Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02024-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02024-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-02024-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
1 de junio de 2023
Demandante: Lucía Perdomo Puyo-Matallana
Demandado: Subsección E de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02024-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., primero (1.º) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02024-00
Demandante: LUCÍA PERDOMO PUYO - MATALLANA
Demandado: SUBSECCIÓN E DE LA SECCIÓN SEGUNDA
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Tema: Tutela de fondo. Mora judicial. Tutela contra providencia
judicial. Declara improcedencia por no satisfacer los requisitos
de subsidiariedad y relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la acción de tutela presentada por el apoderado de la señora
Lucía Perdomo Puyo-Matallana contra de la Subsección E de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1.1 . Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado el 21 de abril de 2023 al buzón web del Consejo de
Estado1, la señora Lucía Perdomo Puyo - Matallana, actuando a través de
apoderado, instauró una acción de tutela en contra de la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el objetivo de
obtener la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y a la
administración de justicia.
2. La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías
constitucionales, con ocasión de: (i) la sentencia del 21 de agosto de 2020,
proferida por la autoridad judicial accionada, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares (Cremil), radicado 25000234200020180124501; (ii) el auto
del 24 de septiembre de 2021, que negó la solicitud de modificación del fallo
aludido; y (iii) el auto de 19 de octubre de 2022, que decidió estarse a lo resuelto
1 El 25 de abril de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado remitió al despacho el expediente de la
referencia.
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en el auto de 24 de septiembre de 2021 y, concedió, en efecto suspensivo, el
recurso de apelación presentado en contra de la sentencia 2. Según la
demandante, las actuaciones descritas se adoptaron por fuera de los plazos
legales, por lo que existe mora judicial.
3. Con base en lo anterior, la parte actora reclamó la protección de las
garantías ius fundamentales mencionadas en el párrafo anterior y, en
consecuencia, pidió:
(…) se determine como quebrantado, por presentarse defecto sustantivo o material
por violación directa de la Constitución y desconocimiento de precedentes
jurisprudenciales y mora judicial, al proferirse el Auto 441 de fecha 19 de octubre de
2022.
Segunda: Como consecuencia del amparo pedido, se deje sin efecto alguno el
mencionado Auto, y en su lugar se ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, proceda a proferir una nueva decisión, y disponer el reajuste de la
Pensión mensual de la Beneficiaria, hasta el tope correspondiente a 25 Salarios
Mínimos Legales Vigentes - S.M.L.V., respecto a lo cual la interesada, manifestó
estar de acuerdo (la transcripción corresponde al texto original de la demanda de
tutela, puede contener errores).
1.2 . Hechos probados y/o admitidos
4. El apoderado de la accionante refirió que ella tiene 84 años de edad y goza
de la sustitución de la asignación de retiro que causó el padre de aquella, el
general del Ejército Nacional, Carlos Perdomo Puyo (q.e.p.d.).
5. La parte actora le solicitó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares el
reajuste de la sustitución de la asignación de retiro reconocida al causante en el
sentido de que se incluyera el IPC de los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, y
2004, lo que sumaba un aumento del 35.55% del valor de la mesada. Sin
embargo, tal petición fue negada mediante el oficio n.º 92196 del 2 de diciembre
de 2014 de la Cremil.
6. Por lo anterior, la demandante instauró el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que solicitó el reajuste reclamado ante la
Cremil o, en su defecto, que de manera subsidiaria se le reconociera la mesada
pensional con el tope de los 25 SMLMV del Acto Legislativo 01 de 2005.
7. En primera instancia, en sentencia del 21 de agosto de 2020, la Subsección
E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió
parcialmente a las pretensiones. Es decir, declaró la nulidad parcial del acto
acusado y condenó a la Cremil a reajustar la sustitución de la asignación de retiro
conforme al IPC para los años 1997, 1999 y 2000, sin que exceda el tope de los
25 SMLMV y se declaró la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad
al 11 de noviembre de 2010.
2 Actualmente, el proceso 25000234200020180124501 cursa la segunda instancia en la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
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8. La actora solicitó la aclaración y adición del fallo porque consideró que los
valores del reajuste que se ordenaron no correspondían a los del salario
devengado por un general del Ejército Nacional. Esta petición fue negada en auto
del 24 de septiembre de 2021, bajo el argumento de que lo ordenado se basó en
el estudio sobre la asignación de retiro decretada por el Gobierno Nacional para
los años 1997, 1999 y 2000.
9. Inconforme con esta determinación, el apoderado de la señora Perdomo
Puyo - Matallana solicitó la corrección aritmética y el recurso de apelación contra
la providencia del 21 de agosto de 2020.
10. Mediante auto del 19 de octubre de 2022 la autoridad judicial accionada
decidió estarse a lo resuelto en el auto del 24 de septiembre de 2021 y concedió el
recurso de apelación.
11. El proceso fue enviado al despacho del magistrado Carmelo Perdomo
Cuéter de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para
surtir el trámite de la segunda instancia.
1.3 . Sustento de la vulneración
9. En primer lugar, el apoderado de la demandante afirmó que ella tiene 84
años, presenta “inconvenientes de salud” (sin exponer ningún detalle al respecto)
y ha esperado muchos años para que se decida su caso, pues este permaneció
más de dos años en el tribunal después de haberse adoptado el fallo de primera
instancia, lo que significa que hubo mora judicial.
10. En este punto, expresó que el acceso a la justicia comprende no solo la
posibilidad de acudir ante los jueces para presentar una controversia, sino que
esta sea decidida de manera oportuna.
11. Argumentó que su caso estuvo 5 años en el tribunal y, si bien está
pendiente de decidirse el recurso de apelación que se surte ante la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado “el trámite y decisión del mismo es
incierto en el tiempo, avizorándose posible materialización de un daño cuyos
perjuicios se tornen irreparables, teniendo en cuenta la edad de la demandante”.
12. En segundo lugar, expuso que la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en los siguientes defectos:
(i) Violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente judicial: porque existen múltiples decisiones que han accedido al
reajuste de la asignación de retiro actualizada con base en el IPC, por
ejemplo: la sentencia del 17 de mayo de 2007, exp.
25000232500020030815201 (8464 -2005).
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(ii) Defecto fáctico: porque se le dio aplicación a porcentajes de
incremento salarial que son inferiores al IPC, por lo que el valor a reajustar es
inferior.
(iii) Defecto material: por cuanto en la sentencia se incluyó un “cuadro”,
correspondiente a un grado distinto al grado de general, por lo que el
reajuste de la mesada se realizó en un porcentaje inferior al que le
legalmente le corresponde.
1.4 . Actuaciones procesales relevantes
12. A través del auto del 27 de abril de 2023, la magistrada sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial accionada.
Asimismo, vinculó como terceros con interés a los magistrados de la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y a la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Caja Retiro de las Fuerzas Militares.
1.5 Intervenciones
1.5.1. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
13. La apoderada especial de la entidad solicitó que se declare la improcedencia
de la acción porque no se han agotado todos los mecanismos de defensa
judiciales que tenía la demandante a su alcance. Además, no se ha vulnerado
derecho fundamental alguno, porque ha podido ejercer los derechos y recursos
disponibles. Tampoco se vislumbra un perjuicio irremediable.
14. En cuanto a los derechos que se reclaman, explicó que no hay violación del
derecho a la igualdad y que a los jueces de tutela no les corresponde determinar
cuál decisión se ajustó a la ley, pues “[e]l hecho que no se accedan a las
pretensiones como lo formula el accionante en su escrito de demanda, no
necesariamente quiere decir que se esté incurriendo en vía de hecho”.
1.5.2 . Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
15. El magistrado Carmelo Perdomo Cuéter informó que el expediente ingresó a
su despacho por reparto el 8 de febrero de 2023 y está en trámite.
16. Agregó que “se encuentran pendientes de decisión otros recursos de
apelación que arribaron a esta Corporación con anterioridad al mencionado y no
es dable que a través de la acción de tutela se pretenda desconocer el orden de
los turnos asignados de acuerdo con la fecha de ingreso al despacho”.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1 Competencia
17. Esta Sala es competente para resolver la acción de tutela ejercida por la
señora Lucía Perdomo Puyo - Matallana contra la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y
333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.
2.2 Cuestión previa
18. La presente acción de tutela fue promovida por la señora Lucía Perdomo
Puyo - Matallana quien reclama que han transcurrido dos años desde que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió la sentencia del 21 de agosto de
2020, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que aquella
inició en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y la Cremil, para
obtener el reajuste de la sustitución de la asignación de retiro.
19. Afirmó que a la fecha no se le ha corregido el valor que debe recibir por
concepto de la sustitución de la asignación de retiro conforme al IPC. Pues
actualmente, ese proceso cursa la segunda instancia en el Consejo de Estado.
20. Según la demandante existe mora judicial, pero al tiempo, cuestiona la
decisión del a quo, porque consideró que es contraria a la Constitución y al
precedente judicial y, además, constituye los defectos fáctico y sustantivo.
21. De la lectura de las pretensiones, esta Sala entiende que esta demanda
plantea dos cuestiones diferentes. La primera una mora judicial porque su proceso
no se ha decidido de manera definitiva. La segunda porque considera que Tribunal
Administrativo de Cundinamarca debió ordenar el reajuste de la asignación de
retiro que le fue sustituida conforme al IPC.
22. De la segunda cuestión propuesta, se interpreta que cuestiona la
providencia judicial de primera instancia. Por lo anterior, en primer lugar, se
analizará la mora judicial y, en segundo lugar, la procedencia de esta acción frente
a la sentencia de la Subsección E, Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
2.3 Problemas jurídicos
23. En primer lugar, la Sala se ocupará de estudiar la cuestión jurídica
relacionada con la violación iusfundamental derivada de la tardanza de las
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autoridades judiciales en decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió la actora.
24. En consecuencia, tendrá que determinar si ¿el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Consejo de Estado vulneraron los derechos invocados por la
señora Lucía Perdomo Puyo - Matallana por presuntamente incurrir en mora
judicial injustificada al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado n.° 25000-23-42-000-2018-01245-01 (557-2023)?
25. En segundo lugar, se observa que frente a los cuestionamientos dirigidos
contra la providencia judicial de primera instancia, esta Sección valorará si en este
caso ¿se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial?
26. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente
problema:
• ¿La sentencia del 21 de agosto de 2020 de la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos
fundamentales de la actora al no haber ordenado el reajuste de la
sustitución de la asignación de retiro con base en el IPC?
27. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el panorama general de la acción de tutela; (ii) mora judicial injustificada
en el caso concreto; (iii) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencia judicial; iii) requisitos de procedibilidad
adjetiva y iv) la improcedencia de la acción en el caso concreto.
2.4 . Generalidades de la acción de tutela
28. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.
29. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha
señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa
judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y
residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera
supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo
que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable3.
3 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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2.5 De la mora judicial justificada en el caso concreto
30. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial se
encuentra justificado en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una
actuación tiene lugar debido a la complejidad particular del asunto o a la existencia
de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios
judiciales4.
31. Por su parte, el Alto Tribunal ha indicado que, en estos casos, existe una
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, en aquellas controversias en los que dicho retardo se
deba a la falta de diligencia y a la omisión sistemática en el cumplimiento de los
deberes de tales servidores públicos5.
32. De igual forma, dicha Corte ha considerado que “atendiendo la realidad del
país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no
es imputable al actuar de los funcionarios judiciales”6. A su vez, frente al particular,
la Corte Constitucional afirmó que:
(…) [P]or ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere
de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución
para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad
existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la
tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una
justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso
recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el
incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto
de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente
existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan
un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan
otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de
la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su
comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus
funciones” (Negrilla y subrayado fuera del texto).
33. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de mora judicial7, según la cual solo se
4 Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-1019 del 06.11.10., M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
5 Ibidem.
6 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-230 del 18.04.13., M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
7 Al respecto, consultar: Sentencia del 31.10.18., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 54001-23-33-0002018-
00276-01; Sentencia del 14.11.19., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04391-00;
Sentencia del 10.09.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-03562-00; Sentencia del
08.10.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-03907-00; Sentencia del
15.10.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-04098-00; Sentencia del
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predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la
competencia del juez. De acreditarse esta conducta, constituye violación al
derecho de acceso a la administración de justicia y al debido proceso de las partes
en un proceso.
34. Por medio de la presente acción constitucional, la señora Lucía Perdomo
Puyo - Matallana solicitó el amparo de las garantías fundamentales a la igualdad y
al administración de justicia presuntamente vulneradas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, porque, según
su dicho, han transcurrido dos años desde que se decidió su caso mediante la
sentencia del 21 de agosto de 2020, sin que a la fecha se le hubiere efectuado el
reajuste conforme al IPC ni surtido la segunda instancia que cursa ante el Consejo
de Estado.
35. Revisado el expediente y con base en los informes rendidos, la Sala
observa que, en primer lugar, la acción fue presentada por una persona que es
sujeto de especial protección constitucional, ya que tiene 84 años de edad. Sin
embargo, la Sección no pasa por alto que en este caso se discute un reajuste de
la sustitución de la asignación de retiro, lo que significa que, en principio, la
demandante tiene asegurado el mínimo vital porque recibe ingresos mensuales, lo
que ocurre es que pretende que estos se eleven al menos hasta el tope de los 25
SMLMV.
36. En segundo lugar, esta corporación resalta que la peticionaria advirtió que
tiene problemas de salud, sin embargo, no identificó cuáles ni tampoco señaló
porque es imprescindible e inaplazable que se estudien las pretensiones
encaminadas a obtener una mesada pensional en cuantía del límite legal. Esto
quiere decir, que no hay elementos de juicio que permitan abordar el asunto bajo
una óptica del enfoque diferencial o de perjuicio irremediable.
37. En tercer lugar, se observa que, en efecto, la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia de primera
instancia el 21 de agosto de 2020, mediante la cual:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del Oficio CREMIL 118021, consecutivo No 2014
de 2 de diciembre de 2014, por medio del cual la Caj de Retiro de las Fuerzas Militares,
negó el reajuste de la sustitución de asignación de retiro de la señora Lucia Perdomo Puyo
Matallana, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: CONDENAR a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares a lo siguiente: a).
Reajustar la sustitución de asignación de retiro reconocida a la señora Lucia Perdomo Puyo
Matallana, identificada con la cedula de ciudadanía No. 26.514.601 de Íquira, conforme a la
variación del IPC, para los años 1997, 1999 y 2000, sin que su monto supere los 25 SMLV,
en virtud de lo dispuesto en el Acto Legislativo 001 de 2005 b). Pagar las diferencias
generadas desde el 1º de enero de 2005 por la incidencia en la base de liquidación, a partir
del 11 de noviembre de 2010, como quiera que las causas con anterioridad se encuentran
prescritas, las cuales serán objeto de indexación, en cumplimiento a lo señalado en el
05.11.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-04370-00 y Sentencia del 26.11.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-04518-00.
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artículo 187 del C.P.A.C.A., es decir, que se efectuara con la aplicación de los índices de
inflación certificados por el DANE, teniendo en cuenta a la siguiente fórmula (…)
TERCERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción, respecto de las sumas
causadas con anterioridad al 11 de noviembre de 2010 17.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
38. La anterior decisión fue objeto de solicitud de aclaración y adición del fallo,
peticiones que fueron negadas en auto del 24 de septiembre de 2021. Luego, se
pidió la corrección y apelación de la sentencia, lo cual se decidió en auto del 19 de
octubre de 2022, que decidió:
PRIMERO: ESTARSE a lo resuelto en el auto de 24 de agosto de septiembre de 2021 (sic)
proferido por la Sección Segunda, Subsección “E” del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante el cual se negó la solicitud de adición, aclaración o corrección de la
sentencia de 21 de agosto de 2020.
SEGUNDO: CONCÉDASE en el efecto SUSPENSIVO, el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante, sustentado en tiempo de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 247
del CPACA, contra la sentencia de 21 de agosto de 2020, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
39. El proceso fue remitido al Consejo de Estado el 10 de noviembre de 2022.
El cual fue repartido al despacho del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter de la
Subsección B de la Sección Segunda, el 8 de febrero de 2023. Esa autoridad
judicial admitió el recurso de apelación mediante auto del 17 de mayo de 2023.
40. De acuerdo con lo expuesto se observa que ninguna de las autoridades
judiciales ha incurrido en una tardanza injustificada, por un lado, el tiempo entre la
sentencia de primera instancia y el trámite de la apelación, se dilató en el tiempo
producto de las solicitudes de adición, aclaración y corrección de fallo que formuló
la demandante.
41. Ahora bien, en este momento el proceso se encuentra cursando la segunda
instancia desde el 8 de febrero de 2023. El magistrado sustanciador, admitió el
recurso y está en trámite.
42. En ese orden, se observa que, en este momento, el término procesal con el
que cuenta la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para
dictar fallo de segunda instancia no se ha superado, por lo que no es posible
predicar la configuración de una vulneración de los derechos fundamentales de la
señora Lucía Perdomo Puyo - Matallana, dado que la tardanza del proceso no es
imputable al actuar negligente ni del tribunal ni del Consejo de Estado.
43. Por lo anterior, se negarán las pretensiones del amparo respecto de la mora
judicial endilgada a la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
44. Ahora bien, teniendo en cuenta que la Sala identificó que la accionante en el
escrito inicial cuestionó que el reajuste de la asignación de retiro de la que es
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beneficiaria se liquidó de manera incorrecta, se procederá a efectuar el estudio de
procedencia de la acción contra la providencia judicial de la referencia.
2.6 La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
45. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
8
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema9 y declaró su
procedencia.10
46. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
47. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
48. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.7 . La presente acción de tutela es improcedente porque no satisface los
presupuestos de subsidiariedad y relevancia constitucional
49. De acuerdo con la lectura del escrito inicial, la Sala identificó que algunos
cuestionamientos apuntaban a que el reajuste ordenado no se hizo conforme a la
variación del IPC en la asignación de retiro del causante.
50. En efecto, la señora Lucía Perdomo Puyo - Matallana planteó que el
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth
García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
10 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el fallo declaró la nulidad parcial del
acto acusado y condenó a la Cremil a reajustar la sustitución de la asignación de
retiro conforme al IPC para los años 1997, 1999 y 2000, sin que exceda el tope de
los 25 SMLMV y se declaró la prescripción de las mesadas causadas con
anterioridad al 11 de noviembre de 2010.
51. Sin embargo, la demandante consideró que los valores del reajuste que se
ordenaron no correspondían a los del salario devengado por un general del
Ejército Nacional. A partir de esas consideraciones, le endilgó al fallo acusado los
defectos fáctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución.
52. En ese orden de ideas, atendiendo a los derroteros plasmados en el título
anterior, se observa, en primer lugar, que el presente caso no satisface el
requisito de la subsidiariedad porque está en trámite el recurso de apelación ante
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, es decir, aun no
se han agotado todos los medios de defensa judiciales ordinarios y extraordinarios
disponibles.
53. En segundo lugar, la Sala encuentra que la demanda de tutela formulada
no guarda relevancia constitucional, por tres razones:
(i) Aunque se formularon cargos de constitucionalidad en clave de los
defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución, la accionante no presentó una carga
argumentativa mínima que permitiera identificar en qué está dada la
infracción de los derechos fundamentales. De ahí que no pueda establecerse
cómo este mecanismo apuntaría a desarrollar un contenido de superior.
(ii) La cuestión que se reclama es eminentemente patrimonial, dado que
la controversia gira en torno a los valores reclamados y los ordenados en el
reajuste en la asignación de retiro del peticionario son económicos.
(iii) La presente acción busca reabrir un debate procesal que no ha
finalizado, por lo que tampoco sería relevante desde la perspectiva
constitucional, al plantear argumentos de carácter legal con el objetivo de
que el juez de tutela supla la actuación de la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo cual es
improcedente.
54. En ese orden de ideas, la presente acción de tutela contra la providencia
judicial del 21 de agosto de 2020, proferida por la Subsección E de la Sección
segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es improcedente.
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2.8 Conclusiones
55. En conclusión, la Sala de Decisión, en primer lugar, negará el amparo frente
a la mora judicial reprochada a las accionadas y, lo cierto, es que actualmente el
proceso de la demandante está en turno para fallo de segunda instancia, sin que
se advirtiera que este debe alterarse por alguna situación o condición de la
demandante debidamente demostrada.
56. En segundo lugar, se declarará la improcedencia de la acción de tutela
contra la sentencia del 21 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones del amparo relacionadas con la mora judicial
reclamada por la señora Lucía Perdomo Puyo - Matallana de conformidad, con los
argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela que ejerció
la señora Lucía Perdomo Puyo - Matallana contra la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada en esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez
días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
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CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
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