Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02056-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02056-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-02056-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
19 de julio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022- 2023-02056-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social -UGPP-.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02056-01
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCION SOCIAL -UGPP-
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, Y OTRO
Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO. REQUISITOS GENERALES DE
PROCEDIBILIDAD
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 19 de mayo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Primera, que resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela que presentó la actora contra
la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. (…)”.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, y el Juzgado 49 Administrativo de Bogotá, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el
principio de sostenibilidad financiera. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
“PRINCIPALES
Primero. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por
el JUZGADO CUARENTA Y NUEVE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTA SECCIÓN SEGUNDA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A por el evidente detrimento del erario que se genera
con el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ordenada.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior:
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a.- DEJAR sin efectos los fallos del 30 de septiembre de 2021 y del 1 de septiembre de 2022,
proferidos por el JUZGADO CUARENTA Y NUEVE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTA SECCIÓN SEGUNDA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A, que ordenó el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes en favor de la señora JULIE ANDREA BARBOSA JIMÉNEZ sin
la acreditación de los requisitos legales.
b.- Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN A dictar nueva sentencia ajustada a derecho, esto es, revocando
el fallo el 30 de septiembre de 2021 proferido por el JUZGADO CUARENTA Y NUEVE
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA SECCIÓN SEGUNDA y
negando el reconocimiento de la prestación pensional a no haberse demostrado la calidad de
hija invalida en un porcentaje superior al 50% antes de la fecha de fallecimiento de la señora
MARÍA LINA JIMENEZ DE PINEDA.
• SUBSIDIARIAS
En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón al no estar
superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:
Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales deprecados
por la UGPP y vulnerados por el JUZGADO CUARENTA Y NUEVE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA SECCIÓN SEGUNDA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A en las sentencias del 30 de
septiembre de 2021 y del 1 de septiembre de 2022.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera transitoria los fallos
del 30 de septiembre de 2021 y del 1 de septiembre de 2022, hasta tanto se resuelva el
recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de su orden tutelar. (...)”
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
La señora María Lina Jiménez de Pineda fue pensionada por la extinta CAJANAL
mediante la resolución núm. 6272 del 30 de marzo de 1998, en la que le fue
reconocida pensión gracia en cuantía de $ 280,076.13, efectiva a partir del 7 de
marzo de 1997. Dicha prestación se reliquidó en resolución núm. 24611 del 9 de
junio de 2008, en cuantía de $ 319.063.58, efectiva a partir del 7 de marzo de 1997,
pero con efectos fiscales a partir del 27 de marzo de 2005 por prescripción trienal.
La señora María Lina Jiménez de Pineda falleció el 11 de diciembre de 2011, razón
por la que la señora Julie Andrea Barbosa Jiménez acudió a la UGPP, en calidad
de hija en situación de discapacidad, para que le fuera reconocida y paga la pensión
de sobrevivientes, petición frente a la cual la UGPP no se pronunció y, por ende, se
configuró el silencio administrativo negativo.
La señora Barbosa Jiménez ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la UGPP, a fin de que se declarara la nulidad del acto ficto y, en
consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente
solicitada.
El Juzgado 49 Administrativo de Bogotá, en sentencia del 30 de septiembre de
2021, accedió a las pretensiones de la demanda, por considerar que, si bien es
cierto el dictamen pericial que determinó la pérdida de la capacidad laboral de la
señora Barbosa Jiménez en un 53.07 % fue proferido el 16 de agosto de 2013, es
decir, con posterioridad a la muerte de la causante; también lo era que, de las
pruebas aportadas al proceso, que fue diagnosticada con lupus eritematoso desde
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el año 2004, lo que le generó una incapacidad para laborar y obtener ingresos para
su propia subsistencia desde esa época y que, por ende, dependía
económicamente de su progenitora. En consecuencia, ordenó a la UGPP el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes conforme a la Ley 797 de
2003, a partir del 12 de diciembre de 2011 y declaró la prescripción de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 22 de julio de 2017.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia del 1º de septiembre de 2022, confirmó la decisión al estimar que la
señora Barbosa Jiménez desde el año 2004, cuando iniciaron sus enfermedades,
tenía la condición de inválida debido a la determinación de pérdida de un porcentaje
de la capacidad laboral del 53.07 %.
Que, por tanto, no era posible admitir que la invalidez se dio de manera posterior al
fallecimiento de su progenitora.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales demandadas vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y el principio de sostenibilidad financiera, con fundamento en los
argumentos que se pasan a resumir.
Alegó que existió abuso del derecho porque se ordenó reconocer y pagar una
sustitución pensional a favor de la señora Julie Andrea Barbosa Jiménez con
ocasión del fallecimiento de la señora María Lina Jiménez de Pineda, sin que se
acreditaran los requisitos legales contemplados en el artículo 47 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, es decir, sin que se
demostrara la dependencia económica.
Igualmente, invocó un grave perjuicio al erario, porque la UGPP deberá pagar una
prestación sobre la cual no se acreditaron los requisitos legales para su acceso,
prestación que para el año 2022 corresponde a la suma de $ 1.349.813, y,
adicionalmente, debe pagar un retroactivo a partir del 22 de julio de 2017 que por
valor de $ 104.685.059, suma que deberá actualizar a la fecha de pago efectivo.
Que el perjuicio irremediable se genera al tener que asumir el pago de valores
reconocidos erradamente por las autoridades demandadas, dado que se ordenó
acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes pese a que el dictamen
de pérdida de capacidad laboral es posterior a la fecha de fallecimiento de la
causante. Que las demandadas desconocen que: (i) el dictamen médico además
de dicha enfermedad, también valora la existencia de secuelas de infarto cerebral
por vaculitis y nefropatía lúpica lo que hace que la calificación sea igual a 53,66%;
asimismo, (ii) omiten que la Ley ha otorgado competencias puntuales a autoridades
médicas para efectos de emitir dictámenes de pérdida de capacidad laboral
indicando el porcentaje, así como también ha facultado a determinar la fecha de
estructuración, inclusive teniendo facultades para señalar, con base en la historia
clínica, si la estructuración es anterior a la fecha de declaratoria de la pérdida de
capacidad laboral, de conformidad con lo señalado por el artículo 41 de la Ley 100
de 1993 y el artículo 3 del Decreto 1507 de 2014.
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En cuanto a los requisitos generales de procedencia, indicó que la presente
acción de tutela adquiere relevancia constitucional porque se discute la vulneración
de los derechos fundamentales y porque se ha generado una ostensible vía de
hecho, a su juicio, se “está rompiendo el principio de legalidad estructural del debido proceso al
conceder un derecho sin el lleno de los requisitos que para el efecto determinó el Acto Legislativo
01 de 2005”, situación que requiere la intervención urgente del juez de tutela para
poner fin a un detrimento del erario.
En relación con la existencia otro medio de defensa eficaz e inmediato que permita
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable dijo que “si bien procede el recurso
extraordinario de revisión, en este momento este no es el mecanismo pertinente y eficaz para
impedir la grave irregularidad que se da en este caso relacionado con el reconocimiento y pago de
la pensión de sobreviviente sin que se hubieran acreditado los requisitos legales”.
En ese contexto, dijo que con fundamento en las sentencias SU 427 de 2016 y T
494 de 2018 de la Corte Constitucional, acude a la acción de tutela como medio
principal para lograr que se deje sin efecto las decisiones judiciales irregulares ante
la búsqueda de la protección del erario, así exista otro medio de defensa. Agregó
que el recurso extraordinario de revisión no resultaría eficaz en el presente asunto,
toda vez que no evita la consumación del perjuicio irremediable ya que no admite
medidas provisionales.
Insistió en la configuración de un perjuicio irremediable, con fundamento en la
protección del erario y del sistema pensional, para lo cual reiteró los argumentos
señalados en precedencia y catalogó el perjuicio como cierto, inminente y continuo.
En punto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, alegó la configuración de los defectos sustantivo, fáctico y
por desconocimiento del precedente judicial.
Frente al defecto fáctico indicó que este defecto se concreta en que a su juicio en
el proceso se presentó:
Omisión en el decreto y práctica de pruebas.
No valoración del acervo probatorio aportado al proceso laboral.
Valoración defectuosa del material probatorio que reposa en el proceso laboral.
Explicó que en el expediente laboral se observa que conforme el concepto médico
emitido por COOMEVA EPS la fecha de estructuración de la pérdida de la
capacidad laboral de la señora Julie Andrea Barbosa Jiménez correspondía al 8 de
octubre de 2012, y la señora María Lina Jiménez de Pineda falleció el 11 de
diciembre de 2011, lo que evidencia que no se acreditó su condición de hija invalida
al momento del fallecimiento y, por ende, la dependencia económica derivada de
dicha condición.
Frente al defecto sustantivo explicó que, tanto el juzgado demandado como el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
desconocieron los requisitos legales necesarios para ordenar el reconocimiento de
una pensión de sobrevivientes previstos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
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Sobre el defecto por desconocimiento del precedente judicial indicó que el
tribunal demandado se apartó indebida e injustificadamente de las sentencias SU-
427 de 2016, T- 591 de 2016, SU- 631 de 2017, T- 323 de 2017, T- 034 de 2018 y
T- 039 de 2018, a las nos que remitimos para que sea aplicadas a este caso, dado
que en ellas la Corte determinó que lo que se entiende por abuso del derecho, no
es la realización de conductas ilícitas por parte del interesado o administrador de
justicia sino la interpretación errónea de la norma con la finalidad de favorecer al
pensionado con un derecho al cual no debía acceder, que es lo que sucedió en el
caso objeto de estudio al reconocer pensión de sobreviviente sin el cumplimiento
de los requisitos exigidos.
4. Oposición
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, guardó silencio.
5. Intervención del tercero interesado
El Juzgado 49 Administrativo de Bogotá indicó que en ningún momento ese
despacho vulneró los derechos fundamentales alegados por la entidad, habida
cuenta que las decisiones proferidas en el curso del proceso se expidieron
conforme a la normativa aplicable al caso. Por lo expuesto, solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela.
La señora Julie Andrea Barbosa Jiménez no se pronunció.
6. Sentencia de primera instancia
La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 19 de mayo de
2023, declaró improcedente la solicitud de amparo porque no cumple con el
requisito general de subsidiariedad, toda vez que, de conformidad con el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, la UGPP cuenta con un mecanismo de defensa del cual
no ha hecho uso, esto es, el recurso extraordinario de revisión el cual es procedente
para cuestionar o revisar la decisión reprochada.
7. Impugnación
La UGPP impugnó la decisión de tutela de primera instancia, reiteró los argumentos
que expuso en el escrito de tutela y frente al fallo de tutela de primera instancia
sostuvo, en primer lugar, que la tutela sí es el mecanismo idóneo para garantizar la
protección de los derechos fundamentales vulnerados, aun, ante la existencia del
recurso extraordinario de revisión, el cual no se ha desconocido y, en segundo
lugar, que dicho medio no es el eficaz para evitar un grave perjuicio al erario, pues,
debido a sus ritualidades procesales, no evita la configuración de la grave
afectación al sistema pensional por el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente a la que no se tiene derecho.
Igualmente, insistió en que ocurrió un abuso del derecho, en la existencia de un
perjuicio irremediable y en la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
de defensa.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
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contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora cuestiona la sentencia
del 1º de septiembre de 2022, mediante el que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, confirmó la decisión del 30 de
septiembre de 2021 del Juzgado 49 Administrativo de Bogotá en la que se accedió
a las pretensiones de la demanda y se ordenó el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes a favor de la señora Julie Andrea Barbosa Jiménez.
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido
la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se
admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal
ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la pa rte actora; (v)
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no
se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los
siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin
motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación
directa de la Constitución.
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Al efecto, la parte actora invoca los defectos fáctico, sustantivo y por
desconocimiento del precedente judicial, en el entendido que se otorgó pensión de
sobreviviente, a quien no reunió los requisitos para su reconocimiento.
En ese orden, corresponde a la Sala determinar, en los términos de la impugnación,
si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad,
especialmente, el de subsidiariedad y, en caso afirmativo, determinar si se
configuran o no los defectos alegados por la UGPP.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales – requisito general de subsidiariedad
Como se indicó, dentro de los requisitos generales de procedencia se encuentra el
de subsidiariedad, consistente en “(…) (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (…)” .
En cuanto al requisito de subsidiariedad, se tiene que dicho requisito consiste en
impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se
convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales,
pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley estipulan una
serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el
ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 4 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 5 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de
lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos
se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
Ahora, en sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el proceso
se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues
como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede
resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de
derechos fundamentales». Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que «no
es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia
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“Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.
(…)
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice com o
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)” (se destaca).
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“Artículo 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante (…).”
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ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen
procedente el amparo».
Caso concreto
Como se anticipó, en el presente caso, la parte accionante cuestiona la sentencia
del 1º de septiembre de 2022, en la que Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, porque considera que la señora Barbosa Jiménez
no cumplió los requisitos exigidos por para el reconocimiento de pensión de
sobreviviente.
Al respecto, la Sala advierte que no es posible estudiar los argumentos que plantea
la parte actora para invocar la vulneración de los derechos fundamentales
deprecados porque el presente mecanismo constitucional incumple el requisito
general de la subsidiariedad, como se pasa a explicar.
El numeral 7 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, establece que son causales
de revisión:
“(…) 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
(…)”.
Al respecto, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
providencia del 4 de marzo de 2021, dictada en un proceso de recurso
extraordinario de revisión 6, entendió que el citado numeral 7 comprendía que la
persona obtuvo el derecho sin tener derecho al mismo. En los siguientes términos,
consideró:
Sobre el particular, esta Corporación, en sendos pronunciamientos, ha indicado los elementos
estructurales que componen la causal señalada en el numeral séptimo del artículo 250 del
CPACA, a saber:
(i) Que el objeto del recurso sea una sentencia mediante la cual se decrete la pérdida o se
reconozca a favor de determinada persona una prestación periódica, dentro de las cuales
cabe mencionar las pensiones de jubilación, de vejez, de invalidez, de sustitución, y la
asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública, principalmente. En cuanto al
carácter de la prestación decretada, se aclara que la causal no se refiere únicamente a
pensiones, sino que se extiende a prestaciones periódicas.
Lo anterior significa que no son susceptibles de esa causal las sentencias que niegan dicha
clase de prestación periódica, como tampoco las que resuelvan sobre aspectos posteriores a
su reconocimiento, en particular los concernientes a su reliquidación, factores dejados de
incluir y, en general, modificación o discusión de su monto.
(ii) Que la cuestión decidida en dicha sentencia haya sido la «aptitud legal» para acceder o
perder el derecho de gozar de esa prestación periódica. Los supuestos señalados por la
norma pueden resumirse así́:
6 Proceso No. 11001-03-25-000-2013-01223-00. M.P. César Palomino Cortés.
8
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social -UGPP-.
a) Cuando la persona obtuvo el reconocimiento sin tener derecho a él. Esto puede ocurrir, por
ejemplo, en el evento en el que la sentencia reconoce una pensión a quien no reúne los
requisitos;
b) Cuando la persona que ha obtenido el reconocimiento pierde su aptitud legal por cuestiones
de hecho. Tal es el caso de quien recibe una pensión de invalidez y recupera su salud, con la
consecuente posibilidad de reintegrarse a la vida laboral;
c) Cuando sobrevenga una causal legal para la pérdida de la prestación. (Subraya la Sala)
Tal como lo ha señalado esta Sección 7, dada la amplitud de la norma para su
aplicación, la Corte Constitucional en sentencia SU-427 de 2016 unificó
jurisprudencia, entre otras cosas, para aclarar quienes se encontraban legitimados
para ejercer el precitado recurso, en los siguientes términos:
“Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración
de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para
interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley
797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de
las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras
instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen
funcionamiento financiero8.
7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir ante la
Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de
revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las
decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el
entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió
la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.
(…)”.
Por lo tanto, resulta claro que las acciones de tutela promovidas por las
administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas,
entre ellas, la UGPP, contra las providencias en las cuales se reconocieron
prestaciones periódicas a favor de los pensionados y en las que se invoca el
desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso, no están llamadas a
prosperar porque no cumplen con el requisito de subsidiariedad. Así lo indicó la
Corte:
“7.25. Así las cosas, ante la existencia otro mecanismo judicial como lo es el recurso de
revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en principio, las acciones de
tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones judiciales en las que
presuntamente se haya incurrido en un abuso del derecho son improcedentes al tenor del
artículo 86 de la Constitución.
7.26. No obstante lo anterior, este Tribunal avizora que la afectación del erario público
con ocasión de una prestación evidentemente reconocida con abuso del derecho
tiene la vocación de generar un perjuicio irremediable a las finanzas del Estado, las
cuales se utilizan para garantizar, entre otros, el derecho a la seguridad social de los
colombianos, por lo que en casos de graves cuestionamientos jurídicos frente a un
fallo judicial que impone el pago de prestaciones periódicas a la UGPP, el amparo
será viable con el fin de verificar la configuración de la irregularidad advertida y
adoptar las medidas respectivas.
7
Al respecto, ver sentencias: del 28 de julio de 2022, expediente número: 11001-03-15-000-2022-01661-01, M.P. Milton
Chaves García y del 4 de marzo de 2021, expediente número: 11001-03-15-000-2020-04118-01, M.P. Milton Chaves García.
8
Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
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7.27. Con todo, esta Corporación estima que en atención a los principios superiores de
seguridad jurídica y confianza legítima, el juez constitucional cuando analice de fondo la
posible configuración de un abuso del derecho deberá tomar las medidas necesarias para
no afectar de manera grave los derechos fundamentales de los implicados en la causa, por
lo que en caso de verificarse la existencia de dicha irregularidad, deberá disponer que el
reajuste de la prestación conforme al ordenamiento jurídico constitucional no tenga efectos
de manera inmediata, sino que se deberá concederse un periodo de gracia, que la Sala fija
como prudencial en seis meses contados a partir de la fecha de la notificación de la
resolución que consagra el reajuste efectuado al perjudicado con ocasión de la decisión
judicial de amparo. Por otra parte, el funcionario jurisdiccional también deberá disponer que
no habrá lugar al reintegro de sumas de dinero ya canceladas, comoquiera que las mismas
se presumen percibidas de buena fe (…)”. (Negrillas de la Sala)
Ante la falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso objeto de
estudio, no es posible hacer pronunciamiento de fondo, porque la UGPP cuenta
con el recurso de revisión previsto en el numeral 7 del artículo 250 de la Ley 1437
de 2011 para cuestionar los términos en que se reconoció pensión de sobreviviente
a la señora Barbosa Jiménez.
Ahora, en lo que tiene que ver con el abuso del derecho alegado por la UGPP,
conviene decir que la Corte Constitucional 9 ha determinado que, de manera
excepcional, la acción de tutela podría resultar procedente, siempre que se esté
ante un abuso palmario del derecho, que, se comprueba con el cumplimiento de las
siguientes condiciones: (i) la necesidad de verificar que se trata de una “vinculación
precaria” y (ii) que se trata de un “incremento excesivo de la mesada pensional”.
Respecto de la vinculación precaria, la Corte ha señalado que se entiende como la
relación entre un empleado o funcionario público y el Estado, que tiene una
duración reducida en el tiempo y que, por lo tanto, el elemento que define la
precariedad del vínculo es la fugacidad. Por su parte, para entender la noción de
incremento excesivo, en sentencia SU-631 de 2017 se establecieron algunos
criterios indicativos del aumento pensional grave que termina en un abuso del
derecho, tales como: (i) incrementos pensionales ilegítimos que resultan
mensualmente tan cuantiosos, que indudablemente desfinanciarían al sistema
pensional; (ii) falta de correspondencia entre el reconocimiento pensional y la
historia laboral del beneficiario, que permita suponer que el incremento que
favoreció al interesado es excesivo; y (iii) que la conducta de quien busca el
beneficio pensional esté dirigida a buscar en forma evidente, inconfundible y a
ultranza una ventaja irrazonable o un incremento monetario significativo en
comparación con otros afiliados sin arreglo a la normativa vigente.
Estas dos condiciones (vinculación precaria e incremento excesivo) deben estar
plenamente acreditadas para concluir que existe un abuso del derecho. En efecto,
la propia Corte Constitucional, en sentencia T-212 de 2018, explicó que es
necesario hacer un análisis conjunto de las condiciones que permiten advertir la
existencia de un abuso del derecho, pues “ la verificación de uno solo de estos criterios
indicativos por sí sola no es suficiente para concluir sobre un abuso del derecho de las
características anotadas y es necesaria la evaluación del conjunto de circunstancias presentes en
cada caso”.
9
Ver sentencias SU-631 de 2017 y SU-115 de 2018.
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En el caso concreto, la Sala advierte que no se trata de una vinculación precaria,
pues en este caso estamos ante el reconocimiento de una pensión de sobreviviente
y el cuestionamiento de la UGPP consiste en que a su juicio, la señora Barbosa
Jiménez no cumplió con los requisitos exigidos por la Ley 100 de 1993 para el
reconocimiento de la referida pensión en la medida que no se probó su invalidez
con anterioridad al fallecimiento de su madre lo cual desvirtúa su dependencia
económica de la causante.
Esa razón es suficiente para concluir que no se cumple una de las condiciones
fijadas por la Corte Constitucional y, por lo tanto, la Sala se releva de analizar de
fondo los argumentos propuestos en el escrito de tutela, pues, dichos argumentos
corresponde ventilarlos a instancias del recurso extraordinario de revisión.
En suma, tal como lo indicó el a quo, la acción de tutela no cumple el requisito
general de procedencia de subsidiariedad y, en esa medida, se impone, confirmar
la decisión de primera instancia del 19 de mayo de 2023, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Primera.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la decisión de primera instancia del 19 de mayo de 2023, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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