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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02031-00

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02031-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR el amparo al derecho de petición, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia en relación con los demás aspectos alegados por el actor, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36 Número único de radicación: 110010315000-2023-02031-00 Actor: JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ CÁRDENAS

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02031-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

29 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-02031-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ CÁRDENAS

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO FRENTE AL DERECHO
DE PETICIÓN. LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS FUE
RESUELTA. SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE
AMPARO EN RELACIÓN CON LOS REPROCHES RELATIVOS AL
RECHAZO DEL ACTOR DE LA CONVOCATORIA 27, POR INCUMPLIRSE
EL REQUISITO DE LA SUBSIDARIEDAD. NO SE ACREDITÓ LA
EXISTENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DE PETICIÓN, A LA IGUALDAD, A LA
DIGNIDAD HUMANA, AL DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO Y AL
ACCESO A CARGOS PÚBLICOS.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la solicitud de tutela presentada por el actor

contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL1.

1
En adelante la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-02031-00
Actor: JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ CÁRDENAS

I. – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ CÁRDENAS, actuando

en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales de petición, a la igualdad, a la dignidad

humana, al debido proceso, al trabajo, al acceso a cargos públicos y

al principio de primacía del derecho sustancial sobre las formas, los

cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la UNIDAD DE

CARRERA JUDICIAL al expedir la Resolución núm. CJR23-0061 de

8 de febrero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado con

ocasión a la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera

en la Rama Judicial, así como con la falta de respuesta a la solicitud

que elevó el 13 de febrero del presente año.

I.2.- Hechos

Manifestó que se inscribió como aspirante al cargo de JUEZ

PROMISCUO MUNICIPAL dentro de la Convocatoria núm. 27

adelantada con fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de

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16 de agosto de 2018, emitido por el CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA.

Precisó que, entre otros requisitos, dicho cargo exige contar como

mínimo con 2 años de experiencia profesional, para lo cual aportó las

certificaciones que acreditaban dicho término.

Indicó que, agotadas las etapas respectivas, mediante la Resolución

núm. CJR22-0351 de 1o. de septiembre de 2022, la UNIDAD DE

CARRERA JUDICIAL publicó los resultados de la prueba de

aptitudes y conocimientos, en las que obtuvo un puntaje aprobatorio.

Expresó que, mediante la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de

febrero de 2023 expedida por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL,

fue rechazado del concurso por la causal 3.4, bajo el argumento de

que no había acreditado la experiencia mínima para el cargo al cual

se postuló.

Refirió que el 13 de febrero de 2023 solicitó a la UNIDAD DE

CARRERA JUDICIAL la verificación de la documentación que

presentó con su inscripción, así como la nueva experiencia que ha

adquirido, sin que su petición hubiese sido resuelta a la fecha de

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presentación de la acción de tutela de la referencia.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que la presente acción de tutela es procedente de cara a

la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado

sobre la materia, comoquiera que los mecanismos ordinarios no son

idóneos, porque el debate no se limita a un asunto de legalidad, sino

que tiene una trascendencia constitucional porque la vulneración

recae sobre derechos fundamentales.

Expuso que de la literalidad de las normas que regulan la

convocatoria, no se advierte que esté excluida la posibilidad de que

en la etapa de verificación de experiencia “[…] pudiera valorar la

experiencia que se consiguiera luego de la inscripción al concurso de

méritos […]”.

Mencionó que, por el contrario, la convocatoria prevé una etapa de

reclasificación para quienes lleguen a integrar el registro de elegibles,

en la que se puede aportar nuevos documentos, por lo que no

permitir a los rechazados acreditar nueva experiencia vulnera el

derecho a la igualdad.

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Resaltó que no es razonable “[…] rechazar a un aspirante que cuenta

con los requisitos para ejercer el cargo de Juez Promiscuo Municipal,

que ha superado la calificación a la prueba en 3 ocasiones afirmando

que no se cumplen con los requisitos, omitiendo el paso del tiempo

de 5 años en la prueba […]”.

Sostuvo que, en todo caso, para el momento de la inscripción a la

convocatoria ya cumplía con la experiencia requerida, la cual, en su

sentir, debe contabilizarse desde la terminación de materias y no solo

aquella obtenida desde que obtuvo el título profesional.

Agregó que el hecho de que no se hubiese resuelto su solicitud de

verificación de requisitos vulnera su derecho de petición.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Tutelar a favor de la JUAN DAVID SALVADOR
VÉLEZ CÁRDENAS, identificado con CC 1.053.811.402 el
derecho de petición, a la igualdad, a la dignidad humana, al
debido proceso, al trabajo y al acceso a los cargos públicos,
primacía del derecho sustancial sobre las formas, a la
consecución de justicia material, vulnerados presuntamente por
la Unidad de Carrera Judicial, Rama Judicial, Consejo Superior
de la Judicatura, al haber sido rechazado del concurso de méritos

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para jueces, a pesar de cumplir los requisitos y haberlos
acreditado oportunamente, y al no contestar la solicitud de
revisión.

SEGUNDO: En consecuencia, con la tutela a los anteriores
derechos, se ordene a la Unidad de Carrera Judicial, Rama
Judicial y Consejo Superior de la Judicatura en cabeza de su
Director o quien haga sus veces ordenar la admisión en la
convocatoria 027 de JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ CÁRDENAS
identificado con CC 1.053.811.402 y a que se valore
integralmente la experiencia remitida con la cual se da
cumplimiento a los requisitos de admisión a la convocatoria.

TERCERO: Como pretensión subsidiaria, se ordene a la Unidad
de Carrera Judicial, Rama Judicial y Consejo Superior de la
Judicatura. en cabeza de su Director o quien haga sus veces que
se valore la experiencia desde la fecha de terminación de
materias de derecho de JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ
CÁRDENAS identificado con CC. 1.053.811.402, aportada
oportunamente en la inscripción a la convocatoria y demás
etapas concedidas.

CUARTO: Como pretensión subsidiaria, se ordene a la Unidad de
Carrera Judicial, Rama Judicial y Consejo Superior de la
Judicatura. en cabeza de su Director o quien haga sus veces a
que se valore la experiencia luego de la inscripción en el
concurso de méritos de JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ
CÁRDENAS identificado con CC. 1.053.811.402, aportada
oportunamente a la convocatoria en la etapa de verificación de
documentación y en la solicitud de revisión señalada en los
hechos […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL solicitó denegar el

amparo deprecado por ausencia de vulneración de los derechos

fundamentales invocados.

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Apuntó que teniendo en cuenta que conforme con el artículo 85 de la

Ley Estatutaria de Administración de Justicia le corresponde

reglamentar la carrera judicial, expidió el Acuerdo PCSJA18-11077

de 16 de agosto de 2018, para adelantar el concurso de méritos al

que alude el actor.

Señaló que con las inscripciones al concurso los aspirantes

manifestaban que se encontraban conformes con las normas

establecidas en el acuerdo de la convocatoria, sin que se tenga

conocimiento de que curse una demanda contenciosa por el asunto

aquí debatido.

Añadió que, en efecto, el actor fue rechazado por la causal 3.4, por

no acreditar el requisito de la experiencia mínima, frente a lo cual en

término aquel solicitó la verificación de la información que presentó

al momento de la inscripción y allegó nueva documentación.

Precisó que mediante Oficio CJO23-1144 de 10 de marzo de 2023 dio

respuesta a la solicitud del actor, aclarándole que “[…] la experiencia

laboral exigida para el cargo se contabilizó a partir de la obtención

del título de abogado, que en este caso es 11/11/2015 y que la

sumatoria de los tiempos de las certificaciones que cumplen con los

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parámetros definidos en la convocatoria, es decir las de asistente de

licitaciones y contratista, teniendo en cuenta los extremos

temporales allí indicados y debidamente demostrados, no acredita el

término mínimo requerido para el cargo de aspiración equivalente a

720 días, advirtiendo que con los certificados allegados acreditó un

tiempo total de 298 días […]”.

Sostuvo que además le indicó al actor que las certificaciones

expedidas por la alcaldía de Manizales en el cargo de judicante y el

Ministerio de Transporte en el cargo de contratista; no son válidas,

en razón a que la primera corresponde a experiencia anterior a la

obtención del título de abogado y en la última no aporta acta de

cumplimiento o de liquidación.

Argumentó que además las nuevas certificaciones aportadas por el

aspirante con la solicitud de verificación de requisitos no pueden ser

validadas, por cuanto se trata de documentación allegada con

posterioridad al cierre de la etapa de inscripciones.

Comentó que, en todo caso, los actos administrativos implicados

gozan de presunción de legalidad, por lo que la actora cuenta con los

mecanismos ordinarios para cuestionarlos, por lo que la acción de

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tutela carecería del requisito de procedibilidad para abordar el

estudio del fondo del asunto.

I.5.2.- La UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA señaló que

la solicitud de verificación de requisitos elevada por el actor fue

resuelta a través de Oficio CJ023-1144 de 10 de marzo de 2023, en

el que le fueron indicadas las razones por las cuales no cumplió con

la experiencia mínima requerida al momento de la inscripción a la

convocatoria.

Manifestó que no es procedente subsanar la falta de acreditación de

la experiencia con documentos que no fueron presentados con la

inscripción a la convocatoria, además porque: “[…] todas las

actuaciones administrativas desarrolladas hasta el momento,

incluyendo la expedición de la resolución en comento, se encuentran

amparadas por el principio de legalidad, partiendo del presupuesto

de que la administración, al momento de manifestarse a través del

acto debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las que

se encuentra subordinada […]”.

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30

de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número

377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las

Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019

de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las

acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19912. Dicha acción se establece como

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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, a la

igualdad, a la dignidad humana, al debido proceso, al trabajo y al

acceso a cargos públicos, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados

por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL, por una parte, al expedir

la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, dentro del

concurso de méritos adelantado con ocasión de la Convocatoria núm.

27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial y, por otra,

al no dar respuesta a una solicitud que le elevó el 13 de febrero

siguiente para que efectuara la verificación de sus requisitos de

admisión.

A través de la referida resolución la UNIDAD DE CARRERA

JUDICIAL rechazó del referido concurso al actor, bajo el argumento

de que no había acreditado la experiencia mínima para el cargo al

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que se había inscrito.

En relación con dicho aspecto, la controversia deviene del hecho de

que, en sentir del actor, la autoridad accionada debe tener en cuenta

la experiencia que obtuvo incluso desde la terminación de materias

y no solo la adquirida después del grado, así como aquella que ha

adquirido con posterioridad a la inscripción a la convocatoria.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, determinar si las autoridades accionadas vulneraron los

derechos deprecados por el actor, al expedir la Resolución núm.

CJR26-0061 de 8 de febrero de 2023, en cuanto se le rechazó del

concurso de méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria núm.

27, así como al no haber dado respuesta a la solicitud que aquel elevó

el 13 de febrero siguiente sobre la verificación de sus requisitos de

inscripción.

Comoquiera que el problema jurídico versa sobre i) los reproches

contra la Resolución núm. CJR26-0061 de 8 de febrero de 2023 y; ii)

la falta de respuesta a la solicitud de 13 de febrero siguiente, la Sala

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abordará el estudio de dichos aspectos de forma separada.

Del derecho de petición

El derecho de petición es una garantía susceptible de protección

directa a través de la acción de tutela3 que se encuentra prevista en

el artículo 23 de la Constitución Política, así:

“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.

Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte

Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20114, estableció

que:

“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por

3
Ver, sentencia T-230/20, Corte Constitucional, Mp Luis Guillermo Guerrero Pérez “[…] respecto del
requisito de subsidiariedad, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo es
el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, si se tiene
en cuenta que, en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo,
tal y como insistentemente lo ha señalado esta Corporación […]”.
4
M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:

“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.

En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:

“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”

De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la

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materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.

El derecho de petición es considerado fundamental y determinante

para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

Además, porque mediante él se garantizan otros derechos

constitucionales, como el de información, participación política y

libertad de expresión.

Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la

resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la

posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva

para sí el sentido de lo decidido.

Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser

oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera

congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del

peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre

en una vulneración del derecho constitucional fundamental de

petición.

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Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 20155 se

ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el

Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se

refirió así la citada Ley:

“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que
sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se
podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención
de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información,
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación a las
entidades dedicadas a su protección o formación […]”.

5
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley

1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,

excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de

información o consultas a las autoridades en relación con las

materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,

respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición

en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia

al interesado, antes del vencimiento del término señalado,

precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se

dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente

previsto.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que en el presente asunto el

actor adujo que la autoridad accionada no resolvió la solicitud que

elevó el 13 de febrero de 2013, a través de la que le solicitó que

efectuara una revisión de la documentación con la que acreditaba el

requisito de la experiencia, así:

“[…] Yo Juan David Salvador Vélez Cárdenas, ciudadano en
ejercicio, identificado con cédula de ciudadanía número
1.053.811.402, y tarjeta profesional de abogado 266328,
actuando en nombre propio, de la manera más atenta me
permito interponer recurso de reposición contra la RESOLUCIÓN
CJR23-0061 (08 de febrero de 2023) y sus anexos, y/o solicitud
de revisión de documentación por cuanto se me RECHAZA por
supuestamente no acreditar las calidades señaladas en el

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Actor: JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ CÁRDENAS

Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, que se relacionan en el anexo
2, y en particular, por la causal 3.4 atinente a la experiencia, lo
que constituye una posible vulneración a mis derechos
fundamentales, por cuanto se incurre presuntamente en una vía
de hecho al no apreciar los elementos de prueba cargados en el
sistema para el concurso, sistema que presenta fallas
constantes, y también no atender a la verdad material por
correspondencia, pues cuento con la experiencia y estudios
suficientes para ser ADMITIDO, como se evidencia en
documentos anexos.

En este orden de ideas, solicito de manera respetuosa se
reponga y se cambie la decisión por admitido, y/o se revise la
documentación aportada para validar que en efecto cumplo los
requisitos exigidos, dando cumplimiento a la garantía
constitucional al debido proceso, a la primacía del derecho
sustancial sobre las formas, a la consecución de justicia material
y la garantía del derecho a participar en la selección de cargos
públicos, todos ellos derechos de rango constitucional.

Agradezco su atención y respuesta […]”

Ahora bien, conforme con los soportes que allegó la UNIDAD DE

CARRERA JUDICIAL, la Sala observa que a través de Oficio CJO23-

1144 de 10 de marzo de 2023 dicha autoridad resolvió la petición

aludida en los siguientes términos:

“[…] ASUNTO: Respuesta solicitud de revisión de documentos
convocatoria 27

Doctor Vélez Cárdenas:

En atención a la solicitud del asunto remitida dentro del término
previsto en el cronograma, de manera atenta se procede a dar
respuesta en los siguientes términos:

Conforme lo establece el artículo 164 de la Ley 270 de 1996 y
tal como se regló en el artículo 3.º del Acuerdo PCSJA18-11077
de 16 de agosto de 2018, “…La convocatoria es norma

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obligatoria y reguladora de este proceso de selección, por tanto,
de perentorio cumplimiento tanto para la administración como
para los participantes, quienes con su inscripción, aceptan las
condiciones y términos señalados en el presente Acuerdo”.

Así mismo, el artículo 3.º numeral 1.2. del Acuerdo PCSJA18-
11077 de 2018, estableció como requisito específico para los
cargos de Juez de Categoría de Circuito: “Acreditar experiencia
profesional, por un lapso no inferior a cuatro (4) años”.
(correspondiente a 1440 días) “…La experiencia profesional
deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título
de abogado en actividades jurídicas…”.

A su vez en el numeral 2.4.3. del mismo artículo se determinó
que los aspirantes debían anexar, de conformidad con el
instructivo, en archivo de formato PDF, copia de los certificados
de experiencia profesional. A su vez, en el numeral 2.3. se indicó
“…Para el efecto, el instructivo de inscripción hará parte del
presente Acuerdo y se publicará en el citado Portal de la Rama
Judicial; la información allí reportada se validará con la
documentación que haya sido digitalizada y se vea reflejada en
el aplicativo.”

Así las cosas, en atención a la solicitud de verificación allegada
dentro del término establecido para ello, se revisó el sistema
para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el
cargo de Juez Promiscuo Municipal y se pudo constatar que no
se acreditó el requisito mínimo de experiencia exigido para el
cargo de aspiración, toda vez que se encontraron los siguientes
certificados laborales, los cuales se contabilizaron teniendo en
cuenta la fecha de obtención del título de abogado, que en este
caso es 11/11/2015:

CARGO ENTIDAD FECHA FECHA DE TOTA
TERMINACIÓN L,
DÍAS

DÍA MES AÑO DÍA MES A
Ñ
O
ASISTENTE DE NEXIA 01/03/2016 30/09/2016 210
LICITACIONES INTERNACIONAL
MONTES Y
ASOCIADOS
CONTRATISTAS MINISTERIO DE 04/10/2016 31/12/2016 88
TRANSPORTE
298

Como se observa, al realizar la sumatoria de los tiempos de las

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certificaciones que cumplen con los parámetros definidos en la
convocatoria, se observa que no acredita el término mínimo
requerido para el cargo de aspiración equivalente a 720 días.

Por lo tanto, sólo son tenidos en cuenta los documentos
aportados dentro del término legal de la inscripción y, en ningún
caso, serán estudiados los aportados con la solicitud de
verificación de documentación.

Adicionalmente, las siguientes certificaciones, no cumplen con
los requisitos previstos en el acuerdo de convocatoria:

Cargo Entidad Fecha inicial Fecha final Observaciones
experiencia no
valida
Judicatura Secretaría 02/ 09/2014 31/12/2014 Experiencia
Jurídica- previa a la
Alcaldía de obtención del
Manizales título de
Judicatura Secretaría 06/01/2015 31/12/2017 abogado
Jurídica-
Alcaldía de
Manizales
Contratista Ministerio de 03/01/2017 31/12/2017 No aporta acta
Trasporte de
cumplimiento
o liquidación

Sobre el particular se precisa, que la valoración de los
certificados se hizo teniendo en cuenta la estricta aplicación de
las normas establecidas en la convocatoria, en igualdad de
condiciones con los demás participantes, de manera que no es
posible dar un tratamiento diferente, en cuanto a la experiencia
profesional, la convocatoria es clara en precisar que debe ser
adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado,
sin que haya lugar a interpretaciones diferentes. Así, la única
experiencia profesional a tener en cuenta es posterior a esa
fecha, esto es, al 11/11/2015.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 3.º
numeral 1. 2. “La experiencia profesional deberá ser adquirida
con posterioridad a la obtención del título de abogado en
actividades jurídicas(...)

Ahora bien, respecto de la copia del contrato suscrito ante el
“Ministerio de Transporte”, el mismo carece de requisitos para
su valoración, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.º
numeral 2.5.6., el cual enmarca; “Para acreditar experiencia en
virtud de la prestación de servicios profesionales a través de
contratos, deberá allegarse la respectiva acta de cumplimiento

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o de iniciación y liquidación (día, mes y año) de los mismos,
precisando las actividades desarrolladas, que deberán ser de
carácter jurídico o administrativo, económico y financiero, según
el cargo de aspiración. No se admiten, ni se tendrán en cuenta
textos de contratos que se anexen a la inscripción.” (negrilla
fuera de texto).

Por lo expuesto, con la documentación aportada al momento de
la inscripción, no se acreditó el requisito mínimo de experiencia,
por lo cual no es posible generar estado de admitido, dentro de
la convocatoria para la provisión de cargos de funcionarios de la
Rama Judicial […]”.

De los apartes en cita la Sala encuentra que en el oficio aludido la

UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL indicó al actor de forma detallada

los resultados de la verificación de la documentación que fue

presentada al momento de la inscripción, en particular, las razones

por las cuales no cumplía con el requisito de la experiencia.

Dicho oficio fue enviado al actor el 22 de marzo de 2023, incluso

antes de la radicación de la presente acción de tutela 6, al correo

electrónico salvadorvelez@outlook.com7, dirección electrónica de la

que fue enviada la petición y que concuerda con la indicada por aquel

en su escrito introductorio.

Lo anterior significa que la solicitud que el actor elevó el 13 de febrero

de 2023 ante la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL sí fue resuelta,

6
24 de abril de 2023.
7
Ver documentos allegados por la accionada visibles a índice 16 del expediente SAMAI.

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no obstante, el hecho de que la respuesta no haya sido favorable a

las pretensiones de aquel no significa que hubo una vulneración al

derecho de petición deprecado, por lo que frente a este aspecto el

amparo será denegado, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de la presente providencia.

Del rechazo del actor de la convocatoria- improcedencia de la

acción de tutela por carencia del requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

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para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»8 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

En relación con la Convocatoria núm. 27 y la procedencia de la acción

8 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.

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de tutela para cuestionar sus actos administrativos, en la sentencia

SU 067 de 24 de febrero de 2022, la Corte Constitucional precisó:

“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de
tutela no es, en principio, el medio adecuado para
reclamar la protección de los derechos fundamentales
cuando estos resultan infringidos por la expedición de un
acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una
línea jurisprudencial pacífica y reiterada[52]. Su
fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador
ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011
como los instrumentos procesales para demandar el
control judicial de los actos administrativos[53].

94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se
surte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el
escenario natural para la reivindicación de los derechos
fundamentales conculcados en este contexto. Allí, los
interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los
derechos fundamentales que hayan sido vulnerados. Las
medidas cautelares que ofrece la Ley 1437 de 2011, las
cuales permitirían prevenir la consumación de un daño
definitivo mientras se surte la causa judicial, corroboran
la idoneidad de los aludidos medios de control en este
campo.

95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito
de los concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha
manifestado que el juez de lo contencioso administrativo es la
autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos
fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones
administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla
general, […] es improcedente la acción de tutela que pretenda
controvertir los actos proferidos por las autoridades
administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de
méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos
judiciales como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de
2011»[54]. La posibilidad de emplear las medidas
cautelares, «que pueden ser de naturaleza preventiva,
conservativa, anticipativa o de suspensión»[55],
demuestra que tales acciones «constituyen verdaderos
mecanismos de protección, ante los efectos adversos de

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los actos administrativos»[56].

96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha
instaurado tres excepciones a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela, en el campo
específico de los concursos de mérito[57]. Los actos
administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por
esta vía cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que
permita demandar la protección del derecho fundamental
infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que
desborde el marco de competencias del juez
administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.

97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita
demandar la protección del derecho fundamental infringido. La
primera excepción se basa en el reconocimiento de la existencia
de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del derecho
administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En
estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por
cuanto «la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos
porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo
definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de
ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera
que tales decisiones no son susceptibles de discusión
jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable. La segunda excepción a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela contra estos actos
administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de
hecho se presenta cuando «por las circunstancias excepcionales
del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la
orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados
los derechos fundamentales de la persona que interpone la
acción»[61].

99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde
el marco de competencias del juez administrativo. Finalmente,
la tercera salvedad reconocida por la jurisprudencia

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constitucional se basa en la especial índole que presentan ciertos
problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado
en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de
acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos,
«las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la
legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de
la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los
medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación
de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales»[62].

100. Las acciones sometidas a revisión se encuadran en el
supuesto de ausencia de medios de control. Las acciones de
tutela interpuestas por los demandantes se enmarcan en el
primer supuesto de hecho. Esto es así dado que la Resolución
CJR20-0202 es un acto administrativo de trámite, motivo por el
cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Así lo confirma la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la cual reconoce
que los medios de control de la Ley 1437 de 2011 no pueden ser
empleados en el caso particular de los actos de trámite. En todo
caso, según se explica a continuación, el hecho de que no sea
posible demandar por esta vía tales actos administrativos en
modo alguno implica que la acción de tutela pueda utilizarse en
todos los casos para demandar tales determinaciones de la
Administración. Así pues, a continuación se expone la aludida
postura de estos tribunales al respecto, y se analizan los
requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra actos de trámite.

[…]

109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de los concursos de méritos. Con fundamento
en las razones expuestas hasta este punto, la Sala Plena
de esta corporación ha propuesto los siguientes
requisitos, que permiten evaluar la procedibilidad
específica de la acción de tutela contra estos actos en
particular: «i) que la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no haya concluido; ii) que el acto
acusado defina una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final; y iii) que ocasione la
vulneración o amenaza real de un derecho constitucional
fundamental»[76]. A continuación, se procede a analizar

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la procedibilidad de las acciones interpuestas en los
procesos bajo revisión, a la luz de estas exigencias.

110. Las acciones de tutela interpuestas en los procesos T-
8.252.659, T-8.258.202, T-8.374.927 satisfacen los requisitos
específicos de procedibilidad para el caso de actos de trámite.
La Sala Plena juzga que las acciones de tutela presentadas por
Diego Mauricio Higuera Jiménez, Pedro Alirio Quintero Sandoval
y Jorge Hernán Pulido Cardona satisfacen los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre este
asunto específico. En primer lugar, la actuación administrativa
que tuvo inicio con la expedición del Acuerdo PCSJA18-11077 se
encuentra en curso; en cumplimiento de lo decidido en la
Resolución CJR20-0202, aquella fue retrotraída a la citación para
la práctica de la prueba de conocimientos y aptitudes. Por
consiguiente, la actuación se encuentra en la primera fase de la
primera etapa, de acuerdo con el procedimiento establecido en
el acto de convocatoria.

111. En segundo término, la Resolución CJR20-0202 «defin[e]
una situación especial y sustancial que se proyect[a] en la
decisión final»[77]. Si bien el acto administrativo que da a conocer
los resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes es un
acto de trámite, es evidente que contiene una decisión de
indiscutible relevancia para el desarrollo de la convocatoria.
Antes de ahondar en este asunto, la Sala Plena encuentra
oportuno hacer hincapié en la naturaleza jurídica de la
Resolución CJR20-0202 como acto administrativo de trámite: la
manifestación de voluntad del Consejo Superior de la Judicatura
que se encuentra contenida en la resolución no trae como
consecuencia la finalización o la obstaculización del avance de la
actuación administrativa que se encuentra en curso. Por el
contrario, aquella pretende enmendar las irregularidades que se
han presentado en la estructuración y evaluación de la prueba
de conocimientos y aptitudes. De ahí que, en estricto rigor, dicho
acto administrativo sea de trámite, y no un acto administrativo
definitivo […]”.

Conforme con la sentencia de unificación en cita, la acción de tutela

es improcedente para reclamar la protección de derechos

fundamentales, cuando la vulneración se atribuye a un acto

administrativo, excepto si no existe otro mecanismo judicial que

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permita demandar la protección de la garantía fundamental

infringida; se vislumbre la configuración de un perjuicio irremediable

o se trate de un asunto cuyo problema constitucional desborde el

marco de competencias del juez administrativo.

Además, el Alto Tribunal precisó que de manera excepcional la acción

de tutela es procedente para solicitar la protección de derechos

fundamentales frente a actos administrativos de trámite expedidos

en el marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación

administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; que

el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se

proyecte en la decisión final y que ocasione la vulneración o amenaza

real de las garantías deprecadas.

En la providencia en cita, la Corte Constitucional concluyó que en esa

oportunidad era procedente el estudio del fondo del asunto, dado que

la presunta vulneración de los derechos deprecados se derivaba de

un acto que no era susceptible de control judicial por ser de trámite,

pero que en todo caso sí definía una situación especial y sustancial

que se proyectaría en la decisión final, esto era, la Resolución CJR20-

0202 a través de la cual la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL

resolvió corregir varias de las actuaciones que había desarrollado

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hasta ese momento en el marco de la Convocatoria núm. 27 desde

la citación a las pruebas de aptitudes y conocimientos, para ajustar

todo el trámite a derecho y continuarlo en debida forma.

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que, en relación

con los reproches que el actor elevó contra su rechazo de la

convocatoria, la presente acción de tutela es improcedente por

la existencia de otro medio de defensa judicial, comoquiera que las

inconformidades planteadas recaen en la Resolución núm. CJR23-

0061 de 8 de febrero de 2023 y pueden ser discutidas a través del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

mecanismo de defensa idóneo para tal efecto y en el cual puede

solicitar las medidas cautelares dispuestas en el CPACA, las cuales

“permitirán prevenir la consumación de un daño definitivo mientras

se surte la causa judicial”, tal como lo previó la Corte Constitucional

en la sentencia SU-067 de 2022.

Cabe anotar que incluso si el actor estima que existe alguna

irregularidad en el marco regulatorio de la referida convocatoria,

puede cuestionar su legalidad a través del medio de control de

nulidad, atendiendo en todo caso a la finalidad de sus eventuales

pretensiones.

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Además, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio irremediable

que haga procedente la acción de tutela de la referencia como

mecanismo transitorio, dado que de los elementos de juicio obrantes

en el expediente no es posible establecer dicha circunstancia.

En lo que concierne a la improcedencia de la acción de tutela para

discutir decisiones administrativas particulares emitidas en

concursos de méritos, en especial el acto administrativo que excluye

del proceso de selección, así como la eficacia e idoneidad de los

mecanismos ordinarios, esta Sala en sentencia de 14 de octubre de

20219, señaló:

“[…] VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela
por desconocer requisito de subsidiariedad

20. En el sub judice la actora afirmó que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados,
al expedir las resoluciones números CSJBOR21 568 de 20 de
mayo de 2021, CSJBOR21-801 de 6 de julio de 2021 y CJR21-
0265 de 17 de agosto de 2021, por medio de las cuales se
dispuso su exclusión del proceso de selección en el marco
del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
CSJBOA17-609 del 06 de octubre de 2017.

21. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción
de tutela resulta improcedente cuando se pretende controvertir
la legalidad de actos administrativos, en razón a que los

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de octubre
de 2021, CP. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único de radicación 11001-03-15-000-
2021-06518-00(AC).

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asociados cuentan con medios de defensa ordinarios como lo son
los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento
del derecho, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración que,
según afirma, lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto,
afectan derechos fundamentales.

22. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta forzoso
concluir que los actos administrativos acusados por esta vía
constitucional son susceptibles de control jurisdiccional y, en ese
sentido, la accionante dispone del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual
puede discutir la legalidad de los actos administrativos en
cuestión.

23. Así las cosas, y resaltándose que, tal como lo ha sostenido
esta Sección, «con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de
2011, ya no es aceptable el argumento según el cual los medios
de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos
como el estudiado».

24. Lo anterior en consideración a que «la mencionada
normativa además de darle celeridad a los procesos al consagrar
la oralidad en los mismos, contiene diferentes herramientas
jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia, como la
suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina
la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de
una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle
obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las
cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante
que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva». (negrillas fuera del texto)

25.Con fundamento en la anterior premisa, para la Sala es claro
que, contrario a lo sostenido por la actora, el medio de defensa
de que dispone para controvertir los actos administrativos
acusados por vía judicial resulta ser idóneo y eficaz para la

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protección de los derechos fundamentales que estima
vulnerados con los actos administrativos emitidos por las aquí
accionadas.

26. Sumado a lo anterior, la Sala advierte que en el sub examine
no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya
que este debe suponer una hipotética afectación grave y
significativa de los derechos fundamentales de la parte actora, y
en ese sentido se justifica la intervención del juez de tutela en
forma transitoria para adoptar medidas urgentes e
impostergables que eviten la materialización del referido
perjuicio; circunstancias que en el presente asunto no se
presentan.

27. Por todo lo anterior, la Sala concluye que la parte
actora debe utilizar los medios ordinarios establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para discutir la legalidad de
los actos administrativos que acusa por vía
constitucional. Por tanto, se declarará la improcedencia la
presente acción de tutela ante la inobservancia del requisito de
la subsidiariedad […]”.

Cabe precisar que en sentencias de 27 de abril de 202310, esta Sala

también se pronunció sobre la improcedencia de la acción de tutela

para cuestionar decisiones emitidas en el desarrollo de concursos de

méritos en casos similares al presente, en el que los actores discutían

la legalidad de los requisitos de admisión a la Convocatoria 27, así

como los actos administrativos particulares a través de los cuales se

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de abril
de 2023, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés número único de radicación 110010315000 2023 01476
00 (AC).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de abril de
2023, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 110010315000 2023 01571 00
(AC).

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Actor: JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ CÁRDENAS

dispuso sobre su rechazo de dicho proceso.

Por otro lado, la Sala destaca que si bien, entre otras, en sentencias

de 2411 y 3112 de marzo de 2023 se pronunció de fondo frente a

solicitudes de amparo elevadas por participantes de la convocatoria

27, dicha situación obedeció a que los asuntos devenían de la

presunta falta de resolución de los recursos de reposición

interpuestos contra los puntajes de las pruebas de aptitudes y

conocimientos, lo que se relacionaba con el derecho de petición,

garantía susceptible de protección directa a través de la acción de

tutela como se indicó previamente13.

Al respecto en la sentencia de 31 de marzo de 2023 aludida, esta

Sala precisó:

“[…] Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de
subsidiariedad, que si bien es cierto el actor solicita expresamente
que se deje sin efectos «[…] el acto administrativo RESOLUCIÓN
CJR23-0028 16 ENE2023 Y SUS ANEXOS […]», la realidad
es que dicha petición surge porque a juicio del tutelante las

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de marzo
de 2023, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 110010315000 2023 00837 00
(AC)
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo
de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 110010315000 2023 01122
00 (AC)

13
Ver, sentencia T-230/20, Corte Constitucional, Mp Luis Guillermo Guerrero Pérez “[…] respecto del
requisito de subsidiariedad, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo es
el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, si se tiene
en cuenta que, en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo,
tal y como insistentemente lo ha señalado esta Corporación […]”.

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Número único de radicación: 110010315000-2023-02031-00
Actor: JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ CÁRDENAS

accionadas no resolvieron de manera clara, fondo y congruente
los cuestionamientos u objeciones que presentó frente «[…] a las
preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 110, 119, 120, 122,
129, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102, 103, 126 y 129 […]».

Significa lo anterior que el presente asunto está orientado
a determinar si se violó o no el núcleo esencial del derecho
de petición del actor, con ocasión del recurso de reposición
que promovió en contra de la Resolución CJR22- 0351 de
1° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de
defensa ordinario resultaría ineficaz para tal fin […]”
(Destacado fuera de texto).

De igual forma, la Sala pone de presente que si bien el actor sustentó

las razones por las cuales en su sentir la presente acción de tutela

debía estudiarse de fondo en cuanto al aspecto referido, lo cierto es

que el análisis sobre ese asunto en la presente providencia tiene

como fundamento la sentencia de unificación antes mencionada, así

como la reiterada jurisprudencia de esta Sala, sin que se haya

advertido causal para la procedencia de la solicitud de amparo.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que en lo que concierne

a los reproches que el actor adujo contra su rechazo de la

convocatoria aludida, la solicitud de amparo carece del requisito

general de subsidiariedad, por lo que se declarará improcedente la

solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva

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Número único de radicación: 110010315000-2023-02031-00
Actor: JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ CÁRDENAS

de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR el amparo al derecho de petición, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la

referencia en relación con los demás aspectos alegados por el actor,

de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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Número único de radicación: 110010315000-2023-02031-00
Actor: JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ CÁRDENAS

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de junio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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