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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02015-01

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02015-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE 16 Corte Constitucional. Sentencia SU-020 de 2022. Radicación: 11001-03-15-000-2023-02015-01 Accionante: Diosdado Quintero Giraldo Accionado: Alcaldía Municipal de Carmen de Viboral (Antioquia) y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) PRIMERO. – CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 29 de agosto de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Diosdado Quintero Giraldo con respecto a la Alcaldía Municipal de Carmen de Viboral, la UARIV y la UNP. SEGUNDO.– MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia del 29 de agosto de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el sentido de DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Diosdado Quintero Giraldo con respecto a la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Personería de Carmen de Viboral, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. TERCERO.– NOTIFICAR la presente decisión a las partes e interesados, por el medio más expedito. CUARTO.– ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02015-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

13 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02015-01
Accionante: Diosdado Quintero Giraldo
Accionado: Alcaldía Municipal de Carmen de Viboral (Antioquia) y otros
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / CONFIRMA PARCIALMENTE la decisión de negar
el amparo de los derechos fundamentales invocados / DECLARA IMPROCEDENTE
la acción de tutela por no acreditar el requisito de procedencia de legitimación en la
causa por pasiva.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el señor Diosdado Quintero
Giraldo en contra de la sentencia del 29 de agosto de 2023, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se
negó el amparo.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El señor Diosdado Quintero Giraldo, actuando a través de apoderado judicial,
indicó que en su condición de líder social y campesino, fue desplazado
forzosamente junto a su familia por un grupo armado desde la vereda La Esperanza
ubicada en Carmen de Viboral (Antioquia) hasta la zona urbana de ese municipio.

2.- Relata que el 2 de noviembre de 2021 declaró ante la Personería Municipal de
Carmen de Viboral los hechos victimizantes de amenazas y desplazamiento
forzado, con la finalidad de que él y su familia fueran incluidos en el Registro Único
de Víctimas (RUV).

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02015-01
Accionante: Diosdado Quintero Giraldo
Accionado: Alcaldía Municipal de Carmen de Viboral (Antioquia) y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3.- Mediante Resolución 2021-87472 del 9 de diciembre de 2021, la Unidad
Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) lo
reconoció a él y a su núcleo familiar como víctimas del conflicto armado por
desplazamiento forzado y negó lo relacionado con las amenazas.

4.- El señor Quintero Giraldo refiere que desde el 18 de noviembre de 2021 se
encuentra alojado en un inmueble de la administración municipal denominado “Villa
Campesina”; sin embargo, en el mes de diciembre de 2022, una funcionaria de la
alcaldía municipal de Carmen de Viboral les solicitó que desalojaran el lugar,
alegando que el albergue ofrecido por la administración es de carácter temporal.
Indica que las reiteradas solicitudes del ente territorial en ese sentido, afectan su
tranquilidad y desconocen su condición de líder social, así como el hecho de que su
vida e integridad tienen un elevado nivel de riesgo, por lo que estas actuaciones
transgreden sus derechos como víctima del conflicto armado.

5.- El accionante menciona que no puede trasladarse a otro municipio del
departamento de Antioquia, en la medida en que en la actualidad no cuenta con las
garantías necesarias de seguridad, educación, salud y subsistencia digna que le
ofrece “Villa Campesina”, sobre todo teniendo en cuenta que en ese lugar habita
con sus dos hijos, quienes también se han visto afectados por la situación de
zozobra e intranquilidad que implica abandonar dicha solución de vivienda.

6.- Finalmente, el señor Diosdado Giraldo Quintero indica que ha realizado todas
las gestiones necesarias ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía
Nacional y la Procuraduría General de la Nación, para que se evalúe su perfil de
riesgo de seguridad, con la finalidad de que le sea asignado un esquema de
seguridad de manera prioritaria.

7.- Con fundamento en lo anterior, el 21 de abril de 2023 el señor Quintero Giraldo
interpuso la presente acción de tutela en contra de la Alcaldía Municipal de Carmen
de Viboral (Antioquia), la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la
Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la UNP,
el departamento de Antioquia, la Personería de Carmen de Viboral, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vivienda,
a la salud, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la integridad personal,

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02015-01
Accionante: Diosdado Quintero Giraldo
Accionado: Alcaldía Municipal de Carmen de Viboral (Antioquia) y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

la vida, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de circulación y
residencia, el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad, la paz, la honra, el
buen nombre, la libertad de expresión y los derechos de las víctimas del conflicto
armado.

8.- Como pretensiones, el accionante solicitó: (i) ordenar a la Alcaldía Municipal de
Carmen de Viboral que le asigne de manera prioritaria una solución de vivienda de
manera indefinida en “Villa Campesina” y que le suministre alimentación, salud,
educación y protección hasta tanto se restablezcan sus derechos; (ii) exhortar a los
organismos de control, a la Policía Nacional, a la UNP y a la Fiscalía General de la
Nación que realicen la vigilancia necesaria para evitar las afectaciones de sus
derechos fundamentales; (iii) ordenar a la UNP que priorice la valoración de las
condiciones de seguridad a las que está sometido; (iv) ordenar a la UARIV el
reconocimiento del hecho victimizante de amenazas; (v) ordenar a la Gobernación
de Antioquia que adelante un puesto de mando unificado por la vida, necesario para
enfrentar las afectaciones a los derechos humanos; (vi) exhortar a la administración
municipal de Carmen de Viboral para que adopte las medidas disciplinarias que
considere pertinente en contra de la funcionaria de la alcaldía que ha presionado su
desalojo; (vii) compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que
investigue los hechos que desencadenaron en la interposición de la acción de tutela;
y finalmente, (viii) declarar “judicial y constitucionalmente el derecho de los
defensores de derechos humanos, líderes sociales, víctimas del conflicto armado y
demás sujetos de especial protección, a la paz, la libertad, la seguridad humana y
la tranquilidad, a fin de materializar todas las garantías necesarias para la protección
de su integridad, el restablecimiento del goce efectivo de sus derechos y las
garantías de no repetición establecidas en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos
reglamentarios”.

B. Sentencia de primera instancia

9.- La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia
del 29 de agosto de 2023, negó el amparo de los derechos fundamentales
invocados, al considerar que las autoridades accionadas no incurrieron en las
conductas vulneradoras alegadas por el accionante, comoquiera que el municipio
de El Carmen de Viboral cumplió con las obligaciones que le asisten de
conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley 1448 de 2011, pues otorgó
albergue temporal al accionante y a su familia, así como asistencia alimentaria; y la

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Accionante: Diosdado Quintero Giraldo
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

UARIV ya lo reconoció como víctima del conflicto armado y le concedió ayudas
humanitarias de emergencia.

10.- De otro lado, advirtió que la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación
y la UNP han cumplido con sus obligaciones legales en lo relacionado con la
situación del accionante, por lo que concluyó que no se acreditó en qué condiciones
se presentó la trasgresión de los derechos fundamentales que alega, en la medida
en que se están investigando los hechos denunciados y, en dos oportunidades, se
evaluó el riesgo en el que aquel se encuentra y se adoptaron medidas al respecto.

C. La impugnación1

11.- En escrito del 29 de septiembre de 2023, el demandante impugnó la sentencia
de tutela de primera instancia y solicitó la nulidad de la misma, por considerar que
el A quo desconoció los términos previstos en el Decreto 2591 de 1991 para adoptar
la sentencia de primera instancia.

12.- Mediante auto del 30 de octubre de 2023, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado (i) negó la referida solicitud de nulidad por considerar
que no se configura ninguna de las causales previstas en el artículo 133 del CGP,
y (ii) concedió el recurso de impugnación, por estimar que el mismo se interpuso
oportunamente.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

13.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912.

E. Análisis del caso concreto

14.- En su escrito de impugnación el accionante no plantea reproches concretos
contra la decisión de primera instancia3, por lo que la Sala abordará el estudio

1 Mediante auto del 30 de octubre de 2023, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado

concedió la impugnación propuesta.
2 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3 Su argumentación se centra principalmente en sustentar la solicitud de nulidad, que fue negada por el A quo

en la misma providencia que concedió la impugnación.

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Accionante: Diosdado Quintero Giraldo
Accionado: Alcaldía Municipal de Carmen de Viboral (Antioquia) y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

integral del asunto. En ese sentido, se precisa que con la solicitud de amparo se
cuestionan las actuaciones de (i) la Alcaldía Municipal de Carmen de Viboral, puesto
que una de sus funcionarias está “ejerciendo presión” para que aquel desaloje el
inmueble “Villa Campesina” en el que está alojado junto a su familia desde el
momento en el que fue desplazado por actores armados; (ii) la UARIV, pues advierte
que si bien esa entidad lo inscribió en el RUV como víctima de desplazamiento,
rechazó el reconocimiento del hecho victimizante de amenazas; y (iii) la UNP, en la
medida en que menciona que ya acudió ante esa entidad para que se evaluara el
riesgo extraordinario en el que se encuentra debido las actividades que desarrolla
como líder social.

15.- Por otro lado, de los hechos puestos de presente en el escrito de tutela, no es
posible verificar conductas vulneradoras que puedan ser endilgadas a las demás
entidades accionadas, es decir, a la Presidencia de la República, al Ministerio del
Interior, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Defensa, a la Policía
Nacional, al departamento de Antioquia, a la Personería de Carmen de Viboral, a la
Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación. Ello, por cuanto si
bien pone de presente que éstas tienen obligaciones derivadas de la atención
intersectorial a las víctimas del conflicto armado, para efectos de contextualizar la
situación en la que se encuentra; lo cierto es que no indica una acción u omisión
concreta, de la cual se pueda inferir una presunta transgresión de sus derechos
fundamentales. En ese sentido, se estima que con respecto a estas autoridades la
acción de tutela resulta improcedente por falta de legitimación en la causa por
pasiva.

16.- Ahora bien, en lo que tiene que ver con la conducta desplegada por la Alcaldía
Municipal de Carmen de Viboral, esta Sala considera que, le asistió razón a la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado al concluir que no se
presenta una vulneración de los derechos fundamentales del accionante, al solicitar
su desalojo del inmueble denominado “Villa Campesina”, por considerar que esa
entidad territorial cumplió con las obligaciones impuestas por la Ley 1448 de 2011,
norma por medio de la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno, toda vez que el Estado tiene la
obligación de velar por la protección de los derechos de las víctimas, en ejercicio de

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Accionante: Diosdado Quintero Giraldo
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los principios de acceso efectivo a la administración de justicia4, dignidad humana5,
igualdad6 y goce efectivo de los derechos7.

17.- En ese sentido, se advierte que el artículo 63 de la Ley 1448 de 2011 8 prevé
que a las entidades territoriales les corresponde brindar ayuda humanitaria
inmediata a las víctimas de desplazamiento forzado hasta el momento en el que se
realice la correspondiente inscripción en el RUV, particularmente en lo relacionado
a un albergue temporal y asistencia alimentaria. Lo propio establece el Decreto 1084
de 2015 en el artículo 2.2.6.5.2.1.9, norma que dispone que a la entidad territorial
receptora de la víctima de desplazamiento debe garantizar los componentes de
alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y
alojamiento transitorio, mientras se realiza el trámite de inscripción en el RUV.

18.- En ese orden de ideas, una vez la víctima de desplazamiento es reconocida
como tal en el RUV se inicia la ruta prevista para su atención integral10, puesto que

4 Constitución Política de 1991, artículo 229.
5 Constitución Política de 1991, artículo 1.
6 Constitución Política de 1991, artículo 13.
7 Constitución Política de 1991, artículo 2.
8 “Artículo
63. Atención inmediata. Es la ayuda humanitaria entregada a aquellas personas que manifiestan
haber sido desplazadas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue
temporal y asistencia alimentaria. // Esta ayuda será proporcionada por la entidad territorial de nivel municipal
receptora de la población en situación de desplazamiento. Se atenderá de manera inmediata desde el momento
en que se presenta la declaración, hasta el momento en el cual se realiza la inscripción en el Registro Único de
Víctimas. // PARÁGRAFO 1o. Podrán acceder a esta ayuda humanitaria las personas que presenten la
declaración de que trata el artículo 61 de esta Ley, y cuyo hecho que dio origen al desplazamiento haya ocurrido
dentro de los tres (3) meses previos a la solicitud. // Cuando se presenten casos de fuerza mayor que le impidan
a la víctima del desplazamiento forzado presentar su declaración en el término que este parágrafo establece,
se empezará a contar el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias motivo de tal impedimento,
frente a lo cual, el funcionario del Ministerio Público indagará por dichas circunstancias e informará a la Entidad
competente para que realicen las acciones pertinentes. // PARÁGRAFO 2o. Hasta tanto el Registro Único de
Víctimas entre en operación, se mantendrá el funcionamiento del Registro Único de Población Desplazada de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 153 de la presente Ley”.
9 “Artículo
2.2.6.5.2.1. Atención humanitaria inmediata. La entidad territorial receptora de la población víctima
de desplazamiento, debe garantizar los componentes de alimentación, artículos de aseo, manejo de
abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio, mientras se realiza el trámite de inscripción en
el Registro Único de Víctimas. // Adicionalmente, en las ciudades y municipios que presenten altos índices de
recepción de población víctima del desplazamiento forzado, las entidades territoriales deben implementar una
estrategia masiva de alimentación y alojamiento que garantice el acceso de la población a estos componentes,
según la vulnerabilidad derivada del desplazamiento forzado. Esta estrategia debe contemplar, como mínimo,
los siguientes mecanismos: // 1. Asistencia Alimentaria: alimentación en especie, auxilios monetarios, medios
canjeables restringidos o estrategias de comida servida garantizando los mínimos nutricionales de la totalidad
de los miembros del hogar. // 2. Alojamiento Digno: auxilios monetarios, convenios de alojamiento con
particulares o construcción de modalidades de alojamiento temporal con los mínimos de habitabilidad y
seguridad integral requeridos”.
10 “Artículo
155. Solicitud de registro de las víctimas. las víctimas deberán presentar una declaración ante el
ministerio público en un término de cuatro (4) años contados a partir de la promulgación de la presente ley para

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Accionante: Diosdado Quintero Giraldo
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por esa vía se activa el protocolo para el manejo intersectorial de los hechos
victimizantes (planes de retorno seguro o reubicación, acceso a subsidios,
mecanismos de protección, medidas de reparación integral, entre otros). Así, los
artículos 6411 y 6512 de la citada norma disponen que las víctimas tienen derecho,
entre otras cosas, a recibir ayuda humanitaria de emergencia o de transición, según
sea el caso, la cual se entregará de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia
que se advierta en el caso.

19.- En cuanto a la solución de vivienda, el artículo 2.2.6.5.2.9. del Decreto 1084
de 201513, dispone que a la UARIV y a las entidades territoriales les corresponde
implementar un programa de alojamiento temporal en condiciones dignas para
hogares víctimas de desplazamiento forzado, el cual podrá ser de hasta 2 años por
hogar con evaluación de las condiciones periódicas. Sin embargo, este componente
de ayuda corresponde a las víctimas a quienes les sea asignada la ayuda
humanitaria de transición, puesto que esta medida no se encuentra prevista para
los hogares a los cuales les reconocen la ayuda humanitaria de emergencia en los
términos dispuestos en la Ley 1448 de 2011.

quienes hayan sido victimizadas con anterioridad a ese momento, y de dos (2) años contados a partir de la
ocurrencia del hecho respecto de quienes lo sean con posterioridad a la vigencia de la ley, conforme a los
requisitos que para tal efecto defina el gobierno nacional, y a través del instrumento que diseñe la unidad
administrativa especial para la atención y reparación integral a las víctimas, el cual será de uso obligatorio por
las entidades que conforman el ministerio público (…)”
11 “Artículo
64. Atención humanitaria de emergencia. Es la ayuda humanitaria a la que tienen derecho las
personas u hogares en situación de desplazamiento una vez se haya expedido el acto administrativo que las
incluye en el Registro Único de Víctimas, y se entregará de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia
respecto de su subsistencia mínima. (…)”
12 “Artículo
65. Atención humanitaria de transición. Es la ayuda humanitaria que se entrega a la población
en situación de Desplazamiento incluida en el Registro Único de Víctimas que aún no cuenta con los elementos
necesarios para su subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no presenta las características
de gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la Atención Humanitaria de Emergencia” (…)”
13 “Artículo
2.2.6.5.2.9. Responsables de la oferta de alojamiento digno en la transición. La Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas y las entidades territoriales deben
implementar un programa de alojamiento temporal en condiciones dignas para los hogares víctimas del
desplazamiento forzado cuyo desplazamiento haya ocurrido en un término superior a un año contado a partir
de la declaración, que no cuenten con una solución de vivienda definitiva. // La duración del programa de
alojamiento será de hasta dos (2) años por hogar, con evaluaciones periódicas dirigidas a identificar si persisten
las condiciones de vulnerabilidad y si el hogar necesita seguir contando con este apoyo. // Al momento de iniciar
la atención del hogar en este programa, se remitirá la información al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
para iniciar los trámites correspondientes al acceso a vivienda urbana, y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural en los casos de vivienda rural, para que en un plazo no mayor a un (1) año vincule a los hogares víctimas
en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, en los programas establecidos para el acceso a soluciones
de vivienda. // Los hogares que cuenten con un subsidio de vivienda asignado no aplicado al momento de
solicitar la oferta de alojamiento digno en la transición sólo podrán ser destinatarios de esta oferta hasta por un
(1) año”.

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Accionante: Diosdado Quintero Giraldo
Accionado: Alcaldía Municipal de Carmen de Viboral (Antioquia) y otros
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20.- En el caso bajo estudio se advierte que la Alcaldía Municipal de Carmen de
Viboral no vulneró los derechos fundamentales del accionante, en la medida en que
garantizó la atención inmediata de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de
la Ley 1448 de 2011, pues facilitó el alojamiento temporal y las condiciones mínimas
de subsistencia del núcleo familiar del demandante hasta el momento en el que el
hecho victimizante del desplazamiento fue reconocido en el RUV, situación que
ocurrió el 9 de diciembre de 2021, por lo que a juicio de esta Sala, era válido que la
administración municipal solicitara el desalojo en diciembre de 2022, puesto que
para ese momento el accionante y su familia ya estaban recibiendo ayuda
humanitaria por parte de la UARIV y, por esa vía podían acceder a la atención
intersectorial (educación, salud, vivienda, empleo y demás), así como al
reconocimiento de la indemnización administrativa, como vía de reparación.

21.- Por otro lado, tampoco se advierte que la UARIV hubiese incurrido en una
vulneración de los derechos fundamentales del accionante al no haber reconocido
el hecho victimizante de amenazas, en la medida en que, más allá de advertir esa
situación de manera generalizada, el demandante no explica con claridad si la
entidad omitió la aplicación de los elementos jurídicos, técnicos y de contexto en los
términos previstos en el artículo 2.2.2.3.11 del Decreto 1084 de 2015 14 y la
jurisprudencia constitucional15. En todo caso, de la verificación de las Resoluciones
2021-87472 del 9 de diciembre de 2021 y 2021-87472R del 30 de marzo de 2022,
por medio de las cuales la UARIV negó el reconocimiento del hecho victimizante de
amenaza y se confirmó la decisión respectivamente, se tiene que el argumento que
llevó a la entidad a esa conclusión es que no encontró una relación entre los hechos
y el conflicto armado, como quiera que, aparentemente, la amenaza ocurrió en el
marco de un problema que tiene el accionante con otra señora por el pago de un
canon de arrendamiento.

22.- En cuanto a la pretensión relacionada con la valoración del riesgo del
accionante por parte de la UNP, se advierte que esa entidad también cumplió con
sus obligaciones legales, en la medida en que profirió las Resoluciones 1812 de
2022 y 10733 del 28 de noviembre de 2022, por medio de las cuales determinó que

14 “Artículo
2.2.2.3.11. Del proceso de la valoración de la declaración. la unidad administrativa especial para
la atención y reparación a las víctimas fijará los procedimientos de valoración, los cuales orientarán la
metodología a ser aplicada en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 156 de la ley 1448 de 2011. // esta entidad
realizará la verificación de los hechos victimizantes relacionados en la declaración para lo cual acudirá a la
evaluación de los elementos jurídicos, técnicos y de contexto que le permitan fundamentar una decisión frente
a cada caso particular. (…)”
15 Corte Constitucional. Sentencias T-423 de 2020, T-220 de 2021, T-059 de 2022 y T-039 de 2023, entre otras.

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Accionante: Diosdado Quintero Giraldo
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el nivel de riesgo es extraordinario y decidió entregar un chaleco blindado y un
medio de comunicación, como medidas tendientes a garantizar la seguridad y la
integridad personal del señor Quintero Giraldo. En ese orden de ideas, no existen
argumentos del accionante que permitan cuestionar el procedimiento adoptado por
la entidad o la validez de los actos administrativos adoptados por la UNP, por lo que
no se configura una vulneración de los derechos fundamentales.

23.- Por último, la Sala considera relevante insistir en que, tal y como lo mencionó
la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, los jueces de tutela no
son competentes para declarar un estado de cosas inconstitucional, puesto que se
trata de una medida excepcional que ha sido adoptada por la Corte Constitucional
cuando constata la violación masiva y recurrente de los derechos fundamentales de
cierta población, por el incumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales
de las autoridades, frente a los que se requieren medidas generales porque las
órdenes individuales no se advierten eficaces16. Ahora bien, en materia de atención
a la población desplazada del país, la Corte Constitucional declaró el estado de
cosas inconstitucional en la sentencia T-025 de 2004, que cuenta con una Sala
Especial de Seguimiento en esa Corporación.

24.- En conclusión, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
procederá a confirmar parcialmente la decisión de tutela adoptada en primera
instancia, en el sentido de negar el amparo de los derechos fundamentales
invocados por el señor Diosdado Quintero Giraldo en contra de la Alcaldía Municipal
de Carmen de Viboral, la UARIV y la UNP; y declarar improcedente por falta de
legitimación en la causa por pasiva la acción de tutela interpuesta en contra de la
Presidencia de la República, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General de la
Nación, al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional, al departamento de
Antioquia, a la Personería de Carmen de Viboral, a la Defensoría del Pueblo y a la
Procuraduría General de la Nación.

25.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

16 Corte Constitucional. Sentencia SU-020 de 2022.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02015-01
Accionante: Diosdado Quintero Giraldo
Accionado: Alcaldía Municipal de Carmen de Viboral (Antioquia) y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

PRIMERO. – CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 29 de agosto de 2023
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
medio de la cual negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por el
señor Diosdado Quintero Giraldo con respecto a la Alcaldía Municipal de Carmen
de Viboral, la UARIV y la UNP.

SEGUNDO.– MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia del 29 de agosto de 2023
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el
sentido de DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el
señor Diosdado Quintero Giraldo con respecto a la Presidencia de la República, el
Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la
Policía Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Personería de Carmen de Viboral,
la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

TERCERO.– NOTIFICAR la presente decisión a las partes e interesados, por el
medio más expedito.

CUARTO.– ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE17
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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