Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02044-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02044-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02044-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
26 de mayo de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-02044-00
Demandante: ADELFINA LAVERDE FLÓREZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL PROFERIDA EN PROCESO DE
REPARACIÓN DIRECTA. SE DECLARA LA
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL EN
RELACIÓN CON EL DEFECTO PROCEDIMENTAL
ABSOLUTO Y SE NIEGA EN CUANTO AL DEFECTO
FÁCTICO.
Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la providencia que en segunda instancia resolvió
una demanda de reparación directa y negó las pretensiones. Los demandantes invocaron
la configuración de un defecto procedimental absoluto respecto del cual la Sala encontró
que no se superó el requisito de relevancia constitucional por plantearse una discusión ya
zanjada por el juez natural de la causa y también alegaron un defecto fáctico que se analiza
de fondo y se niega por evidenciar que la autoridad demandada sí valoró todas las pruebas
que fueron aportadas en el proceso de reparación directa.
La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentado por Adelfina
Laverde Flórez y otros1, en contra del Tribunal Administrativo de Casanare para la
protección de sus derechos fundamentales de la igualdad, debido proceso,
reparación integral y acceso a la administración de justicia, consagrados en los
artículos 13, 29, 90 y 229 de la Constitución Política.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda.
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Hernando Goyeneche, Ruby Abril Laverde, María Marleny Laverde Flórez, Luis Alfredo Laverde
Flórez, Angélica Fernanda Goyeneche, Sonia Carolina Goyeneche, Aura Lina Laverde, Francelina
Laverde, Edilma Laverde, Blanca Cecilia Flórez y Danilo Cáceres Laverde.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02044-00
Actores: Adelfina Laverde Flórez y otros
Acción de tutela
Mediante escrito radicado el 24 de abril de 2023, los actores promovieron proceso
de acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 20 de octubre de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Casanare, con el fin de que se protegieran los derechos
constitucionales fundamentales antes referidos, por cuanto, a su juicio, incurrió en
los defectos fáctico y procedimental absoluto.
Como fundamento fáctico de la acción ejercida los demandantes señalaron, en
síntesis, lo siguiente:
1) El 17 de diciembre de 2006, William Goyeneche Laverde se encontraba en su
lugar de habitación cuando fue abordado por tres personas que lo convencieron de
salir de su residencia de manera voluntaria.
2) Desde esa fecha, el grupo familiar no tuvo noticias de él hasta el 15 de noviembre
de 2013, fecha en que la señora Adelfina Laverde Flórez fue citada al Juzgado 13
de Instrucción Penal Militar de Yopal para ser notificada del proceso no. 046 en el
que se concluyó, por causa de la investigación que adelantó la Fiscalía 36 de la
Unidad de Desaparición y Desplazamiento Forzado de Santa Rosa de Viterbo, que
el señor William Goyeneche Laverde fue identificado con una prueba necrodactilar
y que fue asesinado el 18 de diciembre de 2006 por hechos relacionados con
actividades que adelantó el Ejército Nacional en el municipio de Recetor (Casanare).
3) El 9 de septiembre de 2014, los actores presentaron una demanda de reparación
directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
(en adelante Ejército Nacional) con ocasión de la desaparición forzada del señor
William Goyeneche Laverde por parte de personal de la fuerza pública.
4) El 3 de diciembre de 2020, el Juzgado Administrativo de Descongestión del
Circuito Judicial de Yopal profirió sentencia de primera instancia en la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, entre ellas el reconocimiento de los
perjuicios morales y materiales reclamados, así como al daño inmaterial por
afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados.
5) Esa autoridad judicial afirmó que el 17 de diciembre de 2006, el Ejército Nacional
desplegó un operativo militar en el marco de la misión táctica antiextorsión “Enigma”
y que se presentó un enfrentamiento armado en el que resultó abatido un presunto
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Actores: Adelfina Laverde Flórez y otros
Acción de tutela
miembro del Frente 28 de las FARC, posteriormente identificado como William
Goyeneche Laverde.
6) Sin embargo, concluyó que en ese procedimiento militar se presentaron una serie
de irregularidades e incongruencias que desvirtuaron la existencia de un verdadero
combate, y que la persona fallecida fue la misma aprehendida por el Ejército
Nacional 12 horas antes del supuesto enfrentamiento, en el municipio de Aguazul
(Casanare).
7) Los militares del escuadrón afirmaron de manera uniforme que fueron atacados
por subversivos y que como resultado de su respuesta defensiva se presentó el
fallecimiento del señor Goyeneche.
8) Sin embargo, para el juzgado esas declaraciones distaron de la realidad, en
particular por lo relatado por el Soldado Santos Miguel García Comayán, quien en
el curso del proceso penal relató que la víctima no fue ultimada en acciones
defensivas, sino que horas antes del supuesto combate le fue presentado a él como
informante del Ejército Nacional y, además, reconoció que la declaración que dio al
“juez militar” en la que respaldaba la versión del enfrentamiento fue falsa y obedeció
a una intimidación por parte del hoy fallecido Teniente Franco Silva Xavier.
9) La autoridad judicial concluyó, a partir de las pruebas testimoniales, que la
operación Enigma constituyó lo que denominó una “invención criminal” para revestir
de legalidad actos atroces e inhumanos en contra de miembros de la población civil
que no tenían vínculos con grupos armados y que fueron asesinados para obtener
el reconocimiento de beneficios personales, hechos constitutivos de una falla del
servicio.
10) Los actores apelaron esa decisión con fundamento en que debieron serles
reconocidos los montos máximos por concepto de los perjuicios reclamados y,
además, que ese reconocimiento debió hacerse en favor de la totalidad de
miembros del grupo familiar, sin exclusiones.
11) Asimismo, solicitaron que para el lucro cesante se aplicaran las fórmulas
jurisprudenciales correspondientes y que para el daño emergente se condenara in
genere por los gastos en que incurrieron en la búsqueda de su familiar
desaparecido, pues no les habían sido entregados los restos del señor William
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02044-00
Actores: Adelfina Laverde Flórez y otros
Acción de tutela
Goyeneche, por lo que pidieron que las condenas fueran mejoradas en segunda
instancia por tratarse de un delito de lesa humanidad.
12) El Ejército Nacional también apeló la sentencia y pidió que se declarara la
caducidad del medio de control de acuerdo con las reglas jurisprudenciales
definidas en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la
Sección Tercera de esta Corporación, al tiempo que insistió en que no existieron
pruebas que acreditaran la falla del servicio.
13) El 12 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de Casanare profirió
sentencia de segunda instancia en la declaró probada la excepción de caducidad
de la acción.
14) La autoridad judicial consideró que no se trató de un caso relacionado con el
delito de desaparición forzada porque no se presentó el elemento de ocultamiento
propio de ese tipo penal, en atención a que la víctima salió de su casa de manera
voluntaria y murió en un combate sostenido con miembros del Ejército Nacional
quienes el mismo día dieron aviso de lo sucedido a la Fiscalía y la Policía Judicial.
15) El tribunal denotó que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses hizo la
necropsia y que el fallecido fue identificado el 29 de junio de 2007 para luego ser
exhumado el 10 de octubre de 2011 con el fin de que sus familiares lo reclamaran.
16) Por lo anterior, la regla aplicable en el caso concreto fue la definida por el
Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, según la
cual el término de 2 años previsto en el artículo 164 del CPACA se contabiliza a
partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño
o desde la fecha en que se tiene conocimiento del mismo.
17) Concluyó que el cadáver fue plenamente identificado por el Instituto de Medicina
Legal el 29 de junio de 2007 y que en el proceso penal que se adelantó con base
en la denuncia presentada por la señora Adelfina Laverde obraba el Oficio no. S-
2011-8314 SIJIN-GIVDI38.10 de 10 de octubre de 2011, en el cual un investigador
de la SIJIN certificó que William Goyeneche fue presentado como una baja en
combate por miembros del Batallón de Infantería no. 44 del Ejército Nacional.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02044-00
Actores: Adelfina Laverde Flórez y otros
Acción de tutela
18) Con fundamento en ese documento, consideró que desde entonces los
demandantes conocían las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió
la muerte de William Goyeneche, por lo que el “el libelo debió radicarse a más tardar
el 10 de octubre de 2013.”.
19) Los actores presentaron un proceso de acción de tutela para controvertir lo
decidido por el tribunal por considerar que esa decisión vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales.
20) La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia
de tutela de primera instancia el 8 de abril de 2022 en la que declaró improcedente
el amparo constitucional respecto de los defectos fáctico y sustantivo, por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional y negó la configuración de
los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la Constitución porque la decisión se sustentó en un fallo de unificación y
las providencias invocadas como desconocidas tuvieron efectos inter partes, por lo
que no fueron precedente judicial vinculante.
21) Los demandantes presentaron impugnación en contra del fallo y la Sección
Primera del Consejo de Estado con providencia de 25 de agosto de 20222 la revocó
y dejó sin efectos la sentencia de 12 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare y ordenó a esa autoridad que profiriera un nuevo fallo.
22) En los fundamentos de esa decisión concluyó que el tribunal desconoció la
subregla contenida en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 y en la
SU-312 de 13 de agosto de 20203 e incurrió en un defecto fáctico porque tomó como
fecha inicial para el conteo del término de caducidad la del oficio de 10 de octubre
de 2011 proferido por la SIJIN, con lo que omitió que no existió prueba de que ese
documento fuera dado a conocer a los actores, porque su destinatario fue
exclusivamente la fiscal del caso, sin que se constatara que los actores accedieron
al mismo durante el trámite de la investigación penal.
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Consejo de Estado, Sección Primera, Rad. 11001-03-15-000-2022-01194-01, MP Roberto Augusto
Serrato Valdés.
3
Corte Constitucional, sentencia SU-312 de 13 de agosto de 2020. (...) “TERMINO DE CADUCIDAD
DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA FRENTE A DELITOS DE LESA HUMANIDAD,
GENOCIDIO Y CRIMENES DE GUERRA POR PARTE DE AGENTES DEL ESTADO -
Jurisprudencia del Consejo de Estado.”, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02044-00
Actores: Adelfina Laverde Flórez y otros
Acción de tutela
23) El juez de tutela concluyó que el referido oficio de la SIJIN tuvo como propósito
ayudar a la señora Adelfina Laverde Flórez a diligenciar el formato nacional para
búsqueda de personas desaparecidas, no así para certificar el fallecimiento del
señor William Goyeneche y la participación de agentes del Estado en ese hecho.
24) La única prueba a partir de la cual se podría inferir una fecha probable a partir
de la cual los demandantes tuvieron conocimiento sobre la participación de agentes
del Estado en la desaparición y muerte de su familiar fue la copia del acta de
declaración de la señora Adelfina Laverde Flórez, realizada el 15 de noviembre de
2013 ante el Juzgado Trece de Instrucción Penal Militar de Yopal, en la que esa
autoridad puso de presente a la actora los hechos que rodearon a la muerte de su
familiar.
25) Por último, la autoridad judicial afirmó que el tribunal también violó el artículo 25
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (protección judicial).
26) Según se afirmó en la demanda, el 26 de agosto de 2022 (un día después de
proferida la sentencia de tutela de segunda instancia), los demandantes allegaron
al proceso de acción de tutela una copia del auto proferido el 14 de julio de 2022
por parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz
(Auto Sub D – Subcaso Casanare 055) en el que esa autoridad judicial determinó
los hechos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate
atribuibles a algunos miembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional, y los calificó
jurídicamente como homicidios y desapariciones.
27) En el expediente obra copia del referido auto que para el caso concreto del señor
William Goyeneche Laverde resolvió lo siguiente:
151. Las cifras presentadas anteriormente no son solo números. Ayudan
a dimensionar los cambios que el fenómeno presentó, de acuerdo con lo
analizado por esta Sala. Sin embargo, las víctimas eran padres, hijos,
hermanos, que perdieron la vida a manos de los miembros de esta
organización criminal. Esta providencia describe las circunstancias en las
que se presentaron los asesinatos, y en algunos casos, las
desapariciones, así como otros hechos de violencia, de (...) William
Goyeneche Laverde (...)
402. De acuerdo con lo encontrado por esta Sala, entre marzo de 2006 y
diciembre de 2007, 102 hombres, uno de estos con OSIEGD1090, y una
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Acción de tutela
mujer fueron ejecutados en los 76 hechos bajo esta modalidad. [Se trata
de (...) (98) William Goyeneche Laverde (...)
De esta manera, la Sala de Reconocimiento llama al señor Henry Hernán
Acosta Pardo a reconocer responsabilidad en calidad de autor mediato en
el AOP instalado en el Birno por las siguientes razones:
863. Acosta Pardo es responsable por haber fortalecido y robustecido la
suborganización criminal instalada en el Birno, que aumentó
significativamente las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en
combate presentadas como resultados operacionales. Durante la
comandancia de Germán León Durán, alrededor de 66% de las muertes
reportadas como bajas en combate fueron ilegítimas (párr. 823). Estas
cifras aumentaron radicalmente con la llegada de Acosta Pardo.
Como se afirmó previamente, durante el periodo de su comandancia, se
presentaron 55 resultados con 74 víctimas [Las víctimas identificadas son:
1) William Goyeneche Laverde (...)] (...)
1089. Esta Sala, conforme al ejercicio de contrastación que ha venido
adelantando, cuenta con bases suficientes para entender que el señor
Marcolino Puerto Jiménez, en ejercicio de su posición jerárquica dentro
de la unidad militar, contribuyó de manera esencial a la planeación,
ejecución y encubrimiento de asesinatos presentados como bajas en
combate por miembros del Birno. Durante su vinculación, dicho Batallón
presentó 55 hechos, en los que se produjeron 73 muertes ilegítimamente
presentadas como bajas en combate, de las cuales 30 fueron durante la
comandancia de León Durán y 43 en la de Acosta Pardo [Se trata de los
homicidios de William Goyeneche Laverde (...)]. Del total 23 fueron
presentadas como NN.
"(...) Primero. – MODIFICAR la denominación del Subcaso Casanare del
Caso 03 de acuerdo con los hechos determinados y la calificación jurídica
definida por la Sala. En consecuencia, en adelante, [el] Subcaso
Casanare del Caso 03 se denominará “Asesinatos y desapariciones
forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes
del Estado” de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta
providencia.
Segundo. – DETERMINAR los hechos y conductas del Caso 03 de
asesinatos presentados como bajas en combate de (...) William
Goyeneche Laverde (...) Lo anterior, en los términos expuestos en la
parte motiva de esta providencia, especialmente, las secciones C y D de
esta providencia, así como en la individualización presentada en la
sección E. En consecuencia, llamará a reconocer responsabilidad a las
siguientes personas, en los siguientes términos: (...)”.
28) En cumplimiento del fallo de tutela de la Sección Primera del Consejo de
Estado, el Tribunal Administrativo de Casanare profirió sentencia de reemplazo el
20 de octubre de 2022, notificada el 24 del mismo mes y año, en la que revocó el
fallo del Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal y,
en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02044-00
Actores: Adelfina Laverde Flórez y otros
Acción de tutela
29) Entre las consideraciones de la providencia y previo a resolver el caso concreto,
la demandada señaló que con posterioridad al fallo de tutela de 25 de agosto de
2022 y con miras a obtener mayores elementos de juicio, por auto del 12 de
septiembre de 2022 solicitó a la Fiscalía 121 de la Unidad de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de Villavicencio – Meta, la copia íntegra y legible
del proceso penal militar no. 10067 (046 JPM) que cursa por la muerte de William
Goyeneche Laverde, la cual incorporó al proceso ordinario.
30) En la providencia judicial cuestionada se anotó que mediante auto OPV-130 de
8 de abril de 2022, la JEP ordenó la inspección judicial del expediente penal
tramitado por ocasión del fallecimiento del señor Goyeneche Laverde y de él
destacó que, para entonces, se encontraba en etapa de instrucción.
31) La autoridad judicial hizo una valoración de las pruebas obrantes en el proceso
ordinario y afirmó que el juzgado de primera instancia apoyó su decisión únicamente
en la indagatoria que rindió el soldado Santos Miguel García (párr. no. 8) y afirmó
que, “[p]ese a que se solicitó el proceso penal actualizado esperando que para la
fecha de emisión de esta sentencia se hubiera definido por la justicia penal si los
hechos en que resultó muerto William Goyeneche Laverde se trataron de un
combate simulado o de una verdadera operación militar con una baja en combate,
se establece que ello no ha ocurrido, si se tiene en cuenta que en la providencia de
la JEP del 8 de abril de 2022, que es la última en la que se hace mención al asunto,
se indica que el proceso está en etapa de instrucción.”.
32) A partir de las pruebas practicadas en el proceso penal, la demandada afirmó
que existieron por lo menos 4 declaraciones dadas por el soldado Santos Miguel
García, en las que, en dos de ellas afirmó que se presentó un combate en el que
resultó muerto William Goyeneche, mientras que en las otras dos negó la existencia
de esa operación militar, de modo que era imposible saber cuál versión era cierta y
ninguna resultó creíble a la luz de las reglas de la sana crítica.
33) Si bien los testimonios dieron cuenta de la existencia de un supuesto informante
del Ejército Nacional, no existió prueba de que el mismo fuera la víctima.
34) Aunque se acreditó que William Goyeneche falleció el 17 de diciembre de 2006
en desarrollo de la misión Enigma, no hay prueba que acredite que se trató de un
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falso positivo y tampoco se probó que ese día llegaron 3 hombres en moto a la casa
en la que residía como se señaló en la demanda.
35) Contrario sensu, todas las demás personas que participaron en esa operación
manifestaron que se trató de un combate legítimo y así lo corroboró el informe de
esa operación por lo que existe un documento público que no fue desvirtuado
mediante un incidente de tacha de falsedad u otras pruebas fehacientes, de ahí que
constituyó plena prueba.
2. Los fundamentos de la vulneración.
La parte actora dirigió sus razones de reproche en contra de la providencia de
reemplazo proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare y afirmó que esa
autoridad incurrió en los defectos fáctico y procedimental absoluto por las siguientes
razones:
La autoridad judicial demandada afirmó que no se acreditó la falla en el servicio, lo
que denota que no tuvo en cuenta el auto de 14 de julio de 2022, proferido por la
JEP (ver párr. 25) que se remitió como anexo de los “alegatos en segunda instancia
de tutela al Consejo de Estado (...) que además tiene la calidad de hecho notorio
con amplia divulgación nacional.”.
Esa providencia obraba “en el expediente” para el momento de expedición de la
sentencia de segunda instancia, por lo que era deber del tribunal decidir conforme
a lo analizado por la JEP.
Adicionalmente, el tribunal demandado no tuvo en cuenta la petición subsidiaria que
le fue planteada en las pretensiones de la demanda ordinaria, según la cual, el caso
debía resolverse, en principio, con origen en un régimen subjetivo basado en la falla
del servicio o de acuerdo con un régimen de responsabilidad objetiva con
fundamento en la teoría del riesgo excepcional por el uso de armas de fuego, según
el cual únicamente era necesario acreditar la existencia del daño antijurídico y el
nexo causal, elementos que fueron reconocidos por el Tribunal Administrativo de
Casanare.
3. Pretensiones
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Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“(...) PRIMERA: (...) con efectos inter comunis o inter pares sean tutelados
los derechos fundamentales (...) que les fueron vulnerados (...) por causa
de la decisión judicial adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE contenida en su providencia de fecha 20 de octubre de 2022
(...)
SEGUNDA: Que, como consecuencia del amparo solicitado (...) se
declare nula (...) la providencia de fecha 20 de octubre de 2022 (...)
TERCERA: Que (...) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE a tratar con debida diligencia el proceso de reparación directa
con radicado 85001-3333-001-2014-00264-01, dando prioridad para
proferir de nuevo la correspondiente providencia de segunda instancia
dentro de un tiempo perentorio de diez (10) días hábiles (...)”.
4. Actuación de primer grado
Con auto de 26 de abril de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación del presidente y magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de
Casanare y del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, con
el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la
acción. Además, se negó la solicitud de medida provisional presentada por la parte
actora.
En la misma providencia se inadmitió la acción de tutela presentada por la señora
María Belén Flórez y se otorgó un término de 3 días para que se allegara el
respectivo poder de la persona mencionada y/o se explique la condición en la que
actúa, so pena de que sea rechazada respecto de ella.
El apoderado de los demandantes no atendió esa solicitud razón por la cual en la
parte resolutiva de esta providencia se dispondrá el rechazo de la acción de tutela
presentada por la referida ciudadana.
5. Actuación de la autoridad judicial demandada.
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Casanare afirmó que en la
sentencia cuestionada quedaron plasmadas todas las consideraciones fácticas,
jurídicas y jurisprudenciales que se tuvieron en cuenta para adoptar la decisión de
fondo sin que exista algo que agregar o corregir a lo consignado en esa providencia.
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En la sentencia cuestionada se analizaron todas las pruebas allegadas de forma
regular y oportuna al proceso, dándoles mérito conforme a las reglas de la sana
crítica y, si bien es cierto en algunos casos se decidió la responsabilidad
extracontractual del Estado bajo la tesis de responsabilidad objetiva, ello ocurrió
cuando se encontraron cumplidos los requisitos establecidos por la jurisprudencia
para el efecto, y no como regla general, como lo afirman los demandantes.
El proceso de acción de tutela propuso un debate de naturaleza legal que ya fue
decidido por el juez natural de la causa y se pretende emplear a este mecanismo
constitucional como una tercera instancia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
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Acción de tutela
2. Caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Casanare con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad, reparación integral y
acceso a la administración de justicia de los demandantes, presuntamente
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida por esa autoridad judicial el 20 de
octubre de 2022 por cuanto, a su juicio, incurrió en un defecto fáctico y un defecto
procedimental absoluto.
En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela en lo relacionado con el alegado defecto
procedimental absoluto y negará las pretensiones de la demanda sobre la presunta
ocurrencia de un defecto fáctico en los términos que a continuación se explica:
2.1 Análisis del defecto procedimental absoluto
2.1 En lo referente a este defecto la parte actora cuestionó que la autoridad judicial
demandada omitió la pretensión de la demanda ordinaria según la cual su caso
debía resolverse, de manera subsidiaria, conforme al régimen de responsabilidad
objetivo con fundamento en la teoría del riesgo excepcional por el uso de armas de
fuego por parte de miembros de la fuerza pública.
2.2 Para la Sala es claro que ese planteamiento está relacionado con las razones
que ya fueron expuestas por la parte demandante en el proceso de reparación
directa y analizadas por parte del juez natural de la causa.
2.3 En efecto, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no
relevancia constitucional es necesario examinar varios elementos, entre ellos que
la acción de tutela no se use para volver sobre lo discutido en el proceso ordinario,
esto es, que no se emplee como una instancia adicional a este, puesto que dicho
mecanismo especial constitucional fue diseñado para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la simple inconformidad o discrepancia que un
actor tenga frente a una determinada decisión judicial.
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2.4 Fue así como en la decisión cuestionada el Tribunal Administrativo de Casanare
zanjó la discusión relacionada con el régimen de responsabilidad:
“De lo anterior se concluye que, aunque se acreditó que William
Goyeneche Laverde falleció el 17 de diciembre de 2006 en desarrollo de
la misión Enigma, no hay prueba que acredite que se trató de un falso
positivo, como se indica en el libelo y tampoco se probó que el 17 de
diciembre de 2006 aproximadamente al medio día llegaron 3 hombres en
moto a la casa en la que residía William Goyeneche y en donde se
encontraba con su hermana, le dijeron que los acompañara y se lo
llevaron, como se señaló en el hecho 18 de le demanda.
Resta observar que el juez debe fallar de acuerdo con las pruebas regular
y oportunamente allegadas al proceso; que en la demanda se planteó la
tesis de falla del servicio, para lo cual la parte actora debía acreditar el
hecho, el daño y la relación de causalidad.
En el presente caso, lo único que está acreditado, como se dijo, es que
William Goyeneche Laverde falleció el 17 de diciembre de 2006 en
desarrollo de la misión Enigma, pero no los demás elementos de la
responsabilidad extracontractual.
El único que califica la operación Enigma como un falso positivo es el ex
soldado profesional Santos García Comayán, pero lo hizo en su cuarta
versión, la cual no resulta ni seria, ni creíble a la luz de las reglas de la
sana crítica por las razones expresadas en precedencia.
Contrario sensu, todas las demás personas que participaron en la
operación Enigma han manifestado que se trató de un combate legítimo;
y el informe de esa operación también lo corrobora, es decir, hay un
documento público que mientras que no sea desvirtuado mediante un
incidente de tacha de falsedad u otras pruebas fehacientes, constituye
plena prueba.
En consecuencia, con fundamento en lo anteriormente expuesto se
revocará el fallo recurrido y en su lugar se negarán las pretensiones de la
demanda. (...).”.
2.5 Como viene de leerse, el tribunal decidió conforme a la tesis que le fue propuesta
por los demandantes, según la cual el caso debía resolverse bajo el régimen de
responsabilidad por falla del servicio.
2.6 Lo expuesto permite concluir sin mayores dilaciones que, en lo concerniente al
defecto procedimental absoluto, la parte actora pretendió emplear la acción de tutela
como un recurso que permitiera revivir la discusión sobre el régimen de
responsabilidad aplicable al caso concreto y con ello crear una instancia adicional
para obtener una decisión favorable a sus intereses, a pesar de que tales
desacuerdos no atañen a una discusión de raigambre constitucional, que ya fue
decidida por el juez natural de la causa y que resulta insuficiente para sustentar la
relevancia constitucional.
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Actores: Adelfina Laverde Flórez y otros
Acción de tutela
2.7 De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que los argumentos que
sustentaron la presunta configuración de un defecto procedimental absoluto,
relacionados con el régimen de responsabilidad aplicable a su caso, fueron
expuestos por los demandantes y ya fueron analizados y resueltos en la providencia
del Tribunal Administrativo de Casanare, autoridad que, con los medios de prueba
obrantes en ese proceso ordinario consideró que los actores no probaron la
configuración de los elementos necesarios para declarar la participación y
responsabilidad de agentes del Estado en el fallecimiento del señor William
Goyeneche Laverde.
2.8 Si bien la parte demandante pretendió darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportaron la interposición de la
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en
la demanda del proceso ordinario.
2.9 Lo expuesto permite concluir que los actores pretendieron emplear el proceso
de acción de tutela como una instancia adicional y buscaron obtener una decisión
favorable a sus intereses en el proceso en que se profirió la providencia atacada sin
tener en cuenta que este mecanismo especial constitucional fue diseñado para
proteger derechos fundamentales y no para discutir la simple inconformidad o
discrepancia que un actor tenga frente a una determinada decisión judicial.
2.10 En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que, en lo referente a
los cargos que sustentaron la presunta configuración de un defecto procedimental
absoluto, la acción de la referencia no reviste relevancia constitucional porque el
objeto de la demanda fue reabrir un debate jurídico procesal propio del proceso
ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que
desbordan su competencia.
2.1. Análisis del defecto fáctico
Sea lo primero señalar que, en lo atinente a las razones que sustentaron la presunta
configuración del defecto fáctico el caso cumplió los requisitos genéricos de
procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: i) se
agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona
afectada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; ii) se cumplió con el
requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro
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Acción de tutela
de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia cuestionada4; iii) el
presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como
un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; iv) la parte actora identificó de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron, v) no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente, vi) la cuestión
que se discute resulta de relevancia constitucional, por cuanto se alegó la supuesta
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la decisión de segunda
instancia que negó las pretensiones de un proceso cuyos hechos se relacionaron
con una supuesta desaparición forzada, lo que denota su índole iusfundamental.
1) Ahora bien, la parte actora afirmó que la autoridad judicial demandada incurrió en
un defecto fáctico porque en su sentencia no tuvo en cuenta el auto de 14 de julio
de 2022 por medio del cual la Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP
determinó los hechos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en
combate atribuibles a miembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional y calificó
jurídicamente, entre otros, el fallecimiento del señor William Goyeneche Laverde
como desaparición y asesinato.
2) Para efectos de resolver este planteamiento de la demanda, la Sala debe afirmar
que, una vez revisada la documentación aportada en el curso del presente proceso
de acción de tutela, en particular las gestiones adelantadas por el Tribunal
Administrativo de Casanare en el curso del proceso de reparación directa no. 85001-
3333-001-2014-00264-01, así como las actuaciones reportadas por la autoridad
judicial demandada en el Sistema de Consulta de Procesos de la Rama Judicial5, lo
cierto es que no existe prueba alguna que acredite que ese auto fue oportuna y
legalmente puesto en conocimiento de la autoridad judicial demandada, para
efectos de que lo allí decidido pudiera ser apreciado por el juez natural de la causa.
3) Es de precisar que, en punto a la oportunidad con que contaron los demandantes
para allegar el referido auto como prueba durante el trámite del proceso ordinario
en segunda instancia, les correspondía atender las previsiones del artículo 212 del
CPACA que sobre el particular dispuso lo siguiente:
4
La providencia judicial cuestionada se notificó el 24 de octubre de 2022 mientras que el proceso de
acción de tutela se radicó ante esta Corporación el 24 de abril de 2023
5
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02044-00
Actores: Adelfina Laverde Flórez y otros
Acción de tutela
“Artículo 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas
por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al
proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este
Código. (...)
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el
término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán
pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
(...) 3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de
transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia,
pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos. (...)
Parágrafo. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren
procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá
exceder de diez (10) días hábiles.”.
4) De acuerdo con la norma en cita, correspondía a los actores solicitar al Tribunal
Administrativo de Casanare la incorporación del auto de 14 de julio de 2022 de la
JEP, sin embargo, no existe constancia de que así lo hicieran.
5) Según las afirmaciones de la demanda de tutela, los actores reconocieron que
pusieron en conocimiento de la existencia de ese auto a la Sección Primera del
Consejo de Estado, durante “el término de alegatos de segunda instancia” de la
acción de tutela no. 11001-03-15-000-2022-01194-01, no así al Tribunal
Administrativo de Casanare en el proceso ordinario durante la oportunidad procesal
idónea para ello.
6) Lo que sí está probado es que, con posterioridad a la sentencia de tutela que
ordenó dictar una providencia de reemplazo y previo a acatar la orden de amparo,
la autoridad judicial demandada ejerció sus prerrogativas oficiosas para efectos del
esclarecimiento de la verdad y profirió un auto de mejor proveer el 12 de septiembre
de 2022 con el que decretó la incorporación del proceso penal militar no. 10067-046
JPM que cursa en la Fiscalía 121 de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario de Villavicencio, conforme al artículo 213 del CPACA 6,
6
Artículo 213. Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá
decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se
deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes.
Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia
también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o
difusos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días.
En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes
podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para
contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro
de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02044-00
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Acción de tutela
sin que conste que, para esa fecha, en dicho proceso obrara una copia del
mencionado auto de la JEP, pues aquel correspondía a un proceso distinto que se
llevó a cabo ante las autoridades penales militares.
7) Cabe aclarar que esta Sala no desconoce la naturaleza y efectos del auto
proferido por la JEP con el que se determinaron los hechos y conductas que
conllevaron al fallecimiento del señor William Goyeneche Laverde, pero tampoco
puede pasar por alto la falta de diligencia del apoderado de los actores de poner en
conocimiento de esa decisión al Tribunal Administrativo de Casanare dentro de las
etapas probatorias previstas para ello, motivo por el cual este no tuvo la oportunidad
de conocer dicho medio de convicción ni pronunciarse sobre él.
8) Asimismo, no es posible considerar que el Tribunal Administrativo de Casanare
conoció ipso facto el referido auto de la JEP en el momento en que se notificó del
fallo de tutela de la Sección Primera del Consejo de Estado que le ordenó proferir
una sentencia de reemplazo o que debiera ser consciente del contenido de esa
decisión por tener “la calidad de hecho notorio con amplia divulgación nacional”,
como se afirmó en la demanda, esto por cuanto correspondía a los demandantes el
deber de informar de tal providencia a la autoridad demandada para que pudiera
emitir un pronunciamiento sobre el particular.
9) Cabe destacar que en el numeral octavo del auto de 14 de julio de 2022, la JEP
ordenó la notificación de esa decisión a los comparecientes individualizados en esa
providencia, a sus apoderados y a la Procuraduría Delegada para la Investigación
y Juzgamiento Penal con Funciones ante la JEP 7, razón adicional para afirmar que
era deber del apoderado judicial de los actores el someter a estudio del juez natural
de la causa esa decisión, como sí lo hizo ante el juez de la tutela que ordenó al
tribunal proferir una sentencia de reemplazo.
10) No advierte esta instancia que la autoridad judicial demandada omitiera analizar
alguna de las pruebas debidamente aportadas por las partes durante el trámite del
proceso de reparación directa, por el contrario, se evidenció el ejercicio de las
facultades oficiosas para el decreto de pruebas a través de un auto de mejor
7
“De acuerdo con los mecanismos de notificación previstos en la sentencia interpretativa TP-SA-
SENIT 1 de 2019 de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz y en el Código General del
Proceso.”.
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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02044-00
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Acción de tutela
proveer, el cual, sumado a una valoración integral de las pruebas obrantes en el
proceso ordinario, permitió al tribunal concluir que no se acreditó la falla del servicio
en cabeza del Ejército Nacional, lo que conllevó a negar las pretensiones de la
demanda.
11) De acuerdo con lo expuesto, esta Sala concluye que no hay lugar a declarar la
presencia de un defecto fáctico en la providencia atacada, razón por la que se
negarán las pretensiones de la acción de tutela respecto de ese cargo en concreto.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA
1º) Recházase la acción de tutela presentada por la señora María Belén Flórez,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2º) Deniégase la acción de tutela presentada por Adelfina Laverde Flórez,
Hernando Goyeneche, Ruby Abril Laverde, María Marleny Laverde Flórez, Luis
Alfredo Laverde Flórez, Angélica Fernanda Goyeneche, Sonia Carolina Goyeneche,
Aura Lina Laverde, Francelina Laverde, Edilma Laverde, Blanca Cecilia Flórez y
Danilo Cáceres Laverde, en lo relacionado con el cargo por defecto fáctico.
3º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por Adelfina Laverde
Flórez, Hernando Goyeneche, Ruby Abril Laverde, María Marleny Laverde Flórez,
Luis Alfredo Laverde Flórez, Angélica Fernanda Goyeneche, Sonia Carolina
Goyeneche, Aura Lina Laverde, Francelina Laverde, Edilma Laverde, Blanca Cecilia
Flórez y Danilo Cáceres Laverde, en lo atinente al defecto procedimental absoluto,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
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revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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