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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-01999-00

Fecha
30 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-01999-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Comercializadora Andinor SAS contra la sentencia del 9 de febrero de 2023, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas. 15 Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-0315-000-2023-01999-00 Recurrente: Sociedad Comercializadora Andinor SAS 2. Condenar a la sociedad Comercializadora Andinor SAS al pago de costas por concepto de agencias en derecho a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN-, por la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-01999-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

30 de septiembre de 2024

Radicado: 11001-0315-000-2023-01999-00
Recurrente: Sociedad Comercializadora Andinor SAS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA TERCERA ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C. treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-0315-000-2023-01999-00
Recurrente: Sociedad Comercializadora Andinor SAS

Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal 5 del artículo 250 del CPACA – la
constituyen las causales de nulidad procesal previstas en el artículo 133 CGP o hechos
externos que pueden afectar la legalidad y justicia de la decisión.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala Tercera Especial de Decisión resuelve el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Sociedad Comercializadora Andinor SAS contra la sentencia del 9 de
febrero de 2023, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado1.

ANTECEDENTES

Del proceso ordinario

El 21 de abril de 2023, la Sociedad Comercializadora Andinor SAS (en adelante ANDINOR)
instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN), para que se declarara la nulidad de:

i) Liquidación Oficial de Revisión 072412015000041 del 11 de diciembre de 2015,
mediante la cual se modificó la liquidación privada del impuesto sobre la renta del año
gravable 2012, en el sentido de rechazar pasivos, adicionar renta líquida gravable,
adicionar ingresos brutos operacionales, rechazar costos de venta, e impuso una
sanción por inexactitud y una sanción al representante legal y al revisor fiscal.
ii) Resolución 009952 del 19 de diciembre de 2016, que decidió el recurso de
reconsideración contra la citada liquidación, y confirmó lo resuelto.

Como restablecimiento del derecho, pidió que se declarara que estaba en firme la
declaración privada del impuesto sobre la renta del año gravable 2012.

El concepto de la violación se fundamentó, entre otras cosas, en que: (i) no es fundamento
suficiente para rechazar los pasivos declarados en el año gravable 2012 el rechazo de las
compras en el año 2009; (ii) se incurrió en indebida aplicación del artículo 239-1 del ET al
adicionar como renta líquida gravable el valor de los pasivos rechazados, sin haber
demostrado la inexistencia de tales pasivos; (iii) se aplicó el artículo 760 del ET y se
adicionaron ingresos brutos operacionales sin tener en cuenta el valor real de las compras
realizadas en el año gravable 2012; (iv) se demostró la operación comercial de los costos

1 Expediente 54001-23-33-000-2017-00296-01 (26467).

1

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de venta y (v) no procede la sanción por inexactitud, ni la sanción impuesta al representante
legal y al revisor fiscal.

El 21 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió sentencia
de primera instancia, en la cual declaró parcialmente nulos los actos administrativos
demandados en lo que tiene que ver con la sanción por inexactitud, y negó las demás
pretensiones. Como restablecimiento del derecho, tomó como valor a pagar por concepto
de sanción por inexactitud, la suma del 100% de la diferencia entre el saldo a pagar
determinado oficialmente y el determinado privadamente.

Fundó su decisión en que los actos administrativos demandados estaban debidamente
motivados, que se garantizó el derecho de defensa y contradicción, que se encontró
acreditado el sustento del rechazo de los pasivos porque no se pudo comprobar la realidad
de las operaciones comerciales, que la contribuyente no allegó pruebas que demostraran la
existencia de las operaciones comerciales con sus proveedores y aplicó el principio de
favorabilidad en materia sancionatoria.

La sociedad ANDINOR presentó recurso de apelación. Expuso que el Tribunal no decidió
sobre ninguno de los cargos propuestos en la demanda, ni hizo el estudio y el análisis de
las pruebas que obraban en el expediente, pues se limitó a realizar afirmaciones no
justificadas. En consecuencia, adujo que se desconoció el principio de congruencia
establecido en el artículo 281 del CGP, en virtud del cual el juez está obligado a que sus
decisiones sean concordantes con los hechos, las pruebas, los fundamentos y las peticiones
expuestos en la demanda y en las distintas etapas del proceso. Adicionalmente, reiteró los
cargos formulados en la demanda en lo atinente al rechazo de los pasivos, la adición de la
renta líquida gravable y de los ingresos brutos operacionales, el rechazo de costos, la
sanción por inexactitud y la sanción al representante legal y al revisor fiscal.

El 9 de febrero de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó parcialmente la
sentencia del a quo, y en su lugar, declaró la nulidad parcial de los actos administrativos
demandados. Como restablecimiento del derecho, ordenó tener como liquidación del
impuesto de renta del año gravable 2012 la realizada por la Sala y fijó la sanción del
representante legal y el revisor fiscal.

Precisó que el fallo de primera instancia no tuvo en cuenta todos los planteamientos
expuestos por las partes en la demanda y en la contestación. En consecuencia, consideró
que se desconoció el principio de congruencia externa, y analizó cada uno de los cargos
que no fueron objeto de estudio por el Tribunal y los del recurso de apelación.

Frente al rechazo de pasivos y la adición de renta líquida gravable, sostuvo que, analizados
los registros contables de la sociedad y el material probatorio restante, no figuraban
documentos que precisaran las obligaciones registradas, ni fue posible corroborarla con los
cruces de información con terceros. Por ende, ante la inexistencia de los pasivos declarados
era procedente su rechazo, pero no se podían adicionar como renta líquida gravable porque
correspondían a un periodo no revisable.

Respecto a la adición de ingresos brutos operacionales, sostuvo que los medios probatorios
aportados por ANDINOR no lograron desacreditar la suma certificada por la Bolsa Mercantil
de Colombia (en adelante BMC), por lo que no se desvirtuó la presunción de ingresos por
omisión del registro de compras consagrada en el artículo 760 del ET y se mantuvo la
adición efectuada por la administración.

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En cuanto a los costos, adujo que los elementos de prueba en que se fundamentó la
Administración eran suficientes para concluir la inexistencia de las operaciones y mantuvo
el rechazo de costos. Que, una transacción de una compra quedó desprovista del soporte
idóneo previsto en la ley para su aceptación, por lo que los costos registrados en la
declaración de renta resultaban improcedentes.

En relación con la sanción por inexactitud, consideró que procedía en atención a que en la
declaración de renta del año 2012 se omitieron ingresos y se incluyeron pasivos
inexistentes, pero la reliquidó en aplicación del principio de favorabilidad.

Por último, frente a la sanción al representante legal y al revisor fiscal establecida en el
artículo 8658-1 ET, la impuso porque en ejercicio de sus funciones tuvieron conocimiento
de los hechos irregulares que derivaron en la modificación oficial, pero la ajustó.

Argumentos del recurso extraordinario de revisión

La sociedad ANDINOR interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
mencionada, con fundamento en la causal de revisión contemplada en el numeral 5º del
artículo 250 del CPACA, esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”. Adujo que la nulidad se originó
por violación del derecho al debido proceso respecto al análisis de la adición de ingresos
brutos operacionales, a causa de: (i) la omisión en la valoración de las pruebas aportadas
por ANDINOR; y (ii) la apreciación en una certificación de la BMC que contiene información
errónea.

Trámite procesal

El 17 de octubre de 2023, se declaró infundado el impedimento manifestado por el
magistrado sustanciador, con fundamento en que la Sala Plena del Consejo de Estado
unificó jurisprudencia al considerar que “en los recursos extraordinarios de revisión, no se
configura en los magistrados la causal de recusación prevista en el numeral 1° del artículo
141 del Código General del Proceso, por el solo hecho de haber suscrito la sentencia objeto
de revisión”2.

El 23 de noviembre de 2023, se admitió el recurso extraordinario de revisión, se ordenó
notificar a la DIAN -quien fue la demandada en el proceso ordinario-, al Ministerio Público y
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado3.

El 9 de febrero de 2024, se abrió a pruebas y se ordenó al Tribunal Administrativo de Norte
de Santander que remitiera digitalizado el expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho4. El proceso fue remitido de manera digital5.

Intervenciones

La DIAN6 se opuso al recurso extraordinario de revisión y solicitó que se declare infundado.
Adujo que la causal de revisión invocada no se configura porque: (i) se exponen los mismos
argumentos señalados en sede administrativa y en el proceso ordinario; (ii) la irregularidad

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto del 24 de mayo de 2023, Rad. 11001-03-15-000-

2020-00471-00.
3 SAMAI CE, índice 16.
4 SAMAI CE, índice 23.
5 SAMAI CE, índice 19.
6 SAMAI CE, índice 21.

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alegada no se originó en la sentencia que puso fin al proceso, sino que fue el eje de la
discusión del proceso judicial; (iii) se busca reabrir el debate de la instancia judicial y
cuestionar los fundamentos jurídicos de la providencia; y (iv) se pretende una nueva
valoración de las pruebas en que se fundó la adición de ingresos.

Explicó que, en el recurso de reconsideración, la contribuyente afirmó que la BMC certificó
mediante un mensaje electrónico un valor diferente de las operaciones que había certificado
inicialmente. Que, en la Resolución que lo resolvió, la Administración indicó que la
información suministrada por la BMC no carecía de validez probatoria y las pruebas
aportadas por la contribuyente no desvirtuaron las glosas, lo que llevó a su confirmación.

Argumentó que la Resolución que resolvió el recurso de reconsideración es del 19 de
diciembre de 2016, pero la sociedad contribuyente solo hasta el 12 de junio de 2017 solicitó
a la BMC la corrección de la certificación enviada a la administración de impuesto, la cual
no desvirtuaba la glosa formulada. Por ende, argumentó que la contribuyente no desvirtuó
dentro de la oportunidad legal las glosas formuladas por la administración.

Sostuvo que la providencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado fue garantista, ya
que se pronunció sobre lo alegado por la apelante, específicamente, sobre aquello que no
fue objeto de pronunciamiento por parte del a quo. Que, está en consonancia con los
hechos, las pretensiones, y las pruebas decretadas y practicadas en el proceso judicial.
Que, los elementos probatorios allegados por ANDINOR no lograron desacreditar la suma
certificada por la BMC.

Manifestó que si la contribuyente lo que pretendía era que se valorara la causal de revisión
del numeral 1 del artículo 250 CPACA, prueba documental encontrada o recobrada después
de dictar la sentencia, la certificación de la BMC obraba en el expediente, no era decisiva y
no podría generar una decisión diferente. Que, si la contribuyente está inconforme con la
valoración probatoria, es una situación que no está contemplada como causal de revisión
de la sentencia.

Finalmente, adujo que la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 CPACA,
de nulidad originada en la sentencia, no reconoce como vicio la violación al debido proceso
y los hechos que se alegan no se tipifican en ninguna de las causales restrictivas señaladas
por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Que, la recurrente pretende cuestionar la
actividad interpretativa de los magistrados, desconociendo que la figura fue consagrada
únicamente para discutir y ventilar hechos procesales específicos que pudieron incidir en la
decisión.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público7 solicitó que se declare infundado el recurso extraordinario de revisión,
con fundamento en los siguientes argumentos:

Sostuvo que no se configura la causal 5 del artículo 250 del CPACA porque no se invocan
vicios de procedimiento y con la sentencia reprochada no se vulneró el derecho al debido
proceso. Que la inconformidad en la valoración de la certificación expedida por la BMC no
es materia del recurso extraordinario de revisión, por cuanto la demandante contó con las

7 SAMAI CE, índice 20.

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oportunidades para controvertirla en sede administrativa y judicial, pero no lo hizo, sin que
el recurso extraordinario de revisión sea la oportunidad pertinente para tal fin.

Explicó que la sentencia reprochada se profirió no solo con fundamento en la certificación
de la BMC, como afirma la recurrente, sino también con las pruebas aportadas al proceso,
como los registros contables de la sociedad. Que el operador judicial está facultado para
otorgarle más o menos peso al material probatorio, de acuerdo con la sana crítica e
idoneidad de estas. Que, el Consejo de Estado analizó las pruebas obrantes en el
expediente y concluyó que la apelante no logró desvirtuar las glosas determinadas por la
administración.

Por último, precisó que el propósito del recurso extraordinario de revisión no es el de reparar
los posibles errores en los que hubiere incurrido el juez o las partes, sino el de permitir un
nuevo estudio del asunto cuando la sentencia ha sido afectada por fenómenos externos que
no fueron puestos de presente dentro del trámite del proceso contencioso, situación que no
se evidencia en el presente caso.

CONSIDERACIONES

Competencia y oportunidad del recurso

De conformidad con el inciso 18 del artículo 249 del CPACA, la Sala Tercera Especial de
Decisión es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión promovido por la
sociedad ANDINOR contra la sentencia del 9 de febrero de 2023, dictada por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.

La sentencia recurrida se dictó el 9 de febrero de 2023, se notificó por correo electrónico el
13 del mismo mes y el término de ejecutoria corrió entre el 14 y el 16 de febrero del mismo
año. La sociedad ANDINOR presentó el recurso extraordinario de revisión el 21 de abril de
2023, esto es, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia, conforme
lo exige el inciso 1 del artículo 251 CPACA.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la providencia del 9 de febrero de 2023, proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en la causal de nulidad originada en la
sentencia conforme con el artículo 250-5 del CPACA.

Para resolver dicho interrogante, la Sala se referirá a (i) la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión y el alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia; y
(ii) al caso concreto, esto es, si el fallo acusado incurrió en nulidad por vulneración del
derecho al debido proceso, a causa de la omisión en la valoración de las pruebas aportadas
por ANDINOR y la apreciación en una certificación de la BMC que contiene información
errónea.

8 “De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado

conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.
5

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Naturaleza del recurso extraordinario de revisión9 y el alcance de la causal de nulidad
originada en la sentencia10

En general, el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se propone
con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del ordenamiento
jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.

Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad interpretativa,
ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento para
discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez, que
pueden llegar a afectar el principio de justicia material.

Entonces el ámbito de revisión está restringido por las causales que el legislador ha
determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de situaciones
excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten interpretaciones más allá de
lo que se deduce de su texto.

Las causales de revisión están previstas en el artículo 250 del CPACA y básicamente tienen
que ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del debido
proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores sustanciales que
puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea
de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por violación de la ley.

Ahora, respecto a la causal denominada nulidad originada en la sentencia, la Sala plena del
Consejo de Estado11 ha entendido que los hechos que la configuran son los que constituyen
las causales de nulidad procesal previstas en el artículo 133 CGP12. También ha aceptado
la Corporación13, que la sentencia puede resultar viciada por hechos externos que, si bien
no están previstos como causales de nulidad procesal, lo cierto es que sí pueden afectar la
legalidad y justicia de la decisión, al punto que desconocerían el artículo 29 de la
Constitución14, tales como (i) la sentencia en la que se condena a la parte que no fue
vinculada al proceso; (ii) la sentencia que se dicta, a pesar de que el proceso estaba
legalmente suspendido o interrumpido; (iii) la sentencia de las corporaciones judiciales que
no cuenta con el número de votos necesarios para la aprobación; (iv) la sentencia que no
tiene formal ni materialmente motivación, entre otras. Se tratan de vicios procesales que
surgen al momento de la expedición de la sentencia y eso habilita la procedencia del recurso
extraordinario de revisión.

9 Ver, entre muchas otras, la providencia del expediente 11001-0315-000-2013-01998-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas

Bárcenas.
10 Ver la sentencia del 4 de diciembre de 2018, expediente 11001-0315-000-2018-00888-00, M.P. Julio Roberto Piza.
11 Ver, entre otras, las siguientes providencias: del 20 de abril de 2004, expediente número: 11001-03-15-000-1996- 0132-

01; del 18 de octubre de 2005, expediente número 11001-03-15-000-2000-00239-00, del 7 de febrero de 2006, expediente
número 11001-03-15-000-1997-00150-00; del 2 de marzo de 2010, expediente número 185; del 9 de marzo de 2010,
expediente número 1100103150002002-1024-01, y del 31 de mayo de 2011, expediente número 1100103150002008-
00294-00.
12 Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC.
13 Sentencia de 8 de mayo de 2018, expediente con número de radicado 11001-03-15-000-1998-00153- 01(REV).
14 Sobre el particular esta Corporación precisó en su momento que “…las causales de nulidad de la sentencia son las

previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las que se originen en la
sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el artículo 29…”. Consejo de Estado. Sala
Especial núm. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-01639-00. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. CP. Olga
Mélida Valle de la Hoz.
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Caso concreto

La recurrente alega que el fallo del 9 de febrero de 2023, proferido por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, vulneró el derecho al debido proceso respecto al análisis de adición
de ingresos brutos operacionales, a causa de: (i) la omisión en la valoración de las pruebas
aportadas por ANDINOR; y (ii) la apreciación en una certificación de la BMC que contiene
información errónea.

Como se dijo en precedencia, la causal de nulidad originada en la sentencia se configura
cuando se advierte la existencia de alguna de las causales de nulidad procesal previstas en
el artículo 133 CGP o, por hechos externos que, si bien no están previstos como causales
de nulidad, lo cierto es que sí pueden afectar la legalidad y que, conllevarían a la violación
del debido proceso.

En el presente caso, la Sala Especial encuentra que los argumentos planteados por la
demandante no se enmarcan en ninguna de las causales de nulidad del artículo 133 del
CGP, ni en hechos que puedan afectar la legalidad de la decisión. Si bien se alega la
vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, lo cierto es que la causal de nulidad
originada en la sentencia no se configura por la vulneración del derecho al debido proceso,
pues ello ampliaría el entendimiento de la causal y permitiría que cualquier situación
propuesta por la recurrente fuera procedente estudiarla a través de ésta. Si bien algunas
irregularidades pueden ocasionar la violación al debido proceso, ello es diferente a señalar
que toda presunta violación al debido proceso genera nulidad originada en la sentencia.

Adicional a lo anterior, se observa que los argumentos planteados en el recurso de revisión
bajo estudio son los mismos que en su momento la sociedad ANDINOR propuso en sede
administrativa y en el proceso judicial, es decir, que se trata de inconformidades que fueron
planteadas y resueltas en el proceso ordinario. Por ende, en sede del recurso extraordinario,
resulta improcedente examinar el acierto de la decisión del juez de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues las conclusiones a las que arribó están amparadas por
los principios de autonomía e independencia judicial, aún en el evento de ser alegadas como
violación al debido proceso.

En esa medida, esta Sala concluye que el recurso extraordinario más que demostrar vicios
procesales originados en la sentencia, pretende reabrir la discusión sobre aspectos
sustanciales y probatorios que ya fueron definidos en el proceso ordinario, concretamente,
sobre la procedencia de la adición de ingresos brutos operacionales, en el que ya se
examinó la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la DIAN modificó la
liquidación privada del impuesto sobre la renta del año gravable 2012.

Por último, respecto a la solicitud presentada por ANDINOR en el recurso extraordinario de
revisión sobre el cotejo de “los dos certificados emitidos por la BMC, con él (sic) emitido por
AGROBURSATIL y la empresa INVERSIONES BERNAL”, la Sala advierte que lo que
pretende la recurrente es que se realice un nuevo análisis probatorio que es propio del juez
de instancia, y que es un asunto que no se alegó oportunamente en el proceso ordinario.
En consecuencia, la Sala se releva de hacer un pronunciamiento de fondo por cuanto se
utiliza el recurso extraordinario como una instancia adicional para revisar la sentencia desde
el punto de vista probatorio.

En definitiva, la sociedad demandante no presenta un yerro en el procedimiento o en la
sentencia que constituya causal de nulidad procesal y que habilite la procedencia del
recurso extraordinario de revisión. En otras palabras, los reparos de la parte recurrente no
tienen que ver con la nulidad originada en la sentencia, en los términos en que quedó
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explicado, sino que, en realidad, se discuten los fundamentos jurídicos y probatorios del
fallo, asunto que no puede ser debatido en sede de revisión.

Conclusión

De conformidad con lo expuesto, la Sala Tercera Especial de Decisión establece como
contenido interpretativo de la presente sentencia que el recurso extraordinario de revisión
es excepcional, pues procede por causales restringidas y no se puede utilizar para reabrir
el análisis jurídico y probatorio resuelto en el proceso ordinario.

Con arreglo a esa pauta, la Sala no encontró que se hubiere configurado la causal de nulidad
originada en la sentencia, que lleve a invalidar la providencia del 9 de febrero de 2023
dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, razón por la cual se declarará
infundado el recurso interpuesto.

Costas

Según el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, se
condenará en costas a la parte recurrente cuando se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión que formuló. Así mismo, conforme los artículos 188 y 306 de la
misma norma, para la liquidación y ejecución de las costas se debe remitir a la norma
procesal del Código General del Proceso (CGP)15.

El artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por los gastos procesales
y por las agencias en derecho; y de acuerdo con el artículo 365-8 del mismo código, “solo
habrá lugar a su imposición cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación”.

En cuanto a las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso, la Sala observa
que no procede su imposición porque no aparece demostrado en el expediente. Por el
contrario, en relación con las agencias en derecho, la Sala encuentra que la DIAN designó
apoderado para que ejerciera su defensa en el proceso, quien presentó escrito de oposición.

En consecuencia, siguiendo lo establecido en el artículo 366-4 del CGP, para la fijación de
agencias en derecho se atenderá lo establecido en el Acuerdo n.º PSAA16-10554 de 2016
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, según y tratándose del recurso
extraordinario de revisión, se tasan entre uno (1) y veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

En ese orden, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en un (1) salario
mínimo legal mensual a favor de la DIAN, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
Tercera Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad
Comercializadora Andinor SAS contra la sentencia del 9 de febrero de 2023, dictada por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas.

15 Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC.

8

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Radicado: 11001-0315-000-2023-01999-00
Recurrente: Sociedad Comercializadora Andinor SAS

2. Condenar a la sociedad Comercializadora Andinor SAS al pago de costas por concepto
de agencias en derecho a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN-, por la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a la fecha
de ejecutoria de esta sentencia.

Notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia que la providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Aclara voto

9

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