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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02059-00

Fecha
24 de mayo de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02059-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: 15 Ver índice 21 de SAMAI en el expediente 11001031500020230136400. Archivo denominado «SENTENCIA(.pdf) NroActua 26(.p df) NroActua 21» 7 Radicado: 11001-03-15-000-2023-02059-00 Demandante: Brayan Montero Rodríguez Primero. Declarar improcedente, por existir cosa juzgada, la solicitud de amparo presentada por Brayan Montero Rodríguez contra el Tribunal Administrativo del Cesar, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, la UARIV, el municipio de Valledupar y el departamento del Cesar, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Exhortar a Brayan Montero Rodríguez para que, si lo considera pertinente, acuda a la defensoría del pueblo o a la personería municipal con el fin de que se le presten asesoría legal para lograr en mejor forma la materialización de sus derechos. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02059-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

24 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02059-00
Demandante: Brayan Montero Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar y otros

Temas: Tutela contra providencia judicial / Tutela contra providencia de
la misma naturaleza

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
_________________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud formulada por Brayan Montero Rodríguez, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Brayan Montero Rodríguez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, al
debido proceso y a la especial protección a los menores, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo
del Cesar, en la petición de amparo elevada en contra del Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas2, el municipio de Valledupar
y el departamento del Cesar, identificada con el radicado 20001-23-33-000-2023-
00049-00.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente3:

i) Brayan Montero Rodríguez afirmó ser desplazado por el conflicto armado,
debidamente inscrito en el registro único de víctimas, estar en condición de
discapacidad, padecer VIH y cirrosis, y ser padre cabeza de familia de menores de
edad, quien, además, refirió que por sus condiciones le es imposible conseguir
empleo.

1 Ver índice 2 de SAMAIA. Archivo denominado «ED_1ESCRITODETUTELA(.pdf) NroA ctua 2»
2 En adelante UARIV
3 Información completada de acuerdo con las actuaciones judiciales visibles en SAMAI

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02059-00
Demandante: Brayan Montero Rodríguez

ii) El demandante solicitó ante la UARIV el reconocimiento y pago de la ayuda
humanitaria e indemnización administrativa, en los términos de la Ley 1448 de
2011, de manera urgente, dadas sus especiales condiciones personales; lo cual
fue resuelto desfavorablemente por no cumplir con los requisitos legales para ser
incluido en la ruta prioritaria. Situación que conllevó a que presentara solicitud de
tutela correspondiéndole el radicado 20001-33-33-007-2023-00080-00.

iii) El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, mediante
sentencia del 13 de marzo de 2023 negó el amparo solicitado. Decisión judicial
respecto de la cual presentó solicitud de tutela, a la que se le asignó el radicado 20-
001-23-33-000-2023-00049-00.

iv) El Tribunal Administrativo del Cesar, a través de auto del 9 de marzo de 2023
admitió el conocimiento del trámite constitucional y negó la petición de medida
provisional consistente en la entrega de los beneficios económicos pretendidos.

v) Con sentencia del 21 de marzo de 2023, el tribunal de conocimiento declaró
improcedente la solicitud de tutela en tanto fue presentada de manera anticipada,
pues no se había proferido el fallo de primera instancia, y de ser el caso, debió
agotar la impugnación y no acudir nuevamente ante el juez constitucional.

vi) En relación con esa decisión, la parte actora considera que la corporación judicial
y las entidades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales con ocasión
del «daño Irreversible a mi integridad ya que llevo muchos días de estar pasando hambre
y hasta la fecha no me entregan la prórroga de la ayuda humanitaria, la cual no recibo hace
más de un año siendo que esto me manifestaron que cada cuatro meses me la entregaría
por esto».

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 1 ordené al tribunal superior tener en cuenta y dar prioridad a mi situación de
discapacidad y enfermedad de alto costo y contagiosa y abrir una investigación contra
este para evitar que se sigan presentando irregularidades contra personas víctimas del
conflicto y en estado de completa vulnerabilidad

2 ordene al tribunal superior enviarme copia de la respuesta que envió la unidad de
víctima a la demanda presentada

3 ordené la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas que si más
dilataciones me haga entrega de la indemnización administrativa por desplazamiento a
la cual tengo derecho a recibir con prioridad debido a mis condiciones de discapacidad
y enfermedad terminal

4 Solicite del Tribunal Superior y Delgado copia del expediente Donde están todas las
pruebas de mi estado de salud y discapacidad […]». (sic.)

2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02059-00
Demandante: Brayan Montero Rodríguez

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo del Cesar4, luego de informar acerca del trámite y
contenido de la decisión acusada, solicitó negar las pretensiones de amparo ante
la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales, sin contar que contra
esta no se interpuso impugnación.

Además, informó que el demandante ya había presentado solicitud de amparo
contra el auto que negó la medida cautelar formulada en el expediente de tutela
cuestionado, la cual correspondió al despacho del consejero Martín Bermúdez
Muñoz, de la Sección Tercera, Subsección B de la corporación, identificado con el
radicado 11001-03-15-000- 2023-01364-00.

1.2.2. El departamento del Cesar5 solicitó la desvinculación del asunto en tanto
carece de legitimación en la causa por pasiva respecto de la problemática alegada
por el demandante, lo cual le competente a la UARIV o al municipio de Valledupar
al ser el sitio de su residencia.

1.2.3. El municipio de Valledupar6 solicitó que se declare improcedente la solicitud
de tutela ante la ausencia de vulneración de derechos fundamentales. Informó que
el llamado a reconocer y cancelar los beneficios pretendidos por el demandante es
la UARIV, quien informó que la última ayuda humanitaria por valor de $420 000 le
fue cancelada el 17 de marzo de 2023 y que en la actualidad se encuentra en ruta
general para hacerle la entrega de la indemnización administrativa correspondiente.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir, ii) problema jurídico, iii) de la
actuación temeraria y la cosa juzgada en la solicitud de tutela y iv) análisis de la
Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021,7 esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del
Cesar.

4 Ver índice 14 de SAMAI. Archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_CONTESTACIONTUTELA(.pdf ) NroActua 14»
5 Ver índice 12 de SAMAI. Archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT

RONICO_RTATUTELA20230205(.pdf) NroActua 12»
6 Ver índice 13 de SAMAI. Archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT

RONICO_RESPUESTAACCIONDE(.pdf) NroActua 13»
7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02059-00
Demandante: Brayan Montero Rodríguez

2.2. Problema jurídico

La Sala deberá establecer si: ¿La solicitud de tutela presentada por Brayan Montero
Rodríguez configura cosa juzgada o comporta una actuación temeraria al haber
acudido ante el juez constitucional en oportunidad anterior, presuntamente, bajo
idénticos supuestos de hecho y causa petendi?

2.3. La cosa juzgada en la solicitud de tutela y la actuación temeraria

En cuanto a la cosa juzgada, recuérdese que «es una institución jurídico procesal
mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras
providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se
conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica»8.

La solicitud de tutela como mecanismo preferencial, idóneo y efectivo para
salvaguardar los derechos fundamentales constitucionales, se caracteriza por ser
un procedimiento sumario, garante del debido proceso, cuya instancia final
corresponde a la Corte Constitucional ante quien opera un proceso de selección
cuya decisión, en todo caso, le imprime a las providencias de las instancias fuerza
de cosa juzgada constitucional.

La Corte Constitucional en sentencia T-089 de 20199 respecto de la cosa juzgada
consideró:

«[…] Ahora bien, la cosa juzgada se configura cuando existe la triple identidad
mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que se evidencie la
configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar engañar a las
autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela. Al respecto, la Corte
Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito a cosa juzgada, en el
evento en que esta Corporación se pronuncia sobre una determinada acción de tutela
ya sea mediante fallo o a través del auto de selección que notifica la no selección de la
misma. Lo anterior, de conformidad con el artículo 243 de la Constitución Política de
Colombia10. La figura de cosa juzgada constitucional prohíbe “(…) que se profiera un
nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello desconocería la seguridad
jurídica que brinda este principio de cierre del sistema jurídico”11.

Sin embargo, aun cuando estos tres supuestos se evidencien, el juez constitucional
deberá hacer un análisis material entre las acciones de tutela presentadas, con el fin de
identificar si existen nuevos elementos que llevaron al actor a presentar la solicitud de
amparo y que habiliten al juez para realizar un nuevo pronunciamiento.

Por lo que, la cosa juzgada no es otra cosa que “los efectos jurídicos de las sentencias,
en virtud de los cuales éstas adquieren carácter de inmutables, definitivas, vinculantes

8 C-100 de 2019
9 MP. Alberto Rojas Rìos.
10 Artículo 243 de la Constitución Política de Colombia: “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio

del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”.
11 Sentencia T-001 de 2016.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02059-00
Demandante: Brayan Montero Rodríguez

y coercitivas, de tal manera que sobre aquellos asuntos tratados y decididos en ellas,
no resulta admisible plantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento”12. […]».

En concordancia con lo anterior, se tiene que el uso de la solicitud de tutela debe
ser racionalizado y atender al hecho de que, una vez resuelto el caso por un juez
constitucional, éste no puede ser puesto en conocimiento -bajo los mismos
supuestos y con idénticas pretensiones y partes- ante otra autoridad, pues ello
implicaría el quebrantamiento del principio de la cosa juzgada constitucional e,
inclusive, se podría incurrir en un actuación temeraria, en los términos del artículo
38 del Decreto 2591 de 1992 que regula:

«[…] Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los
mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional
al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional,
sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar […]».

Como se observa, al presentarse dos o más solicitudes de amparo bajo supuestos
similares deberán ser rechazadas o decididas desfavorablemente; sin embargo,
hay que tener en cuenta que para que se configure una actuación temeraria,
además, deben concurrir los requisitos establecidos por la jurisprudencia
constitucional, tales como:

«[…] Para deducir que una misma demanda de tutela se ha interpuesto varias veces,
con infracción de la prohibición prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es
indispensable acreditar: (i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de
tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo
sujeto en su condición de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o a través
de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus
representantes legales. (ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que
el ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos
que le sirvan de causa. (iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen
la satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho
fundamental. (iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un
caso en concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud
de tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente
dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que
permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción […]»13

Es decir, los jueces de tutela deben verificar de manera rigurosa los citados
requisitos a partir de la presunción de buena fe del demandante, pues no es
suficiente con el cumplimiento formal de estos, sino que se hace necesario
examinar las razones por las cuales se interponen las demandas y evaluar si los
motivos están plenamente justificados, para determinar la existencia o no de una
actuación temeraria.

12 Sentencia C-622 de 2007.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-507 de 2011 M.P. Dr. Jorge Ivan Palacio Palacio.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02059-00
Demandante: Brayan Montero Rodríguez

2.4. Análisis de la Sala

De acuerdo con la normativa y la jurisprudencia aplicable y las actuaciones surtidas
en cada una de las solicitudes de tutela instauradas por Brayan Montero Rodríguez
ante esta corporación judicial, es conveniente realizar un cuadro comparativo para
establecer si existe similitud de partes, objeto y causa petendi, así:

1100103150002023013640014 11001031500020230205900
Radicado
Demandante: Brayan Montero Demandante: Brayan Montero
Rodríguez Rodríguez
Demandados: Tribunal Demandados: Tribunal
Administrativo del Cesar, el Administrativo del Cesar, el
Partes Juzgado Séptimo Administrativo Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito Judicial de Valledupar, del Circuito Judicial de Valledupar
la UARIV, el municipio de la UARIV, el municipio de
Valledupar y departamento del Valledupar y departamento del
Cesar Cesar
Argumenta que sus derechos Argumenta que sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la fundamentales a la igualdad, a la
dignidad humana, al debido dignidad humana, al debido
proceso y a la especial protección proceso y a la especial protección
a los menores, en tanto, pese a su a los menores, en tanto, pese a
Causa petendi condición de salud y padre cabeza su condición de salud y padre
de familia, las entidades cabeza de familia, las entidades
demandadas no le han cancelado demandadas no le han cancelado
la ayuda humanitaria hace más de la ayuda humanitaria hace más
un año ni la indemnización de un año ni la indemnización
administrativa administrativa
1. Ordene al tribunal superior tener 1. Ordene al tribunal superior
en cuenta y dar prioridad a mi tener en cuenta y dar prioridad a
situación de discapacidad y mi situación de discapacidad y
enfermedad de alto costo y enfermedad de alto costo y
contagiosa y abrir una contagiosa y abrir una
investigación contra este para investigación contra este para
evitar que se sigan presentando evitar que se sigan presentando
irregularidades contra personas irregularidades contra personas
víctimas del conflicto y en estado víctimas del conflicto y en estado
de completa vulnerabilidad. de completa vulnerabilidad.
2. Ordene al tribunal superior 2. Ordene al tribunal superior
enviarme copia de la respuesta enviarme copia de la respuesta
Objeto
que envió la unidad de víctima a la que envió la unidad de víctima a
demanda presentada. la demanda presentada.
3. Ordene a la Unidad para la 3. Ordene la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a atención y reparación integral a
las Víctimas que sin más las víctimas que sin más
dilataciones me haga entrega de la dilataciones me haga entrega de
salida humanitaria de emergencia la indemnización administrativa
hasta que mi situación de por desplazamiento a la cual
calamidad persista. 4. Ordene a la tengo derecho a recibir con
Unidad para la Atención y prioridad debido a mis
Reparación Integral a las Víctimas condiciones de discapacidad y
a entregarme la indemnización enfermedad terminal.

14 Ver expediente 110010315000202301036400 de SAMAI

6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02059-00
Demandante: Brayan Montero Rodríguez

administrativa por desplazamiento 4 Solicite del Tribunal Superior y
a la cual tengo derecho en su delgado copia del expediente
totalidad debido a mis condiciones donde están todas las pruebas de
de salud y discapacidad. mi estado de salud y
5. Solicite al tribunal superior y discapacidad.
delegado copia del expediente
donde están todas las pruebas de
mi estado de salud y
discapacidad>>.

A juicio de la Sala, es evidente la existencia de identidad de partes, causa petendi
y objeto, configurándose cosa juzgada en la solicitud de tutela bajo estudio; no
obstante, no por esto
puede hablarse de la existencia de una actuación temeraria, pues, para ello, se
requiere que haya una actuación dolosa o de mala fe contra la administración de
justicia, por parte del demandante.

Al respecto, si bien Brayan Montero Rodríguez presentó, por segunda vez una
solicitud de amparo idéntica a la identificada con el radicado
11001031500020230136400, la cual fue declarada improcedente mediante
sentencia del 24 de abril de 202315, lo cierto es que su actuación no da lugar a
imponer una sanción, pues, de acuerdo con sus condiciones personales y el
contenido del amparo pretendido, es clara su ausencia de conocimientos en técnica
jurídica, tan es así, que en vez de impugnar la primera sentencia que decidió
desfavorablemente acerca de su pretensión de reconocimiento y pago de la ayuda
humanitaria y la indemnización administrativa dada su condición de desplazado,
decidió acudir de forma reiterada ante el juez de tutela sin ningún argumento
diferencial.

En este punto, se le exhortará a Brayan Montero Rodríguez para que, si lo
considera pertinente, acuda a la defensoría del pueblo o a la personería municipal
con el fin de que le presten asesoría legal para lograr en mejor forma la
materialización de sus derechos.

En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente, por existir cosa juzgada,
la solicitud de amparo presentada por Brayan Montero Rodríguez contra el Tribunal
Administrativo del Cesar, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar, la UARIV, el municipio de Valledupar y el departamento del Cesar.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

15 Ver
índice 21 de SAMAI en el expediente 11001031500020230136400. Archivo denominado
«SENTENCIA(.pdf) NroActua 26(.p df) NroActua 21»

7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02059-00
Demandante: Brayan Montero Rodríguez

Primero. Declarar improcedente, por existir cosa juzgada, la solicitud de amparo
presentada por Brayan Montero Rodríguez contra el Tribunal Administrativo del
Cesar, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, la
UARIV, el municipio de Valledupar y el departamento del Cesar, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Exhortar a Brayan Montero Rodríguez para que, si lo considera
pertinente, acuda a la defensoría del pueblo o a la personería municipal con el fin
de que se le presten asesoría legal para lograr en mejor forma la materialización
de sus derechos.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

8

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