Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02072-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02072-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02072-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
27 de julio de 2023
Demandante: Lilia Ruth González Becerra
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02072-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02072-01
Demandante: LILIA RUTH GONZÁLEZ BECERRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, SALA
TERCERA DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción moratoria e
indemnización por el pago tardío de los intereses a las
cesantías a docente. Requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo de 2 de junio de 2023, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia
por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Lilia Ruth González Becerra, por conducto de apoderado, presentó
acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de
Decisión, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia,
junto con el principio a la seguridad jurídica, con ocasión de la providencia
proferida el 16 de marzo de 2023.
Lo anterior, por cuanto la mencionada autoridad judicial confirmó la sentencia de 9
de agosto de 2022 dictada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que la actora
promovió contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) y el departamento del
Quindío.2
1
Mediante escrito radicado el 25 de abril de 2023 en la ventanilla virtual del Consejo de Estado con
solicitud 6882.
2
Proceso identificado con radicado 63001-33-33-006-2022-00053-00/02.
1
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Demandante: Lilia Ruth González Becerra
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02072-01
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la accionante solicitó:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO en la sentencia proferida el día 16 de marzo de 2023, en el expediente
rad. No. 3001-3333-006-2022-00053-02, transgredió los derechos fundamentales:
AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN
MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN
E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA
A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante
jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado
mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción
por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados
establecidos en los siguientes expedientes...”. 3
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
La señora González Becerra relató que desde el 17 de febrero de 1997 se
desempeña como docente en el municipio de Armenia (Quindío) y está afiliada al
Fomag; por ello, le debían consignar el 15 de febrero de 2021 las cesantías
correspondientes al servicio que prestó durante el año 2020, lo que no sucedió en
esa fecha.
Afirmó que el 15 de julio de 2021 solicitó al departamento del Quindío - Secretaría
de Educación y al Fomag el reconocimiento de la sanción por mora prevista en el
artículo 99 de la Ley 50 de 19904, así como la indemnización por el pago tardío de
los intereses a las cesantías, según el artículo 1º de la Ley 52 de 19755, pero no
obtuvo respuesta.
Indicó que en vista de lo anterior, promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional -
Fomag y el departamento del Quindío, para que se dejara sin efectos el acto
administrativo ficto o presunto negativo que se configuró.
Señaló que del asunto conoció el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia que, en sentencia de 9 de agosto de 2022, negó las súplicas
3
Trascripción literal del original con posibles errores.
4
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones.”
5
“Por la cual se reconocen intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares.”
2
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de la demanda tras advertir que el régimen de cesantías de los docentes es
especial, de modo que no es comparable al que prevé la Ley 50 de 1990,
extendido a empleados públicos afiliados a fondos privados conforme con la Ley
344 de 19966.
Explicó que en dicha decisión se concluyó que la sanción e indemnización
reclamadas resultaban incompatibles en razón del principio de inescindibilidad
normativa, pues en la regulación de los educadores no existe la obligación de
consignar anualmente el auxilio por las entidades territoriales al Fomag.
Mencionó que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, toda vez
que en el evento de no reglarse una situación específica en el régimen especial,
era dable traer del general la norma que cubra el vacío normativo, razón por la
cual los docentes oficiales se equiparan a los empleados públicos.
Sostuvo que el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión
mediante sentencia de 16 de marzo de 2023 confirmó el fallo del a quo, al
encontrar que ella es una profesora oficial debidamente escalafonada y está
afiliada al Fomag, así que pertenece al régimen de cesantías anualizado
contemplado en la Ley 91 de 1989.7
Adujo que esa colegiatura concluyó que en la reglamentación de los docentes se
determina específicamente la forma en la que se pagan las cesantías, al igual que
sus intereses, por lo que no era viable aplicar una diferente. Además, precisó que
el precedente fijado en la sentencia SU-098 de 2018 no era aplicable, dado que
los supuestos fácticos allí analizados eran diferentes a su caso.
1.4. Sustento de la petición
A juicio de la tutelante, la autoridad judicial cuestionada incurrió en defecto
sustantivo8 por indebida interpretación de las leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344
de 1996, toda vez que en estas sí se prevé la posibilidad de reconocer la sanción
moratoria y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías a
favor de los docentes afiliados al Fomag.
Puntualizó que el Ministerio de Educación Nacional debe acogerse a los
postulados que garantizan los derechos laborales de los profesores, pues si bien
es cierto que de la evolución normativa se desprende la descentralización del
servicio educativo en cabeza de las entidades territoriales, también lo es que
ninguna ley despojó a la Nación de la obligación que tiene de consignar al
respectivo fondo las prestaciones correspondientes.
Invocó el desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-098 de 20189, la Sección Segunda del Consejo de Estado10 y
6
“Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.”
7
“Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.”
8
Aunque este yerro no se invocó expresamente, se puede inferir de los argumentos expuestos en
el escrito de tutela.
9
También refirió las sentencias SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020.
3
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diferentes juzgados administrativos, pues aunque existían dos posiciones en torno
al tema controvertido, actualmente se ha acogido una interpretación favorable,
según la cual, a los educadores oficiales vinculados después del 1º de enero de
1990 les resulta aplicable la Ley 50 de 1990.
Entonces, el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por
concepto de la aludida prestación también debe ser consignado en el Fomag a
más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación.
1.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto de 28 de abril de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, admitió la acción de tutela, ordenó notificar esta decisión a la parte
actora y como demandado al Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de
Decisión.
Además, vinculó al Ministerio de Educación Nacional - Fomag, al departamento
del Quindío - Secretaría de Educación, por tener interés en el resultado del
presente mecanismo constitucional y requirió al Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Armenia para que remitiera el expediente con radicado 63001-
33-33-006-2022-00053-00/02.11
Remitidas las respectivas comunicaciones12, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Fiduciaria La Previsora S.A.
Intervino con memorial de 10 de mayo del presente año en calidad de vocera y
administradora del patrimonio autónomo del Fomag, por medio del cual indicó que
la tutela es improcedente y pidió su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que no es la entidad competente para revocar o
modificar actos administrativos y tampoco transgredió los derechos fundamentales
de la accionante.
1.5.2. Ministerio de Educación Nacional
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la cartera ministerial rindió informe el 10
de mayo del presente año, en el cual señaló que el amparo solicitado era
improcedente debido a que i) la tutelante no demostró la vulneración de sus
derechos fundamentales ni la configuración de un perjuicio irremediable y ii) la
necesidad de salvaguardar la independencia y autonomía judicial de la autoridad
judicial accionada.
10
Trajo a colación, entre otras, las sentencias proferidas el 6 de agosto de 2020, rad. 08001-23-33-
000-2013-00666-01; 24 de enero de 2019, rad. 76001-23-31-000-2009-00867-01; 2 de diciembre
de 2019, rad. 08001-23-33-000-2014-00173-01; 10 de junio de 2020, rad. 08001-23-33-000-2014-
00208-01; 22 de octubre de 2020, rad. 08001-23-31-000-2014-00254-01; 2 de noviembre de 2020,
rad. 08001-23-33-000-2014-00132-01 y 17 de junio de 2021, rad. 08001-23-31-000-2014-00815-
01.
11
El cual se allegó vía electrónica el 9 de mayo del año en curso.
12
Mediante oficios enviados por correo electrónico el 8 de mayo de 2023.
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Demandante: Lilia Ruth González Becerra
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1.5.3. Lilia Ruth González Becerra
Mediante documento enviado el 27 de marzo de 2023 el apoderado de la
demandante reiteró los argumentos que expuso en el escrito de tutela y consideró
que en los informes rendidos en el presente trámite no se desvirtuaron los motivos
por los cuales, en su sentir, el tribunal cuestionado transgredió las garantías
constitucionales invocadas.
1.5.4. El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión y el
departamento del Quindío - Secretaría de Educación, pese a que fueron
debidamente notificados de la existencia del presente trámite, guardaron silencio.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en providencia de 2 de
junio de 202313, declaró improcedente la tutela por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional, por cuanto el debate planteado versa sobre la
determinación de aspectos legales y la correcta interpretación de las normas que
regulan el reconocimiento y el pago de la sanción moratoria derivada de la
consignación tardía de las cesantías en el régimen prestacional de los docentes
oficiales.
Advirtió que la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990 es una cuestión
económica, cuya definición sobre si está vinculada o no al derecho representado
en el pago de la cesantía no apunta a la realización de un derecho de raigambre
constitucional, sin que la parte actora acreditara que la negativa del
reconocimiento y pago de la referida sanción le originó una afectación a su
derecho al mínimo vital, más aún si se tenía en cuenta que trabaja actualmente.
Indicó que las providencias aludidas como desatendidas no fueron puestas en
conocimiento de la autoridad judicial cuestionada en el trámite del recurso de
apelación, por lo que resultaba improcedente que la actora utilizara este
mecanismo constitucional como una tercera instancia para presentar argumentos
que no formuló oportunamente en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
En cuanto al presunto desconocimiento de la sentencia SU-098 de 2018 y las
decisiones referidas por las dos subsecciones de la Sección Segunda de esta
corporación, señaló que a primera vista no se evidenciaba la afectación
desproporcionada del derecho a la igualdad o a la seguridad jurídica para que el
asunto expuesto tuviera relevancia constitucional.
Trajo a colación que el tribunal cuestionado explicó que no era posible aplicar el
principio de favorabilidad reclamado por la accionante en virtud de las reglas
fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, sino que
acogería la posición establecida por el Consejo de Estado en la providencia de 24
de enero de 2019, dentro del proceso con radicado 76001-23-31-000-2009-00867-
01(4854-14), según la cual, no se puede predicar la existencia de una duda frente
13 Notificada el 14 de junio del año en curso.
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a las normas que regulan el reconocimiento prestacional (cesantías) a favor de los
docentes, ni un vacío legal.
Además, negó la solicitud de desvinculación propuesta por la Fiduciaria La
Previsora S.A., toda vez que participó de manera directa o indirecta en los
procesos administrativos relacionados con los asuntos laborales de la docente,
junto con los demás terceros con interés.
1.7. Impugnación
Mediante escrito enviado por correo electrónico el 20 de junio del año en curso, la
actora impugnó el fallo de primera instancia con respaldo en los mismos
argumentos expuestos en el escrito de tutela; además, afirmó que contrario a lo
expuesto por el a quo, en este caso sí se cumple el presupuesto de la relevancia
constitucional.
Destacó que la Sección Segunda, Subsección B14 y la Sección Primera15 de esta
corporación analizaron casos similares al que nos ocupa en varias providencias,
en las cuales encontraron acreditados los requisitos generales de procedibilidad y
concedieron el amparo deprecado, razón por la cual solicitó que se dicte una
decisión en igual sentido.
Mencionó que en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado 76001-23-31-000-2012-00212-01, el 19 de enero de
2023, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado profirió fallo en el
que ratificó su postura en el tema de sanción moratoria de la cesantías
anualizadas para los docentes.
Recalcó que en la sentencia SU-098 de 2018 la Corte Constitucional indicó que
no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990,
pues al tener el carácter de servidores públicos son beneficiarios de la sanción
moratoria.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
demandante contra la providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A el 2 de junio de 2023, según lo previsto en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como
en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
decisión proferida en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la solicitud
14
Fallos de 23 de marzo de 2023, rad. -2023-01063- 00 y 17 de abril de 2023, rad. 2023-00965-00.
15
Providencia de 28 de julio de 2019.
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de tutela cumple el requisito de la relevancia constitucional y, de superarse lo
anterior, deberá analizar si el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de
Decisión vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora, al
presuntamente incurrir en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales;
ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La sala plena de lo contencioso administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201216, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y en ella
concluyó:
“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos...”.
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación modificó su criterio
sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es
necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan
origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva–
y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia
adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
16
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
2.4. Caso concreto
En el asunto en estudio la actora solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso
a la administración de justicia, junto con el principio a la seguridad jurídica, al
considerar que fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala
Tercera de Decisión con ocasión de la providencia de 16 de marzo de 2023.
Esto, debido a que confirmó la decisión mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió en su condición de docente, con el
propósito de obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en
el artículo 99 de la Ley 50 de 199017, así como la indemnización por el pago tardío
de los intereses a las cesantías, según el artículo 1º de la Ley 52 de 197518.
La señora González Becerra invocó la presunta configuración i) del defecto
sustantivo por la indebida interpretación de las leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344
de 1996, toda vez que en estas sí se prevé la posibilidad de reconocer la sanción
moratoria y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías a
favor de los educadores afiliados al Fomag y ii) el desconocimiento del precedente
en el que se acogió una interpretación favorable, según la cual, a los educadores
oficiales vinculados después del 1° de enero de 1990 les resulta aplicable la Ley
50 de 1990.
Bajo este contexto, el a quo concluyó que los planteamientos expuestos carecen
de relevancia constitucional por cuanto el debate versa sobre la correcta
interpretación de las normas que regulan el reconocimiento y el pago de la sanción
moratoria derivada del pago tardío de las cesantías en el régimen prestacional de
los docentes oficiales y lo pretendido por la accionante es reabrir un debate
concluido en la instancia respectiva.
Inconforme con la anterior decisión, la accionante impugnó tras señalar que la
tutela sí cumple el aludido presupuesto, toda vez que la Sección Segunda,
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“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones.”
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“Por la cual se reconocen intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares.”
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Subsección B19 y la Sección Primera20 de esta corporación analizaron casos
similares al suyo, en los cuales encontraron acreditados los requisitos generales
de procedibilidad y concedieron el amparo deprecado, razón por la cual pidió que
se dicte un fallo en igual sentido.
En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 reiteró que este presupuesto
“protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales” y explicó en
detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta
exigencia, los cuales son:
“...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”
En concordancia con lo anterior, el alto tribunal constitucional indicó en la
sentencia SU-573 de 2019 que “la controversia debe versar sobre un asunto
constitucional, pero no meramente legal y/o económico” y que según la
jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, es decir, las relativas
a un derecho de índole económico21 deben ser resueltas mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite22, comoquiera que “le está
prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter
netamente legal o reglamentario”23, so pena de involucrarse en cuestiones que le
corresponden definir a otras jurisdicciones.
Así las cosas, la sala advierte que la decisión de primera instancia será
confirmada, teniendo en cuenta que el debate propuesto por la señora González
Becerra se centra en que la normativa que regula la liquidación anual de las
cesantías de los servidores públicos también aplica a los educadores oficiales y,
por ello, se le debía consignar al Fomag a más tardar el 14 de febrero de 2021
dicha prestación, correspondiente al servicio que prestó durante el año anterior.
Quiere ello decir que la inconformidad de la accionante gira en torno a una
cuestión de interpretación meramente legal y se limita al pago de derechos
patrimoniales –sanción moratoria e intereses anuales a las cesantías–, más allá
de estar orientado a la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de
19
Fallos de tutela de 23 de marzo de 2023, rad. 11001-03-15-000-2023-01063- 00 y 17 de abril de
2023, rad. 1100103-15-000-2023-00965-00.
20
Providencia de 28 de julio de 2019.
21
“No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso a la
administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante constitucionalmente,
pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de una pretensión de contenido
económico, la discusión carecerá de tal relevancia.”
22
“Sentencia T-606 de 2000.”
23
“Ibid”
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Lilia Ruth González Becerra
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02072-01
justicia, por lo que la situación descrita es “de competencia exclusiva del juez
ordinario24” y al juez de tutela no le corresponde zanjar aspectos como el que aquí
se trata.
Adicionalmente, resulta importante señalar que la Corte Constitucional precisó que
la acreditación del requisito objeto de estudio “supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel” y que la
relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber:
“(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional25 y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad26; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales27 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en
una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces28”.
Así pues, se encuentra que los argumentos expuestos por la actora en el escrito
de tutela coinciden con las consideraciones que refirió para apelar la sentencia
proferida el 9 de agosto de 2022 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia, las cuales ya fueron abordadas por la colegiatura accionada.
De modo que en la providencia cuestionada se explicó que no había una posición
unificada respecto al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50
de 1990 al sector docente y se concluyó que no era posible aplicar el precedente
fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, toda vez que
los supuestos fácticos del caso allí analizado eran diferentes a los de la actora.29
Así las cosas, lo que en realidad pretende la tutelante es darle continuidad a la
discusión relacionada con la aplicación de las leyes 50 de 1990 y 52 de 1975, así
como de la sentencia SU-098 de 2018 a su caso, razón por la que los yerros
invocados carecen de la relevancia constitucional necesaria para ser estudiados
por el juez de tutela, pues tales puntos ya fueron motivo de estudio en el curso del
proceso ordinario en sus dos instancias, en el que se concluyó que dichas normas
no eran aplicables por ser incompatibles con el régimen de la Ley 91 de 1989, al
que la demandante pertenece.
Para finalizar, es oportuno indicar que el criterio de la sala se encuentra justificado
en la reglas fijadas por la Corte Constitucional en las sentencias SU-573 de 2019
y SU-215 de 2022, las cuales no pueden desconocerse al provenir de la alta corte
en su condición de corporación de cierre en materia de derechos fundamentales,
toda vez que tienen carácter vinculante para los demás funcionarios judiciales en
sus decisiones30 y así garantizar el principio de la seguridad jurídica.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
25
“Sentencia C-590 de 2005.”
26
“Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008”.
27
“Sentencia C-590 de 2005.”
28
“Sentencia T-102 de 2006.”
29
En los siguientes términos: “Además, en el presente caso no es exigible para la Corporación
como precedente lo dispuesto en la sentencia de unificación SU-098 de 2018, pues los supuestos
fácticos del presente proceso difieren de la mencionada sentencia.”
30
Corte Constitucional, sentencia T-281 de 13 de mayo de 2015.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02072-01
Lo descrito permite a la Sala, como lo anticipó, confirmar la sentencia impugnada
pues se concuerda con el a quo en que no se cumple el requisito de la relevancia
constitucional, en atención a que lo pretendido por la actora es convertir este
mecanismo en una instancia adicional al proceso ordinario para que se resuelva
una controversia que se reduce a un debate meramente legal y económico. 31
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confírmase la sentencia de 2 de junio de 2023, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual declaró
improcedente la acción de tutela, por los motivos descritos anteriormente.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
31
En este mismo sentido se pronunció la Sala, entre otras, en las providencias de 23 de marzo de
2023, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2023-01047-00 y 30 de marzo de
2023, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2023-01133-00.
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