Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02033-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02033-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-02033-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
19 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02033-00
Accionante: JHON WILLIAMS ACERO GÓMEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN
A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con
el requisito general de procedibiidad de la relevancia constitucional
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el ciudadano Jhon Williams
Acero Gómez, a través de apoderado judicial y en contra de la sentencia de 3 de
octubre de 2022, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El ciudadano Jhon Williams Acero Gómez, por conducto de apoderado judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración atribuyó a la sentencia de 3 de octubre de 2022, dictada
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
25000-23-42-000-2016-01466-01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que, entre el 12 de diciembre de 2011 y hasta el 31 de enero de 2019,
laboró para el Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos «[…] cumplimiendo mensualmente 15 turnos de 24
horas para un total de 360 horas mensuales […]».
2.2. Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Distrito Capital de Bogotá – Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, con el propósito de que
declarara la nulidad de los actos administrativos demandados y, a título de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02033-00
Accionante: Jhon Williams Acero Gómez
restablecimiento del derecho, se condenara a la demandada a pagar de manera
indexada las horas extras diurnas en días ordinarios, así como el reconocimiento
de quince (15) días de salario básico de tiempo compensatorio, entre otros.
2.3. Comentóque el conocimiento del aludido proceso le correspondió a la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Corporación judicial que, mediante sentencia de 14 de diciembre
de 2017, negó las pretensiones de la demanda.
2.4. Señaló
que, mediante sentencia de 3 de octubre de 2022, la Subsección
accionada resolvió confirmar el fallo apelado.
2.5. Destacó que presentó solicitud de adición y corrección respecto de la decisión
anterior, la cual fue negada mediante auto de 1° de diciembre de 2022.
2.6. Manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del
precedente contenido en los fallos de tutela de 10 de junio de 2021 (Exp. 11001-
03-15-000-2021-01379-00) y de 9 de septiembre de 2021 (Exp. 11001-03-15-000-
2021-05248-00), proferidos, respectivamente, por la Subsección A de la Sección
del Consejo de Estado y por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en los que
«[…] se concedieron los amparos Constitucionales respecto a los descansos
compensatorios por exceso de horas extras […]».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] Primero: Se conceda, la tutela interpuesta, con el fin de proteger los
derechos Constitucionales fundamentales denominados: DERECHO A LA
IGUALDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, principios Constitucionales
del artículo 53 de la Carta Política, en especial la igualdad de oportunidades a
los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad
y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos
y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; así como el
derecho al acceso a la administración de justicia conforme el artículo 229 de la
Constitución Política.
Segunda: Que el H. Consejo de Estado, disponga DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del H. Consejo de Estado, proferida el 3 de octubre de 2022 y
notificada electrónicamente el 28 de octubre de 2022 […].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 26 de abril de 2023, el magistrado a cargo de la sustanciación
del presente proceso admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma
providencia se vinculó como tercero con interés directo en los resultados del
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Accionante: Jhon Williams Acero Gómez
proceso al Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos. También se dispuso notificar al Ministerio Público,
para lo de su competencia.
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a la vinculada,
se advierte que se allegó el siguiente informe:
5.1. La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, por
intermedio de apoderado judicial, rindió informe en el que solicitó declarar
improcedente el mecanismo de amparo de la referencia, en tanto el actor dispone
de otro medio de defensa judicial, como lo es el recurso extraordinario de revisión,
y no acreditó la correncia de un perjuicio irremediable para que la presente
solicitud procediera como mecanismo transitorio
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591
del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 6 de abril de 20213.
VI.2. Problemas jurídicos
7. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada la Sala debe establecer lo
siguiente:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá determinar:
b) Si la sentencia de 3 de octubre de 2022, dictada por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 25000-23-42-
000-2016-01466-01, vulneró los derechos fundamentales invocados por la
parte actora, al haber incurrido presuntamente en desconocimiento del
precedente jurisprudencial.
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
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Accionante: Jhon Williams Acero Gómez
8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20124, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución6.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
5
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
6
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación
fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02033-00
Accionante: Jhon Williams Acero Gómez
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»7 que se encaje en
dichos parámetros.
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. El ciudadano Jhon Williams Acero Gómez, por conducto de apoderado
judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración atribuyó a la sentencia de 3 de octubre de 2022, dictada
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
25000-23-42-000-2016-01466-01.
VI.4.1. Del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional
17. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia
constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita
que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental8 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente
legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones9.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
7
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
8 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
9 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
6
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Accionante: Jhon Williams Acero Gómez
18. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales10, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces11.
19. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de
los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala
Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación12, lo siguiente:
[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se
cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional […]. (Destaca la Sala de Decisión)
20. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202213
precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
10 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
11 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
12
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
7
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Accionante: Jhon Williams Acero Gómez
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con
respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un
asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo
en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se
discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales. […]. [negrillas de la Sala]
21. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
2023.
22. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii)
que la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad
respecto de la mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de
apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales14.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02033-00
Accionante: Jhon Williams Acero Gómez
23. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte actora invoque el texto
constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; dicho atentado debe
ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que, en el caso de la
referencia, la parte actora alega que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales invocados, al incurrir en desconocimiento del precedente contenido
en los fallos de tutela de 10 de junio de 2021 (Exp. 11001-03-15-000-2021-01379-
00) y de 9 de septiembre de 2021 (Exp. 11001-03-15-000-2021-05248-00),
proferidos, respectivamente, por la Subsección A de la Sección del Consejo de
Estado y por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en los que «[…] se
concedieron los amparos Constitucionales respecto a los descansos
compensatorios por exceso de horas extras […]».
25. Vistolo anterior, la Sala advierte que la argumentación que expuso el
apoderado judicial de la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los
derechos fundamentales en que incurrió la autoridad judicial accionada contiene
serias deficiencias justificativas que hacen imposible que el juez constitucional
aborde el estudio de fondo de su solicitud de amparo.
26. Elloen razón a que, si bien el accionante alude que se incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial, la realidad es que se limitó a citar
en extenso el contenido de las decisiones que supuestamente fueron
desatendidos por la autoridad judicial accionada; lo cierto es que, tal y como lo
sostuvo esta Sala de Decisión en pronunciamiento de 19 de abril de 202115, la
carga argumentativa en estos eventos se entiende satisfecha cuando, además de
lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas y sub reglas jurisprudenciales
que se fijaron en las providencias que se aducen desatendidas; ii) las situaciones
fácticas coligadas, y iii) los problemas jurídicos planteados en ambos casos eran
análogos o similares; argumentación que en el caso de autos no se cumple.
27. Valga mencionar que esta falencia argumentativa no puede ser suplida por el
juez de tutela, en tanto que si bien la acción de amparo se caracteriza por la
flexibilización de formalidades que impidan la garantía de los derechos
fundamentales, tratándose del reproche contra providencias judiciales, es exigible
un mínimo de argumentación que habilite un examen de fondo sobre actuaciones
que han hecho tránsito a cosa juzgada, al ser proferidas por autoridades
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés. Rad. núm.: 2016-03249-00).
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, expediente
número 11001-03-15-000-2021-00999-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02033-00
Accionante: Jhon Williams Acero Gómez
investidas de competencia en procesos que ofrecen los medios para proteger las
garantías constitucionales. En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional, en
reciente sentencia SU-215 de 2022, señaló lo siguiente:
[…] dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”16. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia. […]. (negrillas por fuera del texto original)
28. En este contexto, cabe precisar que la sola mención de la vulneración de un
derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración de
un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
de la relevancia constitucional, máxime cuando la argumentación esgrimida por el
apoderado judicial del extremo accionante en ningún momento está poniendo de
relieve que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad
judicial, sino que devela su inconformidad con la decisión adoptada por el juez
natural del asunto.
29. De allí que, se reitera, la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
según lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022, reiterada
en reciente pronunciamiento 075 de 22 de marzo de 2023, no tiene trascendencia
constitucional.
30. Ante este panorama, resulta importante señalar que la relevancia constitucional
es un presupuesto indispensable para que el juez de tutela pueda ahondar en el
fondo del asunto, ya que el mecanismo de amparo contra providencias judiciales
no busca proporcionar a los sujetos procesales de un juicio ordinario una
tercera instancia, sino un mecanismo de protección y garantía de sus
derechos fundamentales, eventualmente lesionados por un pronunciamiento
judicial. De aquí que su procedencia sea excepcional17, toda vez que lo contrario
atentaría contra la autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el
principio de cosa juzgada18.
31. Porlos anteriores razonamientos, la Sala declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela, por incumplimiento del requisito general de
procedibilidad atinente a la relevancia constitucional.
16
Sentencia SU-074 de 2022.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2016,
radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala).
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de 2016,
radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02033-00
Accionante: Jhon Williams Acero Gómez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del
Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
P:(18) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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