RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-02060-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02060-01

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02060-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 24 de mayo de 2023 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones explicadas en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-02060-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

28 de septiembre de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2023 02060 01
Accionante: Juan Diego García Lozano

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 02060 01
Accionante: JUAN DIEGO GARCÍA LOZANO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO, SALA
TERCERA DE DECISIÓN

Tesis: La acción de tutela es improcedente por no cumplir el
requisito de subsidiariedad porque el reproche invocado
en sede constitucional no fue expuesto en el transcurso
del proceso ordinario.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del
fallo de tutela proferido el 24 de mayo de 2023 por la Subsección B,
Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró improcedente la
solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Juan Diego García Lozano, actuando por conducto de apoderado,
promovió acción de tutela en contra del auto proferido el 9 de diciembre
de 2022 por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 02060 01
Accionante: Juan Diego García Lozano

Decisión, en el expediente radicado con el nro. 63001 33 33 002 2022
00517 01, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Tutelar el derecho fundamental constitucional, al debido
proceso, derecho de igualdad y de seguridad social (mínimo
vital), vulnerados por el Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Tercera de Decisión, señor M.P. ALEJANDRO LONDOÑO
JARAMILLO, donde a través de Auto fechado el día 09 de
diciembre de 2022, bajo la radicación No.63001-3333-002-
2022-00517-01, medio de control: Conciliación Extrajudicial,
confirmó el Auto que improbó el acuerdo conciliatorio surtido
ante la Procuraduría 13 Judicial II para Asuntos
Administrativos de Armenia, y que en primera instancia fue
conocido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Armenia; decisión que se apartó de la Constitución y
la Ley, toda vez que el señor Magistrado Ponente ALEJANDRO
LONDOÑO JARAMILLO, debió declararse impedido a la hora de
fallar el Auto ya mencionado por haber sido igualmente el
Magistrado Ponente dentro de la radicación 63001-2333-000-
2017-00469-00 del 14 de febrero de 2019, en la cual accedió
a las pretensiones de la demanda radicada por el accionante.

2. Se ordene por conducto de ese alto tribunal de cierre para que en
el término que a bien disponga, proceda a enviarse a una nueva sala
de decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, para que
conozca del recurso de apelación interpuesto en contra del Auto que
improbó la conciliación prejudicial, fechado el día 23 de Agosto de
2022 y proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Armenia que improbó el acuerdo conciliatorio adelantado
en la Procuraduría 13 Judicial II para Asuntos Administrativos de
Armenia, bajo el radicado E-2022-304108 del 31 de mayo de 2022
y se deje sin efectos el Auto proferido por el señor Magistrado
Ponente ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO bajo la radicación
No.63001-3333-002-2022-00517-01, por encontrarse inmerso en
una de las causales de impedimento de que trata el Artículo 141 de
la Ley 1564 de 2012 […]”. [Mayúsculas, negrillas y subrayas en el
escrito de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La parte actora informó que el 14 de marzo de 2000 ingresó a la Policía
Nacional como alumno del nivel ejecutivo y el 6 de diciembre de 2000
ascendió a patrullero, llegando hasta el grado de intendente, por lo que

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02060 00.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 02060 01
Accionante: Juan Diego García Lozano

considera hace parte del régimen de transición establecido en la Ley 923
de 2004 para acceder al reconocimiento de la asignación de retiro.

Manifestó que completó un tiempo total de servicios de 16 años, 5 meses
y 19 días; sin embargo, fue retirado de la Policía Nacional por mala
conducta sin que se le hubiese reconocido de manera oficiosa la
asignación de retiro por tiempo cumplido.

Señaló que el 14 de febrero de 2019 el Tribunal Administrativo del
Quindío, con ponencia del magistrado Alejandro Londoño Jaramillo,
profirió sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 63001 23
33 000 2017 00469 00, que accedió parcialmente a las pretensiones,
ordenando a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR,
el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al señor Juan Diego
García Lozano.

Indicó que CASUR interpuso recurso de apelación en contra de la
precitada decisión y la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencia del 21 de enero de 2021 la revocó.

Anotó que el 16 de noviembre de 2021 radicó ante CASUR una nueva
solicitud de reconocimiento y pago de la asignación de retiro, la cual fue
negada mediante el oficio nro. 709055 del 29 de noviembre de 2011 con
fundamento en los Decretos 4433 de 2004 y 754 de 2019. Al respecto,
precisó que el parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 fue
declarado nulo por el Consejo de Estado y que el Decreto 754 de 2019 no
era aplicable a su caso porque se había retirado de la Policía Nacional en
el año 2015.

Expuso que el 31 de mayo de 2022 presentó solicitud de conciliación
extrajudicial la cual correspondió por reparto a la Procuraduría 13 Judicial
II para asuntos administrativos de Armenia y por acta de audiencia del 2
de agosto de 2022, se llegó a un acuerdo conciliatorio conforme el
ofrecimiento realizado por parte de la entidad convocada.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 02060 01
Accionante: Juan Diego García Lozano

Adujo que el Juzgado Segundo Administrativo de Armenia, por auto
proferido el 23 de agosto de 2022 en el radicado nro. 63001 33 33 002
2022 00517 00, improbó la conciliación realizada ante la Procuraduría 13
Judicial II para asuntos administrativos de Armenia al considerar que “(…)
el caso particular y concreto como se aporta en los anexos ya fue materia
de debate judicial y aunque se fundamente una relativa cosa juzgada por
tratarse de prestación periódica, para este despacho la situación fue
materia de análisis por el Consejo de Estado y no en un caso similar sino
relacionado directamente con el convocante (…)”2.

Inconforme con la anterior decisión, presentó recurso de apelación y el
Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, por auto
del 9 de diciembre de 2022, con ponencia del magistrado Alejandro
Londoño Jaramillo, la confirmó.

Alegó que el mencionado magistrado debió declararse impedido para
conocer del asunto comoquiera que también había sido ponente de la
providencia del 14 de febrero de 2019 que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda promovida contra CASUR en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado nro. 63001 23 33 000 2017 00469 00.

Aseveró que en la providencia cuestionada se incurrió en defecto orgánico
argumentando que “(…) si bien es cierto, con la presente Acción
Constitucional no se está debatiendo lo referido en el fallo, no es menos
cierto que dicho pronunciamiento vulnera derechos de rango
Constitucional al accionante, toda vez que el señor M.P. ALEJANDRO
LONDOÑO JARAMILLO, no tenía la competencia para pronunciarse en el
Auto proferido en sala el día 09 de diciembre de 2022 por haber emitido
ya fallo de primera instancia en el año 2019; desconociendo así lo referido
en el Numeral 2° del Artículo 141 de la Ley 1564 de 2012 (…)”3.

2
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02060 00.
3
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02060 00.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 02060 01
Accionante: Juan Diego García Lozano

Sostuvo que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente
jurisprudencial de las sentencias de la Corte Constitucional C-450 de 2015
y SU-565 de 2015 y arguyó que “(…) al encontrarse el señor M.P.
ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO, impedido para conocer del recurso de
apelación en contra del Auto del 09/12/2022, el cual confirmó el auto
proferido el 23 de agosto de 2022 por el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Armenia por medio del cual se improbó el acuerdo
conciliatorio celebrado entre las partes ante la Procuraduría Trece (13)
Judicial Para Asuntos Administrativos de la ciudad de Armenia, se
concluye que el fallo del 09 de diciembre de 2022 de la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, incurrió en defecto
orgánico y desconocimiento del precedente constitucional, lo cual conlleva
a la vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, derecho
de igualdad y de seguridad social (mínimo vital) (…)”4.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 24 de abril de 2023 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial 5 y
correspondió por reparto a la Subsección B, Sección Segunda del Consejo
de Estado que, por auto del 27 de abril de 20236 la admitió y dispuso
notificar7 a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del
Quindío como parte accionada, así como vincular8 al Juzgado Segundo
Administrativo de Armenia y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional – CASUR, como terceros interesados en el resultado del proceso.

4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02060 00.
7
Esta orden se cumplió el 3 de mayo de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02060 00.
8
Ibídem.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 02060 01
Accionante: Juan Diego García Lozano

Igualmente, requirió al Juzgado Segundo Administrativo de Armenia y al
Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión para que
allegaran copia digital del expediente identificado con el radicado nro.
63001 33 33 002 2022 00517 01 de la conciliación extrajudicial, el cual
fue remitido9.

3.2. La titular del Juzgado Segundo Administrativo de Armenia rindió
informe vía correo electrónico10, en el que manifestó que “(…) la decisión
de este despacho surtió el trámite en términos de legalidad, celeridad y
análisis de lo acordado prejudicialmente y atendiendo lo dispuesto por el
Superior, estuvo a lo resuelto, cuyos argumentos y análisis generaron
decisión confirmado la decisión que improbó el acuerdo (…)”.

3.3. La jefe de la oficina asesora jurídica de CASUR presentó escrito vía
mensaje de datos11 en donde solicitó se declare la improcedencia de la
solicitud de amparo y se desvincule a dicha entidad del trámite tutelar,
dado que la acción de tutela se interpuso contra el Tribunal Administrativo
del Quindío.

Resaltó que no existe violación de los derechos fundamentales invocados
comoquiera que lo pretendido por el accionante es que se profiera un
nuevo pronunciamiento respecto del recurso de apelación interpuesto en
contra del auto del 23 de agosto de 2022 proferido por el Juzgado
Segundo Administrativo de Armenia, que improbó el acuerdo conciliatorio
suscrito ante la Procuraduría 13 Judicial II para Asuntos Administrativos
de Armenia.

3.4. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío
guardó silencio.

9
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02060 00.
10
Ibídem.
11
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02060 00.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 02060 01
Accionante: Juan Diego García Lozano

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
del 24 de mayo de 202312, declaró improcedente la acción de tutela, por
no superar el requisito de subsidiariedad.

Expuso que los argumentos de la parte actora estaban dirigidos a
proponer una recusación contra el magistrado de la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, señor Alejandro Londoño
Jaramillo, por estimar que estaba incurso en la causal señalada en el
numeral 2 del artículo 141 del Código General del Proceso, debido a que
suscribió la providencia proferida el 14 de febrero de 2019 en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el hoy tutelante
contra CASUR, referente al reconocimiento y pago de su asignación de
retiro.

Continuó explicando que el accionante planteó la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad
social y al mínimo vital al considerar que el citado magistrado incurrió en
una irregularidad procesal, al participar del trámite de control de legalidad
de la conciliación prejudicial adelantada ante la Procuraduría 13 Judicial
para asuntos administrativos de Armenia, sin haberse declarado impedido
para conocer y resolver el asunto, generando un vicio en el procedimiento
que afectó la imparcialidad y transparencia del auto del 9 de diciembre de
2022, comoquiera que el asunto del trámite de la conciliación prejudicial
versaba sobre los mismos hechos y razones por los que se adelantó el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra CASUR.

Adujo que el artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo establece que los magistrados y jueces
deberán declararse impedidos, o serán recusables en los casos
expresamente señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento

12
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02060 00.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 02060 01
Accionante: Juan Diego García Lozano

Civil, hoy artículo 141 del Código General del Proceso, y si el funcionario
judicial, en quien concurre alguna de las causales de impedimento, no lo
manifiesta de forma autónoma y voluntaria la parte directamente
interesada en su separación podrá recusarlo en cualquier estado del
proceso, conforme con el trámite previsto en el artículo 132 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En ese sentido, argumentó que “(…) en el marco del trámite ordinario,
una vez fue designado el Magistrado Alejandro Londoño Jaramillo como
ponente para resolver la apelación del auto que improbó la conciliación
extrajudicial, la parte demandante tenía la posibilidad de presentar la
recusación contra dicho servidor ante el Tribunal Administrativo del
Quindío, para que tramitara y decidiera la procedibilidad del impedimento
que, presuntamente, afectaba la imparcialidad del referido Magistrado
(…)”.

Agregó que el señor García Lozano pudo presentar la solicitud de
recusación contra el magistrado Alejandro Londoño Jaramillo ante el
Tribunal Administrativo del Quindío, expresando la causal legal y los
hechos en que se fundamentaban sus argumentos, sin embargo, al
revisar las actuaciones surtidas al interior del proceso del control de
legalidad de conciliación extrajudicial identificado con el radicado nro.
63001 33 33 002 2022 00517 01, no se evidenció que el tutelante haya
propuesto la recusación ante la autoridad competente.

Resaltó que “(…) de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo
78 del Código General del Proceso, es un deber de las partes y sus
apoderados “1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos”, lo
que significa que los sujetos procesales de una actuación judicial deben
actuar de forma ética y decorosa con suficiente diligencia, respeto,
veracidad, sin ejercer actos dilatorios injustificados que obstruyan o
impidan la recta administración de justicia (…)”.

Subrayó que dentro del trámite de segunda instancia del control de
legalidad de la conciliación prejudicial la parte actora “(…) no realizó
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 02060 01
Accionante: Juan Diego García Lozano

actuación alguna en procura de defender la imparcialidad del asunto y sus
intereses individuales, por lo que no es de recibo que pretenda utilizar la
acción de tutela como una prolongación del proceso, o un procedimiento
paralelo al trámite judicial ordinario, con el fin de cuestionar la decisión
que les afectó y obtener un pronunciamiento favorable a sus
pretensiones; a contrario sensu, la tutela es un mecanismo excepcional,
cuyo objeto es propender por el respeto y la garantía de los derechos
fundamentales (…)”.

Finalmente indicó que en este asunto no se observa la existencia de un
perjuicio irremediable, que permita acceder al amparo de tutela, si quiera
de forma transitoria, pues los documentos y demás elementos probatorios
obrantes en el expediente de manera alguna revelan la existencia de una
situación de riesgo o peligro a la que pueda estar sometido el accionante,
pues más allá de los cuestionamientos particulares sobre la imparcialidad
del magistrado ponente de la providencia cuestionada, no se advierte un
hecho de gravedad que requiera la intervención urgente del juez de
tutela.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó13
manifestando lo siguiente:

Señaló que la acción de tutela no debió declararse improcedente bajo el
argumento que “(…) es pertinente señalar que de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 1 del artículo 78 del Código General del Proceso,
es un deber de las partes y sus apoderados “1. Proceder con lealtad y
buena fe en todos sus actos”, lo que significa que los sujetos procesales
de una actuación judicial deben actuar de forma ética y decorosa con
suficiente diligencia, respeto, veracidad, sin ejercer actos dilatorios

13
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02060 00.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 02060 01
Accionante: Juan Diego García Lozano

injustificados que obstruyan o impidan la recta administración de justicia
(…)”.

Al respecto, alegó que el proceder con lealtad y buena fe debe ser
recíproco, es decir, que también debe predicarse por parte de la autoridad
judicial accionada por lo que reiteró que el magistrado Alejandro Londoño
Jaramillo debió declararse impedido para conocer del asunto y que no era
de buen recibo que el a quo solo atribuyera la deslealtad a la parte actora,
cuando las actuaciones deben cobijar a todos por igual.

Adujo que “(…) la norma es muy clara y cita cuando deben los jueces
declararse impedidos para conocer de un asunto y para el caso de marras
no lo hizo el señor magistrado ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO; así
mismo, esta defensa en ninguno de los apartes del escrito de tutela ha
actuado de mala fe, si bien es cierto no se realizó escrito alguno
solicitando la recusación al señor magistrado en mención, no es menos
cierto que solo vine a darme cuenta de que el citado magistrado ya se
había pronunciado con anterioridad, al empezar a redactar la nueva
demanda a radicarse en esa jurisdicción y fue por ello que opté por radicar
la acción que aquí nos ocupa (…)”. (mayúsculas originales).

Solicitó que se revoque la decisión y se acceda a las pretensiones del
escrito de tutela.

Por auto del 25 de julio de 2023 se concedió la impugnación14 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 23 de agosto de
202315.

14
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02060 00.
15
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02060 01.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 02060 01
Accionante: Juan Diego García Lozano

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199116, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201517, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 18, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201919 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente20:

6.2.1. En sentencia proferida el 14 de febrero de 201921 por la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, con ponencia
del magistrado Alejandro Londoño Jaramillo, se concedieron parcialmente
las pretensiones de la demanda presentada por el señor Juan Diego García
Lozano contra CASUR, en el proceso de nulidad y restablecimiento del

16
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
17
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
18
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
19
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
20
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por el accionante y del proceso de
conciliación extrajudicial identificado con el radicado nro. 63001 33 33 002 2022 00517
00.
21
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02060 00.
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 02060 01
Accionante: Juan Diego García Lozano

derecho identificado con el radicado nro. 63001 23 33 000 2017 000469
00, referente al reconocimiento y pago de su asignación de retiro.

6.2.2. Inconforme con la decisión anterior, CASUR interpuso recurso de
apelación y la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia del 21 de enero de 2021 la revocó22.

6.2.3. El 16 de noviembre de 2021 el señor Juan Diego García Lozano,
actuando por conducto de apoderado, radicó derecho de petición ante el
director de CASUR solicitando el reconocimiento y pago de la asignación
de retiro en aplicación del Decreto 1212 de 199023.

6.2.4. Mediante oficio nro. 709055 del 29 de noviembre de 202124, el
director general de CASUR dio respuesta a la precitada petición,
señalando que el señor García Lozano no cumplía con las condiciones
dispuestas en los Decretos 4433 de 2004 y 754 de 2019.

6.2.5. El hoy accionante, actuando por conducto de apoderado, presentó
solicitud de conciliación extrajudicial25 con el fin de que se llevara a cabo
conciliación administrativa con CASUR para el reconocimiento y pago de
la asignación de retiro negada en el oficio nro. 709055 del 29 de
noviembre de 2021, la cual correspondió por reparto a la Procuraduría 13
Judicial II para Asuntos Administrativos.

6.2.6. Entre el señor Juan Diego García Lozano y CASUR se suscribió el 2
de agosto de 2022 acuerdo conciliatorio en el que se dispuso “(…)
reconocer y pagar la suma de CIENTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/Cte. ($121.588.900), por
concepto de reliquidación de la asignación de retiro de partidas

22
Ibídem.
23
Ibídem.
24
Ibídem.
25
Ibídem.
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 02060 01
Accionante: Juan Diego García Lozano

computables derivadas de los aumentos anuales decretadas por el
Gobierno Nacional con el principio de oscilación (…)”26.

6.2.7. El control de legalidad del citado acuerdo conciliatorio correspondió
por reparto al Juzgado Segundo Administrativo de Armenia que por auto
proferido el 23 de agosto de 2022 lo improbó27.

6.2.8. El señor Juan Diego García Lozano interpuso recurso de apelación
contra la anterior decisión y la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío, con ponencia del magistrado Alejandro
Londoño Jaramillo, la confirmó28.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Sala considera que debe confirmarse la
decisión del a quo comoquiera que en este evento no se cumple el
requisito general de subsidiariedad, conforme pasa a explicarse.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable29.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción
de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo

26
Documento denominado “02-08-2022 JUAN DIEGO GARCÍA LOZANO VS CASUR”.
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02060 00
27
Documento denominado “010AutoImpruebaConciliación”. Visto en el índice 8 de la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000
2023 02060 00
28
Documento denominado “016DevolucionExpedienteTaq”. Visto en el índice 8 de la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000
2023 02060 00
29
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 02060 01
Accionante: Juan Diego García Lozano

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la
medida que solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio
irremediable30.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial31: (i) cuando el asunto está
en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de
defensa judicial, ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico.

En este caso, se observa que, la parte actora ataca el auto proferido el 9
de diciembre de 2022 por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío, porque considera que el magistrado ponente
del auto cuestionado no podía resolver el asunto y debió declararse
impedido.

Lo anterior, debido a que también había sido el ponente de la providencia
proferida el 14 de febrero de 2019 que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda promovida por el hoy accionante contra

30
La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si,
efectivamente, en un caso concreto, se está ante la presencia de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo de amparo
constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un
derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría
forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la
gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la
tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
31
Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 02060 01
Accionante: Juan Diego García Lozano

CASUR en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado nro. 63001 23 33 000 2017 00469 00,
referente al reconocimiento y pago de su asignación de retiro.

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela deviene
improcedente en los términos en que se formuló por no cumplir el
requisito general de subsidiariedad, dado que los reproches expuestos
en sede constitucional no fueron alegados en el control de legalidad de
la conciliación extrajudicial.

En efecto, como lo señaló el a quo, se constata que, en dicho trámite el
accionante no invocó que el magistrado estuviera incurso en una causal
de impedimento, de manera que, no es de recibo que se utilice este
mecanismo constitucional para señalar que la providencia judicial atacada
incurrió en los yerros endilgados porque el magistrado ponente estaba
impedido, cuando ello no fue advertido ni alegado por la parte aquí
accionante en el control de legalidad de la conciliación extrajudicial.

De otro lado, en cuanto al argumento expuesto en la impugnación referido
a que no debió declararse improcedente la acción de tutela bajo la
consideración que el numeral primero del artículo 78 del Código General
del Proceso establece que es un deber de las partes y sus apoderados
proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, la Sala observa que
dicho razonamiento no constituyó el motivo por el que el a quo declaró
improcedente el amparo, sino que la decisión la fundamentó en que la
parte actora no había alegado en el expediente que el magistrado estaba
incurso en una causal de impedimento, pese a que tuvo la posibilidad de
recursarlo, criterio que esta Sala comparte.

En consecuencia, la Sala confirmará el fallo proferido el 24 de mayo de
2023 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado que
declaró improcedente la acción de tutela, por no cumplir el requisito de
subsidiariedad.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 02060 01
Accionante: Juan Diego García Lozano

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 24 de mayo de
2023 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado que
declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones explicadas
en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.