Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02026-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Relevancia constitucional: no se configura en este caso
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02026-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02026-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
22 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., agosto veintidós (22) de dos mil veintitrés (2023).
Radicación número: 110010315000202302026 01
Accionante: NATALIA SOFÍA CRUZ Y OTRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se configura en este caso / TERCERA
INSTANCIA – La parte demandante pretende reabrir el debate por no estar de acuerdo
con lo decidido por el juez natural.
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte tutelante
contra la sentencia del 9 de junio de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, declaró improcedente el amparo solicitado1.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 24 de abril de 2023, los señores Natalia Sofía Cruz, María Aide Cruz, Yiber
Lary Burbano Cruz, Deiby Cenen Burbano Cruz, Wilmar Burbano Cruz, Yulieth
Katerine Cueto Cruz, Gloria Amparo Cruz y Angela María Bravo Cruz, por
conducto de apoderado judicial, instauraron demanda de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
1
Que ingresó para fallo el 25 de julio de 2023.
Radicación: 110010315000202302026 01
Accionante: Natalia Sofía Cruz y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
2. Hechos relevantes
En ejercicio del medio de reparación directa, los ahora tutelantes demandaron a la
Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, con el fin de que se les
declarara patrimonialmente responsables de los daños y perjuicios causados con
ocasión del “retiro de la imputación por el delito de lesiones personales culposas”,
del que fue víctima la señora Natalia Sofía Cruz y la “posterior aceptación de la
solicitud por el Juzgado 15 Penal Municipal de Garantías”.
Mediante sentencia del 9 de diciembre de 2020, el Juzgado Noveno
Administrativo de Santiago de Cali negó las pretensiones de la demanda.
La parte demandante apeló esa decisión ante el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, el que, por medio de proveído del 1 de marzo de 2023, confirmó el
fallo de primera instancia y condenó a la parte demandante en costas en segunda
instancia.
3. Fundamentos de la demanda de tutela
La parte tutelante señaló que, pese a que en el trámite de la primera instancia se
decretó el testimonio de la Fiscalía 66 Local de Santiago de Cali, se presentó
como declarante la Fiscalía 45 de esa misma ciudad, razón por la cual en los
alegatos de conclusión se solicitó no tener en cuenta dicha prueba.
No obstante, el juez de primera instancia decretó tal declaración como prueba de
oficio, evidenciándose que “suplió la actividad probatoria de la FISCALÍA
GENERAL porque nada evidenciaba oscuridad”. En ese sentido, agregó que
(trascripción literal con posibles errores incluidos):
El fallo de primera instancia exoneró a la FISCALÍA GENERAL. A pesar de
que la sana crítica dispone que se deben valorar todas las pruebas y emplear
los criterios de la experiencia para justipreciarlas, consideró que la Fiscal 45
Local de Cali, cuya declaración decretó de oficio, tenía razón y sin analizar el
actuar diligente durante CINCO (5) años de NATALIA SOFIA CRUZ, ni
considerar que no existía prueba de la llamada, concluyó con la prueba del
propio decir que en efecto ella había desistido por vía telefónica.
Refirió que el juez de segunda instancia “se dio cuenta que no existía prueba del
decir de la Fiscal 45 Local de Cali, y enfiló por otro lado…”.
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Radicación: 110010315000202302026 01
Accionante: Natalia Sofía Cruz y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Agregó que el tribunal accionado confirmó la decisión de primera instancia bajo
las tesis de que: i) la incapacidad médico legal no superó los 60 días y ii) que el
informe policial no convierte un delito querellable en un delito oficioso.
Lo anterior, pese a que “en el expediente existe prueba de que fueron 140 días”;
además “omitió considerar que la Fiscalía 66 Local de Cali incumplió su deber
legal de distinguir si el delito era querellable o no y proceder conforme a ello, a fin
de que NATALIA SOFIA CRUZ, a su vez, actuara de manera tal que asegurara su
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia…”.
Dijo que (trascripción literal con posibles errores incluidos):
La omisión de la Fiscalía 66 Local de Cali en cumplir con la ley y la
‘Instrucción del Servicio’, privó a NATALIA SOFIA CRUZ de ejercer su
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Mal podía
entonces podría la FISCALÍA GENERAL sacar provecho de su error, porque
la regla NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS, sobre la
cual existen océanos de tinta jurisprudencial, se lo impedía.
Por lo anterior, concluyó que “bien porque la incapacidad superó los 60 días (…) o
bien porque fue la propia FISCALÍA GENERAL la que adelantó el proceso
impidiendo a mi mandante obrar conforme a derecho por no haber distinguido
como lo manda la ley y las instrucciones del servicio si era querellable o no, la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN es responsable de los daños y perjuicios
causados a NATALIA SOFÍA CRUZ”, por lo que solicitó “dejar sin efectos el fallo y
ordenar proferir uno nuevo acogiendo los criterios que garanticen a NATALIA
SOFIA CRUZ de ejercer su derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia”.
4. Trámite en primera instancia
4.1. Mediante providencia de 2 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a la
autoridad judicial accionada y vinculó, como terceros con interés, a la Fiscalía
General de la Nación y a la Rama Judicial.
4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca informó que su decisión se
fundamentó en que se estableció que el delito por el cual se inició la investigación
penal -lesiones- era desistible y no investigable de oficio y, además, se encontró
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Radicación: 110010315000202302026 01
Accionante: Natalia Sofía Cruz y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
que en la jurisdicción civil se tramitó un proceso en el que se condenó al
conductor del vehículo y la empresa de transporte a reparar los perjuicios
causados a la querellante y su familia.
Por lo anterior, solicitó que se negara el amparo reclamado, tras considerar que
no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte tutelante, bajo el
entendido de que las etapas del proceso se adelantaron en atención a lo previsto
en la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1564 de 2012; que las partes siempre tuvieron la
oportunidad de pronunciarse.
Refirió que lo que se pretende con la tutela es reabrir el debate procesal al estar
inconforme con la decisión adoptada en segunda instancia por esa Corporación.
4.3. La Fiscalía General de la Nación afirmó que no se cumple con el requisito de
la subsidiariedad, porque, a pesar de que la Ley 1437 de 2011 prevé otros
mecanismos judiciales para cuestionar la decisión adoptada en el proceso de
reparación directa -sin mencionar cuáles-, la parte tutelante no hizo uso de ellos.
Dijo que el amparo solicitado es improcedente porque la parte tutelante no
sustentó la configuración del defecto en el que habría incurrido la autoridad
judicial accionada, pese a que “tiene la carga argumentativa de aportar los
suficientes elementos de juicio que permitan establecer que se cumple con todos
y cada uno de los requisitos exigidos por la Corte”.
De otra parte, sostuvo que la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca “no desbordó los criterios de proporcionalidad”, dado que fundamentó su
decisión en la valoración probatoria efectuada bajo los criterios y requisitos
legales.
Refirió que lo que pretende la parte tutelante es “retrotraer, a través del amparo
etapas procesales de un asunto que ya surtió su trámite, para establecer
confusión y proyectar que se transgreden derechos fundamentales, lo cual es
inconcebible por el carácter subsidiario que acompaña tan especial mecanismo
constitucional y por cuanto en ningún momento en el escrito de tutela se
demuestra vulneración a derecho fundamental alguno”.
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Radicación: 110010315000202302026 01
Accionante: Natalia Sofía Cruz y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Por lo anterior, la Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare la
improcedencia del amparo reclamado por los tutelantes.
5. La sentencia de primera instancia
Mediante fallo del 9 de junio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, declaró improcedente el amparo solicitado, tras considerar que la
acción de tutela no “constituye una instancia adicional al proceso ordinario, ni es
un escenario para refutar la valoración probatoria del juez de conocimiento o para
que la parte desfavorecida por una decisión proponga ‘una mejor solución’ al
caso”.
Afirmó que “como no se advierte que la decisión cuestionada sea caprichosa o
arbitraria y los argumentos expuestos por el solicitante están encaminados a
volver sobre la controversia decidida por el juez natural, la tutela es
improcedente”.
6. La impugnación
La sentencia fue impugnada por la parte tutelante, quien afirmó que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca incurrió en una indebida valoración probatoria.
Expuso que el tribunal accionado:
… sólo valorara dos informes técnicos médicos legales, reconociendo una
incapacidad no superior a 60 días, cuando fueron aportados los 4 informes
con una incapacidad total de 140 días y lo que existió en el presente caso fue
una inoperancia de la investigación penal, cuando la Fiscal 45, sin soporte
probatorio, exculpa su actuar, en un supuesto desistimiento de la demandante
que no existió, presentó ante el Juez 15 Penal con Funciones de Control de
garantías, la solicitud de retiro de las diligencias de formulación de
imputación. Desistimiento inviable para la demandante, por cuanto la
incapacidad SUPERABA LOS 60 DÍAS, LAS SECUELAS DE SU LESIÓN
FUERON PERMANENTES Y LA NOTICIA CRIMINAL FUE POR UN
INFORME DE TRÁNSITO, NO POR QUERELLA QUE PERMITIRA UN
DESISTIMIENTO, ELLO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN PENAL.
Señaló que se configuró un defecto por desconocimiento del precedente, porque
la decisión cuestionada no tuvo en cuenta las sentencias T-030 de 2005, T-577 de
1998, T-283 de 2013, T-190 de 1995, C-301 de 1993, T-1068 de 2004 y T-604 de
1995 de la Corte Constitucional y la sentencia del 2 de mayo de 2016 (exp. 37111)
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Radicación: 110010315000202302026 01
Accionante: Natalia Sofía Cruz y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
proferida por el Consejo de Estado. Además, que se vulneraron los artículos 8 y
25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, adujo que “la conducta desplegada por la parte actora en el presente
caso, no adoleció de temeridad o actuación alguna que obrara en desmedro del
trámite normal de la presente Litis, motivo por el cual, deberían abstenerse de
emitir una condena en este sentido, y no como se hizo en la sentencia de
segunda instancia que se acusa en este escrito de tutela”.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
La Subsección considera -como lo concluyó el juez de primera instancia- que no
hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se
cumple con el requisito de la relevancia constitucional.
La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de
competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces2.
Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber3:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la demanda de tutela no
constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está
constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia
que el actor tenga frente a la decisión judicial.
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Radicación: 110010315000202302026 01
Accionante: Natalia Sofía Cruz y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Revisada la demanda, se evidencia que la parte tutelante acudió a la acción de
tutela con el propósito de reabrir el debate jurídico y probatorio del proceso de
reparación directa promovido contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial, cuando lo cierto es que el mecanismo judicial de protección de derechos
fundamentales no comporta una tercera instancia del proceso ordinario.
Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos
definidos por el juez natural de la causa, que en la presente acción se insiste en
argumentos que fueron expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra la
providencia del 9 de diciembre de 2020, por la cual el Juzgado Noveno
Administrativo de Santiago de Cali negó las pretensiones de la demanda, tras
considerar que “no obran elementos de juicio suficientes que acrediten con
claridad y certeza que las entidades demandadas hayan incurrido en una falla del
servicio, o que el daño antijurídico sufrido por la señora Natalia Sofía Cruz devino
de una conducta omisiva, negligente o descuidada de los entes accionados.
Además, no se halló relación causal alguna entre los hechos que se imputa a la
parte demandada y el daño que se afirma inferido a la actora Natalia Sofía Cruz;
circunstancia que impide la materialización del nexo causal entre estos dos
elementos de responsabilidad”.
Lo anterior se evidencia si se tiene en cuenta que en el recurso de apelación –al
igual que se hizo en la demanda de tutela– la parte tutelante indicó que:
El delito de lesiones con incapacidad de más de 60 días no es querellable por
lo que el desistimiento era inviable.
El juzgado realizó una valoración errónea de las pruebas aportadas al
expediente, pues se encuentra demostrado, con los 4 dictámenes medico
legales, que la incapacidad de la lesionada fue de 140 días.
Que no se puede tener como un delito desistible aquel que fue puesto en
conocimiento de la autoridad por medio de informe policial y no por denuncia
del lesionado.
Con fundamento en los anteriores argumentos, indica que la investigación no
podía ser archivada por tratarse de un delito que debía ser investigado de
oficio2.
Aspectos que fueron analizados y definidos por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, mediante providencia del 1° de marzo de 2023, en la que se confirmó
la decisión de negar las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes
argumentos (transcripción de forma literal):
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Extractado del fallo de segunda instancia.
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Radicación: 110010315000202302026 01
Accionante: Natalia Sofía Cruz y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
5. Resolución de los motivos de disenso planteados en el recurso de
apelación.
¿Los delitos de lesiones culposas, con incapacidad médico legal mayor
a 60 días son querellables?
Respuesta: Si.
Sobre la naturaleza de la querella ha señalado la Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal ha indicado: (…)
Frente a los delitos que requieren querella, el artículo 74 de la Ley 906 de
2004 con la modificación vigente para la fecha de los hechos, génesis de la
presente controversia, disponía: (…)
Respecto a la interpretación que debe darse a la redacción de la norma en
comento la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal se refirió así:
(…)
De acuerdo con lo anterior, surge evidente que siempre que se trate de la
comisión del delito de lesiones personales culposas debe mediar querella
(solicitud del interesado y su intervención) para el inicio y desarrollo de la
investigación penal, por lo que el motivo de disenso no tiene vocación de
prosperar.
Motivo de disenso relacionado.
¿El inicio de la investigación penal por informe policial de accidentes de
tránsito, muta la naturaleza del delito de lesiones personales culposas
de querellable a investigable de oficio?
Respuesta. No.
Frente a los órganos que ejercen funciones de policía judicial, el artículo 202
de la Ley 906 de 2004 dispone: (…)
De acuerdo con el Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal
Acusatorio Colombiano10 las siguientes son las actuaciones que deben
adelantar tanto la policía judicial como el ente acusador respecto a la
existencia de una noticia criminal.
(…)
Como puede evidenciarse, los informes suscritos por agentes de tránsito, que
ejercen funciones de policía judicial, solo tienen la finalidad de dar aviso a la
Fiscalía de la existencia de una noticia criminal y no suple de manera alguna
el requisito de interponer la querella para que se inicie la investigación. Tal
como se dejó visto en el acápite precedente, la voluntad de la víctima es
presupuesto indispensable para el válido ejercicio de la acción penal en el
caso de las lesiones personales culposas, razón por la cual, entender que la
expedición de un informe policial de accidente de tránsito muta la naturaleza
del delito de querellable a investigable de oficio, es una interpretación errada,
carente de sustento normativo y jurisprudencial.
¿La investigación por el delito de lesiones culposas, en el caso
concreto, era desistible?
Respuesta: Si.
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Radicación: 110010315000202302026 01
Accionante: Natalia Sofía Cruz y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Al respecto la ley 906 de 2004 en su artículo 76 dispone: ‘Desistimiento de la
querella. En cualquier momento de la actuación y antes del inicio de la
audiencia de juicio oral, el querellante podrá manifestar verbalmente o por
escrito su deseo de desistir de la acción penal. Si al momento de presentarse
la solicitud no se hubiese presentado escrito de acusación, le corresponde a
la Fiscalía verificar que ella sea voluntaria, libre e informada, antes de
proceder a aceptarla y archivar las diligencias. Si se hubiere presentado
escrito de acusación le corresponderá al juez de conocimiento, luego de
escuchar el parecer de la Fiscalía, o del acusador privado, según sea el caso,
determinar si acepta el desistimiento. En cualquier caso, el desistimiento se
hará extensivo a todos los autores o partícipes de la conducta punible
investigada, y una vez aceptado no admitirá retractación’.
De acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, la Fiscal 45
Local de Cali retiró la solicitud de audiencia de formulación de imputación
contra el señor Gandeiro Paredes Cuero con ocasión a los hechos en que
resultó lesionada la señora Natalia Sofía Cruz.
En audiencia de pruebas celebrada el 18 de septiembre de 2018 se recibió la
declaración de la doctora María Olivia Giraldo Solarte, en su calidad de Fiscal
45 Local de Cali quien respecto a los hechos que motivaron el presente
proceso indicó que, se dio inicio a la investigación SPOA
760016000196200905264 el 21 de abril de 2010, por el delito de lesiones
culposas, donde aparecían como víctimas el señor Juan Carlos Ramírez
Patiño y otra, y como victimario, el señor Gandeiro Paredes Cuero. Sostuvo
que, la noticia criminal surgió por unos hechos ocurridos para ‘el 6 de
diciembre de 2009’ (SIC), y se conoció en virtud de un informe de tránsito No.
0634614; no obstante, resaltó la declarante, que para la fecha en que tomó
posesión en su cargo como Fiscal 45 (22 de noviembre de 2010), ya la
investigación había sido asignada a ese despacho.
Sostuvo que, tratándose de un delito considerado como querellable (lesiones
culposas); lo que se hace es citar a las partes para efectos de llegar a un
acuerdo conciliatorio; siendo ello una forma de dar por culminada la
investigación. De la lectura de la carpeta, la deponente resaltó, que existen
citaciones para tal efecto a los señores Juan Carlos Ramírez Patiño, a la
señora Natalia Sofía Cruz, al señor Gandeiro Paredes Cuero y al
representante de la empresa de transporte propietaria del vehículo que estuvo
involucrado en el accidente de tránsito; sin embargo, no se llevaron a cabo las
audiencias de conciliación, en algunas oportunidades, porque no
comparecían las partes, y en otras, porque asistían las víctimas, pero no el
señor Gandeiro ni el representante de la empresa de transporte.
Expresó que el 15 de mayo de 2014 la Fiscalía solicitó ante los Juzgados
Penales Municipales de Control de Garantías audiencia de formulación de
imputación, declaratoria de contumacia o persona ausente, que
posteriormente, se recibió la citación del Centro de Servicios para la
respectiva audiencia para el 4 de julio de 2014 y que, ante esta citación, la
Fiscalía llamó a las víctimas para efectos de informar la audiencia a realizar.
Continuó su relato indicando que el 2 de julio de 2014 estableció
comunicación con la señora Natalia Sofía Cruz, para informar sobre la
audiencia de formulación de imputación, quien manifestó que desistía de
continuar con la investigación. Por lo que, en virtud de la posición asumida
por la querellante Natalia Sofia Cruz, procedió a oficiar al Juzgado Quince
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali con el fin de
retirar la solicitud. Luego indicó que se dispuso el archivo de la diligencia,
mediante orden del 2 de julio de 2014.
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Radicación: 110010315000202302026 01
Accionante: Natalia Sofía Cruz y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Visible en la página 1 del archivo 05 expediente digitalizado obra copia de
acta de audiencia donde se dictó sentencia por parte del Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Cali de fecha 2 de diciembre de 2016. En la mentada
decisión se resolvió: (…)
Tal como puede evidenciarse, el delito de lesiones, por el que se inició la
investigación penal en el presente caso, era desistible a la luz de los
postulados normativos en cita.
A su vez, con el recaudo de la declaración de la Fiscal que llevó el caso, se
acreditó que el desistimiento fue realizado de forma verbal por la querellante.
Además, se encontró que dentro de la jurisdicción civil se tramitó proceso
declarativo en el que se condenó al conductor del vehículo y la empresa de
transporte a reparar los perjuicios causados a la querellante y su familia con
ocasión de los hechos ocurridos el 24 de noviembre de 2009.
Por las anteriores consideraciones el motivo de disenso planteado no tiene
vocación de prosperar y en consecuencia la sentencia proferida por el
juzgado será confirmada en integridad.
En ese contexto, la Subsección considera que lo pretendido por la parte tutelante
es que se realice un nuevo estudio frente a lo definido razonablemente por el juez
natural, lo que conlleva a la improcedencia de la acción de tutela de la referencia
por el incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional7, dado que,
como lo ha señalado la Corte Constitucional, esta acción “es concebida como un
‘juicio de validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado8, lo que
se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
legislado, que dieron origen a la controversia”9.
Finalmente, conviene precisar que en la impugnación la parte tutelante indicó que
la decisión cuestionada desconoció, por una parte, algunos pronunciamientos de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y, por otra, la Convención
Interamericana de Derechos Humanos.
Además, en ese escrito cuestionó la condena en costas impuesta en segunda
instancia.
No obstante, la Sala no se pronunciará al respecto, bajo el entendido de que,
como lo ha indicado la Subsección3 “la impugnación es el mecanismo por medio
del cual se expresan las inconformidades con el fallo de tutela de primera
instancia, mas no una oportunidad para endilgarle nuevos defectos a las
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 19 de junio de 2020,
radicación: 11001-03-15-000-2020-00883-01. C.P.: María Adriana Marín.
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Radicación: 110010315000202302026 01
Accionante: Natalia Sofía Cruz y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
providencias judiciales cuestionadas”, además porque al estudiar dichos
argumentos se “vulneraría las garantías de defensa y contradicción de las
accionadas y de los demás sujetos procesales vinculados al presente trámite,
quienes fundamentaron sus intervenciones en los vicios alegados en la solicitud
de amparo, la cual les fue entregada al momento de practicarse la notificación de
la demanda”.
De conformidad con lo anterior, se confirmará la decisión de primera instancia que
declaró improcedente el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de junio de 2023 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con las
razones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ejecutoriada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
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Radicación: 110010315000202302026 01
Accionante: Natalia Sofía Cruz y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a
la derecha.
VF
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