plan de Alimentación Escolar PAE.
• En relación con el Ministerio de Cultura y Secretaría de Cultura y
Turismo Departamental del Huila aseveró que “no ha realizado ni un
programa concreto dentro del marco del enfoque diferencial espiritual,
cultural étnico territorial indígena, no ha articulado ni coordinado nada
específicamente con nuestros entes territoriales resguardos y pueblos
indígenas, lo que se hace necesario y es de vital importancia llevar a cabo
la articulación y coordinación para crear planes, programas y proyectos,
que permitan la conservación, protección y trasmisión material e inmaterial
de nuestra cultura, de nuestra autonomía y la libre autodeterminación en
todas nuestras expresiones y prácticas ancestrales propias. Al no haber
realizado consulta previa, y al no haber insertado el plan de vida al plan de
desarrollo nacional “Colombia potencia mundial de la vida” se hace urgente
la coordinación y articulación de nuestra jurisdiccionalidad especial
indígena con el sector cultura central y descentralizada”.
• Afirmó que el Ministerio del Deporte no financia la construcción de la
infraestructura para desarrollar los juegos tradicionales y tampoco ha
establecido planes o programas con enfoque diferencial espiritual, cultural,
étnico y territorial indígena.
• Indicó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no realiza
seguimiento a la ejecución de los recursos con destinación a los pueblos
indígenas.
• Sobre el Ministerio de Trabajo manifestó que no ha elaborado las
políticas públicas dirigidas a la protección de los derechos de los
trabajadores de los pueblos indígenas en cumplimiento del Plan Nacional
de Desarrollo.
• En relación con el Ministerio de Justicia y del Derecho adujo que ha
incumplido el deber de establecer una política pública dirigida a la
coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial
indígena. Adujo que, además, el ente ministerial “ha permitido que
organizaciones indígenas regionales y nacionales permeen y usurpen la
dinámica de la justicia propia indígena”.
• Señaló que el Ministerio de Defensa Nacional “No ha creado la
articulación y coordinación jurisdiccional con entidades territoriales
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resguardos indígenas, en materia político-administrativa y operativa de la
misma. En su defecto nos dan un trato como personales vulnerables con
campañas recreacionales de convivencia ciudadana y con ello se ha
omitido y desconocido la autonomía constitucional de nuestros pueblos
indígenas”.
• Acusó al Ministerio de Minas y Energía de no adelantar el
procedimiento de consulta previa “frente a la adopción de los planes de
desarrollo del sector minero-energético del país en concordancia con los
planes nacionales de desarrollo y con la Política del Gobierno Nacional”.
• Adujo que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no ha
sometido a consideración del Consejo Superior de Comercio Exterior y del
Consejo Superior de micro, pequeña y mediana empresa “los aspectos de
desarrollo empresarial y de comercio exterior que deba contener el plan
nacional de desarrollo”.
• Manifestó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no
ha implementado una política ambiental y de recursos naturales renovables
de manera articulada con la jurisdicción especial indígena y la ordinaria,
dirigida a garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y el
patrimonio natural de los pueblos indígenas.
• Aseveró que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha
incumplido su deber de “formular, dirigir y coordinar las políticas, planes,
programas y regulaciones en materia de vivienda y financiación de
vivienda, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y uso del suelo en el
marco de sus competencias, agua potable y saneamiento básico, así como
los instrumentos normativos para su implementación”.
• Indicó que el Ministerio de Transporte no ha apoyado la financiación
de obras y de infraestructura física con el fin de contribuir a la creación y
mantenimiento de condiciones “que propicien el bienestar y desarrollo
comunitario de nuestros pueblos indígenas y por ende se cercena y vulnera
los derechos fundamentales a la colectividad e individualidad indígena”.
• Señaló que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones no ha ejecutado las acciones necesarias para la
creación de emisoras propias indígenas no restringidas y que tengan
capacidad y cobertura amplia.
• Adujo que el Ministerio de Igualdad y Equidad no ha implementado
“las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y medidas para
contribuir en la eliminación de las desigualdades e inequidades
económicas, políticas y sociales; que impulsen el goce del derecho a la
equidad”.
• Manifestó que el Departamento y Nacional de Planeación omitió una
respuesta a la solicitud radicada ante esta entidad y a la Presidencia de la
República para que se realizara la consulta previa sobre el Plan Nacional
de Desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida”.
• Sobre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República aseveró que no existe articulación entre el Presidente de la
República y los pueblos indígenas que no hacen parte de la Mesa
Permanente de Concertación y pidió la creación de comités que dependan
directamente de la Presidencia para interactuar sin la intervención de la
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MPC y establecer programas que contribuyan al progreso de las
comunidades indígenas.
• Señaló que el Departamento Administrativo de la Función Pública
debe “emitir criterios y estrategias a los servidores públicos de la rama
ejecutiva mediante circulares y/o resoluciones para que la institucionalidad
preste sus servicios públicos con idoneidad, eficacia y eficiencia en donde
se garantice la inclusión vinculante, como también se garantice la
coordinación y articulación de nuestros planes, programas con nuestro
enfoque diferencial, espiritual, cultural, étnico territorial indígena”.
• Acusó al Departamento Administrativo de la Prosperidad Social de
incumplir sus deberes estatales relacionados con la “inclusión social y la
reconciliación en términos de la superación de la pobreza y pobreza
extrema, la atención de grupos vulnerables y la atención y reparación a
víctimas del conflicto armado a que se refiere el artículo 3 de la Ley 1448
de 2011”.
• Finalmente, sobre el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística aseveró que fueron excluidos del censo del año 2005 a pesar
de que el pueblo Tamaz Dujos se encuentra conformado por 237 familias y
880 personas y lo mismo ocurrió con el pueblo Pijao.
Además, con este escrito presentó otro suscrito por el señor Heber Alberto
Hurtado Pérez, gobernador de la comunidad indígena Pijao, Agua Fría Pata
(Chiricó, Pina, Pata, Los Aipes), en el que manifiesta lo siguiente:
“En consecuencia, hemos delegado la vocería e interlocución a la autoridad resguardo
Mayor Indígena Tamaz del Caguán Dujos Paniquita, Pueblo Tamaz Dujos, para que
lleva la voz de nuestra comunidad y pueblo ya que los atropellos que hoy sentimos son
los mismos, mismos que deben ser resueltos con soluciones estructurales concretas
que permitan desarrollo a la luz de la vista en los territorios, con las comunidades
aplicándoseles el respeto por su identidad usos, costumbres, derecho mayor”.
En escrito radicado posteriormente, se refirió a la legitimación en la causa por
activa, en tanto es presentada por la autoridad del cabildo indígena del resguardo
ancestral Tamaz del Caguán Dujo Paniquita y que también la suscribe la abogada
que hace parte de la comunidad indígena, a lo que agregó que actúa como vocera
de la comunidad el Vergel, Chirico, Pina Alta, de conformidad con lo expresamente
manifestado en un escrito anterior.
5.3. Por auto de 23 de mayo de 2023, el despacho del magistrado sustanciador
ordenó vincular como terceros con interés, a la Agencia de Desarrollo Rural y la
Mesa de Concertación Permanente Indígena.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
La jefe de la oficina Asesora Jurídica alegó falta de legitimación en la causa por
pasiva respecto de esa entidad, toda vez que no tiene competencia para resolver
las pretensiones de la demanda y, por lo tanto, adujo, tampoco ha causado la
vulneración de los derechos fundamentales invocados. En ese marco, pidió que se
desvincule a la entidad del trámite constitucional.
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Actor: Resguardo Mayor Indígena Tamaz del Caguán Dujos Paniquita y otros
6.2. Respuesta del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
La coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Proceso Judiciales y
Extrajudiciales de la Dirección Jurídica pidió que se desvincule del trámite
constitucional o, en su defecto, se declare improcedente la acción de tutela, al
considerar que no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por causa de alguna actuación u omisión de esa cartera ministerial.
Se refirió a lo anunciado en el acápite de pruebas respecto a una petición radicada
el 22 de noviembre de 2020, en la que pide a esa cartera ministerial que se
aplique enfoque diferencial espiritual, cultural y étnico en la convocatoria pública
para la implementación de las emisoras comunitarias indígenas.
Al respecto, señaló que en el segundo semestre de 2019 se inició la planeación de
este programa que es un compromiso del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, para lo cual se
realizaron mesas de trabajo a través de la Subdirección de Radiodifusión Sonora
con los diferentes grupos étnicos en donde se determinaron aspectos de interés
que debían ser incluidos en los términos de referencia cuyo borrador fue publicado
el 12 de noviembre de 2020 en el micrositio dispuesto por el Ministerio:
https://www.mintic.gov.co/micrositios/emisorascomunitariasetnicas/735/w3-
channel.html.
Indicó que frente a ese borrador, el resguardo indígena Tamaz del Caguán Dujos
Paniquita presentó observaciones dentro del término establecido para tal efecto,
principalmente, relativas a que se realizara consulta previa o procesos de
concertación. Frente a ello, indicó que en el informe de respuesta a observaciones
publicado en el precitado micrositio se informó que las mismas no eran aceptadas
porque los procesos de concertación se realizaron respecto del Acuerdo Final
incluyendo este compromiso por lo que no resultaba procedente realizarlo
nuevamente.
Sobre el particular, indicó que el 15 de mayo de 2021, el Ministerio informó a los
interesados que un total de 116 comunidades de 24 departamentos presentaron
sus propuestas para ser viabilizadas y posteriormente recibir la licencia de
funcionamiento de las nuevas emisoras comunitarias con enfoque étnico
diferencial que otorga el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC), sin embargo, aseveró que no se encontró alguna
propuesta formulada por el Pueblo Indígena Tamaz del Caguán Dujo y Páez
Paniquita.
Sobre las pretensiones relativas a la implementación de proyectos de
telecomunicaciones explicó que eso depende de la capacidad financiera y técnica
institucional, por lo que se están desarrollando gradualmente con el fin de reducir
la brecha digital de la población rural y comenzando por las instituciones
educativas. En este punto, explicó que el Proyecto Centro Digitales permitirá
solucionar los problemas de conectividad de las zonas rurales y apartadas del
país, especialmente en los municipios de Aipe y Santa María, Huila, se prevé la
instalación 13 centros digitales.
Finalmente, indicó que las demás pretensiones de la demanda escapan a la
competencia de la cartera ministerial.
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Actor: Resguardo Mayor Indígena Tamaz del Caguán Dujos Paniquita y otros
6.3. Respuesta del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -
DANE-
La coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Judiciales de la Oficina
Asesora Jurídica de la entidad, solicitó que se desvincule a la entidad del trámite
constitucional por existir falta de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto efectuó una transcripción de los artículos 1° y 2° del Decreto 262 de
2004, “por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística DANE y se dictan otras disposiciones”, que establecen los
objetivos y funciones.
Del mismo modo, adujo que la acción de tutela resulta improcedente porque no se
cumple el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto existen otros mecanismos
judiciales para controvertir la legalidad del Decreto 1397 de 1996, por el cual se
crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de
Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y se dictan otras
disposiciones.
6.4. Respuesta del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -
PROSPERIDAD SOCIAL-
La coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Acciones Constitucionales y
Procedimientos Administrativos pidió que se nieguen las pretensiones de la
demanda, al considerar que la misma no se dirigió contra la entidad, a lo que
agregó que en el marco de las funciones establecidas en el Decreto 1663 de 2021
no existe alguna relacionada con las pretensiones de la parte actora.
En ese orden de ideas, mencionó que las pretensiones relacionadas con asuntos
territoriales indígenas son un asunto de competencia de la Agencia Nacional de
Tierras conforme con lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2363 de 2015.
Asimismo, indicó que las solicitudes relacionadas con los subsidios de vivienda las
debe resolver el Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA-, en virtud de lo
establecido en el artículo 3° del Decreto 555 de 2003 y precisó que la entidad
interviene en la identificación de beneficiarios potenciales del subsidio familiar de
vivienda en especie cuando existen proyectos de vivienda en un respectivo
municipio.
En torno a los reproches constitucionales relacionados con la falta de suministro
de agua potable señaló que, conforme a lo consagrado en el artículo 311 de la
Constitución Política, corresponde al municipio garantizar la prestación de los
servicios públicos esenciales. Adicionalmente, indicó que en el mismo sentido el
artículo 5° de la Ley 142 de 1994 establece ese deber en cabeza del ente
territorial.
De otra parte, refirió que la acción de tutela resulta improcedente por no cumplir el
presupuesto de subsidiariedad, toda vez que la parte actora tiene a su disposición
la acción de cumplimiento consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política
para reclamar el efectivo cumplimiento de una ley o un acto administrativo que es
lo que persigue la parte actora con la acción de tutela.
Finalmente, señaló que existe falta de legitimación en la causa por pasiva porque
las pretensiones no tienen conexión con las competencias legales.
Con posterioridad, en otro escrito que radicó en el curso del trámite de primera
instancia, explicó detalladamente el procedimiento de focalización de programas
que se ejecutan en la entidad, bajo los lineamientos establecidos en el CONPES
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Social 100 de 2006. En ese marco, pidió que se nieguen las pretensiones de la
demanda ante la inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
6.5. Respuesta del Departamento Nacional de Planeación
La apoderada de la entidad pidió que se declare improcedente la acción de tutela
por existir falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto no es responsable
de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Al respecto, se refirió al artículo 1.1.1.1. del Decreto 1082 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, que establece el
objetivo del Departamento Nacional de Planeación, para señalar que no tiene
competencias específicas para la prestación de los servicios a los que pretende
acceder la parte accionante, así como tampoco de inspección y vigilancia sobre la
ejecución de presupuesto y políticas públicas.
6.6. Respuesta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela, al considerar que no se cumple el presupuesto de la
subsidiariedad.
Al respecto, indicó que en la demanda no se expresan hechos concretos sobre los
cuales se pueda examinar la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados, a lo que agregó que lo que único que se evidencia es la inconformidad
interna con diferentes organizaciones de pueblos indígenas la cual no sería del
caso debatir mediante una acción de tutela.
También sostuvo que resulta improcedente la acción de tutela para controvertir la
legalidad del artículo 10 del Decreto 1397 de 1996, a través del cual se creó la
Mesa Permanente de Concertación.
6.7. Respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El subdirector jurídico del Ministerio pidió que se declare improcedente la acción
de tutela, al considerar que no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad.
Al respecto, puso de presente los informes rendidos sobre la demanda por
distintas áreas de la entidad, tales como: (i) la Dirección General de Apoyo Fiscal
que se encarga de coordinar la Estrategia de Monitoreo Seguimiento y Control
Integral al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones que
contiene la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para
Resguardos Indígenas, (ii) la Dirección General del Presupuesto Público Nacional
que señaló que debe tenerse en cuenta que para atender las pretensiones de la
demanda de manera favorable, debe adelantarse el procedimiento para la
programación presupuestal que se realiza cada año y en la que concurren varias
entidades que son las encargadas de solicitar los recursos de acuerdo con sus
objetivos y prioridades institucionales.
En ese marco, expresó que la parte actora no evidenció de forma que esa cartera
ministerial en el marco de las competencias establecidas en el artículo 3° del
Decreto 4712 de 15 de diciembre de 2008, vulneró los derechos fundamentales
invocados.
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6.8. Respuesta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
El jefe de la oficina jurídica solicitó que se declare improcedente la acción de tutela
al existir falta de legitimación en la causa por activa, porque los demandantes no
acreditaron el poder del representante legal del Resguardo Mayor Indígena Tamaz
del Caguán Dujos Paniquita y Comunidades Pijaos, El Vergel y Chirico Pina Pata
Los Aipes, y por pasiva porque esa cartera ministerial no tiene competencia para
atender las pretensiones de la demanda.
6.9. Respuesta del Ministerio del Interior
El jefe de la oficina asesora jurídica comenzó por advertir la falta de claridad de la
demanda y que, por lo tanto, la respuesta se proporciona de algunos apartes que
permiten comprender que la inconformidad de la parte actora consiste en que no
se adelantó consulta previa para la implementación del Programa de Alimentación
Escolar, Plan de Ordenamiento Territorial del Huila, Plan de Seguridad
Alimentaria, Plan Departamental de Aguas, Plan de Desarrollo “Huila Crece”.
Al respecto, se refirió a las etapas de la consulta previa y resaltó que el proceso
debe estar mediado por una solicitud expresa del ejecutor del proyecto, obra o
actividad, por lo que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa no
actúa de manera oficiosa, sino que su actuación está supeditada a la petición que
realice el ejecutor del proyecto ante esta Autoridad.
En ese marco, sobre los programas a los que hizo referencia la parte actora, el
ente ministerial demandado señaló lo siguiente:
• Sobre el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Huila, indicó
que el 2 de septiembre de 2022 el director del Departamento Administrativo
de Planeación del Huila presentó solicitud dirigida a que se emitiera un
concepto jurídico sobre el requerimiento de ley del trámite de consulta
previa en esa materia y que bajo radicado N° 2022-2-002410-017136 Id:
11350 del 9 de septiembre de 2022, se emitió concepto negativo.
• Respecto de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia
y Familia del departamento del Huila, indicó que por oficio N° 2022-2-
002410-028565 Id: 57423 del 22 de diciembre de 2022, se requirió al ICBF
Regional Huila para que se allegara el texto completo de la política pública
para determinar la procedencia de la consulta previa.
De acuerdo con lo anterior, afirmó que la entidad no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, pues ha actuado de conformidad con
las competencias asignadas en la ley y conforme a los procedimientos fijados en
materia de consulta previa.
Finalmente, pidió que se declare improcedente la acción de tutela o, en su defecto,
se desvincule al Ministerio del trámite constitucional y se profieran órdenes
dirigidas a que los ejecutores de los proyectos soliciten un pronunciamiento sobre
la procedencia de la consulta previa.
Posteriormente, en otro escrito, pidió que se desvincule a la cartera ministerial por
existir falta de legitimación en la causa por pasiva. Del mismo modo, como
consideración adicional frente a la demanda, aseveró que el Plan Nacional de
Desarrollo, en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, fue consultado y
acordado la ruta metodológica creada los días 15 y 16 de septiembre del 2022 y
que en dicho procedimiento se entienden integrados todos los pueblos indígenas
tengan o no tengan representación en la MPC, en virtud de los establecido en los
artículos 11 del Decreto 1397 de 1996.
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6.10. Respuesta del Ministerio de Justicia y del Derecho
La directora de Justicia Formal y Jurisdiccional rindió un informe sobre los hechos
y pretensiones de la demanda. En ese sentido, indicó que la Mesa Permanente de
Concertación con Pueblos y Organizaciones Indígenas fue creada por el Decreto
1397 de 1996 que en el artículo 10 estableció que se encuentra adscrita al
Ministerio del Interior, por lo que el Ministerio de Justicia y del Derecho no tiene
competencia sobre la conformación, estructura y funciones de la misma.
De igual forma, afirmó que al ente ministerial no le corresponde determinar la
constitucionalidad del Decreto 1397 de 1996, así como tampoco tiene
competencia sobre la coordinación de los proyectos y programas objeto de la
acción de tutela.
6.11. Respuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública
El director jurídico de la entidad manifestó su oposición a las pretensiones de la
demanda respecto de la entidad, en consideración a que no ha vulnerado los
derechos fundamentales invocados teniendo en cuenta las competencias legales
establecidas en el artículo 121 de la Constitución Política no le permiten interferir
en las circunstancias a las que hace referencia los demandantes que
supuestamente configuran actos de discriminación de los pueblos indígenas o
desconocimiento de la diversidad étnica y autodeterminación.
Indicó que no se cumple el presupuesto de subsidiariedad porque la parte actora
tiene a su disposición otros mecanismos de defensa para reclamar el
cumplimiento de programas y políticas públicas de protección de la población
indígena como la acción de cumplimiento o las acciones populares y de grupo.
Del mismo modo, adujo que en cumplimiento de la misión del departamento
relativa al fortalecimiento de la gestión de las Entidades Públicas Nacionales y
Territoriales, mejoramiento del desempeño de los servidores públicos al servicio
del Estado, contribuir al cumplimiento de los compromisos del gobierno con el
ciudadano y aumentar la confianza en la administración pública y en sus
servidores, participa activamente en los espacios de concertación con
comunidades indígenas organizados por el Ministerio del Interior y el
Departamento Nacional de Planeación en cumplimiento de la Ley 21 de 1991
como el que se ha desarrollado en el marco de implementación del Plan Nacional
de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida”.
6.12. Respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
La apoderada de la entidad pidió que se desvincule del trámite constitucional, al
considerar que existe falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto,
afirmó que las causas de la vulneración de los derechos fundamentales invocados
a las que se hizo referencia en la demanda no tienen relación con las
competencias del ministerio relacionadas con la ejecución de políticas públicas en
materia ambiental y de promoción, conservación, protección, manejo y uso de los
recursos naturales renovables para asegurar el desarrollo sostenible y garantizar
el derecho de todos los ciudadanos a gozar un ambiente sano.
6.13. Respuesta de la Agencia Nacional de Tierras
La jefe de la Oficina Jurídica solicitó que se desvincule a la entidad del trámite
constitucional por existir falta de legitimación en la causa por pasiva, o que, en su
defecto, se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.
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Actor: Resguardo Mayor Indígena Tamaz del Caguán Dujos Paniquita y otros
Indicó que de conformidad con el Decreto 2363 de 2015, el objetivo de la entidad
es la ejecución de la política de ordenamiento social de la propiedad rural
formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, gestionar el acceso a
la tierra y promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y
además administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación,
no tiene competencia para atender las pretensiones de la demanda relacionadas
con la modificación de los decretos expedidos por el precitado ministerio, financiar
o comprar predios.
Del mismo modo, se refirió a una solicitud formulada el 5 de septiembre de 2017,
por la gobernadora de la comunidad indígena Pijao “El Vergel” para que se
ejecutaran las medidas de protección frente a territorios ancestrales y, al respecto,
informó que luego de que la peticionaria atendiera el requerimiento de
identificación del predio, se está adelantando el proceso de verificación sobre la
naturaleza jurídica y de minas personales.
6.14. Respuesta de la Presidencia de la República y Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República
El apoderado pidió que se desvincule al DAPRE del trámite constitucional teniendo
en cuenta que en la demanda no se hizo referencia a alguna actuación u omisión
por parte de la misma, que constituyera causa de violación de los derechos
fundamentales invocados. Además, indicó que carece de competencia para
atender las pretensiones de la demanda, pues las mismas son de resorte del
Departamento Nacional de Planeación, los entes territoriales y las EPS indígenas.
En ese sentido, manifestó que la Presidencia de la República no puede intervenir
en la implementación de los planes de desarrollo de orden municipal y
departamental, toda vez que en virtud de lo establecido en los artículos 340 y 341
de la Constitución Política corresponde a los consejos nacional y territoriales de
planeación establecer el procedimiento para la aprobación de los mismos.
Indicó, que de conformidad con lo establecido en el artículo 343 de la Constitución
Política, el Departamento Nacional de Planeación tiene a su cargo el diseño y
organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la
administración pública en lo relacionado con políticas y proyectos de inversión.
De igual forma, aseveró que tampoco es de su competencia resolver los reproches
sobre el Decreto departamental del Huila No. 0075 de 2019, pues los entes
territoriales son independientes y autónomos en los asuntos seccionales de
planificación y promoción de desarrollo económico y social dentro del territorio.
De otra parte, adujo que el actor no ha agotado los mecanismos de defensa
judicial que tiene a su disposición para controvertir el Decreto 1397 de 1996, como
lo es medio de control de nulidad simple consagrado en el artículo 137 de la Ley
1437 de 2011, cuyo trámite prevé la posibilidad de decretar medidas cautelares en
virtud de lo dispuesto en el artículo 229 del mismo precepto.
Finalmente, indicó que dio respuesta a una petición formulada por la parte actora
por oficio OFI23-00066552_GFPU, en el que se le informa que la solicitud dirigida
a que se reconfigure la conformación de la Mesa Permanente de Concertación en
el sentido que la misma tenga representatividad de los 108 pueblos existentes en
Colombia, fue remitida a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del
Ministerio del Interior (OFI23-00066454), el Departamento Nacional de Planeación
• DNP (OFI23-00066537) y la Gobernación del Huila (OFI23- 00066546) porque
son las entidades competentes para atender la materia de la solicitud.
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También, se refirió a otras peticiones que ha formulado la comunidad actora para
lo cual informó lo siguiente:
1. Con radicado OFI23-00066454 y el asunto EXT23-00047962, traslado por
competencia de derecho de petición por discriminación de población
indígena se remitió al Ministerio del Interior.
2. Con radicado OFI23-00066537 y el asunto EXT23-00047962, traslado por
competencia de derecho de petición por discriminación de población
indígena se remitió al director general Departamento Nacional de
Planeación – DNP.
3. Con radicado OFI23-00066546 y el asunto EXT23-00047962, traslado por
competencia de derecho de petición por discriminación de población
indígena se remitió gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López.
6.15. Respuesta del Ministerio de Minas y Energía
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, a través de apoderada, pidió que se declare
improcedente la acción de tutela, toda vez que existen otros mecanismos de
defensa judicial para controvertir la legalidad del Decreto 1397 de 1996 como es el
caso del medio de control de nulidad. Asimismo, señaló que no se cumple el
presupuesto de la inmediatez sobre las peticiones a las que hace referencia en la
demanda, pues las mismas fueron radicadas en el año 2019.
Del mismo modo, indicó que los accionantes no acreditaron la calidad en la que
actúan por lo que se configuró la falta de legitimación en la causa por activa.
También, consideró que existe falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto del ente ministerial porque en los hechos relatados en la demanda no se
incluyó alguno relacionado con alguna política, plan o programa que esté dentro
de sus competencias establecidas en el artículo 1° del Decreto 0381 de 2021.
6.16. Respuesta del Ministerio de Cultura
La coordinadora del Grupo de Defensa Judicial y Cobro Coactivo alegó la falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto de la entidad, porque no se evidenció
una relación entre las competencias de la entidad y las pretensiones de la
demanda, a lo que agregó que, bajo ese mismo argumento, no vulneró los
derechos fundamentales invocados.
6.17. Respuesta del Ministerio de Trabajo
La asesora de la Oficina Asesora Jurídica pidió que se declare improcedente la
acción de tutela o, en su defecto, negar las pretensiones de la demanda, en
consideración a que los reproches se encuentran relacionados con el derecho
fundamental a la consulta previa que es un asunto de resorte del Ministerio del
Interior.
Al respecto, indicó que el ente ministerial ha participado en mesas de concertación
con la población indígena en el marco de sus competencias fijadas en el Decreto
4108 de 2011, en donde han presentado ofertas de empleo y se incentivan
programas de emprendimiento teniendo en cuenta el ámbito cultural y territorial y
se informa y sensibiliza sobre la protección de las garantías mínimas del derecho
fundamental al trabajo.
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6.18. Respuesta del Ministerio de Transporte
La apoderada del ente ministerial pidió que se desvincule del trámite
constitucional, en consideración a que existe falta de legitimación en la causa por
pasiva pues no tiene competencia para atender alguna de las once pretensiones
de la demanda.
6.19. Respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica alegó falta de legitimación en la causa por
pasiva, teniendo en cuenta que la entidad no tiene competencia para resolver las
pretensiones de la demanda. En ese sentido, explicó que la ejecución de la
política de vivienda rural con recursos del presupuesto general de la Nación se
encuentra a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco
Agrario, bajo los parámetros establecidos en el Decreto 1071 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario.
6.20. Respuesta del Ministerio del Deporte
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica pidió que se nieguen las pretensiones de la
demanda dirigidas contra esta entidad, al considerar que no ha vulnerado los
derechos fundamentales invocados, toda vez que a través Viceministerio del
Deporte y la Dirección de fomento y desarrollo ha implementado programas y
proyectos en beneficio de la población indígena colombiana.
Afirmó que de conformidad con el Decreto 1397 de 1996, el único espacio de
interlocución entre los Pueblos Indígenas y el Estado Colombiano, es la Mesa
Permanente de concertación (MPC), con la cual se adelantó el proceso de diálogo
y concertación del Plan Nacional de Desarrollo, y se logró establecer una serie de
compromisos que benefician a las comunidades indígenas.
En ese orden, se refirió a la Comisión Nacional de Practicas Ancestrales -
CONPAE- de la Mesa Permanente de Concertación, informando los distintos
convenios con organizaciones indígenas con distintos objetos, particularmente, se
refirió a la construcción de una escuela de prácticas ancestrales en cinco
territorios de La Plata, Huila, Tuchín, Córdoba, Sibundoy, Putumayo, Pueblo Bello,
Cesar, y el territorio de Buenos Aires Pacoa, del municipio del Carurú en el
departamento del Vaupés.
También, indicó que el viceministerio del Deporte suscribió el contrato de
prestación de servicios con plazo de ejecución 31 de julio de 2022, por valor de
$206.000.000 con el Gobierno Mayor para fortalecer y consolidar las estructuras
organizativas indígenas y los espacios de concertación y diálogo a nivel nacional,
regional y local.
Manifestó que el 17 de diciembre de 2021 se concertó la ejecución de tres
proyectos de infraestructura para prácticas ancestrales y la finalización de tres
proyectos que se encontraban en ejecución.
Finalmente, indicó que para la vigencia 2023 se dará continuidad de la
contratación de los monitores en territorio y el enlace de deporte social comunitario
para la mesa campesina del Cauca, para lo cual la dirección de Fomento y
Desarrollo ya cuenta con los recursos.
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6.21. Respuesta de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y
Organizaciones Indígenas
El secretario técnico rindió informe sobre los hechos y pretensiones de la
demanda, para lo cual comenzó por referirse al Decreto 1397 de 1996 que creó la
Mesa Permanente de Concertación como la instancia de concertación,
negociación, coordinación y acuerdo con el Gobierno Nacional de todas las
decisiones administrativas y en los procesos de consulta previa.
Resaltó que esta organización tiene como función principal la de mediar entre el
Gobierno Nacional y los Gobiernos Autónomos Indígenas y llegar a acuerdos que
dependen de la voluntad de ambas partes, sin embargo, precisó que no tiene a su
cargo la implementación de los compromisos adquiridos.
Sobre los procesos de consulta previa se rige bajo los siguientes criterios
generales (i) la posición y las propuestas que los pueblos indígenas formulen, (ii)
la garantía de los derechos fundamentales de los miembros de dichos pueblos y
de los demás habitantes de los respectivos territorios tales como el derecho a la
vida e integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a la seguridad y a
la salud, (iii) la protección del interés de la nación colombiana a la diversidad
étnica y cultural, y (iv) el interés general y las potestades inherentes al Estado
colombiano para adoptar una determinada política pública.
Afirmó que a todos los pueblos indígenas del territorio nacional para participar en
las sesiones de la mesa permanente de concertación y resaltó la importancia de
que las autoridades indígenas demandantes establezcan comunicación con las
organizaciones que tienen asiento en la mesa permanente de concertación y con
la secretaría técnica, a través de los canales establecidos para ello, con el objetivo
de tratar los temas que les asisten en el marco de las sesiones, según sea
pertinente y precisó que el espacio nunca ha estado cerrado para ninguna
comunidad indígena.
Relató que en Colombia existen 115 pueblos indígenas de los cuales 66 pueblos
indígenas, es decir, el 62.7% de los existentes, se encuentra en grave riesgo de
exterminio físico y cultural, frente a lo cual la Corte Constitucional ha ordenado que
la adopción de medidas dirigidas a mitigarlo a través de la Sala Especial de
Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004, no obstante, la materialización de las
mismas no ha sido efectiva y no existen mayores avances en la protección de los
derechos de los pueblos indígenas.
De igual modo, aseveró que los procesos de consulta previa han presentado
dificultades, por varios aspectos dentro de los cuales destacó la falta de
capacitación en derechos étnicos de los funcionarios que asisten en
representación del Gobierno Nacional y, por lo tanto, quedan en una posición de
desventaja frente a las empresas o grandes compañías que ejecutan proyectos
principalmente extractivos de recursos naturales. Agregó, que no cuentan con un
acompañamiento efectivo por parte de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría
General de la Nación y la Contraloría General de la República.
Para terminar, adujo que el Gobierno Nacional no ha garantizado de manera
efectiva el derecho fundamental a la consulta previa y en muchos casos las
comunidades deben acudir a la acción de tutela para reclamar la protección de
esta garantía constitucional.
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6.22. Respuesta de la Agencia de Desarrollo Rural
La jefe de la Oficina Jurídica alegó falta de legitimación en la causa por pasiva y
pidió que se declare improcedente la acción de tutela, en razón a esa
circunstancia, y porque además no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad.
Señaló que en la demanda, así como en los escritos complementarios no se
expresó una pretensión clara relacionada con las competencias de la entidad,
pues lo que observa es que se limita a manifestar su inconformidad con los
procedimientos administrativos previstos en la ley para cumplir los objetivos y
misionalidad fijados en el Decreto 2634 de 2015, para lo cual la acción de tutela no
es el mecanismo idóneo. Agregó, que la Agencia no tiene competencia para
garantizar asistencia básica alimentaria, otorgar subsidios, establecer líneas de
créditos bancarios que constituyen las pretensiones de la parte actora.
Advirtió que no se cuenta con los elementos probatorios que demuestren las
circunstancias referidas por la parte actora como causas de la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
Informó que la entidad estableció “cronogramas de convocatorias para la
presentación de perfiles a través de comunicados publicados a través de la página
web de la entidad, además de contar con 13 unidades técnicas territoriales en todo
el país y específicamente en los departamentos del huila y Caquetá en donde es
difundida tal información”, y aseveró que, de esta manera, se está garantizando la
participación de la comunidad indígena accionante.
Por último, hizo referencia al proceso de restitución de derechos territoriales,
radicado 73001312100220210033400 que cursa en el Juzgado Segundo Civil del
Circuito Especializado de Restitución de Tierras, promovido por “la Comunidad del
Territorio Colectivo del Resguardo Indígena Tama del Caguán pertenecientes a los
Pueblos Indígenas Tamas, Dujos y Nasa, ubicado en jurisdicción del municipio de
Rivera - Huila”, pretensiones que son similares a las expresadas en la acción de
tutela.
6.23. Respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social
El director técnico de la Dirección Jurídica pidió que se nieguen las pretensiones
de la demanda, en virtud de los siguientes argumentos:
Afirmó que en el funcionamiento del sistema general de seguridad social
intervienen varios actores que tienen funciones específicas establecidas en la Ley
100 de 1993 y explicó que, en materia de salud, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 715 de 2001 (arts. 43, 44 y 45), la dirección está a cargo en principio de la
Nación y en cada territorio la coordinación, vigilancia y control corresponde a cada
ente territorial.
Asimismo, indicó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley
1753 de 2015, el manejo unificado de los recursos destinados a la financiación del
Sistema de Seguridad Social en Salud corresponde a la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-.
Explicó que el ministerio desarrolla un trabajo continuo y permanente para
identificar la causas sociales y ambientales que afectan la salud de las personas a
través de un trabajo intersectorial e interinstitucional, y precisó que en el caso del
pueblo indígena demandante este trabajo se realiza con enfoque diferencial
teniendo en cuentas sus usos, costumbres y cosmovisión en el marco de lo
establecido en el Decreto 4107 de 2011.
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En ese sentido, afirmó que el ente ministerial ha adelantado acciones para la
transversalización del enfoque diferencial étnico en los planes, programas y
proyectos de salud que se implementen en el territorio nacional, para lo cual ha
realizado asistencias técnicas y asesorías a las Secretarias departamentales y
distritales de salud sobre aspectos normativos, perfil epidemiológico,
determinantes sociales en salud, estrategias y definición de acciones para la
adecuación e implementación del enfoque diferencial para los Pueblos y
Comunidades Indígenas en los Planes Territoriales de Salud y en el marco del
SISPI, conforme los parámetros fijados en el Decreto 1953 de 2014 (Sistema de
Salud Propio Intercultural –SISPI-), la Circular 011 de 2018 (Avances
Implementación Territorial SISPI), la Guía Metodológica para la Elaboración de los
Modelos de Salud, Planes de acción en salud y Planes de Intervenciones
Colectivas (PIC) y la Resolución 518 de 2015.
Finalmente, aseveró que la entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, toda vez que sus funciones se encuentran
relacionadas con la coordinación, dirección, ejecución, evaluación de la política
pública en salud, salud pública y promoción social en salud, y corresponde a las
entidades territoriales garantizar la prestación del servicio de salud a las
comunidades étnicas bajo un enfoque diferencial étnico.
7. Intervención de la parte actora, el Pueblo Tamaz del Caguán Dujos y Páez
Paniquita
En el trámite de la acción de tutela en primera instancia, radicó un escrito en el
que expresa que las siguientes organizaciones indígenas no los representan,
frente a las cuales realizó una serie de acusaciones en torno a sus actividades y
misionalidad que, en su sentir, no responden a la protección de los intereses de
los pueblos indígenas, sino que atiende intereses privados:
1. Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, que integra también
FUNDAONIC.
2. Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía
colombiana -OPIAC-.
3. Confederación Indígena Tayrona -CIT-.
4. Autoridades Indígenas de Colombia -AICO-.
5. Autoridades tradicionales indígenas de Colombia Gobierno Mayor.
6. Movimiento de autoridades indígenas del sur occidente -AISO-.
Del mismo modo, reiteró que las consultas previas que se realizan a través de la
Mesa Permanente de Concertación carecen de eficacia porque no se garantiza la
representación de todas las comunidades indígenas.
Adujo que la Agencia Nacional de Desarrollo Rural ha omitido el diseño y la
ejecución de una política pública con enfoque diferencial espiritual, cultural, étnico
que permita cubrir sus necesidades básicas. Agregó que no pueden acceder a los
proyectos agropecuarios por falta de recursos económicos para su ejecución y no
cumplen las exigencias de los bancos para otorgar créditos.
Finalmente, piden que se implementen programas agropecuarios dentro del
contexto de la interculturalidad de los pueblos indígenas, adecuar los terrenos,
construir reservorios de agua y la infraestructura necesaria para la producción de
los productos.
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8. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado en sentencia de 23 de
junio de 2023, declaró la falta de legitimación en la causa de los señores Camilo
Manuel Quiroga Páez, Esmeralda Quiroga Páez, Lizcano Basto Amézquita y Luz
Marina Vargas Espinosa, para actuar en representación de la Comunidad
Indígenas Pijaos El Vergel. De otra parte, la improcedencia de la acción de tutela.
Al respecto, sostuvo que “la Sala no cuenta con criterios que le permitan
individualizar una acción u omisión específica como objeto de estudio, pese a que
el magistrado ponente requirió en el auto admisorio a los interesados para que
identificaran las razones concretas por las que consideraban que cada una de las
autoridades cuestionadas y vinculadas vulneraron sus derechos fundamentales”.
En ese sentido, afirmó que aun cuando la parte actora manifestó que el Estado no
ha garantizado sus derechos fundamentales y no estaba brindando las
condiciones necesarias para lograr la satisfacción de sus necesidades básicas y
que se encuentran en riesgo de exterminio como pueblo indígena, no se expresan
hechos concretos que constituyan causas de la vulneración ius fundamental
invocada. De acuerdo con ello, aseveró que la acción de tutela no es el medio
idóneo para solicitar la protección de derechos fundamentales de manera
abstracta y realizar un juicio general sobre todas las actuaciones administrativas
que ejecuta el Gobierno Nacional respecto de la población indígena como lo
pretende la parte actora.
Asimismo, indicó que la acción de tutela resulta improcedente para controvertir el
Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 del 19 de mayo de 2023), el Plan de
Desarrollo Huila Crece (Ordenanza 020 de 2020) y la estructura y funcionamiento
de la Mesa Permanente de Concertación (Decreto 1397 de 1996), pues existen
otros mecanismos de defensa judicial ordinarios para tal efecto.
De igual modo, indicó que frente a los reproches relacionados con el
incumplimiento de la sentencia T-1080 de 2012 relacionados con el río Arenoso y
sus afluentes, la acción de tutela tampoco resulta procedente, en tanto el
ordenamiento jurídico prevé otras herramientas judiciales como el trámite de
cumplimiento y el incidente de desacato.
9. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia, con base en los siguientes argumentos:
• Adujo que la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 ordenó
que se protegiera a los pueblos indígenas del riesgo de exterminio y que
particularmente respecto del pueblo TAMAZ DUJOS Resguardo Mayor
Indígena Tamaz del Caguán Dujos Paniquita en el Auto 091 de 2015 se
ordenó que se establecieran mecanismos para salvaguardar sus derechos
fundamentales.
Sin embargo, adujo que el a quo no se pronunció sobre esos deberes
estatales y, por lo tanto, solicitan que “se exponga como y en qué forma es
que se nos incluye como a Resguardo Mayor Indígena Tamaz del Caguán
Dujos Paniquita “UNICO PUEBLO INDIGENA EN COLOMBIA Y EN VIAS DE
EXTERMINIO” y la Comunidad Indígena Pijao Agua Fría Pata Los Aipes
teniendo en cuenta que las accionadas manifiestan no estar vulnerando
nuestros derechos fundamentales y de existencia aun cuando ya tienen
obligaciones para con TAMAZ DUJOS Resguardo Mayor Indígena Tamaz del
Caguán Dujos Paniquita y la Comunidad Indígena Pijao Agua Fría Pata Los
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Aipes, siendo entonces las accionadas las que poseen mejor forma de
presentar los soportes probatorios pues como se evidencia nos queda difícil
porque nos han aislado con las omisiones, discriminación de hecho y en
derecho”.
• Afirmó que sí se cumple el presupuesto de la subsidiariedad, porque no
existe otro mecanismo idóneo para reclamar que de manera eficiente el
Estado garantice “la vida y existencia” del pueblo indígena actor.
• Insistió en que “el menoscabo de derechos fundamentales y de existencia
equivalente a la vida de los individuos indígenas accionantes y del pueblo
vulnerados se dan desde la omisión institucional ordinaria, al no hacer la
aplicabilidad constitucional y del debido proceso, frente a garantizar los
derechos (consulta previa libre e informada al plan de desarrollo nacional y
departamental con los accionantes) que poseemos los pueblos indígenas
accionantes”.
• De igual forma, la parte actora reiteró los reproches relativos a la omisión
de adelantar consulta previa con el pueblo indígena Tamaz Dujos de los
planes nacionales y departamentales de desarrollo los vigentes y los que han
estado 15 años atrás.
• Precisó que el hecho vulnerador de los derechos fundamentales invocados
que echó de menos el a quo consiste en “que no se nos ha convocado a
nuestros pueblos indígenas, TAMAZ DUJOS Resguardo Mayor Indígena
Tamaz del Caguán Dujos Paniquita y la Comunidad Indígena Pijao Agua Fría
Pata Los Aipes, específicamente a las consultas previa libre e informada del
plan de desarrollo nacional y departamental”. Agregó, que no pueden
tenerse como uno solo a los 115 pueblos indígenas porque cada uno tiene
sus particularidades por lo que, la Sala entiende, que lo que pretende es que
los procesos de consulta previa se realicen con cada comunidad de manera
individual.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de impugnación.
2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
2.1. La parte actora expresa, en términos generales, varios reproches frente a las
actuaciones y procedimientos que desarrolla el Gobierno Nacional, ministerios,
departamentos administrativos y organizaciones indígenas porque, a su juicio, no
se está garantizando de manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas
Tamaz Dujos y Pijaos. En particular, adujo que no se hace nada para mitigar el
riesgo de extinción que enfrentan los pueblos indígenas.
De igual forma, expresamente controvirtió la legalidad del Decreto 1397 de 1996,
por el cual se creó la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y
Organizaciones Indígenas porque, a su juicio, la misma no representa los
intereses de todos los pueblos étnicos como es su caso. Asimismo, reprochó la
legalidad del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida”
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Actor: Resguardo Mayor Indígena Tamaz del Caguán Dujos Paniquita y otros
(Ley 2294 del 19 de mayo de 2023) y el Plan de Desarrollo Huila Crece
(Ordenanza 020 de 2020).
No obstante, en el escrito de impugnación la parte actora precisó como hecho
generador de la vulneración de los derechos fundamentales, la omisión de la
consulta previa para los precitados planes nacional y departamental de desarrollo,
aunque de manera general y abstracta, insistió en el incumplimiento de los
deberes estatales frente al riesgo de extinción de los pueblos indígenas en los
términos ordenados por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 y
los autos dictados por la Sala Especial de Seguimiento de la misma.
De acuerdo con lo anterior, la Sala circunscribirá su análisis únicamente a lo
expuesto en el escrito de impugnación como causa de la vulneración ius
fundamental invocada, esto es, la omisión de la consulta previa en los planes
nacional y departamental de desarrollo, pues lo demás constituyen reproches
generales y abstractos sobre la forma en que se garantiza el cumplimiento de los
deberes estatales frente a la población indígena, sobre lo cual no puede hacerse
un estudio de fondo en el trámite de la acción de tutela, porque al no especificar
causas concretas de vulneración de derechos fundamentales, tales expresiones
hacen parte del inconformismo general en torno a la dirección y manejo del país
en la satisfacción de necesidades básicas de los habitantes.
2.2. Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar, en los términos del
escrito de impugnación, si como lo sostuvo el a quo, la solicitud de amparo es
improcedente. En caso de que la respuesta a este interrogante sea negativa, debe
verificar si las autoridades administrativas demandadas vulneraron los derechos
fundamentales a la consulta previa, libre e informada, vida, seguridad alimentaria,
salud, vivienda digna, agua, trabajo, “recrear la espiritualidad y cultura propia
indígena”, educación propia e intercultural, propiedad colectiva e individual,
libertad de expresión, participación, derechos de los niños, niñas y adolescentes,
al no haberse realizado con el pueblo indígena Tamaz Dujo y Pijaos el proceso de
consulta previa sobre el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial
de la vida” (Ley 2294 del 19 de mayo de 2023), el Plan de Desarrollo “Huila Crece”
(Ordenanza 020 de 2020).
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter general, impersonal y abstracto
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
El numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991, establece que la
acción de tutela será improcedente cuando existan otros medios de defensa
judicial eficaces para resolver la situación particular en la que se encuentre el
solicitante.
Además, de conformidad con los numerales 2º a 5º de dicha disposición, tampoco
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se considera procedente cuando para proteger el derecho se pueda invocar el
habeas corpus; cuando se pretenda proteger derechos colectivos; cuando sea
evidente que la violación del derecho originó un daño consumado y, por último, “5.
cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”.
Dentro de esta última causal de improcedencia, se encuentran contemplados los
actos administrativos de carácter general o impersonal, es decir, aquellos que
“crea, modifican o extinguen una situación jurídica general, no relacionada
directamente con alguna persona o cosa determinada”1.
Debido a que la acción de tutela está concebida como un mecanismo excepcional
para la protección individual o subjetiva de los derechos fundamentales, en
principio, no constituye el medio apto para impugnar judicialmente actos
administrativos de carácter general o impersonal2, pues el ordenamiento jurídico
establece otros medios de defensa judicial que permiten verificar la
constitucionalidad y la legalidad de esa clase de actuaciones. En particular, (i) la
acción de nulidad por inconstitucionalidad, contemplada en el artículo 135 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)3 y (ii) la acción de simple nulidad consagrada en el artículo 137 ibíd4. Así
como, (iii) las demandas de inconstitucionalidad que se tramitan ante la Corte
Constitucional (art. 245, numeral 5º de la Constitución Política), contra los decretos
con fuerza de ley dictados por el Gobierno en ejercicio de facultades
extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República, por su contenido
material o por vicios de procedimiento en su formación.
En sentencia T-111 de 2008, la Corte Constitucional advirtió que, cuando la tutela
se dirige contra un acto de carácter general, impersonal y abstracto, deben
cumplirse los siguientes supuestos para la procedencia: “(i) Que se está ante una
amenaza cierta, consistente en que de la aplicación de un acto de carácter
general, impersonal y abstracto, se derive una afectación de los derechos
fundamentales de una persona y, (ii) Que, en tal eventualidad, el acudir a las vías
ordinarias podría comportar la ocurrencia de un perjuicio irremediable”.
1
Berrocal Guerrero, Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo, Bogotá, Colombia: Librería Ediciones del
Profesional LTDA. Cuarta Edición, 2005, p. 85.
2
Corte Constitucional, sentencia T-097 de 2014, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
3
“Artículo 135. Nulidad por inconstitucionalidad. Los ciudadanos podrán, en cualquier tiempo, solicitar por
sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el
Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos
237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa de la Constitución.
También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa
disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional.
PARÁGRAFO. El Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la
demanda. En consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de
cualquier norma constitucional. Igualmente podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su
juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras demandadas que declare nulas por inconstitucionales”.
4
“Artículo 137. Nulidad
Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos
administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y
registro.
Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes
casos:
1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el
restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político,
económico, social o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un
derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente”.
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Además, mediante sentencia C-132 de 20185, dicha corporación judicial precisó
los criterios desarrollados a través de una línea de interpretación uniforme6 e
identificó las reglas de procedencia de las acciones de tutela contra un acto de
carácter general, impersonal y abstracto.
En concreto, señaló que por regla general la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo y apropiado para controvertir este tipo de actos. Sin embargo, también
advirtió que la jurisprudencia constitucional ha admitido dos excepciones a dicha
regla de improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de
carácter abstracto y general, a saber:
“cuando (i) la persona afectada carece de medios ordinarios para procurar la defensa
de sus derechos fundamentales, dado que no tiene legitimación para cuestionar esa
clase decisiones de la administración, o el asunto objeto de debate es de naturaleza
constitucional; y cuando (ii) la aplicación del acto administrativo general amenace o
vulnere los derechos fundamentales de una persona. Además, (…) la acción de tutela
es procedente contra las determinaciones de orden general en el evento que éstas
causen daños a los derechos fundamentales de las personas y que devengan en
perjuicios irremediables”.
Asimismo, de comprobarse alguna de las dos últimas hipótesis, el juez
constitucional está habilitado para “hacer uso de la facultad excepcional
consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un
carácter eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo
por parte del juez competente”7.
Por último, en cuanto al perjuicio irremediable, se deben seguir los criterios
jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-695 de
20158, según la cual debe comprobarse que el perjuicio alegado sea (i) inminente,
es decir, que amenaza o está por suceder prontamente, esto es, tiende a un
resultado cierto derivado de una causa que está produciendo la inminencia; (ii)
que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable
sean urgentes, en el sentido de que se debe precisar una medida o remedio de
forma rápida que evite la configuración de la lesión; (ii) grave, pues el daño o
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona, debe ser de gran
intensidad y, por último, que (iii) la urgencia y la gravedad hagan que la acción de
tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el
orden social justo en toda su integridad.
En suma, teniendo en cuenta las características esenciales de la acción de tutela,
dicho mecanismo constitucional, por regla general, es improcedente para
controvertir actos de contenido general, impersonal y abstracto. Su procedibilidad
únicamente se habilita (i) cuando la persona afectada carezca de mecanismos
judiciales ordinarios para procurar la defensa de sus derechos fundamentales, por
no estar legitimado o porque el asunto objeto de debate es de naturaleza
constitucional; y, (ii) cuando sea posible establecer que el contenido del acto de
carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho
fundamental de una persona determinada o determinable. Además, (iii) cuando se
trate de conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable. Solo en los dos
últimos casos el juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en
ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter
eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del
juez competente.
5
M.P. Alberto Rojas Ríos.
6
Cfr., entre otras, las sentencias SU-037 de 2009, T-111 de 2008, T-1073 de 2007, T-645 de 2006, T-1015 de
2005, T-435 de 2005, T-1098 de 2004, T-1497 de 2000, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-287 de 1997, T-
31 de 1993.
7
Corte Constitucional, sentencia de 28 de enero de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
8
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado declaro
improcedente la acción de tutela porque (i) no fue posible individualizar una acción
u omisión por parte de las autoridades administrativas demandadas y vinculadas
que constituyera causa de la amenaza y vulneración de los derechos
fundamentales invocados y (ii) encontró incumplido el presupuesto de la
subsidiariedad, porque la parte actora tiene a su disposición otros mecanismos de
defensa judicial para controvertir la legalidad de los actos administrativos referidos
en la demanda tales como, la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, la Ordenanza
020 de 2020 y el Decreto 1397 de 1996.
En el escrito de impugnación, la parte actora consideró vulnerados los derechos
fundamentales de consulta previa, libre e informada, vida, seguridad alimentaria,
salud, vivienda digna, agua, trabajo, “recrear la espiritualidad y cultura propia
indígena”, educación propia e intercultural, propiedad colectiva e individual,
libertad de expresión, participación, derechos de los niños, niñas y adolescentes,
al no haberse realizado con los pueblos indígenas Tamaz Dujos y Pijaos el
proceso de consulta previa sobre el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia,
potencia mundial de la vida” (Ley 2294 del 19 de mayo de 2023), el Plan de
Desarrollo Huila Crece (Ordenanza 020 de 2020).
4.2. La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple con el requisito de la
subsidiariedad porque se dirige contra actos administrativos de contenido general,
impersonal y abstracto. Además, los reparos ostentan un carácter constitucional y
legal propio de los medios de control de nulidad por inconstitucionalidad (art. 135
del CPACA) o de simple nulidad (art. 137 del CPACA), por lo que de ser
estudiados de fondo por el juez constitucional se estarían usurpando las funciones
del juez natural.
El artículo 86 de la Constitución Política previó como presupuesto de procedencia
de la acción de tutela para reclamar la protección de derechos fundamentales, que
no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se emplee como mecanismo
transitorio. En concordancia, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece las
causales de improcedencia y, en ese sentido en el numeral 5º señala que no
procederá “cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”.
Sobre la precitada causal de improcedencia, la Corte Constitucional ha señalado
que busca garantizar el uso racional de la acción de tutela y que la misma se
justifica a partir de la existencia de otras herramientas judiciales para el control de
actos de carácter general, impersonal y abstracto, como es el caso de la acción de
simple nulidad (art. 137 de la Ley 1437 de 2011) y la acción de
inconstitucionalidad (art. 241 de la Constitución Política)9, escenarios en los cuales
“se pueden tramitar los debates sobre la ilegalidad o inconstitucionalidad de un
acto, con intervención de los actores y de terceros, respetando los derechos
constitucionales de unos y otros y permitiendo una confrontación amplia y
contradictoria capaz de proporcionar certeza respecto de los asuntos sometidos a
litigio10”.
También ha dicho que “los actos de carácter general, impersonal y abstracto
producen efectos generales y no se dirigen a alguien en particular, razón por la
cual no son susceptibles de producir situaciones jurídicas subjetivas y concretas
que admitan su control judicial por medio del recurso de amparo constitucional
previsto en el artículo 86 Superior11”.
9
Ver sentencia T-599 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
10
Sentencia SU-037 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
11
Sentencia T-097 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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La Corte Constitucional ha admitido la inaplicación de dicha regla general de
improcedencia y ha habilitado la acción de tutela como mecanismo transitorio para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable a una persona determinada o
determinable. En este sentido, en la sentencia T-097 de 201412, señaló lo
siguiente:
“No obstante, atendiendo a las precisas características que informan a la acción de
tutela, también la Corte ha aclarado que ésta procederá contra actos de contenido
general, impersonal y abstracto, solo excepcionalmente, y como mecanismo transitorio
de protección de los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la
posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que
el contenido del acto de carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y
directamente un derecho fundamental de una persona determinada o determinable.
Solo en estos casos el juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en
ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter eminentemente
transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez competente”.
13
En esa línea, en la Sentencia T-110 de 2016 se desarrolló la regla general de
improcedencia de la acción de tutela para cuestionar la labor de producción
normativa, concretamente sobre el trámite legislativo adelantado en el Congreso
manifestó que “una eventual intervención del juez de tutela en el proceso de
creación de las normas desconocería la lógica con la que operan los mecanismos
que, de ordinario, existen en el debate parlamentario, a través de los cuales se
expresa el Congreso y permiten su funcionamiento como órgano separado y
autónomo del resto de poderes públicos”, a lo que agregó que la Ley Orgánica 5ª
de 1992 establece espacios para la intervención ciudadana.
La Sala resalta de la sentencia T-110 de 2016, que la Corte Constitucional precisó
que la improcedencia de la acción de tutela constituye la regla general. Sin
embargo, de manera excepcionalísima podría inaplicarse, entre otros casos
“cuando de manera grave y evidente se observe una posible trasgresión del
derecho de participación de los pueblos étnicos materializado en la consulta
previa, cuando la realización de la misma haya sido advertida por los interesados
(v.gr. a través de las observaciones ciudadanas reguladas en el artículo 230 de la
Ley 5ª de 1992) y siempre que el Congreso de la República no se haya
pronunciado expresamente sobre su procedencia, con ocasión del desarrollo del
trámite legislativo a su cargo”.
En efecto, la Corte Constitucional en el marco de la acción de inconstitucionalidad,
el estudio de leyes que aprueban planes nacionales de desarrollo por cargos
relativos a la omisión del deber estatal de realizar consulta previa a las
comunidades étnicas. Así, por ejemplo, en la sentencia C-331 de 201214 resolvió la
demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 1450 de 2011 “Por la
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014” que expresaba como
cargos, entre otros el desconocimiento del derecho a la consulta previa de las
comunidades étnicas de conformidad con el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT,
aprobado por la Ley 21 de 1991, y que hace parte del bloque de
constitucionalidad.
De igual modo, esta Sala15 ha sido del criterio de que los medios de control
idóneos para discutir la constitucionalidad o legalidad de los actos administrativos
de carácter general, impersonal y abstracto, como la Ley 2294 de 2023 y en la
12
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
14
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. También se puede consultar la Sentencia C-461 de 2008, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
15
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de junio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-
02006-00, C.P. Milton Chaves García; sentencia de 6 de mayo de 2021, exp. Nº 76001-23-33-000-2021-
00001-01, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; sentencia de 4 de abril de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-
2018-04478-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Actor: Resguardo Mayor Indígena Tamaz del Caguán Dujos Paniquita y otros
Ordenanza 020 de 2020, son la nulidad por inconstitucionalidad o la simple
nulidad, pues en ellos se pueden solicitar las medidas cautelares previstas en el
artículo 229 a 241 de la Ley 1437 de 2011, incluidas las de urgencia, las cuales
tienen la misma eficacia de la acción de tutela.
Sobre el particular, el capítulo XI del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA) ha dispuesto las medidas cautelares en
las acciones contencioso administrativas como un mecanismo de defensa
provisional, idóneo y eficaz si lo que se pretende es evitar un perjuicio
irremediable, razón por la que es deber del actor agotar dicho medio, en primer
término, debido a la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela. Según
el artículo 230, las medidas cautelares, podrán ser: i) preventivas, cuando se
ordene la adopción de una decisión administrativa con el fin de evitar un perjuicio
irremediable o la agravación de los efectos; ii) conservativas, cuando el juez
ordena mantener la situación o que se restablezca al estado en que se encontraba
antes de la conducta vulneradora o amenazadora; iii) anticipativas, cuando se
ordene la adopción de una decisión administrativa; iv) suspensivas, cuando se
ordene suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
Ahora bien, la Sala no desconoce que eventualmente puede activarse la
competencia del juez de tutela para definir si los actos generales, impersonales y
abstractos16 vulneran de manera directa y flagrante derechos fundamentales y si
puede otorgarse el amparo transitorio hasta que el juez administrativo decida de
fondo sobre la legalidad del acto.
4.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que la parte actora identificó
como hecho generador de la supuesta violación de los derechos fundamentales
invocados que no se adelantó la consulta previa, libre e informada con los pueblos
indígenas Resguardo Mayor Indígena Tamaz del Caguán Dujos Paniquita y
Comunidades Pijaos El Vergel y Chirico Pina Pata los Aipes, de los planes de
desarrollo nacional y departamental que se encuentran contenidos en la Ley 2294
de 2023 y en la Ordenanza 020 de 2020, respectivamente, es decir, la acción de
tutela se dirige contra actos administrativos de contenido general y abstracto por lo
que se activa la causal de improcedencia consagrada en el numeral 5 del artículo
6 del Decreto 2591 de 1991.
En efecto, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones jurídicas de
esta decisión, la parte actora, como se indicó en precedencia, cuenta con otros
medios de defensa judicial, diferentes de la acción de tutela, para cuestionar lo
relativo a la supuesta falta de consulta previa, libre e informada a los pueblos
indígenas demandantes, discusión que, en principio, está vedada para el juez de
tutela dado el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, parámetros que
se hacen o tornan más estrictos cuando se trata de actos administrativos de
contenido general o de leyes expedidas por el Congreso de la República, como
principal foro democrático de un Estado de Derecho.
Ahora bien, la Sala tampoco dilucida en el caso concreto algún escenario que
permita habilitar la acción de tutela de manera excepcional, en los términos
establecidos por la jurisprudencia constitucional, como mecanismo transitorio,
hasta que el juez natural decida sobre la constitucionalidad o legalidad del
respectivo acto demandado.
Así las cosas, se confirmará la sentencia impugnada que declaró la improcedencia
de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, por las
razones expuestas en esta providencia.
16 De conformidad con el artículo 6, numeral 5, del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procede
contra actos generales, impersonales y abstractos.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01944-01
Actor: Resguardo Mayor Indígena Tamaz del Caguán Dujos Paniquita y otros
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 23 de junio de 2023, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, por las razones aquí
expuestas
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Ausente con excusa
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