Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01948-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01948-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01948-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
24 de agosto de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01948-01
Demandante: Nira Esther Fábregas Maza
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01948-01
Demandante: NIRA ESTHER FÁBREGAS MAZA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “B” Y JUZGADO VEINTISÉIS DE EJECUCIÓN
DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Decisión proferida en el marco de
una acción de hábeas corpus. Requisito general de relevancia
constitucional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la accionante, quien actúa mediante apoderado judicial, contra la
sentencia de 24 de mayo de 2023 dictada por la Sección Segunda, Subsección “A”
del Consejo de Estado, en la que resolvió negar la tutela solicitada, al considerar
que “se revise un asunto que es ajeno a ella, cuando el mismo ya fue objeto de
estudio por el juez natural en la decisión de segunda instancia y sin que en la
decisión se encuentren vicios o defectos que hagan procedente la protección
tutelar”.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la lectura del escrito de tutela en manuscrito y los documentos anexos, se
tienen como hechos relevantes los siguientes:
La accionante se encuentra privada de la libertad en la Cárcel y Penitenciaría de
Alta y Mediana Seguridad para Mujeres de Bogotá “El Buen Pastor”, en la ciudad
de Bogotá, D.C.
La demandante solicitó su libertad definitiva ante el Juzgado Diecisiete de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, al considerar que se
encontraba a paz y salvo en virtud de las prescripciones y cosa juzgada que se
había configurado en su caso la cual se despachó desfavorablemente. Sin
embargo, contra esta se interpuso acción de tutela en la que se negaron las
pretensiones por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en
fallo de 15 de marzo de 2022, decisión que fue confirmada por la Sala de
Casación Civil de la misma corporación judicial.
La señora Nira Esther Fábregas Maza insistió en la solicitud de libertad, sin
embargo, el Juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bogotá la negó nuevamente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01948-01
Demandante: Nira Esther Fábregas Maza
La accionante presentó acción de hábeas corpus contra el Juzgado Diecisiete de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, la Corte Suprema de
Justicia, Salas de Casación Penal y Civil, Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Penal, Juzgados Cincuenta y Dieciséis Penal del Circuito de Bogotá,
Director de la Cárcel y Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El
Buen Pastor” de Bogotá, con el fin de que “me liberen por parte de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, por cumplir con todos los requisitos a
través del tiempo caso FONCOLPUERTOS CAJANAL, terminando el trámite ante
el Juez (17) de EM y MS por HECHO SUPERADO. (…) Rad. 11001-02-04-000-
2021-02166-00-01 y trasladar esta boleta liberatoria al Juez (26) de EP y MS por
competencia- Ya que el 30/1/2023, el Juez (26) de EP y MS dice en la página de
la Rama Judicial elaboración oficio remisión de proceso salida definitiva”.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, en
decisión de 30 de marzo de 2023, declaró improcedente la solicitud de habeas
corpus formulado por la accionante, “por cuanto la accionante se limitó a exponer
las razones de su desacuerdo con el criterio y argumentos adoptados por los
funcionarios judiciales en todas las actuaciones que ha adelantado, lo cual no
constituye una vía de hecho que justifique la intervención del juez constitucional de
habeas corpus”.
Finalmente, la demandante impugnó la anterior decisión. La Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado en providencia de 11 de abril de 2023, la
revocó y negó las pretensiones de la acción de hábeas corpus, al considerar “se
observa que la privación de la libertad no se ha prolongado ilegalmente; habida
cuenta que existen razones fácticas y jurídicas para que permanezca detenido,
pues de los 154 meses de prisión; al 21 de febrero de 2023, reportaba el
cumplimiento efectivo de 80 meses, 14 días de prisión. Vale decir, la señora Nira
Esther Fábregas Maza, se encuentra legalmente privado de la libertad y no se ha
prolongado ilegalmente. No se evidencia afectación del derecho a la libertad
personal, ni vía de hecho ni arbitrariedad, ni en las decisiones de los jueces
naturales, allegadas al proceso de habeas corpus, ni en la del Tribunal
Administrativo Cundinamarca”.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, hábeas data, dignidad humana y petición, supuestamente vulnerados por
la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y el Juzgado
Veintiséis de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, al no
acceder a la solicitud de libertad que presentó la accionante.
Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas le han negado su libertad
definitiva, pues se le ha aplicado la Ley 906 de 2004, cuando lo correcto es acudir
a la Ley 600 de 2000 y que, en virtud de dicha normativa, cuenta con paz y salvo
respecto a la pena impuesta, así como la prescripción y cosa juzgada.
Resaltó que de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1095 de 2006, la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado no era la autoridad judicial
competente para resolver la impugnación que radicó contra el fallo de 30 de marzo
de 2023 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “A”.
Finalmente, manifestó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
desacato.
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3. Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, hábeas data, dignidad humana
y petición, y si bien desarrolló un acápite relacionado con las pretensiones de la
acción de tutela, las mismas no son claras. Sin embargo, de la lectura integral del
expediente de tutela se entiende que los reproches están encaminados a que se
dejen sin efecto las providencias de 11 de abril de 2023 y de 30 de marzo de
2023, proferidas, en su orden, por la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “A”, dictadas en el marco de la acción de hábeas corpus con
radicado No. 2023-00420-01 y, en consecuencia, que se ordene su inmediata
libertad.
4. Pruebas relevantes
La demandante allegó, junto con el escrito de tutela, los siguientes documentos:
• Providencia de 11 de abril de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección
“B” del Consejo de Estado, en el curso de la acción de hábeas corpus con
radicado No. 25000-23-41-000-2023-00420-01, que adelantó la señora Nira Esther
Fábregas Maza contra el Juzgado Dieciséis de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad y otros.
• Providencia de 30 de marzo de 2023 emanada del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”.
5. Trámite procesal
Por auto de 27 de abril de 2023, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a
las autoridades judiciales accionadas, así como al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, al Juzgado Diecisiete de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y a la Corte Suprema de
Justicia.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal
En oficio de 5 de mayo de 2023, el oficial mayor de la Secretaría de la Sala de
Casación Penal pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela.
Relató que el 8 de febrero de 2023 se recibió fotocopia de un manuscrito y anexos
en 38 folios, allegado por la accionante y dirigido al Juzgado Veintiséis de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, a la Reclusión Cárcel y
Penitenciaría del Alta y Mediana Seguridad para Mujeres de Bogotá y al Consejo
de Estado.
Afirmó que en el escrito la señora Fábregas Maza solicitó que las entidades
competentes tomaran la decisión final de enviar a la Sección Jurídica de la
Reclusión de Mujeres El Buen Pastor su “boleta liberatoria” para cumplir el
procedimiento final dentro del proceso ordinario, toda vez que figuraba como
condenada en los procesos “2010 – 00430 y 2014” por los jueces Dieciséis y
Cincuenta Penales del Circuito de Bogotá.
Sostuvo que mediante oficio No. 01232, se corrió traslado de la petición al
Juzgado Veintiséis de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en
atención a que la competencia para resolver las peticiones de libertad, rebajas de
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pena y asuntos similares dentro de los procesos penales, radica en el juzgado que
al momento de formular la petición ostente la vigilancia del penado. Agregó que la
labor realizada por la secretaría se limitó a remitir el escrito de la ahora accionante
al juzgado destinatario y competente para resolver la petición por ella elevada.
Por último, manifestó que el traslado de la petición se hizo a la autoridad
competente en materia de procesos ordinarios penales relacionados con temas de
libertad, y no tenía que darse remisión a autoridades ajenas a la misma, por lo que
el actuar de esta autoridad judicial no constituye ninguna vía de hecho.
6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “A”
En escrito de 8 de mayo de 2023, la magistrada ponente de la decisión de primera
instancia en la acción de hábeas corpus, pidió que se negaran las pretensiones de
la acción de tutela, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales
a la accionante.
Indicó que la accionante solicitó en el escrito de hábeas corpus que se ordenara
su libertad a través de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
con la emisión de la boleta de libertad, por considerar que ya había cumplido con
la pena impuesta, toda vez que, a su juicio, le aplicaron la Ley 906 de 2004,
cuando lo correcto era enmarcarse en la Ley 600 de 2000.
Sostuvo que el Juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, quien es la autoridad judicial competente de vigilar el
cumplimiento de las sentencias penales dictadas contra la accionante, manifestó
en el escrito de contestación de la solicitud de hábeas corpus, que la sentenciada
solo había cumplido 81 meses y 20 días de los 154 meses de prisión a los que fue
condenada.
Finalmente, manifestó que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, se concluyó que se configuraba una
de las causales de improcedencia de la acción de hábeas corpus, como lo es que
se interponga la acción constitucional para realizar solicitudes o reemplazar los
recursos ordinarios establecidos como mecanismos legales para impugnar las
decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal, toda vez que la aludida
acción no está instituida para que el condenado sustituya el proceso penal,
respecto al cómputo o redención de los tiempos de la pena y la concesión de la
libertad inmediata, o para que se continúe el debate sobre la procedencia de la
libertad, a manera de tercera instancia, con el fin de obtener una resolución
diferente a la adoptada por el juez natural, ni mucho menos para que el juez
constitucional estudie sobre la ley aplicable dentro del proceso penal, ni tampoco
para que revise fallos de acción de tutela o inste a un juez de tutela a tomar
decisiones en algún sentido.
6.3. La Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, el Juzgado
Veintiséis de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y el
Juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá, guardaron silencio aun cuando se les notificó en debida forma el auto
admisorio de la acción de tutela.
7. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado por sentencia de 24
de mayo de 2023, negó las pretensiones de la acción de tutela, pues “la
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accionante en su escrito no formuló defectos concretos en los que hubiera
incurrido presuntamente la providencia señalada, ni de su lectura se observan
tales defectos”.
Afirmó que la accionante lo que pretende “es que mediante la acción de tutela se
revise un asunto que es ajeno a ella, cuando el mismo ya fue objeto de estudio por
el juez natural en la decisión de segunda instancia y sin que la decisión se
encuentren vicios o defectos que hagan procedente la protección tutelar”.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante impugno la anterior decisión, en la que insistió que “se le ha aplicado la
Ley 906 de 2004, cuando se le debe aplicar la Ley 600 de 2000 y que cuenta con
paz y salvo, prescripciones y cosa juzgada”. Asimismo, reiteró el cargo
relacionado con la falta de competencia de la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en virtud de la Ley 1095 de 2006.
De otro lado, resaltó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
defectos orgánico, procedimental absoluto, fáctico y sustantivo, por lo que “pido al
juez de tutela examinar las exigencias generales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se discuten providencias judiciales, y, de encontrarlas superadas
verificar si se configura algún defecto que habilite el amparo constitucional”.
Finalmente, se refirió a unos trámites que se adelanta ante la Jurisdicción Especial
para la Paz bajo los radicados No. “2020-001065-708 CSB-T-35 ACCIÓN DE
TUTELA – Auto inadmite Tutela, Accionada JEP”, y la decisión de “9 de mayo
2023 – Auto de Trámite Expediente 9001239-74-2020.0.00.0001. Notificados
10/05/2023CONCEDE ese recurso ante la Sección de Apelación”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
2.1. La accionante en el escrito de impugnación menciona dos expedientes de
tutela que se tramitan en la Jurisdicción Especial para la Paz, en los que se
profirieron sendos autos de inadmisión de una acción de tutela y de concesión de
un recurso de apelación, sin realizar alguna consideración adicional. Por
consiguiente, la Sala se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno frente a
estos argumentos por tratarse de un alegato nuevo que no se planteó desde un
inicio en la demanda de tutela.
2.2. Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar, como juez de tutela
de segunda instancia, si debe revocar la sentencia de 24 de mayo de 2023,
dictada por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado que negó
las pretensiones de la acción de tutela, y si la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado y el Juzgado Veintiséis de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá, vulneraron los derechos fundamentales al debido
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proceso, de acceso a la administración de justicia, hábeas data, dignidad humana
y petición, al no conceder la libertad definitiva a la demandante.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones1.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
1
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
2
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
3
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
4
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el
proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La señora Nira Esther Fábregas Maza, en ejercicio de la acción de tutela,
demandó a la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y al
Juzgado Veintiséis de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, hábeas data, dignidad humana y de petición, al
negarse la libertad definitiva a la accionante por cumplimiento de condena
impuesta.
La Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado en sentencia de 24
de mayo de 2023, negó las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que “no
formuló defectos concretos en los que hubiera incurrido presuntamente la
providencia señalada, ni de su lectura se observan tales defectos”, a lo que agregó
que lo pretende es que “se revise un asunto que es ajeno a ella, cuando el mismo
ya fue objeto de estudio por el juez natural en la decisión de segunda instancia”.
La demandante impugnó la anterior decisión, en escrito en el que insistió en los
argumentos expuestos en el demanda de tutela. Adicionalmente, señaló que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos orgánico,
procedimental absoluto, fáctico y sustantivo.
4.2. El artículo 30 de la Constitución Política de 1991 dispone que “quien estuviere
privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante
cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por si o por interpuesta persona, el
Habeas Corpus”.
De lo anterior, se desprende que la acción pública de hábeas corpus se entiende
como el instrumento jurisdiccional de primer orden para garantizar la libertad
personal, al punto que desplaza a la acción de tutela en aquellas hipótesis en las
que la pretensión se limite a la liberación de quienes estiman que se encuentran
privados de la libertad de manera arbitraria o ilegal.
Ahora bien, como la finalidad del habeas corpus es garantizar el derecho a la
libertad, las decisiones favorables proferidas en este no son susceptibles de
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recurso alguno de acuerdo con el artículo 65 de la Ley 1095 de 2006, lo cual ha
sido avalado por la Corte Constitucional en sentencia SU-350 de 20196.
Así mismo, la Corte Constitucional ha precisado que la procedencia de la acción
de tutela contra las decisiones de hábeas corpus es excepcionalísima cuando este
se concede, pues como se mencionó en el párrafo anterior, dicha decisión es
inimpugnable, por lo que el juez de tutela solo le es posible analizar dichas
decisiones en los casos en que se evidencie “actuaciones judiciales
manifiestamente irrazonables o fraudulentas”7.
Por último, ha señalado que cuando se reprocha la constitucionalidad de la
decisión que niega el hábeas corpus, la acción de tutela se torna procedente,
siempre y cuando se cumplan con los requisitos generales y especiales de
procedencia de la solicitud de amparo contra providencias judiciales8.
4.3. De conformidad con lo expuesto, la Sala anticipa que revocará la sentencia
impugnada, en tanto que la solicitud de amparo se torna improcedente porque no
cumple con el requisito de la relevancia constitucional, como se expone a
continuación:
4.3.1. La señora Nira Esther Fábregas Maza presentó acción pública de hábeas
corpus contra el Juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, la Corte Suprema de Justicia, Salas de Casación Penal y
Civil, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, Juzgados
Cincuenta y Dieciséis Penal del Circuito de Bogotá, director de la Cárcel y
Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de
Bogotá, con el fin de que se ordenara su libertad definitiva, en razón a que se le
debe aplicar a su caso la Ley 600 de 2000 y no la Ley 906 de 2004.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, en
proveído de 30 de marzo de 2023, declaró improcedente la solicitud de hábeas
corpus, al evidenciar que la demandante solo expuso su desacuerdo con las
decisiones de las autoridades judiciales que han negado sus solicitudes de
libertad, lo que no constituye una “vía de hecho”.
La demandante impugnó la anterior decisión. Insistió en que se le debe expedir la
boleta de libertad y que no le cobija la Ley 906 de 2004 sino la Ley 600 de 2000.
La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado en decisión de 11 de
abril de 2023, revocó el numeral primero de la sentencia impugnada y negó las
pretensiones de la acción de hábeas corpus, bajo el argumento de que la
demandante no había cumplido con la pena impuesta, con sustento en lo
siguiente:
“i. Mediante oficio 03521 del 29 de marzo de 2023, la Secretaría de la Corte Suprema de
Justicia Sala Penal, remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por estar
conociendo del radicado 25000-23-41-000-2023-00420-00; «el correo contentivo de una
acción de habeas corpus», incoada por la señora Nira Esther Fábregas Maza, «privada de
libertad en CPAMSM-BOG-Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad para Mujeres».
ii. Obra oficio 01232 del 8 de febrero de 2023, de la Secretaría de la Corte Suprema de
Justicia-Sala Penal y dirigido al «Asesor Jurídico Establecimiento Penitenciario y Carcelario El
Buen Pastor» y al Juez «Veintisiete» de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad;
5
Artículo 6o. “Decisión. Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, la autoridad judicial competente
inmediatamente ordenará la liberación de la persona privada de la libertad, por auto interlocutorio contra el cual no procede
recurso alguno”
6
Sentencia SU-350 de 2019, M.P.: Carlos Bernal Pulido.
7
Sentencia T-487 de 2019, M.P.: Carlos Bernal Pulido.
8
Sentencia T-315 de 2020, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01948-01
Demandante: Nira Esther Fábregas Maza
mediante el cual comunica que «la señora Nira Esther Fábregas Maza, identificada…privada
de la libertad en la reclusión de mujeres el Buen Pastor de esta ciudad, hizo llegar a la
ventanilla de esta Secretaría…en el cual solicita el envío de la boleta liberatoria… procesos
2010-00430 y 2014-0008 corresponde a dicho Juzgado, de su (sic) …se corre traslado al
juzgado destinatario para los trámites a que haya lugar».
iii. Asimismo, auto del 3 de marzo de 2023, del Juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, que dispuso «estése a lo dispuesto en el auto de 28 de
febrero de 2023, que declaró desierto el recurso de apelación contra el auto de 30 de enero
de 2023».
iv. Milita copia de la providencia del 14 de marzo de 2023, por medio de la cual el Juzgado
Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, declaró desierto «por indebida
sustención», el recurso de reposición interpuesto por la señora Nira Esther Fábregas Maza,
contra el auto del «21 de febrero de 2023», por el cual «le fue negada la solicitud de libertad
inmediata». En la mentada providencia el Juzgado anotó que: a) Ejecuta la sentencia del 15
de abril de 2013 proferida por el Juzgado 50 Penal del Circuito, y mediante las cuales le
impuso a la señora Nira Esther Fábregas Maza, pena privativa de libertad de 84 meses de
prisión y multa de «$3.291.753.658.47», como responsable del delito de peculado por
apropiación. No siendo favorecida con la suspensión condicional de ejecución de la pena, ni
sustituto alguno y la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento del 13 de abril de 2016,
decidió no casar el fallo objeto del recurso extraordinario de casación. b) El 14 de julio de
2016, se materializa la orden de captura 01605674 en contra de la señora Nira Esther
Fábregas Maza. En la misma fecha fue legalizada la aprehensión y se libró boleta de
encarcelación No. 0014 «para ante la Reclusión de Mujeres de Bogotá» c) Mediante
sentencia del 19 de septiembre de 2014, el Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogotá, impuso
pena privativa de libertad [118meses y 25días ] a la señora Nira Esther Fábregas Maza, por el
delito de peculado por apropiación, radicado 2010-00430-09(7635) d) mediante auto del 3 de
noviembre de 2020, se acumularon «a favor de la sentenciada», las penas impuestas en las
sentencias 15 de abril de 2013 y del 19 de septiembre de 2014, por los Juzgados 50 y 16
Penal del Circuito de Bogotá, «quedando como pena acumulada, 154 meses de prisión»,
«debiendo purgar la pena intramural, al mantenerse la decisión de no concesión del
subrogado de suspensión condicional de la pena, no procediendo tampoco la prisión
domiciliaria.» e) que el 21 de febrero de 2023, el Juzgado 17 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad, negó la solicitud de libertad inmediata, por cuanto para la fecha de
esa decisión [21-02-2023], «reportaba el cumplimiento efectivo de 80 meses, 14 días de
prisión, sin superar la pena de 154 meses de prisión fijada como acumulada».
iii. Reposa providencia del 30 de marzo de 2023, por medio de la cual el Tribunal Superior de
Bogotá-Sala Penal, declaró improcedente el recurso de queja contra la providencia del «28 de
febrero de 2023», emitida por el Juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá «en la que declaró desierto el recurso de apelación en contra de la
providencia del 30 de enero de 2023.», por no haber sido sustentado el recurso de apelación.
En esa oportunidad el Tribunal anotó en el apartado de antecedentes de providencia que: a)
El juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, el 17 de junio de 2016,
avocó la vigilancia de la pena impuesta a Nira Esther Fábregas Meza, mediante sentencia del
15 de abril de 2013, y el 5 de febrero del 2018, el mismo despacho hizo lo propio respecto a
la condena asignada a la misma señora por sentencia del 5 de febrero de 2018. b) El
Juzgado Ejecutor Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de oficio
mediante auto del 3 de noviembre de 2020, decretó la acumulación jurídica de penas,
«fijándola en 154 meses de prisión» c) Mediante 30 de enero de 2023, el Juzgado Ejecutor,
negó la solicitud de «libertad definitiva». El 28 de febrero de 2023, el «juez de primer grado
declaró desierta la alzada» contra la providencia del 30 de enero de 2023.
24. Así, se evidencia que contra la señora Nira Esther Fábregas Maza, la Justicia Penal,
adelantó por el delito de peculado por apropiación, los procesos radicados con los números
2014-00008-00(650) y 2010-00430-09(7635) y por cuenta de los mismos pesa una condena
acumulada de 154 meses de prisión, y al 21 de febrero de 2023, según lo informó el Juez
Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad «reportaba el cumplimiento
efectivo de 80 meses, 14 días de prisión». Asimismo, según los antecedentes, la señora
Fábregas Maza, purga la pena en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario El Buen
Pastor, desde el 14 de julio de 2016.
Asimismo, según los antecedentes, la señora Fábregas Maza, purga la pena en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario El Buen Pastor, desde el 14 de julio de 2016”.
De lo anterior, se observa que la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo
de Estado, luego de analizar el material probatorio, consideró que la privación de
la libertad a la que se encuentra sometida la demanda no se había prolongado
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Demandante: Nira Esther Fábregas Maza
ilegalmente, pues de los 154 meses de prisión, solo reportaba el cumplimiento
efectivo de 80 meses y 14 días de prisión.
4.3.2. Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala encuentra que los reproches
formulados por el accionante lo que en realidad pretenden es darle continuidad al
debate relacionado con la solicitud de libertad definitiva por el cumplimiento de la
condena en virtud de la Ley 600 del 2000.
En efecto, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en el
marco de la competencia que goza como juez de segunda instancia en la acción
de hábeas corpus, estudió los mismos argumentos respecto de los cuales no se
alega ni es posible inferir que se hubiera incurrido en alguna causal específica de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones dictadas en el marco del
recurso de hábeas corpus.
Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, la procedencia
de la acción de tutela en este contexto se habilita siempre que se cumplan los
requisitos generales de procedencia, respecto de los cuales no se evidencia una
verdadera o evidente relevancia constitucional.
Si bien, de por medio está lo relativo al derecho fundamental a la libertad personal,
esa sola circunstancia no es suficiente para efectuar un estudio oficioso de una
providencia judicial, respecto de la cual se requiere que se proponga un genuino
debate constitucional. Cuestión diferente es que al no estar de acuerdo con la
decisión, la demandante presentara la acción de tutela invocando la vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia, habeas data, dignidad humana y petición, con el fin de que se vuelvan
a estudiar los argumentos expuestos en la acción de hábeas corpus, para lo cual
no se encuentra instituida la acción de tutela.
La Sala observa que en el escrito de tutela se reprodujeron los mismos
argumentos de la acción de hábeas corpus y en la impugnación, lo que a su vez
evidencia la intención de la accionante de utilizar la tutela como una instancia
adicional con el fin de insistir en la misma discusión de naturaleza legal que ya fue
resuelta por el juez constitucional en la acción de hábeas corpus.
Ahora bien, la Sala entiende que el fallo proferido por la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado varía respecto a la decisión de primera
instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “A”, empero, esta circunstancia no justifica per se ni puede dar por
superado el requisito de la relevancia constitucional en el presente caso, pues se
evidencia que la actora ha sido insistente en los mismos alegatos.
Al respecto, es necesario recordar que la Corte Constitucional en sentencia SU-
573 de 20199, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”10 (Negrilla y resalta de la Sala)
9
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
10
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
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En la sentencia SU-215 de 202211, la Corte Constitucional recordó que el
cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional requiere “involucrar algún
debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe limitarse a una
puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los
derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela, con la intención de traer la misma discusión que fue resuelta por el juez del
hábeas corpus, sin que la misma trascienda a un plano constitucional. En efecto,
se evidencia que los alegatos de la demandante son una inconformidad de la
decisión adoptada, lo que no es suficiente para que se profiera un fallo de fondo,
pues ello comprometería los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
Aunado a lo anterior, el cargo relacionado con que en el proceso penal se le aplicó
la Ley 906 de 2004, cuando se debió tramitar con la Ley 600 de 2000, es un
alegato propio del proceso penal, que no del juez constitucional.
Adicionalmente, respecto del argumento relacionado con la supuesta falta de
competencia de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado para
resolver la impugnación de acuerdo con el artículo 712 de la Ley 1095 de 2006, se
advierte que la norma invocada no establece alguna regla de competencia que el
juez de tutela pueda analizar con el fin de intervenir y determinar si se incurrió en
alguna vulneración de derechos fundamentales, a lo que se agrega que no
expresa razones por las que considera que esa autoridad judicial accionada era
incompetente para conocer de la acción de hábeas corpus, en segunda instancia.
Así las cosas, la Sala revocará la sentencia impugnada que negó las pretensiones
de la solicitud y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela por
no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- REVÓCASE la sentencia de 24 de mayo de 2023, proferida por la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado. En su lugar,
11
M.P. Natalia Ángel Cabo.
12
ARTÍCULO 7o. IMPUGNACIÓN. La providencia que niegue el Hábeas Corpus podrá ser impugnada, dentro de los tres (3)
días calendario siguientes a la notificación. La impugnación se someterá a las siguientes reglas:
1. Presentada la impugnación, el juez remitirá las diligencias dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas al superior
jerárquico correspondiente. El expediente será repartido de manera inmediata y habrá de ser fallado dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes.
2. Cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los
magistrados integrantes de la Corporación, sin requerir de la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los
integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual para resolver las impugnaciones del Hábeas Corpus.
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Demandante: Nira Esther Fábregas Maza
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Nira Esther Fábregas Maza, quien actúa en nombre propio, contra la
Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y el Juzgado Veintiséis
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, por las razones aquí
expuestas.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
12
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