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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02083-01

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02083-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02083-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

28 de septiembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02083-01
Demandante: Laura Angélica Rubio Moncada

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02083-01
Demandante: LAURA ANGÉLICA RUBIO MONCADA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Temas: Contra providencia que impuso sanción a apoderada judicial en
audiencia de pacto de cumplimiento que se adelanta en un proceso
de acción popular

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Laura Angélica Rubio Moncada
contra el numeral tercero de la sentencia del 13 de julio de 2023, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Primera, que resolvió:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva presentadas por el INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS
ALEXANDER VON HUMBOLDT y la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y
contradicción de la señora LAURA ANGÉLICA RUBIO MONCADA y, en su lugar, DEJAR SIN
EFECTO la sanción impuesta a la actora en la audiencia de pacto de cumplimiento del 28 de
octubre de 2022 y su confirmatoria en esa misma fecha, dentro del medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos identificado con el número único de radicación
730012333000-2020- 00482-00, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA que, en el término de
diez (10) días decida, nuevamente, acerca de la imposición de la sanción a la señora LAURA
ANGÉLICA RUBIO MONCADA, en los términos descritos en la parte considerativa de esta
providencia.
(…)

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 26 de abril de 2023, en ejercicio de la acción de tutela, la señora Lura Angélica Rubio
Moncada pidió la protección del derecho fundamental al debido proceso.

A juicio de la demandante, la vulneración se presenta con ocasión de la sanción que le
fue impuesta mediante providencia del 28 de octubre de 2022, dictada en la audiencia
de pacto de cumplimiento en el proceso de acción popular No.
73001233300020200048200.

2. Pretensiones

La actora formuló las siguientes pretensiones:

Se ampare mi derecho al debido proceso, al derecho de contradicción y defensa, al principio de
razonabilidad, al principio de necesidad, al principio de la proporcionalidad y se revoque mediante
acción de tutela la orden de imponer una multa de 20 salarios mínimos mensuales legales
vigentes, las costas del incidente impuesto, y la compulsión de copias de la diligencia del 28 de

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Demandante: Laura Angélica Rubio Moncada

octubre de 2022, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Departamento del Tolima
para estudiar si a bien lo tiene el asunto y llegue a las conclusiones disciplinarias que su
competencia le permite, por las consideraciones desarrolladas en la parte argumentativa de la
presente acción de tutela.

3. Hechos

Del expediente y del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El procurador 20 judicial II Ambiental y Agrario para el Tolima presentó demanda de
acción popular contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el objeto
de obtener la protección de los derechos colectivos al equilibrio ecológico y el manejo
y aprovechamiento racional de los recursos naturales y, al goce de un ambiente sano,
como consecuencia de la realización de actividades agropecuarias en ecosistemas que
albergan la palma de cera.

El proceso se identificó con el número de radicación 73001233300020200048200 y su
conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo del Tolima.

La señora Laura Angélica Rubio Moncada manifiesta que el 27 de octubre de 2022 le
fue otorgado poder para representar judicialmente al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible dentro del proceso de acción popular.

En audiencia de pacto de cumplimiento del 28 de octubre de 2022, el magistrado
conductor del proceso decretó medidas cautelares. Contra esa decisión, la abogada
Rubio Moncada interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

En la misma audiencia, el magistrado conductor del proceso rechazó los recursos por
falta de sustentación. Por su parte, la abogada Rubio Moncada insistió en que el recurso
sí fue sustentado.

El magistrado señaló que la insistencia de la apoderada acarreaba que se pusiera
nuevamente el audio en el momento en que se interpuso el recurso para efectos de los
numerales 1 y 2 del artículo 781, numeral 1 del artículo 792 y artículo 813 del CGP, e
informó que se haría uso de esa normativa. Luego de escuchar el audio, el magistrado
precisó que, pese a que la abogada Rubio Moncada insistió en que sustentó el recurso
de reposición y en subsidio de apelación, en realidad, no lo hizo, por lo que estimó que
la conducta de la apoderada al paralizar la audiencia se trataba de una actuación
desleal y que no obedecía a parámetros de buena fe.

Por lo anterior, el magistrado impuso a la abogada Laura Angélica Rubio Moncada una
multa de 20 SMLMV, las costas del incidente y compulsó copias de la diligencia a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima para que estudiara, si a bien lo
tenía, si se quebrantaron los deberes deontológicos del abogado y llegara a las
conclusiones disciplinarias de su competencia.

Lo anterior, por cuanto, además de que la abogada Rubio Moncada no sustentó los
recursos de reposición y en subsidiario de apelación, paralizó la diligencia al insistir en
que sí argumentó los citados recursos, conducta que estimó desleal, temeraria y
carente de fundamento.
1 Artículo 78. Deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes de las partes y sus apoderados:

1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.
2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales. (…)
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Artículo 79. Temeridad o mala fe. Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente,
o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. (…)
3 Artículo 81. Responsabilidad patrimonial de apoderados y poderdantes. Al apoderado que actúe con temeridad o

mala fe se le impondrá la condena de que trata el artículo anterior, la de pagar las costas del proceso, incidente o
recurso y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. Dicha condena será solidaria si el
poderdante también obró con temeridad o mala fe.
Copia de lo pertinente se remitirá a la autoridad que corresponda con el fin de que adelante la investigación
disciplinaria al abogado por faltas a la ética profesional.

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En contra de la decisión que impuso la sanción, la actora interpuso recurso de
reposición, resuelta de forma desfavorable por el magistrado.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la señora Laura Angélica Rubio Moncada manifestó que la acción
de tutela cumple los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial. En
cuanto al fondo del asunto, alegó que la providencia del 28 de octubre de 2022, en lo
que tiene que ver con la imposición de la sanción, incurrió en los siguientes vicios de
fondo:

Defecto procedimental absoluto. La actora alegó que el magistrado conductor del
proceso vulneró el derecho fundamental al debido proceso, porque posterior a ordenar
la reproducción del audio para escuchar nuevamente la sustentación de los recursos
que interpuso contra las medidas cautelares decretadas, manifestó que actuaría en el
marco de los poderes correctivos determinados por el legislador e impuso la multa y
compulsa de copias sin mencionar si habían razones de mérito para emitir sanción en
su contra y sin que de manera previa a esa decisión permitiera que ejerciera su derecho
de defensa.

Además, adujo que, contra lo manifestado por el magistrado, no lo obligó a “apoyarse en
el ingeniero de sonido del Consejo Superior de la Judicatura, para que pusiera el momento
exacto en el que intervine”.

Expuso que no hubo ninguna actuación desleal, debido a que únicamente manifestó de
buena fe al despacho, en ejercicio de su derecho a litigar, el aspecto de competencias
frente a las medidas cautelares decretadas. Además, sostuvo que la temeridad nunca
fue probada, siendo un requisito indispensable para determinar la imposición de la
sanción.

Defecto fáctico. A juicio de la actora, la autoridad judicial demandada valoró de manera
arbitraria, irracional y caprichosa la reproducción del audio de la diligencia.

Defecto sustantivo. Señaló que, al imponerse una multa de 20 SMLMV, no se tuvo en
cuenta que el marco para la dosificación de la sanción estaba contenido en norma
especial, esto es, el artículo 295 de la Ley 1437 de 2011, que prevé que la sanción
frente a peticiones impertinentes, así como la interposición de recursos y nulidades
improcedentes que constituyan formas de dilatar el proceso, es de multa de 5 a 10
SMLMV.

Violación directa de la Constitución Política. La demandante manifestó que la
decisión objeto de tutela vulneró su derecho al debido proceso, así como los principios
de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, pues en el trámite del proceso no le fue
permitido el uso de la palabra frente a la lectura de cargos para imponer la multa y la
compulsión de copias.

5. Intervenciones

El apoderado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó que se
accediera a las pretensiones de la demanda, por cuanto estima que en el caso concreto
el poder correccional ejercido por el magistrado no se sujetó al debido proceso, dado
que resultó irrazonable y desproporcionado al no señalar en qué medida se concretó la
mala fe o temeridad por parte de la abogada Rubio Moncada.

Además, expuso que las decisiones proferidas en el curso de una acción popular son
susceptibles únicamente de recurso de reposición, salvo la que decreta una medida
cautelar y la sentencia de primera instancia, decisiones contra las que procede la
apelación. Por lo tanto, considera que estuvo ajustado a derecho que la aquí

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demandante interpusiera dichos recursos contra las medidas cautelares ordenadas por
el tribunal, fundada en que en el Ministerio no era la autoridad competente para
satisfacerlas.

El procurador Judicial II Ambiental Agrario para el Tolima rindió informe en el que
señaló que la acción de tutela no cumplía el requisito de subsidiariedad, por cuanto la
actora no interpuso recurso de apelación contra la decisión que le impuso la multa y
ordenó la compulsa de copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Tolima. Que, en todo caso, no existió irregularidad procesal en la diligencia que se
adelantó el 28 de octubre de 2022.

La apoderada de la Universidad del Tolima solicitó la desvinculación del presente
proceso, con fundamento en que la acción de tutela no cuestiona actuación u omisión
alguna por parte de esa institución educativa.

El apoderado del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von
Humboldt solicitó la desvinculación del presente asunto, por falta legitimación en la
causa por pasiva, porque no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados ni
tenía competencia para tomar decisiones encaminadas a protegerlos.

A pesar de haber sido notificado, el Tribunal Administrativo del Tolima no rindió informe
sobre los hechos que motivaron la interposición de la presente acción de tutela.

6. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 13 de julio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Primera,
amparó los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y contradicción de
la señora Laura Angélica Rubio Moncada y dejó sin efectos la sanción impuesta en la
audiencia de pacto de cumplimiento del 28 de octubre de 2022 y su confirmatoria de
esa misma fecha. En consecuencia, ordenó al Tribunal Administrativo de Tolima que,
en el término de 10 días, decidiera nuevamente sobre la imposición de la sanción de la
demandante. Fundamentó la decisión, de la siguiente manera:

Que la autoridad judicial demandada se limitó a discurrir respecto de la insistencia por
parte de la apoderada en la sustentación de los recursos, ordenando la reproducción
inmediata de la diligencia para finalmente proseguir con la imposición de la sanción, sin
escuchar las razones de defensa o explicaciones frente a las acusaciones que le
endilgaban una conducta desleal o temeraria.

Que aun cuando el magistrado conductor del proceso advirtió que haría uso de las
medidas correccionales otorgadas al juez por la normativa, “luego de ello no le permitió
ejercer su derecho de defensa a la actora con el fin de que esta explicara la razón de su
insistencia”.

Que, sin perjuicio de la decisión sancionatoria adoptada, la autoridad judicial
demandada no garantizó los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y
contradicción de la señora Rubio Moncada.

Que, en un asunto con similar situación fáctica a la presente, esa Sala confirmó el
amparo de los derechos fundamentales de la parte actora al considerar que el
procedimiento correctivo debe “propender por la defensa de los derechos al debido proceso,
de defensa y contradicción, por lo que la imposición de la sanción debe estar antecedida por la
debida defensa del presunto infractor”.

La anterior decisión contó con un salvamento de voto, fundado en que la acción de
tutela no cumplía el requisito de relevancia constitucional, porque lo pretendido por la
actora era utilizar el mecanismo constitucional a modo de instancia adicional para reabrir
el debate surtido en el proceso ordinario.

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7. Impugnación

La actora impugnó el numeral tercero de la sentencia de primera instancia y solicitó que
se revocara. Señaló que en el presente asunto, al evidenciarse la vulneración del
derecho fundamental del debido proceso, el juez de primera instancia debió emitir
únicamente la orden del ordinal segundo y no ordenar al Tribunal Administrativo del
Tolima que decidiera nuevamente acerca de la imposición de la sanción, por cuanto ya
existía un prejuzgamiento por parte de esa autoridad judicial, dado que fue la que emitió
el pronunciamiento previo en relación con la presunta responsabilidad en los supuestos
hechos por los que se impuso la sanción.

Además, sostuvo que la orden del numeral tercero era incongruente con el amparo,
pues validaba nuevamente la decisión que a la fecha perdía eficacia y utilidad por parte
del tribunal demandado.

Por otro lado, adujo que la revocatoria del numeral tercero permitía garantizar los
principios de pro homine y non bis in idem, al evitar así un doble enjuiciamiento y la
aplicación de la doble sanción en el caso concreto.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, a partir del amparo concedido por el juez de tutela
de primera instancia, era posible ordenarle al Tribunal Administrativo del Tolima que
emitiera nuevamente una decisión respecto de la sanción impuesta a la actora.

La Sala anticipa que confirmará la sentencia impugnada, pues la orden dada garantiza
el derecho fundamental al debido proceso de la actora.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales y (iii) analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. Análisis del caso concreto

En el presente asunto, la parte actora impugna la decisión de primera instancia con
fundamento en que el amparo del derecho fundamental al debido proceso únicamente
daba lugar a dejar sin efecto la sanción que le fue impuesta en la audiencia de
cumplimiento del 28 de octubre de 2022, más no que se ordenara al Tribunal
Administrativo del Tolima que decidiera nuevamente sobre la imposición de la sanción.

Al respecto, la Sala advierte que el juez de tutela de primera instancia consideró que en
el presente asunto la autoridad judicial demanda vulneró el derecho al debido proceso

4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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de la señora Laura Angélica Rubio Moncada, porque no permitió que, previo a la
imposición de la sanción, ejerciera su derecho de defensa y contradicción.

Luego, la garantía efectiva para el derecho al debido proceso era justamente dejar sin
efectos la providencia que incurrió en la vulneración del citado derecho y ordenar a la
autoridad judicial demandada que decidiera nuevamente acerca de la imposición, esta
vez permitiendo que la señora Rubio Moncada ejerciera el derecho de defensa.

No puede perderse de vista que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4° del
artículo 29 del Decreto 2591 de 19916, al juez de tutela se le asigna la responsabilidad
de determinar la orden de amparo que mejor proteja el derecho fundamental que
encuentra vulnerado. En su rol de administrador de justicia, su labor se enfoca en
garantizar “la efectividad de los derechos, principios y deberes consagrados en la Constitución”
7.De hecho, la Sala comparte la orden dictada por el juez de primera instancia, en cuanto

esa medida contribuye a hacer efectivo el derecho fundamental al debido proceso de la
actora.

Aunque la demandante considera que el hecho de que sea el mismo magistrado el que
debe decidir sobre la sanción constituye un prejuzgamiento, lo cierto es que, como lo ha
señalado la Corte Constitucional8, “ningún pronunciamiento de un juez dentro de un proceso,
mediante una providencia judicial, constituye prejuzgamiento, falta de imparcialidad, y no puede
dar lugar a recusación o impedimento, ya que implica el cumplimiento del deber de fallar o
proferir decisiones judiciales”.

Ahora, en cuanto al alegato de la actora relativo a que la orden de que nuevamente se
decida sobre la imposición de la sanción vulnera los principios de pro homine y de non
bis in idem, porque estima que conlleva a un doble enjuiciamiento y doble sanción, se
precisa lo siguiente:

El principio de non bis in idem conforme con el cual nadie puede ser juzgado dos veces
por el mismo hecho, hace parte de las garantías del debido proceso previstas en el
artículo 29 de la Constitución Política. Como lo ha reconocido la Corte Constitucional9,
el citado principio acarrea una prohibición que implica “la interdicción para las autoridades
competentes de aplicar doble sanción por unos mismos hechos en los casos en que adviertan
identidad de sujetos, circunstancias fácticas y fundamentos”.

En sentencia C-554 de 2001, la Corte precisó que el principio de non bis in idem se hace
extensivo a todo el universo del derecho sancionatorio, del cual forman parte las
categorías de derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho
disciplinario, el derecho correccional, el derecho de punición por indignidad política y el
régimen jurídico especial ético – disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos
(pérdida de investidura de los Congresistas).

También explicó la Corte que la prohibición del non bis in idem no acarrea la
imposibilidad de que unos mismos hechos sean castigados por autoridades de distinto
orden; tampoco que esos hechos sean apreciados desde perspectivas distintas “pero sí
conlleva que autoridades del mismo orden y mediante procedimientos diversos sancionen
repetidamente la misma conducta, como quiera se produciría una inadmisible reiteración del ius
puniendi del Estado, y de contera, un flagrante atentado contra la presunción de inocencia”.
En el presente asunto, el juez de primera instancia, como consecuencia del amparo de
los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y contradicción de la señora
Rubio Moncada, resolvió “dejar sin efecto la sanción impuesta a la actora en la audiencia de

6 ARTICULO 29. Contenido del fallo. Dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud el juez

dictará fallo, el cual deberá contener:
(…).
4. La orden y la definición precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela. (…).
7 Sentencia T-983 de 2006.
8 Sentencia T-800 de 2006
9 Sentencia C-554 de 2001.

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pacto de cumplimiento del 28 de octubre de 2022 y su confirmatoria en esa misma fecha” y
“ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA que (…) decida, nuevamente, acerca
de la imposición de la sanción”.

A partir de lo anterior, la Sala encuentra que las órdenes del a quo no dan lugar a que
se realice un doble enjuiciamiento o aplicación de doble sanción, como lo entiende la
actora, pues resulta claro que la sanción que le había sido impuesta en la audiencia de
pacto de cumplimiento del 28 de octubre de 2022 ya no se encuentra vigente y perdió
eficacia.

Tampoco encuentra la Sala que la decisión de que se decida nuevamente sobre la
imposición de la sanción vulnere el principio de interpretación “pro homine”, que, como
lo ha establecido la Corte Constitucional10, “impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella
interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la
protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales
consagrados a nivel constitucional”. Es así, por cuanto la sentencia de primera instancia,
precisamente en garantía del derecho al debido proceso de la actora, ordenó que se
decidiera nuevamente sobre la imposición de la sanción, a efectos de que en esta nueva
oportunidad la actora ejerciera su derecho de defensa y contradicción ante el magistrado
conductor del proceso, oportunidad que le fue vedada en la audiencia de cumplimento
del 28 de octubre de 2022.

Lo anterior es suficiente para que la Sala confirme el numeral tercero de la parte
resolutiva de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que lejos de constituir un
prejuzgamiento o vulneración de los principios de non bis in idem y pro homine, se dirige
a garantizar el derecho al debido proceso de la señora Laura Angélica Rubio Moncada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta Con aclaración de voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

10 Sentencia C-438 de 2013

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