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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02004-00

Fecha
1 de junio de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02004-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02004-00 Actora: FIDUCIARIA POPULAR S.A. PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por falta de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-02004-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1o.) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-02004-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE
LEGAL Y ECONÓMICO. MOMENTO DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE
PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA Y PAGO DE LO NO DEBIDO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la solicitud de tutela presentada por la

actora contra la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.

I. – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

1
En adelante la Sección Cuarta.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02004-00
Actora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

La sociedad FIDUCIARIA POPULAR S.A., actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados

por la SECCIÓN CUARTA al proferir la providencia de 16 de marzo

de 2023, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 25000-

23-37-000-2017-01770-01.

I.2.- Hechos

Indicó que el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Nueva Clínica, de

quien es vocera, es titular del derecho de dominio del predio

identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria núm. 50C-1748404,

ubicado en la carrera 16#82-57, en Bogotá D.C.

Adujo que mediante el Decreto 619 de 2000 se adoptó el Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. y a través del Decreto núm.

75 de 2003 se reglamentaron las Unidades de Planeamiento Zonal

88/97 El Refugio / Chicó Lago, en el cual se encuentra ubicado el

predio mencionado.

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Actora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Refirió que el 17 de mayo de 2013 el Patrimonio Autónomo

Fideicomiso Nueva Clínica radicó ante la Curaduría Urbana núm. 4 de

Bogotá, solicitud de licencia de construcción, en la modalidad de

modificación, demolición parcial y cerramiento del mencionado

predio.

Sostuvo que el 5 de julio de 2013 el Patrimonio Autónomo

Fideicomiso Nueva Clínica canceló la suma de mil cincuenta y un

millones novecientos diez mil pesos (1.051.910.000.oo) por

participación en plusvalía del predio.

Resaltó que mediante el Decreto 364 de 26 de agosto de 2013, fue

modificado el Plan de Ordenamiento Territorial.

Adujo que el 2 de septiembre de 2013 la Curaduría Urbana núm. 4

de Bogotá otorgó la licencia de construcción solicitada y el 1o. de

noviembre siguiente, presentó una segunda licencia de construcción,

la cual fue otorgada el 12 de marzo de 2014.

Relató que mediante auto de 27 de marzo de 2014, la Sección

Primera del Consejo de Estado decretó la suspensión provisiona del

Decreto 364 de 26 de agosto de 2013, por la cual se modificó el Plan

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Actora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.

Expresó que, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio

Autónomo Fideicomiso Nueva Clínica, el 1o. de abril de 2016

presentó solicitud de devolución y/o compensación argumentando

pago de lo no debido por el impuesto de plusvalía, con ocasión de la

primera solicitud de licencia de construcción del predio objeto de

discusión, petición que fue denegada y confirmada por la Oficina de

Recursos Tributarios de la Dirección Distrital de Impuestos de

Bogotá.

Manifestó que, en virtud de lo anterior, promovió demanda en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección

Distrital de impuestos de Bogotá, a la cual le fue asignado el número

único de radicación 2017-01770-00 y correspondió por reparto a la

Sección Cuarta -Subsección “A”- del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca2 que, mediante sentencia de 6 de mayo de 2021,

declaró la nulidad de los actos administrativos que negaron la

devolución y compensación por concepto de plusvalía y ordenaron

2
En adelante el Tribunal.

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devolver las sumas pagadas.

Indicó que la parte demandada, inconforme con lo anterior, interpuso

recurso de apelación el cual fue desatado por la SECCIÓN CUARTA

que, mediante sentencia de 16 de marzo de 2023, revocó la decisión

del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda al

estimar que el cumplimiento de la obligación no fungió como un pago

anticipado de la primera licencia de construcción sino como la

satisfacción de la deuda liquidada por la autoridad encargada del

recaudo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

La parte actora precisó que si bien la pretensión de la demanda de

nulidad y restablecimiento fue de contenido económico, lo que aquí

pone de presente es la flagrante violación de sus derechos

fundamentales vulnerados por la SECCIÓN CUARTA,

adicionalmente, destacó que la afectada es una clínica cuyo objeto

social es prestar servicios de salud, por lo que no se trata de una

controversia simplemente económica.

A su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto

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procedimental absoluto al extralimitarse en el análisis del caso y

superar su competencia funcional, pues se pronunció sobre

argumentos que no fueron objeto de reproche en el recurso de

apelación.

En efecto, destacó que la Secretaría de Hacienda Distrital – Dirección

Distrital de Impuesto de Bogotá, al presentar el recurso de apelación

únicamente se enfocó en que el pago efectuado correspondió a un

pago anticipado de la segunda licencia, no obstante, la SECCIÓN

CUARTA al resolver el asunto en segunda instancia, volvió a realizar

un análisis de lo resuelto por el a quo, lo cual no resulta de tal validez.

Añadió que la SECCIÓN CUARTA también incurrió en defecto

sustantivo al realizar una interpretación errada de los artículos 73,

74 y 83 de la Ley 388 de 18 de julio de 19973, pues en ningún

momento existió una obligación clara, expresa y mucho menos

exigible.

Sobre el particular, refirió que con la expedición de la primera licencia

de construcción no se configuró el requisito de exigibilidad, puesto

3
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

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que la misma se otorgó en las modalidades de modificación,

demolición parcial y cerramiento, por lo que no se dio uso a la mayor

edificabilidad permitida y, por tal motivo, lo pagado se constituía en

un pago de lo no debido, que debía ser devuelto a la clínica.

Destacó que las partes estuvieron de acuerdo en que para la primera

licencia no se debió exigir ningún pago, de tal forma que al no haber

existido exigibilidad, la obligación se extinguió y, por tanto, debió

ordenarse la devolución del dinero solicitado, máxime cuando la

autoridad judicial accionada pasó por alto que el pago de la

participación en plusvalía se calcula por la cantidad de metros de

mayor edificabilidad que se otorgue en la licencia y bajo ese

entendido no existía ninguna posibilidad de haber calculado ningún

valor, pues no existió mayor edificabilidad.

Así las cosas, precisó que el requisito denominado exigibilidad de la

SECCIÓN CUARTA no resulta razonable, pues no había forma de

calcular la participación en plusvalía, además, el pago efectuado no

tenía ninguna operación aritmética que lo sustentara.

Finalmente, añadió que la providencia acusada carece de motivación,

toda vez que la autoridad judicial accionada tomó una decisión vaga

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al centrarse únicamente en la finalidad de la concepción de la

plusvalía, sin detallar las reglas claramente establecidas y sin

observar los hechos cronológicamente acaecidos.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora solicitó la

protección de sus derechos fundamentales invocados como

vulnerados y, en consecuencia:

“[…] DEJAR SIN EFECTOS LA CITADA PROVIDENCIA JUDICIAL,
AL IGUAL QUE CUALQUIER OTRA ACTUACIÓN O TRÁMITE
SURTIDO CON POSTERIORIDAD AL MISMO, Y SE ORDENE LA
CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, ES
DECIR LA PROFERIDA EL SEIS (6) DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO (2021) POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN CUARTA pese a ser notificada del presente

trámite constitucional en debida forma, guardó silencio.

I.6. Intervinientes

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I.6.1.- El TRIBUNAL arguyó que si bien los jueces están sometidos

al imperio de la Constitución y la ley, también lo es que gozan de un

margen de discrecionalidad para apreciar el derecho aplicable al

caso, en observancia de los principios de autonomía e independencia

judicial, de tal forma que las decisiones adoptadas dentro del proceso

de nulidad y restablecimiento del derecho están sustentadas y

fundadas en razonamiento legítimos basados en una interpretación

plausible, más no única, de la juridicidad aplicable para resolver el

asunto.

Adicionalmente, sostuvo que la solicitud de amparo de la referencia

es improcedente, pues la misma no puede ser utilizada, como

pretende la actora, como una tercera instancia o un medio

alternativo, adicional o complementario para resolver la situación

jurídica planteada.

I.6.2.- La SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA pese a ser

notificada en debida forma, guardó silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30

de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número

377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las

Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019

de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las

acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona

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afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor

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tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo

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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente caso, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto la providencia de 16 de marzo de 2023, proferida

por la SECCIÓN CUARTA, por medio de la cual revocó la decisión

del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda

promovida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 2017-

01770-01.

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada vulneró sus

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, incurrió en

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los defectos sustantivo, procedimental absoluto y decisión sin

motivación.

La inconformidad de la actora tiene su génesis en el hecho según el

cual, el pago efectuado por concepto de participación en plusvalía de

un predio ubicado en Bogotá D.C. constituía un pago de lo no debido,

por lo que debió accederse a las pretensiones de la demanda y

ordenarse la devolución de dicho dinero, toda vez que no existió el

elemento de la exigibilidad del mismo y, por tanto, no había forma

de calcular su valor.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados al revocar la sentencia de primera instancia

y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda, dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2017-01770-01.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

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requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene
dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces
(artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”
[8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del
actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de
relevancia constitucional por la afección de sus derechos
fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no
puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa
es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla
improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida
para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial
que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de
relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que
se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una
cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en
cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a
una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras
palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un
asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [ 11]. Si bien no
siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional
de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha
sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los

[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de
1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al
debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y
que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente
debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29
CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas
de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías
esenciales son el derecho al juez natural [13]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que
incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda
instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la
publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición
de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y
arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y
contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de
manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de
procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se
trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como
lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917
de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)

[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal
[…]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando
la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una
alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de
texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

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discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia

en el caso bajo estudio es de carácter meramente legal y de

contenido estrictamente económico, esto último, cuya falta de

reconocimiento no compromete ningún derecho fundamental de la

parte actora.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad

porque se deriva del alcance que la actora pretende que se dé a los

artículos 73, 74 y 83 de la Ley 388 de 1997, en cuanto al momento

de exigibilidad de la deuda previamente liquidada por concepto de

participación en plusvalía de la solicitud de una licencia urbanística o

de construcción; así como de la prosperidad del pago de lo no debido

en la acción urbanística.

Dichos aspectos carecen de una perspectiva constitucional, en la

medida que su solución derivaría de la aplicación e interpretación de

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la norma que el juez de la causa brinde al asunto, con observancia

de la autonomía e independencia judicial de la que goza.

Sumado a lo anterior, las inconformidades que ahora alega la actora

en esta sede constitucional fueron atendidas por la SECCIÓN

CUARTA, con fundamento en la normativa y la jurisprudencia

dispuesta por esta Corporación, así:

“[…] 5- De acuerdo con los anteriores hechos y con el fundamento
jurídico 3.1 de las consideraciones, la expedición de la licencia
urbanística no es configurativa del hecho generador de la
participación en plusvalía, como sí lo es la acción urbanística que
autorizó un mayor aprovechamiento de edificabilidad en la zona en
que se ubicaba el predio de la actora, con base en la cual la
autoridad emitió la Resolución nro. 679 de 2012, que fijó la
participación del distrito en dicho plusvalor. Según se expuso, es
un punto no controvertido entre las partes que la petición de
licencia de construcción en la modalidad de modificación efectuada
en 2013 no era un momento de exigibilidad del artículo 83 de la
Ley 388 de 1997, pero a pesar de ello, fue válida la anticipación de
la extinción de la obligación mediante su pago, aun cuando no
debió constreñirse a su cancelación como requisito para expedir la
mentada licencia de construcción, pero debe insistirse en que,
según el expediente, ello no fue cuestionado contra la autoridad
que emite la licencia y que, además, no pugna con el hecho de que
la obligación se había causado con la acción urbanística la cual
había sido determinada mediante la Resolución nro. 679 de 2012 y
el condicionamiento de su recaudo a los momentos señalados en el
artículo 83 ídem no impedía que el sujeto la satisficiera antes del
cumplimiento de la condición -o del plazo que fije la norma-, pues
tanto la acción urbanística como el acto que determinaba la
participación en plusvalía subsistían en el momento en que
se sufragó la deuda y ya habían causado la obligación.

Si bien, el artículo 490 del Decreto 364 de 2013 dispuso dejar sin
efectos jurídicos las resoluciones que establecieron la participación
en plusvalía con anterioridad a su entrada en vigencia -26 de
agosto de 2013-, esa decisión -en la que estaba inmersa la

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Resolución nro. 679 de 2012- rigió con posterioridad al pago que
hiciere la demandante de la participación en plusvalía y mientras
el acto administrativo de determinación del plusvalor produjo
efectos jurídicos, por lo que el momento de exigibilidad que se
cumpliere en 2014 es cierto que no podía asociarse a una
obligación preexistente; sin embargo, la causación de la
obligación y su satisfacción antes de que se dejara sin
efectos el acto que la contenía logró cumplir la finalidad de
que el distrito participara del plusvalor acaecido sobre el
inmueble de la demandante y el pago obtenido antes de la
exigibilidad de la obligación, de la derogatoria y de la
decisión que dejó sin efectos el acto administrativo de
determinación fue debido y no da lugar a la devolución
pretendida.

Con todo, se precisa que el cumplimiento de la obligación
sustancial en el caso debatido no fungió como un pago
anticipado de la licencia de construcción emitida en el 2014,
sino como la satisfacción de la deuda liquidada por la
autoridad encargada del recaudo; título que estaba asociado a
la extinción de la obligación causada desde la acción urbanística
cuyo plusvalor y la participación que sobre este tendría el
demandado fue establecida en la Resolución nro. 679 de 2012, que
perdió efectos jurídicos con posterioridad a que la demandante
extinguiera la deuda mediante el pago. Prospera el cargo de
apelación.

6- En definitiva se revocará el fallo de primera instancia ante la
prosperidad de uno de los cargos de apelación, por lo cual, la Sala
se releva de analizar los demás reparos de la parte impugnante y
no condenará en costas en esta instancia, toda vez que, de
conformidad con el ordinal 8.° del artículo 365 del CGP, no se
encontró probada su causación […]”(Destacado fuera de texto).

De la trascripción en cita la Sala advierte que, en efecto, la sentencia

cuestionada está debidamente motivada con fundamento en las

pruebas, la jurisprudencia y normas aplicables al asunto, por lo que

el hecho de que la parte actora no comparta la tesis allí dispuesta,

no significa que la decisión sea arbitraria, sino que, de conformidad

con la autonomía judicial de la que goza el juez de conocimiento, la

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SECCIÓN CUARTA revocó la decisión del a quo y, en su lugar,

denegó las pretensiones de la demanda.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 29 de agosto de 2018 14, en la que se

sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en el
argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual indicó
de manera clara, que se trataba de un punto nuevo que no
había sido presentado en su momento en el escrito de
apelación, por lo que el recurso extraordinario no estaba
diseñado para convertirse en una tercera instancia. Y se
tiene que estos argumentos resultan válidos y razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que sea
de verdadera relevancia constitucional que conlleve la presunta
trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino la
reiteración de planteamientos que, por lo menos en sede de
revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que no pueden
volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues esta acción
constitucional tiene por objeto la protección inmediata de
derechos de rango fundamental que se encuentren
vulnerados, lo cual no sucede en este caso […]” (Destacado
de la Sala).

14
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201715, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no se
cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual genera
que la solicitud de amparo tutelar se torne improcedente,
toda vez que lo pretendido por la parte actora es reabrir
nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre cuestiones
estrictamente legales que ya fueron discutidas y falladas en el
trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con
radicado No. 11001-33-31-015-2011-00427-00, por parte
de los jueces de dicha causa, con pleno desconocimiento de
que el objeto del juicio de amparo constitucional no es otro
que la defensa de los derechos fundamentales y no la
revisión de la legalidad de las decisiones de la justicia
ordinaria […]”.(Resaltado fuera del texto).

De igual forma, la discusión tiene un contenido claramente

económico, en la medida que la inconformidad de la actora tiene

origen en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el

cual pretendía la devolución y/o compensación por el pago de lo no

debido ante la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital de Bogotá

por concepto de participación en plusvalía, sin que se advierta que

dicha situación pueda llegar a comprometer su mínimo vital o

cualquier otro derecho fundamental.

15
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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En relación con este aspecto, esta Sala16 ha indicado:

“ […] para la Sala, el actor plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en
un debate estrictamente legal y económico, el cual ya fue
expuesto dentro del proceso ejecutivo y fue decidido por el
juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez
constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que
ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo
constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.

[…]
46. La Sala considera que la discusión que se expone a través del
escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional
en la sentencia antes transcrita, no tiene trascendencia
constitucional porque el núcleo de la controversia se encuentra
limitado a asuntos meramente legales y económicos cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso
administrativo.

47.Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad
tiene un alcance de contenido particular y meramente
económico, esto es así porque la discusión y los argumentos
que se extraen de la acción de tutela, más que develar la
necesidad de protección de un derecho fundamental, buscan
que el juez de tutela valide la tesis jurídica del actor y, con
ello, acceda a las pretensiones de la demanda, sin que de esta
discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional […]”. (Destacado fuera de texto)

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino una divergencia que obedece a un debate de mera legalidad y

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero
de 2023, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010315000202206436-00

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de carácter económico, en el cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de

un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de

paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción

de tutela por carencia de relevancia constitucional, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

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Actora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia por falta de relevancia constitucional,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de junio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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