Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01956-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01956-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01956-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
10 de agosto de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01956-00
Demandantes: Ruby Esther Aviléz Romero y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01956-00
Demandantes: RUBY ESTHER AVILÉZ ROMERO, RUBÉN DARÍO AVILÉZ
ROMERO, LUIS MANUEL AVILÉZ ROMERO, JUAN
FRANCISCO AVILÉZ ROMERO, MARTA CECILIA AVILÉZ
ROMERO, MARÍA EUGENIA AVILÉZ ROMERO, JOAQUÍN
DANIEL AVILÉZ ROMERO, MANUEL RAMÓN AVILÉZ
ROMERO, YICELA CECILIA OLASCOAGA AVILÉZ, JUAN
CARLOS AVILÉZ LUNA, LUIS FERNANDO RICO AVILÉZ,
ALEXANDRA ESTHER RICO AVILÉZ, JOSÉ GREGORIO
REYES MUÑOZ, ADRIANA MARCELA RICO AVILÉZ,
MANUEL DARÍO AVILÉZ BARRIOS, MAURICIO RAFAEL
HERNÁNDEZ AVILÉZ, ANDREA PAOLA AVILÉZ LUNA,
GERMÁN DARÍO AVILÉZ LUNA, MOISÉS LIBAN
HERNÁNDEZ AVILÉZ, LUIS ANDRÉS AVILÉZ YEPEZ, NEIDY
LUZ AVILÉZ CLETO, CARLOS JOSÉ AVILÉZ BÁRCENAS,
SINDERLYN BRIGGI ARROYO AVILÉZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA SEGUNDA
DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Demanda de reparación directa por
graves violaciones a los derechos humanos (ejecución extrajudicial).
Desconocimiento del precedente judicial por aplicación indebida de la
sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de
Estado de 29 de enero de 2020
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Ruby Esther, Rubén Darío, Luis Manuel, Juan
Francisco, Marta Cecilia, María Eugenia, Joaquín Daniel, Manuel Ramón Aviléz
Romero, Yicela Cecilia Olascoaga Aviléz, Juan Carlos Aviléz Luna, Luis Fernando
Rico Aviléz, Alexandra Esther Rico Aviléz, José Gregorio Reyes Muñoz, Adriana
Marcela Rico Aviléz, Manuel Darío Aviléz Barrios, Mauricio Rafael Hernández
Aviléz, Andrea Paola Aviléz Luna, Germán Darío Aviléz Luna, Moisés Liban
Hernández Aviléz, Luis Andrés Aviléz Yepez, Neidy Luz Aviléz Cleto, Carlos José
Aviléz Bárcenas, Sinderlyn Briggi Arroyo Aviléz, contra el Tribunal Administrativo
de Sucre, Sala Segunda de Decisión, en la que piden el amparo constitucional de
los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y reparación integral, así
como los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, que consideran
vulnerados con la sentencia 16 de noviembre de 2022, mediante la cual se
confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Sincelejo el 23 de junio de 2021, en la que se
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Demandantes: Ruby Esther Aviléz Romero y otros
declaró la caducidad de la acción de reparación directa iniciada contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Los actores manifestaron que el 1 de agosto de 2019, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, formularon demanda contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin de que se declarara su
responsabilidad administrativa y patrimonial por los daños derivados del secuestro
y ejecución extrajudicial de su familiar, el señor Rodrigo Antonio Aviléz Salgado.
La víctima directa fue contactada en el municipio de Sahagún (Córdoba) por un
particular, quien mediante la promesa de trabajar como cuidandero en una finca
en la municipalidad de Corozal, lo convenció de trasladarse al sitio, donde fue
asesinado en un combate simulado el 8 de enero de 2008.
El proceso se tramitó en primera instancia ante el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Sincelejo, que por sentencia anticipada de 23 de junio de 2021,
declaró la caducidad del medio de control al considerar que los demandantes
tuvieron conocimiento del hecho generador del daño desde el mismo 8 de enero
de 2008, fecha en la que ocurrió la muerte del señor Rodrigo Antonio Aviléz
Salgado. A lo que se agregó que, desde el 22 de mayo de 2012, estaban
enterados de la sentencia condenatoria proferida contra el soldado profesional
Iván Darío Contreras Pérez como coautor de su muerte.
En ese sentido, concluyó que desde esa fecha los accionantes sabían de la
participación del Estado en el daño causado y, por tanto, tenían hasta el 23 de
mayo de 2014 para promover la acción de reparación directa.
La parte actora sostuvo que formuló recurso de apelación contra la decisión
anterior, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda
de Decisión, por medio de sentencia de 16 de noviembre de 2022, en el sentido de
confirmar la declaratoria de caducidad de la acción de reparación directa.
En concreto, la autoridad judicial demandada, luego de mencionar la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, consideró que la caducidad debía contabilizarse desde la fecha del
fallecimiento del señor Rodrigo Antonio Aviléz Salgado, pues desde ese momento
los demandantes tenían la posibilidad de acceder a la administración de justicia
por la supuesta omisión en el deber de seguridad de las fuerzas militares hacia los
ciudadanos. Adicionalmente, advirtió que aun cuando se tuviera en cuenta como
fecha de conocimiento del daño la sentencia condenatoria proferida el 22 de mayo
de 2012 contra el señor Iván Darío Contreras Pérez, la demanda se radicó por
fuera del plazo de dos (2) años señalado en la Ley 1437 de 2011.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Segunda de Decisión, al considerar que vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y reparación integral, así como los
principios de seguridad jurídica y confianza legítima, que consideran vulnerados
con la sentencia 16 de noviembre de 2022, mediante la cual se confirmó la
providencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Administrativo
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del Circuito de Sincelejo el 23 de junio de 2021, en la que se declaró la caducidad
de la reparación directa iniciada contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional.
Indicó que la decisión demandada afectó las referidas garantías ius
fundamentales, al aplicar la subregla jurisprudencial fijada por la Sección Tercera
del Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, sin
tener en cuenta que para la fecha de la presentación de la solicitud de la
conciliación extrajudicial (4 de abril de 2019) y la demanda (1 de agosto de 2019),
se aplicaba el criterio de imprescriptibilidad de los casos relacionados con graves
violaciones a los derechos humanos.
Aseguró que bajo ese convencimiento la demanda de reparación directa no se
radicó con anterioridad, por lo que afirmó que “ante el cambio relevante en los
parámetros normativos, el tribunal accionado debió estudiar a fondo la demanda en litigio,
con los argumentos planteados probablemente hubieren tenido otro resultado, dado que
el profesional del derecho en la demanda, en su parte argumentativa estaba centrado a
demostrar la ocurrencia de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Y no a
cumplir los parámetros establecidos en el precedente de unificación, reglas fijadas
posteriormente en el precedente jurisprudencial; como quiera que la demanda fue
presentada en el año 2019”.
Además, sostuvo que la sentencia de unificación guardó silencio en cuanto a sus
efectos temporales por lo que desde una perspectiva académica y jurisprudencial,
este silencio puede dar lugar a varias interpretaciones. Por un lado, que las reglas
que allí se enuncian solo resultan aplicables frente a los procesos iniciados con
posterioridad a su promulgación y, por el otro, que se aplica para los casos que se
encontraban en trámite al momento de proferirse la decisión de unificación y que
no contaran con sentencia de segunda instancia.
Advirtió que esta última tesis (efectos retrospectivos del precedente
jurisprudencial), resulta injusta dado que genera una revictimización de quienes
han sufrido graves violaciones de los derechos humanos por parte de agentes
estatales.
Aseguró que de conformidad con la sentencia T-301 de 2019 de la Corte
Constitucional, el término de caducidad puede flexibilizarse en aras de garantizar
el acceso efectivo a la administración de justicia y la reparación integral de las
víctimas.
Enseguida refirió que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales
de procedencia, teniendo en cuenta que: (i) la providencia demandada fue
proferida en el marco del recurso de apelación, por lo que ya no cuenta con otro
medio de defensa judicial; (ii) cumple con el requisito de la inmediatez al haberse
interpuesto dentro de un plazo razonable y, por último, (iii) goza de relevancia
constitucional dado que los hechos que aquí se discuten tienen relación con
graves violaciones a los derechos humanos, cuyo juzgamiento en materia de
reparación no puede estar sometido a la regla general de la caducidad, ya que
existe una norma del ius congens según la cual “el paso del tiempo no impide el
acceso a la administración de justicia para solicitar la reparación de los daños
generados por tales actos inhumanos”. Frente a dicha afirmación, mencionó la
sentencia de 30 de marzo de 2017, proferida por la Sección Tercera, Subsección
“B” (C.P. Ramiro Pazos Guerrero).
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3. Pretensiones
En el escrito de tutela, la parte actora formuló las siguientes:
“PRIMERO: Solicito a esta Alta Corporación, con el debido respeto, la revocatoria de
las decisiones proferidas por las autoridades accionadas, que declararon probada la
excepción de caducidad propuesta por el juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Sincelejo (sic) y confirmada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE-SALA
SEGUNDA DE DECISION.
SEGUNDO: Se dé aplicación a la normativa actual al momento de presentación del
medio de control de reparación directa para el año 2019, dada la línea de
argumentación transcrita por el apoderado, que tiene como fundamento los principios
de legalidad y confianza legítima, así como el mandato de tutela judicial efectiva. en la
Sentencia SU-406 de 2016, La CORTE CONSTITUCIONAL en Sentencia T-352, de
Julio 06 de 2016, entre otros, tutelando los derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la justicia de los accionantes, para los casos específicos de ejecuciones
extrajudiciales, mal llamadas "Falsos Positivos. Así como lo establece el artículo 624
del CGP establece reglas para aplicar los cambios legislativos”.
4. Pruebas relevantes
Mediante correo electrónico de 26 de abril de 2023, la Secretaría del Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Sucre remitió copia digital del expediente de
reparación directa con radicado No. 70001-33-33-001-2019-00240-00/01.
5. Trámite procesal
Por auto de 24 de abril de 2023, la Consejera Ponente admitió la demanda y
ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Sincelejo, a la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - y a los señores Manuel Francisco Aviléz Cardozo,
Yadimith Aviléz Romero, Diana Mejía Aviléz, Stephanie Mejía Aviléz, Jesús David
Mejía Aviléz, Jesús David Reyes Aviléz, Saira Melissa Aviléz Rivera, Javier Andrés
Aviléz Rivera, Yohana Marcela Aviléz Rivera y Sintia Paola Arroyo Aviléz, como
terceros interesados en el resultado del proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
36398 a 36403, 36884 y 36927 de 26 de abril de 2023, con el fin de notificar a las
partes1.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional
Por medio de escrito de 28 de abril de 2023, la coordinadora del Grupo
Contencioso Constitucional pidió que se nieguen las pretensiones formuladas por
la parte accionante, al considerar que las decisiones demandadas no vulneraron
los derechos fundamentales invocados.
1 Las partes demandante y demandada, así como los terceros con interés fueron notificadas a las
siguientes direcciones de correo electrónico notificaciones@osfechaginsas.com;
osfechagin@hotmail.com; sgtadminscj@notificacionesrj.gov.co;
sectradmsuc@cendoj.ramajudicial.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co;
ceoju@buzonejercito.mil.co; peticiones@pqr.mil.co; publicacionesejercito@ejercito.mil.co;
adm01sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co; notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co;
osfechagin@hotmail.com; osfechagin@hotmail.com; yustimix@gmail.com.
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Indicó que tanto el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sincelejo como
el Tribunal Administrativo de Sucre, declararon la caducidad de la acción con
fundamento en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado el 29 de enero de 2020 y en la valoración de las pruebas que
reposaban en el expediente.
Señaló que, contrario a lo afirmado por la parte actora, los pronunciamientos
previos a la referida sentencia de unificación no constituían precedente judicial,
pues no existía una línea argumentativa única por parte de las Subsecciones del
Consejo de Estado en cuanto a la caducidad del medio de control de reparación
directa en los casos de graves violaciones de los derechos humanos, por el
contrario, había diferentes criterios y lineamientos en el tema.
En este sentido, sostuvo que resultaba de obligatoria observancia el criterio
expuesto en la sentencia de unificación y que aun cuando el Estatuto de Roma
indica que los crímenes de lesa humanidad de competencia de la Corte Penal
Internacional son imprescriptibles, dicha regla no altera la legislación interna
(sentencia C-290 de 2012). A lo que agregó, que la caducidad es una herramienta
que se fundamenta en la actitud procesal de los interesados para poner en marcha
el aparato jurisdiccional del Estado dentro del término establecido legalmente y, si
no se realiza en tiempo, no obtendrán el resarcimiento del derecho violentado.
Por último, aseguró que no se estructuraron irregularidades procesales ni
sustanciales en las providencias enjuiciadas que ameriten la intervención del juez
constitucional en procura de proteger los derechos fundamentales que
supuestamente se vulneraron con el decreto judicial de la caducidad.
6.2. El Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Primero Administrativo de
Sincelejo remitieron copia digital del expediente de reparación directa No. 70001-
33-33-001-2019-00240-00/01. Sin embargo, no emitieron pronunciamiento alguno
en cuanto a los hechos, fundamentos y pretensiones expuestos en el escrito de
tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Segunda de Decisión, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y reparación integral, así como los principios de seguridad jurídica y
confianza legítima, al proferir la decisión de 16 de noviembre de 2022, mediante la
cual se confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Sincelejo el 23 de junio de 2021, en la que
se declaró la caducidad del medio de control de reparación directa iniciado contra
la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, por incurrir en
desconocimiento de precedente judicial al aplicar de forma indebida la sentencia
de unificación de 29 de enero de 2020, sin tener en cuenta que para la fecha de
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presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial y la demanda se aplicaba
otro criterio jurisprudencial según el cual la regla de la caducidad no debía
aplicarse en los casos de graves violaciones de los derechos humanos.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20145, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
2 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
3 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
4 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
5 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
8 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
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fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la
Constitución14.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte
Constitucional16.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. Del asunto bajo examen
Los señores Ruby Esther, Rubén Darío, Luis Manuel, Juan Francisco, Marta
Cecilia, María Eugenia, Joaquín Daniel, Manuel Ramón Aviléz Romero, Yicela
Cecilia Olascoaga Aviléz, Juan Carlos Aviléz Luna, Luis Fernando Rico Aviléz,
Alexandra Esther Rico Aviléz, José Gregorio Reyes Muñoz, Adriana Marcela Rico
Aviléz, Manuel Darío Aviléz Barrios, Mauricio Rafael Hernández Aviléz, Andrea
Paola Aviléz Luna, Germán Darío Aviléz Luna, Moisés Liban Hernández Aviléz,
Luis Andrés Aviléz Yepez, Neidy Luz Aviléz Cleto, Carlos José Aviléz Bárcenas,
Sinderlyn Briggi Arroyo Aviléz, por conducto de apoderado judicial, presentaron
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de
Decisión, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y reparación integral, así como los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima, que consideran vulnerados con la providencia de 16
9 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
10 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
11 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
12 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa
la legitimidad de su órbita funcional.
13 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
14 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias
SU-114 de 2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
15 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016
00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº
2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
16 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P.
Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de
2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre
otras.
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de noviembre de 2022, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sincelejo
el 23 de junio de 2021, en la que se declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa iniciado contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional.
La solicitud de amparo se sustentó en que la providencia demandada aplicó de
forma indebida la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, pues al momento de presentación de la
solicitud de la conciliación extrajudicial (4 de abril de 2019) y la demanda (1 de
agosto de 2019), se aplicaba otra regla jurisprudencial según la cual, frente a los
casos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos, al ser
imprescriptibles, no se aplicaba la regla de la caducidad.
Indicó que bajo dicha expectativa la demanda se radicó por fuera del término de
los dos (2) años establecido en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. A lo que
agregó, que la sentencia guardó silencio en cuanto a sus efectos temporales por lo
que resulta más favorable no darle efectos retrospectivos frente a casos que se
iniciaron con anterioridad a su expedición, pues de hacerlo se estaría
revictimizando a quienes han sufrido graves violaciones a los derechos humanos.
5.2. Verificación de los requisitos generales de procedencia
En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela es de relevancia
constitucional, aun cuando en dos instancias judiciales se encontró configurado el
fenómeno de la caducidad, porque debe definirse si la autoridad judicial accionada
vulneró a los accionantes los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad
y reparación integral, así como los principios de seguridad jurídica y confianza
legítima, al declarar la caducidad del medio de control de reparación directa
iniciado con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados con la
ejecución extrajudicial del señor Rodrigo Antonio Aviléz Salgado.
De igual modo, (ii) los accionantes no cuentan con otro medio de defensa judicial
para reclamar la protección constitucional de los derechos fundamentales
supuestamente vulnerados con la providencia objeto de reproche constitucional,
en tanto fue proferida en el trámite del recurso de apelación en el proceso
ordinario; (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que la última
providencia emanada en el trámite judicial del recurso de apelación tiene data de
16 de noviembre de 2022 y se notificó por correo electrónico el 9 de diciembre de
2022, la acción de tutela se presentó el 20 de abril de 2023, esto es, cuatro (4)
meses y once (11) días después, dentro del término prudencial precisado por esta
Corporación y la Corte Constitucional17; (iv) se identificaron de manera razonable
los hechos que generaron la supuesta vulneración de los derechos fundamentales
y (v) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.
Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la
Sala entrará a efectuar el estudio de fondo del asunto bajo consideración.
17 Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios
S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandantes: Ruby Esther Aviléz Romero y otros
5.3. La sentencia demandada no vulneró los derechos fundamentales
invocados
5.3.1. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará un
recuento de la sentencia de 16 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, en el marco del recurso de
apelación presentado por la parte actora contra la providencia emitida por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sincelejo, mediante la cual se
declaró la caducidad de la acción.
En primer lugar, la autoridad judicial demandada mencionó que de conformidad
con la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su postura en relación con la
caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otros, en el sentido de que en
los únicos casos en que la regla de caducidad fijada en la ley admite excepciones
es en los asuntos de desaparición forzada, pues en los demás se aplica la
caducidad ordinaria de dos (2) años.
Aseguró que dicho precedente judicial resulta vinculante y obligatorio para resolver
el caso sometido a su consideración, por lo que el análisis y examen gravitaría en
torno a las reglas que allí se establecieron.
Enseguida, refirió que de conformidad con las pruebas que reposan en el
expediente “los demandantes tuvieron conocimiento del daño antijurídico alegado
desde el momento mismo de su causación, cuando lamentablemente el señor
Rodrigo Aviléz Salgado falleció a manos de las fuerzas armadas estatales, según
se afirmó en la demanda. Desde ese mismo instante los demandantes podían
acceder al sistema de administración de justicia, por la supuesta omisión en el
deber de seguridad de las fuerzas militares hacia los ciudadanos”.
En ese sentido, indicó que operó la caducidad del medio de control de reparación
directa, pues como lo dispuso el juez de primera instancia los accionantes tuvieron
conocimiento del daño, es decir, de la muerte del señor Rodrigo Antonio Aviléz
Salgado desde el mes de febrero de 2008, por lo que la oportunidad para acudir a
la jurisdicción se extendió hasta el año 2010. Sin embargo, la demanda se
presentó el 1 de agosto de 2019, cuando el término para intentar el medio de
control se encontraba vencido.
Así mismo, sostuvo que “los demandantes tuvieron conocimiento del daño
antijurídico alegado desde el momento mismo de su causación, cuando
lamentablemente el señor Rodrigo Aviléz Salgado falleció a manos de las fuerzas
armadas estatales, según se afirmó en la demanda. Desde ese mismo instante los
demandantes podían acceder al sistema de administración de justicia, por la
supuesta omisión en el deber de seguridad de las fuerzas militares hacia los
ciudadanos”.
Por otro lado, señaló que si bien no se exigía a los demandantes una plena
certeza de los autores del hecho generador del daño para poder acceder a la
justicia, refirió que por medio de sentencia de 22 de mayo de 2012 se condenó al
señor Iván Darío Contreras Pérez como responsable de la muerte de la víctima, de
manera que los accionantes con ello confirmaron la participación del Estado en el
daño y tampoco se ejerció la facultad de accionar en el periodo dispuesto por la
ley, de manera que caducó la acción.
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Así mismo, indicó que los accionantes no probaron alguna situación particular que
obstaculizara su acceso a la administración de justicia, ni alguna circunstancia
especial que hubiera impedido el ejercicio oportuno del medio de control de
reparación directa.
En este orden de ideas, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia de 23
de junio de 2021, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Sincelejo, en la que se declaró la configuración de la caducidad del medio de
control de reparación directa.
Lo expuesto permite evidenciar que la decisión demandada se sustentó en las
reglas fijadas por la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en el sentido de indicar que a pesar de que se
trata de un caso relacionado con un crimen de lesa humanidad el término de
caducidad del medio de control debe contabilizarse a partir (i) de la ocurrencia de
los hechos (2008), cuando los accionantes tuvieron conocimiento de la muerte del
señor Rodrigo Antonio Aviléz Salgado y (ii) que aún si se contara el término desde
el 22 de mayo de 2012, fecha en la que se dictó la sentencia condenatoria contra
uno de los responsables de su muerte, la acción de reparación directa ya se
encontraba caducada.
5.3.2. Como cuestión inicial, valga indicar que la sentencia de unificación de 29 de
enero de 2020 fue proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, ante la
disparidad de criterios de las Subsecciones en cuanto a la exigibilidad del término
para demandar en reparación directa cuando se invocaban delitos de lesa
humanidad o crímenes de guerra18, a diferencia de lo que sostiene la parte actora.
En otros términos, para el momento de la presentación de la demanda de
reparación directa no existía una postura pacífica sobre ese particular en esta
corporación ni en la Corte Constitucional.
La Sección Tercera dispuso que, por regla general, el término de dos (2) años
para presentar la demanda de reparación directa se cuenta desde la fecha de la
acción u omisión causante del daño o desde el momento en el que el afectado lo
conoció o debió conocerlo, siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia. De este modo, sostuvo que mientras no se
cuente con elementos de juicio para inferir que el Estado estuvo implicado en la
acción u omisión causante del daño y que le era imputable el daño, el plazo de
caducidad de la reparación directa no resultaba exigible, pero si el interesado
estaba en condiciones de inferir tal situación, y pese a ello no acudió a la
jurisdicción, el juez de lo contencioso administrativo debe declarar que el derecho
de acción no se ejerció en tiempo, bien sea al analizar la admisión de la demanda,
al resolver las excepciones en la audiencia inicial o al dictar sentencia, según el
caso.
Además, precisó que el conocimiento de los hechos no implica la individualización
o sanción penal del agente que ocasionó el daño, sino el conocimiento de la
intervención de una autoridad.
En la sentencia se indicó que las reglas de caducidad antes enunciadas se aplican
a todos los asuntos de reparación directa, al margen de que se trate de delitos de
18 En la decisión se indicó lo siguiente: “Entre las Subsecciones que integran esta Sala, según se
explicó en auto del 17 de mayo de 2018, mediante el cual se avocó el conocimiento del presente
asunto para efectos de unificación de jurisprudencia, no existe un criterio uniforme en cuanto a la
exigibilidad del término para demandar cuando se invoca un delito de lesa humanidad o un crimen
de guerra, razón por la cual en esta oportunidad se fijará un criterio uniforme para tales eventos”.
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lesa humanidad o de crímenes de guerra, pues ni el Decreto 01 de 1984 ni la Ley
1437 de 2011 establecen una regla especial frente a estas conductas, salvo lo
referente al delito de desaparición forzada.
En este orden de ideas, unificó su criterio en relación con el término de caducidad
para delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra, a través de las
siguientes reglas “i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar
establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición
forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los
afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u
omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de
acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley”.
La Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-312 de 202019, acogió
la interpretación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al considerar que
“es razonable y proporcional desde una perspectiva constitucional y convencional,
incluso en casos en los que el daño que se pretenda reparar sea causado por un
delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio”. Además, indicó que el
plazo de dos (2) años para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa es
razonable dado que el mismo solo empieza a contabilizarse cuando exista claridad
en torno a lo sucedido, comoquiera que no es determinante la fecha de ocurrencia
de la conducta, sino la posibilidad del interesado de identificar la participación en
la misma de sujetos vinculados a una autoridad pública y de acudir al sistema
jurisdiccional para presentar la reclamación respectiva.
5.3.3. Por otro lado, en cuanto a los efectos temporales de la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
la Corte Constitucional destacó en la sentencia T-044 de 2022 que, como la
misma no se refirió a sus efectos en el tiempo, se entiende que son retrospectivos,
por lo que su aplicación es general e inmediata. En otras palabras, el efecto
retrospectivo implica que la nueva regla del precedente judicial solo podrá afectar
situaciones jurídicas que se encuentren en curso o a la espera de un fallo judicial
de modo tal que no se encuentren consolidadas.
Sobre los efectos inmediatos de la jurisprudencia, la Corte Constitucional en la
sentencia SU-406 de 201620 señaló “que, si bien la regla general indica que la
jurisprudencia rige con efectos inmediatos y en este sentido vincula a los
operadores judiciales que deben tenerla en cuenta en sus decisiones, la autoridad
judicial tampoco puede pasar por alto que, en ciertos escenarios concretos, la
actuación de los sujetos procesales pudo estar determinada por la jurisprudencia
vigente para entonces, por lo que el fallador, al momento de proferir su decisión,
debe establecer, a partir de una análisis fáctico, si el cambio de jurisprudencia
resultó definitivo en una posible afectación de derechos fundamentales al
modificar las reglas procesales con base en las cuales, legítimamente, habían
actuado los sujetos procesales y, en este sentido, el juez de conocimiento puede,
como excepción a la regla general de aplicación de la jurisprudencia, inaplicar un
criterio jurisprudencial en vigor al momento de proferir el fallo, pero contrario a uno
anterior que resultó determinante de la conducta procesal de las partes” (subrayas
y negrillas por fuera del texto original).
19 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
20 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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5.3.4. Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala observa que en el asunto bajo
examen el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, no
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la
reparación integral, así como los principios de seguridad jurídica y confianza
legítima, teniendo en cuenta que aplicó de forma acertada el criterio
jurisprudencial vinculante para el momento de proferirse la decisión, esto es, la
sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 20 de
enero de 2020, para lo cual analizó no sólo la fecha en que se tuvo conocimiento
del daño, sino que además constató que no se comprobó la existencia
circunstancias que les hubiesen impedido a los accionantes acceder con
anterioridad a la administración de justicia.
De conformidad con lo expuesto en la providencia demandada se advierte la
autoridad judicial accionada no solo realizó el conteo del término de la caducidad a
partir del momento en que se produjo el daño (fallecimiento del señor Rodrigo
Antonio Aviléz Salgado), sino que también, en virtud del criterio de favorabilidad,
tuvo en cuenta la fecha en la que se dictó la condena de la justicia penal contra un
ex miembro del Ejército Nacional que resultó responsable de los hechos que allí
se endilgan (22 de mayo de 2012), encontrando que aun cuando se efectuara el
conteo de esa forma la acción de reparación directa se encontraba caducada.
Así mismo, se advierte que en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de 23 de junio de 2021, la parte actora expuso sus argumentos en
cuanto a la no aplicabilidad de la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020,
indicando la imposibilidad de acudir a la administración de justicia con
anterioridad. No obstante, dicha circunstancia fue descartada en la decisión de
segunda instancia por cuanto no fue debidamente probada.
Por otro lado, aun cuando la parte actora expuso que de conformidad con la
sentencia de 30 de marzo de 2017, proferida por la Sección Tercera, Subsección
“B” (C.P. Ramiro Pazos Guerrero, exp. No. 15001-23-31-000-2003-02611-01), los
casos en los que se juzguen graves violaciones de los derechos humanos la regla
de la caducidad no resulta aplicable, se advierte que providencia es anterior a la
referida sentencia de unificación por lo que no era vinculante para resolver el
asunto.
Cabe resaltar que para el momento de la presentación de la demanda no existía
un criterio uniforme ni unificado en la jurisprudencia sobre la aplicación de la regla
de caducidad a los casos de graves violaciones de los derechos humanos, por lo
que lo relevante era la postura jurisprudencial vigente al momento de proferirse la
decisión demandada.
En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela formulada
por la parte actora.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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RESUELVE:
Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por los
señores Ruby Esther, Rubén Darío, Luis Manuel, Juan Francisco, Marta Cecilia,
María Eugenia, Joaquín Daniel, Manuel Ramón Aviléz Romero, Yicela Cecilia
Olascoaga Aviléz, Juan Carlos Aviléz Luna, Luis Fernando Rico Aviléz, Alexandra
Esther Rico Aviléz, José Gregorio Reyes Muñoz, Adriana Marcela Rico Aviléz,
Manuel Darío Aviléz Barrios, Mauricio Rafael Hernández Aviléz, Andrea Paola
Aviléz Luna, Germán Darío Aviléz Luna, Moisés Liban Hernández Aviléz, Luis
Andrés Aviléz Yepez, Neidy Luz Aviléz Cleto, Carlos José Aviléz Bárcenas,
Sinderlyn Briggi Arroyo Aviléz, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política..
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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